“Realmente lo que me importa es la vida” (Virginia Woolf)

Me diagnosticaron cáncer de próstata en julio del año pasado, tres meses después de que el análisis de sangre de la revisión médica anual del trabajo avisara de que algo iba mal.

Por lo común, el de próstata es un cáncer de buen pronóstico, pero al parecer yo no fui muy afortunado en este aspecto; el mío es un tumor agresivo, entendida la agresividad como mayor capacidad de diseminación, y además ya en el momento del diagnóstico se había extendido por la pelvis. Es lo que los oncólogos llaman cáncer localmente avanzado, según he tenido la oportunidad de aprender. La consecuencia práctica para mí más importante es que ya no cabe operación o, por mejor decir, que la operación no resolvería nada; el plan pues consiste en seguir un tratamiento hormonal durante tres años y someterme a un número determinado de sesiones de radioterapia. Ateniéndonos con rigor a este plan, por lo visto, podemos albergar esperanzas sólidas de salir adelante.

Los sentimientos que me atenazaron cuando conocí el diagnóstico supongo que no distarán mucho de los que hayan asaltado a tantos miles de personas colonizadas por este feroz intruso. En mi caso, llovía sobre muy mojado. En marzo de 2020 estuve hospitalizado con neumonía bilateral causada por covid-19, enfermedad que acabó con la vida de mi madre cuando yo aún permanecía ingresado, y desde entonces he arrastrado un cúmulo de secuelas que han lastrado mi vida cotidiana. El cáncer se presentó como una apisonadora cuando llevaba unos pocos meses dichosos en los que parecía que mi organismo por fin salía del atolladero.

Te preguntas, sospecho que invariablemente y por más irracional que se antoje hacerlo, por qué a ti. Sientes miedo, mucho miedo. Anhelas saber de inmediato qué sucederá en el futuro. La incertidumbre es terrible y puede resultar psicológicamente devastadora. Interrogas al médico con ansiedad.

Si tienes la suerte de que la noticia te la dé un médico, que era lo que yo me figuraba que sucedía siempre. Uno se imagina la escena del facultativo buscando las palabras más precisas pero menos dolorosas, y mostrando, al tiempo que echa el jarro de agua fría sobre el paciente, cuáles son las ventanas a la esperanza, las posibilidades de tratamiento, los pasos a seguir en el futuro. Pero yo no supe que padecía cáncer porque me lo dijera ningún médico, sino porque lo leí, un domingo por la noche mientras veía la televisión en casa, en mi teléfono móvil, en el informe de la biopsia que habían colgado en mi carpeta de salud veintitrés días antes de entrevistarme con el especialista.

Mi médico de cabecera solicitó, por comunicación interconsulta, que se me adelantara la cita, y yo mismo escribí al servicio de atención al paciente implorando que, si no era posible el adelanto, al menos me llamara alguien e invirtiera unos pocos minutos en responder las tres o cuatro preguntas elementales que a uno le brotan cuando recibe noticia semejante. Y reconocí, por escrito y con sinceridad, que tenía miedo. No hubo contestación alguna, ni a mi médico de cabecera ni a mí, y durante veintitrés días interminables mi compañera y yo masticamos a solas un diagnóstico de cáncer, incurriendo además, inevitablemente, en la temeridad de consultar el significado de los términos técnicos del informe en internet.

Me sucedió lo mismo con el resultado de la prueba que determinó que el cáncer ya había afectado a varios ganglios fuera de la próstata. Esta vez tuve que esperar casi un mes para la consulta desde que supe que había comenzado la metástasis en las proximidades del tumor. Aunque para esta ocasión tuve también la inmensa fortuna de conocer, gracias a un gran amigo, a una persona profundamente conocedora de mi tipo de cáncer y de inmensa generosidad y asombrosa bondad que, hasta el día de hoy, me ha orientado y ha evitado que me invadiera la exasperación. Pero éste es naturalmente un insólito lujo. En casos similares, la exasperación es lo corriente.

Ignoro a cuántas personas les habrá ocurrido lo mismo que a mí, pero me consta que no soy el único y que ni siquiera se trata de un hecho infrecuente. ¿Tan difícil resulta crear un sistema de alarmas y filtros que permitan acompasar la atención del profesional médico al conocimiento de diagnósticos de esta naturaleza por el paciente gracias a su carpeta de salud, una aplicación informática por lo demás muy útil? ¿Por qué no utilizamos las herramientas técnicas, también, para humanizar el trato con los enfermos, para aliviar el padecimiento emocional que siempre acompaña al sufrimiento físico?

Es sólo un ejemplo de una organización que, por indiferente al dolor psíquico, se convierte en algo cruel. Las listas de espera, la masificación de los centros sanitarios, los periodos eternos de ansiedad aguardando noticias que no llegan y sin nadie que se dirija a ti, los teléfonos que no se descuelgan, los laberintos burocráticos que se yerguen como muros infranqueables para personas mayores y para otras a las que, sin serlo, la enfermedad vuelve frágiles, los males que causa la escasez de recursos y los que se deben a una gestión sin alma se transforman en auténticas losas cuando hablamos del cáncer.

Y lo más imperdonable es que existen las condiciones para evitar tan desgraciada realidad.

La primera, y sin duda la más importante de todas, la condición humana. Mi experiencia, tanto en el periodo de hospitalización por covid-19 como a lo largo del tratamiento del cáncer, es la de haber hallado en nuestro sistema sanitario público los más emocionantes y admirables ejemplos de generosidad humana y de competencia y tenacidad profesionales. Y no me refiero en exclusiva a los médicos. Lo usual es que todo el personal sanitario, de enfermería, auxiliares o celadores se esfuerce, a pesar de las dificultades que han de soslayar para ello, en crear un oasis de afecto cuando te encuentras en sus manos y te sientes vulnerable. Debo particular gratitud, sin desmerecer a ningún otro grupo, a médicos de familia y a especialistas de oncología y, como en el 2020, he quedado conmovido por la profesionalidad y el cariño de los trabajadores sanitarios más jóvenes, hecho éste por sí solo preñado de buenos augurios para el futuro si supiéramos aprovecharlo.

La prodigiosa celeridad con la que avanza la investigación sobre el cáncer es otro excelente cimiento. Pertenezco a una generación que conoció aquellos dramáticos tratamientos de quimioterapia en los que se sometía al paciente a un bombardeo indiscriminado que aniquilaba la salud intentando salvar la vida. Hoy, apenas unas décadas después, nos pasma a los legos la profundidad y exactitud alcanzadas en el conocimiento de cada tipo cáncer, la multitud de estrategias para afrontarlo y el avance en tratamientos de quimioterapia y radioterapia infinitamente menos dañinos.

Un sistema sanitario público organizado racionalmente y sostenido por un sistema tributario universal y progresivo posee, por su propia naturaleza, capacidad para poner a disposición de toda la ciudadanía las terapias más avanzadas descubiertas por la ciencia. He dedicado a demostrarlo la mayoría de artículos que he escrito desde hace más de un lustro y que este medio ha tenido la gentileza de publicar. Ningún gasto es más importante en una sociedad, ninguna forma de solidaridad es más hermosa ni valiosa. El aumento sustancial de recursos invertidos en sanidad, económicamente posible si es ésa la elección política que se adopta, es la mejor manera de paliar el padecimiento psicológico de los enfermos.

Pero hay más. Resulta imprescindible que los gestores asuman que el dolor psicológico siempre existe y que hay que abordarlo. La escualidez del servicio de atención psicológica en la sanidad pública es prueba fehaciente de que jamás ha preocupado a nuestras autoridades la salud mental, una carencia trágica en la sociedad actual. En este punto, la labor realizada por la Asociación Española contra el Cáncer resulta vital para miles de enfermos y familiares. Pero el sector público debe poseer sus propios recursos, porque hay pacientes de otras dolencias que los precisan y porque, a la angustia que genera el cáncer, se ha de sumar que a menudo la enfermedad o su tratamiento despierten otros fantasmas, angustias del pasado no superadas.

No atribuyo facultades milagrosas al estado de ánimo; son la ciencia y el arte médicos las que pueden curar. Pero la cooperación que el paciente ha de prestarles exige que la depresión y la ansiedad no lo paralicen.

A pesar de lo hasta aquí escrito, me tengo por una persona muy afortunada. Hay quien me aconseja; siendo mi cáncer de los peores dentro de su especie, no es la suya una de las peores especies de cáncer, y, sobre todo, gozo del cálido cobijo de amigas, amigos, compañeros de trabajo y familia. Sin embargo, miles de personas padecen un dolor añadido al de su enfermedad que deberíamos esforzarnos por paliar.

También cabe proveer colectivamente la ternura, y merece la pena hacerlo, habida cuenta de que la vida es el más precioso de nuestros tesoros.

Muchas de las personas que ya contamos con más de 50 años atesoraremos sin duda, entre los más gratos recuerdos de nuestra infancia, adolescencia o juventud, aquella prodigiosa serie de divulgación científica que se titulaba Cosmos, y no pocos guardaremos en casa la lujosa edición en libro del programa televisivo. Lo presentaba y fue también su guionista principal el astrónomo y astrofísico Carl Sagan, quien, de vivir hoy en día, habría cumplido 90 años en este último mes de noviembre.

El nombre completo de la serie fue Cosmos: un viaje personal y, a pesar de que apenas se emitieron trece episodios, se convirtió con pleno merecimiento en uno de los documentales de divulgación más célebres de la historia, si no el que más. En la introducción al libro, el propio Carl Sagan hablaba de cerca de 140 millones de telespectadores en todo el mundo. En 2014 se emitieron otros trece episodios de una continuación que se tituló Cosmos: una odisea en el espacio-tiempo, presentada por el astrofísico Neil deGrasse Tyson y producida, entre otros, por la escritora Ann Druyan, viuda de Sagan que también había sido guionista de la serie original.

Entre los atractivos que con toda seguridad contribuyeron al éxito del primer Cosmos se han de contar su belleza visual y un magnífico fondo musical, con composiciones de Vangelis y Jean-Michel Jarre. Pero su mayor valor radica en la asombrosa capacidad de Sagan para reunir lo esencial del sinfín de conocimientos físicos, astronómicos, matemáticos o filosóficos acumulados por el ser humano a lo largo de la historia y para presentarlo ante el público general de forma a un tiempo clara, amena y rigurosa. No se limitaba a enumerar y exponer hallazgos y principios de la ciencia, sino que nos mostraba cómo se habían gestado y de qué preguntas había partido el camino hacia ellos. Y esto le sirvió para contagiar al espectador, como ningún otro divulgador científico lo ha hecho, el amor por la ciencia (“cuando uno se enamora, quiere contarlo”, escribió), la pasión por aprender, que él siempre creyó innata en todo ser humano. Son los niños, acostumbraba a decir, quienes siguen haciendo las preguntas fundamentales.

Sirviéndose de una cartulina y dos palos, nos explicó de qué modo sencillo y genial había probado el sabio Eratóstenes que la Tierra era esférica en el siglo III antes de Cristo y cómo había sido capaz de medir con admirable precisión el diámetro de su circunferencia. Y explicó a un grupo de escolares, respondiendo a la pregunta de una niña, por qué era precisamente esférica la Tierra y no de otra forma. 

En Cosmos oímos hablar muchos por primera vez de los agujeros negros. Se nos enseñó, años antes de que invadiera nuestras vidas el celebérrimo buscador de internet, que “gúgol” (o google) era el nombre que había dado a un número gigantesco, diez elevado a cien, el sobrino de nueve años del matemático norteamericano Edward Kasner, a petición de este. Se nos narró la apasionante búsqueda de la armonía universal que condujo a Kepler a dar con el movimiento de los planetas, gracias a las mediciones de un tipo tan extravagante como Tycho Brahe. Descubrimos el espíritu práctico e indagador de los científicos jónicos (Tales, Anaximandro, Anaxágoras, Demócrito y otros) a los que en los manuales de historia de la filosofía se acostumbraba a menospreciar con la rúbrica conjunta de presocráticos, como si anteceder a Sócrates hubiese sido su único mérito, desconociendo su papel crucial de pioneros del método científico. Entendimos el significado del tesoro perdido con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y oímos hablar, la mayoría de nosotros también por primera vez, de la matemática y astrónoma Hipatia.

Aprendimos que el Sol es una gran bola gaseosa de hidrógeno y helio y supimos de la fascinante vida de las estrellas o los frágiles equilibrios que posibilitan la vida en la Tierra, por los cuales Carl Sagan nos hizo ver la inmensa responsabilidad que como especie adquirimos en su cuidado y conservación. “Sabemos quién habla en nombre de las naciones –escribió-. Pero ¿quién habla en nombre de la especie humana? ¿Quién habla en nombre de la Tierra?” Estremece percatarse de que aún hoy, más de cuarenta años después, seguimos sin poder responder a estas dos preguntas.

Pero lo más importante de cuanto nos transmitió Sagan fue la convicción de que la ciencia, a pesar de sus imperfecciones y en gran medida gracias a ellas, es con mucho la más valiosa herramienta de que disponemos para sobrevivir y prosperar como especie, porque lleva incorporado en su seno el mecanismo por el que se autocorrige. Tiene dos reglas, aseguró en el último capítulo de Cosmos. Primera: no existen verdades sagradas ni sirven los argumentos de autoridad. Segunda: hay que revisar todo lo que no cuadre con los hechos. De modo similar, Bertrand Russell había escrito en La perspectiva científica que nadie que tenga espíritu científico afirma que lo que en la actualidad cree la ciencia sea exacto, sino un escenario en el camino hacia la verdad. “Cuando se produce un cambio en la ciencia, como, por ejemplo, de la ley de la gravedad de Newton a la de Einstein, lo que se había hecho no es derrocado, sino que es reemplazado por algo un poco más preciso”.

Puede resultar desalentador recordar a un hombre como Carl Sagan en el borrascoso tiempo que nos ha tocado vivir, en el que la irracionalidad reconquista millones de mentes, medran payasadas como el terraplanismo, resurge el nacionalismo más obtuso, poderosos dirigentes políticos se jactan de su ignorancia, se alzan arrogantes teocracias de mentalidad medieval en países sumidos en la miseria y, sobre todo, miles de personas, miles de niños, sucumben en guerras bestiales. 

“Lo que significa un ser vivo –escribió Hermann Hesse en el pórtico de su novela Demian-, se sabe hoy menos que nunca, y por eso se destruye a montones de seres humanos, cada uno de los cuales es una creación valiosa y única de la naturaleza”. Y Carl Sagan, en Cosmos: “En la perspectiva cósmica, cada uno de nosotros es precioso. Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en cien mil millones de galaxias”.

Él no ignoró esta sombría deriva de nuestras sociedades y, poco antes de su muerte en 1996, nos dejó un libro asombroso cuya lectura hoy sobrecoge por la lucidez con que anticipó lo que se nos avecinaba. Lo tituló El mundo y sus demonios y constituye uno de los más emotivos y mejor armados alegatos a favor de la razón que jamás se hayan escrito.

“Preveo cómo será la América de la época de mis hijos o nietos (nosotros bien podríamos sustituir aquí América por Europa): … una economía de servicio e información; casi todas las industrias manufactureras clave se habrán desplazado a otros países; los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de unos pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes; la gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento de causa a los que ejercen la autoridad; nosotros, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto, nos iremos deslizando, casi sin darnos cuenta, en la superstición y la oscuridad”.

Es también, a pesar de todo, un libro profundamente esperanzador. El ser humano ha demostrado con amarga contumacia su capacidad para cometer los más escalofriantes actos de crueldad, pero también su capacidad para crear, para tejer redes de solidaridad, para sublevarse contra la injusticia y el alcance inagotable de su curiosidad. Estas últimas facultades son las que invoca Carl Sagan. 

La verdad es que, sea cual sea la proporción de optimismo y pesimismo que anide en cada uno de nosotros, si amamos nuestra propia vida y las personas que junto a nosotros la transitan, no nos queda otro remedio. O, para decirlo con el refrán que Carl Sagan coloca al principio de El mundo y sus demonios: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”. 

Hace unas semanas levantó bastante polvareda la propuesta del señor Antonio Garamendi de que los trabajadores percibieran no sólo el que se denomina salario neto, sino también el importe de la retención de IRPF y todas las cotizaciones sociales, tanto las correspondientes al trabajador como las que se pagan por cuenta de la empresa, para que luego fuese el mismo trabajador quien se encargara de efectuar los ingresos en el Tesoro Público. El objetivo sería, dijo, que los trabajadores adquiriesen conciencia del coste real de su salario.

El verdadero propósito de la sugerencia se encuadra dentro del persistente ataque a los sistemas tributarios que venimos presenciando de unos años a esta parte, dentro de una guerra más general de derribo de los restos del Estado social. Ni siquiera creo que se proponga en serio. Es improbable que la patronal ignore que la ejecución técnica de suprimir las retenciones fiscales en la fuente ocasionaría tal elevación de costes de gestión y menoscabaría de tal modo la eficiencia del sistema, que llevaría al Estado a la quiebra, lo que en nada aprovecharía a las empresas, desde luego.

Se están invirtiendo millones en campañas mediáticas y publicitarias que presentan los impuestos como una losa asfixiante para la ciudadanía. El deterioro creciente de los servicios públicos desde luego les ayuda, y la izquierda y el movimiento obrero deberían entender que o son capaces de reconstruir un robusto tejido de servicios comunitarios esenciales o estarán derrotados. Lo mismo cabría decir de la erosión de la progresividad. No se puede pedir que la gente desembolse cerca del 30 por ciento de sus ingresos de manera permanente si el retorno que viene del sector público se reduce a modestas transferencias para evitar que los muy pobres mueran de hambre y a alguna que otra regulación o subvención de precios, en tanto la sanidad, la educación o los transportes públicos se caen literalmente a pedazos, o mientras resulta bien visible la facilidad con que las grandes fortunas eluden el fisco.

Pero habría, a mi juicio, otras dos lecturas de la idea sobre las que quizá ni su autor haya reparado.

Para empezar, la propuesta patronal solamente es concebible, de manera tácita o explícita, si se parte de la noción marxista de salario. Concretamente, de aquella que se expone en la sección sexta del libro primero de 'El Capital'. El presidente de la CEOE habló de la totalidad de los costes salariales y, unos días después, un análisis de abierto apoyo a la iniciativa firmado por Ricardo T. Lucas para Expansión llevaba por título 'El Estado no quiere que el trabajador sepa todo lo que se queda de su sueldo'. Afirmación que carecería de sentido si se refiriese en exclusiva al que se tiene por salario bruto (lo que percibe el trabajador más la retención de IRPF y su cotización social). Primero porque todas las cantidades retenidas e ingresadas en el Tesoro por cuenta del trabajador se consignan en su nómina. Segundo, porque el mismo Garamendi incluye en la propuesta las que se consideran cotizaciones por cuenta de la empresa.

Así pues, todo es salario, que de esta forma vendría a definirse, de acuerdo con Karl Marx, como el nombre especial dado al precio de la fuerza de trabajo que usual, y erróneamente, se llama precio del trabajo. Cuando un empresario contrata a un trabajador por el salario mínimo sabe que ha de pagar en torno a 1.700 euros mensuales, (el que se tiene por salario en sentido estricto más el tercio aproximado de cotizaciones sociales empresariales). Al empresario le da lo mismo entregar todo el dinero al trabajador que una parte al trabajador y otra a Hacienda, a la Seguridad Social o a una mutualidad. Para él todo es precio, para él todo es salario. En otras palabras, es parte del capital que destina a comprar la disposición temporal de la capacidad de trabajo de sus empleados, denominada por Marx capital variable, por contraposición al capital constante, porque tras el proceso de producción reproduce su equivalente y un excedente por encima de él al que se conoce como plusvalía.

Entendido esto así, la diferencia entre cotización empresarial y cotización del trabajador supone en gran medida una ficción jurídica sin contenido económico y la totalidad del coste de las pensiones resultaría estar financiándose con una parte del salario de los trabajadores. Aún más, cada rebaja de las cotizaciones empresariales supondría una rebaja encubierta y fraudulenta de salarios, salvo que los ingresos del trabajador se incrementaran en el importe exacto de la rebaja. ¿O el señor Garamendi quiere, caso de que se entregara todo el coste laboral al trabajador, que las rebajas de cotizaciones sociales menguaran sus ingresos? Uno ha de ser coherente con lo que propone.

Si no soportáramos al parásito del Estado, le vendría a decir la patronal a los trabajadores, ambos nos beneficiaríamos: vosotros cobraríais salarios más altos y nosotros incrementaríamos nuestros beneficios. No dice, naturalmente, que se reducirían los fondos destinados a la educación y la sanidad que de otra manera los trabajadores no podrían permitirse, o directamente al pago de pensiones que garantizan una vejez digna; ni que el aumento del beneficio empresarial se detraería de esa pérdida de derechos de los trabajadores sin que éstos ni mucho menos recuperasen en forma de salario líquido cuanto en salud y educación perdieran.

Y hay aún otra derivación importante. 

La propuesta presume que la forma en que se recaudan algunos impuestos oculta al contribuyente la carga fiscal que soporta. Y esto es cierto como hecho general. Lo denunció hace más de un siglo el economista italiano Amilcare Puviani en su obra 'Teoría de la ilusión financiera', de la que en 1972 el Instituto de Estudios Fiscales sacó a la luz la única edición en castellano que conozco.

Pero el señor Garamendi se equivoca al apuntar a los tributos en los que esto sucede; ni el IRPF ni las cotizaciones sociales adolecen de opacidad alguna; serán más o menos justos, escasos o excesivos, pero diáfanos: representan un porcentaje de nuestros ingresos. Lo contrario sucede con los impuestos indirectos. Y no ya porque para la inmensa mayoría de nuestras compras cotidianas no se nos expida factura. Aunque dispusiéramos de factura de todos nuestros gastos, ¿quién sabe qué porcentaje de sus ingresos mensuales representa el IVA de la totalidad de sus compras?

Si la propuesta del señor Garamendi se aplicara al IVA y, en lugar de sernos repercutida la cuota del tributo por el peluquero o por el ferretero, Hacienda anotara todas y cada una de nuestras compras y nos cobrara el total de IVA a final de mes, saltaría a la vista que no sólo no es un tributo progresivo, sino que ni siquiera es proporcional. Su impacto es radicalmente regresivo. Un ejemplo extremo lo probará. Una persona que gane 1.000 euros al mes precisará de sus ingresos íntegros sencillamente para sobrevivir. Si supusiéramos un tipo único de IVA del 21% para simplificar el supuesto, estaría aportando al fisco más del 17% de todo lo que gana. Otra persona que ganase un millón mensual, no llevaría mal tren de vida si gastara 50.000 euros al mes. Ésta pagaría por IVA poco más del 0,8% de sus ingresos (el 17,35% de sus 50.000 euros de consumo). Así pues, ganando mil veces más que el primero y consumiendo 50 veces más pagará 20 veces menos impuesto. A lo que habrá que añadir que, dado que el IRPF privilegia las rentas de capital sobre las de trabajo, también tributará mucho menos por el rendimiento adicional que obtenga de su ahorro.

En esto consiste la ilusión financiera. Hemos admitido todos pacíficamente que el sistema tributario es más o menos progresivo, o al menos proporcional, porque en conjunto hay un peso similar de impuestos directos e indirectos, porque el tributo directo que más ingresos públicos aporta es también el más progresivo y porque tomamos a los indirectos por tributos aproximadamente proporcionales. Pero lo son sólo respecto a su base, que es la renta consumida, no respecto a la renta ganada, que es la que de verdad refleja nuestra capacidad económica. 

Se trata de una ficción que conviene a la clase dominante y que articula el Estado, según nos avisó Puviani tan temprano como en 1903.

De lo que podríamos deducir que sí cabría aliviar la carga fiscal de la clase trabajadora y de las capas más modestas de la población sin, además, reducir los fondos destinados a bienes y servicios públicos. Bastaría con la nivelación completa en tributación directa de rentas de capital y de trabajo, la rebaja sustancial de impuestos indirectos y un aumento equivalente de los directos, amén de un gran incremento en la tributación de grandes patrimonios y rentas.

Si el señor Garamendi está dispuesto, ¿por qué no?

El pasado septiembre el PP volvió a presentar en el Senado una proposición de ley para la eliminación completa en toda España del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Es un empeño sobre el que la derecha vuelve cada cierto tiempo y que ha convertido en una de sus principales banderas, si bien en esta ocasión con la novedad de que la mayoría de que goza en la Cámara Alta le podría permitir que la iniciativa llegase al Congreso, en donde no sería improbable que dos de los grupos nacionalistas tradicionalmente favorables a la supresión de este gravamen, Junts y el PNV, la votaran a favor.

Si tal cosa sucediera, alguna pregunta ingrata debería formularse tal vez el Gobierno acerca de sus alianzas. 

Sea como fuere, diciembre ha dejado aún abierta la disputa procedimental con el Consejo de Ministros, que pretende que la iniciativa no sea tomada en consideración habida cuenta de que, según dispone el artículo 134.6 de la Constitución, su coste presupuestario exige para su tramitación la conformidad del Gobierno, que no ha sido prestada.

Nos debería asombrar la vehemencia y persistencia de esta disputa si nos fijáramos en exclusiva en el escaso peso cuantitativo que en el conjunto de ingresos fiscales del Estado alcanzan los dos tributos directos cedidos a las Comunidades recurrentemente cuestionados, el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. De manera muy significativa, en cambio, el de Transmisiones Patrimoniales, impuesto indirecto que grava determinadas operaciones entre particulares, no parece estorbar a nadie. De hecho, tan parva cuantía es uno de los argumentos esgrimidos por el PP para su supresión. Y cierto es que no supondría un quebranto irreparable para las arcas públicas dejar de cobrarlo, pero, por el mismo motivo, y dado que ambos gravan principalmente los más elevados patrimonios, podría argüirse que no parece que su existencia resulte tan asfixiante.

Sin duda, el grueso de modificaciones de una reforma estructural de nuestro sistema tributario que permitiera lograr financiación suficiente para los servicios públicos y una mayor justicia social habría de afectar a los grandes impuestos: el IRPF, en el que habría que caminar hacia la desaparición de la tributación privilegiada de las rentas de capital sobre los rendimientos de trabajo, el IVA, cuyo volumen de fraude sigue siendo alarmante, y el Impuesto sobre Sociedades.

Se ha de añadir, no obstante, que los dos tributos polémicos cumplen funciones estratégicas en el sistema diferentes de la meramente recaudatoria, lo que eleva su trascendencia por encima de los ingresos que propicien. Con el de Patrimonio se persigue captar parte de las plusvalías latentes que genera el capital y que eluden la tributación, desempeña una función de censo de la riqueza, en tanto que fuente de renta, y adecuadamente gestionado posee la capacidad de estimular un uso de la propiedad más productivo y provechoso para el conjunto de la sociedad, en concordancia con el mandato de los artículos 33.2 y 128.1 de la Constitución. El de Sucesiones y Donaciones busca que no se perpetúen y ensanchen generación tras generación las desigualdades de riqueza hasta el punto de convertirse en un lastre para la prosperidad general.

En el desempeño de estas funciones ejercen como figuras auxiliares del Impuesto sobre la Renta, alcanzando a donde éste no llega y armando junto a él la triada que constituye la columna vertebral de la progresividad del conjunto del ordenamiento tributario. Ésa es y no otra la razón de la ira que provocan en las élites económicas, a las que jamás se les despintó que vivimos en una sociedad de clases. 

Sus posibilidades han vuelto a ser explicadas en estos años de forma documentada y pedagógica por el economista Thomas Piketty, pero en realidad, mucho antes de que el autor de 'Capital e ideología' lo hiciese, ya se encontraban perfectamente plasmadas en el documento económico de los Pactos de la Moncloa y en las exposiciones de motivos y las presentaciones de la reforma fiscal impulsada por UCD en 1977 que respaldó la práctica totalidad de partidos políticos, incluidos quienes hoy aspiran a su eliminación.

Pero hay dos aspectos derivados de la propuesta principal en la proposición de ley del PP que arrojan una inesperada luz sobre el fondo que se debate.

Del primero hablé en un artículo publicado por este mismo medio hace ya más de cuatro años ('La paradoja del Impuesto de Sucesiones: suprimirlo podría obligar a los herederos a pagar mucho más').

Efectivamente, si las ganancias patrimoniales obtenidas a título gratuito (herencias, legados, donaciones o determinadas prestaciones de seguros de vida) no son gravadas por un impuesto específico, pasarán a tributar de manera natural por el IRPF, cuyo hecho imponible es la totalidad de las rentas obtenidas en todo el mundo por las personas físicas. Las ganancias patrimoniales se configuran como una de las cuatro fuentes de renta y no hay razón alguna para que las que se obtienen a título oneroso (la ganancia obtenida al vender nuestra casa, por ejemplo) y algunas de las gratuitas (como los premios) sí se graven y no se haga con las provenientes de herencia o donación.

La vigente ley de renta las declara no sujetas porque ya lo están a un impuesto específico, que por cierto ofrece a estas ganancias un tratamiento bastante menos oneroso del que recibirían del IRPF. Pero si el impuesto específico deja de existir, quedarán sujetas en la medida en que se encuadran en el hecho imponible del tributo general.

Naturalmente esto es algo que en el PP saben. Por ello en su proposición de ley incluyen sendas disposiciones finales que declaran expresamente no sujetas al IRPF y al IRNR (el de renta de no residentes) las ganancias obtenidas por herencia, legado, donación o seguros de vida no contratados por su beneficiario. 

Ahora interesa reparar en lo que esto significa.

Queda desmontada la pertinaz patraña de la doble imposición. Pues, en efecto, se trata de rentas que no habían sido gravadas con anterioridad (con independencia de lo que por ellas pudieron pagar otros contribuyentes) y que, en ausencia de un gravamen específico, han de tributar en IRPF como cualquier otra renta. Y para que esto no suceda la ley ha de hacer una excepción expresa. En mi opinión ni siquiera es técnicamente correcta para el caso la figura de la no sujeción. Para lograr con rigor jurídico lo que el PP pretende la figura adecuada es la exención, con la que se deja fuera de tributación hechos o negocios que entran en la definición del hecho imponible del tributo, pero a los que, por la razón que sea, social o de otro tipo, se exime de pago.

Y es que ante un privilegio estaríamos, contrario a mi juicio al principio de igualdad ordenado por el artículo 31.1 de la Constitución para esta materia. ¿Qué razón y de qué índole justifica que una persona que reciba por herencia, donación o legado más de cuatro millones de euros, pongamos por caso, no contribuya ni con un céntimo al bien común y quien gane apenas 25.000 euros al año gracias a su trabajo deba pagar más de 2.000 euros? Aún más, ¿dónde queda la dichosa aspiración a una sociedad meritocrática que los promotores de estos cambios fiscales enarbolan cuando, de todas las rentas, son precisamente aquellas que se logran sin coste las que se quieren excluir de contribución?

Y hay un segundo aspecto de interés. 

El PP propone que las Comunidades Autónomas sean compensadas por el Estado por la pérdida de ingresos, unos 2.800 millones de euros, que la desaparición del tributo implicaría. La compensación debería mantenerse hasta que se reformara el sistema de financiación autonómico, se entiende que para establecer alguna fuente sustitutiva de recursos.

Habría que apuntar que si tan pobre es la recaudación obtenida como el mismo PP asegura para fundamentar su propuesta, tampoco debería ser muy preocupante para las Comunidades el menoscabo. Pero lo más importante es preguntarse de dónde saldrían los 2.800 millones de euros de compensación. Naturalmente, de la aportación fiscal de toda la sociedad.

Y éste es el fondo de la cuestión. De esto se hablaba desde el principio, aunque quedase velado por la retórica. No se trata de reducir impuestos a todo el mundo, sino de que la totalidad de los contribuyentes paguemos la reducción de impuestos de los más ricos. Es, sin más, una transferencia de rentas de abajo arriba. En el fondo, esto ocurriría también si la pérdida de ingresos se saldara con un empeoramiento de servicios públicos, pero que en esta ocasión se especifique quién correrá con el coste de la fiesta nos lo hace ver con una claridad digna de agradecer.

“Canto que ha sido valiente

siempre será canción nueva“

Víctor Jara, “Manifiesto”

En este año en que se cumple medio siglo del golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet en Chile y patrocinado en la sombra por la CIA, el historiador y periodista Mario Amorós nos ha regalado una preciosa biografía de Víctor Jara (La vida es eterna. Biografía de Víctor Jara, Ediciones B, 2023). El título nace de uno de los versos de la canción “Te recuerdo Amanda”, la más célebre de cuantas compuso el cantautor chileno y, sin duda, uno de los más bellos poemas de amor jamás concebidos, resonante durante décadas alrededor de todo el mundo en las más ilustres voces, aparte de la de su autor: en la de Serrat y Joan Baez, en la de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Raimon o Robert Wyatt. Y, por supuesto, en aquella poderosa y sobrecogedora voz de la gigantesca Mercedes Sosa que parecía manar del vientre de la tierra y que impresionó al mismo Víctor Jara. 

La alumbró en 1968 en la ciudad natal de Shakespeare (Stratford-upon-Avon), abrumado por la lejanía de su mujer y sus hijas. Amanda era el nombre de su madre, la cantora campesina que le transmitió el amor por la música y a quien él atribuía la felicidad de su infancia, y Amanda es el nombre de su hija. Y Joan Jara, la compañera de su vida, quien sostuvo también su cuerpo exangüe y roto entre los brazos y quien desde entonces ha luchado sin darse tregua por hacerle justicia y mantener vivo su legado, al preguntarse si la canción se había inspirado en una o en otra, se respondió que ambas, madre e hija, latían en su interior: “contiene la sonrisa de su madre y la promesa de juventud de su hija”.

El libro de Mario Amorós es uno de esos libros que merecen ser leídos pero no guardados después en el escueto recuerdo de uno mismo. Es de esos libros acerca de los que se ha de hablar, de los que deben ser compartidos, pues no alcanzan del todo su propósito hasta que no ruedan por muchas manos. Merece ser regalado a quien se quiere; hay que sacarlo a colación en las reuniones de amigos y familiares; hemos de estimular ante todo que sea leído por los más jóvenes. Ha de ser mucho más que un libro.

La vida es eterna es igualmente una obra rigurosa, como todas las que ha dado a luz su autor, respaldada por un meticuloso trabajo de investigación y documentación. No se revivifica un mito; se narra la verdad contrastada, algo muy de agradecer en los tiempos de proliferación de patrañas que padecemos. 

A lo largo de casi cuatrocientas páginas se nos relata la existencia intensa de un hombre dotado de excepcional creatividad y capacidad de trabajo, armado de asombrosa generosidad, profundo sentido de la justicia y ternura: los años de su niñez, cuando escuchaba fascinado a los campesinos que cantaban y contaban historias mientras deshojaban mazorcas de maíz bajo la luz de la luna; el duro crecimiento a partir de los diez años de edad en Santiago de Chile y el insaciable deseo de aprender; su formación en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y su admirada labor como director. Dejó la impronta de su conciencia social tanto al dirigir obras de dramaturgos chilenos (de Alejandro Sieveking, de quien fue compañero en la Escuela de Teatro y con quien colaboró a menudo) como de autores extranjeros (la célebre Viet Rock, de la norteamericana Megan Terry, por ejemplo, la primera obra teatral que abordó la guerra de Vietnam). Le atraía del teatro a Víctor Jara su vertiente de “realización colectiva” y le sirvieron después las técnicas teatrales aprendidas para la presentación de sus canciones, del mismo modo que había volcado en el teatro su talento musical.

Más tarde vino el regalo de su primera guitarra, que lo colmó de alegría, y el feliz encuentro con Violeta Parra, quien tanto para Víctor Jara como para el resto de creadores de la Nueva Canción Chilena abriera todos los caminos. Otro libro muy recomendable para todo el que desee conocer al magnífico ser humano que existió bajo la leyenda de la gran cantautora es la biografía escrita por Víctor Herrero A., quien, al igual que hace Mario Amorós con Víctor Jara, convierte en título un verso de una de las más universales canciones de ella, “Volver a los 17”, tantas veces escuchada por millones de personas en todo el planeta como sus “Gracias a la vida” (Después de vivir un siglo. Violeta Parra, una biografía, Lumen, 2017).

Vino la dedicación plena a la canción. Precisamente en la conocida como Peña de los Parra, fundada por los hijos de Violeta, Isabel y Ángel, se inició Víctor Jara como cantante solista. Dirigió al conjunto Quilapayún a lo largo de años de estrecha colaboración. Mario Amorós nos cuenta el emocionante tránsito por canciones que han alcanzado la condición de himnos: “Plegaria a un labrador”, “Vientos del pueblo”, “Manifiesto” y tantas otras. 

Las canciones fueron herramienta de su acción política como militante comunista y de su férreo compromiso con la Unión Popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile y al pueblo chileno a rozar con los dedos la realidad de la justicia social. Y, simultáneamente, su compromiso proporcionó la savia de sus canciones. No hubo, como no la ha habido nunca para ningún gran creador, contradicción alguna. Es mentira que el compromiso destruya la calidad del arte, siempre fue mentira. “Todos mis poemas han sido inspirados en la realidad y en ella tienen fundamento y hacen pie”, escribió de su propia obra Goethe en 1823. Así también todas las canciones de Víctor Jara.

El relato llevado a cabo por Mario Amorós de los últimos días del cantautor, que se atiene rigurosamente a los hechos comprobados y desmiente truculentas leyendas de mutilación, puede conmover hasta las lágrimas. El autor ha confesado que resultó muy dura la investigación sobre esta parte de la vida de Víctor Jara, y me imagino que lo habrá sido no sólo por la ingente cantidad de documentos del procedimiento judicial que ha debido examinar, sino también por la propia dureza de los testimonios. Los hechos son bien conocidos, a pesar de que cada año, por estas fechas, docenas de cretinos vuelvan a intentar negarlos o manipularlos: el asedio de la democracia y el estrangulamiento de su economía, el bombardeo del Palacio de la Moneda, la disposición del Estadio Chile y del Estadio Nacional como centros de detención y tortura de miles de presos políticos, las desapariciones, los campos de concentración. En la Vida es eterna se nos narran de manera descarnada, además, detalles estremecedores acerca de la detención de Víctor Jara el 12 de septiembre en la Universidad Técnica del Estado, a donde había acudido para cumplir hasta el final con su trabajo, como había pedido Salvador Allende, y del salvaje tormento al que se le sometió en el Estadio Chile.

Es el más escalofriante de los odios aquel con el que logran contaminar los poderosos incluso el espíritu de personas corrientes cuando temen la pérdida de sus privilegios por la rebelión de los humildes, de los siempre olvidados. ¿Hasta qué punto debe haberse corrompido un corazón humano para golpear a un semejante indefenso hasta reventarlo y burlarse de él entonces gritándole: “¡vamos, canta ahora!”?

La dureza desoladora de su final no debe, sin embargo, ensombrecernos tanto como para nublar el resto de su biografía, preñada de bondad, anhelo de vivir y hermandad con los millones de personas que cada día desean tejer sus propias vidas en paz. 

Recoge Mario Amorós la respuesta de Víctor Jara, muy poco antes de morir, a la pregunta de qué era para él la Patria. “Amor a mi hogar, a mi mujer, a mis hijas”, dijo. “Amor a la tierra que me ha ayudado a vivir”, también “a la educación y al trabajo”, “amor a los demás, que trabajan por el bienestar común”, “a la justicia”, “a la paz para gozar de la vida”, “a la libertad”, “no a la libertad de unos para vivir de otros, sino la libertad de todos”.

A una patria semejante podemos sentirnos llamados de todos los países del mundo y en ella podemos unirnos y reencontrarnos con la imborrable sonrisa de Víctor Jara.

En una de sus vigorosas intervenciones durante la pasada campaña para las elecciones municipales y autonómicas, reivindicó el expresidente Aznar la meritocracia, ideal cuya promoción asoció al liberalismo y a la democracia, y lamentó que en todas partes estuviera siendo arrasada.

Dado que la queja alude a un debate social que viene de muy atrás y que, además, sin ninguna duda, capta la preocupación de una porción nada desdeñable de la ciudadanía, no deberíamos tomarnos a broma sus palabras, por burda y atrabiliaria que sea la forma en que Aznar lo exponga. No se trata de ocurrencias ocasionales. Del mismo modo que cuando Isabel Díaz Ayuso abominaba de la justicia social, recurriendo a un persistente mantra de los discípulos de Friedrich Hayek, quien, por cierto, en su obra Derecho, legislación y libertad llegó mucho más lejos de lo que la presidenta madrileña se atrevió sugerir. Deberíamos prepararnos para tiempos muy duros si el modelo de sociedad que la derecha tiene en mente es el que propugnó el economista austríaco. 

No se sirven, en todo caso, de demasiada sofisticación oratoria porque para sus fines no la necesitan, pero anuncian, a quien quiera escuchar y entender, un cambio muy profundo que incluye el desmantelamiento de pilares de la convivencia sobre los que creíamos que existía amplio consenso en nuestra sociedad.

En rigor, meritocracia es el gobierno de los más capaces por mérito. Qué mérito o méritos sean los que se deberían considerar adecuados para gobernar y cómo medirlos nos conduciría a un engorro de no muy fácil solución. Pero resulta evidente que la meritocracia así entendida es incompatible con la democracia, por la sencilla razón de que la elección de los gobernantes no sería fruto del sufragio popular.

Salta a la vista que en los tiempos que corren no es el talento el que otorga notoriedad a nadie, ni en la política ni en otras muchas esferas de la vida. El mismo señor Aznar, antes de mostrarse tan exigente con el genio de los demás, debería esforzarse por elevar la calidad intelectual de las alocuciones propias, porque no siempre queda bien disimulada la banalidad con la gravedad del tono. Dado el lamentable espectáculo de numerosos debates públicos, y no sólo de los políticos, a muchas personas seduciría seguramente un sistema de selección que permitiera acreditar que quienes fuesen a ejercer el poder como mínimo alcanzaran a un uso elemental del raciocinio. Sería desde luego muy problemático decidir el tipo de examen a superar y, aun más, seleccionar con anterioridad a los examinadores.

Y, sobre todo, tarde o temprano nos encontraríamos con la deriva que describió en su sátira La ascensión de la meritocracia el sociólogo inglés Michael Young, que fue quien acuñó el término. Los más meritorios de la élite dominante querrían que sus descendientes siguieran ocupando la cima social y política sin verse obligados a superar el arduo proceso de selección que ellos habían padecido. Y, puesto que no estarían constreñidos por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, sería muy grande la tentación de bloquear el ascenso de otros más capaces que sus hijos, dando lugar a una sociedad oligárquica que nuevamente despreciara el talento y el esfuerzo.

Cabe decir que para que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir a los más capaces se hace imprescindible universalizar una educación pública de calidad que proporcione a todo el mundo conocimiento y herramientas de juicio, que el debate político ha de consistir en el contraste racional de propuestas de cambio y que se han de ampliar los espacios de participación política de la ciudadanía. Pero siempre sobre la base de la democracia; ninguna sociedad fundada sobre uno u otro principio aristocrático seleccionó a los mejores, jamás.

Es verdad que en la actualidad a la palabra meritocracia se le acostumbra atribuir un significado más amplio y que se suele entender por tal aquella comunidad en la que es posible prosperar gracias al propio talento, al trabajo y a la tenacidad. Seguramente en este sentido la usó Aznar o, mejor dicho, en este sentido quiso que creyéramos que la usaba.

Desde tal enfoque, a mi juicio se equivocan, y muy gravemente, quienes sin más desdeñan el elogio del esfuerzo y el talento, la que se llama, recurriendo a una expresión que a mí no me gusta, “cultura del esfuerzo”. La incompetencia ha colonizado de manera alarmante demasiados espacios de la sociedad como para ignorarla; la negligencia, catapultada por la sumisión, parece haberse transformado en requisito para el ascenso en multitud de esferas profesionales y no profesionales, públicas y privadas de nuestras vidas. En el ámbito educativo, corrientes pedagógicas sedicentemente progresistas parecen creer posible la supresión de toda dificultad y de toda disciplina de estudio en el interminable proceso de aprendizaje. Desde hace años se asedia al sistema de oposiciones en el acceso a los empleos públicos, bajo el amparo de teorías aparentemente muy avanzadas pero que ocultan la naturaleza real de la alternativa que se propone: la sustitución de los exámenes por evaluaciones subjetivas de “aptitudes” y el premio a la antigüedad en exclusiva por encima de cualquier otra consideración para la promoción dentro de la Administración. Nada más viejo en realidad.

Existe pues el problema. Y no es leve.

La patraña en la que se basan, sin embargo, quienes corrientemente invocan la meritocracia estriba en la presunción de que el éxito, en especial el éxito económico, es el resultado del mérito, o del talento, o del trabajo duro. No sólo es falsa semejante pretensión si se eleva a afirmación general, sino que a menudo es cierto exactamente lo contrario. En el fondo, el objetivo no es salvaguardar la adecuada valoración social del mérito, sino utilizarlo como excusa para salvaguardar los privilegios de quienes nunca se vieron realmente forzados a probar su valía. Hace ya muchos años que Max Weber desenmascaró esta trampa, inalterable a lo largo del tiempo.

En la actualidad es habitual ver a necios haciéndose de oro profiriendo simplezas en programas de televisión o difundiendo burradas por redes sociales, mientras investigadores brillantes sobreviven a duras penas con contratos precarios. Durante los meses más funestos de la pandemia descubrimos que algunas de las profesiones más necesarias para nuestra propia supervivencia (personal de limpieza o de recogida de basuras, auxiliares de enfermería, enfermeras, conductores de ambulancia) se encontraban también entre las peor pagadas. Simultáneamente, especuladores sin más mérito que la abyección moral y las lucrativas relaciones con personas influyentes, se enriquecieron intermediando en la compra de material sanitario, del mismo modo que otros se apropiaron de viviendas sociales y dejaron en la estacada a familias enteras.

El partido político al que pertenece y que lideró el señor Aznar ha hecho bandera de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones. ¿Nos parece justo que un cretino que en toda su vida hizo cosa de provecho herede una fortuna de miles de millones y se la quede, e incluso pueda dilapidarla a placer provocando la ruina de muchos, sin aportar ni un céntimo al bien común, mientras una persona de talento carece de toda posibilidad por haber nacido en una familia sin nada? ¿De qué modo encaja esto en el ideal de mérito? Lo cierto es que nuestro actual sistema tributario en su conjunto hace recaer el sostenimiento del gasto público principalmente sobre los rendimientos del trabajo y privilegia de forma descarada aquellos que provienen de la propiedad y no del esfuerzo, las que en el mundo anglosajón se llaman, de forma bien elocuente, rentas “no ganadas”.

Las brutales desigualdades de riqueza del mundo en el que vivimos no sólo no son muestra del triunfo del mérito, sino que aplastan el talento y la creatividad de miles, de cientos de miles, probablemente de millones de personas a las que jamás se les dio ninguna oportunidad. Constituye una monstruosidad intolerable que un solo niño muera de hambre, pero supone también la estremecedora negación de cuanto ese niño pudo ofrecer al mundo. “Quizá el próximo Einstein se esté muriendo de hambre en Etiopía”, decía en una entrevista hace unos años el divulgador científico Neil deGrasse Tyson.

La justicia social en absoluto nace del deseo de venganza de los envidiosos contra los más capaces; entraña por el contrario la única esperanza para las prodigiosas capacidades humanas que la injusticia durante siglos ha sepultado. 

“Cuando yo era estudiante, la economía vulgar se hallaba en un estado particularmente vulgar. Por un lado, el desempleo británico no bajaba de un millón; por otro, mi tutor me enseñaba que es lógicamente imposible que haya desempleo debido a la Ley de Say”. Son palabras escritas a mediados de siglo pasado por la economista británica Joan Robinson en su 'Carta de una economista keynesiana a un marxista' y denuncian el mayor defecto de la doctrina económica dominante cuando ella comenzó sus estudios en la Universidad de Cambridge y, para nuestra desgracia, aún en nuestros días: el divorcio de la realidad.

Da igual cuántas veces sea desmentida por los acontecimientos a la vista de legos y doctos, la teoría se erige en una especie de teología y subsiste inalterable en lo sustancial e impermeable a la gravedad de los hechos, sean éstos el paro y la pobreza de millones de personas, la ruina de miles de negocios, la hambruna o la guerra.  

La Ley de las salidas de Say enunciaba, en esencia, que en el capitalismo la producción de bienes generaba demanda agregada efectiva suficiente para absorber la totalidad de la oferta, salvados fugaces periodos de desajuste sectorial que el mercado reequilibraría por sí solo puliendo los precios, de tal modo que la sobreproducción y la desocupación generalizadas resultaban imposibles. En los años 20, en los que Joan Robinson era estudiante y según ella misma relató, la gran síntesis de los Principios de Alfred Marshall era reverenciada como si de la Biblia se tratase, y se dibujaba en la enseñanza de la economía un modelo atemporal de equilibrio en un mercado de competencia perfecta. 

El problema radicaba, entonces como ahora, en la realidad. Por asombroso que parezca, para la doctrina económica convencional la Gran Depresión nunca pudo ocurrir. Tras el colosal y terrible baño de realidad que la Segunda Guerra mundial supuso, tal fe cayó en desgracia frente a la preeminencia institucional del pensamiento de Keynes, pero fue recobrando la hegemonía a raíz de la crisis de los 70. En el final del siglo pasado y el principio del presente, a partir de la derogación en Estados Unidos de la conocida como Ley Glass-Steagall, reguladora de los mercados financieros, se extendió en los principales países industrializados el desmantelamiento de los controles públicos de la economía. Las heridas de la catástrofe que siguió aún supuran en millones de familias y vidas rotas en todo el mundo. Y, sin embargo, las quiebras bancarias conocidas estas semanas y la persistencia en el error de entidades como el Banco Central Europeo prueban que la capacidad de aprendizaje de las élites políticas y económicas resulta ser estremecedoramente pobre.

Joan Robinson, para muchos, entre quienes me cuento, la economista de mayor talento del siglo XX, hizo más que nadie por someter a crítica y desvelar las fragilidades del mítico edificio en que la teoría económica se había convertido. Tuvo la oportunidad de participar en el selecto círculo de economistas (el Circus) que discutió la elaboración de la Teoría general de Keynes con el mismísimo maestro, para lo que fue convocada por el economista italiano Sraffa, quien en un celebrado artículo que había visto la luz en 1925 ya había cuestionado el paradigma de la competencia. Ella desarrolló la teoría de la competencia imperfecta desde Cambridge casi simultáneamente a la publicación en Harvard por Edward Chamberlin de su trabajo acerca de la competencia monopolista.

Todavía en aquella obra se sirvió de las herramientas de la ortodoxia neoclásica, pero más adelante rompió las costuras de Marshall y Pigou, e incluso rebasó la frontera de la revolución keynesiana, después de haber ejercido como su más concienzuda divulgadora. Se convirtió en la principal figura de la corriente poskeynesiana (de keynesiana de izquierdas se calificó ella desde muy pronto) con motivo de la polémica acerca de la medición del capital como factor de producción y su influencia en la distribución de la renta. Se suele aludir a ella como la “controversia de las dos Cambridge”, por referencia a la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, por un lado, y al Instituto Tecnológico de Massachusetts (en Cambridge, Estados Unidos), de la parte de los promotores de la síntesis neoclásica Samuelson y Solow.

La maduración más completa de sus ideas se concentra en La acumulación de capital, la más notable de sus obras, aquélla que la propia autora siguió considerando hasta el final de su vida como su mayor contribución a la teoría económica, aun reconociendo que se trataba de un texto de lectura difícil. El título coincidía con el del principal trabajo económico de Rosa Luxemburg, por quien Joan Robinson sentía profunda admiración y en quien encontró inspiradoras ideas para el estudio del desarrollo del capitalismo. También en Marx. A pesar de todas las diferencias, entendió que el progreso de la economía dependería de su esfuerzo por resolver los problemas que Marx había planteado. A él dedicó un ensayo que le granjeó la ira de no pocos devotos de una y otra escuela. 

Su reproche principal a la teoría hegemónica apuntó siempre al árido formalismo de modelos estáticos que ignoraban la dinámica real de la economía, y que dejaban a aquella al margen de los verdaderos problemas de la sociedad a la que la teoría debía servir. De entre ellos, sobre todo el de intentar comprender de qué modo se distribuye el producto social entre las diferentes clases sociales.

La enumeración, incluso somera, de sus obras, de sus aportaciones y del sinnúmero de polémicas en las que intervino, siempre con tanta vehemencia como apertura de miras, rebasa en mucho la extensión de un artículo. Del juicio que mereció a los más ilustres economistas de su tiempo quedó constancia en las palabras de muchos de ellos. Keynes la tuvo por la más seria y brillante de sus discípulos. Schumpeter alabó su genuina originalidad y utilizó su primera obra, La economía de la competencia imperfecta, como libro de texto. El Nobel Amartya Kumar Sen, en cuyos estudios sobre las causas de la pobreza y del desarrollo humano puede rastrearse la huella de Joan Robinson, supervisora además de la tesis doctoral del economista indio, la definió como “totalmente brillante, pero vigorosamente intolerante”. Expresión esta última que alude con seguridad a un temperamento enérgico del que también quedaron numerosos testimonios, así como a la fuerza de sus convicciones, señales de su honestidad intelectual ajena a cualquier dogmatismo. 

“Desearía que dejaran de halagarme y en su lugar respondieran a las cuestiones que planteo”, espetó en su madurez a sus colegas de profesión, en un periodo en el que comenzó a cuestionarse el propio modelo de crecimiento económico. Son el rigor con el que afronta los problemas económicos, su férreo realismo y su capacidad para captar las ideas útiles sin mirar tribu de procedencia -virtud de ella que sedujo a Galbraith- los rasgos que hacen imprescindible, para comprender nuestro turbulento presente, recuperar el legado de Joan Robinson. 

Por supuesto, por su condición de mujer, en un terreno de tan escasísima presencia femenina en su época como la economía, y por su permanente crítica a las ideas dominantes pagó un alto precio. Su genio fue tan manifiesto que no quedó otro remedio que reconocerlo. Pero en Cambridge sólo se la contrató como profesora ayudante, sin que se le concediera la cátedra hasta los 62 años de edad. Se barajó su nombre como candidata al Nobel que, por supuesto, jamás se le concedió. Y aún hoy es tarea imposible encontrar ninguno de sus libros en español, salvo viejos ejemplares de segunda mano de ediciones hace mucho descatalogadas, incomprensible injusticia que algún editor audaz debería atreverse a remediar.

Joan Robinson habla a nuestro presente y su voz va más allá de las fronteras de la academia (hay que estudiar economía para “evitar ser engañados por los economistas”, dijo). Ella puso sobre la mesa los problemas cruciales que siguen siendo los nuestros. “¿Quién se atreve a negar que el futuro es incierto…?”, se preguntó en un delicioso librito titulado Herejías económicas. “Incluso si las crisis que están apareciendo se superaran y estuviéramos frente a una nueva era de prosperidad, todavía persistirían los problemas más profundos”.

Ella dedicó su vida a afrontarlos. Lo mismo deberíamos hacer nosotros.

Primera tesis: los impuestos sostienen la sanidad pública

Resulta usual y hasta casi manido justificar la existencia de los impuestos por la necesidad de financiar los servicios básicos de la comunidad, de cuya enumeración, a cualquiera de nosotros se nos pasarán por la cabeza, por delante de todos los demás, la sanidad y la educación.

No siempre se vio así. Fue en la década de 1880 cuando Bismarck introdujo en Alemania un sistema de pensiones públicas y seguro social como primera formulación de lo que, sobre la base de las ideas de Lorenz von Stein, se llamaría Estado social. Expresión que, nunca está de más recordar para tantas otras veces que se olvida, define al Estado español en el artículo primero de la Constitución de 1978. Hasta ese momento, el liberalismo clásico, bien es cierto que con significativas excepciones, no admitía otro destino a los recursos públicos que el sostenimiento de la estructura básica del Estado: defensa, orden público y justicia.

Ya en el siglo XX, y a raíz de la publicación en 1944 de la obra Camino de servidumbre por el economista austriaco Friedrich Hayek, fue abriéndose camino la idea de que el mercado era capaz por sí mismo de asignar todos los recursos de la forma más eficiente si no era perturbado por intromisión alguna del Estado, cuya intervención suponía, siempre y en toda circunstancia, una amenaza a la libertad individual. Se abomina de toda planificación pública de la economía y se propugna la restricción al máximo de la provisión de servicios y ayudas por el Estado y, desde luego, de los impuestos.

Para comprender en tal contexto el trasfondo ideológico de la permanente invocación a la libertad hecha por determinados dirigentes de la derecha, conviene tener en mente la afirmación de Hayek de que la libertad de elección ha de ejercerse antes en el mercado que en las urnas, aseveración que otorga plena coherencia a su entusiasta defensa de la dictadura de Pinochet en Chile como representativa, precisamente, de la libertad. O, en otras palabras, la democracia se convierte en un lastre para la libertad individual entendida a la manera de Hayek.

Sin embargo, en el campo de la política, dado que se precisa del respaldo del voto, resulta muy excepcional que se reconozca abiertamente el propósito de desmantelar servicios públicos que son esenciales para la vida de la inmensa mayoría de la población. Por encima de todos ellos, naturalmente, el cuidado de nuestra salud. De modo que se hablará de la conveniencia de abrir espacios de colaboración entre el sector público y el sector privado. O se asegurará que es posible mejorar la calidad de los servicios suprimiendo gastos superfluos, recortando beneficios éticamente poco presentables de políticos y gestores públicos u organizando de forma más eficiente los recursos existentes. ¿Quién podría rechazar que el sector privado ayudase a mejorar nuestra existencia o que se organizaran mejor las cosas?

Las personas que manejan el presupuesto saben, no obstante, que no es verdad. Aun después de mejorar la organización, que ha de ser mejorada, y aunque se eliminen gastos superfluos, que han de ser eliminados, la prestación de tales servicios a toda la población exige de un enorme volumen de recursos que únicamente puede proporcionar un sólido sistema tributario. De otra parte, en la práctica la colaboración público privada usualmente es una forma en exceso piadosa de denominar a un intercambio desigual, en el que el sector público corre con los costes y el sector privado cosecha los beneficios. Lo que se verifica de la forma más trágica en el área de la sanidad, en la que grupos empresariales privados aprovechan infraestructuras sufragadas con dinero de todos los contribuyentes, absorben clientela cautiva proporcionada por la Administración y ensanchan su demanda en la medida en que mengua la capacidad de atención y se colapsan los centros públicos.

Sólo un sistema tributario progresivo puede sostener la financiación de un sistema sanitario universal y de calidad. De otra forma es sencillamente imposible. La progresividad supone una exigencia no sólo de justicia económica, sino también de suficiencia. Resulta imprescindible que el porcentaje que cada ciudadano aporta al fondo común crezca a medida que lo hace su capacidad económica para que los ingresos totales permitan prestar a toda la ciudadanía servicios que la inmensa mayoría no podría pagar nunca en el mercado privado.

El aumento de ingresos tributarios propiciado por la inflación, aparte de nutrir un peligroso espejismo económico, se está usando como excusa para un mensaje bastante cínico: devuélvase el excedente a la sociedad, se dice. Pero si lo que se propone es suprimir el pago del Impuesto sobre Patrimonio y el de Sucesiones y rebajar los marginales más elevados de IRPF achatando aún más su progresividad, lo que en realidad se quiere es entregar lo que es de toda la sociedad a una minoría. Invertir en una mejora sustancial de la sanidad pública sí sería usar los recursos en beneficio de toda la sociedad. 

Segunda tesis: la sanidad pública sostiene los impuestos

Ahora bien, si los ingresos tributarios resultan imprescindibles para mantener una sanidad pública universal y de calidad, la relación también puede y debe establecerse a la inversa: es el sostenimiento de servicios como la sanidad y la educación lo que legitima la existencia de los impuestos. 

Y en este punto, a mi juicio, la izquierda no debería seguir despistándose. El Estado social no es una oficina de mera transferencia de rentas. Resulta por supuesto obligado socorrer económicamente a las personas y familias de menos recursos, porque éticamente es inaceptable para una sociedad moderna dejar a nadie en la estacada. Pero el grueso de la ciudadanía que sostiene fiscalmente el Estado debe percibir en su existencia cotidiana que para sus propias vidas merece la pena contribuir con una porción sustancial de sus ingresos al sostenimiento del bien común.

Un gravamen medio cercano al 20% en IRPF que con facilidad alcanza cualquier persona de ingresos corrientes no es tan poca cosa. Pero compensará si uno es atendido al día o a los dos días por un buen médico de cabecera en caso de necesitarlo, si cuenta con un buen servicio de urgencias hospitalarias en los supuestos más graves, si dispone de un transporte público rápido que le acerque a su lugar de trabajo y sus hijos reciben una enseñanza de calidad en escuelas públicas. Si sus necesidades fundamentales, en suma, quedan satisfactoriamente cubiertas. Pero si la cita en atención primaria tarda casi un mes, se deteriora la enseñanza de sus hijos o ha de pagar en un centro privado una prueba médica para lograr a tiempo un diagnóstico que le salve la vida, ninguna ayuda económica o descuento en precios públicos evitará el desapego generalizado tanto por los servicios públicos como por los impuestos.

O somos capaces de sostener el conjunto de servicios públicos o la totalidad del entramado de solidaridad en que ha de encarnarse el Estado social se vendrá abajo.

Para dicha de quienes por ello buscan lucrarse. El sistema nacional de sanidad lleva tiempo despedazándose y ofreciéndose por piezas como negocio sobre el que recuperar su tasa de ganancia a los mismos sectores empresariales especulativos que hundieron la economía hace más de una década. 

De nuevo se expande en prensa y tertulias la falaz e interesada afirmación de que el sector privado puede prestar los servicios a menor coste y de modo más eficaz que el sector público. Jamás dejará de sorprenderme la altura a la que puede ascender en este país la indecencia intelectual. Porque precisamente España es la más digna prueba por la experiencia de lo contrario. Hemos disfrutado de un sistema sanitario público envidiado en el mundo entero que se ha ido desmoronando exactamente al ritmo que se privatizaba. Ni más ni menos.

La salud es, sin duda, el bien más precioso de nuestras vidas. Y ahora el valor de su cuidado alcanza incluso más allá de lo que de por sí la salud vale, que es mucho. En la reconstrucción del sistema sanitario público se ha de concentrar hoy el mayor de nuestros esfuerzos y en ella se cifrará la más grande de nuestras esperanzas.

En este mes de diciembre en el que, como viene sucediendo todos los años desde hace más de cuarenta, se ha conmemorado el aniversario de la aprobación de la Constitución, podría inspirar reflexiones de provecho para la actualidad recordar la primera reforma fiscal de la democracia.

Supuso su hito inaugural la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, aprobada por amplísima mayoría y presentada ante el Congreso en la tarde del 25 de octubre de 1977, fecha de particular relevancia tanto política como simbólica para nuestra historia, porque por la mañana se habían firmado los conocidos como Pactos de la Moncloa y, en el principio de la sesión del Congreso, se había aprobado por unanimidad, con el gesto solemne de ponerse en pie todos los parlamentarios, la adhesión a una resolución del Senado por la que se solicitaba el retorno a España del Guernica de Picasso.

En una primera tanda reformadora hay que agrupar, junto a la ley de 1977, sendas normas de 1978 creadoras de un nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, concebido como impuesto global, personal y progresivo que absorbiera los impuestos reales o de producto que se venían arrastrando del franquismo, y de un Impuesto sobre Sociedades que modernizara la inoperante imposición sobre personas jurídicas de la dictadura y suprimiera exenciones y privilegios carentes de utilidad para promover la inversión creadora de empleo.

Pero el primer ciclo reformador completo, en el que se pretendió establecer un sistema tributario semejante al que había implantado la socialdemocracia europea en la mayoría de países de nuestro entorno tras la Segunda Guerra mundial, abarcaría hasta finales de los 80, e incluiría, entre otras piezas esenciales, la creación de un nuevo Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la modernización del aparato administrativo encargado de la gestión y control de los impuestos y la introducción en nuestro ordenamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como el ajuste a las directivas de Europa de los Impuestos Especiales, estos dos últimos apartados obligados por la incorporación a la Comunidad Económica Europea. A partir de finales de los 80, y sin haber rematado el establecimiento de una fiscalidad propia de un Estado de Bienestar social, se inició su desmantelamiento como consecuencia del creciente predominio del neoliberalismo tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

La separación entre ambos ciclos reformadores no coincide de modo exacto con el color político de cada Gobierno. Los primeros pasos de una fiscalidad en la que se otorga prioridad a la redistribución de la riqueza y a la progresividad del sistema (“la regla de oro de la nueva Hacienda española”, según palabras que pronunciara el ministro Fernández Ordóñez en la sesión plenaria del 25 de octubre de 1977) son dados por un Gobierno de UCD y profundizados por el primer Gobierno del PSOE. Y es el propio PSOE el que desde finales de los 80 comienza a desmantelar ese modelo tributario, acometiendo tal tarea ya a fondo los Gobiernos del PP presididos por Aznar.

Se arrincona el principio de progresividad por una concepción de la eficacia, aparentemente fundada en razones económicas, técnicas y jurídicas, pero que de manera no casual cae siempre del lado del alivio fiscal a las rentas altas y las grandes empresas. Los nuevos Gobiernos del PSOE presididos por Rodríguez Zapatero y con el señor Solbes al frente de Hacienda continúan con esa tendencia. Siguen reduciendo tramos en el IRPF con rebaja del marginal máximo, consolidan en la ley de 2006 un impuesto dual que privilegia las rentas de capital, reducen tipos del Impuesto sobre Sociedades y suprimen, por primera vez en democracia, el pago del Impuesto sobre Patrimonio.

De manera que la retórica del enfrentamiento político muy a menudo nada tiene que ver con los hechos.

Precisamente el debate acerca del Impuesto sobre Patrimonio, tan hiperbólico dado su escaso alcance recaudatorio, constituye un buen ejemplo. Es frecuente leer que se creó en la ley de 1977 como figura transitoria con el propósito de responder a una coyuntura económica muy difícil, con una inflación que rozaba el 27%, y de hacerlo desaparecer en cuanto ello fuera posible. Pero lo cierto es que la naturaleza transitoria del primer Impuesto de Patrimonio respondía a que una de sus principales funciones era la de censar la riqueza con el fin de ofrecer información imprescindible para el control de las fuentes de renta en el IRPF que se creó un año después. La idea era que, una vez que existiera un impuesto global sobre la renta, se crease ajustado a él un impuesto definitivo del patrimonio. Lo que se puede comprobar leyendo el documento económico de los Pactos de la Moncloa, en cuyo apartado fiscal se dice literalmente que “el Impuesto definitivo sobre el Patrimonio se armonizará en su estructura al nuevo Impuesto sobre la Renta”. Cosa que finalmente no se hizo hasta 1991.

Y lo suscribieron todos. Por supuesto, UCD, el PSOE, el PCE y nacionalistas vascos y catalanes, pero también Alianza Popular, que no firmó el acuerdo político pero sí el de reforma económica.

Tal unanimidad es lo que más puede sorprendernos hoy a la luz del contenido de aquella reforma. En la Ley de Medidas Urgentes se incluyó una regularización voluntaria de contribuyentes, el levantamiento del secreto bancario, se creó la figura hasta entonces inexistente en nuestro ordenamiento del delito fiscal, se regulan las sociedades interpuestas, se establece el Impuesto sobre Patrimonio y se reformula el impuesto de lujo. Añádanse todas las normas posteriores ya mencionadas y previstas en los Pactos de la Moncloa.

En sus líneas básicas, se asumía por la democracia el informe de reforma elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales bajo la dirección de Enrique Fuentes Quintana y cuya presentación a Franco provocó la fulminante destitución del ministro Alberto Monreal.

La dictadura franquista fue siempre congénitamente incompatible con cualquier sistema tributario moderno y medianamente justo. Se produjeron en ella varias reformas promovidas por los ministros Larraz y Navarro Rubio que corrigieron algunos aspectos del caos de la fiscalidad franquista, pero sin extirpar sus males más graves, acerca de los cuales había amplio consenso ya en los 60 entre economistas y organismos internacionales. Se trataba de un conglomerado de normas inoperantes, incapaz de aportar recursos mínimos para invertir en servicios públicos e infraestructuras, abiertamente regresivo, con una preponderancia muy marcada de los impuestos indirectos sobre los directos y agujereado por un volumen colosal de fraude, favorecido por sucesivas amnistías fiscales y del que abusaba con plena impunidad la élite económica afecta al régimen.

El feroz odio a todo impuesto que en esta misma élite económica pervive no refleja únicamente su acomodación al neoliberalismo reinante, sino también su tenaz e inveterado desprecio por el interés general y los bienes públicos. Y desde luego tal sentimiento no desapareció en los primeros años de la Transición. El historiador económico Fernando Comín aludía hace unos años en una conferencia impartida en la Universidad de Málaga a las presiones que hubo de soportar el Gobierno de Adolfo Suárez desde las mismas filas de UCD para que suavizara algunos aspectos importantes de la reforma inicialmente prevista.

Pero el hecho es que no se atrevieron a ofrecer una resistencia abierta y que aceptaron cambios de una profundidad que hoy en día algunos calificarían poco menos que de sovietizantes. A lo que sin duda contribuyeron las tendencias entonces dominantes en la esfera internacional, la presión de la crisis económica y la necesidad de hacer concesiones para preservar el grueso de sus privilegios. Pero también, y no en menor medida, la fuerza del movimiento obrero y de la movilización social.

La otra reflexión que tal vez aprovecharía al actual Gobierno, para hacer realidad sus intenciones declaradas, es la necesidad de que la reforma tributaria del presente sea estructural, que afecte a los impuestos centrales del sistema y que huya de un goteo semanal de iniciativas más vistosas que efectivas y poco meditadas que podrían embarcar a la Administración en un fárrago judicial muy costoso durante años, al tiempo que se deja intacto el fondo.

Vístanse despacio, que tenemos prisa.

Hemos leído y escuchado infinidad de veces que el artículo 31 de la Constitución de 1978 establece que quien más tenga pague más para el sostenimiento del gasto público. Pero, en realidad, en ningún lugar del artículo se dice tal cosa. Lo que se ordena, entre otros mandatos de bastante enjundia e igualmente incumplidos en la práctica, es que el sistema tributario que ha de servir para financiar los gastos públicos se inspire en el principio de progresividad, lo que no es exactamente lo mismo. “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos –dice el precepto en su punto primero- de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

En todo sistema tributario o impuesto progresivos ocurre que quien más tiene paga más. Pero lo contrario no necesariamente es cierto. Es posible que pague más quien más tiene sin que el sistema sea progresivo. La progresividad exige un requisito adicional: que quien más tiene (y/o más gane) pague en una proporción mayor.

No es difícil explicarlo con números. Si una persona gana 10.000 euros al año y otra 200.000 y ambas pagan un impuesto del 10%, la segunda pagará más que la primera porque el 10% de 200.000 es más que el 10% de 10.000. Pero este no sería un tributo progresivo sino proporcional. Incluso podría suceder que pagase más tributando por un porcentaje menor, y estaríamos ante un impuesto regresivo: el 8% de 200.000, por ejemplo, sigue siendo más que el 10% de 10.000. Para que sea progresivo, es imprescindible que quien más gana aporte un porcentaje mayor de sus ingresos; si el que gana 200.000 euros pagase un 14%, digamos, y el que gana 10.000, un 10%, entonces sí estaríamos ante un impuesto progresivo. 

Pues bien, el artículo 31 de la Constitución de 1978 ordena exactamente que nuestro sistema tributario sea progresivo, y no solo que quien más tenga más pague. No especifica cuál ha de ser el grado de progresividad, ni tampoco exige que sean progresivos todos y cada uno de los tributos del sistema por separado, pero sí que ha de serlo el conjunto. Es decir, el porcentaje de nuestra riqueza y nuestros ingresos que aportamos para financiar las cargas comunes ha de crecer a medida que lo hagan la propia riqueza e ingresos, a medida que crezca nuestra capacidad económica, en suma.

En este punto, el rigor del enunciado resulta muy relevante porque nos hallamos ante un principio esencial, sobre el que se funda la redistribución de la riqueza y la conquista de cotas mayores de justicia económica, y que se relaciona además de manera directa con la definición de Estado social y democrático de derecho proclamada en el artículo primero de la Carta Magna.

La de 1978 es la primera Constitución de nuestra historia que establece la progresividad como principio inspirador de la totalidad del sistema tributario, algo inusual también en el derecho comparado.

Todas las constituciones liberales del siglo XIX, empezando por la de las Cortes de Cádiz de 1812, se fundan en el principio de proporcionalidad, junto a las ideas de generalidad e igualdad, avance no poco meritorio frente al Antiguo Régimen que se trataba de superar, en el que el privilegio era cimiento de las relaciones sociales. La misma noción de progresividad habría sido difícilmente asumible para la conciencia política de la época. Incluso en la más social Constitución de 1869 es así, aunque en aquella ocasión sí que fue posible ya una discusión parlamentaria al respecto, según nos cuenta el profesor Ramón Rodolfo Soler Belda en su tesis doctoral, titulada La evolución del principio constitucional de progresividad en el ordenamiento tributario.

Ya en el siglo XX, cabría deducir la progresividad en la Constitución republicana de 1931 del hecho de que su artículo 44 vinculara la riqueza del país al interés general y al sostenimiento de las cargas públicas por medio de una aportación gradual. Pero tampoco en este texto se enuncia de forma expresa como principio.

Incluso en el ámbito del derecho comparado resulta excepcional. Todo indica que nuestro vigente artículo 31 se inspira en el artículo 53 de la Constitución italiana de 1948, a la que, con una redacción mucho más sencilla y clara que la nuestra, habría que reconocer como auténtica pionera. La Constitución portuguesa sí que lo contempla, pero no refiriéndose a la totalidad del sistema sino únicamente al Impuesto sobre la Renta.

Ello no significa que se ignore la progresividad en los sistemas tributarios modernos, de manera muy especial en los europeos. Sólo quiere decir que su reconocimiento constitucional supone una excepción. Como explicó Thomas Piketty en su obra El capital en el siglo XXI, en la progresividad radica la novedad de mayor envergadura introducida durante la pasada centuria en los ordenamientos tributarios. Y no fue solamente como consecuencia de la evolución social y política de las democracias occidentales, y desde luego del empuje del movimiento obrero, sino también de las catastróficas consecuencias de las guerras mundiales. Piketty resalta el llamativo hecho de que en Francia se aprobara en 1920 un impuesto progresivo sobre los ingresos con tasas superiores al 50% para los más elevados por una Cámara dominada por la misma derecha que, antes de la guerra, no admitía gravámenes que superasen el 2%.

La realidad se impuso al dogmatismo, y la evidencia de que sólo forzando una contribución creciente de los sectores más acaudalados de la sociedad era posible salir adelante. Cuánto no podrían aprender hoy algunos de aquello.

Lo anterior nos muestra que podemos enorgullecernos de disponer de uno de los preceptos más avanzados del mundo en materia de fiscalidad. Pero no tanto de su grado de cumplimiento, porque, paradójica y tristemente, también disponemos de uno de los sistemas tributarios más regresivos de los países de nuestro entorno, prueba fehaciente de que de nada sirven los mandatos de la ley si con tanta impunidad cabe desobedecerlos.

En nuestro ordenamiento, la progresividad se asienta sobre tres tributos concretos: el de la renta, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, esto es, el que grava los ingresos, el que recae sobre la capacidad de pago adicional de la riqueza y el que mitiga la perpetuación de las diferencias de riqueza generación tras generación. Piketty lo denomina, en Capital e ideología, su otra gran obra, el “tríptico de la fiscalidad progresiva: propiedad, herencia y renta”. Casi todas las reformas del sistema de los últimos veinte años han perseguido desmantelarlos. Los de patrimonio y sucesiones se han erosionado en una delirante competencia fiscal entre regiones hasta dejarlos en casi nada, ha cristalizado un impuesto de la renta dual, que privilegia las rentas de capital sobre las de trabajo y, simultáneamente, los impuestos indirectos, profundamente regresivos, no han cesado de ganar terreno. 

El IVA se introdujo en nuestro ordenamiento en 1986 con un tipo general del 12% y ya está, se diría que con la tácita aceptación de todo el mundo, en el 21%. De nada sirve seguir con la dinámica de pedir tipos reducidos y exenciones para este o aquel sector, producto o servicio, si el tipo general que pagamos todos por la mayor parte de lo que consumimos es tan desmesurado. Hay que reequilibrar el peso de nuestros impuestos favoreciendo de nuevo a los directos frente a los indirectos.

Algunas de las medidas adoptadas por el actual Gobierno son positivas, pero manifiestamente insuficientes. Ya no sirven los parches, ni nos aprovecha inventar un impuesto nuevo cada semana. Se ha de reformar el conjunto del edificio, a fondo, y hemos de caminar hacia un sistema mucho más sencillo, con pocos, muy pocos impuestos pero de una enorme capacidad recaudatoria y redistributiva.

Siempre me ha sorprendido la timidez de los políticos de izquierdas en esta materia. La Constitución está del lado de quienes reclamamos la progresividad de los impuestos. Organicemos un bloque cívico constitucionalista que exija su cumplimiento y que el Estado social y democrático de derecho que decimos ser en nuestra Ley de leyes se haga realidad.

Ahora que de nuevo se intensifica la desvergonzada subasta de impuestos característica de todos los periodos electorales (y, en los últimos años, se diría que siempre estuviésemos en periodo electoral), tal vez no sea ocioso recordar cuatro ideas económicas sencillas:

Primera. Es verdad que la inflación puede suponer un significativo aumento de la recaudación, no necesariamente en la proporción exacta en que se incrementen los precios, dado que la propia inflación puede provocar una disminución de consumo y actividad económica. Pero ello no significa que la totalidad de la mayor recaudación se convierta en ingresos disponibles, habida cuenta de que el Estado es también un gran consumidor, acude al mercado de bienes y servicios como demandante, y la inflación, al tiempo que le permite aumentar la recaudación (sobre todo la procedente de impuestos vinculados al precio, como el IVA) le supone un mayor gasto. 

Segunda. Sin duda existen multitud de gastos públicos superfluos que habría que suprimir. Hay gastos sin más indecentes que se deberían eliminar de inmediato, en particular los correspondientes a la pléyade de cargos de confianza sin función útil conocida que pueblan la fauna de todas las Administraciones Públicas y ciertas dietas injustificables y otras golosinas que responden a una nauseabunda e inveterada tradición de clientelismo pagado con recursos de toda la ciudadanía. Pero en su cuantía son una porción menos significativa de los presupuestos de lo que se imagina; más que por su cuantía han de indignarnos por la corrosión de la ética pública que entrañan y por suponer una vía de penetración constante de intereses privados en el sector público.

Por otra parte, la mala gestión del gasto público no solamente consiste en gastar en donde no se debe gastar. También en no gastar en donde sí se debe gastar. Es imprescindible un aumento muy significativo de gasto sanitario en nuestro país en todas las comunidades autónomas, también de gasto en educación y, desde luego, de inversión en transporte público. El estado de servicios como Cercanías de Renfe o el metro en la Comunidad de Madrid es calamitoso y la subida del precio de la electricidad no augura precisamente mejoría.

Si se afirma que es posible reducir gasto superfluo en las cuentas públicas no se está diciendo toda la verdad, salvo que se añada a continuación que resulta imprescindible aumentar, con toda probabilidad en mayor proporción, gastos necesarios en bienes y servicios básicos para la comunidad cuya calidad viene deteriorándose de modo trágico desde hace décadas.

Tercera. Si se acomete una reducción generalizada de impuestos en una coyuntura de galopante elevación de precios al tiempo que se emprende una agresiva política monetaria de contención de la inflación, como la histórica subida de tipos que acaba de decidir el Banco Central Europeo, hay que prepararse para tres sucesiones de pérdidas de ingresos públicos, no solo para una: la ocasionada por la reducción de tipos impositivos, la que se derivará de la depresión de la actividad económica y la que seguirá a la reversión de la inflación. Lo que no mejorará, sino todo lo contrario, si la inflación permanece y entramos en un periodo de estanflación, es decir, de estancamiento e inflación simultáneas. 

Es algo que hace ya muchos años advirtió David Stockman, hasta 1985 director de la Oficina del Presupuesto en el Gobierno de Ronald Reagan, frente a la entusiasta promesa de una masiva reducción de impuestos. También entonces se hablaba del fabuloso florecimiento de la actividad económica que se generaría y de la multitud de gastos superfluos que cabía eliminar sin que el bienestar social se resintiera. También entonces la demagogia fue creída por millones de ciudadanos justamente indignados por el empeoramiento de sus condiciones de vida y la creciente corrupción del Estado. Pero el resultado fue una deuda colosal que hizo tambalearse toda la economía, mientras la asistencia social sufría recortes draconianos y, por supuesto, la corrupción del Estado incluso se agravaba.

Cuarta. Se sigue jugando en determinados medios de forma interesada con las nociones de presión fiscal y esfuerzo fiscal. Puesto que, comparándonos según la primera con los países de nuestro entorno, quedamos por debajo de la media, la invocará quien afirme que hay margen para subidas impositivas. Y como, por el contrario, estamos por encima si nos medimos por esfuerzo fiscal, se atendrá a este índice estadístico quien reclame bajadas de impuestos. No se extraen conclusiones de los datos, se buscan los datos que respalden las conclusiones de las que partimos.

Pero si queremos ser intelectualmente honestos, habremos de reparar en cómo se calculan ambas magnitudes.

La presión fiscal es el resultado de una fracción que tiene en el numerador el conjunto de ingresos fiscales, incluidas cotizaciones sociales, y en el denominador, el producto interior bruto. Es, por tanto, una magnitud muy útil para medir qué porción de la riqueza generada por una sociedad se destina a ingresos públicos, y el hecho de que históricamente nos hayamos encontrado por debajo de la media europea supone una clara manifestación de subdesarrollo nunca del todo superado, cuyas causas merece la pena diagnosticar. Ahora bien, por sí sola, la presión fiscal no nos dice si se gastan adecuadamente los recursos públicos, ni si está distribuida la carga fiscal con justicia, ni siquiera si la escasez de ingresos públicos procede mayormente de tipos impositivos bajos o de un gran volumen de fraude fiscal. Por lo que, para diseñar las políticas públicas de ingresos y gastos se precisa de mucha más información.

El esfuerzo fiscal fue un índice ideado por el economista Henry J. Frank, quien partía de un argumento incontestable: un mismo porcentaje impositivo requiere de esfuerzos económicos diferentes según el nivel de renta al que se aplique. Para una persona que gane mil euros al mes, un pago de IRPF del 10% exige un sacrificio casi insoportable porque necesita de la totalidad de sus ingresos para apenas sobrevivir. Quien gane medio millón podrá pagar un 10%, un 20% y hasta un 30% y aún le restará dinero para vivir cómodamente, para invertir y para ahorrar.

El problema es que la magnitud que se ideó calcula un mismo porcentaje de esfuerzo fiscal para toda la sociedad sin considerar, precisa y contradictoriamente, las diferencias de riqueza que en el seno de la sociedad se dan. Se divide la presión fiscal por la renta per cápita, lo que ofrece una cifra media para toda la población y da lugar así a un índice muy defectuoso de comparación entre economías distintas, porque ignora el diferente coste de la vida en primer lugar y, en segundo lugar y sobre todo, las desigualdades económicas. Es muy posible que en una economía subdesarrollada el reparto de la riqueza sea tan injusto que su población más acaudalada supere en fortuna a la más acaudalada de otra economía de mayor renta per cápita. Lo que nos indicará que no solo debemos mejorar los ingresos públicos sino también la progresividad del sistema.

Nuestro sistema tributario requiere de una reforma profunda y estructural. Con urgencia. Hace aguas por todas partes. Hay impuestos que bajar y otros que subir y, al margen de cuantías y tipos, habría que reformular las propias herramientas de la Hacienda Pública y las facultades de control del fraude. Debemos aspirar a un sistema infinitamente más sencillo, con pocos impuestos que graven de modo eficaz las manifestaciones básicas de riqueza. Inventarse un impuesto para cada gasto que se nos aparezca como necesario no es un buen camino. La actual hipertrofia legal y procedimental supone una carga abrumadora para los ciudadanos comunes, y una oportunidad de ahorro fiscal en cambio para grandes fortunas y empresas, que se sirven de la oscuridad de la ley como palanca para escabullirse del fisco.

No podemos seguir tolerando que los impuestos sean una vulgar baza electoral ni que se nos trate como a niños. En una democracia avanzada, la ciudadanía ha de poder decidir qué bienes y servicios debe garantizar la comunidad para toda la población (la Constitución establece unos mínimos: sanidad, educación, pensiones dignas, vivienda…) y cómo han de financiarse (la Constitución dice que por medio de un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad y no confiscatorio). Y ése y no otro es el orden racional del debate. 

Si se conquista nuestro voto con rebajas fiscales irresponsables y luego se nos exige que aceptemos el deterioro de derechos como irremediable, se nos habrá vuelto a defraudar. Una vez más.

Durante la década de los 80 del pasado siglo adquirió bastante notoriedad en la política norteamericana David Stockman. Primer, por haberse convertido en uno de los más jóvenes y enérgicos artífices, en el terreno de la economía, de la revolución conservadora de Ronald Reagan desde la dirección de la Oficina del Presupuesto de su Gobierno. Y, después, por haber explicado en un libro que tituló 'El triunfo de la política' -y que removió bastantes tripas en la élite del Partido Republicano- los motivos por los que tal pretendida revolución había fracasado.

Se ha dicho que este libro constituye la más implacable impugnación jamás escrita de la célebre curva de Laffer, a la que de nuevo se recurre, en el nuestro como en otros países, para prometer magia. Tal vez no sea una afirmación exagerada, porque quien nos señala las grietas de la política de bajada masiva de impuestos es quien con mayor convicción la puso en marcha.

Stockman no es ningún converso. Quien lea su libro descubrirá a un acérrimo enemigo de cualquier regulación pública de la economía y firme partidario de la iniciativa privada sin restricciones. Asentado en esa fe que él llama la “Magna Doctrina”, diseña el plan radical que combina la reducción generalizada de impuestos, el recorte de gasto público que no sea militar (que, por el contrario, se incrementa) y el objetivo del equilibrio presupuestario. El fundamento en la entonces conocida como economía de oferta resuena de nuevo hoy con fuerza: la rebaja fiscal y la supresión de controles públicos liberará de sus grilletes a la iniciativa privada y al mercado y conducirá a una nueva era de prosperidad capitalista, en la que incluso se lograrán mayores recursos para socorrer a los sectores más necesitados de la sociedad.

Sin duda sonará a todos familiar la argumentación. El resultado práctico es, sin embargo, con más frecuencia olvidado: una gigantesca deuda federal que en 1985 escaló a 1,8 billones de dólares y que puso la economía al borde del colapso.

Se reprocha Stockman exceso de ingenuidad por no haber contado con los ineludibles compromisos de gasto que los mismos políticos republicanos que les apoyaban conservaban con sus electores. Reconoce igualmente haber pasado por alto algunos datos económicos relevantes, como que con una inflación desbocada de dos dígitos, simultanear una masiva reducción de impuestos y una política monetaria antiinflacionista equivalía en realidad a dos masivas reducciones de impuestos, dado que, cuando se logra sofocar la inflación, todas las previsiones de ingresos han de ser revisadas. Y esto no había curva de Laffer que lo levantara.

La política monetaria queda en la actualidad fuera del control de nuestro país, pero habida cuenta de lo que se nos avecina en Europa a la vuelta de la esquina, parece insensato jugar con tanta desenvoltura a la ruleta rusa.

Lo más grave, sin embargo, de cuanto nos relata Stockman es la evidencia de que se mintió a la ciudadanía. Ni siquiera cree que los ideólogos de la curva de Laffer, empezando por el mismo Arthur Laffer, pensaran sinceramente que se podrían obtener más ingresos públicos tras la rebaja de impuestos; se trataba solamente de “vender” la idea. Y sobre todo se ocultó la parte fea del plan. Se hizo creer a millones de norteamericanos que suprimiendo unos cuantos gastos superfluos de los manirrotos de Washington sería suficiente para cubrir las pérdidas. Era mentira. No se produjo la prodigiosa liberación de fuerzas económicas que se había anunciado, fue necesario acometer severos recortes de gasto social y ni aún así se evitó un endeudamiento histórico. Únicamente un dictador, según admite Stockman, que desmantelara sin miramientos y de arriba abajo el Estado social y sofocara cualquier protesta habría podido evitar el agujero presupuestario.

Resulta pavoroso que una mentira tan contundentemente contrastada por la realidad pueda seguir engañando, una y otra vez. Jamás, en ningún lugar del mundo, una reducción generalizada de impuestos ha conducido a un aumento de ingresos. Es posible que las circunstancias de un determinado mercado reduzcan o aumenten la recaudación previsible de un tributo, coyunturalmente una mengua de tipos puede compensarse -en parte- por el efecto de la inflación y la propia medida del fraude fiscal hace variar los ingresos con un mismo nivel impositivo. Es posible y se debe decir que la cuantía de ingresos públicos depende de multitud de factores económicos, no todos ellos estrictamente fiscales, y no solo de los tipos de gravamen. Y, justamente por ello, supone una colosal burrada afirmar que una reducción general de tipos impositivos llevará a mejorar los ingresos.

Los argumentos a los que recurre hoy la derecha en nuestro país para volver a prometer la multiplicación de los panes y los peces son los mismos que manejaron los apóstoles de la “revolución” de Ronald Reagan, adaptados si acaso a nuestro particular folklore y adornados por el embrutecimiento usual de las redes sociales. De nuevo se oculta la parte menos seductora del plan. Hay sin duda gastos que podrían evitarse con una gestión más eficaz, sueldos de cargos de confianza en diferentes administraciones que habría que ahorrar a la ciudadanía, golosinas en viajes y gastos de representación que sobran no por su cuantía sino por su obscenidad moral. Tampoco la izquierda debería negar esta evidencia.

Pero el margen de ahorro es bastante menos abultado de lo que se proclama, y además la sanidad, la educación y los transportes públicos, por mencionar sólo tres apartados, se encuentran en tan lamentable estado que precisan con urgencia un aumento drástico de inversión. Y no hay magia posible; las rebajas de impuestos no se compensan por sí solas. Quienes promueven una reducción generalizada deberían contarlo: el precio será el desmantelamiento de nuestra sanidad, nuestra educación y los transportes públicos, las ayudas a sectores económicos en dificultades se volverán insostenibles y a las familias que se queden por el camino no habrá manera de ampararlas.

No deja de tener gracia que fuese precisamente Manuel Fraga Iribarne quien justificara en los debates constituyentes la inadmisión de la iniciativa legislativa popular en materia tributaria para evitar la “tendencia fácil a pretender que pagando menos impuestos las cosas se arreglen”.

Al cabo de los años parece evidente que se subestimó tanto la madurez de la ciudadanía como la propensión a la demagogia de los políticos. Nuestro sistema tributario está quebrado, y no sólo por su insuficiencia en la obtención de los recursos necesarios, sino por su manifiesta injusticia, su incapacidad para cumplir la función esencial de redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad, que en la proporción que ha alcanzado en España es no sólo una infamia sino un lastre para el desarrollo. En una reforma seria de nuestro sistema tributario habrá que reducir determinados impuestos, naturalmente, y otros deberán ser elevados; se tendrá que revisar la distribución de la carga porque hay quien paga mucho menos de lo que debería, pero también mucha gente verdaderamente ahogada por el fisco; hay que reformular por completo los controles del fraude y transformar a fondo el propio sistema productivo sobre el que los tributos recaen.

Sería esperanzador que todo ello se abordara en un debate abierto a la ciudadanía, y que la gente pudiese discutir sobre la base de información cierta y no de demagogia milagrera qué bienes y servicios públicos han de garantizarse y cómo se financian.

Lo que es, en fin, la democracia.

El patológico tremendismo que envenena la política española es muy capaz de triturar cualquier discusión racional, sea cual sea la materia sobre la que verse. Y la materia tributaria, de por sí muy propicia para la demagogia electoral en condiciones normales, no podía quedar al margen del belicismo reinante.

Una de las batallas que últimamente despierta mayores pasiones es la que se libra en torno a la autonomía fiscal de las comunidades frente al Estado, con el Gobierno regional madrileño como vanguardia. Resulta desde luego chocante que una formación como ERC haya reclamado la armonización de impuestos mientras el PP clama por mayores dosis de autonomía en una dinámica de disgregación territorial y enfrentamiento institucional que hasta Vox, en Madrid, ha calificado de independentista.

La cosa podría inspirar una delirante comedia política, pero por desgracia para la ciudadanía, el fondo sobre el que se discute es algo grave. El modo en que se configuran la distribución y ejercicio de competencias de gasto e ingresos públicos entre los diferentes niveles administrativos y políticos del Estado resulta trascendental para la prosperidad de un país.

Existe una abundante literatura especializada respecto a lo que se denomina federalismo fiscal cuya eclosión cabe situar en Estados Unidos, inmediatamente después de la Segunda Guerra mundial, a raíz de las aportaciones del ilustre hacendista Richard A. Musgrave y en la que han intervenido, desde diferentes puntos de vista, autores como Wallace Oates, James M. Buchanan o Joseph Stiglitz. Entendemos por federalismo fiscal la discusión acerca de la atribución de competencias económicas en los distintos escalones territoriales de gestión pública. Sobre la base de un amplio consenso en torno a la idea de que las entidades públicas de menor nivel pueden captar mejor las necesidades de gasto por mayor proximidad al territorio al que se aplican, caben muchas y muy complejas gradaciones y matices.

Pero, en lo que a competencia sobre ingresos fiscales se refiere, hay dos grandes lineamientos desde mediados del siglo XX que manan a su vez de perspectivas económicas más generales. Quienes, como el propio Musgrave, consideran que el sector público ha de cumplir las tres clásicas funciones de estabilización de la economía, asignación de recursos y redistribución de la riqueza, entenderán que al menos ha de haber una coordinación fiscal superior apta para evitar la descontrolada competencia a la baja en ingresos tributarios que conduciría al desmantelamiento gradual, o no tan gradual, del Estado de Bienestar.

Desde el punto de vista de un federalismo fiscal de segunda generación, encuadrado en el neoliberalismo, y en particular en la teoría de la elección pública que fundara Buchanan, se quiere estimular la competencia fiscal entre entidades públicas, considerando idóneo que actúen como empresas que rivalizasen por los contribuyentes como lo harían por los clientes en un mercado. La idea es que las Administraciones se vean obligadas a ofrecer los mejores servicios al menor coste fiscal, pudiendo los ciudadanos moverse de un lado a otro si no les satisface la relación entre el “precio” que han de pagar y lo que reciben a cambio, según la conocida expresión de “votar con los pies”. Esto mitigará la que se tiene por propensión irreprimible de los gestores públicos al incremento del gasto y les forzará a ser más eficientes en su gestión.

El razonamiento parece impecable, pero olvida algunas realidades relevantes. La primera es que existen siempre desequilibrios territoriales; condiciones sociales, económicas y hasta geográficas diferentes hacen que las posibilidades de competir entre regiones nunca sean las mismas. En nuestro país, el mero hecho de la capitalidad de Madrid le ofrece una ventaja que gobiernos de comunidades vecinas han resaltado con amargura. También parece irreal la concepción del Estado como un ente absolutamente ajeno y enfrentado a la sociedad, cuando es evidente y lamentablemente creciente la penetración de intereses privados en su interior.

Pero, sobre todo, se pasa por alto que no toda la ciudadanía puede trasladarse de un lugar a otro con la misma facilidad. Por lo común moverse a la búsqueda de menores impuestos es una posibilidad difícil para las rentas más bajas y para quienes viven de un salario, siendo además estas las personas que más tienen que perder con el deterioro de los servicios públicos.

Ya he ofrecido el dato en alguna otra ocasión, pero no sobrará recordarlo porque resulta especialmente significativo. Según la última estadística de resultados del Impuesto sobre Patrimonio (la de 2018), en la Comunidad de Madrid se dejaron de recaudar, como consecuencia de la bonificación del 100% del tributo, unos 905 millones de euros de los algo más de 17.000 declarantes dueños de patrimonios superiores a 2 millones, que es a los que la norma estatal obliga a declarar aunque no deban pagar. 905 millones suponen aproximadamente el 11% del gasto sanitario de ese año, y 17.000 declarantes son el 0,25% de la población madrileña y el 0,50% de contribuyentes de IRPF en esta región. Cuando se divide la reducción de ingresos por la población total se está incurriendo en una falacia demostrable: es menos del 1% de la población la que se ahorra el pago, no casualmente aquel 1% que menor necesidad tendrá de asistencia sanitaria pública, y es más del 99% de la población la que pierde 905 millones de posible inversión sanitaria sin ahorrarse ni un céntimo en impuestos.

Repárese también en que el hecho imponible del tributo lo hace muy propicio para la movilización de bases cuando existen distintas regulaciones. Grava el valor neto del patrimonio de las personas físicas. Las grandes fortunas que se nutren de diversas fuentes de riqueza suelen pertenecer a personas que también disponen de varias residencias y que no hallarán gran inconveniente en ubicar el domicilio fiscal en el lugar más ventajoso sin que se resientan sus negocios. El Impuesto sobre Patrimonio, y en este punto la responsabilidad la comparten gobiernos socialistas y populares, es el último cuya descentralización normativa debía haber llegado al extremo de permitir anular su cobro.

La trampa argumental de la autonomía es vieja y también lo es el uso fraudulento del concepto de corresponsabilidad fiscal. Ya recurrió a él Ronald Reagan para fundamentar la liquidación de transferencias y el desmantelamiento de programas federales de ayuda social. Tampoco sorprende que sea modelo económico de la derecha ni la aparentemente extraña coincidencia en esta materia entre la derecha españolista y los sectores más conservadores del nacionalismo catalán. 

Se oculta además cuidadosamente en la propaganda que son tres los impuestos cedidos con amplia capacidad normativa a las comunidades: el de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este último, que es de los tres el de naturaleza indirecta, nadie lo cuestiona, a excepción de cuando una sentencia del Supremo luego anulada amenazó con cargarlo a los bancos en su vertiente de Actos Jurídicos de las hipotecas. Hasta ahí podíamos llegar.

Con todo y para ser por entero justos, habríamos de concluir que tampoco la izquierda se ha librado de una exagerada retórica, si bien la aprovecha manifiestamente menos. Quizá a mí se me escapen los pormenores de la estrategia política, pero no acabo de encontrar la utilidad a los enardecidos discursos que hablan de reformas históricas y de colosales transformaciones si luego nos quedamos en un par de retoques de tipos impositivos o en un impuesto sobre transacciones financieras que libra de contribuir precisamente a las más especulativas.

Sugiero retórica más sencilla pero de mayor enjundia, si fuese posible, a la que creo que la ciudadanía tenemos derecho. Llevamos ya dos décadas, al menos, de demolición de los principios de igualdad y progresividad, el segundo de los cuales se funda estructuralmente en nuestro sistema tributario sobre las tres figuras impositivas que de modo más concienzudo se destruyen: el IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, las tres articuladas de forma complementaria para hacer efectiva una progresividad que acaba de convertirse en humo si a la liquidación se suma la elevación constante de la imposición indirecta. Se renuncia a una distribución más equitativa de la renta regional y personal que también la Constitución ordena en su artículo 40. Y se utilizan las propias Administraciones Públicas que se gobiernan para una guerra política que amenaza con derribar el principal pilar de nuestro Estado social.

Apartemos pues la hojarasca de la propaganda para hablar de ello, porque se trata de un asunto muy serio.

Se hizo célebre hace unas décadas la frase atribuida por una empleada a la multimillonaria Leona Helmsley, propietaria de una cadena hotelera de lujo de Nueva York, en el curso del proceso que contra esta se siguió por fraude fiscal. “Los impuestos solo los paga la gente corriente”, habría dicho. 

Lo más inquietante de la fanfarronada no era su cinismo, frecuente entre no pocos millonarios, sino que en gran medida describiera la realidad y que, aun peor, fuese premonitoria del incesante aumento de la injusticia de los sistemas tributarios en los países industrializados. La magna revelación de los que hace unas semanas se conocieron como Papeles de Pandora supone una nueva demostración –y ya van unas cuantas– de algo que es mucho más que un mal económico, de una enfermedad que desacredita la democracia entera.

Como imaginarán, después de más de 30 años de ejercicio profesional en la Hacienda Pública española, no espera uno grandes terremotos políticos y sociales por el hecho de que los datos vuelvan a constatar lo que todo el mundo como mínimo sospecha. Las reacciones, por otra parte, han venido siendo las ya acostumbradas en ocasiones similares. Tras el anuncio inicial, día tras día van desvelándose, en un goteo al que cada vez se presta menor atención, los nombres de las personas célebres que parecen haber recurrido a diferentes formas societarias y entramados para ahorrarse impuestos, y cada tribu se emplea a fondo en defender la honradez de los suyos y explotar la culpabilidad de los adversarios. Entre tanto, una ciudadanía mayoritariamente anestesiada o enfervorecida por otras pasiones menos prosaicas presencia con creciente indiferencia lo que es ni más ni menos que la exposición a plena luz del saqueo masivo y desvergonzado de la riqueza de toda la sociedad, perpetrado sin pudor ni arrepentimiento por algunos de nuestros más felices ídolos culturales e incluso por quienes cobran para proteger el bien común precisamente de los mismos impuestos que eluden.

Y todas las veces, sin excepción, rebrota una corriente de pensamiento infame que justifica el saqueo sobre la idea de que las sociedades modernas se han convertido en asfixiantes infiernos fiscales en los que el Estado estrangula la iniciativa de los individuos dotados de espíritu de empresa. Ya se dijo, hace bien poco tiempo, cuando afloró la huida frecuente de millonarios youtubers a Andorra y se alegó que podrían ser retenidos, lo que redundaría en beneficio de todos, si se les redujera la factura fiscal lo suficiente como para que les compensara quedarse.

En realidad, los youtubers se limitan a hacer lo que otros millonarios a los que se tiene por más respetables venían haciendo desde siempre. Y la pretensión de evitarlo reduciéndoles el pago de impuestos queda tan rotundamente desmentida por las cifras que cuesta creer que nadie informado lo proponga en serio. 

Andorra cuenta con un marginal máximo de IRPF del 10%, más de cuatro veces inferior al español; dispone de un tipo general en el tributo equivalente al IVA del 4,5% frente al 21% de nuestro país y el gravamen del Impuesto sobre Sociedades es del 10%, con la particularidad de que están exentos de tributación los dividendos que en España pueden llegar a pagar hasta un 26%, algo muy apetecible para los acaudalados contribuyentes que aspira a atraer el país vecino y útil en el usual recurso a las sociedades interpuestas de sus asesores fiscales. Hablamos de los tres impuestos que aportaron cerca del 86% del total de ingresos tributarios a las arcas públicas españolas en 2019, el último ejercicio anterior a la pandemia, 182.163 millones de euros sobre 212.808 millones. Una fiscalidad como la andorrana es posible en un pequeño país con menos de cien mil habitantes que apenas ha de gastar en servicios e inversión pública, depende para buena parte de sus necesidades de la vecindad de países mayores y acoge a un elevado porcentaje de millonarios que aun con gravámenes muy reducidos contribuirán por cuantías muy altas al fisco. Sin embargo, a economías como la francesa o la española las conduciría a la quiebra en pocos meses.

Y nos referimos a un país que ya no está oficialmente considerado como paraíso fiscal y a opciones de tributación perfectamente legales. Nadie que sepa de lo que habla lo ignora. Si se propone la rebaja de impuestos como respuesta a la evasión fiscal es con el menos confesable propósito de aprovechar la sangría para reducir la contribución proporcional de los ricos al bien común también en el interior de nuestros países. El objetivo es que los millonarios puedan seguir evadiendo, como hasta ahora, y además paguen menos en sus países de origen. Si pueden conseguirlo todo, ¿por qué no tenerlo todo? Esa es la máxima en realidad.

La confusión, muy a conciencia alimentada, estriba en entender que cuando hablamos de paraísos fiscales o de sociedades interpuestas para escapar al fisco estamos refiriéndonos a hechos al margen del sistema. Y esa confusión favorece la solidaridad con los defraudadores de una buena porción de sus víctimas, de aquella gente corriente que, a pesar de padecer la pérdida de bienestar consecuencia inequívoca del fraude, soporta también un sistema tributario de una complejidad apabullante, que les abruma y del que no pueden zafarse. Razón por la cual admiran a quienes sí lo han hecho.

Lo cierto es que hablamos de dos caras de un mismo sistema, aunque de tan dispares efectos sobre los contribuyentes que aparentan ser dos sistemas distintos. Un sistema que de un lado ofrece vías de fuga a quien dispone de renta suficiente para aprovecharse de ellas y, sobre todo, para comprar los adecuados servicios de asesoría, y de otra parte puede ser implacable con la inmensa mayoría menos afortunada. 

El mayor volumen con diferencia de pérdida de ingresos fiscales procede de operaciones que aprovechan huecos de la propia ley, o conducen a dilatados y complejos procedimientos de revisión administrativa y judicial de resultado incierto, o bien incurren en muy bajo riesgo de ser detectadas y liquidadas por la Hacienda Pública. Lo más triste de la realidad actual es que cuando alguno de los personajes aparecidos en los Papeles de Pandora asegura que sus acciones son legales no es improbable que lleve razón. Y en ello radica la quiebra democrática del sistema.

No es que haya propiamente diferencias de trato en la ley. Cualquiera puede constituir una sociedad patrimonial que administre sus bienes, pero si tu nivel de renta no es lo suficientemente alto acabarás perdiendo dinero. Todos podemos marcharnos a Andorra, aunque a muchos la decisión nos supondría perder nuestra fuente de ingresos en España. Y los grandes despachos de asesoría fiscal no desdeñan a ningún cliente siempre que pague sus cuantiosos honorarios. El conjunto lleva a una vulneración flagrante del principio de capacidad económica consagrado en la Constitución, porque en la realidad, aunque no sea así en la letra de la ley, las vías de elusión se encuentran al alcance de una minoría, la misma que para colmo posee mayor capacidad de determinar el sentido de los cambios legales. No solo porque entre los defraudadores haya destacados políticos, lo que de por sí es grave, sino por la fuerza que de hecho otorga el dinero para presionar a gobiernos y hasta a bloques de Estados.

He defendido en otros artículos, y es lo que creo, que esta realidad puede cambiarse, si bien el grado de podredumbre hace que las reformas deban ser de bastante más calado que quedarse en un tipo mínimo global en Impuesto sobre Sociedades. Ahora bien, el primer paso para la esperanza es que la inmensa mayoría de la ciudadanía, la gente corriente, muestre su más hondo desprecio por quienes impúdicamente la saquean y exija –exijamos– la justicia fiscal como condición ineludible de la democracia. 

En su libro Galileo y los negacionistas de la ciencia, que recientemente ha tenido el acierto de editar en español Biblioteca Buridán, explica el astrofísico Mario Livio la usual falacia argumental conocida como “gambito de Galileo”, a la que con frecuencia recurren quienes se oponen a hechos abrumadoramente reconocidos por la comunidad científica sobre la base de razones (o sinrazones) extra científicas. Sirve tanto para terraplanistas como para los apóstoles del diseño inteligente que continúan resistiéndose a la evidencia de la evolución, para negadores del cambio climático y, aunque no sean mencionados en el libro imagino que por ser de redacción anterior, para enemigos de vacunas y negadores de la desoladora pandemia que ya ha matado a más de cuatro millones de personas en el mundo.

La coartada es sencilla: del mismo modo que Galileo fue perseguido por oponerse a las ideas dominantes de su época, sufren ellos persecución y son ominosamente silenciados por disentir de las ideas establecidas. La suma al cóctel de tenebrosas conspiraciones alentadas por las élites globales resulta naturalmente inevitable; a falta de hechos científicamente acreditados, la misma conspiración se convierte en prueba de aquello que, de todos modos, jamás se pretendió demostrar. La respuesta del astrofísico Mario Livio cae por su propio peso: Galileo no tenía razón porque la Inquisición lo reprimiera ni porque se opusiera a ideas dominantes en su tiempo, sino porque la evidencia científica estaba de su parte, porque era su posición la correcta dados los conocimientos de su época y la única que posibilitaba el avance en nuestra comprensión del mundo.

No hay charlatán al que no le tiente, cuando se desnuda la inconsistencia de sus afirmaciones, compararse con Galileo o con Giordano Bruno o con el mismísimo Jesucristo, según el gusto y filiación del aspirante a mártir. Pero resulta que ni el respaldo mayoritario ni el mero hecho de ser minoritaria garantizan a afirmación alguna la certeza. Y no siempre que la mayoría nos quite la razón seremos unos incomprendidos o víctimas de turbias conspiraciones; es posible que, sin más, no la tengamos.

El fondo de la disputa entre Galileo y la Inquisición, no obstante, radica a mi juicio en que sólo el primero buscaba ampliar el conocimiento humano. No se enfrentaban dos hipótesis científicas que con posterioridad pudieran ser calificadas como erróneas o acertadas. La única posición científica era la de Galileo, y lo hubiera seguido siendo aunque se hubiese equivocado. Porque el fundamento de los inquisidores era un dogma extraído de un libro que se presumía inspirado por Dios y la autoridad de un filósofo antiguo, Aristóteles, al que además la Iglesia había reinterpretado para ajustarlo a su dogma (de un “Aristóteles con tonsura” habló el publicista ruso Herzen).

El sabio pisano era sin duda plenamente consciente de la trascendencia de esa disputa. Lo prueba en sus cartas a Benedetto Castelli y a Cristina de Lorena, pero sobre todo en su magnífico Diálogo de los dos máximos sistemas, un libro que debería ser de lectura obligatoria en todas las escuelas. Y esta lucha tenaz convierte a Galileo, no sólo en el más grande de los fundadores de la ciencia moderna, como lo calificara Bertrand Russell, sino en uno de los mayores defensores de la libertad de pensamiento y de investigación de la historia.

La vertiente teológica de su argumento, según la cual sería inconcebible que Dios hubiese dotado al ser humano de la capacidad de buscar el conocimiento para luego conducirlo a conclusiones erróneas, podría estar más o menos forzada por la asfixiante censura que debía sortear. Contemplado hoy con la adecuada perspectiva, se hace evidente el objetivo: la libertad plena y la autonomía de la investigación científica de cualquier intromisión ajena a sus propios caminos de búsqueda. En otras palabras: Galileo quería que lo dejaran trabajar en paz. La ciencia se ahoga sin libertad de investigación, y no cabe libertad si existe biblia, religión, metafísica, doctrina filosófica, política o de cualquier otra índole que tase los resultados y conclusiones aceptables de su exploración.

Porque no sólo la Iglesia católica ha pretendido marcar desde fuera la senda a los científicos, ni es exclusiva de la extrema derecha la negación de evidencias científicas, aunque ahora, para nuestro horror, haya sabido aprovechar el arrinconamiento de la razón con el evidente, y exitoso, propósito de medrar en medio de la crisis.

Durante gran parte del siglo XX, una acartonada versión del marxismo popularizada como diamat justificó que perfectos incompetentes dictaminasen, encaramados en un pretendido saber superior, qué teorías científicas eran acertadas y cuáles otras habían de condenarse en tanto que “burguesas”. Uno de los más terribles y grotescos frutos de esta forma de enfocar la ciencia fue la “nueva” biología alumbrada por el embaucador Trofim Lysenko con la que se aspiró a impugnar el darwinismo y que, convertida en teoría científica oficial por las autoridades soviéticas en los años 30, propició varias cosechas catastróficas y la purga de docenas de científicos hasta la década de los 60.

No sería justo atribuir tales delirios a los propios Marx y Engels, ambos mucho más penetrados del espíritu ilustrado de lo que jamás alcanzaran a comprender muchos de sus epígonos. Y tampoco se ha desprendido por completo de ellos la nueva izquierda. Hace no tantos años importantes dirigentes de izquierdas de este país alentaban las majaderías sobre las vacunas propaladas por la religiosa benedictina Teresa Forcades, en su momento refiriéndose a las de la gripe A pero no muy alejadas de la propaganda contra las vacunas difundida hoy en redes sociales por fanáticos de extrema derecha.

Así pues, la irracionalidad anticientífica ni es de ayer ni exclusiva de un solo bando ideológico o político. La escalofriante novedad estriba, por una parte, en el asombroso respaldo social que ha alcanzado, ratificado por el hecho perturbador de que haya ocupado el gobierno de países tan importantes como Estados Unidos o Brasil, y, por otro lado, en que ya no nos encontremos ante un lastre sólo cultural. El movimiento contrario a la vacunación, respaldado por influyentes grupos y personalidades, no fue ajeno al trágico aumento de contagios y muertes de niños por sarampión ya en el año 2019. En una pandemia de las dimensiones de la actual, sus víctimas podrían contarse por centenares de miles. Y la negación del cambio climático podría llegar a costarnos la propia supervivencia de la especie.

Naturalmente, los datos que se manejan pueden ser erróneos o serlo su interpretación. La ciencia ha hecho su historia de multitud de errores y aciertos contrastados una y otra vez. Pero, cuando se niega la fiabilidad de la ciencia como tal y se da crédito a presuntos hechos alternativos no verificables, y cuando se reclama para cualquier disparate el derecho a ser medido en igualdad de condiciones con evidencias científicas sólidamente contrastadas, el propio conocimiento se hace imposible. Los hechos dejan de contar; sólo cuenta la propaganda.

Tanto da que las conspiraciones sean atribuidas al capitalismo o a rojos infiltrados en instituciones científicas para estrangular la iniciativa individual. En realidad, las fábulas aprovechan más a los poderosos. Desde la perspectiva del cambio social, es realmente de idiotas pensar que, en un mundo en el que la concentración de la riqueza alcanza cotas inéditas desde principios de siglo XX, las élites urdan conspiraciones ocultas que ponen en riesgo sus propios negocios con fines de un incierto adiestramiento social. Llevan lustros recobrando todos los resortes de poder a plena luz sin apenas resistencia, tal vez porque demasiada gente anda distraída con leyendas de terrores subterráneos.

Estos días hemos visto la faz más bestial de la irracionalidad en Afganistán. Urge recuperar la fuerza de la razón y el espíritu de la Ilustración, la aventura más prometedora y fértil de nuestra historia. Necesitamos un movimiento ciudadano de defensa de la ciencia en el que tendríamos que comprometernos en especial quienes no somos científicos. Hace más de veinte años que los físicos Sokal y Bricmont nos dieron un serio toque de atención en su delicioso libro Imposturas intelectuales. Ahora disponemos de menos tiempo, y en cambio nos va la vida en ello.

A veces ocurre que, cuando los más sagaces consejeros de los poderosos ven peligrar el manantial mismo de su lucro, de repente reconocen como sensatos y realizables aquellos propósitos que siempre se habían tachado de ilusorios. Naturalmente, sin excederse en generosidad, sólo cediendo un tanto para evitar que el tinglado entero acabe por desplomarse.

Durante décadas se nos dijo que era imposible alcanzar ni la más elemental coordinación internacional que evitara la alarmante erosión de la imposición corporativa a los grupos multinacionales, y que cualquier empeño que fuera más allá de bienintencionadas recomendaciones se saldaría con dramáticos estrangulamientos de la economía. Ni siquiera en el interior de una región de la envergadura de la Unión Europea, en la que sí se había logrado armonizar en alto grado la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales), se ha llegado demasiado lejos. Y resulta que, de buenas a primeras, en el selecto grupo de las principales potencias económicas del mundo, el conocido como G7, apenas tardan unos días en alcanzar un acuerdo que se califica de histórico y revolucionario para frenar una competencia a la baja en el gravamen de las grandes empresas que acumula décadas de recorrido.

Lo cierto es que el contenido concreto del acuerdo, a la vista sobre todo de las expectativas de la víspera, no parece justificar los entusiastas ditirambos de prensa y políticos. Ni tan histórico ni tan revolucionario. Pero sería necio también negar que encierre un llamativo cambio de rumbo, o un principio de cambio al menos. De modo que siquiera la esperanza sí podría estar justificada.

El economista Gabriel Zucman, director del recientemente creado Observatorio Fiscal europeo, ha explicado el alcance concreto. No se trata de que se vaya a obligar a todos los Estados a fijar un tipo mínimo del 15% de Impuesto sobre Sociedades en sus sistemas tributarios nacionales, sino de que los grandes grupos contribuyan al menos con una tasa global efectiva del 15%, que se aplicaría país a país. Lo cual supondría que, si una multinacional radicada en el territorio de un Estado obtuviera un beneficio gravado con el 7% en el territorio de otro Estado, el primer Estado podría someter a la empresa a un gravamen adicional por la diferencia de ocho puntos hasta el 15%. De otra parte, se establece que determinadas empresas multinacionales cuyo margen de beneficio supere el 10% tributen al menos por el 20% de cuanto exceda a ese margen en los territorios en los que lleven a cabo sus ventas. Se persigue eliminar la ventaja comparativa de la fijación de tasas tributarias por debajo del mínimo acordado, en primer lugar, y evitar en segundo lugar, cierto que sólo en una porción de los beneficios, que éstos se trasladen arbitrariamente por las corporaciones a donde les resulte fiscalmente más conveniente.

Ya han sido señaladas las más notables deficiencias de que adolece la iniciativa. La primera es su vaguedad. Habrá que ver cómo se desarrolla en las reuniones correspondientes del G20 y la OCDE. Pero, en el escaso tiempo transcurrido desde el anuncio, ya Irlanda y Hungría urden la forma de bloquearlo, el Reino Unido –donde se ubica el principal distrito financiero del planeta- reclama que las entidades financieras queden al margen y se nos confirma que, como contrapartida, aquellos países que hubieran creado algún tributo sobre servicios digitales (la conocida como tasa Google), deberían renunciar a él. Entre ellos, el nuestro, cuyo gobierno preveía recaudar unos 968 millones de euros con el nuevo impuesto mientras el Observatorio Europeo le atribuye un incremento de ingresos de 700 millones si se confirmara la tasa global del 15%, lo que no nos promete gran provecho con el cambio, salvo que el acuerdo final mejore sustancialmente la propuesta original. No olvidemos que en estos mismos foros, allá por el 2008, se habló nada menos que de “refundar el capitalismo sobre bases éticas”, ni lo que vino después. El porcentaje del 15%, cuando el mismo Biden había hablado del 21% y la UE pensaba en el 25%, se antoja muy decepcionante.

Resulta exagerado, a mi juicio, hablar del principio del fin de los paraísos fiscales y de las tramas de elusión en las que cooperan multinacionales y gobiernos. Los paraísos fiscales más efectivos para el ahorro de las grandes empresas, catalogados o no oficialmente como tales, no son ni mucho menos territorios sin ley. Por el contrario, cuentan con complejas regulaciones tributarias, sofisticados grupos de consultoría profesional y elaboradas facilidades de establecimiento y opacidad de cuentas e titularidades. En suma, de una muy meditada política de atracción de capitales. Estados Unidos alberga en Delaware un magnífico ejemplo.

Sin duda, el mero hecho de que se apruebe una tributación mínima, sea la que fuere, implica un avance. Pero las estrategias de localización por ventaja fiscal y de precios de transferencia forman parte tan indisoluble del funcionamiento actual del capitalismo, que se requeriría una transformación mucho más extensa y profunda para acabar con ellas.

Desde finales de siglo XIX se reconoce la existencia en el patrimonio de las empresas de activos inmateriales –marca, patentes, propiedad intelectual-, y las actuales normas contables posibilitan que éstos se valoren de modo ficticio como si se estuvieran vendiendo y comprando en un mercado real. “Precios de modelo, precios de fábula”, ha dicho el financiero Warren Buffett. En operaciones constantes entre componentes de los mismos grupos cabe distribuir costes y beneficios, rentas y deducciones, de manera muy difícilmente controlable. Incluso sin considerar la extraterritorialidad y en tamaños más modestos. Ya no es infrecuente que un grupo de profesionales constituya varias sociedades mercantiles para facturarse y refacturarse servicios reales o figurados con el fin de aminorar bases imponibles y acrecentar desgravaciones. Y la prueba de que así se hace, que compete a los servicios de inspección, no es nada sencilla. Imagínense pues esa misma posibilidad abarcando casi al mundo entero, aprovechando las diferencias entre regulaciones estatales y pudiendo negociar de tú a tú con los gobiernos.

El modelo teórico de Brennan y Buchanan que atribuye a la competencia fiscal el efecto beneficioso de estimular la eficiencia en la gestión presupuestaria de las Administraciones no se sostiene en la realidad. Porque únicamente las grandes fortunas y las multinacionales pueden mover sus activos para aprovechar las condiciones de esa competencia, en tanto que trabajadores, pensionistas y pequeñas empresas, precisamente quienes más necesitan de los servicios comunitarios, carecen de tal opción. Al contrario, para las grandes corporaciones, la competencia fiscal es el instrumento idóneo con el que arruinar a las empresas locales, lo que tiene consecuencias devastadoras para el mercado y el desarrollo social.

Un soplo de aire

Fijar un suelo impositivo global del 15% está muy lejos de ser la reforma integral del sistema tributario internacional que con tanta pompa se ha pregonado. Se debe armonizar el propio cómputo de bases imponibles, recuperar la imposición patrimonial, coordinar de verdad internacionalmente el control del fraude, reformular las reglas contables, y mucho más. Pero es una excelente noticia que se reconozca que la reforma integral es imprescindible. Aunque sea ahora porque las grandes potencias hayan visto destruidas sus economías por la pandemia y a pesar de que en su ánimo esté, naturalmente, seguir ganando con la mudanza. Una vez abierta la puerta, por estrecha que sea, y removidas las viejas coartadas argumentales, dependerá de la capacidad de presión de la ciudadanía que se avance o no a mayores cotas de justicia fiscal.

Para nuestro país, en el que el debate político y mediático sobre tributos ha caído en un atroz delirio que promueve la idea inapelablemente estúpida de que todo lo que hay que hacer es decidir qué impuestos eliminar y cuándo para que la prosperidad renazca por sí sola, que del exterior nos venga una discusión medianamente sobria sobre esta materia supone un oxigenante soplo de aire.

La lucha contra los más complejos mecanismos de elusión fiscal tampoco es de anteayer. Thierry Godefroy y Pierre Lascoumes hicieron en 2004 un desalentador relato, desde los comités financieros de la Sociedad de Naciones en los años veinte a las listas menguantes de paraísos fiscales de la OCDE.

Ésta podría ser una nueva oportunidad. Intentemos no volver a dejarla escapar.

La extraordinaria historia que se nos ha venido narrando en este periódico acerca de los trajines con un cuadro de Goya perteneciente a la familia de Fernando Ramírez de Haro, marido de la ex presidenta de Madrid Esperanza Aguirre, reviste mayor gravedad de la que podría aparentar. Habiéndonos acostumbrado ya por desgracia en este país a la proliferación de casos de corrupción y fraude en las esferas pública y privada, podríamos tomarlo por uno de tantos. Sin embargo, con independencia de su magnitud, lo que este caso desvelaría, naturalmente si al final los hechos relatados se confirmaran, sería la inquietante inacción de todas las instancias públicas de control en la protección del interés general.

El enredo daría con seguridad para una apasionante novela de intriga o, visto de otra manera, para una divertida comedia de Berlanga. Y también serviría como supuesto práctico para que los estudiantes analizaran casos de fraude en los más dispares campos del derecho, dada la multitud de irregularidades que se vislumbra. Pero lo más preocupante para la ciudadanía es, a nuestro juicio, el hecho evidente de que todo haya salido a la luz únicamente cuando un particular denuncia el quebranto de su interés privado, desvelándose entonces la participación de asesores, responsables culturales y gestores públicos sin que parezca que ni uno sólo de ellos haya movido un dedo por salvaguardar la legalidad ni por proteger un bien de nuestro más preciado patrimonio cultural.

Y aún es peor si se toma en consideración que una de las protagonistas era nada menos que presidenta y máxima responsable de la Administración autonómica que debía velar por la recaudación de los tributos en primera instancia afectados y por la protección del cuadro, compañera de partido político del entonces ministro de Cultura y de su consejero de Cultura y, de remate, miembro del Patronato del Museo del Prado. Es decir, la señora Aguirre, interviniente activa en toda la trama a tenor de los hechos publicados, ejercía la máxima autoridad o poseía notable capacidad de influencia en todas y cada una de las instancias públicas implicadas. Que su principal preocupación fuese precisamente ocultar la maquinación al escrutinio público, como se descubre por el correo que dirigió en marzo de 2012 a su cuñado, el diplomático Íñigo Ramírez de Haro, hoy denunciante, prueba un estremecedor desdén por la protección del interés general que la ciudadanía le había confiado.

En la narración de todo lo sucedido existen aún zonas de oscuridad que imaginamos habrán de irse aclarando en el curso del procedimiento judicial y, tal vez también, en futuras investigaciones periodísticas. Pero lo esencial es bien fácil de entender. 

Una vez fallecido, en octubre de 2010, Ignacio Ramírez de Haro, padre del denunciante y del denunciado y suegro de la entonces presidenta madrileña, deja a sus herederos un exiguo patrimonio por haber procedido con anterioridad, como en tantas familias acaudaladas se tiene por costumbre, a ordenar la herencia en vida por medio de donaciones, lo que en Madrid para los sucesores no entrañaba mayor coste fiscal gracias a la oportuna bonificación del 99% sobre cuota aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Del patrimonio quedaron sin adjudicar a nadie 59 bienes muebles. Entre ellos, un retrato del marqués de Villanueva del Duero, antepasado familiar, que se sospechaba pintado por Francisco de Goya. En enero de 2012 Esperanza Aguirre y su marido proponen al resto de la familia la tasación del cuadro y su venta para saldar la enorme deuda de Fernando Ramírez de Haro con el Banco de Santander que agobiaba al matrimonio, adquiriendo el compromiso de compensar al resto tras el fallecimiento de la madre. Se ponen en contacto con la prestigiosa casa de subastas de obras de arte Sotheby’s, que, tras el examen de la especialista del Museo del Prado Manuela Mena, confirma no sólo la autoría sino la calidad del retrato. Sotheby’s valoró el cuadro en más de ocho millones de euros y aconsejó no declararlo Bien de Interés Cultural, entre otras razones, para evitar un mayor coste fiscal por ser ineludible en tal caso una tasación oficial para el precio de enajenación. 

En abril de 2012, y es ésta pieza central de la trama, Fernando Ramírez de Haro declara ante notario que seis años antes su padre le había donado verbalmente la pintura de Goya junto a otros objetos y liquida, a pesar de la prescripción, el Impuesto sobre Donaciones acogiéndose a la bonificación del 99%. No acredita siquiera la declaración de la ganancia patrimonial del donante en el IRPF del ejercicio 2006.

En julio vende la obra por algo más de cinco millones al empresario y marqués nombrado por el emérito real Villar Mir, a través del Fondo Cultural del que es único socio la Inmobiliaria Espacio, promotora del grupo Villar Mir. Fallecida la madre de ambos, Iñigo Ramírez de Haro, quien había consentido la venta y posterior reparto de beneficios, denuncia a su hermano Fernando, al descubrir que no había intención alguna de compartir.

Aparte del conflicto privado, varias circunstancias nos asombran. 

La vertiente fiscal salta a la vista. Ya se ha explicado que es muy problemática la aplicación de la bonificación del 99% a la donación, si es que se aceptara que fuese tal donación, puesto que para ello se exige que se registre en documento público con firma de donante y donatario. Admitir que cualquiera se beneficie de ella declarando haber recibido una donación años atrás abriría vía a toda índole de fraudes. Podría incluso haberse cometido un delito fiscal, de cuota superior a 600.000 euros y, por tanto, aún no prescrito en 2012. Si se considera que estamos ante una donación simulada y que el cuadro era un bien sucesorio, no habría un mayor coste fiscal de la transmisión –mortis causa y a todos los herederos, no sólo a Fernando Ramírez de Haro-, pero se habría generado un valor artificial de adquisición que permitiría eludir el posterior pago por la ganancia patrimonial de la venta. Sobre todo se habría creado de manera fraudulenta un título de propiedad en el que basar la venta, que era seguramente el objetivo principal. 

Véase de uno u otro modo, lo insólito es que ante una liquidación de deuda tributaria prescrita, cuyo hecho imponible lo constituye una dudosa donación sobre la que se aplica una aún más dudosa bonificación, la Hacienda Pública madrileña no compruebe nada. Y es, por encima de todo, desolador contemplar la pavorosa negligencia de tantas personas en la protección del patrimonio cultural. Una prestigiosa casa de subastas recomienda no declarar el cuadro Bien de Interés Cultural, a pesar de la obligación de hacerlo, para facilitar una operación de compraventa con mayor lucro particular y ahorro fiscal. El cuadro es examinado por especialistas del Museo del Prado, que no hacen nada aún siendo conscientes del derecho de tanteo para el Estado que la protección de la obra habría asegurado. Tampoco actúa el Ministerio de Cultura al serle notificada la venta. Y, por último, la máxima responsable de la Administración que ha de velar por la obra se ha implicado en las posibles irregularidades. ¿Nadie pensó en ningún momento en todos estos años en el interés de la ciudadanía, en el valor de nuestro patrimonio cultural ni en sus más elementales deberes? 

No deja de ser tristemente simbólico que se trate de un cuadro del colosal Francisco de Goya, quien tantos esfuerzos y sinsabores invirtiera en traer a nuestra patria la Ilustración y sacarla del oscurantismo. Ni tampoco que la historia vea la luz en un mes de abril, aniversario de la República que, animada por bien distinto espíritu, emprendió la hazaña de salvación del tesoro artístico del Museo del Prado en el principio de la Guerra Civil. 

Nuestra Constitución prohíbe que, entre otras, la materia tributaria sea objeto de iniciativa legislativa popular, una exclusión que se inspiró en similar limitación establecida por la Constitución italiana para el referéndum derogatorio, a pesar de que este último supusiera una vía de participación cívica muy diferente de la española y cuyo resultado vinculaba al Estado. Es también la de nuestra Carta Magna una disposición coherente con la estricta sujeción al principio de legalidad que para los tributos enuncia el artículo 31 de la misma norma y con la exclusividad de la potestad tributaria del Estado prevista en el 133.

Pero una razón más específica y aparentemente sensata era evitar que asunto tan trascendental como la financiación de los servicios públicos fuera pasto de campañas de irresponsable demagogia. En el curso de los debates constituyentes, don Manuel Fraga Iribarne lo expresó con concisión. “En materia fiscal –dijo– la iniciativa popular puede dar lugar a una tendencia fácil a pretender que pagando menos impuestos las cosas se arreglen”. Advertencia que hoy se nos antojaría cómica, si no habláramos de algo tan serio, habida cuenta de que a semejante pretensión parece reducirse la totalidad del programa fiscal del partido que el ilustre político fundara.

Y la broma se nos volverá sarcasmo al contemplar la pendencia de escuetas consignas y simplezas en que se ha transformado el debate político acerca de nuestro sistema tributario. Dudo que jamás la iniciativa ciudadana hubiera podido descender a tan triste grado de mediocridad.

La campaña electoral madrileña, como resultaba previsible, ha elevado la temperatura al mismo ritmo que se extravía la razón. Incluso el candidato socialista, a quien se suele atribuir mayor rigor intelectual, ha venido a reducirlo todo en un reciente artículo a la rivalidad entre una extrema izquierda que quiere subir los impuestos y una extrema derecha que a toda costa desea bajarlos, situándose él en la mesurada posición de quien, por atención a la excepcional coyuntura de la pandemia, aboga por dejarlos tal como están. Pero precisamente por la gravedad de la crisis constituye un disparate renunciar a la herramienta fiscal.

Otra cosa será ver de manera concreta qué cambios han de ser introducidos de inmediato en el sistema, qué otras modificaciones han de ser pensadas para el medio plazo, qué competencias es adecuado que se desempeñen en cada escalón administrativo, qué iniciativas hay que trasladar de forma inevitable a la esfera internacional o cómo hemos de reconfigurar las herramientas administrativas y jurisdiccionales para que el conjunto del sistema funcione lo mejor posible y, sobre todo, sea más eficaz persiguiendo el fraude fiscal y sellando las vías de elusión legal, de modo que seamos capaces de incrementar nuestros recursos públicos y socorrer a aquellos de nuestros conciudadanos que más sufren sin sobrecargar de presión a la ciudadanía que ya paga sus impuestos.

De todo ello habría que hablar. Habrá sin duda impuestos que sea necesario subir y otros que se habrán de bajar para aliviar a sectores económicos cuya actividad se halla estrangulada por la crisis. De hecho, ya se han adoptado importantes medidas de contención fiscal en el Estado. En la coyuntura de paralización de la pandemia será además limitada la aportación de rentas, consumo y tráfico a las arcas públicas, lo que otorga mayor relevancia a la imposición sobre la riqueza personal, y en particular a la tributación patrimonial que en la actualidad se encuentra en manos de las Comunidades. Los comicios hubiesen sido una magnífica ocasión de abordarlo y avanzar ideas para la reforma de un régimen de financiación autonómica que posibilita la liquidación práctica de tributos imprescindibles para la pervivencia de un grado aceptable de bienestar social. 

Incluso entidades internacionales tan poco sospechosas de izquierdismo como la OCDE o el FMI, y hasta el Gobierno de EEUU, reclaman elevar la contribución de grandes fortunas y empresas, en tanto la política española continúa enfangada en la trillada y necia subasta electoral a la baja.

Sería instructivo para los políticos que a menudo invocan la transición que recordasen lo que significó la reforma fiscal impulsada por el primer Gobierno de UCD desde 1977, cierto que muy a disgusto de algunos sectores del propio partido gobernante. En nuestros días, cuando se tacha de “hachazo fiscal” el más leve retoque al alza de cualquier gravamen a las rentas altas, se hace difícil imaginar la envergadura de la transformación que se acometió en unos pocos años, con un notable consenso de las fuerzas políticas en torno a su núcleo básico hasta bien entrados los 80. Se creó un Impuesto de la Renta universal y fuertemente progresivo (con una escala de gravamen de más de 30 tramos y un marginal máximo del 65,51%) que sustituyó a varias figuras tributarias dispersas de escasa capacidad recaudatoria. Nació un moderno Impuesto sobre Sociedades y se introdujo por primera vez en el sistema el Impuesto sobre Patrimonio, el gravamen de la riqueza personal, como soporte imprescindible del de la Renta. Se reguló asimismo como novedad el delito fiscal y se establecieron mecanismos de control de las sociedades interpuestas. 

En la presentación ante el Congreso del primer paso de la reforma, Fernández Ordóñez insistió en la necesidad de un aumento extraordinario de ingresos públicos, que sólo podían legitimarse socialmente sobre el fundamento de mayor justicia y progresividad, según “la vieja y castiza regla de que pague más el que más tenga” entendida como “regla de oro de la nueva Hacienda española”.

La necesidad de superar la ineficaz y profundamente regresiva fiscalidad del régimen franquista venía siendo advertida también entonces por organismos internacionales y, entre nosotros, por economistas como Ramón Tamames o Fuentes Quintana. Y se hizo más acuciante como consecuencia de la crisis del petróleo. Precisamente Fuentes Quintana, a la sazón director del Instituto de Estudios Fiscales, fue quien junto al ministro Monreal Luque presentó a Franco en 1973 el proyecto en que se inspiraría la reforma de 1977. La reacción del caudillo fue fulminante: destituyó al ministro y ordenó destruir las copias del proyecto (el llamado “libro verde”), prueba fehaciente de que la dictadura no podía tolerar que se removiera ni uno sólo de los privilegios de la élite corrupta, rentista e incompetente que había medrado a su abrigo. 

Y prueba también de que la creación de un sistema tributario universal y progresivo se constituía en pieza central de la democracia. Como tal se reflejaría en el texto constitucional. Qué ironía que quienes se reclaman del bloque constitucionalista aspiren a desmantelarlo y que de hecho se venga desmantelando desde los años 90 por sucesivos gobiernos sin apenas resistencia ciudadana.

Causa sonrojo escuchar a toda una presidenta de Comunidad Autónoma decir del Impuesto sobre Sucesiones que supone un ataque a la propiedad privada. Naturalmente, todos los impuestos recortan la propiedad privada; tan parte de nuestra propiedad son los ahorros con los que pagamos el IVA al vendedor de bicicletas como nuestro salario como la ganancia que obtenemos por herencia. Hemos acordado y escrito en la Constitución que hay una serie de bienes y servicios que debemos garantizar a toda la sociedad y sufragar con un fondo común, al que cada uno aporta una fracción de lo que es suyo. ¿Es necesario explicar cosa tan elemental a estas alturas?

Bien está que se forme otro comité de expertos que elabore una nueva propuesta de reforma fiscal, siempre que el resultado de su trabajo de verdad se aproveche. Pero se hace necesaria la participación de la ciudadanía en una discusión amplia, seria y sincera acerca de qué bienes y servicios queremos garantizarnos, cuánto estamos dispuestos aportar para sostenerlos y cuál es la forma más justa de distribuir las cargas. La exclusión de la ciudadanía, a la vista está, no sólo no evita la desfachatez y la demagogia sino todo lo contrario.

La polvareda levantada en medios de comunicación y redes sociales por la marcha a Andorra de algunos youtubers millonarios para ahorrarse impuestos reproduce polémicas similares de hace años protagonizadas por célebres cantantes, actores y deportistas. La desalentadora novedad es la juventud de quienes desprecian la contribución al sostenimiento de los gastos comunes pero los argumentos de unos y otros son idénticos.

Con la mejor de las intenciones, a menudo se cae en el error de intentar contrarrestar semejante muestra de incivismo apelando a la conciencia ética de quien la comete, algo tan estéril como llamar a la compasión de quien estrangula a un gato. Lo hacen porque pueden hacerlo, y nuestra desgracia radica en padecer un sistema tributario que abre gigantescas ventanas de huida a quienes son lo bastante ricos como para comprarlas y gozan de unas fuentes de renta que pueden trasladar de un lugar a otro con facilidad. 

Porque quien establezca un negocio de venta de flores en Madrid no podrá viajar todos los días de Andorra a su lugar de trabajo y deberá correr, quiéralo o no, con los costes fiscales correspondientes, mientras que al youtuber tanto le da emitir desde Madrid que desde Andorra que desde Singapur. De modo que la particular forma de obtener sus rentas ofrece al segundo una posibilidad de reducir el pago de impuestos que no se encuentra al alcance del primero. Y el debate ciudadano no ha de ser, en consecuencia, sobre la moralidad individual de quien ya ofrece sobradas pruebas de carecer por completo de ella, sino acerca de si es justo un sistema que así permite convertir en la práctica en papel mojado los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad al contribuir.

Andorra logró en 2018 salir del listado oficial de paraísos fiscales de la OCDE y la Unión Europea tras la derogación de algunas bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, el abandono del secreto bancario y la suscripción de acuerdos de intercambio de información con medio centenar de países. Sin embargo, es evidente que continúa con agresivas prácticas de competencia fiscal que perjudican gravemente a sus vecinos, en especial a Francia y España, tanto por lo que se refiere a sus bajos tipos impositivos como por las facilidades que ofrece para atraerse a grandes fortunas. Y puede hacerlo por ubicarse entre economías desarrolladas que quebrarían si rebajaran sus ingresos fiscales tanto como para ser competitivas con el Principado y que, a pesar de ello, son las que generan el mayor volumen de rentas de los millonarios a los que el Principado acoge.

La pretensión de aquellos que sugieren que se rebajen los tipos impositivos para que no se nos fuguen los millonarios resulta particularmente desvergonzada, porque al final vendría a suponer que los pobres se han de conformar con los tributos que la ley disponga y los ricos podrán pagar los que les den la real gana so pena de marcharse de lo contrario. Pues ¿hasta dónde hemos de reducir los impuestos a los millonarios para que tengan a bien seguir entre nosotros?, ¿hasta el 30%? ¿Y por qué iban a aceptarlo? El 30% es mucho más que el 10%. Como lo es el 20%. Si me apuran, ¿por qué no iban a exigir al Estado que les mejorase la oferta de Andorra? Aceptada la posibilidad de chantajear a un país entero, ¿quién pone el límite y dónde se sitúa?

Pero además se incurre en una falacia usual en economía que se conoce como falacia de la composición y que consiste en inferir que algo es verdadero para un conjunto sólo porque lo es para una o varias de sus partes. Es más fácil entenderlo imaginándose el patio de butacas de un teatro en medio de una representación, con todos los espectadores sentados. Si uno de los espectadores se pone en pie, podrá ver mejor el escenario aunque obstruya la visión de los que se sientan tras él. Pero, si se ponen en pie todos los espectadores al mismo tiempo, nadie mejorará su perspectiva. Luego, lo que es cierto para uno no lo es para todos.

Aplicado a la competencia fiscal, comprenderemos que Andorra puede lucrarse atrayendo fortunas con impuestos bajos porque los de los países vecinos son más elevados. Si éstos redujeran sus tipos al nivel de Andorra, el Principado sólo podría mantener su fuerza de atracción reduciéndolos aún más, y si los países vecinos volvieran a bajarlos, se entraría en una competición insostenible que más pronto que tarde haría colapsar las economías de todos. En realidad, los gobiernos y las élites económicas saben que es inviable generalizar las prácticas fiscales de Andorra, Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda. Pero, dentro de unos márgenes y salvando ocasionales tensiones, son lo bastante permisivos como para que subsistan porque  proporcionan refugio a grandes empresas y fortunas y excusa para reducciones fiscales periódicas. La perjudicada es la mayoría de la población, que carece de vías de elusión del fisco y sufre el deterioro creciente de bienes y servicios públicos.

En resumen, quienes más pierden por la marcha de youtubers a Andorra son los millones de seguidores que hacen que aquellos ganen millones de euros. Así es la vida.

La forma en que el sistema tributario nos asegura disfrutar de derechos elementales es más concreta de lo que se piensa. A principios del año pasado, la Asociación Española Contra el Cáncer publicó un estudio que determinaba que el coste medio del tratamiento de un enfermo de cáncer rondaba los 90.000 euros, corriendo la sanidad pública con la financiación de todo el tratamiento médico sin copagos, en torno a un 55% de esa cuantía, y siendo el resto gastos que soportan los pacientes y sus familias. En un país en el que el salario medio –no ya el más frecuente, que es inferior- no excede de los 24.000 euros brutos anuales, ¿se imaginan cuántos años de ahorro de todos sus ingresos y cuántos de acumulación de toda su aportación fiscal precisaría la inmensa mayoría si careciésemos de sanidad pública?

¿Y cómo es que la sanidad pública sí puede pagarlo? Por dos razones que hallaremos en el artículo 31 de la Constitución: porque todos, enfermemos o no de cáncer, contribuimos con nuestros impuestos para que se trate a quien enferma y porque el sistema es progresivo, obteniendo más recursos de quien más gana y más tiene para atender las necesidades de todos. Lo que prueba que, a pesar de sus muchos defectos e injusticias, conserva una enorme capacidad, y también que aún hay recorrido para empeorar nuestras condiciones de vida si no nos andamos con cuidado.

Los youtubers millonarios, como tantos antes que ellos, podrán presumir de ganar lo suficiente como para pagarse en el mercado privado cuantos servicios pueda prestarles el Estado. Aparte de que el sector público aporta a la economía mucho más que servicios, deberían meditar acerca del hecho incontrovertible de que ninguna fortuna particular cabe al margen de la sociedad en la que se da. Ni ellos ni nadie somos nada sin la comunidad en la que vivimos. En el fondo, los impuestos únicamente palian una distribución profundamente injusta de la riqueza que ni mucho menos se corresponde con la contribución del trabajo de cada quien a la sociedad.

Pero la reflexión que más importa es la del conjunto de la ciudadanía, en especial de los miles de jóvenes que los siguen. Recuerden la falacia de la composición: sólo unos pocos pueden ser millonarios, y el precio de justificar la huida del fisco de esos pocos podría ser un futuro incierto de precariedad para el resto.

La patronal catalana Foment del Treball pretende llevar el Impuesto sobre Patrimonio al Tribunal Constitucional por considerarlo confiscatorio, según anunció su presidente actual, el empresario y veterano político nacionalista Josep Sánchez Llibre, casi al mismo tiempo que en la Asamblea de Madrid la presidenta Díaz Ayuso afirmaba que el patrimonio es un derecho constitucional de sus propietarios, por lo que recortarlo por cualquier gravamen contraviene nuestra Carta Magna, argumento que por cierto conduciría, llevado a sus últimas consecuencias, a la eliminación de todos los impuestos del sistema tributario. Unos días después, la Asociación Gallega de la Empresa Familiar amplió la petición de supresión de tributos al de Sucesiones, faltaría más.

Nos encontramos pues ante una nueva ofensiva contra la imposición patrimonial en nuestro país, que al menos alberga la ventaja de aclarar la verdadera causa de la disputa, y ésta nada tiene que ver con conflictos nacionales: hablamos de la perpetuación de la concentración de la riqueza y de la resistencia tenaz de sus mayores poseedores a cualquier redistribución, por mínima que sea. Ya es evidente que las apasionadas protestas de días anteriores contra los independentistas que querían subir los impuestos a los madrileños y las airadas defensas de la autonomía fiscal no eran más que humo. Hemos llegado al meollo, y esto es bueno.

Unas pocas cifras podrán probarlo. Según la última estadística de resultados del Impuesto sobre Patrimonio publicada, en la Comunidad de Madrid se dejaron de recaudar, como consecuencia de la bonificación del 100% del tributo, unos 905 millones de euros de los algo más de 17.000 declarantes dueños de patrimonios superiores a 2 millones, que es a los que la norma estatal obliga a declarar aunque no deban pagar. La pérdida de ingresos es muy superior si le añadimos la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones pero la de Patrimonio sirve para hacerse una idea. 905 millones suponen aproximadamente el 11% del gasto sanitario de ese año, y 17.000 declarantes son el 0,25% de la población madrileña y el 0,50% de contribuyentes de renta en esta región. A estos madrileños y no a otros nos estamos refiriendo, por tanto, a menos del 1% de contribuyentes más ricos.

Hace tiempo que, para desgracia de la clase trabajadora de este país, el conflicto nacional sepulta la percepción de cualquier otro. Pero cuando se profundiza se desvela con facilidad el sesgo real de las cosas. Así, se suele decir que en 2008 se suprimió el Impuesto sobre Patrimonio y ésta no es una afirmación exacta. Lo que se eliminó fue el pago por medio de una bonificación del 100% de la cuota, lo que no es lo mismo que eliminar el tributo. Su mantenimiento formal impedía que ninguna Comunidad Autónoma pudiese implantarlo en su territorio recurriendo a la facultad de creación de tributos propios que reconoce el artículo 133 de la Constitución. No se escuchó ningún lamento por la pérdida de autonomía fiscal, seguro que por la muy buena razón de que entonces se trataba de librar de cargas fiscales a los más ricos y ahora de aumentarlas.

Decía con sorna John Kenneth Galbraith que la teoría económica convencional, o neoclásica, puede resumirse en dos principios gemelos: que los pobres no trabajan lo suficiente porque ganan demasiado y que los ricos no trabajan lo suficiente porque ganan demasiado poco. En el terreno de la fiscalidad, la aplicación de sendos axiomas parece particularmente obstinada; siempre encontraremos a docenas de expertos dispuestos a explicarnos las razones “científicas” que aconsejan reducir impuestos a los más ricos. Y cuando aludimos, como es aquí el caso, a los tributos que recaen de manera especial en las grandes fortunas el tremendismo del tono alcanza cotas bíblicas. Se vuelve a hablar de confiscación, a invocar la competitividad y a anunciar el cataclismo económico porque los impuestos retraen la actividad, la inversión y la creación de riqueza.

Pero en realidad ni el de Patrimonio ni el de Sucesiones gravan el beneficio empresarial. El primero de ellos recae sobre el valor neto de la riqueza de las personas físicas, excluida toda aquella porción de la misma vinculada a actividad económica, y el segundo, la ganancia patrimonial obtenida a título gratuito por sucesión hereditaria o donación. Son precisamente los tributos que menos distorsionan la actividad económica, y los únicos que pueden salvar la actual coyuntura, en la que la actividad queda gravemente afectada por causas sanitarias pero debemos atender a millones de personas en situación desesperada.

La verdad es más bien la contraria de la que se predica. Hace dos años un estudio de Oxfam Intermón desvelaba que el 10% más rico del país acumula bastante más de la mitad de toda la riqueza nacional. En España, como en otros países, la concentración de la riqueza, aparte de su profunda injusticia, se ha convertido en un problema macroeconómico de primer orden, sobre el que vienen alertando economistas como Saez, Zucman o Piketty e instituciones como la OCDE. Sabemos que, a falta de intervención pública, la concentración y la desigualdad no hacen sino crecer y sabemos por qué: a mayores ingresos mayor tasa de ahorro, lo que posibilita no sólo su acumulación futura sino la obtención de rendimientos de capital crecientes.

Y el impacto negativo de la desaparición de los impuestos directos al patrimonio se refuerza por el efecto regresivo de otros impuestos cuyos tipos no cesan de elevarse. En especial el IVA e impuestos al consumo, que al recaer sobre renta gastada y no sobre renta ganada redistribuyen la riqueza de abajo arriba. Quien gane 1.000 euros al mes prácticamente gastará todos sus ingresos en mantenerse, por lo que con un tipo general del 21% de IVA estará aportando al erario público alrededor de un 17% de toda su ganancia. Quien gane 200.000 euros mensuales y gaste unos 20.000 al mes (que no es mal tren de vida) aportará el 1,7% de sus ingresos. Es decir, consumiendo veinte veces más que el primero y ganando doscientas veces más estará aportando, en proporción con sus ingresos, diez veces menos al fisco. Si además se deja sin gravamen alguno su ahorro (180.000 euros cada mes) y el rendimiento de ese ahorro o capital se premia con una fiscalidad privilegiada (como se hace en IRPF: 23% de marginal máximo frente al 45% de las rentas generales), resultará que el conjunto del sistema tributario no sólo no frena la concentración de la riqueza sino que la estimula.

Alcanzado un grado determinado de concentración, cuando se cierren todas las vías de promoción para las capas de población desposeídas, estaremos abrasando el talento y la capacidad de toda la sociedad y apuntalando en la cúspide una élite económica ociosa, rentista e incompetente que cada vez deberá mayor porcentaje de su riqueza a la mera tenencia y la herencia y menos al esfuerzo. No se trata sólo de un problema ético (advertía el economista Branco Milanović que es incompatible defender una sociedad meritocrática y estar en contra del Impuesto de Sucesiones), sino de evitar el estancamiento y la condena al atraso de varias generaciones.

El Gobierno debería, en mi opinión, dejar de escudarse en consideraciones técnicas sobre la armonización fiscal y afrontar el fondo que se discute, porque tal vez sea lo más importante de cuanto nos traemos entre manos en el país. Un problema similar de concentración de riqueza y desigualdad sufrió Estados Unidos a principios de siglo XX. Cuando se propuso la implantación de sendos impuestos a la renta y a las herencias para atajarlo, el multimillonario Rockefeller protestó asegurando que él no tenía que pagar ningún impuesto dado que ya aportaba riqueza y empleos por medio de sus empresas. Seguro que el argumento les suena. El presidente Theodore Roosevelt, del Partido Republicano, le respondió que una fortuna como la suya era imposible sin la contribución de toda la sociedad, por lo que sí era justo que a la sociedad restituyera una parte de lo que de ella había recibido.

A menudo, por encima de banderas y colores de partido, lo que importa para afrontar la realidad es el valor y la decencia de hacerlo.