Las últimas protestas de muchos agricultores y ganaderos en distintos países, continuación de muchas otras, nos trasmiten a la ciudadanía una situación del gran malestar que hay en los sectores más desfavorecidos de la agricultura y la ganadería. Las noticias se suceden desde hace tiempo: precios muy bajos para los agricultores, pero precios demasiado altos para los consumidores, elevados costes para la producción que no pueden repercutir en los precios, limones por los suelos (como tantas veces), acusaciones a intermediarios y a la gran distribución por incrementar los precios desmesuradamente, falta de agua, quejas por las exigencias medioambientales, por la excesiva burocracia, por las importaciones de países que compiten con las producciones de aquí, por los acuerdos de libre comercio,… Una serie de reivindicaciones a los que se añaden, a río revuelto, las que tienen en la agenda diversos grupos que se activan en circunstancias especiales, como la cercana convocatoria de las elecciones europeas.

Ahora, cientos de tractores en las carreteras, bloqueos de vías de comunicación o de instalaciones, agitación en los medios y en las redes sociales; y en nuestra región a la cabeza un estrambótico dirigente de un colectivo desconocido hasta ahora pero que tiene claras influencias de la extrema derecha. También el cabreo sincero de quienes están demasiado tiempo con la soga al cuello y no ven salida y, sorprendentemente, el de quienes no quieren ningún límite a sus ganancias. Sí, la realidad del “campo” es variada y compleja: ¿es una campesina con problemas económicos Natalia Corbalán CEO de la Fundación Ingenio y portavoz de la plataforma SOS Rural que agrupa a una amalgama de grupos ultraconservadores que dicen defender el campo? ¿son agricultores con intereses comunes José Francisco Velasco García, dueño del grupo El Ciruelo con 3.000 ha cultivadas en nuestra región, en la provincia de Almería y en Brasil y los miles de personas que se dedican a la agricultura o a la ganadería a tiempo parcial porque no podrían vivir solo de su trabajo o quienes tienen en propiedad o arriendan una superficie con la que sus padres podían vivir pero ellos por más que trabajen se ven obligados a dejar de producir?

¿Es tan mala la situación del campo en la región de Murcia?: para el gobierno de la Comunidad y para la agroindustria el sector agrario de la región es un modelo para todo el mundo: “La región de Murcia es la huerta de Europa”, dicen una y otra vez. “El sector representa la tercera parte de la industria regional y aporta el 30% de las exportaciones de la Región y cerca del 10% de las ventas al exterior de toda España”, “La industria alimentaria representa un 20% del PIB de la Región de Murcia”.

Y no es una situación exclusiva de nuestra región: “La renta agraria crece un 11’1 % en España y supera en 2023 los 31.900 millones de euros”. “España se posiciona como cuarta potencia agroalimentaria a nivel europeo y décima a nivel mundial”. “España dobla en diez años el valor de sus exportaciones agroalimentarias”.

El sector agroalimentario está sometido a normativas comunes para los estados de la UE con la particularidad de que la UE lo considera esencial, por lo que es el principal sector en cuanto a ayudas económicas. Sin embargo, esas ayudas se disponen de forma que se crea un mercado agroalimentario que además de ser autosuficiente para la UE pueda competir con las mayores corporaciones a nivel mundial: así las ayudas van preferentemente a las empresas más grandes y más competitivas que dejan en el camino a las más pequeñas. Para ello se hace necesario aumentar la superficie agrícola, las dimensiones de las granjas, la inversión en maquinaria y en tecnologías avanzadas, contratar a personal técnico y de gestión que les ayudarán a conseguir más subvenciones, a poder realizar los exhaustivos trámites y requisitos empresariales, a dedicar esfuerzos y dinero en un buen marketing, a hacer lobby ante administraciones y políticos. Aumentar la producción, vender cada año más, exportar más; y para ello se necesita financiación, unirse a otras empresas para tener más cuota de mercado, comprar empresas, vender parte de la empresa para conseguir financiación. Siempre más y más. Y si no se tiene capital propio se consigue en el mercado de capitales: ahí están los fondos de inversión, ávidos de entrar en empresas que huelen a buen negocio en poco tiempo, que los inversores quieren dividendos pronto. Y en el camino los daños colaterales se manifiestan en la muerte de quienes no pueden competir con esas condiciones. Ese es el proyecto que la UE como buen gestor de los intereses del capital alienta y desarrolla.

Vivimos en momentos en los que la globalización llega a todos los rincones del planeta y aumenta el poder de las grandes corporaciones que controlan, además, los poderes de los estados y de los medios de comunicación. Ellas marcan el camino de la economía mundial en función de sus intereses. La competencia es extrema pero tienen medios económicos para eliminar la de quienes están en desventaja; y si no pueden con la competencia se alían con parte de ella para forma grupos cada vez más potentes. Les va muy bien. Y quieren que les vaya mejor. La UE les facilita el camino.

Y para que no les falte de nada, el capital privado acude para participar en el negocio. En nuestra región, el aterrizaje a mayor escala de los fondos especulativos ha recalado en empresas con expectativas de negocio a corto y medio plazo con sede social en distintos municipios. Fondos como Black Pearl, Nexxus Iberia, Magnum, Solum Partners, MCH y otros han invertido cientos de millones de euros en empresa del sector, como Mensajero Alimentación, Marnys, Prosur, Frutas Esther, Probelte, Amaco, Frutas Naturales, Grupo El Ciruelo, Mundeco, Moyca, Frutas Esther. En otros casos ha sido la fusión de varias empresas lo que ha dado lugar a una corporación con mayor capacidad empresarial. No solo la inversión ha ido a empresas de la agroindustria, también en la logística y transporte tan necesario en la exportación, como Primafrío o El Mosca.

“Hay un creciente número de inversores que se está lanzando a comprar empresas del sector primario y terrenos agrícolas simplemente porque son rentables y se han convertido en un producto de inversión” se decía en un artículo de este diario en el 2022. No son solo grandes inversores, también actúan otros del mismo sector agrario o fuera de él que esperan encontrar la rentabilidad que les prometen. El agronegocio, el agrobusiness, se impone.

Otros, con empresas más pequeñas o autónomos agrarios en dificultades, difícilmente encuentran la inversión necesaria para sobrevivir y deben cerrar el negocio, vender o alquilar sus tierras. Los más excluidos, los trabajadores y trabajadoras del campo y de los almacenes ni siquiera pueden intentar salvarse ¿alguien de los que se le llena la boca con la defensa del campo se acuerda de ellos? ¿qué repercusión tienen en los medios las luchas de jornaleros inmigrantes por su regularización?, ¿quién se acuerda de los cientos de trabajadores despedidos por el cierre de tantas empresas que no han podido competir en estos últimos años?: Agroherni en Fuente Álamo, Pigainsa, Natural Salade, Niño del Campo y La Hermita en Lorca, Charentais y Cano Nature en Torre Pacheco, Agrasa en Águilas, Halcon Foods en Mula, Conservas Fernández-La Diosa en Calasparra, Frutas Armero en Lorquí y otras—. ¿Estas personas no son el campo? Entonces, “Somos la mejor tierra del mundo para vivir y también para invertir”, que decía Lopez Miras, ¿no es una paradoja porque estas inversiones extraen capital y recursos de la región para hacer una tierra peor para vivir?

Lo que sucede estos días no es nada nuevo. Refleja que en toda Europa la seguridad alimentaria que se persigue ha venido a ser inseguridad para la mayor parte de los agricultores y ganaderos, alimentos más caros, medio ambiente más castigado, suelos más empobrecidos, trabajadores en condiciones precarias, dominio del sector por unas pocas corporaciones a costa de las empresas más modestas y entrada del sector especulativo. Y no es nada nuevo; desde la primera “Guerra de los tractores” del 18 de febrero de 1977 exigiendo, también, precios justos, se han sucedido muchas formas de protesta del mundo rural. Y es que como consecuencia del sistema económico imperante el número de personas con dedicación a la agroganadería disminuye: “En España desaparecen cada diez años un 10% de las explotaciones (las más pequeñas), ”Cada año en España unos 2.600 agricultores autónomos cierran sus explotaciones por la pérdida de rentabilidad“. ”España camina hacia una agricultura sin agricultores. “Cultivos cada vez más grandes y en menos mano”.

Y en esta situación vemos como se extienden las protestas con reivindicaciones diversas pero que se centran en la situación desesperada de muchos y con lemas a veces desenfocados: “Nuestro final será vuestra hambre” dicen en una pancarta sobre un tractor en estos días. ¿Se refieren a quienes abusan desde posiciones privilegiadas en la cadena de alimentación para que se les pague el menor dinero posible? ¿Quizás a los responsables directos del aumento de precios de maquinaria, fertilizantes, fitosanitarios, gasóleo, electricidad…? ¿Será a la banca y fondos de inversión que hacen imposible la competencia con quienes sí pueden recibir financiación? ¿O es contra la población que no les secunda en la medida que quieren? También la llamada Agenda 2030 que promueve algunas medidas ambientales está en la diana de los sectores más conservadores, entones ¿Usar más fitosanitarios para igualarse con países de fuera de la UE es positivo? ¿Negar los problemas que se causa al Mar Menor es un objetivo? ¿Dejarse llevar por una plataforma que dice representar a todos pero cuya portavoz ha sido dirigente de Vox y acordar con transportistas cuyo líder sigue la agenda política de aquél partido es lo que pedís que apoyemos?

Estoy seguro que una mayoría de personas valoramos a quienes nos proporcionan los alimentos diarios, porque conservan el territorio que les hace posible seguir produciendo, porque son depositarios de un inmenso bagaje cultural y patrimonial ligado al territorio, porque, a pesar de todo, preservan la biodiversidad, porque no queremos una agricultura sin agricultores ni agricultoras y llena de especuladores. Estoy seguro que las reivindicaciones básicas que proponen: precios justos, simplificación de la burocracia, control de la cadena alimentaria, oposición a los tratados de libre comercio o la prohibición de utilizar suelos cultivables para fines no agrícolas, son apoyadas por la mayoría de la sociedad. 

Por eso hoy y siempre quienes queremos un sistema agroalimentario desde las personas y para todas, que respete la naturaleza y los recursos naturales, que proporcione un trabajo digno a quienes trabajen en él, que se base más en la cooperación y menos en la competencia, que permita la planificación en función de las necesidades de todos los sectores de la sociedad y no exclusivamente de quienes solo ven oportunidades de negocio y que participe en la necesaria lucha ante la emergencia climática, tenemos que apoyar un nuevo modelo agroalimentario que lo haga posible. Con tractores, o mejor sin ellos. Desde dentro y desde fuera.

Ya es definitivo: otra vez más, el herbicida más cuestionado de todos los tiempos, el glifosato, se va a seguir utilizando en los campos de cultivo de la Unión Europea (UE). Desde el año 1974 no ha dejado de usarse y mientras los demás plaguicidas han ido prohibiéndose y sustituyéndose por otros, sobre todo por ser nocivos a la salud humana, el glifosato en sus distintas formas comerciales ha ido incrementando su uso, especialmente desde que se aplica en campos con maíz y soja transgénicos.

Las cantidades que se producen son enormes: cada año se fabrican aproximadamente 1 millón de toneladas de glifosato, el 70% en China, y desde que expiró su licencia en el año 2000 ya no es solo Monsanto (ahora Bayer) quien lo produce, sino cualquier empresa con capacidad técnica y comercial. En nuestro país cada año se consume más, llegando a los 13 millones de kilos en 2021. Así que las ganancias son enormes para esas industrias, especialmente para Bayer que comercializa el producto más empleado (Roundup). Está claro: esas empresas tienen un altísimo interés en que el negocio tan rentable siga y siga.

Y aunque cada vez más hay una oposición a su uso por parte de la población europea y de comunidades científicas, que han evidenciado los graves problemas que causa al medio ambiente y a la salud humana, los lobbys (el grupo de presión de la industria de pesticidas CropLife Europe o las empresas agrupadas en el Grupo para la Renovación del Glifosato que propone a la UE los estudios científicos en el que basa sus decisiones), han conseguido que la Comisión Europea apruebe la renovación del glifosato para otros 10 años. Y en nuestro país, AEPLA que agrupa a empresas del sector agroquímico o COPA-COGEGA a nivel europeo, en la que están representadas las grandes organizaciones empresariales agrarias de nuestro país, tienen un papel muy activo contra cualquier normativa que suponga alguna limitación al uso de plaguicidas contando para ello con subvenciones como las que han recibido han recibido del Gobierno este año 2023 de 753.190 euros.

Claro que el brazo ejecutor no son directamente esos grupos de presión sino las estructuras políticas de la Unión Europea que dictan las normas jurídicas que deben cumplir los distintos países y que están condicionadas directamente por quienes responden a esos intereses empresariales. ¿Qué países han decidido con su voto que en la UE siga contaminada por ese tóxico? España con su voto a favor de la renovación, otra vez, y Francia —cuyo gobierno había dado pasos para su prohibición— y Alemania —con un miembro de Los Verdes como ministro de Agricultura y otro de Economía y Clima— que se han abstenido, han inclinado la balanza en contra de quienes se oponían. Renovación que, aunque con algunas limitaciones en su uso y dando la posibilidad a los distintos países de que su uso pueda restringirse, agravará por muchos años los daños que produce.

No ha sido suficiente el más de un millón de firmas para prohibirlo que la plataforma europea Stop Glifosato entregó en 2017 a la Comisión Europea, ni las pruebas de su toxicidad, ni las millonarias indemnizaciones a las que está teniendo que hacer frente Bayer por reclamaciones de personas afectadas por el herbicida. No ha sido suficiente la necesidad de cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo que propone “reducir en un 50 % el uso de los plaguicidas químicos y el riesgo que conllevan, como también el uso de los plaguicidas más peligrosos”. Ni el hecho de que hay alternativas viables para el control de la vegetación no deseada en los cultivos.

Vergüenza de un ministro de Agricultura, Luis Planas, que repite sin rubor los argumentos de la agroindustria mientras en declaraciones afirma apoyar la producción ecológica. Vergüenza que se haya vuelto a prorrogar su licencia por otros diez años cuando en 2017 fue de cinco años. Vergüenza, también, que se siga usando por muchos ayuntamientos en espacios urbanos, como en el de Murcia.

Vergüenza para un país es que las aguas de nuestros ríos estén contaminadas por glifosato, y otros plaguicidas, como demuestra el hecho de que en 2022 el 34,6% de los puntos de muestreo de aguas superficiales, de las que bebemos, contenían concentraciones de glifosato que superaban el límite de la norma ambiental: en la Cuenca Hidrográfica del Segura hay puntos en los que se supera el límite máximo hasta cinco veces.

Pero dignidad la de 150 organizaciones que reclamaron el 3 de noviembre al Ministerio de Agricultura el voto contrario de España a renovar el glifosato en la UE y para que apoye un reglamento ambicioso en materia de uso sostenible de fitosanitarios.

Dignidad, también, la de aquellos científicos que desde universidades, centros sanitarios y de investigación aportan conocimiento suficiente y alertan sobre los excesos en el uso de sustancias tóxicas.

Dignidad y valentía la de aquellas personas que deciden cultivar sin usar fitosanitarios tóxicos resistiéndose a la presión del modelo agrario actual, aunque sea a costa de sus ingresos. Y de quienes dedican tiempo y conocimientos para avisar y denunciar situaciones en las que se incumple las normativas para el uso de esas sustancias, ya sea porque se han visto afectadas personalmente o porque su conciencia les motiva a hacerlo.

Que el negocio pare ya.

Hay una escena bien conocida en la película 'La quimera del oro' en la que Charlot, vagabundo hambriento en busca de oro, convierte su bota en un exquisito pescado con espaguetis; claro es, esas imágenes tan llenas de comicidad subliman el hambre para poder convertir cualquier cosa en un exquisito plato.

Durante siglos la comida se ha basado en productos extraídos de vegetales y animales, con ninguna transformación o cocinados con técnicas básicas, en la que fácilmente se podía reconocer su origen. Su producción, casi siempre, era de territorios cercanas y gran parte de la población participaba directa o indirectamente en ella. Los conocimientos para el cultivo de las plantas, para el cuidado de los animales, para la conservación de los alimentos y cómo cocinarlos se compartían principalmente en la propia comunidad. La olla gitana puede ser un ejemplo: la comida ¡era comida! aunque no siempre era fácil conseguirla en cantidad y variedad.

Con el aumento de la población y los cambios económicos, sociales y tecnológicos se someten los alimentos básicos a procesos físicos y químicos más complejos. Se empieza a fabricar productos en la que hay componentes derivados de carnes o vegetales que dan volumen y textura, aunque a veces son irreconocibles (nuggest, palitos de pescado, fiambres de no se sabe qué), pero el color, sabor y olor lo aportan principalmente aditivos, grasas, azúcares y sal porque crean adicción. Son comida ultraprocesada cuyos componentes se producen y ensamblan en cualquier parte del planeta y pueden recorrer miles de kilómetros hasta que llega al consumidor; se rompe así con un sistema alimentario milenario que genera tradiciones culturales compartidas de producción, preparación y cocinado de los alimentos y que se adquieren en su mayor parte en comercios cercanos.

Es verdad que la facilidad del transporte y la economía global hace posible la diversidad de alimentos a los que ahora podemos acceder, sin embargo, se ha reducido enormemente el número de especies vegetales y animales comestibles y de sus variedades y razas; es verdad que la tecnología permite que los rendimientos se hayan multiplicado, pero a costa de grandes inversiones a las que no pueden acceder muchas personas agricultoras, lo que les elimina del sistema y este queda en manos de unos pocos oligopolios. Comer ahora es aparentemente más barato que en generaciones anteriores, pero su producción se asienta en una mano de obra superexplotada y no tiene en cuenta los daños al medio ambiente ni a la salud de la población.

El modelo actual no hace desaparecer totalmente la comida real, pero ha dado paso a nuevos productos como, por ejemplo, un sandwich de pollo con lechuga (así le llamaban) en un envase transparente rígido de politereftalato de etileno (PET) en cuya composición entraban 37 ingredientes distintos. Es un OCNI: objeto comestible no identificado; son simulacros de comida para cuya preparación la industrias ofrece miles de sustancias como aditivos, enzimas, aromas coadyuvantes, extractos o nuevos alimentos que junto con sofisticadas tecnologías consiguen, por ejemplo, helados en cuyo envoltorio se ven hermosas fresas pero cuyo componente principal es gelatina extraída de huesos, pieles y tendones y la fresa se reduce a aromas fabricados en laboratorio. ¿Mejor taparse los ojos y no saber cómo se hacen y con qué?

Ahora, cuando la ligazón entre la producción de alimentos y su consumo está rota es el marketing —la fábrica de deseos del capitalismo— el que nos hace creer que nada ha cambiado, que el pan que comemos si le llaman natural, de la abuela, artesano o de leña va a ser bueno, porque en realidad ya no sabes como eran aquellos panes; y a la vez, como muchas personas se han desconectado de la tradición culinaria se tragan alimentos que se venden, por ejemplo, como 'palitos sabor cangrejo' o 'surimi', que queda más oriental y que de cangrejo no tiene nada sino una pasta de pescados diversos y despojos que proceden de caladeros cada vez más sobreexplotados y lejanos; además con muchos aditivos y colorantes que convierten a este OCNI en un ultraprocesado insano y caro (solo el 10% de lo que cuestan corresponde al producto, el resto es debido al envasado y al marketing). Pero eso se desconoce y lo que se ve es que no tiene espinas, no hay que cocinarlo y da color a las ensaladas; y por si alguien tiene algún reparo medioambiental pagan para tener un sello de pesca sostenible.

Aún así, esos productos necesitan materias primas que se cultiven en unos suelos determinados, con un clima adecuado y mucha mano de obra o animales que requieren un manejo especial o su extracción del mar en el caso de la pesca. Así que se va abriendo paso el sueño dorado de fabricar alimentos sin necesidad de terrenos agrícolas, sin apenas agricultores ni trabajadores, necesarios de una tecnología que queda monopolizada en pocas empresas. Ya no son solo cultivos hidropónicos, invernaderos climatizados, macrogranjas con cientos de miles de animales hacinados, cóctel de preparados químicos necesarios para que los cultivos y los alimentos lleguen a poder venderse; ahora se investiga sobre nuevos alimentos que no provendrán de cultivos ni de granjas. Como siempre, el sistema agroalimentario es el que decide la forma de producirlos que más beneficios le generen.

Desde hace poco tiempo están disponible para la venta cuatro tipos de insectos (larvas del escarabajo del estiércol, grillos domésticos, langosta migratoria y gusano de la harina). Algunos se comercializan enteros pero será más frecuente en forma de pasta o en polvo, por lo que se superará la repugnancia que nos pueda dar y servirán como un ingrediente más en galletas o salsas. Hasta ahora con con poquísimo éxito, ¿qué publicidad harán para que nos decidamos a comerlos? ¿será suficiente magnificar sus propiedades nutricionales? También está llamando a las puertas de las administraciones para su autorización la llamada carne sintética, celular o cultivada a partir de células animales que se reproducen en laboratorio hasta formar una masa que se puede moldear con impresoras 3D para formar algo parecido a un filete de carne. Solo en Singapur está ya autorizada la venta de carne celular de pollo pero en otros países, aquí también, hay empresas con un grado de desarrollo avanzado y a la espera de que sea una realidad.

También la tecnociencia al servicio del capital propone crear objetos comestibles a base de cualquier tipo de materia orgánica o por medio de la fermentación de microorganismos con CO_2, hidrógeno, ciertos minerales y mucha energía; incluso nuevos seres vivos, si se les puede llamar así, por ingeniería genética que produzcan alimentos especiales (biología sintética), además de las ya conocidos plantas y animales modificados genéticamente. La excusa es que no va haber alimentos como hasta ahora para la población de los próximos años; que la conservación del medio ambiente, que ellos mismos han contribuido a su degradación, requiere tener nuevas fuentes de proteínas que solo ellos proporcionarán; que el cambio climático, al que la agroindustria ha contribuido con eficacia, se combate con sus nuevos comestibles, lo que no está demostrado.

No se trata de negarse a las potencialidades de la ciencia y la tecnología sino a que unas pocas empresas globales, que dominan la producción de suministros agrícolas (maquinaria, fertilizantes, pesticidas, semillas…) y el consumo, decidan la alimentación que debe de tener todo el planeta; se trata de que siendo la alimentación un derecho básico y fundamental se deja exclusivamente en manos privadas; se trata de que los alimentos frescos y de mayor calidad nutritiva están más restringidos a una parte importante de la población que tiene que acudir a los bancos de alimentos o contentarse con comida de escasa calidad e insana.

La comida de verdad seguirá existiendo pero será minoritaria y más costosa, los ingredientes serán de nueva creación y apenas tendrán relación con el tipo de producción que ha existido durante miles de años. Tan solo la publicidad seguirá, como hace ya, haciéndonos creer que nos alimentaremos como se ha hecho siempre y que esos productos nos harán más felices. La alimentación para el capitalismo es un sector económico muy importante: los datos más recientes del INE señalan que la industria de la alimentación y bebidas en nuestro país es la primera rama manufacturera del sector industrial con 126.354,1 M€ de cifra de negocios lo que representa el 25,4% del sector manufacturero, el 22,5% de las personas ocupadas y el 20,6% del valor añadido. Sí, hay dinero, mucho, para seguir engordando la cuenta de resultados y gran parte se obtiene con esos Objetos Comestibles que apenas se pueden identificar con alimentos naturales.

Que no llegue el día en el que, como en la escena de 'La quimera del oro', nos imaginemos que estamos comiendo una deliciosa crema de bogavante como el que se representa en el sobre que la contiene, cuando ese marisco puede que esté en cantidades insignificantes porque ya apenas sobreviven en los mares o solo sea un aroma artificial. Aunque, en realidad, ese día llegó hace tiempo y nos lo tragamos. Y lo que viene es mucho peor. Si no hacemos algo.

No, no es el titular de una noticia sobre incidentes graves en algún lugar del planeta. Son las cifras de personas fallecidas y heridas en accidentes de carretera de furgonetas con trabajadores y trabajadoras del campo en este año 2022, que aún no ha acabado, en la Región de Murcia. Y muchos detenidos, porque un año más, salen a la luz las penosas condiciones laborales a las que se somete a quienes trabajan en el campo y en los almacenes, sobre todo inmigrantes.

Por las carreteras de nuestro Región circulan numerosos vehículo con personas que se dirigen a su lugar de trabajo con el consiguiente riesgo de tener un percance, pero la cifra señalada correspondiente a quienes se desplazan para ir a fincas agrícolas es tan elevada que debería como mínimo preguntarnos sobre sus causas. Porque viven cerca nuestra aunque no les hayamos conocido personalmente, porque han venido aquí creyendo que iban a encontrar una mejor vida gracias a su trabajo y, sin embargo, se han quebrado sus esperanzas, porque es un escándalo la cantidad de accidentes que padecen, por solidaridad con las personas que se sienten directamente afectadas.

Las estadísticas sobre accidentes de trabajo no desglosa en cada comunidad autónoma las que corresponden a quienes tienen su actividad laboral en campos de cultivo, por lo que hay que recurrir a los medios de comunicación que informan tras cada accidente. Y lo que nos dicen, y vemos frecuentemente por las carreteras, es que el desplazamiento a sus lugares de trabajo suele ser en vehículos privados pero muchas veces en autobuses que ponen las empresas directamente o en furgonetas, 'piratas' o no. Y el resumen de los 11 accidentes graves que han ocurrido en las carreteras de nuestra región este año con furgonetas ocupadas con personas que iban a trabajar a fincas agrícolas es de 6 muertos y 66 heridos. Quizás los colectivos de migrantes podrían aportar más información y seguramente esa cifra sería mayor.

Y es que los casos de accidentes mortales de furgonetas con trabajadores del campo han sido frecuentes en nuestra Región. En enero de 2001, hay que volver a recordar, murieron 12 ecuatorianos en el término municipal de Lorca: un tren de cercanías arrolló a una furgoneta cuando iban a trabajar a una empresa hortofrutícola. El vehículo, con una capacidad máxima de 8 personas llevaba 14 entre ellas una niña de 13 años ¡iba a trabajar al campo! Sin contrato laboral ni permiso de residencia. Dicen que se abrió un gran debate, incluso en el Parlamento, en el que se lamentaron de las pésimas condiciones en las que trabajaban los inmigrantes. Dicen que la culpa era del conductor, que iba por carreteras secundarias para evitar a la Guardia Civil y que se despistó; que no había barreras en el paso a nivel, que era de noche… De la empresa a donde iban a trabajar, de su responsabilidad en el transporte de sus trabajadores y de quien les reclutó muy poco se habló. Como resultado se planificó un plan para suprimir los pasos a nivel sin barreras y se regularizó a los inmigrantes… ecuatorianos. Y en abril de 2016, otra vez en Lorca, en un accidente fallecieron 5 personas y 3 más resultaron con heridas graves.

Pero no es solo la posibilidad de tener un accidente de tráfico, esta Región tiene también el triste honor de ser de las que tiene mayor siniestralidad de trabajadores extranjeros del sector agrícola. Esas condiciones en las que trabajan en muchos casos son penosas y bien conocidas y a pesar de ello y de algunas mejoras que se van consiguiendo continúan. La creciente actuación de las inspecciones de Trabajo en fincas agrícolas, con el resultado de su denuncia ante un juez, en Águilas, Beniel, Jumilla, Lorca, Mula, Fuente Álamo, Archena y en Cartagena, ha destapado casos de abuso de todo tipo: inmigrantes en situación administrativa irregular, sin contrato y sin seguridad social, con incumplimiento de los convenios laborales; a veces con violencia física e incluso de casi esclavitud y con la participación de personas de confianza de los empresarios que reclutan a quienes están en un estado tal de vulnerabilidad que no tienen más remedio que aceptar lo que se les ofrece para poder comer. Algunas de las descripciones de estos casos se considerarían falsas noticias si no se supiera que responden a hechos reales. Y como consecuencia de esas inspecciones hay detenciones de las personas responsables y de quienes son obligadas a trabajar en esas circunstancias.

Decir que el éxito de la agroganadería en la Región de Murcia está basado en gran parte en la explotación de la inmigrantes es solo afirmar una realidad conocida por toda la sociedad desde hace décadas. Los medios informan de los casos más llamativas pero no tanto de las causas y del entramado empresarial que hay detrás; esto sí lo hace, por ejemplo, la organización Justicia Alimentaria que difundió en octubre un informe con el título significativo de “Exporta, explota, me expló!” donde desde un profundo conocimiento del sector analiza los fines, las condiciones y los actores del sistema agroalimentario que generan precariedad no solo en la producción sino que recorre todos los eslabones hasta la comercialización de los alimentos.

Sin embargo, quienes causan directamente esta situación inhumana y quienes dominan las organizaciones empresariales y los grupos de presión del sector que son muchos y variados no solo lo niegan sino que acusan a quienes lo denuncian de ir contra la agricultura y de tener oscuros intereses. Como mucho reconocen que son casos aislados de personas que no deberían llamarse empresarios, acusando de paso al plan de inspecciones en el campo promovido desde el Ministerio de Trabajo de perseguirles injustamente.

Pero no, no son casos aislados como nos dicen los datos de la Inspección de Trabajo: en el 2021 el 42% de las inspecciones de empresas agrarias ha dado como resultado una sanción por infracción laboral y fraude a la Seguridad Social. Y un estudio actual del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia señala que los jornaleros del campo ganan en nuestra Comunidad un 15% menos que en el resto del país y que esas diferencia se eleva al 30% si se compara el salario agrario con la media de todos los sectores productivos.

Desde luego, la precariedad no es solo exclusiva de la población inmigrante y se extiende a amplios sectores de la sociedad: el Instituto Nacional de Estadística señale, con datos del 2021, que la Región de Murcia está entre las comunidades con peor calidad de vida y que el 33,8% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, pero se ceba especialmente en los jornaleros y jornaleras del campo con el agravante para ellas de la violencia sexual en el trabajo de forma brutal, como ocurrió en Mula en 2019 y que se juzgó este año: un encargado violó y dio una paliza a una jornalera extranjera siendo condenado a 2 años de cárcel y que ni siquiera cumple al haber aceptado que se sustituyera por un curso de educación sexual. También en Jumilla dos encargados de una finca fueron detenidos por abusos sexuales a una empleada inmigrante. Y en noviembre se celebró el juicio a la persona que violó en 2020 a 6 jornaleras que estaban en Cartagena con la condena a 45 años de prisión.

El sistema agroalimentario está globalizado cada vez más y la competencia es extrema, así que rebajar los costes laborales —y ambientales también— y tener una población vulnerable es la vía para seguir aumentando las ganancias. La miseria extrema de una parte importante de la población en tantos países hace posible la disponibilidad de mano de obra, que las ETTs creadas a disposición empresarial y con la inestimable ayuda de la legislación de extranjería ofrecen a los empresarios.

Lo que no se paga a los trabajadores es lo que hace que la agricultura siga siendo competitiva. Sí, ha habido en estos dos últimos años algunas mejoras: el mayor aumento del SMI desde el año 2019 y posteriores y el de inspecciones laborales en el campo, al que se han opuesto los empresarios de forma furibunda, han supuesto un pequeño alivio, pero a la agroindustria de exportación le va bien porque sigue teniendo a mano legislación favorable para conseguir personas con capacidades físicas adecuadas al duro trabajo y que se ven obligadas a aceptar condiciones laborales precarias. Y además, no puede parar en esta huida hacia adelante permanente que impone la globalización capitalista donde no hay límites en la extracción de plusvalías de los recursos ambientales ni, en el lenguaje empresarial, de los recursos humanos.

Seguirán ocurriendo accidentes mortales que se podrían haber evitado y seguirán apareciendo noticias del trafico de seres humanos para explotarlos en los campos. De otra forma el actual sistema agroalimentario no funciona. Evitarlo es posible.

“Algunas cosas se consiguen así, por la fuerza. Si no, estaríamos aún en cuevas”. Estas palabras no son las de un dirigente político o social de alguna época pasada o de un país lejano. Es el pensamiento de un dirigente agrario de nuestra región, Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la principal federación de cooperativas de la región que engloba, dicen, a más de 22.000 agricultores y ganaderos. Son palabras dichas tras el reciente asalto al pleno del ayuntamiento de Lorca. Ningún representante de las organizaciones agrícolas y ganaderas ha condenado las palabras de esta persona. 

Vivimos tiempos agitados, no solo por la situación pandémica que ha debilitado las economías y las mentes de muchos, no solo por el arrastre de la crisis financiera de 2008; una vez neutralizado el movimiento del 15M comprobamos como las derechas se recomponen políticamente y añaden un elemento a su estrategia política: es el insulto y desprecio a los oponentes, en las calles y en las instituciones, la mentira fabricada a gran escala, con muchos medios y dinero; y la provocación para conseguir en el mayor número posible de personas el miedo y la irracionalidad, caldo de cultivo para conseguir sus objetivos. 

Pero también aumenta la violencia física, la coacción en las calles a dirigentes como la que se hizo a Pablo Iglesias durante meses, las amenazas de muerte, los ataques y asaltos a locales de partidos de izquierda. Ya es algo cotidiano y en ascenso que se va normalizando incluso en las sedes de las instituciones públicas. 

No es el uso de la violencia que puedan ejercer personas o colectivos en situación muy precaria, desesperadas por no encontrar una salida digna a su situación; no es el grito de quienes sin ningún apoyo económico ni de las administraciones no encuentra otra forma para que se les escuche. No. Son por el contrario grupos sociales y económicos dominantes quienes van alentando y dando forma a respuestas fuera del marco de convivencia que dicen respetar.

Pedro Costa Morata nos recordaba recientemente en un artículo como agricultores de la Marina de Cope agredieron al concejal de Águilas de IU Antonio del Campo por defender la declaración de Parque Regional en ese territorio; y las presiones, que han sido continuas, han dado sus frutos: ese Parque, mientras continúan avanzando los cultivos intensivos, sigue sin tener aprobado un PORN que ordenaría las actividades permitidas.

Estos días hemos visto como las calles de Murcia se llenaban de gente convocadas por organizaciones agrarias de todo tipo con una diversidad de reivindicaciones a gusto de cada cual. Manifestaciones que vienen produciéndose desde hace tiempo en distintos territorios y que pretenden converger el 20 de marzo en Madrid uniendo en un mismo frente a defensores de la caza, de los toros de lidia, a organizaciones agrarias de todo tipo y a todo aquél que odie al gobierno, a los progres, a los ecologistas, a los homosexuales, a las feministas…. Tampoco faltarán los terratenientes del campo unidos en una llamada Alianza Rural que está presidida por Fermín Bohórquez Domecq un señorito de rancio abolengo. También tienen derecho a protestar, ¿cómo no?

¿Pero, hay motivos para las quejas más serias de este sector? Sin duda sí. Pero afecta de forma muy distinta según el lugar que se ocupe en la cadena alimentaria:

Los bajos precios que reciben muchos agricultores y ganaderos es consecuencia de que apenas tienen capacidad de negociación con la gran distribución (supermercados) que es quien puede poner y pone condiciones abusivas que les aboca a su desaparición. Sin embargo quienes dirigen estas movilizaciones no convocan a manifestarse ante los supermercados, ni ante restaurantes de comida rápida. Es más, PP y Vox no apoyaron la reforma de la ley de la cadena alimentaria que podría hacer  posible la aplicación de las normas para, por ejemplo, impedir la venta a pérdidas.

Esos bajos precios impiden que puedan asumir el encarecimiento de los fertilizantes, del gasóleo, del precio del agua, de la luz y otros insumos mientras que sí lo hacen quienes están en una posición de fuerza en la cadena alimentaria, sobre todo las grandes distribuidoras. Y mientras que los precios de los insumos son difícilmente sorteables, las mejoras en las condiciones laborales y los salarios que deben recibir por justicia quienes trabajan en el sector se consideran por los partidos de las derechas que disminuyen la prosperidad, —es decir, su prosperidad— y las organizaciones agrarias mayoritarias también se quejan de que no pueden asumir el aumento del salario mínimo de sus trabajadores; el más débil es el que más pierde.

Además, es verdad que las importaciones de países fuera de la UE producen competencia en algunos sectores al no tener las mismas condiciones de producción. Pero la demagogia de la extrema derecha aparece una vez más: el portavoz de ese partido en la Comisión de Agricultura (24-02-2020) aduce que provienen de “países donde se usa mano de obra esclava, donde los salarios son absolutamente paupérrimos, donde la gente vive en barracones”. ¿Se puede ser más cínico? No ha pedido describir en menos palabras lo que sucede en nuestro país por gente como él.

También, en su versión más moderada, las organizaciones agrarias califican de restricciones ambientales las normativas que como cualquier sector económico debería cumplir para aminorar la contaminación que produce la agricultura y la ganadería superintensivas. En la versión más espontánea otros directamente insultan a quienes proponen más medidas para proteger el medio ambiente: ya no es solo hablar de “bandas de ecologistas” y de que son “canallas” como hizo el presidente de la organización empresarial agraria Asaja de Extremadura; Luis Gestoso, desde las filas de la extrema derecha, dice que: “…en cuanto gobernemos derogaremos las leyes basura que afectan a la agricultura y al Mar Menor, así como la de memoria histórica, cambio climático, residuos, etc. Todas serán eliminadas en una semana”. ¡En una semana! Mientras, esos partidos junto a las organizaciones de la agroindustria boicotean las normativas sobre protección del Mar Menor pero exigen con todos sus medios más y más dinero porque aseguran que son los que más protegen el medio ambiente.

Y es que las propuestas de Vox para el sector agroalimentario son la réplica de las del PP, que a su vez son esencialmente copia y pega de las grandes empresas del sector con algún añadido buenista que no piensan cumplir. 

Y para que no se note mucho se muestran ante la sociedad como un sector débil al que agreden y que son las víctimas inocentes: “Respeto para el campo” fue el lema por el que se convocó la manifestación del día dieciséis de febrero. Y si por fin aumentan las inspecciones para el cumplimiento de la legislación laboral que ha destapado infracciones en un porcentaje muy elevado Asaja dice que “criminalizan al sector agroalimentario” y la portavoz en el Congreso del PP, como no, asegura que “rozan el delito”. 

Vox, que defiende el franquismo que puso los cimientos para la creación y consolidación de los monopolios en el sistema alimentario, que ocasionó la miseria de la mano de obra trabajadora, que dejó en manos de los caciques de cada zona el órgano de control de la actividad agraria —las Hermandades de Labradores—, que abolió las leyes de la República a favor de los trabajadores del campo e implantó una legislación a imagen del nazismo y el fascismo intenta ahora, añorando aquella época, reconducir el malestar por las condiciones de vida de quienes trabajan en el campo. Ese partido oculta su defensa y pertenencia a las élites económicas mientras propone medidas laborales más regresivas que las actualmente en vigor y se atreven a decir que defienden a los trabajadores. Añoran tiempos pasados y quieren reconquistarlos.

No hemos visto nunca a las derechas defender a los trabajadores y trabajadoras del campo y de los almacenes agrícolas; no dirán una palabra sobre las consecuencias de una agroganadería super intensiva sobre el Mar Menor, sobre la contaminación de acuíferos, sobre especuladores y fondos de inversión que contribuyen al aumento de precio de los insumos y a la desaparición de pequeñas empresas. No solo es que miren para otro lado ante esas situaciones, como incluso hace tantas veces el PSOE; es que junto a las organizaciones agrarias mayoritarias han iniciado una estrategia de aumento de la violencia verbal e incluso física, de amedrantamiento a quienes denuncian sus desmanes.

El autor de aquella conclusión con la que se iniciaba el artículo estaba en primera línea el día dieciséis acompañado de la plana mayor de las fuerzas agrarias de la región. Detrás, haciendo presencia ostensible la representación genuina de la extrema derecha regional y estatal. Con ellos agricultores y ganaderos de la más diversa condición, autónomos, empresarios pequeños y grandes, dirigentes de los diversos lobbys agrarios y políticos de distintos partidos. En las aceras y observando el cortejo con cara más bien seria trabajadores y trabajadoras de almacenes, jornaleros y jornaleras a quienes las empresas les habían “aconsejado” la asistencia. Como convidados de piedra en un festín en el que no se deben mezclar con quienes son sus amos.

Nada nuevo. Las exportaciones de frutas y hortalizas siguen subiendo (https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3451566/). El negocio va bien, y cada vez mejor. Mientras, la agricultura tradicional va desapareciendo. Las trabajadoras y los trabajadores del sector siguen como hace décadas. El medio ambiente se degrada constantemente allá donde llega el agronegocio. Pero es tanta la evidencia de que el modelo imperante no debe seguir que una nueva conciencia se va abriendo en la sociedad: este sistema agroalimentario hay que cambiarlo.

Para contestar esta pregunta no nos centraremos en la disputa partidaria electoral ni entraremos a debatir una acción que es claramente antidemocrática. Pero sí empezaremos rechazando las conclusiones absolutas. Ni todos los que asaltaron el edificio donde se reunía la corporación municipal de Lorca eran ganaderos del sector porcino, ni tampoco es cierto que no había ganaderos. El interrogante sería, en qué medida lo son , y porqué algunos estarían dispuestos a llegar a esta situación límite.

Hay intereses materiales que explican la causa que lleva a un ganadero de producción intensiva a participar en una acción de este tipo.

En la huerta tradicional los cerdos, como las gallinas y los conejos eran destinados al autoconsumo siendo solo un complemento en su alimentación. El huertano, o campesino en un sentido amplio disponía de muy poca tierra, y ell alimento estaba basado en los restos de la comida familiar, y eventualmente algún otro suplemento. Al no haber hacinamiento ni gran número de animales, ni los excrementos ni el olor eran abundantes. Una vez realizada la matanza, el huertano había controlado todas las fases de la crianza de cerdos. De forma excepcional existían excedentes que podían venderse en los mercados.

Hoy nada de eso queda. El mercado no solo determina los precios, sino que en la cadena de producción cárnica, el antiguo productor hoy sólo participa en el inicio de el proceso. El producto de su trabajo, no sólo no va destinado a cubrir sus necesidades, sino que ni siquiera va destinado al mercado local. En gran parte van a la exportación, y su destino principal es China. Ese país, por su tamaño, 1.400 millones de habitantes es decisivo en la determinación del precio de la carne porcina. Además, la vulnerabilidad de las cabañas ante la peste porcina hace que sus precios y los flujos comerciales oscilen con fuerza. Así en 2018 el gigante asiático perdió la mitad de sus cerdos por la peste porcina africana.

Para abastecer esos mercados, la industria cárnica española se ha especializado al máximo en todas sus facetas. La alimentación animal proviene del otro lado del Atlántico, siendo su ingrediente principal la soja, que para algunos países se ha convertido casi en monocultivo primero en las mejores tierras de la pampa y después en las peores, llegando a explotar tierras marginales originando la deforestación de la Amazonía, el mayor pulmón del planeta. Cada una de las fases de cría y engorde son acompañadas por una enorme cantidad de medicamentos, sobre todo antibióticos, para evitar las consecuencias del hacinamiento de los animales.

En el complejo cárnico, del que el porcino supone el 66%, los campesinos que controlaban su producto desde el inicio hasta la salida al mercado, ahora sólo proporcionan unas instalaciones con muy poca tierra y la mano de obra. El resto, crías, alimentos, y sanidad se lo proporciona alguna gran empresa. Esta industria que es el cuarto sector en importancia, y primero de la agroindustria, con su poder inmenso tiene la capacidad de establecer los precios tanto de los insumos como del producto final: el cerdo listo para el sacrificio. En función del mercado, la industria cárnica puede ajustar los precios subiendo los insumos y bajando el precio del producto de la granja. En ese caso los “ganaderos” se quedan con un margen más restringido. De manera que reciben un ingreso por el alquiler de sus instalaciones y una remuneración de su trabajo, con muy pocas posibilidades de negociar.

Ante esta situación la reacción inicial de los productores puede ser la de identificar su interés con el que lo explota. La industria cárnica se convierte en quien controla todos los eslabones de la cadena, primero fijando el precio de los piensos, que en muchos casos importa y elabora, de los animales y de los productos veterinarios, y después determinando el precio del producto final. De esa forma, el “ganadero” se convierte en el agente que menos cuenta en todo el proceso, sufriendo las consecuencias de la disminución de sus márgenes de beneficios, al aumentarles sus costes y bajarle los ingresos. Estos ganaderos entran en un proceso que para otros sectores económicos se ha llamado de “uberizacion”. Son el eslabón más débil de una cadena que reporta enormes beneficios para la industria con la que están condenados a trabajar.

En la actualidad, esta situación se hace insoportable por un lado por el aumento de los costes. Ante la recuperación de la cabaña china, el precio de la soja, que es del mismo origen para todo el mundo, se dispara casi al doble de lo que valía en 2017, antes de la peste porcina, el petróleo sigue aumentando y la electricidad conoce precios inéditos. Por otro lado la vuelta a la normalidad del número de cabezas porcinas en China va a hacer que bajen sus importaciones y necesariamente el precio de la carne descenderá. Como en los últimos años el sector vivió una auténtica burbuja, parecida a la del ladrillo, la crisis afectará de manera similar al mercado cárnico y por lo tanto a quienes tenían expectativas de seguir ampliando su negocio. En este marco, pretender aumentar la producción con nuevas instalaciones ganaderas o ampliando las actuales solo puede generar más problemas.

Al mismo tiempo, las consecuencias para la población, en forma de olores y de contaminación de las aguas, generan protestas de los y las vecinas de los pueblos en que se instalan las llamadas “macrogranjas” y las denuncias de los ambientalistas por la contribución de la ganadería al cambio climático obligan a los gobiernos, municipales, estatales y europeos a poner límites.

Ante esta tormenta perfecta, los productores porcinos no pueden pretender ampliar sus cabañas, como si no pasara nada. Tienen que entender que todo el sector necesita una reestructuración y no puede ser más de lo mismo, ya que la industria cárnica siempre los va a mantener como el último eslabón de la cadena. Por esa vía no tienen salida.

El futuro de la ganadería debe ir asociado al cambio del conjunto de la sociedad. Y ese cambio debe ir acompañado de una disminución del consumo de carne. Así como no todos los habitantes del planeta pueden desplazarse en vehículos individuales, no todos pueden consumir la cantidad de carne que comemos en los países del norte. Es sencillamente insostenible.

Por eso la Plataforma Stop Ganadería Industrial plantea como alternativa, una moratoria que impida la instalación de nuevos establecimientos y la ampliación de los existentes, una reducción de la producción intensiva en un 50 % para el año 2030, y un aumento de la producción extensiva, basada en el aprovechamiento de pastos, mayor libertad y espacio para los animales, y menor necesidad de productos sanitarios.

Cualquier cambio en el consumo se produce lentamente, y para ello tienen que organizarse las consumidoras, los y las vecinas y quienes quieran volver a ser ganaderos en el sentido estricto. La recuperación de la ganadería como actividad que dañe lo menos posible al medio ambiente y esté libre de los abusos de las grandes empresas del sector  sólo se puede conseguir mediante el freno al poder del lobby cárnico, que está muy concentrado, como se puede comprobar en esta región, y que ejerce una gran influencia sobre partidos políticos y medios de información debido a su inmenso poder.

Los fondos europeos en lugar de ir a reforzar a la industria cárnica deberían sostener un programa que logre la adecuación de los ganaderos que quieran acogerse a la nueva situación para reconvertirse hacia el modelo extensivo o semiextensivo, o a productos más sostenibles. La ganadería tiene que volver a ser una actividad que cuide el medio ambiente, que no contamine la tierra ni el agua, y que críe a los animales sin el maltrato que genera la producción industrial.

Nuestra pregunta inicial puede ser respondida en el sentido de que la industrialización de la ganadería ha llevado a sus protagonistas a una situación límite, lo que facilita la intoxicación de grupos de extrema derecha. Cualquier salida a esta encrucijada debe partir de acuerdos con la mayoría de los vecinos de la zonas afectadas respetando la legislación vigente, y renovando la relación con el medio ambiente y los animales, lo que redundará en una mejora en la calidad de los productos cárnicos.

Seguramente es conocido el que han llamado “limonero” instalado recientemente en el emblemático jardín del Malecón en Murcia. Un “playground en forma de limonero de gigantes dimensiones” le llaman. Durante tres meses, incluso a veces por la noche, han estado trabajando en la construcción de un parque infantil con el que el PP ha pretendido que fuera la admiración, incluso más allá del municipio. ¡Y vaya si lo ha conseguido!

El armatoste es colorido y sobresale en un entorno de vegetación que es jardín botánico desde principios del siglo XIX. Además, está en el entorno del Paseo del Malecón catalogado como Monumento Nacional desde 1982 y, por lo tanto, Bien de Interés Cultural y sometido al régimen jurídico de su entorno de protección que en breve debería ser publicado, tras demoras injustificadas por el gobierno regional y el ayuntamiento de Murcia.

En nuestra región estamos acostumbrados a ser noticia por rotondas con figuras ostentosas que distraen a los conductores y sobre todo por el coste tan elevado y por obras faraónicas inacabadas: allá un museo paleontológico, allí un auditorio, aquí un pabellón deportivo, muy cerca un centro cultual cerrado desde hace tiempo. Así que este cacharro —pensaron los estrategas del PP— siguiendo nuestro estilo derrochador con el dinero de quienes nos votan, será todo un éxito.

Ya antes de abrirse al público la Asociación de Vecinos del Malecón y Huermur se manifestaron en contra de la instalación de dicho cachivache en un espacio BIC y dentro del PECHA (Plan Especial del Centro Histórico). También IU solicitó la suspensión de la instalación de la estructura. Pero según el PP de Murcia, que lo calificó como “un elemento de diseño nunca visto en el municipio” y que “cuenta con una alta aceptación y demanda social”, su “emblemático limonero” es una escultura que gracias a Ballesta poco menos que hará a nuestra ciudad pasar a la historia.

Quien no lo conozca todavía no tiene más que llegar al final del jardín y leer el panel explicativo cercano. En él se indica el rango de edades de quienes pueden subirse, desplazarse por el interior de las distintas figuras geométricas y descender por el largo tobogán con forma de tubo cerrado metálico: 2-14 años. ¿Niños de 2 años con otros de 14? Nadie para controlar el número de niños (y no tanto) que suban, nadie para comprobar que se cumple las normas mínimas para que haya seguridad: solo el número del teléfono de emergencias 112 en el panel y un número de teléfono de “mantenimiento”. ¿Era posible un accidente? ¿A qué temperatura se pondrá el tobogán cerrado metálico que estará horas a pleno sol?

Sí, al día siguiente de abrirse la zona al público un niño sufrió un corte en una mano debido a un elemento metálico por el que tuvo que ser trasladado a un hospital y como consecuencia se clausuró el monstruo. Dice la nueva concejala de Barrios y Pedanías del Ayuntamiento de Murcia del PSOE, Ainhoa Sánchez, que el ayuntamiento respetará el contrato y no retirará el “limonero” y que el juego contaba con todos los certificados de seguridad. Aunque imprecisa la afirmación, seguro que es así y se supone que los hará público enseguida para que no haya dudas y se certificará su idoneidad, no solo de los materiales empleados sino también de las medidas que el ayuntamiento tiene para hacer que la utilización de ese mamotreto sea la más adecuada para evitar incidentes.

Se puede leer en aquél cartel que “es un homenaje a los niños, a la importancia del juego durante la infancia y a la experiencia de trepar a un árbol y tener un refugio en sus ramas” y que “Murcia es tierra de limoneros, es un árbol del que nos sentimos orgullosos, que forma parte de la identidad murciana”. Niñas y niños tienen mucha imaginación y necesitan muy pocos objetos para desarrollarla y aplicarla cuando están juntos. Si esos objetos son naturales, están a su alcance fácilmente y se pueden compartir, mejor. Llamar limonero a eso que han colocado para intentar colarlo como un homenaje a ese árbol es cuando menos grotesco. Y quienes tengan dificultades de accesibilidad se deberán contentar con mirarlo, si no son invidentes.

Dicen también que aporta a los niños cultura local: “acerca a los niños a la tradición del entorno, permitiendo que entiendan la importancia de este árbol y el valor de sus frutos” ¿pero qué falseamiento es ese? Cuando vean uno natural ¿querrán subirse también y jugar sin saber que tienen pinchas? Si se les pide que dibujen un limonero ¿qué dibujarán?

Se sigue pavimentando cada vez más superficie del jardín, van desapareciendo plantas de especies de jardinería que hacían de este jardín un verdadero botánico, se llena el espacio de casetas para ferias y en fiestas de restaurantes, cables, toldos y luminarias, de antenas y pintadas. Se llena y rellena los espacios abiertos con más y más cosas. Adjudicar, invertir, construir, inaugurar. Y ahora esto.

Así que hemos pasado de la “abruzaera” colgada de las ramas de un árbol, del suelo de tierra donde se podía jugar a las canicas, a las chapas y a tantos otros juegos que no requerían más que objetos simples, cercanos y baratos a costosas construcciones que exigen mantenimientos periódicos porque se ha instalado la idea nefasta de que lo grande es bueno y si es caro mejor. Y se ha establecido una carrera entre alcaldes a ver quién coloca lo más llamativo, una vez comprobado que sus votantes son acríticos e infantilizados y que si además les pones lucecitas de colores por toda la ciudad se quedan embobados.

Y todo esto ocurre mientras hay diligencias abiertas por posible corrupción en la adjudicación en 2019 del megacontrato para parques y jardines en el municipio de Murcia en el que se incluye las actuales obras en el jardín del Malecón y la cierta posibilidad de reclamaciones millonarias contra el ayuntamiento por convenios urbanísticos de la época de otro alcalde del PP (Miguel Ángel Cámara, ¡otro que tal!) que no se han podido desarrollar. Más una situación económica que dejó el anterior gobierno municipal de pesadilla.

Por todas estas razones ese “limonero” no debe seguir en el jardín del Malecón.

La pandemia, ¡maldita pandemia!, nos ha conmocionado hasta el punto de que casi de repente nos hemos dado cuenta de que cuidar nuestra salud es también convivir más con la naturaleza, salir al monte, al campo, hacer ejercicio o simplemente pasear. De que hay un hilo nefasto entre los sistemas de producción de alimentos y la aparición de nuevos virus como el que produce la covid-19. De que vivir al ritmo que impone este modelo económico nos lleva al precipicio.

Ya no solo se trata de evitar situaciones que puedan hacernos enfermar; en la medida de lo posible cambiamos los hábitos de consumo adaptándolos a nuestra situación económica, pero también buscando productos que creemos más sanos y que respeten el medio ambiente: así lo señalan los estudios de mercado y se refleja en el aumento de ventas de ese tipo de alimentos que se engloban bajo el nombre de ecológicos. Aunque también, es verdad, un porcentaje amplio de la población ni siquiera tiene la opción de poder elegir qué alimentos comer: la pobreza, cada vez más extendida, hace que para mucha gente su única opción sea poder tener acceso a la caridad o a la solidaridad que alivie algo su situación.

Las grandes empresas del sector han tomado buena cuenta de ello: donan alimentos —de paso se libran de excedentes que desgravan un 35% en el impuesto de sociedades y mejoran su imagen— y proponen dedicar parte del negocio a la producción de alimentos ecológicos, bio, orgánico, naturales, veganos… más como un reclamo para aumentar su margen de beneficios que por su convicción de la necesidad de apostar por un mundo más sostenible del que tanto alardean.

Veamos un ejemplo: las empresas agrícolas del Campo de Cartagena, de las que no hace falta hablar aquí de sus capacidades para depredar el medio ambiente con una precisión certera, han creado un grupo de presión en forma de fundación con el objetivo de contrarrestar la creciente indignación con el tipo de agricultura que practican. Pues bien, el presidente de esa fundación, Adolfo García Albadalejo, es director de Camposeven una empresa con el sello oficial de productos ecológicos, que presume de defender los ecosistemas y evitar la contaminación pero que da soporte a una agricultura que practica todo lo contrario. 

Y es que la agricultura y ganadería industrial que domina en nuestro país, aunque se llame ecológica, es intensiva y productivista, tiene un alto consumo energético, está basada en monocultivos, destruye la biodiversidad, agota los acuíferos y expande sin límites el regadío intensivo; además, dedica el 80% de la producción para exportarlos a miles de kilómetros, es líder en explotación laboral, es contaminante y especulativa y, protegida por los poderes económicos y políticos, chantajean a la sociedad y se saltan las leyes cegados por la avaricia. 

Y como un sector cada vez mayor de la población es consciente de aquellos problemas y no quiere contribuir a su extensión, procura adquirir alimentos que consideran que son más nutritivos, que no lleven pesticidas, que si van envasados sean sin plásticos, ecológicos, que su origen sea cercano… y, sino tienen todas esas características, por lo menos alguna de ellas.

Por ello se va abriendo paso otra cadena agroalimentaria que evita aquellos problemas. En algunas comarcas de nuestro país se da facilidades a agricultores de la zona para vender directamente en los mercados municipales algún día a la semana sin necesidad de tener un puesto permanente. Es ahí donde se venden los productos locales que difícilmente están en las tiendas del pueblo. En otros casos se pueden encontrar en los mercadillos semanales que hay en cualquier municipio o en los que se celebran mensualmente con productos de artesanía, con venta directa de pequeños agricultores y agricultoras de la zona, como en Mula, Bullas, Cehegín o la feria anual de La Aljorra. También, y cada vez más, en algunos herbolarios, en en el mercado de Verónicas, en la plaza de Abastos de La Alberca, de Alhama, de Cartagena, en tiendas online y en tiendas físicas en todos los grandes municipios de la región. 

Pero una forma más completa de intervenir en la cadena alimentaria es potenciar los grupos de consumo: personas que se asocian para adquirir sus alimentos a quienes producen de acuerdo con valores sociales y ecológicos que se suscriben de forma participativa entre todos los componentes. Poco a poco se van consolidando y en algunas ciudades agrupan a cientos y a miles de personas, como Landare en Navarra con 2.600 y dos tiendas o Som Alimentació en Valencia con más de 600 y una tienda. Y hasta las grandes empresas agroalimentarias y de la  distribución, como no quieren perder ni una oportunidad de negocio ofrecen productos con un sello ecológico que responde a criterios técnicos de producción, pero con los mismos criterios de comercialización que los de los demás productos. En nuestra región también contamos con grupos de consumo y agricultores que venden directamente frutas y hortalizas ecológicas o con certificado SPG.

Por otro lado, se va extendiendo el cultivo en pequeños huertos que habían dejado de cultivarse y que ahora vuelven a estar activos o se crean huertos comunitarios y de ocio. En nuestra región son un ejemplo El Verdecillo en Murcia, Huertos del Segura en Alcantarilla o el huerto urbano de San Antón en Cartagena. También, promovido por el Ayuntamiento de Murcia hay 14 zonas en distintos barrios y pedanías con parcelas y en otros municipios se va extendiendo esta posibilidad de acercar la práctica agrícola a cualquier persona. Y en numerosos centros educativos hay huertos escolares; también en la Universidad de Murcia y en la de Cartagena y en distintos municipios para asociaciones diversas, y en terrazas de casas, áticos, balcones… ¡Qué maravilla! allí donde hay algún espacio con tierra, por pequeño que sea, hay gente dispuesta a iniciarse en el cultivo aunque sea a la más pequeña escala.

El caso es conocer, aunque sea mínimamente, como se pueden cultivar algunos alimentos básicos, sorprenderse con la transformación de las flores en frutos, comprobar como se crea una convivencia, a veces difícil, entre nuestras plantas y insectos, caracoles o saltamontes que debemos aprender a manejar, decidir qué hacer con esas hierbas que no se sabe bien como han aparecido; y pasar un rato al aire libre, sintiendo la naturaleza que nos rodea, escuchando los pájaros, oyendo el zumbido de las abejas, observar que cada día el cielo está distinto y platicar un rato con quienes coincidimos intercambiando conocimientos y experiencias. Y así, entender que esas plantas y variedades que nos han llegado, esa forma de cultivar o las fechas más adecuadas en las que sembrar y plantar nos conecta con la cultura agrícola tradicional y de la gente que ha sabido adaptarse al entorno creando sistemas de cultivo  de los que hay tanto que aprender.

Queda mucho por hacer pero se dan las condiciones para dar un salto cualitativo hacia una transición agroecológica, es decir, con formas de producción ecológicas y socialmente justas. En nuestra región contamos con técnicos y agricultores con experiencia; hay conocimientos prácticos y teóricos sobre como potenciar sistemas agroganaderos y de consumo sostenibles. Y contamos con experiencias de personas que desarrollan proyectos de agricultura y ganadería alternativos al modelo dominante, gente que se preocupa de conservar las semillas de las variedades locales y de potenciar su difusión, viveros de plantas ecológicas, pequeñas empresas que demuestran que es posible producir y comercializar  para toda la población alimentos elaborados de forma sostenible y ecológica. Y hay una parte importante de la población que es sensible a la necesaria mejora y cambio en el sistema agroalimentario ya sea consumiendo alimentos ecológicos o aquellos que responden a criterios de sostenibilidad y, si es posible, cultivándolos. 

Se trata de no resignarse a estar en manos de este sistema alimentario criminal e insostenible, como  lo califica Carlo Petrini (fundador de Slow Food), de quitarles poder a los oligopolios de la producción y distribución; de ser partícipe del amplio movimiento social que desea que otro sistema agroalimentario sea posible.

Inmediatamente después del confinamiento que sucedió a la expansión de la pandemia y cuando nuestro estado de ánimo nos permitió mirar y escuchar más allá de los mensajes sobre la angustiosa situación nos fuimos dando cuenta de que por momentos el silencio iba ganando el pulso al ruido, que los vehículos apenas ocupaban las calzadas, y que, eso intuíamos y nos decían, la calidad del aire era mucho mejor. Esos contaminantes que no se ven pero que sí que están, el ozono a nivel de superficie, los óxidos de nitrógenos o las PM10 disminuyeron en cuanto los transportes y la actividad industrial se fue apagando.

También la vegetación espontánea, esas plantas que crecen casi en cualquier sitio, se extendió durante estos meses por las lluvias que han estado cayendo y porque se han dejado de pisar y de quitar. No estorbaban a nadie porque casi nada y a casi nadie les molestaba: apenas paseaban los peatones, cualquier actividad al aire libre fue desapareciendo, y poco a poco esos seres vivos —que lo son aunque se suele reservar esa categoría a los animales—, a los que apenas se hace caso, se fueron abriendo paso. Descampados, zonas de tierra de los parques y jardines, arcenes de carreteras y carriles, solares, muros, tejados, rotondas, vías verdes, meandros/sotos del río Segura, y hasta en los huecos entre adoquines de algunas aceras brotan hierbas. Cualquier lugar es bueno si contiene algo de tierra y de humedad.

Así, casi de repente, esa ceguera colectiva vegetal, esa incapacidad para reconocer las plantas comunes que nos rodean en nuestros andares cotidianos, se convirtió en una presencia más patente cuando por fin la actividad humana se fue normalizando: los huertos a los que no se había podido ir estaban llenos de hierbas bien altas, en los arcenes de los carriles una variedad de ellas competían por ocupar espacios, los alcorques del arbolado, cuando son de tierra, tenían más vegetación —y también más basura—.

Algunas veces, cuando están en floración, nos podrá atraer su colorido; claro, que si nuestro imaginario son esos ramos de flores de diseño casi artificial seguramente apenas las miraremos. Lo más probable es que no despierten nuestra atención; si fueran gorriones con su corto canto repetitivo, una merla atrevida que silba, un sonido agudo que emite un pequeño verdecillo o incluso las escandalosas cotorras quizás nos detendríamos un momento, pero esas 'malas hierbas' como son llamadas por los ayuntamientos, esos matojos, hierbajos, maleza, como se señala despectivamente a las plantas no deseadas, también aportan diversidad biológica, absorben CO2 y producen O2, favorecen a los insectos polinizadores, tan necesarios, son alimento de aves y, con un control y cuidado mínimo proporcionan belleza a nuestros municipios.

Pero casi todos los ayuntamientos buscan la manera más fácil de halagar a quienes creen les votarán y no hay nada como seguir las inercias de aquello que se ha hecho siempre y no ha producido un gran rechazo. Cada año en primavera la concejalía correspondiente, en el caso de Murcia la de Movilidad Sostenible y Juventud con el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos y Ferrovial Servicios baña los barrios y pedanías con miles de litros —en este año 27.000 según informan— de un herbicida (Cosmic XL) cuya sustancia activa es el glifosato y que hasta el día 16 de mayo se vertió sobre 300.000 metros lineales —por no decir 300 km, que una cifra con más ceros, piensan, impresiona más a los lectores; aunque esto no es nada con el dato sobre el número de semillas del Plan de Resiembra 2019-2020: “Permitirá la plantación [sic] de 39 millones de semillas en distintas zonas verdes de Murcia y pedanías”, que queda más impactante que si se dice que se va a usar una bolsa de 10 kg —.

A pesar de que en años anteriores se aprobaron mociones en diversos ayuntamientos y en la Asamblea Regional en las que se proponía dejar de usar plaguicidas y herbicidas de origen sintético, como en el caso del glifosato. A pesar de que en el año 2017 se celebró en Murcia la I Jornada de Alternativas a los Herbicidas en Espacios Públicos, en la que se mostró la posibilidad práctica de un tratamiento de los espacios públicos libres en los que la vegetación espontánea no sea necesariamente eliminada —y en el caso de que lo fuera se usen métodos no tóxicos— y donde aumentar la biodiversidad y la participación ciudadana deben ser objetivos principales, poco se ha avanzado.

Esas plantas que molestan, o por lo menos olvidadas y menospreciadas, no tienen un lugar reconocido en las ciudades, no se tiene en cuenta que tienen las mismas cualidades por las que tanto se valoran a las demás, ahora que hay más conciencia de que la contaminación es un mal abrumador; y la sociedad y los ayuntamientos deben de tenerlas en consideración. En primer lugar, es necesario cambiar la visión negativa que se tiene de ellas cambiando la denominación de malas hierbas por otras que señalen sus funciones positivas, como por ejemplo, flora urbana o hierbas silvestres.

También hay que darlas a conocer y nos sorprenderíamos de la variedad de especies, de cómo varían a lo largo del año, de sus utilidades o de las funciones ecológicas que tienen. Pero ni siquiera la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario del municipio de Murcia las nombra ni hay un estudio sobre ellas, ni un inventario. Nada. No existen más que para eliminarlas.

Los espacios urbanizados, las ciudades, son también ecosistemas con funciones ambientales que en el caso de parques y jardines son más notables pero que también tienen esa vegetación difusa y repartida en mayor o menor densidad por todos los espacios. Por eso, debería de cambiar la consideración de esas plantas solamente como un problema de limpieza urbana y tratarse desde los servicios de parques y jardines y de medio ambiente con una visión integral, de manera que se tuviera en cuenta los beneficios para la ciudad. Así, su eliminación sería solo en aquellos casos en los que la vegetación moleste, por ejemplo, cuando las señales de tráfico quedan ocultas, o en arcenes y cunetas cuando dificultan la visibilidad de los vehículos o el paso de los viandantes usándose desbrozadoras u otras formas que no supongan el uso de herbicidas tóxicos. En las demás ocasiones la mayor parte de ellas se marchitarán naturalmente con el calor del verano o por el pisado de peatones y vehículos. Para volver a aparecer. Es el ciclo de la vida.

Nos han acostumbrado a una jardinería espectáculo donde en espacios concretos del centro de las ciudades, de las zonas más transitadas se ocupan con miles de plantas en flor formando geometrías de colores vistosos, con un consumo de agua elevado y que al poco tiempo hay que sustituir porque tienen fecha de caducidad. Con jardines geométricos y con demasiados espacios pavimentados donde las plantas son de mírame y no me toques. Y se le da la espalda a conectar las zonas verdes entre sí y con la naturaleza que rodea la ciudad por medio de esa vegetación que serpentea por calles, caminos, sendas verdes y espacios naturalizados. La sostenibilidad ambiental se demuestra con hechos y no llenando documentos informativos municipales con la consabida jerga tan bien aprendida del glosario medioambiental.

Y es que los ciudadanos debemos ser protagonistas también de los cambios que queremos para nuestros municipios, no solo de recibir información sesgada y de autobombo de la concejalía correspondiente ni de informar al ayuntamiento de incidencias puntuales. Sin embargo, las grandes cuestiones —también las pequeñas— se blindan ante la ciudadanía en los despachos y con contactos discretos con las empresas privadas adjudicatarias. ¿No sería conveniente que los vecinos y vecinas pudiésemos participar directamente, por ejemplo, sobre la conveniencia o no de remunicipalizar servicios públicos como los que se encargan de los espacios verdes y de la limpieza urbana, sobre el uso de plaguicidas y herbicidas tóxicos o la participación en el diseño y mantenimiento de las zonas verdes?

La pandemia ha puesto en cuestión las estructuras comunitarias y económicas del sistema y ha descubierto su fragilidad. Se han reforzado los lazos sociales, se ha comprobado que el apaciguamiento de la actividad económica da un respiro al planeta, que el 'progreso' al que nos lleva el sistema económico es suicida y que podemos y debemos aprender de esta nueva situación, no para volver a la situación anterior, no para acelerar la maquinaria del crecimiento económico basada en la explotación de la naturaleza y de las personas sino para, como dice Jorge Riechmann activar de una vez el 'freno de emergencia' para vivir en armonía con el planeta.

La COVID-19 ha tambaleado nuestra sociedad hasta sus cimientos. La paralización obligada de gran parte de la actividad económica ha afectado a casi todos los sectores productivos, pero ha sido el sector agroalimentario el que apenas se ha visto afectado: comer, hay que comer todos los días.

Quien sí se ha visto afectada ha sido una parte demasiado amplia de la población que está sumida en tal precariedad que ha bastado unas pocas semanas sin poder obtener algún dinero para que el hambre se vaya extendiendo. Las largas colas para pedir alimentos se han ido extendiendo con mucha gente que nunca antes había estado en tal situación de necesidad. Que ironía, mientras tantísimas personas tienen la angustia de comprobar que su situación económica les hace tan vulnerables que apenas tienen para llenar sus cacerolas con comida, un puñado de personas de la clase gozante —que diría nuestro Miguel Espinosa— en cada ciudad, aporrea cacerolas o lo que pilla cabreadas porque el gobierno decide paliar en alguna medida la situación de quienes están peor.

Esa clase, que defiende su libertad de ir a restaurantes por encima de la salud de todos, destinaba en la Comunidad de Madrid comida basura a las niñas y niños con beca de comedor; y en nuestra región ha permitido que las familias hayan estado demasiado tiempo sin recibir las ayudas estatales para poder comer por la mala gestión de la Comunidad. Mientras esa minoría está más preocupados en inocular el virus del odio como camino para derrocar al Gobierno, el pueblo se arremanga en solidaridad con quienes necesitan alguna ayuda, con tantos inmigrantes que ahora no pueden trabajar y que viven en condiciones miserables o con cualquier vecino que lo necesita.

En esta situación, cuando desde el “campo” se utiliza la pandemia para hacer alarde de su carácter estratégico, de que es esencial, que garantizan el abastecimiento, que proporcionan alimentos saludables y seguridad alimentaria, numerosos estudios relacionan la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, causada en parte por las prácticas agrarias que tienen tanto que ver con el modelo agroindustrial imperante, con la aparición de enfermedades zoonóticas como las que producen los coronavirus. ¿Y cuál  es la respuesta del sector?: en vez de tomar nota y cambiar a un modelo de agroganadería que dañe lo menos posible al medio ambiente sigue en una huida hacia delante que desgraciadamente comprobamos en nuestra Región día a día.

Veamos un ejemplo: el 20 de mayo se presentó por la Comisión Europea las estrategias “De la granja a la mesa” y “biodiversidad 2030” como piezas esenciales del Pacto Verde que la Unión Europea propone para “ser sostenibles y competitivos”. A pesar de las insuficiencias de las medidas presentadas que han señalado organizaciones de defensa del medio ambiente, la reacción  de los lobbies agrarios ha sido, como acostumbran, alarmista y victimista: son propuestas radicales, es un cúmulos de despropósitos, son una grave amenaza. Para COAG es solo “un escaparate verde”; para ASAJA, la organización agraria de la gran patronal y más querida por la derecha, resulta que “la comisión cede a los presiones ecologistas y asesta un duro golpe a la agricultura productiva europea” y el diario monárquico-franquista, en su edición de Andalucía, titula la noticia: “La UE radicaliza su estrategia «verde» y condena al agro andaluz”.

Pero, agriculturas hay muchas y el campo es muy diverso. También hay una diversidad de personas que trabajan en la agricultura y en la ganadería. Mientras hay quienes se desesperan porque los precios de venta de sus productos son tan bajos que a veces tienen que vender a pérdidas, las grandes empresas, principalmente exportadoras, consiguen grandes beneficios. Pero el mayor número son trabajadores y trabajadoras asalariadas donde las condiciones laborales son a menudo penosas. Sin embargo, hasta la opinión pública llega mayoritariamente casi como voz única las de grandes empresas y sus organizaciones afines. Este modelo agrícola que se va imponiendo se aprovecha de la sensibilización de la ciudadanía con las personas que producen sus alimentos, asociándolas al trabajo duro y a las penalidades para obtener rendimiento; así, escudándose continuamente en los agricultores van imponiendo en la sociedad sus argumentos y sus objetivos.

Como nuevos ricos que son alardean de la potencia económica que representan, tienen a sus pies a las castas gobernantes, se enfadan a menudo si no consiguen todo lo que quieren, se hacen las víctimas  y amenazan a quienes se interponen en su camino. Su mantra es repetitivo: se ponen en juego miles de puestos de trabajo, nuestra agricultura tiene los mayores índices de seguridad de toda Europa, somos la Huerta de Europa, aprovechamos hasta la última gota de agua, que se deje de perseguir a los agricultores, nuestra agricultura es garantía de sostenibilidad ambiental, el progreso del sector agroalimentario es el de toda la región… “Estos héroes han trabajado en silencio para garantizar en todo momento el abastecimiento de alimentos frescos y de calidad a media Europa”, decía sin sonrojarse a principios de mayo en una entrevista el consejero de Agricultura, Antonio Luengo. Y no se refería precisamente a los jornaleros ni a las mujeres que trabajan en los almacenes.

Un sector, el agroalimentario, que representa más del 10% del PIB (lamoncloa.gob.es) y en la Región de Murcia el 20% (carm.es), que nos anuncia lo bien que van las las exportaciones de frutas y hortalizas porque cada año aumentan más y que incluso en las actuales condiciones crecen en el primer trimestre —el 2,5% en volumen y el 12% en valor respecto al mismo trimestre de 2018 (fepex.es)--. ¿Por qué no iban a trabajar si les produce tanto beneficio? Sí, es un agronegocio que genera mucha riqueza para unos pocos, pero pobreza a sus trabajadores. En una entrevista en Onda Cero a José Ibarra de CCOO afirmó que los trabajadores del campo de nuestra Región son los peor pagados de España, ¡que ya es decir! Una agricultura dominante que es noticia vergonzante por la situación de los inmigrantes que, por ejemplo, tuvieron que recurrir a las fuerzas de orden público para que la empresa Agroherni de Archena les pagasen los salarios de varias semanas y que hace pocos días en Torre Pacheco se desarticuló una red de explotación de trabajadores inmigrantes. Y es que casi diariamente hay noticias de de explotación laboral en los campos y en los almacenes y, en algunos casos, las condiciones son de verdadera esclavitud.

La situación es de tal gravedad que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ordenó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “realizar comprobaciones en materia de economía irregular y de seguridad y salud en el trabajo, especialmente para verificar que se respetan las medidas acordadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por corovonavirus.”. Como se pretende detectar también posibles casos de explotación laboral, trata de seres humanos, esclavitud o prácticas similares, la reacción de ciertas organizaciones agrarias y sus correspondientes valedores políticos ha sido la sobreactuación pública negándolo todo como forma de defensa para evitar que la sociedad conozca la situación real de los trabajadores agrícolas.

Otra vez más, el consejero Luengo daba la nota: “El ministerio ataca gravemente y muestra un total desconocimiento sobre el funcionamiento del campo español”; y López Miras arrogándose la portavocía de todos los trabajadores aseguraba, delante de los empresarios: en el campo se trabaja en unas condiciones dignas. Y para qué reproducir los aspavientos de las patronales, de FECOAM y de PROEXPORT. Lamentable es también, que la delegación del gobierno se niegue a que esas inspecciones se realicen en la Región alegando que no hay constancia de trata de seres humanos en la región. No quieren inspecciones ¿por qué será?

La pandemia pasará pero nos avisa de la necesidad de asegurar alimentos sanos y accesibles a toda la población por medio de un sistema alimentario justo. ¿Queremos que siga el modelo actual que expulsa a los pequeños agricultores y ganaderos, que está reñido con la conservación del medio ambiente, que produce una alimentación insana o nos movemos para transitar a otro modelo respetuoso con la naturaleza, al servicio de las personas y en el que se elimine la precariedad, la explotación y la esclavitud de quienes trabajen la tierra?

Por enésima vez el sector más débil de la producción agrícola protesta y sale a las calles para expresar su enfado por los precios bajos que reciben. Lo que se inició como una protesta legítima de pequeños agricultores y ganaderos que no pueden mantener su actividad y se arruinan, ha acabado por convertirse en manifestaciones en las que se van añadiendo los mismos sectores causantes directa o indirectamente de la situación.

Nadie quiere estar ausente de unas protestas que son la agenda de los medios de comunicación masivos, que atañen a tantas familias y que generan tanto debate. Se pelearán por copar la cabecera, por tener el mayor protagonismo, por apropiarse de las reivindicaciones de los agricultores más desfavorecidos. Se removerán las agendas política para proponer soluciones, prometer cambios cosméticos. Pero nada cambiará. O muy poco.

Todo el mundo apoya a la agricultura y a los agricultores. ¿Pero de qué agricultores hablamos, de qué modelo de agricultura? ¿Del de Cayetano Martínez de Irujo?: “Yo soy un agricultor más, qué terrateniente ni qué tonterías”, decía hace poco en una entrevista en la que apoyaba las últimas protestas.

Todas las organizaciones empresariales agrarias mayoritarias de nuestra Región, Asaja, UPA y COAG que juegan a querer representar a todos los sectores del campo, pero que en la práctica se alían con las grandes corporaciones, se suman con entusiasmo. Y el presidente de Fecoam (Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia), que también convoca, Santiago Martínez (la voz del PP en el mundo agrario) amenaza directamente a Ciudadanos porque “va a tener problemas serios” si osa apoyar la ampliación de la distancia a la orilla del Mar Menor en la que no se podrá aplicar fertilizantes, y de paso acusa a los “grupos ecologistas” como los causantes de la mala imagen —dice— del modelo agrícola imperante. Y también estará el representante en el Campo de Cartagena de COAG que defiende a palos el ecocidio del Mar Menor y mira para otro lado cuando grandes empresas van copando el territorio, mientras dice defender el modelo de agricultura familiar.

Y, como no, al calor de las protestas se suman las organizaciones agrarias (Proexport, SCRATS y otras) que apuestan por una agricultura superintensiva que pone a su servicio a toda la sociedad y que va eliminando a la agricultura tradicional, la más perjudicada. Y en esa apropiación indecente de las reivindicaciones de la agricultura que se ahoga, el gurú en economía del PP Daniel Lacalle pasea por distintas televisiones y por las redes apoyando de boquilla a los agricultores para inmediatamente defender a los intemediarios y a las grandes cadenas de distribución.

Y ya puestos, los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) tampoco quieren quedarse fuera, no sea que los empresarios se cabreen e irán al lado de quienes explotan a los trabajadores y de ASAJA que ha recurrido la subida del SMI. Y todos los partidos políticos mayoritarios del Parlamento (desde Vox a Unidas Podemos) acuden a las manifestaciones. ¿También estarán el próximo día 21 en Murcia miembros del Gobierno regional como hicieron en la manifestación por el Mar Menor en Cartagena?

¿Serán capaces los verdaderos agricultores, las mujeres agricultoras que siguen siendo discriminadas, los trabajadores y las trabajadoras que sufren abusos laborales continuados de evitar que quienes causan sus desgracias se apoderen de sus reivindicaciones?

El sector agroalimentario está sufriendo cambios como en otros sectores de la economía que han conseguido aumentos significativos en la producción y en la rentabilidad. Y no va tan mal para algunos. El presidente López Miras se hacía eco de ello en Berlín al señalar los buenos datos de la exportaciones de frutas y hortalizas en 2019: “Por primera vez en la historia, se exportaron frutas y hortalizas por valor de 2.800 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 1,19% con respecto al año anterior”. Se llenan los campos de enormes superficies de invernaderos, de nuevas plantaciones de cítricos, de olivos y de frutales de todo tipo cuando parecía que ya se había llegado al máximo; se transforman tierras abandonadas de secano en cultivos de hortalizas aunque obtengan el agua de forma ilegal; se exporta uva a China y se importan frutos rojos desde Holanda que se han producido en Huelva. A ese modelo de industria alimentaria depredadora de recursos, que destruye el medio ambiente, de especuladores, le va muy bien.

Le va muy bien a esa empresa agrícola con sede en nuestra región que se expande en muy pocos años y realiza inversiones millonarias, como en la Casa Cerdá en la Plaza de Santo Domingo en Murcia: 20 millones de euros (2019); finca de 180 hectáreas en el Parque natural de cabo de Gata (2016) —investigada por las numerosas tropelías cometidas en su puesta en funcionamiento—; inversiones en Brasil para la compra de un conjunto de empresas y 2400 hectáreas de uvas de mesa y frutales (2019). Tampoco debe ir mal a otra gran empresa que compra fincas y casa de lujo del delincuente del caso Malaya Juan Antonio Roca (18,5 millones de euros) y que compra fincas en África y América.

Sí, la agricultura industrial va muy bien para unos pocos. Muy pocos. Pero, para una gran mayoría, titulares de pequeñas e incluso medias explotaciones y sobre todo para los trabajadores de la industria agraria, en su mayoría mujeres, y para los jornaleros del campo, casi siempre inmigrantes, es sufrimiento y mal vivir.

Esos agricultores desesperados señalan a los intermediarios y a las grandes cadenas distribuidoras que, ellos sí, tienen capacidad para controlar los precios; también a los “políticos” en general como responsables de la defensa de su modelo de agricultura y de su medio de vida. Y les responden quienes dominan el sector que la economía de escala se impone, que adónde van con pequeñas producciones, que ya hay sobreproducción y que la de ellos sobra, que las subvenciones son para los más productivos, que los costes laborales que tienen son muy elevados y que sus ganancias tampoco son tantas. Cinismo no les falta.

Cada vez más la concentración empresarial aumenta: los seis primeros grupos de distribución alimentaria controlan el 54,4% del mercado en nuestro país. Solo el 6,6% de las explotaciones agrarias pertenecen a personas jurídicas (empresas) pero obtienen ya el 42% del valor de la producción (www.mapama.gob.es). A la vez aumenta la concentración de la propiedad de la tierra y disminuye el número de agricultores y ganaderos.

Ya pueden desarrollar leyes para mejorar la cadena alimentaria, agencias de información y control alimentario, ya pueden organizarse los agricultores y ganaderos en cooperativas, en organizaciones de productores y en asociaciones; las leyes de la economía capitalista se imponen: competencia feroz, dominio del capital financiero internacional y especulación. Como consecuencia sobreprodución de alimentos y la aparición de una burbuja que ya ha comenzado a estallar. Nuestra región se sitúa a la cabeza en cuanto a empresas que han tenido que llegar al concurso de acreedores; siete en el 2019 de Águilas, Lorca, Campos del Río, Lorquí, Alhama, Calasparra y Mazarrón que dejan a muchas pequeñas empresas proveedoras y a agricultores en serias dificultades y a trabajadores de almacenes y jornaleros del campo en el paro.

Son las consecuencias del llamado libre mercado que se intenta paliar ahora con algunos mecanismos de corrección. Porque el libre mercado solo es libre para algunos, crea riqueza para unos pocos y pobreza para el resto y no evitará la crisis de civilización a causa del cambio climático.

Si la sociedad no plantea alternativas al capitalismo, nada cambiará.

Cuando existe una gran preocupación en la sociedad por las consecuencias del cambio climático (el 81% de los ciudadanos en nuestros país piensan que no se hace lo suficiente para combatirlo) unos pocos, pero con muchísimo poder económico, solo ven negocio. Cuando comprobamos que las previsiones más negativas se van haciendo realidad, unos pocos, también, siguen esquilmando el territorio y aumentando sus ganancias. Y al calor del cambio climático quienes se han lucrado se postulan como los nuevos salvadores del planeta. ¡Viva el cambio climático! que nos hará seguir siendo ricos, piensan.

La reunión internacional (COP25) que se celebra en Madrid, es un momento para confrontar dos batallas: la de quienes queremos revertir este sistema productivista que nos lleva a un colapso social, económico y ecológico y quienes cegados por las ganancias a corto plazo niegan el cambio climático o solo ven en él “oportunidades de negocio”.

Los hay, sí, que a pesar de todas las evidencias de que el precipicio está cerca se revuelven contra ellas y siguen con sus empresas consumidoras de recursos como si fueran infinitos, con procesos productivos que generan residuos inasumibles; y consiguen poner a su servicio los aparatos administrativos y, si es preciso, el uso de la violencia para intentar seguir eternamente. ¿Será casualidad el golpe de Estado dirigido por EEUU en Bolivia con las recientes decisiones sobre la explotación del litio? Niegan que su modelo económico y social sea el responsable de la situación. Son negacionistas.

Un pequeñísimo número de científicos da apoyo a esos sectores económicos que temen por sus negocios; muchos de ellos contratados por la industria petrolera. Y un país, EEUU, que los abandera y que ha sido y es un freno para los tímidos cambios que los distintos Acuerdos internacionales han aprobado. Además de abandonar el Acuerdo de París, Trump explicó brevemente en un tuit su posición: “El Green New Deal —esa propuesta bienintencionada de evitar la crisis climática— llevaría a eliminar los aviones, los coches, las vacas, el petróleo, el gas y los militares”. Y en su defensa a ultranza del petróleo afirmó en abril de este año que “el ruido de los molinos eólicos causa cáncer”. De risa si no fuera porque este presidente pone en peligro con sus políticas hasta la misma vida del planeta. Y en nuestro país, los apoyos al partido republicano de Trump han venido del PP y ahora, con más entusiasmo, del partido a su derecha, que habla del “camelo climático” y de “tomadura de pelo”. Peligrosos negacionistas.

Pero el sector más amplio del mundo económico y político ante las evidencias de que los pronósticos se van haciendo realidad, hacen de la necesidad virtud y se aprestan a ocupar todos los nichos de negocio que van surgiendo para ofrecer productos con menor huella ecológica, con tecnologías verdes, economía circular… y lo que haga falta. Que algo cambie para que todo siga igual.

Que se cuestiona a las grandes multinacionales energéticas y petroleras y aparecen soluciones empresariales a pequeña escala o individuales de gente comprometida con el medio ambiente; esas oligarquías conseguirán que los gobiernos dificulten su desarrollo y monopolizarán la producción: ¡viva el cambio climático! —pensarán— que nos permitirá seguir aumentando las ganancias con solo una capa de pintura verde.

Que cada vez más gente cuestiona el modelo agroalimentario porque contamina aguas, suelos y seres vivos, empeora nuestra salud; no es problema, las empresas se harán bio, eco y orgánicas aunque exporten a la otra parte del planeta por tierra, mar o aire, aunque consigan eliminar a los pequeños productores, aunque sigan con la explotación laboral, aunque se alimenten de fondos buitre. ¡Viva el cambio climático! —dirán—que nos llenará los bolsillos con dinero blanqueado.

Que la lenta pero persistente acción del agronegocio ha llevado al Mar Menor a su agonía, ahí están sus valedores para que no decaiga su alegría. Uno de ellos, el consejero de agua, agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente —medio ambiente a la cola, sí— Antonio Luengo, en declaraciones sobre la Cumbre del Clima, decía que gracias a la agricultura sostenible, esa que mata al Mar Menor, nuestra región es un sumidero de CO2 . ¡Qué ironía!, que contribuye como el que más a captar el exceso de ese gas en la atmósfera, y, por lo tanto, “nos permitiría canalizar un importante flujo de recursos destinados al Mar Menor, como zona especialmente sensible al cambio climático”. ¡Viva el cambio climático!

Y es que estos cazasubvenciones se han aprendido las palabras clave y el vocabulario adecuado para conseguir que la UE, apruebe proyectos con buena cuantía económica: se trata, claro, de vender bien el producto. Así que ahora toca decir que los proyectos son sostenibles, que ayudan a la descarbonización, que combaten la desertificación, que promueven el desarrollo… y ¡ya está!, conseguida una subvención de la UE para “la conservación y puesta en valor del patrimonio natural costero y marítimo del Mediterráneo”; ¿del Mar Menor? Y pagan estudios para decirnos que la agroganadería industrial frena el cambio climático; y retuercen los datos para asegurar que la superficie de los invernaderos cubiertas de plásticos también lo frenan.

¡Y que siga la fiesta! Mientras, el consumismo, la otra cara necesaria para la expansión del “crecimiento económico”, se inculca como una religión y los 'black friday' colonizan aún más las mentes y los bolsillos. Consumo para calmar la ansiedad de quienes están enganchados, consumismo alentado con desvergüenza con un envoltorio de millones de luces para que entre mejor.

Pero hay esperanza: científicos, grupos en defensa del medio ambiente, algunas organizaciones políticas y muchas personas anónimas, proponen y llevan a cabo multitud de alternativas prácticas para reducir la contaminación, para utilizar medios de locomoción colectivos o sin el consumo de energías fósiles o se asocian para crear grupos de consumo basados en la agroecología, la sostenibilidad real y no de marketing, sin explotación laboral y autogestionados. Y presionan a las instituciones para que más allá de declaraciones rimbombantes se actúe con urgencia y sin miedo a los poderes económicos.

Luchemos contra el consumismo, como hacen jóvenes de tantos países unidos en redes internacionales. Escuchemos a quienes desde el conocimiento profundo nos avisan de la urgente necesidad de actuar, incluso con la desobediencia civil. Está en juego la naturaleza y las bases de la civilización.

El día 6 de diciembre en Madrid es una buena ocasión para unirse a la Marcha por el Clima y expresar bien alto con miles de personas de todos los países que no queremos este sistema que ha generado la crisis climática. Y si puedes, hasta el día 12 participa en la Cumbre Social por el Clima para conocer, debatir y proponer acciones efectivas.

Como cantan Tremenda Jauría: ¡¡Que no cambie el clima, que cambie el sistema!!

La grandiosa manifestación del día 30, como escenificación colectiva del estupor causado por las imágenes de miles de peces muertos en el Mar Menor y por la conciencia de que “hasta aquí hemos llegado” ante el enorme desastre ambiental, puede marcar un antes y un después sobre el papel de la agricultura industrial en nuestra región. O, siendo más realista y menos ambicioso, sobre las consecuencias de su desarrollo en el entorno del Mar Menor.

Y es que, toda la sociedad de nuestra región ha comprobado que el Mar Menor ha llegado a convertirse en un gran contenedor de basuras. No solo por una agricultura bulímica que vomita contaminantes a su alrededor, también por un urbanismo incontrolado, balsas con purines que llegan al subsuelo contaminando el agua con nitratos ¡por si había pocos!, contaminación minera con metales pesados, excesiva actividad náutica…

También comprobamos que aquellos avisos de científicos y de grupos de defensa del medio ambiente y ecologistas, de que el llamado cambio climático iba a producir efectos muy perjudiciales para todo el planeta han llegado ya. Ya no es algo ajeno a nuestras vidas diarias: hasta los niños saben que es una DANA y los mayores hablan de récords históricos de temperaturas como el que habla de lo cara que está la vida.

Pero, ¿solo es un desastre ambiental? “Queremos que la Región sea el mayor espacio de libertad económica del Mediterráneo y que los empresarios elijan invertir aquí” decía López Miras en el I Foro Internacional de Innovación, Sostenibilidad y Economía de la Región de Murcia. Y vaya que lo están consiguiendo: una batería de propuestas legislativas puestas en bandeja a la gran empresa que se suma a las estatales, un gobierno de las oligarquías empresariales y unas administraciones modeladas durante décadas a su servicio están haciendo de nuestra región el paraíso de inversores de aquí y de allí.

Y así es, capital especulativo de fondos de inversión y multinacionales que consideran el sector agrícola un negocio muy rentable: el precio de la tierra (declarado) sube año tras año y la región tiene el segundo precio más alto de todo el país para cultivos hortícolas de regadío y el más alto para los arrendamientos de cultivos hortícolas intensivos. Y cada año, las patronales del sector agroalimentario se felicitan de que sus ventas baten récords.

Todo va bien. Hasta que la burbuja agroalimentaria empieza a crecer y a dar síntomas de alarma: las primeras grandes empresas de la región han caído y otras tiemblan. Pero como la codicia no tiene límites y el agua no es un problema, por mucho que se quejen, aquí llegan proyectos de conversión de terrenos de secano en regadío para cultivos de almendra, olivo o pistacho, e incluso de cultivos tropicales de la mano de grandes empresas y la ayuda inestimable de organismos de investigación y de universidades subvencionados por esas mismas empresas. El “agua para todos”, ese trampantojo con el que la derecha ha ganado elecciones, resultó ser agua para unos pocos grandes empresarios, mientras que pequeños agricultores de regadíos tradicionales comprueban día a día como sus acuíferos y manantiales se agotan.

Todo va bien. Hasta que saltan las alarmas por los daños que ocasiona el agronegocio, por las ilegalidades que han llegado a cometer de sobra conocidas y que investiga la justicia y por la continua extorsión al resto de la sociedad para que legitimemos sus prácticas.

¿Libertad económica? Habrá libertad económica, pero solo para los grupos empresariales con más capital; y sí, libertad tienen para aplicar métodos de presión al resto de la sociedad: algunos son más seductores, desde alardear de la enorme riqueza que generan —sobre todo para ellos—, los numerosos puestos de trabajo que proporcionan —la mayoría en condiciones laborales infrahumanas—, de que “somos” la huerta de Europa, y dentro de poco del planeta; y repetir hasta la saciedad que su producción es sostenible, ¡cómo no!. Otras formas de presión se basan en que la sociedad asuma sus problemas y así se quejan continuamente de que sus campos sufren sed —pero cada año producen más—, que tienen pérdidas millonarias por los bajos precios o por las inundaciones o por las heladas o por…. Y si lo anterior no es suficiente pasan a las advertencias, mas bien amenazas, para que no se les estigmatice, ni se les criminalice, ni desprestigie, señalando a quienes hacen la menor crítica a los efectos que producen, incluso directamente a los grupos políticos que intentan introducir algunas medidas para paliar los desaguisados de esa agricultura. Las imágenes de un importante cargo en un sindicato agrario de la comarca amenazando con un garrote a trabajadores que sellaban un salmueroducto es solo un ejemplo de como defienden su modelo agrícola.

Esta libertad económica que pregona el Partido Popular aplicada al sistema agroalimentario no solo afecta al Mar Menor y a la extensa comarca que le rodea, sino a cualquier territorio que se acomode a sus intereses: lo saben bien en el Altiplano, en el Noroeste y en provincias cercanas.  En el resto de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor final se imponen prácticas mafiosas monopolísticas que consiguen arruinar a los pequeños agricultores, que casi desaparezca el pequeño comercio, que unas pocas multinacionales se apropien de la diversidad vegetal y animal, de los suministros agrícolas y, cada vez más, de los canales de distribución y venta de alimentos; es decir, esa libertad de la que gozan impone a la sociedad un modelo de alimentación para sus intereses, aunque en el imaginario de demasiada gente crean que su consumo es solo una decisión de libertad individual.

Pero hay esperanza: existen muchas iniciativas a nuestro alrededor que vislumbran  nuevas formas de producir y consumir alimentos: grupos de consumo de alimentos ecológicos a pequeña escala o cooperativas en grandes ciudades de nuestro país que agrupan a miles de personas; personas propietarias y usuarias de tierras que se asocian para colaborar en la protección de la naturaleza (custodia del territorio); grupos ecologistas y medioambientalistas como Ecologistas en Acción y ANSE que vienen realizando una labor impagable en defensa del territorio y de sus usos compatibles con el cuidado de la vida; asociaciones de educación ambiental, de defensa de la Huerta de Murcia, del patrimonio natural. También, activistas organizados para denunciar el sistema que ha originado la crisis climática y equipos de investigación en Agroecología y, lo que es más importante, una voluntad de muchos sectores de la sociedad que comprenden que nos jugamos mucho ante la crisis social, climática y ambiental que ha provocado una minoría explotadora que cada son más ricos mientras que los pobreza y la exclusión se extiende más y más.

Ahora toca hacer posible que el modelo de producción y consumo de alimentos alternativo al actual se desarrolle. Pero, para ello se necesita también un nuevo modelo de sociedad igualitaria y plenamente democrática. Hay mucho que hacer.

Y de los tomates, y de los pepinos, y de los melocotones, y de los cítricos. Se abandonan sin llegar a venderlos o su destino no es el mercado porque los precios no compensan recoger la cosecha. Hace poco ocurrió en Yecla: dicen que unos tres millones de lechugas se dejaron en el campo sin recoger. Muy bien por la Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca que denunció la situación incidiendo en las consecuencias: el derroche que supone producir alimentos para destruirlos, el consumo inútil de un bien tan preciado como es el agua que se necesitó para desarrollar el cultivo, la degradación del suelo… unido al desembarco, cada vez más, de grandes empresas que implantan un modelo agrícola y ganadero muy perjudicial para la comarca.

Situaciones parecidas ocurren desde hace muchos años; cuando los precios que se pagan son escasos, los agricultores o malvenden sus cosechas o las abandonan. Lo sabemos desde hace tiempo: las grandes cadenas de distribución y venta de alimentos consigue bajar los precios de los alimentos en el campo y multiplicar el precio de venta final a veces hasta por diez. Se llama especulación. Y la UE y el estado en vez de intervenir para evitarla dedica fondos para paliar la situación de quienes más salen perjudicados. Le llaman “prevención y gestión de crisis” y el resultado es que se bonifica la superproducción y la eliminación de los circuitos del mercado de la parte de producción que “sobra”. Solo desde mayo del 2018 a mayo de 2019 casi 114 millones de kg de frutas y hortalizas no han llegado a los mercados y se ha subvencionado con casi 20 millones a su destrucción o su entrega a organizaciones caritativas (fega.es).

¿Y qué se hace con esas cosechas eliminadas para su comercialización? Se entregan a organizaciones caritativas para su distribución gratuita o, sencillamente, se destruyen. Mientras, la especulación continúa.

Los tiempos van cambiando, sí. No hace tanto nos enseñaban de pequeños a besar el pan que se había caído al suelo como señal de aprecio al alimento más valorado; nos guardaban el plato que no habíamos acabado de comer para la cena y dábamos gracias, Señor, por los alimentos. Eran tiempos en los que poder comer adecuadamente todos los días exigía un esfuerzo material muy importante para gran parte de la población. Afortunadamente, para una mayoría de la población el gasto en alimentación ya no supone más del 50% del presupuesto familiar como ocurría en los años 50 del siglo pasado; ahora como media es menos del 15%; pero para mucha gente comer adecuadamente todos los días no es posible.

Y es que, no solo se dejan en el campo cosechas; una parte demasiado elevada de los alimentos comprados se desperdician por diversas causas. Se dice que hasta un tercio de la producción mundial de alimentos no llega a consumirse, lo que sería suficiente para alimentar a quienes pasan hambre. En los mismos circuitos de comercialización se desechan las frutas y hortalizas que no tienen un aspecto lustroso y se exhiben las piezas más simétricas, con color uniforme y a veces maquilladas con un precio mayor que las que tienen un aspecto menos atractivo. En consecuencia el consumidor asocia estas a mayor calidad y rechazará las que no cumplan esos requisitos. Despreciadas las cosechas que no alcanzan el precio deseado, despreciados los alimentos que no se adaptan a las modas que impone el mercado, despreciados, a veces, por tantas causas. Los alimentos son cada vez menos sustento para el cuerpo y más objetos de consumo sometidos a modas, tendencias o exhibición; consumismo vulgar fomentado por el sistema económico con el que nos manipulan y que produce enormes ganancias a quienes controlan la cadena alimentaria.

La paradoja es que a la par que se destruyen cosechas y se retiran alimentos de las estanterías, en estos últimos años aumenta la pobreza en nuestro país. Los datos se han difundido recientemente y señalan que en nuestra región lo hace de manera significativa, y como consecuencia, también aumentan las dificultades para tener una alimentación suficiente y sana. No lo parece a simple vista, pero en 2009 el banco de alimentos del Segura (la principal entidad en la región de Murcia) repartió 3.500 kg; ahora, en 2019, esa misma entidad repartirá más de 2 millones. Además, otras organizaciones, como Cruz Roja o los ayuntamientos harán entrega desde mayo de este año hasta febrero del año próximo de más de 3,6 millones de kg solo en nuestra región.

Está bien que aquellas personas que los están pasando muy mal puedan paliar un poco su situación alimentaria, aunque esa ayuda no cumple el “derecho a la alimentación” que está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido por el derecho internacional; pero se trata solo de ayudas puntuales que siguen dejando a las personas en situación de pobreza.

Así que todo bien, ¿exceso de producción y exceso de pobres? No pasa nada: sobra producción en los campos que ya no puede venderse para dársela a los pobres. Sobra también producción que está a punto de caducar o no tiene venta y se acumula en los almacenes de la cadena de distribución o en los supermercados: no pasa nada, se dona a los bancos de alimentos, eso sí, bien publicitado y fotografiado, que de eso se trata. Y encima desgrava en hacienda. A eso se apuntan multinacionales, bancos, empresarios… También personas solidarias y arrastradas por las campañas navideñas difundidas por todos los medios: “La Gran Recogida de Alimentos” anuncian sin parar cuando llegan las fechas en las que se ablandan las conciencias; y mucha gente se convierte en mano de obra para ese gran montaje caritativo.

Así, un derecho básico como es el acceso a alimentos, también a la parte de la población más pobre, se convierte en un engranaje más del sistema agroalimentario para retirar excedentes. ¡Y celebran, como un gran éxito, que cada año reparten más comida! Éxito para la cadena agroalimentaria que consigue beneficios donde había pérdidas, éxito para las organizaciones caritativas, en su mayor parte de carácter religioso, que los utilizan para acrecentar su poder, éxito para quienes consideran la pobreza un componente necesario de la sociedad.

La paradoja es un sistema agroalimentario que se vanagloria de aumentar sus negocios año a año, de conseguir producciones y rentabilidad siempre en aumento, pero que expulsa a los pequeños agricultores de sus tierras, contribuye al aumento de la pobreza por la explotación laboral de sus trabajadores y los precios abusivos, que depreda los recursos ambientales, que provoca el cierre de las tiendas de alimentación y que produce una alimentación insana.