He de reconocer que algo de suerte tengo. Me gano la vida haciendo lo que me gusta y apenas tardo quince minutos en llegar caminando a mi centro de trabajo, un Instituto de Educación Secundaria.

Vivo en un barrio y trabajo en otro. Nada más comenzar la ruta diaria me cruzo con adolescentes que no estudian en mi centro. Visten de uniforme, faldas de colegios de monjas o sobrios pantalones de colegio de curas. Los centros no religiosos experimentan más con colores y logotipos, y les ves andar como pidiendo perdón por la afrenta estética.

Y aún así unas y otros tienen algo en común. Están escolarizados en uno de los ocho centros privados concertados que rodean al centro público del que formo parte.

Son centros de titularidad privada sostenidos con el dinero de nuestros impuestos. Eso sí, no preguntes cómo seleccionan al profesorado ni al alumnado porque supongo que ya intuirás la respuesta. Pero como apenas llevo cinco minutos caminando me da tiempo de consultar en el móvil “Las cifras de la educación en España 2019” del Ministerio de Educación y descubrir estadísticas curiosas, como que la pública escolariza 1,5 veces más alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que la concertada, llegando a ser el doble en lo que respecta al alumnado de origen extranjero.

Pasando la curva del Centro de Salud sigo oliendo a quemado: el 7% del alumnado de la pública cursa programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento frente a sólo el 3% del alumnado de la concertada; en cualquier curso de ESO, el alumnado que repite en la pública dobla al de la concertada.

Pero bueno, si son sostenidos con fondos públicos, por lo menos no existirá discriminación de carácter económico, siendo gratuitos para todas las familias… Disculpen la ironía: cobran cuotas mensuales ilegales a todo su alumnado, lo que sumado a otros gastos tipo uniforme, material y libros de texto, actividades extraescolares, etc., hacen que no todo el mundo se pueda permitir escolarizar a sus hijas e hijos en estos centros pagados con los impuestos de toda la ciudadanía.

Entro en el bar de al lado de la Asociación de Vecinos, donde los cafés aún son a 70 céntimos. Mientras la camarera pelea por teléfono para que su hijo se levante de la cama y vaya al colegio, pienso en cómo serían las trayectorias escolares de mis estudiantes de haber existido un poco más de solidaridad (o legalidad) en el reparto de la diversidad entre centros.

Echo un vistazo al periódico. Otra vez el Atleti empata a cero y el Tete pierde en casa. Unicef denuncia que 150.000 niñas y niños en Canarias están en riesgo de pobreza y exclusión, la tasa más alta del país. En la página de al lado, un estudio revela que el 1% más rico de la población canaria posee más que el 20% más pobre, de nuevo la diferencia más abultada del país…

Faltan cinco minutos para entrar. Me despiden con un “buen día mi niño” mientras sospecho que las soluciones son más complejas de lo que me gustaría. Está claro que acabar con la segregación que produce la red pública-concertada ayudaría a mejorar las oportunidades de éxito educativo de una parte no despreciable del alumnado vulnerable. Pero hay algo más.

El “Atlas de distribución de renta de los hogares” del Instituto Nacional de Estadística pinta en rojo chillón el distrito en que se asienta mi IES, con una renta media de 16.000 euros por hogar, situándose entre el 3% más pobre a nivel nacional y el 2% más pobre a nivel autonómico.

Si alejas el zoom, descubres un cinturón rojo que va desde Añaza al Barrio de la Salud, pasando por Taco, Ofra y La Cuesta. El encanto de la periferia, un foso de renta que separa dos municipios.

Ya veo el instituto. Administrativamente es similar al más antiguo de Canarias, unos kilómetros al norte, donde la humedad se te mete por los huesos y las rentas medias son de 50.000 euros por hogar. En el mapa, azul cobalto, como la laguna que alguna vez existió en ese lugar.

La gente de mi tutoría me saluda. “¿Qué le pasó al Atleti, profe?”. Qué golfos son. No tienen casi nada en común con estudiantes de otros distritos, salvo la edad. Y aquí hago la autocrítica, pocas son las y los docentes que reconocen dichas diferencias. Tratamos, enseñamos y evaluamos al alumnado como si estuvieran aislados de su entorno y fueran perfectamente intercambiables de un centro a otro.

¡Por Bourdieu!. Desde la renta por hogar, pasando por el nivel educativo de las familias, sus ocupaciones, las expectativas, los recursos culturales y materiales, la oferta sociocultural del entorno, de actividades extraescolares… configuran realidades totalmente diferentes en las que se desarrollan las vidas de las y los estudiantes.

Estos aspectos extraescolares son los que contempla el informe PISA mediante el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC), y que arroja datos preocupantes como que a igual rendimiento en las pruebas, un alumno español de bajo ISEC tiene cuatro veces más probabilidades de repetir que un alumno de alto ISEC. A igual RENDIMIENTO.

No es una opinión, es un hecho. Da vértigo pensar que en lugar de estar evaluando logros académicos, puede que estemos confirmando y reproduciendo las desigualdades que vienen de fuera del instituto. Como en un centro de distribución de Amazon.

Por supuesto que la capacidad del alumnado importa. Y su ilusión y sus ganas de superación. Pero no podemos mirar a otro lado cuando llegan con diferentes puntos de partida, con diferencias de las cuales ningún niño o niña es responsable. Es una obscenidad, una mezquindad en la que ningún docente debería caer.

Equidad significa dar ayuda específica a quien más lo necesita. No se trata de ayudar a unos para que lleguen a la meta antes, o con más facilidad, sino de que (justamente) todas y todos partan de la misma línea de salida.

Ojalá presenciemos la subida del presupuesto en educación al 5% del PIB, ojalá se oferten más plazas públicas de 0 a 3 años, ojalá bajen las ratios en Educación Primaria y Secundaria. Pero aunque positivas, no dejarían de ser políticas de trazo grueso. ¿Por qué no bajamos la ratio específicamente en los centros con mayor porcentaje de alumnado en riesgo de exclusión? ¿Por qué tenemos el mismo número de orientadores, profesores de atención a las NEAE, en San Matías que en La Rambla? ¿Por qué la mayoría de las actividades extraescolares se realizan fuera del barrio?

Entro al IES y firmo en la sala de profesores. No solo se trata de enseñar geografía, inglés o química; de algún modo debemos dotarnos de herramientas para que las desigualdades sociales, económicas o culturales de partida de nuestro alumnado no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas.

Paso lista. Quince minutos dan para divagar mucho, hablar de política y de uniformes escolares. Aún así, el día a día está ahí y hay que jugarlo hasta los penaltis: las medidas de carácter interno que un centro pueda tomar para favorecer la equidad pueden generar cambios significativos. Y sobre todo la acción, la técnica, el arte y la esperanza del docente en sacar a sus chicas y chicos adelante, las naranjas de la mar del siglo XXI.

Los fuegos artificiales están bien, pero después de Nochevieja viene todo un año de malabarismos cotidianos. Llevo años dando clase y creo que la propuesta estrella en educación está en las antípodas de estas ocurrencias electorales. Pero quiero desarrollarla al mismo tiempo que aclaro una cuestión básica, ¿qué papel juega el sistema educativo en la sociedad actual?

Entre otras funciones (como son preparar al alumnado para ejercer la ciudadanía o capacitar para un empleo), el sistema educativo ha supuesto históricamente una vía de promoción social para las hijas e hijos de las clases populares, un mecanismo igualador de oportunidades.

Sin embargo, en otras ocasiones ofrece una cara oculta, la de ser una institución reproductora y legitimadora de la clase social de origen. Muchos estudios académicos dan veracidad a este efecto perverso de la educación.

Las personas comprometidas con los intereses de las clases populares creemos que la preponderancia de uno u otro efecto depende de la correlación de fuerzas políticas que se de en un momento histórico determinado. Por eso nos jugamos mucho el 28 de abril.

Para que el sistema educativo sea efectivamente una institución al servicio de la justicia social y la equidad (dar más a quien más lo necesite), se necesitan propuestas políticas de calado en cada una de las siguientes esferas:

Recursos. Las propuestas estrella, algunas divertidas, otras desconcertantes, tienen algo en común: no cuestan un duro. Conviene recordar que la inversión pública en educación como porcentaje del PIB es de un 3,6% en Canarias (2019) y un 4,25% en España (2016), muy por debajo de la media de la UE o la OCDE. Lo interesante de este indicador es que no habla de cantidades absolutas, si así fuera diríamos que gastamos en educación más que hace cuatro años o más que Portugal. Al tratarse de una relación entre lo invertido y la riqueza en cada momento, tenemos una idea más clara de la importancia que los gobiernos dan a la educación: Invertimos menos porcentaje del PIB en educación que hace cuatro años y menos que Portugal.

De eso hablan pocos partidos, aunque del silencio se sacan más conclusiones que de las palabras. ¿En qué podría traducirse este aumento del presupuesto? Pues más inversión implicaría universalizar la Educación Infantil de 0 a 3 años (en Canarias estamos a la cola de España), consiguiendo un efecto compensador de las desigualdades en edades tempranas, sobre todo en las familias de menos recursos.

Con más inversión se podría contratar a más profesorado (de materias, orientación, especialistas en necesidades específicas de apoyo educativo, audición y lenguaje, etc.) bajando así las malditas ratios y mejorando la atención prestada a cada estudiante.

Sólo dos partidos mencionan el aumento del gasto en educación en sus programas electorales, el PSOE y Unidas Podemos, aunque el primero nunca nos homologó con la media europea en los periodos en los que gobernó.

Currículo. En el colegio se enseña mucho más que mates, lengua o biología. Se transmiten valores, pero claro, aquí cada profe tiene sus valores y su ideología, ¿cómo ponernos de acuerdo? Ya seamos de izquierdas o de derechas, creo que no estaría mal inspirarnos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el articulado de la Constitución Española, eso sí, continuando más allá de las cuestiones territoriales.

Frente a la nueva oleada machista y xenófoba, la escuela debe erigirse como garante de una ciudadanía crítica, reflexiva, culta y solidaria. Más allá de la creación de nuevas materias, creo fundamental hacer énfasis en la formación del profesorado en cuestiones como la crisis ambiental, la desigualdad entre hombres y mujeres, la pobreza y falta de libertades en gran parte del planeta. ¿De qué sirve hablar de los derechos LGTBI si el profe al que le toca dar la asignatura es un homófobo declarado?

No volvamos a repetir los mismos errores del siglo XX.

Organización. Un aspecto que aparentemente puede resultar facilitador de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo son los agrupamientos que se supone ayudan a atender mejor la diversidad: Programa de Mejora de la Convivencia (PROMECO), Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), Formación Profesional Básica (FPB), los programas de bilingüismo, etc. Sin embargo, lejos de actuar como adaptaciones a los distintos perfiles de alumnado con el fin de alcanzar los mismos objetivos que el resto, acaban por convertirse en guetos en los que es muy fácil entrar pero casi imposible salir (los programas de bilingüismo acaban siendo “grupos buenos” segregados del resto).

¿Se ha evaluado si esas medidas son efectivas? ¿Qué porcentaje del alumnado vuelve a los grupos ordinarios después de estas medidas de apoyo? Enlazado con el primer punto, creo que no hay mejor medida de atención a la diversidad que bajar las ratios: Grupos menos numerosos en lugar de grupos diferenciados.

Termino con una de las mayores amenazas a la educación pública y que lamentablemente está en la agenda de los partidos del bloque de derechas: La enseñanza concertada.

Lo que empezó siendo un apoyo coyuntural a la expansión de la enseñanza obligatoria, dando recursos públicos a centros privados para que atendieran una demanda creciente, ha acabado por convertirse en una red que perpetúa las desigualdades sociales de origen.

Hablamos de empresas privadas que tienen cubiertos los gastos de personal y mantenimiento, y aún así cobran cuotas obligatorias ilegales a las familias. Con estas cuotas, 1º, pueden ofertar más servicios y 2º, se quitan de encima a alumnado de familias de bajos recursos económicos, convirtiendo a la educación pública en una red subsidiaria para quienes no pueden permitirse otra alternativa.

Ojo, que no estoy en contra de la enseñanza privada ni de las familias que quieran elegir esa opción. Lo indignante es que el Estado subvencione a esas empresas y permita el filtro socioeconómico de cobrar cuotas ilegales, fomentando la segregación del alumnado. Y no lo digo yo, según el informe “Datos y cifras. Curso escolar 2018-2019” del Ministerio de Educación, la educación pública atiende a una mayor proporción de alumnado inmigrante y con NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) que la privada concertada.

Tampoco quiero arrojar toda la responsabilidad en las familias. Como expresé al principio del texto, todas desean que sus hijas e hijos promocionen en la sociedad con el apoyo del sistema educativo y no dudo que vean al sistema público como garante de derechos básicos universales. El problema viene cuando existe una oferta adulterada que provoca una demanda condicionada. Me explico: En un radio de 2 kilómetros en torno a mi casa (La Cuesta) existen dos centros públicos donde cursar la ESO frente a ocho concertados. La decisión a tomar ahora no es tan sencilla, y la responsabilidad de dicha situación debería recaer sobre la administración educativa, no sobre las familias.

En este sentido las propuestas de PP, Ciudadanos y VOX ahondan en esta línea privatizadora del servicio público: Más “libertad de elección”, extendiéndola incluso a etapas postobligatorias como el bachillerato (PP). Ciudadanos apuesta por garantizar “el derecho a las familias a elegir la educación de sus hijos” y promete prohibir las cuotas de la concertada al mismo tiempo que dice que desgravarán a Hacienda (¿?). El PSOE no menciona nada en su programa, mientras que Unidas Podemos es el único grupo de carácter estatal que define la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo, prometiendo prohibir las cuotas ilegales de la concertada y los conciertos a centros que discriminen por razón de sexo.

He tratado de ser objetivo, pero no soy imparcial. Mi compromiso es con la educación pública y mi alumnado. Infórmate antes de votar, tal vez tu trabajo, el futuro de tus peques o la visión que tienes de la educación estén en juego el próximo domingo.

Me pareció una respuesta brillante. La compañera aludía a la Ley 1/2010 de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, la cual tiene un capítulo dedicado a la igualdad en la educación. Uno de los principios generales de dicha Ley es “La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.”

Continúa definiendo el lenguaje sexista como el “conjunto de características y fenómenos del habla o uso de la lengua, determinado por una concepción androcéntrica y discriminatoria de las mujeres mediante la invisibilidad, la subrepresentación o la identificación subordinada a la del hombre, como ser o entidad derivada y no individual.

El lenguaje sexista incluye el uso normativo del masculino genérico omnicomprensivo, que relega al femenino a una posición de subidentificación o inexistencia y que legitima una doble moral para ambos sexos, al atribuir y socializar distintos o contrarios significados para los mismos conceptos en masculino y en femenino, o al asociar características peyorativas, discriminatorias o de subvaloración a vocablos relacionados con las mujeres.“

En definitiva, como empleadas y empleados públicos debemos cumplir y hacer cumplir la Ley; como docentes debemos promover entre nuestro alumnado la igualdad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, no quiero eludir ningún debate. Creo que siempre habrá polémica en estos y otros aspectos de la vida pública porque simplemente existen múltiples formas de entender el mundo. En el ámbito científico existen negacionistas del cambio climático, creacionistas, pseudoterapeutas, etc. En el ámbito de los derechos civiles existen personas racistas, homófobas y negacionistas del machismo. Pero todos estos colectivos tienen en común que sus planteamientos son minoritarios en la sociedad actual, y que ni la ciencia ni la ética vigente les otorgan mucha credibilidad.

Respecto al lenguaje ocurre algo similar. Hay quienes piensan que es una herramienta neutra, aséptica, que no provoca ninguna consecuencia indeseable en la sociedad. Sin embargo, desde hace unas décadas parece que existe cierto consenso en el ámbito académico e investigador acerca de entender el lenguaje como un instrumento que refleja una realidad sociedad concreta, con estereotipos y relaciones de poder incluidas.

Nuestro lenguaje es bello, pero no está libre de esas inercias reflejo de épocas pasadas. Inercias que perpetúan y acentúan determinadas desigualdades.

No es casualidad que en los medios privados de comunicación se hable de “gasto público” en lugar de “inversión pública”... Quien primero acuse a determinado gobierno de “régimen” o lo califique de “terrorista”, tiene la mitad de la batalla ganada: a través del uso de ciertos términos fijan marcos mentales en las personas receptoras del mensaje. Marcos de los cuales es realmente difícil escapar (“No pienses en un elefante” de Lakoff, interesante obra de comunicación política).

Gitano sigue significando ladrón o sucio; mariquita es quien carece de valentía.

Juanito es un zorro porque se hizo el loco, pero Alba es una zorra porque anda con varios tíos a la vez...

Entender estos efectos colaterales del lenguaje no lo hace menos serio ni atractivo. No niego la necesidad de reglas para que el lenguaje sobreviva, pero otra cosa bien diferente es estar de acuerdo en que se acepte la acepción femenina anteriormente mencionada de zorra en el Diccionario de la RAE. Que no aparezca en la RAE no significa que desaparezca por arte de magia de nuestras mentes, pero alegar que no se eliminan expresiones insultantes y discriminatorias porque “sólo reflejamos” me parece miserable y mezquino.

Somos animales sociales, y en la medida que nos interesamos por los asuntos públicos, animales políticos. Tenemos ideas e ideología más allá de lo electoral, y apostar por el uso del lenguaje inclusivo es una opción política, aunque suene problemático.

Entrando a nivel práctico, no dudo que sea difícil avanzar hacia un lenguaje más inclusivo, que refleje los avances de una sociedad más igualitaria. Es incluso más difícil para los y las docentes que para el alumnado: Somos las personas adultas las que hemos sido educadas en valores tradicionales y machistas. Los prejuicios y estereotipos racistas, de género, clasistas… han dispuesto de más años para empaparse en nuestros códigos lingüísticos.

Pero no es más complicado que usar el transporte público o reciclar en aras de una mayor sostenibilidad ambiental, o que dedicar dos días en semana a ejercer voluntariado, o en llevar al día esa tabla de ejercicios que te dieron en el gimnasio…

No nos vamos a morir por prescindir del masculino genérico. Los hombres no nos disolveremos en la atmósfera. Basta con decir alumnado en lugar de alumnos. Sin embargo, tampoco nos vamos a asfixiar por decir alumnas y alumnos (doy fe, lo digo todos los días): el mundo sigue girando.

Existen guías muy interesantes que nos pueden ayudar a poner en práctica un lenguaje más igualitario. Esta del Instituto Canario de Igualdad está muy bien. No nos olvidemos que hay otras dimensiones que rodean al lenguaje, como es el tono con que se habla, el tiempo dedicado, la ocupación del espacio público para intervenir... cuestiones en las que los hombres tenemos experiencia.

Hay quien se rasga las vestiduras denunciando que todo esto es promovido por la “ideología de género”. Estoy de acuerdo, como dice el incisivo Bob Pop en uno de sus vídeos, no hay ideología de género más antigua ni más hegemónica que el machismo. La cuestión es que temen una ideología (o modelo socioeconómico) que amenace sus privilegios adquiridos por el simple hecho de ser hombres. Bienvenidas las ideologías que amenazan privilegios.

En otras ocasiones nos acusan de atentar contra la estética y la economía del lenguaje, como muchos tertulianos (mayoritariamente) hombres nos hacen creer poniendo en nuestras bocas el “queridas y queridos niñas y niños, hijas e hijos de vuestras y vuestros madres y padres”. Tremenda estupidez, yo procuro usar el lenguaje inclusivo y no me expreso así. ¿Acaso no atentan más contra la estética y la economía del lenguaje los típicos discursos planos, autocomplacientes, interminables... de determinadas personas?

Termino. Hace unos años una alumna me dijo que no entendía por qué saludaba con el “chicos” si en la clase eran 13 chicas y 7 chicos. Pensaba que más que decir sólo “chicas”, también debía incluir a los chicos, que aunque 7, eran 7 que existían. Su opinión no es más, pero tampoco menos importante, que la de Arturo Pérez Reverte.

Hay temas que ya no son motivo de opinión (o que por lo menos deberíamos fajarnos para que no lo sean). La dirección de tu empresa no debería opinar sobre la conveniencia de eliminar los festivos, ni en la reunión de familias deberían opinar sobre separar al niño gitano del resto del alumnado. Las conquistas sociales convertidas en derechos humanos y leyes son innegociables o con poco margen para el debate, por mucho que últimamente quieran meterlo en la agenda pública colectivos de ultraderecha.

El lenguaje por sí solo no va a solucionar las desigualdades e injusticias sociales. En el fondo es un campo de batalla más. Y de los más apasionantes, por cierto.