Un año más, la clase trabajadora de todo el mundo alza su voz en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Para UGT y CCOO, esta fecha supone una movilización global que exige poner fin a la explotación, la precariedad y la desigualdad que aún persisten en el mundo laboral, un desafío especialmente acuciante en Andalucía.

El trabajo decente, tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abarca cuatro pilares fundamentales: empleo productivo y justamente remunerado, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, y libertad para que las personas expresen sus preocupaciones y participen en las decisiones que afectan a sus vidas. En Andalucía, a pesar de los avances impulsados por la acción sindical, debemos ser claros: aún estamos lejos de alcanzar este objetivo para todas las personas trabajadoras.

Por eso, ambas organizaciones sindicales, queremos hacer un llamamiento por la paz y por la democracia, elementos esenciales para que los derechos laborales, la justicia social y la igualdad se extiendan.

En Andalucía los salarios son un 12 % inferiores a la media estatal

Los datos nos golpean con la realidad de un trabajo que, en demasiados casos, no podemos llamar “decente”. En primer lugar, Andalucía sigue siendo una de las comunidades con más paro: a pesar de las bajadas de los últimos meses, 600 mil personas desean trabajar y no pueden hacerlo.

Quienes sí tienen un empleo se enfrentan a desafíos estructurales que menoscaban su bienestar. Los salarios son un 12 % inferiores a la media estatal, una brecha que ahoga la capacidad de consumo de las familias, ralentiza la economía local y perpetúa la desigualdad.

A pesar de las mejoras que trajo el acuerdo de reforma laboral, la temporalidad en la contratación sigue siendo alta, en torno al 20 %, el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial y de los fijos discontinuos, que genera una inseguridad vital insostenible. Esta precariedad es especialmente grave entre la juventud y las mujeres.

La discriminación tiene rostro de mujer: dos de cada tres personas paradas en nuestra comunidad son mujeres, y ellas sufren la precariedad con mayor intensidad, además de una persistente brecha salarial y la infrarrepresentación en puestos de responsabilidad.

La falta de reconocimiento y protección en sectores feminizados, como el de las camareras de piso, o la dependencia, es un clamor. Un 70 % de estas trabajadoras en Andalucía necesita consumir fármacos para lidiar con su intensa jornada laboral, un dato que debería avergonzar a toda la sociedad y a nuestras instituciones.

El fomento del trabajo decente y el desarrollo económico es también un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20-30

Frente a esta realidad, CCOO y UGT unimos fuerzas para exigir medidas valientes y decididas que pongan a las personas en el centro de las políticas públicas y empresariales. No nos conformaremos con un mundo laboral que solo garantice la supervivencia; queremos prosperidad y justicia.

1. Reducción de la Jornada Laboral a 37,5 horas

Luchamos por la reducción de la jornada a 37,5 horas, una medida que beneficiará directamente a más de millón y medio de personas trabajadoras en Andalucía. En un contexto de avances tecnológicos y aumento de la productividad, esta medida es de pura justicia social: no solo humaniza las relaciones laborales y mejora la conciliación de la vida personal y profesional, sino que, además, dinamizará la creación de empleo. Es hora de distribuir mejor la riqueza generada y el tiempo de trabajo.

2. Salarios dignos y egociación colectiva fuerte

Un trabajo decente es, por definición, un trabajo justamente remunerado. Exigimos aumentos salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido por la inflación y que estén a la altura de las ganancias empresariales. La gegociación colectiva debe ser la herramienta esencial para garantizar salarios de justicia y la paz social en los centros de trabajo.

3. Tolerancia cero con la siniestralidad laboral

No hay trabajo decente si no se puede volver a casa vivo. Las tasas de siniestralidad laboral en Andalucía siguen siendo inaceptablemente altas. Reclamamos el refuerzo de la inspección de trabajo y la priorización de la prevención de riesgos laborales. Es imprescindible reconocer como enfermedad profesional los riesgos psicosociales en sectores como la sanidad y la docencia, que están generando graves problemas de salud física y mental en nuestras trabajadoras y trabajadores.

4. Paz y democracia: pilares del trabajo decente mundial

Nuestra movilización por el trabajo decente es también una lucha global. Levantamos la voz para rechazar el avance de la ultraderecha en el mundo, que utiliza la mentira y el populismo más violento para enfrentar a los que menos tienen, y fortalecer al poderoso.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) advierte en su informe Empresas que socavan la democracia 2025 sobre cómo cada vez un mayor número de empresas están en mano de empresarios que patrocinan la extrema derecha política y que hacen gala de prácticas antisindicales, promueven la guerra y la represión social, al tiempo que hacen llamamientos a rebajas salariales y a devaluar las condiciones laborales, aumentando de manera impúdica sus beneficios en detrimento de las personas y el planeta. No lo vamos a permitir.

No podemos olvidarnos este día de los compañeros y compañeras de Palestina y los trabajadores que representan

No olvidemos que el fomento del trabajo decente y el desarrollo económico es también el octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20-30, aprobada por la ONU. La próxima Cumbre Social Mundial debe comprometerse con un nuevo contrato social en el que los trabajos, derechos laborales, libertad sindical, protección social, igualdad e inclusión y en la que se subraye que el trabajo decente es la base de toda democracia plena y esta, única garante de los primeros. 

En el día del trabajo decente no podemos olvidarnos de los compañeros y compañeras de Palestina y los trabajadores que representan. El último informe del Director General de la OIT decía: “Gaza se encuentra en ruinas. Sus lugares de trabajo han sido destruidos. Miles de trabajadores han perdido la vida. La magnitud de la miseria no tiene precedentes”. En cualquier conflicto, son las y los trabajadores los que sufren la cara más amarga de la guerra, por ende, el genocidio que sufre el pueblo palestino. Nos solidarizamos también con los trabajadores y trabajadoras de Ucrania, Yemen y otros países en guerra.

En este 7 de octubre, UGT y CCOO en Andalucía llamamos a la unidad de toda la clase trabajadora. Con nuestra determinación conseguiremos cambiar las reglas para impulsar una distribución de la riqueza más justa y garantizar, de una vez por todas, que el trabajo decente sea una realidad para cada andaluza y andaluz. La lucha continúa.

Se cumplen 55 años de la revuelta de Stonewall contra la persecución, acoso y criminalización de las personas LGTBI+; pero aunque nos pueda parecer que 1969 queda muy lejos en el tiempo, lamentablemente muchas de esas personas siguen sufriendo en 2025 odio, rechazo y violencia por su identidad u orientación sexual.

Porque más allá de las normas, de las leyes o de las estrategias, la cultura dominante sigue empeñada en mantener esa discriminación como medio para preservar sus privilegios y su poder.

De ese modo, el capitalismo patriarcal impone sus reglas a través de múltiples formas y se apropia de lemas, signos e ideas para obtener beneficios que sostiene y mantiene mientras le son útiles.

Se dice que España está a la vanguardia en igualdad y probablemente sea así, al menos en lo legislativo; y si bien esta no es una cuestión menor, debe ir acompañada de estrategias y políticas que la consoliden, la bajen a la tierra y la hagan tangible y cotidiana, y ahí ha faltado impulso. Muestra de ello es la polarización en la población en cuestiones de igualdad y la falta de coeducación en muchos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria.

Igualmente, 20 años después del reconocimiento del matrimonio igualitario no debería escandalizarnos ver a parejas homosexuales; sin embargo, los comentarios de odio y rechazo vuelven a ser una constante, ¿o será que siempre han estado ahí, pero ahora no les avergüenza decirlo?

Y es que estamos asistiendo a una corriente LGTBI+FÓBICA que llega al poder político y se extiende por Europa y por España, llegando a los gobiernos locales y autonómicos, y atacando directamente las políticas de igualdad, destruyendo los avances conseguidos. Ejemplo de ello es la eliminación de la promoción y la protección de las personas LGTBI+ o el uso interesado de hitos como el 28J para manipular con mensajes que niegan las luchas de los colectivos, (“Tos por Igual” en Sevilla). El objetivo, retroceder en derechos hasta revocar las leyes en cuanto puedan hacerlo.

Desde CCOO volvemos a dejar claro nuestro compromiso por la diversidad e igualdad que sustancian el tipo de sociedad que queremos, en la que todas las personas tienen cabida. Y por eso también vamos a empeñarnos en negociar, en todas las empresas de más de 50 personas en plantilla, aquello que hemos acordado y que se ha trasladado a leyes y decretos como el RD 1026/2024 por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Este es un terreno en el que CCOO adquiere especial relevancia ya que nuestras delegadas y delegados son barrera ante el odio y las discriminaciones. Somos agentes de igualdad ya que el sindicalismo tiene un papel fundamental en los avances sociales, en la empresa y fuera de ella. Y esto es así porque somos legisladores, de tal modo que cada convenio y cada acuerdo que firmamos son normas de obligado cumplimiento.

Huelga recordar que el trabajo es un elemento fundamental para poder desarrollar los proyectos de vida y un factor de contribución a la sociedad, pero aquí todavía hay muchas personas que son discriminadas por su identidad o por su orientación sexual y viven con el temor de que las echen de sus trabajos.

Los gobiernos, también el Gobierno de Andalucía, tienen el deber de revertir esa situación con políticas activas de promoción del empleo, con campañas de sensibilización, etcétera que lleguen a todos los rincones de Andalucía para que ninguna persona sea excluida, que no se le cierre la oportunidad de trabajar, que no se le condene a la pobreza.

Decíamos que se cumplen 55 años de la revuelta de Stonewall y en estos años es innegable que se han dado avances importantes. Tal es el caso de las manifestaciones del orgullo, que en la última década han experimentado un considerable auge, propiciando la manifestación de la diversidad del colectivo en absoluta libertad y con la admiración y el respeto que nos merece.

En Andalucía, la primera de esas movilizaciones tuvo lugar el 25 de junio de 1978. Entonces CCOO participó activamente y hoy, 47 años después, lo seguimos haciendo junto a las organizaciones que defienden una sociedad libre de discursos de odio, que promueve la convivencia, la libertad y los derechos humanos de las personas diversas desde el convencimiento de que frente al odio, no vamos a dar ni un paso atrás y de que frente al ataque a los derechos solo cabe más organización.

Este año ‘Ahora más que nunca: al trabajo sin armarios’.

Este 17 de Mayo, Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, CCOO refuerza su compromiso con las personas LGTBI+ frente a las discriminaciones y los discursos de odio. Este sindicato siempre ha sido vanguardia en la lucha contra la discriminación, a favor de la igualdad y en defensa de los derechos del colectivo LGTBI pero, pese a los logros conseguidos, aún nos queda mucho por avanzar, sobre todo en los últimos años en los que estamos asistiendo al resurgimiento del discurso retrógrado, machista, xenófobo y Lgtbifóbico, alimentado especialmente por la derecha y extrema derecha.

Sus discursos y políticas son una amenaza directa a los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGTBI durante décadas de lucha. Muestra de ello es que en Andalucía las infracciones penales e incidentes por delitos de odio calificados por orientación sexual e identidad de género han aumentado en el último periodo registrado (2022), pasando de 36 infracciones en el año 2020 a 64 registradas en el año 2021 y a 68 en el año 2022, lo que supone una subida interanual por encima del 6%.

En CCOO tenemos claro que es preciso alzar la voz sindical y defender los derechos de todas las personas. Está en nuestro ADN y forma parte de la política sindical que despliega este sindicato en los centros de trabajo, en las mesas de negociación y en las calles. Aún así es necesario que gobiernos y empresariado impulsen la igualdad a través de sus políticas, de la negociación colectiva y de los derechos laborales porque, lamentablemente, las discriminaciones, los ataques y los discursos xenóbofos siguen siendo una realidad tristemente cotidiana para lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales. 

Son muchas personas las que aún siguen armarizadas en sus puestos de trabajos por temor a que expresarse tal y como son les pueda perjudicar o incluso generar situaciones de acoso LGTBI+fóbico.

Por ello, este 2025 en CCOO de Andalucía apostamos por una campaña en dos fases que se articula en torno al 17 de mayo, Día internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia; y el 28 de junio, Día Internacional del orgullo LGTBI+. Una campaña que quiere ser expresión de resistencia y, en clave más positiva, de incidencia en la realidad tanto social como empresarial a través del marco legal que nos ofrecen la Ley LGTBI-Trans y el conjunto planificado de medidas LGTBI+ para nuestra acción cotidiana en las empresas.

Precisamente para la puesta en marcha de esas acciones, en CCOO estamos promoviendo formaciones y elaborando instrumentos para que nuestros delegados y delegadas sean dique de contención frente a la LGTBI+fobia en todos los centros de trabajo y promoveremos la negociación de medidas planificadas para la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI+ en los convenios colectivos, medidas que son obligatorias para las empresas de más de 50 personas trabajadoras.

De igual modo, CCOO ha reivindicado la negociación de protocolos frente al acoso LGTBIfóbico en todas las empresas y la inclusión de medidas en el régimen sancionador frente a las actitudes y acciones discriminatorias y defendemos el teléfono Arcoíris 028 de atención a las víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia como medio de visibilización y afloramiento de todas las discriminaciones y violencias que todavía permanecen ocultas para así difundir la ayuda, asistencia y recursos a las víctimas de las mismas.

Ahora, más que nunca, frente a la LGTBI+Fobia somos barrera #OrganizaTuOrgullo

Casi 105.000 accidentes de trabajo es la escalofriante cifra que nos dejó 2024 en Andalucía y que continúa en aumento con personas que salen de sus casas para ir a ganarse la vida y la pierden en su puesto de trabajo o de camino a él. Una terrible realidad ante la que parece que la sociedad está anestesiada a base de haberse convertido en algo cotidiano y esto es algo que no podemos permitir. La siniestralidad laboral, en cualquiera de sus formas, no puede quedar en una noticia más del informativo o en un minuto de silencio cuando sus consecuencias son irreversibles.

Gobiernos, empresariado, sindicatos y sociedad en general hemos de hacer un frente común ante una lacra que se ha llevado por delante la vida de 128 personas trabajadoras en Andalucía durante 2024. Hombres y mujeres que perdieron la vida durante su jornada laboral o en los desplazamientos entre su hogar y su centro de trabajo. De hecho, de los ocho accidentes mortales en mujeres, siete ocurrieron en accidentes in itinere, lo que evidencia la necesidad de tomar medidas para mejorar la relación existente entre la conciliación personal y familiar, la parcialidad, las condiciones adversas y los ritmos frenéticos de trabajo que sufren las mujeres trabajadoras andaluzas.

Vemos como la siniestralidad laboral se ha cronificado en nuestra sociedad, especialmente en sectores como servicios, que se sitúa en cabeza en este dramático ranking, seguido por la construcción, la industria y la agricultura. Además, los datos indican que la siniestralidad laboral continúa aumentando y cada día más personas ven peligrar su salud y su vida mientras desempeñan sus trabajos.

No podemos permitir que el trabajo, que es un medio de sustento y realización personal, se convierta en un riesgo para la vida

En respuesta a esta realidad nace la III Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que CCOO de Andalucía ha trabajado con el horizonte puesto en que sea una estrategia que no se quede en palabras, sino que se transforme en hechos concretos. De ahí que desde el sindicato instemos a su inmediata puesta en marcha.

En ella buscamos soluciones efectivas para la prevención de riesgos laborales en las empresas andaluzas, de las que más del 90% son pymes, destacando la innegable labor de nuestras delegadas y delegados en la mejora de las condiciones de trabajo como paraguas de protección para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Pero esa acción sindical, sin duda imprescindible para acabar con los accidentes y las muertes en el trabajo, necesita ir acompañada de un compromiso certero de las empresas en la lucha contra esta lacra; así como de medidas y políticas más decididas de los gobiernos para crear entornos laborales seguros y saludables. No podemos permitir que el trabajo, que es un medio de sustento y realización personal, se convierta en un riesgo para la vida.

Seguiremos exigiendo la mejora de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva y defendiendo los derechos de las personas trabajadoras para que el trabajo no conlleve la pérdida de la salud

Por ello, es imperativo que el Gobierno andaluz tome medidas reales y efectivas que respondan a las necesidades de nuestro tejido empresarial y que el compromiso empresarial con la prevención de riesgos laborales sea una apuesta real, ya que en la actualidad es bajo, a pesar de que sus beneficios van en aumento. Alegar pérdidas o dificultades económicas tienen que dejar de ser excusas recurrentes para no invertir en la seguridad y salud de sus trabajadoras y trabajadores.

Es nuestro deber seguir luchando, con ambición y determinación, para que la salud y seguridad en el trabajo sea una realidad para todas y todos. No podemos seguir perdiendo vidas por un enemigo tangible que acecha en el entorno laboral. Estamos convencidas y convencidos de que con prevención las muertes, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales son evitables, de manera que seguiremos exigiendo la mejora de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva y defendiendo los derechos de las personas trabajadoras para que el trabajo no conlleve la pérdida de la salud.

Asimismo, es vital considerar la perspectiva de género y la importancia de la salud mental bajo la premisa de que solo apostando por entornos laborales seguros y por la seguridad y salud en el trabajo conseguiremos evitar el drama personal y familiar que conlleva la siniestralidad laboral en cualquiera de sus formas, hasta alcanzar la cifra que ha de ser el objetivo de toda la sociedad, la siniestralidad laboral cero.

Las políticas que marcan el devenir de Andalucía y en consecuencia la vida de los andaluces y las andaluzas se determinan en gran medida en los presupuestos que cada año aprueba el Gobierno de la comunidad andaluza. Los de 2025, históricos por su cuantía, podrían haber servido para mejorar la vida de los andaluces y andaluzas dando respuestas a los problemas que les afectan y les preocupan como pueden ser el empleo, los servicios públicos o la vivienda, entre otras cuestiones. Lamentablemente, el Gobierno andaluz ha optado por mantenerse en la senda continuista de anteponer sus propios intereses a los de la mayoría social, por muchos titulares que apunten en la dirección contraria.

Prueba de ello es que en lugar de incrementar la capacidad fiscal y los ingresos, los presupuestos para 2025 mantienen como estructurales las seis rebajas fiscales efectuadas desde 2019 que suponen dejar de ingresar casi 900 millones al año, lo que va en detrimento de unos servicios públicos ya de por sí muy deteriorados a causa de las políticas privatizadoras que fomenta este Ejecutivo desde que llegó a la Junta de Andalucía. Su modus operandi, no por sencillo, deja de ser malévolo: debilitar y dejar morir lo público, que es garante de igualdad, infrafinanciándolo y reduciendo sus plantillas, al tiempo que incrementa la financiación a lo privado bajo el mantra falaz de dar un mejor servicio a la ciudadanía porque lo público se queda corto.

Quizás si en lugar de quitar dinero de un lado para ponerlo en otro hubiese una apuesta real por la educación pública, por las universidades públicas, por la sanidad pública, por el sistema de atención a la dependencia, o por un parque público de viviendas, esa realidad que solo favorece a quienes más tienen sería muy diferente. 

Si hay algo aún más alarmante es que, con 267 mujeres asesinadas en Andalucía desde 2003 a consecuencia de la violencia de género, diez de ellas en lo que va de año, estos presupuestos eliminen la perspectiva de género en sus políticas

Pero si hay algo aún más alarmante es que con 267 mujeres asesinadas en Andalucía desde 2003 a consecuencia de la violencia de género, diez de ellas en lo que va de año, estos presupuestos eliminen la perspectiva de género en sus políticas. Los datos demuestran que se están dando pasos atrás en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y no solamente por el negacionismo, sino también porque hay muchos gobiernos como el andaluz que lo favorecen quitando y recortando en medidas que han servido en otros momentos históricos para sensibilizar, crear conciencia y que estaban siendo la mejor vacuna, como la educación en igualdad.

Lo más incoherente de todo es que al tiempo que recorta e infrafinancia lo público bajo su responsabilidad y competencias, echa balones fuera y culpa de todos los problemas de Andalucía o a la infrafinanciación del Gobierno español, o a la herencia recibida, sometiendo todo a una machacona comparación con 2018.

Está claro que después de 6 años el Gobierno andaluz debe asumir ya su responsabilidad tanto en las decisiones políticas erróneas que ha adoptado, como en aquello que ha sido incapaz de resolver, como la falta de ejecución del presupuesto para 2023; o la falta de cumplimiento del compromiso firmado con CCOO, UGT y CEA en el Pacto para el Impulso Social y Económico de Andalucía hace más de año y medio.

Los presupuestos de 2025 siguen perpetuando un modelo que no apuesta por el futuro ante un Gobierno andaluz plegado a su política privatizadora que condena a los trabajadores y trabajadoras andaluces a seguir enfrentando los mismos problemas año tras año

En definitiva, los presupuestos de 2025 siguen perpetuando un modelo que no apuesta por el futuro ante un Gobierno andaluz plegado a su política privatizadora que condena a los trabajadores y trabajadoras andaluces a seguir enfrentando los mismos problemas año tras año, mientras se pierden oportunidades y se quedan retos sin abordar como el cambio climático, la escasez hídrica, la falta de inversión en industria o el desarrollo rural.

Un modelo que aumenta el lastre que hace que Andalucía siga en el vagón de cola de las comunidades autónomas en renta per cápita con 11.719 euros por habitante, solo por encima de Murcia y Extremadura; con un salario medio que dista en más de 8.200 euros con respecto al País Vasco; y donde casi 650.000 personas se encuentran en paro.

Andalucía merece más que presupuestos históricos en cifras: necesita un gobierno que reescriba la historia con los servicios públicos, el empleo de calidad, la igualdad y los trabajadores y trabajadoras como verdaderos y verdaderas protagonistas.

Más de veinte años ha costado dar cumplimiento a un mandato recogido en la Constitución Española, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en múltiples acuerdos de concertación social como el reciente Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Un mandato que reconoce el derecho de las organizaciones sindicales más representativas a participar e intervenir en las políticas públicas para ser la voz de los trabajadores y trabajadoras y garantizar que sus derechos y opiniones sean tenidas en cuenta. Así que la Ley de Participación Institucional no es un regalo ni una prebenda de nadie, sino que responde a unas reglas claras, objetivas y no arbitrarias de la democracia en las empresas y de la mayor representatividad que nos otorgan y nos dan los trabajadores y trabajadoras con su voto diario en las empresas de este país y de Andalucía.

La Ley de Participación Institucional es el derecho ganado a pulso por las y los sindicalistas de CCOO y es el resultado del empeño de nuestra organización a lo largo de la historia que, de manera coherente, ha trabajado para defender el derecho de las personas trabajadoras a participar en aquellas decisiones que nos afectan y que condicionan nuestra vida, nuestro progreso y nuestro futuro.

No olvidemos que con nuestro esfuerzo y trabajo, y por desgracia incluso con la vida, somos los trabajadores y trabajadoras quienes levantamos esta tierra; y es de justicia que el derecho a defender la Andalucía que queremos que, sin duda, es la de la igualdad de oportunidades, la de los servicios públicos fortalecidos, la diversa y plural, la solidaria e integradora, se garantice en forma de Ley.

Es de justicia que el derecho a defender la Andalucía que queremos que, sin duda, es la de la igualdad de oportunidades, la de los servicios públicos fortalecidos, la diversa y plural, la solidaria e integradora, se garantice en forma de Ley

En CCOO siempre hemos tenido claro y así lo hemos reclamado durante años a todos los gobiernos que han pasado por la Junta de Andalucía, con independencia del color que tuvieran, que era necesario garantizar por ley el derecho a la participación institucional, porque si algo es evidente es que las personas trabajadoras tenemos que dar nuestra visión sobre las leyes, medidas o normas que el Gobierno andaluz lleve a cabo en materia de política económica y social. Tan evidente como que el Ejecutivo ha de atender las propuestas que realizamos en materia de sanidad, educación pública, dependencia, vivienda, en materia industrial, turística o agraria. Primero porque los trabajadores y las trabajadoras somos los afectados en la mayor parte de estas cuestiones; segundo porque, como hemos demostrado siempre, tenemos propuestas y soluciones que aportar; y tercero porque en CCOO, aunque nunca renunciamos a la movilización, somos unos convencidos y convencidas de que el diálogo y la concertación es un instrumento clave para avanzar en vertebración social, progreso económico y en la creación de empleo de calidad, así como en la configuración de una Andalucía más justa y con más igualdad y más derechos.

La realidad ha demostrado en reiteradas ocasiones que cuando se aúnan esfuerzos para alcanzar puntos comunes, más allá de los intereses particulares y legítimos que cada organización tenemos, conseguimos superar situaciones de dificultad económica y avanzar en el desarrollo económico y social de Andalucía sin dejar a nadie atrás y con leyes más equilibradas y justas.

Así sucedió en momentos de crisis financieras como la de 2008, durante la pandemia de 2020 o en la crisis de 2022, y por ello instamos al Gobierno andaluz a que ponga todos los mimbres para que esta Ley de Participación Institucional salga adelante con el mayor consenso posible, por la utilidad que tiene para los trabajadores y las trabajadoras y para el progreso y el desarrollo de nuestra tierra. Es responsabilidad suya que esto suceda.

En cualquier caso, si el Parlamento andaluz lo decide y se concreta el texto en Ley, para CCOO no será el final del camino sino el punto de partida de un nuevo derecho que vamos a defender y que queremos ejercer con las garantías, la transparencia, la responsabilidad y la máxima exigencia que nos caracteriza.

Nuria López Marín

Muchas veces no somos conscientes de que la mayoría de las cuestiones que nos afecta en lo cotidiano tienen su base en las instituciones europeas. De hecho, en un informe presentado en 2023 por el director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, se afirmaba que en estas instituciones se aprueban buena parte de las normas que nos afectan en nuestro día a día. Según este informe, el 57% de las leyes aprobadas en España en 2022 provenían de directrices y decisiones europeas.  

Por eso, aunque pueda parecer que las elecciones europeas nos quedan lejanas, lo cierto es que nos afectan y mucho.

El próximo 9 de junio nos jugamos cómo se afrontarán las políticas que, durante los próximos 5 años, se pondrán en marcha en el conjunto de los países que integran la Unión. Con nuestro voto podremos decidir si queremos un proyecto europeo que avance hacia los derechos sociales, la cohesión y la solidaridad o que, por el contrario, se produzca un frenazo (o quién sabe si una desintegración) al modelo de progreso que, con sus dificultades y carencias, hemos conocido hasta nuestros días. 

Las personas trabajadoras tenemos que ser conscientes de que en nuestra mano tenemos la posibilidad de elegir qué modelo queremos para Europa: Si dejamos que la política comunitaria vuelva a afrontarse desde la austeridad, el recorte de los servicios públicos, la pérdida de derechos para las personas trabajadoras, los rescates a la banca mientras las personas se quedan en la calle, cómo las grandes empresas obtienen enormes beneficios sin importarles en qué situación dejan a las personas trabajadoras y las pymes. Una fórmula que ya vimos en la crisis de 2008 y que ha tenido dramáticas consecuencias para las familias trabajadoras. O bien, si apostamos por esa Europa que aboga por proteger los derechos, por hacer políticas expansivas que fortalezcan el progreso colectivo, la acción común y la cohesión social como ya se ha hecho durante la pandemia y en la crisis de Ucrania blindando la subida de los precios de la energía por medio de la excepción ibérica, asegurando vacunas y suministro de mascarillas, protegiendo los derechos laborales y el tejido productivo e intentando generar transiciones energéticas, medio ambientales y sociales por medio de la inversión de los fondos europeos.

Dependiendo de quienes gobiernen en el Parlamento Europeo y las instituciones de la Unión, tendremos unas políticas u otras y de ello dependerá el progreso de los países que componemos la Unión Europea y por tanto de su ciudadanía, pero también la extensión de la solidaridad, de la igualdad y de los derechos. A nadie se le escapa que una ola reaccionaria acecha Europa y busca debilitar lo colectivo, desarmar la racionalidad de la ciudadanía y crear un falso espejismo de que se puede retroceder a los viejos tiempos. Nada más lejos de la realidad.

Somos más las personas que queremos una Europa social plural, abierta y solidaria, que extienda la democracia, sus valores y el respeto por los derechos humanos. Por eso tenemos que ir a votar por aquellas opciones progresistas que la defienden. 

Andalucía necesita una Europa fuerte para abandonar el déficit histórico que arrastra nuestra industria y nuestras infraestructuras, a la vez que anteponga los derechos de la ciudadanía, la igualdad y el fortalecimiento de los servicios públicos y el sector de los cuidados. Y todo eso será una realidad o una oportunidad perdida dependiendo de qué opciones políticas gobiernen Europa

En Andalucía sabemos bien la importancia de Europa y cómo la solidaridad es importante para el desarrollo y el progreso de territorios como el nuestro. Para las andaluzas y andaluces, esta cita electoral tiene aún más si cabe mayor relevancia. Para Andalucía es de vital importancia el progreso del proyecto social europeo. 

En el momento de transformaciones que se están dando, nos encontramos ante la oportunidad histórica de transformar el tejido productivo andaluz, desde la industria agroalimentaria, pasando por la energética, las industria de transformación o la construcción, entre otros, y generar con ello más empleo y de mayor calidad, con salarios justos y mejoras en materias laborales, por medio de las políticas europeas y los fondos de nueva generación. La oportunidad está ahí con el auge de las energías verdes para generar autonomía estratégica, con la transformación de nuestra industria para incorporar la digitalización, la innovación tecnológica y hacerla más sostenible. Andalucía necesita una Europa fuerte para abandonar el déficit histórico que arrastra nuestra industria y nuestras infraestructuras, a la vez que anteponga los derechos de la ciudadanía, la igualdad y el fortalecimiento de los servicios públicos y el sector de los cuidados. Y todo eso será una realidad o una oportunidad perdida dependiendo de qué opciones políticas gobiernen Europa.

Comisiones Obreras apuesta y cree en un proyecto europeo sólido y abierto al mundo. Una Europa que tenga un papel predominante en la extensión de la democracia, de los derechos humanos y la paz en el mundo. Una Europa que sea un freno al odio, al populismo, al racismo y al deterioro constante de las instituciones democráticas. Y una Europa que “se moje” cuando se cometen atrocidades y acciones genocidas como las que tiene lugar en Palestina y que apueste por encauzar el entendimiento en aquellos conflictos (incluidos los de Ucrania) como garante de la paz y teniendo voz propia.  

En Andalucía, fueron muchas las personas que tuvieron que salir de nuestra tierra buscando un futuro mejor, por eso sabemos bien que las personas migrantes, que huyen de las guerras, de la pobreza y buscando oportunidades de vida, deben ser tratados como lo que son, personas y que el odio, el racismo y el egoísmo empobrece a las sociedades y las vuelve inhumanas

Nos jugamos cómo regular la avaricia de los mercados, de las grandes corporaciones empresariales y financieras que, con el desarrollo por ejemplo de la big data o de la inteligencia artificial, están obteniendo enormes beneficios y ejercen su poder para evitar pagar impuestos que contribuyan a mejorar la vida de la gente.

En Andalucía, fueron muchas las personas que tuvieron que salir de nuestra tierra buscando un futuro mejor, por eso sabemos bien que las personas migrantes, que huyen de las guerras, de la pobreza y buscando oportunidades de vida, deben ser tratados como lo que son, personas y que el odio, el racismo y el egoísmo empobrece a las sociedades y las vuelve inhumanas, por eso hay que seguir avanzando hacia un proyecto europeo de solidaridad, acogimiento, acompañamiento e integración y que salvaguarde la dignidad humana y los derechos más fundamentales.

Tenemos la posibilidad de consolidar esa Europa que responda desde lo común. Un proyecto que nos ha fortalecido y que ha permitido resistir a una crisis de consecuencias dramáticas, que ha permitido que las personas trabajadoras hayan podido acceder a las vacunas y que ha permitido dar una respuesta social a los retos de este tiempo. Queda mucho camino por andar para hacer de Europa esa casa de todos. Una Europa solidaria, bastión de defensa de la democracia, de la igualdad que desarrollo los derechos y el progreso de sus ciudadanos y ciudadanas. Esa es la Europa que queremos las personas trabajadoras. Y por ella votaremos el próximo 9 de junio: Por los derechos, por la justicia social y por un fututo de progreso. Porque nuestros derechos también se deciden en Europa.

La educación nos hace libre, pero ¿qué pasa cuando la educación se convierte en un instrumento al servicio de intereses políticos y económicos que buscan hacer de un derecho fundamental un negocio? Entonces lo que ocurre es que se daña y se merma la igualdad de oportunidades y con ello la igualdad en el más amplio concepto de la palabra.

Pues eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno andaluz aprovechando el rodillo de su mayoría absoluta. Porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla al frente, no escucha a nadie, o mejor dicho, solo escucha a quienes le interesa que son precisamente quienes le bailan el agua y pretenden convertirlo todo en un negocio del que sacar beneficio económico. 

Cómo si no se explica ese afán por privatizarlo todo con el espejo de Madrid como referente. La técnica no por sencilla deja de ser menos macabra: primero devalúan lo público a base de recortar la inversión en recursos humanos y técnicos y luego se justifica la necesidad de recurrir a lo privado porque hay que dar un servicio eficaz a la ciudadanía. Y encima lo hacen con tal maestría que su mensaje llega a calar en parte de la sociedad.

El problema de esto es que es una maestría de trilero porque cuando se levantan las cartas es la banca, encarnada en este caso en esa minoría pudiente, la que gana. En el lado contrario, las familias trabajadoras que tendrán que sacar de sus salarios dinero para pagar, entre otros derechos, el de la educación universitaria. además de los másteres para que sus hijos e hijas puedan seguir accediendo a mejores empleos y mejoras sociales ante el detrimento de unos servicios públicos que son los que nos igualan en derechos y oportunidades.

La implantación de nuevas universidades privadas no puede responder únicamente a criterios de rentabilidad económica de las empresas y entidades que las promueven

Precisamente, una de las últimas jugadas del Gobierno andaluz es la de aprobar la creación de universidades privadas en Andalucía a diestro y siniestro, siguiendo la estela de Madrid, donde las privadas son ya más del doble (13) que las públicas (6), en lugar de mejorar, invertir y apostar por la educación pública.  

En CCOO nos hemos opuesto en todas las esferas posibles, incluido el Consejo Económico y Social de Andalucía, a la creación de las dos últimas: la Alfonso X El Sabio Mare Nostrum y la Universidad Privada Europa de Andalucía, que vienen a sumarse a la dos que se aprobaron hace solo 6 meses en el Parlamento andaluz.

La implantación de nuevas universidades privadas no puede responder únicamente a criterios de rentabilidad económica de las empresas y entidades que las promueven. Tampoco puede hacerse a costa del deterioro premeditado de universidades públicas, como está siendo el caso desde 2019 de la Universidad de Málaga, generado por el propio Gobierno andaluz, siguiendo la técnica recurrente a la que se aludía antes de despojarla de recursos en los años previos a la implantación de las universidades privadas.   

Además, con motivo de la tramitación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que deberá garantizar la suficiencia financiera de las universidades públicas, así como la garantía de calidad del sistema universitario público andaluz, y ante la proliferación de universidades privadas en esta Legislatura, se hace totalmente imprescindible una Ley integral del Sistema Universitario Andaluz que recoja tanto la regulación del sistema público, como la del privado, limitándose por ley la implantación de universidades privadas.

A las universidades privadas se les tienen que requerir los mismos parámetros de calidad y exigencia que se les exige a las públicas

Así se lo hemos propuesto a la Consejería de Universidad e Innovación con la intención de que se aborde un documento estratégico en el que intervengan todos los agentes implicados en el que se analice y desarrolle una estrategia de conjunto del sistema universitario andaluz que racionalice y ordene el sistema, dando respuesta verdaderamente a las necesidades y demandas de la sociedad y no a grupos de interés particular.

Además, a las universidades privadas se les tienen que requerir los mismos parámetros de calidad y exigencia que se les exige a las públicas, para no poner en riesgo el alto nivel de excelencia y prestigio acumulado por el sistema universitario andaluz.

Nos tememos, a tenor de las medidas del Ejecutivo, que una vez más desoirá a la mayoría social porque es evidente que no casan con su ideología ni con su política de rendirle pleitesía a los intereses económicos.

Su política privatizadora está generando insomnio a muchas familias trabajadoras andaluzas que ven como quiere privatizarlo todo

Si la escuela es la puerta de entrada a la enseñanza, la universidad, además de serlo al mercado laboral, es un desarrollo personal y de expectativas laborales, sociales y vitales, por lo que CCOO nos vamos a oponer siempre a que para abrir esa puerta sea necesario pasar la visa. 

La educación es un derecho de todos los andaluces y andaluzas, no un negocio, aunque el Gobierno andaluz, y en concreto su presidente, parece hacer caso omiso a sus propias palabras cuando se alzó con la mayoría absoluta en las últimas elecciones: “Voy a gobernar para todos. Pueden dormir tranquilos, sabemos hacer las cosas para todos”, aseveró.

Pues debería saber el presidente de todos los andaluces y andaluzas que su política privatizadora está generando insomnio a muchas familias trabajadoras andaluzas que ven como quiere privatizarlo todo; en este caso la educación universitaria, mermando con ello las posibilidades de muchas y muchos estudiantes de construirse un futuro en igualdad de oportunidades. 

Andalucía es una tierra rica, de trabajo, de esfuerzo y de lucha. De toda esa gente que se levanta día a día a trabajar, o a buscar un empleo, a estudiar y a luchar por una vida mejor.

Este 28 de febrero es uno de esos días donde, más aún si cabe, volvemos al espíritu original de esta efeméride: a reivindicar la importancia de nuestro autogobierno como la vía para mejorar la vida de los andaluces y andaluzas.

De esos andaluces y andaluzas que solo tienen su trabajo para salir adelante. Esa es la gente que necesita de la sanidad pública, de la educación, de la dependencia y de todos esos servicios públicos que se están viendo enormemente deteriorados por una política contraria a sus intereses.

Cuando la derecha ostenta el gobierno siempre ha intentando esconder tras la máscara de un folclore vacío y caduco la Andalucía de verdad, la del sudor, la de las manos curtidas de trabajar y la del esfuerzo ingrato. La de la gente que trabaja a destajo y tiene problemas para pagar la luz, el agua, la que quita alimentos de la cesta de la compra porque los números no le da y acaba perjudicando la salud de sus hijos e hijas. Y esto pasa hoy igual que pasaba en su momento en la dictadura. En eso han cambiado poco.

Pese a eso, gracias a la conquista de la autonomía, nuestra tierra se ha transformando profundamente. El hecho de tener la capacidad de autogobierno ha permitido aterrizar las políticas en las necesidades más concretas de nuestra tierra. Aunque siempre ha habido margen para mejorar, nuestro Estatuto de Autonomía tiene las herramientas para desarrollar aún más los servicios públicos, para obtener la financiación suficiente para reforzarlos, para responder a las demandas y problemas de la gente: la vivienda, la formación para el empleo, la sanidad, la educación, la igualdad… Nuestro Estatuto también tiene capacidades también para desarrollar las potencialidades de nuestra tierra y su estructura productiva.

Una cara amable para enmascarar políticas que van en contra de la mayoría social, de ti que te levantas todos los días a trabajar y aun así te cuesta llenar la nevera o tienes que esperar a cobrar para comprarle un par de zapatos a tu hijo

Lo que marca la diferencia es qué se decide hacer con ese margen de competencias que da el Estatuto. Y eso es una decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía y de qué acción de gobierno decide llevar a cabo.

En los últimos seis años, en Andalucía se ha consolidado un proceso que, aunque ya tenía las bases sentadas, ha hecho retroceder enormemente el avance social logrado desde la conquista de la autonomía. Un proceso de vuelta atrás, de mandar a la chatarrería y vender al mejor postor piezas importantes de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestra dependencia. Como si nuestros servicios públicos fueran una máquina vieja que es mejor tirar a la basura y comprar una nueva que sabemos que se estropeará pronto. Sin tener en cuenta que lo público es lo único que tenemos la gente trabajadora para tener salud, educación, igualdad, atender a nuestros mayores y dependiente y, en definitiva, para vivir mejor y con dignidad.

El máximo exponente de estas políticas es un Gobierno andaluz que de cara a la galería hace denodados esfuerzos por mostrarse campechano, popular, del lado de la gente de a pie y se envuelve en la bandera blanca y verde y enarbola un andalucismo de cartón piedra que se hunde a poco que le cala el agua de su gestión. Una cara amable para enmascarar políticas que van en contra de la mayoría social, de ti que te levantas todos los días a trabajar y aun así te cuesta llenar la nevera o tienes que esperar a cobrar para comprarle un par de zapatos a tu hijo. La política del Gobierno andaluz solo está beneficiando a las grandes empresas y fortunas de Andalucía, esa que no necesita de servicios públicos porque tiene dinero de sobra para pagar un seguro privado y mandar a sus hijos a una escuela privada.

Una rebaja fiscal que no va a beneficiar al 98% de las andaluzas y andaluces, sino a una élite con grandes patrimonios, y que supone quitar 900 millones de euros a las cuentas públicas

La última rebaja fiscal, la sexta en lo que va de Gobierno de la derecha, es la muestra más clara de esta política: es un ataque frontal a la base de los servicios públicos, su financiación. Una rebaja fiscal que no va a beneficiar al 98% de las andaluzas y andaluces, sino a una élite con grandes patrimonios, y que supone quitar 900 millones de euros a las cuentas públicas. Esta, y no otra, es la explicación directa de por qué no hay citas en la atención primaria de los pueblos y ciudades, de por qué hay listas de espera inaguantables para ir al especialista o para operaciones, de por qué los colegios e institutos se caen a pedazos esperando adecuaciones que nunca llegan, de por qué las bajas de profesorado no se cubren, de por qué los expedientes de dependencia tardan años en resolverse y la ayuda no llega, de por qué la administración en general está colapsada. Todo lo que la gente trabajadora percibe que no funciona tiene una causa clara: los servicios públicos se están vaciando, se están dejando morir y generando las condiciones apropiadas para abrir camino a la inversión privada.

Ya está ocurriendo: la solución para aligerar listas de espera no está siendo invertir más, mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios ni reforzar por la vía pública la sanidad. La solución que este Gobierno da es sacar dinero de las arcas públicas y darlo a las empresas privadas en forma de conciertos, externalizaciones y privatizaciones.

Y está ocurriendo con la dependencia que acumula listas de espera para resolver expedientes tan largas que las personas usuarias fallecen en ese tiempo. La solución para este Gobierno no es invertir más y ofrecer más plazas públicas para mayores y dependientes, es inventar un problema de donde no lo hay y poner encima de la mesa un decreto de simplificación administrativa que no está claro que vaya a solucionar la espera de la tramitación de los expedientes. Y de paso, vuelve a beneficiar a las grandes empresas y fortunas de Andalucía con una serie de normas escondidas en el entramado del decreto hechas a su imagen y semejanza.

Andalucía es mucho más grande y diversa que esa élite para la que se está gobernando. Andalucía es de verdad. No es un adorno que desempolvar del armario y calzárselo de manera folclórica cada 28 de febrero o cada 4 de diciembre. No es una bandera vacía que arrojar en la lucha partidista contra otros territorios. Gobernar en y para Andalucía es tener los ojos y el corazón pegados a la tierra y no perder de vista los problemas de la gente de los barrios más pobres de España; de los pueblos donde se pierde población por falta de servicios públicos, de trabajo y de infraestructuras; de las empresas donde día a día se lucha por hacer frente a la siniestralidad y donde se construye la igualdad desde la base; de la gente joven que sigue esperando a que pase un tren que les prometieron y que nunca pasa; de todas esas personas que van con el agua al cuello porque los alquileres están por las nubes o la cesta de la compra no para de subir.  CCOO siempre ha luchado, lucha y luchará porque haya una Andalucía de todos y todas, para todos y para todas. Una tierra de igualdad de oportunidades, de derechos, justicia y cohesión social: La Andalucía de la gente trabajadora, desempleada, estudiante y luchadora.

Es violencia de género. Son mujeres asesinadas. Es una lacra social y como tal hay que combatirla.

En Andalucía en lo que va de año han sido asesinadas un total de 16 mujeres, 3 de cada 10 asesinatos machistas se han producido en Andalucía y en 2022 se presentaron 38.149 denuncias por violencia. Tras estas cifras, las historias de otras tantas mujeres que tienen que vivir con miedo o, en el peor de los casos, que han perdido la vida a mano de sus parejas o ex parejas. Además, vemos como la convivencia aumenta los asesinatos y como la violencia se sigue sufriendo en los hogares de manera silenciosa. Prueba de ello es que en julio y agosto han asesinado a 7 de las 16 mujeres asesinadas en Andalucía.

La sociedad cada vez está más concienciada con la lucha contra la violencia de género pero, incompresiblemente, asistimos a un ataque continuado por la derecha y la extrema derecha a las medidas de igualdad y de lucha contra esta lacra.

Hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre y lo que está pasando se llama violencia de género y la sufren las mujeres, con 252 mujeres asesinadas en Andalucía que han dejado a 84 menores huérfanos

Incomprensibles sus discursos negando la evidencia: que nos están matando. Incomprensibles sus medidas, como el teléfono de violencia intrafamiliar que puso en marcha el Gobierno andaluz invirtiendo miles de euros y solo sirvió para derivar cerca del 81% de las llamadas a otros teléfonos ya existentes. O incomprensible que para consultas sobre violencia de género en la página web de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía no haya un acceso directo y tengamos que ir a “otros temas” porque, el tema, señores y señoras del Gobierno andaluz, es que hay que hacer algo más que hablar de la necesidad de “reflexiones profundas”, porque mientras ustedes reflexionan, a nosotras nos siguen matando.

Y, además, hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre y lo que está pasando se llama violencia de género y la sufren las mujeres, con 252 mujeres asesinadas en Andalucía que han dejado a 84 menores huérfanos.

Por eso, desde CCOO reclamamos ponerle las cosas fáciles a las mujeres para que se atrevan a dar el paso que las saque del infierno de la violencia machista; y eso se hace generando un buen entorno de atención. Las diferentes administraciones públicas no pueden ignorar el grito de auxilio de esas miles de mujeres y es urgente poner más recursos en marcha que den respuestas a esta terrible lacra que, desde que hay registros en España, se ha cobrado 1.221 vidas y ha dejado a 416 niños y niñas huérfanos. El Gobierno de Moreno tendrá que hacer algo para revertir esa situación y eso no es una petición, es una clara exigencia que le hacemos desde CCOO.

Los datos corroboran esa imperiosa exigencia y también la necesidad de ayuda porque en lo que va de año 16 mujeres han sido asesinadas en Andalucía y de ellas solo 3 habían denunciado maltrato.

Es más que evidente que hay que revisar el ‘Acuerdo del 3 de junio de 2013 por el que se aprueba el procedimiento de coordinación y cooperación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía’ y su protocolo marco (2016) porque lamentablemente seguimos encabezando la lista de comunidades autónomas con más mujeres asesinadas por violencia de género y es una realidad a la que hay que poner solución. Desde CCOO pedimos al Gobierno andaluz que revitalice el Observatorio andaluz contra la violencia de género, así como reforzar medidas de prevención y concienciación.

Asimismo, entendemos que la educación es la base para acabar con la violencia machista, de ahí que también resulte esencial impulsar la coeducación mediante programas en materia de igualdad y prevención de la violencia de género en los centros educativos.

La lucha por la Igualdad y contra la violencia de género tiene que ser transversal y prioritaria y como tal la defendemos en CCOO vigilando, por ejemplo, que se cumplan las medidas acordadas en el Pacto Económico y Social por Andalucía que el Gobierno andaluz firmó en marzo con los agentes sociales y económicos y alzando la voz contra quienes buscan arrebatarnos nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra vida tras una ideología negacionista que se refugia en el discurso vacío y malicioso de que todas las violencias son malas con el fin de reducir los avances en igualdad y la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género.

Este 28 de mayo todos los andaluces y andaluzas tenemos una cita ineludible con la democracia más cercana, la de nuestros barrios, la de nuestros pueblos y ciudades. Por eso es importante que tengamos muy presente lo que significan las elecciones municipales y lo que nos jugamos en ellas.

Votar en un proceso electoral en democracia es uno de los medios para canalizar la soberanía del pueblo y contribuir a construir sociedad. Por tanto, los trabajadores y trabajadoras en particular y la ciudadanía en general tenemos que pensar que votar en el próximo proceso de elecciones municipales nos da el poder de elegir cómo queremos que se configure nuestro entorno más cercano. Porque de las políticas que ponga en marcha el partido que salga victorioso de las urnas, dependerán, entre otras muchas cuestiones, las mejoras de nuestros colegios, de que haya una mayor o menor inversión en dependencia, de que se construyan y haya más vivienda a precios asequibles e, incluso, la limpieza de nuestras calles y espacios públicos.

No debemos olvidar que ahí, en lo más cercano, tenemos la concreción de muchos derechos sociales y es donde muchos servicios públicos se hacen tangibles y son útiles para las personas trabajadoras.

Frente a aquellos que buscan crispar, distorsionar, tensionar y alimentar el odio, somos más las personas que queremos la convivencia fraternal, centrada en buscar puntos en común y en el avance de nuestros entornos para progresar

Nuestros barrios, nuestros pueblos y ciudades son pieza esencial para vertebrar la democracia, puesto que son un eslabón clave que nos conecta con los demás, que genera comunidad y mediante el cual se construye y se genera convivencia. De ahí la importancia de participar en este proceso electoral, porque frente a aquellos que buscan crispar, distorsionar, tensionar y alimentar el odio somos más las personas que queremos la convivencia fraternal, centrada en buscar puntos en común y en el avance de nuestros entornos para progresar.

Por eso estamos antes uno de los procesos electorales más importantes, porque serán los alcaldes y alcaldesas, juntos a sus equipos de gobierno quienes, como parte de los poderes del estado, están junto a sus vecinos y vecinas para encarar los problemas y las soluciones a los mismos.

La elección que hagamos los andaluces y andaluzas este 28 de mayo inclinará la balanza del lado de quienes, con sus mejoras, apuestan por ese interés común, por la igualdad, por los servicios públicos, por la cohesión y por la justicia social; o por quienes buscan alterar la convivencia o erosionar y desgastar esos derechos.

Cada elección cuenta y por eso desde CCOO hacemos un llamamiento a todas las personas trabajadoras a que este 28M vayan a votar y lo hagan con conciencia de clase, sabiendo que para el crecimiento y el progreso de nuestros pueblos y ciudades se necesitan políticas de impulso que protejan, se centren y sean útiles para la gente; políticas lejos del daño y la austeridad que cometieron unos y de las cuales nuestros pueblos y ciudades aún no se han terminado de recuperar.

El 28M será un momento decisivo para los más de 8,5 millones de andaluces y andaluzas que vivimos en Andalucía y es el momento de recordar que la esperanza se construye desde lo cotidiano, desde la mejora de lo más cercano donde vivimos nuestro día a día

En CCOO sabemos bien lo que puede conseguir la fuerza colectiva de los trabajadores y trabajadoras y es por ello que los animamos a votar por las opciones progresistas, porque el municipalismo es germen de democracia, es el sitio clave para forjar convivencia y es la parte donde se sustenta y se articulan muchos derechos para los trabajadores y las trabajadoras.

Nuestro voto debe servir para decantar la balanza del lado de los partidos políticos que priorizan en sus programas el empleo de calidad, la igualdad y la cohesión social porque Andalucía necesita un paquete de medidas para paliar la inflación en las familias y sectores productivos; una política fiscal propia, con seguimiento y ejecución de los fondos europeos; transitar hacia ciudades sostenibles; pactos locales por el empleo en el marco del diálogo social mediante los que se detecten necesidades formativas o de prestación de nuevos servicios; compromiso de accidentes cero por parte de los ayuntamientos en la lucha contra la siniestralidad laboral o el refuerzo de los servicios públicos y de las políticas sociales, de la vivienda y de la lucha contra la violencia de género. 

El 28M será un momento decisivo para los más de 8,5 millones de andaluces y andaluzas que vivimos en Andalucía y es el momento de recordar que la esperanza se construye desde lo cotidiano, desde la mejora de lo más cercano donde vivimos nuestro día a día. Ahora nos toca a nosotros y a nosotras decidir si queremos que en nuestros pueblos gane lo público, la igualdad y el avance en derechos. El poder para decidirlo lo tienes tú.

Los precios y la inflación han subido y eso es una realidad que sufrimos desde hace ya meses. El argumento esgrimido de que la causa era la invasión de Ucrania sirvió como justificación los primeros meses, pero ya es una evidencia que quienes están alimentando en gran medida esa espiral inflacionista son las empresas, que están aumentando sus beneficios a costa de asfixiar la economía de las familias. Algo que se agrava aún más con la actitud negacionista que mantienen a subir los salarios. 

El propio Banco Central Europeo reconocía recientemente que son los beneficios empresariales los que están incrementando los precios; y el Banco de España constata que las empresas notificaron un crecimiento del beneficio neto del 91,3 % a lo largo de 2022, alcanzándose en la industria hasta el 129,3% en el cuarto trimestre de 2022. Beneficios estos que se sitúan ya muy por encima de los beneficios anteriores a la pandemia. 

El dato es demoledor, sobre todo, cuando se confronta con otro dato que ofrecen ambos organismos: la subida de tan solo el 3% en la remuneración media de las personas trabajadoras en muchas empresas.

Hoy somos más pobres que hace 15 años

Y mientras los accionistas de las empresas amplían su capital y sus beneficios, la subida de los precios sigue sin detenerse, alcanzando un 7,1% en febrero y aumentando hasta el 14’2% si la comparamos con enero de 2021. La consecuencia directa de esa situación es que continúa agrandándose la pérdida de poder adquisitivo, que desde el último trimestre de 2020 ha sido de 5’1 puntos, alcanzando hasta 16’3 puntos si retrocedemos hasta el inicio de la crisis en 2008. Es decir, que hoy somos más pobres que hace 15 años. 

Cierto es que el Gobierno de España ha puesto medidas en marcha para subsanar esta situación, pero no están atacando la raíz del problema, que ya ha quedado más que demostrado que no está en el coste laboral, pues este ha experimentado el menor incremento durante el cuarto trimestre de los últimos 4 años. Tampoco lo está en el coste salarial total, que ha experimentado una escasa subida del 4’7%  en el último año en España. 

Ante esta realidad, desde CCOO insistimos en que son necesarias medidas de contención de los precios, especialmente de los alimentos, que se han incrementado en Andalucía en un 17,9% en el mes de febrero respecto al año anterior. 

Es vital poner medidas que frenen la escalada de la avaricia empresarial, que va a llevar a la ruina a miles de familias

Si tenemos en cuenta que la nuestra es la segunda comunidad de España con los salarios más bajos, afrontando la mayor inflación, es más que evidente que algo no va bien. 

Es vital poner medidas que frenen la escalada de la avaricia empresarial, que va a llevar a la ruina a miles de familias, que ya no pueden meter en la cesta de la compra alimentos esenciales como el pescado y que ven como la leche o el aceite han subido más del 30% su precio.

Y si tener una pérdida de poder adquisitivo de 1.110 euros anuales con referencia a 2020 fuera poco, la solución del BCE para controlar la inflación es subir los tipos de interés, lo que puede suponer que paguemos hasta 280 euros más al mes por el aumento de la cuota hipotecaria.  

Andalucía no puede convertirse en un espacio lowcost para las empresas que solo persiguen aumentar sus beneficios

Los números son fríos y se exponen como la receta de las torrijas, pero detrás de ellos hay historias con nombres y apellidos, historias de personas reales que están sufriendo las consecuencias de la avaricia empresarial y de medidas por parte de los gobiernos para subsanar esta situación. 

La pandemia puso sobre la mesa que las formas en que se afrontan las crisis son fundamentales para incluir o excluir; de ahí que la aprobación de medidas como el bono familia, bono carestía, o la bonificación de los transportes públicos, auspiciadas todas ellas por CCOO, sean fundamentales y urgente su puesta en marcha; pero deben acompasarse con otras medidas de carácter estructural que reduzcan las desigualdades y las brechas salariales. Andalucía no puede convertirse en un espacio lowcost para las empresas que solo persiguen aumentar sus beneficios. Lo que nuestra tierra necesita son empresas comprometidas de verdad y en la reivindicación y exigencia para que así sea, en beneficio de las trabajadoras y trabajadores andaluces, estará siempre CCOO de Andalucía.

Paro, precariedad laboral, falta de oportunidades, viviendas inaccesibles… Si la juventud andaluza se hiciese un selfie, eso es lo que saldría reflejado. Y así es lógico que nuestros y nuestras jóvenes estén hartos y hartas de vivir malamente.

Y mientras nuestra juventud está harta, el Gobierno andaluz lleva más de cuatro años sin hacer una política seria y rigurosa para darle una salida. En su agenda hay mucha cosmética y muchos filtros. Pero los filtros son para instagram y no para un Gobierno que se autoproclama “el gobierno de todas y todos los andaluces”. Sus medidas para atajar los problemas reales de las personas jóvenes son escasas y, cuando llegan, lo hacen financiadas por Europa, a través de los fondos Next Generation; o por el Gobierno central.

El empresariado tampoco pone de su parte y, prueba de ello, es que los bajos salarios son el factor más relevante, no llegando a los 7.000 euros de salario medio anual en el tramo de 18 a 26 años; y presentando una brecha del 19,3% entre las y los jóvenes andaluces de entre 26 y 35 años en 2021 respecto al salario medio total.

Con una propuesta visual rompedora y colorida, la campaña ‘Hart@s de vivir malamente’, ya está en marcha y extendiéndose a través de todas las redes con el hastag #vidaschungas para llegar a nuestros y nuestras jóvenes

Asimismo, el empleo entre la juventud se caracteriza por la temporalidad, con un 39,2% entre 25 y 29 años; y un 67,2% en la franja de 16 a 24 años. En ambos casos, por encima de la media nacional (4,8 y 7,1 puntos respectivamente).

Frente a lo que argumentan los gobiernos, la proporción del salario que debe destinar un joven andaluz de media entre las edades de 26 y 35 años al alquiler de una vivienda de 2 dormitorios alcanzó el 72,5% en 2020. Esta imposibilidad de pagar un alquiler se muestra en la tasa de emancipación entre personas de 16 a 29 años, la cual ha sido del 14,3% en el segundo trimestre de 2022, tasa 9,7 puntos porcentuales inferior al primer trimestre de 2008.

Ante esa radiografía que podría calificarse de dramática, en CCOO hemos puesto en marcha una campaña con la juventud andaluza como protagonista. El objetivo, darles voz, ser una plataforma en la que puedan expresar sus problemas, asesorarles y dejarles claro que si están hartos y hartas de vivir malamente, en CCOO estamos para defenderles.

Con una propuesta visual rompedora y colorida, la campaña ‘Hart@s de vivir malamente’, ya está en marcha y extendiéndose a través de todas las redes con el hastag #vidaschungas para llegar a nuestros y nuestras jóvenes.  

Aunque la parte visual y comunicativa tiene un peso importante en esta campaña, porque el entorno en el que socializan las personas jóvenes en primera instancia son las redes sociales, la acción sindical también está muy presente en las empresas, a través de las y los más de 14.000 representantes que tiene CCOO. Mediante campañas de acercamiento y atención a la juventud que se encuentra en prácticas y primeros empleos, nuestros delegados y delegadas, ya están recogiendo sus necesidades e inquietudes.

También pueden plantearnos sus dudas, consultas y denuncias en el correo electrónico infojoven@and.ccoo.es, que se ha habilitado expresamente para ello.

Además, como material de apoyo y asesoramiento, la juventud andaluza podrá encontrar en esta campaña, desde una guía sobre prácticas en empresas, hasta material de diversa temática en instagram, como acciones para reivindicar la reedición del bono de alquiler joven. Completan la campaña: folletos informativos sobre igualdad; cómo identificar el acoso en el trabajo o en sus prácticas y cómo actuar; cómo identificar la violencia machista; la edición de una ‘Guía Joven’ sobre becas, ayudas al alquiler, gastos de desplazamiento, conciliación, salud mental; o materiales para redes sociales sobre salud mental,

Las personas jóvenes no pueden plantearse un futuro porque su situación en el mundo laboral casi no les da ni para vivir el presente y, ante esta situación, es imprescindible estar organizados y organizadas para que cambien las cosas; y que gobiernos y empresarios dejen de tratar a la juventud como ciudadanos de segunda, que ya están hart@s de vivir malamente. 

Los ciclos económicos parecen no dar tregua a las familias trabajadoras porque, cuando empezábamos a vislumbrar la salida, tras la crisis provocada por la Covid-19, la Guerra de Ucrania, la crisis energética y de materias primas, la espiral inflacionista, el alza de los tipos de interés, y el oportunismo empresarial para subir de manera desorbitada los precios han vuelto a poner en jaque a los hogares andaluces.

Los datos constatan esa evidencia y, mientras en los dos últimos años los precios han subido un 14,5%, los salarios apenas lo han hecho en un 6%, lo que supone que las familias han perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo desde 2020.

Andalucía, con 760.000 personas desempleadas, necesita más y ese más tiene que llegar también de la mano del Gobierno andaluz, que dentro de sus competencias puede hacer mucho por mejorar la vida de las familias andaluzas

Es cierto que desde el Gobierno de España se ha puesto sobre la mesa una batería de medidas para paliar los efectos de la desbocada inflación que asfixia a las familias. Entre ellas, el descuento de 20 céntimos/litro para los carburantes o ayudas para el transporte de cercanía y media distancia; pero Andalucía, con 760.000 personas desempleadas, de las que 364.000 no reciben ninguna prestación, necesita más y ese más tiene que llegar también de la mano del Gobierno andaluz, que dentro de sus competencias puede hacer mucho por mejorar la vida de las familias andaluzas.

Así se lo hemos trasladado desde CCOO de Andalucía al Ejecutivo de la Junta, al que hemos reclamado la puesta en marcha de un plan que amortigüe los efectos de la inflación en la economía de los trabajadores y trabajadoras andaluces.

Un plan que entendemos es posible incluir en los presupuestos de Andalucía para 2023 a través de una enmienda; y que entendemos también que, si a este Gobierno le importan de verdad los andaluces y andaluzas, debería de hacerlo sin más dilaciones ni excusas.

Un plan para paliar los efectos de la inflación en las familias y sectores productivos que incluya el establecimiento de un bono para que los hogares en situación más vulnerable puedan hacer frente, mientras se mantenga esta inflación, al pago de los suministros básicos como la luz, el agua y la compra de alimentos básicos; complementar la bonificación de los transportes públicos del Gobierno central, estableciendo un gasto máximo de 10 euros al mes por persona usuaria; un pago único a las familias que acrediten un gasto de combustible elevado por motivos laborales o de especial necesidad; gratuidad de escolarización de 0 a 3 años; o extender la gratuidad de los libros de texto a la educación infantil.

Estas y otras medidas, se pueden implementar con carácter inmediato y, sin duda, aliviarían la situación de muchas familias que no pueden, ni siquiera, cubrir las necesidades más básicas de sus hogares y rozan la exclusión social.

Andalucía y su gente necesita de una apuesta clara de sus dirigentes políticos que les ayude a amortiguar la grave situación económica que está viviendo mientras una minoría aprovecha para especular, para enriquecerse aún más y para sacar beneficio propio

Andalucía, con 1.886 desahucios, es la tercera comunidad autónoma con más lanzamientos y esa situación, muy probablemente, irá a peor ante la carestía de la vida, la subida de los tipos de interés y la no subida de los salarios. Por ello, otra de las medidas que contempla el Plan antiinflación que hemos trasladado al Gobierno es, precisamente, la prohibición de ejecución de hipotecas o desahucios en la situación actual; o recuperar la desgravación de las hipotecas y rentas de alquiler para las familias con menos recursos y la puesta en marcha de ayudas para hacer frente a los efectos de la subida de los intereses en las hipotecas.

Entre las medidas a corto plazo que se recogen en el plan y que entran en las competencias del Gobierno andaluz, también están la de agilizar la renta mínima, ayudas complementarias a las personas que reciben pensiones no contributivas o subsidios por desempleo.

Andalucía y su gente necesita de una apuesta clara por parte de sus dirigentes políticos que les ayude a amortiguar la grave situación económica que está viviendo mientras una minoría, como siempre, aprovecha para especular, para enriquecerse aún más y para sacar beneficio propio. El Gobierno andaluz tiene la llave en los presupuestos para 2023; por lo que si sigue obviando estas cuestiones, los presupuestos que rijan el próximo año en nuestra tierra ni serán responsables, ni serán sociales; y las políticas del Ejecutivo irán en contra de la realidad de Andalucía y de las miles de familias que lo están pasando mal. 

La violencia de género es una de las mayores lacras a las que nos enfrentamos como sociedad. Es un problema político y social de primer orden, que supone un enorme déficit en nuestros sistemas democráticos. Pero la violencia de género también es un problema laboral, porque que las mujeres tengan un trabajo con condiciones laborales dignas, es imprescindible para que puedan tener independencia económica, dejar atrás a su agresor y comenzar una nueva vida.

La realidad demuestra que aún queda mucho por avanzar, más aún en Andalucía, que ostenta el vergonzoso podio de ser la comunidad autónoma con más mujeres asesinadas por octavo año consecutivo. En el ámbito laboral, los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer del Gobierno central tampoco dejan lugar a dudas; 7 de cada 10 mujeres reconocen haber sufrido alguna vez acoso sexual en el trabajo, pero solo el 2,5% ha presentado una denuncia por miedo a no ser creídas, a la revictimización, a perder sus empleos, o por la falta de red de apoyo.

Por eso, mientras que a las mujeres nos sigan discriminando por razón de sexo, suframos acoso sexual y nos sigan asesinando, es necesario que las administraciones pongan los recursos suficientes y los medios necesarios para combatirlo.

Es una evidencia que el Gobierno andaluz sigue sin priorizar medidas para educar, sensibilizar, prevenir, proteger y amparar; no convoca los órganos de participación ciudadana; y da un paso más allá, eliminando recursos

Es tan evidente que estamos ante un problema real y de primer orden, que se hace difícil comprender que el Gobierno andaluz continúe con la tendencia que inició en la etapa anterior de no apostar por la lucha activa contra esta lacra. Una lucha en la que no valen buenas palabras, sino acciones y medidas acompañadas de presupuesto, y los del Ejecutivo andaluz para 2023 están llenos de fondos europeos y de fondos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género pero, como ocurriera con el presupuesto de los años anteriores, los recursos propios destinados a combatirla, brillan por su ausencia.

Es una evidencia que el Gobierno andaluz sigue sin priorizar medidas para educar, sensibilizar, prevenir, proteger y amparar; no convoca los órganos de participación ciudadana; y da un paso más allá, eliminando recursos; lo que se traduce, por ejemplo, en que los Juzgados de violencia de género siguen bajo mínimos.

Tampoco lleva en su agenda política poner recursos para enfrentar el acoso en las empresas o sensibilizar en los puestos de trabajo, y desarticula todos los mecanismos para que las mujeres víctimas de acoso en el entorno laboral puedan defenderse y ejercer sus derechos a través del protocolo de acoso en las empresas, facilitando la movilidad geográfica o una excedencia, entre otras opciones.

Hay dos formas de ser negacionista: la de los discursos machistas de quienes niegan lo evidente; y la de quienes ponen en peligro los avances a través de la política del no hacer y de la eliminación de recursos y medidas que defienden la igualdad

El discurso político de buena voluntad queda solo en eso, en palabras; mientras, Andalucía necesita que el Gobierno de la Junta haga una apuesta decidida con fondos propios, con gastos estructurales, permanentes, con personal adecuado y estable. Una necesidad que, por el momento, parece no estar en la agenda política del presidente que se vanagloriaba de serlo de todos los andaluces y andaluzas en su discurso de la victoria.

A nuestro modo de entender, hay dos formas de ser negacionista y de situarse en contra de los avances y de la igualdad: la de los discursos machistas y reaccionarios de quienes niegan lo evidente; y la de quienes ponen en peligro los avances a través de la política del no hacer y de la eliminación de recursos y medidas que defienden la igualdad.

En cualquiera de los dos casos, desde CCOO lo vamos a combatir porque creemos en la igualdad de oportunidad y en una sociedad donde la convivencia y el respeto sean la base para avanzar en igualdad y en democracia.

Y este 25 de noviembre ‘Día internacional contra la violencia de género’ volveremos a demostrarlo, saliendo a las calles de toda España y de Andalucía.

Porque en CCOO estamos del lado de las mujeres y vamos a seguir reclamando, luchando, reivindicando y trabajando para que todas y cada una de nosotras seamos y estemos libres de cualquier tipo de violencia: sexual, moral o laboral.

Parece que el empobrecimiento de las personas trabajadoras no tiene freno este año; los precios no han dejado de subir, mientras los salarios se han estancado. Las familias se encuentran con subidas que alcanzan el 25% respecto al año pasado en productos de primera necesidad como la leche. En el lado contrario, las empresas siguen obteniendo beneficios. En el caso de las energéticas, los mayores de su historia; y en el resto de empresas, beneficios mantenidos, ya que los costes se han trasladado a los productos y a los servicios, de tal manera que, una vez más, somos las personas trabajadoras quienes pagamos la crisis.

Por ello, pedir que los gobiernos intervengan no es demagogia, sino una urgente necesidad. De seguir así, a las familias no les quedará más remedio que reducir las compras en alimentos fundamentales y especialmente importantes para el crecimiento de los menores, como la carne, el pescado, la fruta o los productos lácteos.

En la actualidad tenemos decenas de convenios pendientes de negociación, en muchos casos estancados por la ignominia empresarial, que se niega a esa subida salarial o propone el 0,5% en un contexto de IPC de casi el 11%

El comodín del bloqueo de Putin para justificar las subidas de los precios se ha acabado y no vale como excusa de las empresas para no subir los salarios. Desde CCOO le venimos reclamando desde hace tiempo al empresariado subidas razonables porque las personas están viviendo con salarios que nos les dan ni para cubrir las necesidades más básicas, por lo que más que vivir, malviven.

En la actualidad tenemos decenas de convenios pendientes de negociación, en muchos casos estancados por la ignominia empresarial, que se niega a esa subida salarial o propone el 0,5% en un contexto de IPC de casi el 11%. Como consecuencia de ello se han planteado más de 400 conflictos en lo que va de año y seguiremos en esta línea hasta que la patronal se tome con seriedad la negociación.

Los trabajadores y trabajadoras estamos hartos de una realidad que requiere de políticas activas que protejan a las familias trabajadoras y, en especial, a las que tienen los salarios más bajos. En lugar de eso, nos encontramos con acciones como las del Banco Central Europeo que sube el tipo de interés, cuya consecuencia directa será el ahogamiento de aquellas familias con dificultades para llegar a fin de mes y cuyas hipotecas se verán incrementadas; o en un ámbito más cercano, medidas como las del Gobierno andaluz de eliminar el impuesto de Patrimonio en Andalucía, del que se van a beneficiar únicamente las grandes fortunas, en detrimento de los servicios públicos que son sustento de igualdad para todos los andaluces y andaluzas; y con esta medida dejarán de ingresar casi cien millones de euros anuales cuando nuestra comunidad está a la cola en gasto sanitario y educativo. Una medida que, además, en contra de lo que defiende el Ejecutivo andaluz, no mejora la recaudación en el IRPF, incurre en dumping fiscal de unas comunidades autónomas frente a otras, e incide en la pérdida de igualdad y de equidad fiscal.

Políticas como estas se alejan mucho del discurso de investidura del Presidente en el que afirmaba que gobernaría para todos los andaluces y andaluzas en esta legislatura.

El Gobierno andaluz tiene que asumir su responsabilidad, gobernando para todas las andaluzas y andaluces, no solo para las grandes fortunas y los empresarios

Para CCOO, la obsesión del Ejecutivo por bajar impuestos, choca con las necesidades reales de la inmensa mayoría y son caramelos envenenados que, a medio plazo, acaba pagando caro la clase trabajadora en forma de un aumento de listas de espera en la sanidad y en la dependencia, de mayores ratios en las aulas, o de ventanillas cerradas en servicios públicos esenciales por falta de presupuesto.

Es cierto que las medidas y ayudas puntuales que se han puesto en marcha por parte del Gobierno central, como la bonificación de los carburantes, las bonificaciones de transportes, o el complemento a las becas, están ayudando a las familias de forma inmediata; pero se hace necesario ir a la raíz del problema, con la puesta en marcha por parte de los gobiernos de medidas estructurales como el incremento del SMI adecuado a la carestía de la vida; la regulación de los precios de la vivienda, el alquiler y de la energía; o el refuerzo de los servicios públicos, entre otras, que contribuyan a revertir esta situación y a reducir las desigualdades. El Estado tiene que impulsar y ser tractor de la economía para que esta sirva a las personas.

Así mismo, el empresariado tiene que asumir su responsabilidad alcanzando acuerdos en la Negociación Colectiva para evitar un mayor empobrecimiento de las personas trabajadoras; superando la actitud avariciosa y cortoplacista que está llevando a un retraimiento de la economía y mermando la capacidad de compra; e incorporando a los convenios la cláusula de revisión salarial, que no supone una subida inmediata de los salarios, pero garantiza que no se pierda poder adquisitivo en el periodo acordado, lo cual parece que molesta mucho al empresariado, porque en 2 de cada 3 convenios sectoriales no ha sido posible incorporarla a pesar de la insistencia sindical.

Y en esto el Gobierno andaluz tiene que asumir su responsabilidad, gobernando para todas las andaluzas y andaluces, no solo para las grandes fortunas y los empresarios. Debe garantizar que las empresas cumplan la normativa laboral, los convenios, perseguir el fraude y exigir el cumplimiento de las cláusulas sociales en las contrataciones públicas de servicios públicos subcontratados, teniendo presente la indexación salarial. 

No solo de ricos se puede mantener la economía del país y si no quieren enterarse a través del diálogo -que por cierto hay que practicarlo, porque si no, no existe- daremos la pelea por proteger los salarios y las mejoras de las condiciones laborales y de vida. No es una cuestión de otoños calientes, sino de justicia social.  

Superar las crisis siempre supone un reto para la sociedad, pero todos y todas no tenemos las mismas herramientas para superarlas, y desgraciadamente en esto la juventud sale perdiendo. A raíz de 2008, la juventud ha sufrido una crisis tras otra, en las que han ido perdiendo derechos importantes para su desarrollo personal, laboral y para su futuro. Sin duda el desempleo, los bajos salarios, la precariedad, inestabilidad laboral, la cultura y discriminaciones machistas, la falta de vivienda, formación, o las escasas políticas dirigidas a resolver estos problemas han supuesto un freno a sus expectativas porque en momentos de auge económico parece que se resolverán por sí solos, y en momentos de crisis no son tan urgentes.

A la vista de que 2022 parecía que iba a ser un año de recuperación, nos encontramos con un incremento de precios nunca visto desde 1986 en Andalucía, y esto, por supuesto, afecta como siempre en mayor medida a las rentas más bajas, situando a la juventud, y en especial a las mujeres jóvenes, en riesgo. Las y los jóvenes andaluces siguen siendo los campeones en precariedad, presentando una brecha del 23,4% respecto al salario medio de la población total, cuando en 2008 era del 9,8%. Y todo esto cuando la gran parte del empresariado andaluz se resiste a aumentar los salarios de los trabajadores y trabajadoras andaluzas, mientras baten récords de beneficios en este año.

Estamos en un momento muy preocupante, a la vez que decisivo, con una tasa de paro en menores de 24 años que supera el 44%, una temporalidad que se acentúa en Andalucía (un 42%, 10 puntos más que la media nacional), y una parcialidad que ahoga especialmente a las mujeres (32,8%).

El empresariado no puede ponerse de perfil, debe abandonar el bloqueo en la mejora de condiciones laborales, especialmente de los salarios y de la estabilidad laboral de los más jóvenes, abandonando su idea de que son mano de obra barata, incluso gratis

Desde todos los ámbitos el mensaje es unánime: sois lo más importante, el futuro depende de vosotros, nos preocupamos..., pero la realidad es que la única respuesta que reciben es la precariedad y falta de oportunidades. Y desde CCOO de Andalucía creemos que vamos tarde para afrontarlo, pero con las políticas y acciones adecuadas es posible.

Para empezar el empresariado no puede ponerse de perfil, debe abandonar el bloqueo en la mejora de condiciones laborales, especialmente de los salarios y de la estabilidad laboral de los más jóvenes, abandonando su idea de que son mano de obra barata, incluso gratis, y dejar de usarlos como pañuelos de usar y tirar.

Hay que decir que algunos brotes verdes han llegado desde el Gobierno estatal: la subida del SMI, el acuerdo de reforma laboral y el aumento de becas estatales, o el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que han supuesto un impacto significativo en la situación de miles de jóvenes en Andalucía. Pero aquí todos tienen que hacer sus deberes, y traducir ese mensaje unánime en hechos.

El Gobierno andaluz, que en la pasada legislatura permaneció impasible ante los problemas de la juventud, ahora anuncia un giro en su política centrándose en un “Plan Estratégico para la Juventud”. Las líneas de este Plan ya se conocen desde abril de este año, pero volvió a ser anunciado a bombo y platillo en el discurso de investidura del presidente. Desde CCOO de Andalucía ya trasladamos al Gobierno andaluz la inconcreción y ausencias importantes de este Plan, como medidas para la creación de empleo o la apuesta por el empleo de calidad.

Esperamos medidas de calado con respecto a la política de vivienda, porque es alarmante que la juventud de entre 26 y 35 años deba destinar más de un 72% de su salario al alquiler y que la imposibilidad de emanciparse trunque sus vidas personales

En la anterior legislatura, el Gobierno andaluz redujo a la mínima expresión las políticas activas de empleo destinadas a la juventud, especialmente la Orientación laboral, y aunque firmó el “Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía”, que, entre otros objetivos, contemplaba la elaboración de un Plan de Empleo Juvenil, hasta la fecha no se ha hecho nada. Por el contrario, sigue centrando su empeño sistemáticamente en el emprendimiento, como huida de las grandes cifras de paro juvenil. Igualmente, anuncia una apuesta por la formación profesional que ahora mismo llega a cuentagotas, y que vemos necesaria, pero a través de una apuesta por la inversión pública y no mediante el incremento de la colaboración público-privada donde se conciertan cada vez más plazas en centros privados y se da la espalda a la enseñanza pública. Además, la disminución de las ratios en la educación es ya perentoria para mejorar la atención personalizada y de calidad al alumnado joven. Igualmente, esperamos medidas de calado con respecto a la política de vivienda, porque es alarmante que la juventud de entre 26 y 35 años deba destinar más de un 72% de su salario al alquiler y que la imposibilidad de emanciparse trunque sus vidas personales. Se debe recuperar la construcción de vivienda protegida con los límites legales establecidos y a través del registro público de demandantes, de forma que se garantice que el esfuerzo máximo sea de un 1/3 de la renta familiar para la compra, y un ¼ para el alquiler de una vivienda protegida.

Estamos en un momento decisivo, en el que hay recursos económicos. Solo se necesita voluntad para destinarlo a aquello que realmente supone garantías de desarrollo y de futuro de nuestra sociedad. Pero necesitamos políticas y acciones reales, encaminadas a mejorar la calidad de vida, y que no se queden en un mero discurso, mermando el futuro de nuestra juventud y de Andalucía.

Los trabajadores y las trabajadoras llevamos ya muchos años soportando los efectos de una doble crisis. La primera se inició en 2008 e impactó directamente en el empleo, lo que unido a la reforma laboral de 2012, -que ya es historia-, provocó una devaluación salarial y una merma muy importante del poder adquisitivo de la mayoría social. Y cuando empezaba a vislumbrarse la salida de la primera, llegó la segunda en forma de pandemia, paralizando la economía a nivel global. Pero en esa ocasión, Europa y Gobierno central tomaron un camino diferente a los recortes e imposiciones que habían sido la nota predominante en la primera y, gracias a ello, se sentaron las bases, desde el diálogo social en el caso de España, para forjar un escudo social que ha permitido salvar miles de empresas y puestos de trabajo, además de evitar un drama social. El problema es que la popular frase de “no hay dos sin tres” se ha cumplido debido a la invasión de Ucrania y a su terrible guerra, justo cuando pensábamos que estábamos en un momento clave para avanzar; disparando la inflación y limitando, una vez más, la capacidad de compra al repercutir las empresas ese encarecimiento en una subida de los productos y servicios, mientras los salarios no suben y cada día, por la subida de los precios, sufren una constante pérdida de valor y de poder de compra.

Pero la guerra de Ucrania y la elevada inflación no pueden ser nuevas excusas para asfixiar otra vez a la clase trabajadora. La inflación, el paro y la precariedad no pueden hacer una Andalucía de segunda y nuestra tierra no puede quedarse atrás con la modernización que se está dando en el mundo del trabajo, de las tecnologías, de la innovación, de la digitalización, del respeto al medio ambiente, o de la igualdad.

Tampoco pueden seguir instaurados los andaluces y andaluzas en la precariedad laboral y que Andalucía siga ostentando el triste récord del paro o la siniestralidad laboral. 

El diálogo tiene reglas, es proponer, debatir y alcanzar consensos que se alejen de la imposición y la política espectáculo que no resuelve los problemas que tienen las personas en Andalucía.

El Gobierno andaluz acaba de estrenar legislatura pero no es nuevo, por lo que desde su atalaya de mayoría absoluta tiene la oportunidad de subsanar errores importantes y desequilibrios preocupantes para los intereses del mundo del trabajo basados en una política de imposición y de deterioro constante de elementos esenciales como los servicios públicos.

Si el presidente de la Junta de Andalucía de verdad quiere que nuestra tierra lidere la recuperación, que seamos referencia en servicios públicos y gobernar para los 8,5 millones de andaluces y andaluzas, como dijo la noche electoral, tiene que hacer efectiva y tangible la política del diálogo social, porque es una función clave equilibradora para un gobierno; y ese diálogo hay que concretarlo porque, si no, es tertulia. El diálogo tiene reglas, es proponer, debatir y alcanzar consensos que se alejen de la imposición y la política espectáculo que no resuelve los problemas que tienen las personas en Andalucía.

Unos problemas que tienen tres grandes raíces en materia laboral; el paro, los bajos salarios y la precariedad. Y ser andaluz y defender Andalucía se hace ejerciendo competencias y no solo diciéndolo en un acto de escenificación de toma de posesión. Por eso, desde CCOO de Andalucía emplazamos al presidente de la Junta a que en la nueva legislatura, su gobierno se dedique a defender Andalucía y a quienes vivimos en ella con una política de diálogo que aterrice en los problemas de los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, en su solución. Con la puesta en marcha de un plan urgente para amortiguar el impacto de la subida de los pecios, negociado previamente con los agentes económicos y sociales y que, irremediablemente, contenga medidas que atajen la precariedad, especialmente en materia de siniestralidad e impulse la subida de salarios en las empresas, imponiendo mejores condiciones en los contratos públicos, o condicionando toda ayuda a la mejora/aumento de salarios, porque sin duda esa es la base de la mejora de la vida de las personas trabajadoras y por ende de la economía en su conjunto. 

La bajada de impuestos anunciada en el discurso de investidura, bajo el objetivo de proteger a las familias, puede ser un arma de doble filo que suponga un daño irreparable a futuro en los servicios públicos.

Medidas que han de tener como objetivo, asimismo, paliar los efectos de la subida del coste de la vida, a través, por ejemplo, de actuaciones como el incremento de los beneficiarios de la Renta Mínima; la recuperación del complemento a las personas en ERTE; el bono social que alivie la factura energética complementando el estatal; medidas para acelerar la soberanía energética; la ampliación del parque de vivienda público; favorecer el alquiler para jóvenes y familias vulnerables; el aumento de becas, o la bajada de tasas universitarias o bonificaciones al transporte público, entre otras.

En cambio, la bajada de impuestos anunciada en el discurso de investidura, bajo el objetivo de proteger a las familias, puede ser un arma de doble filo que suponga un daño irreparable a futuro en los servicios públicos; sobre todo, cuando no se ha explicado el impacto concreto por familia o persona trabajadora, porque un euro más en el bolsillo del trabajador o trabajadora no le supone nada, pero 8,5 millones de euros en las arcas públicas supone mejoras incalculables para el conjunto de la sociedad, especialmente en los servicios públicos, que son los garantes de la igualdad de oportunidades. 

Y CCOO defenderá los derechos de las personas trabajadoras en su doble faceta, laboral y de ciudadanía.

La sociedad andaluza enfrenta los próximos comicios electorales autonómicos en un escenario de deterioro económico y social cuyas causas están principalmente sustentadas en las secuelas de las crisis; la de 2008, la presente crisis pandémica y la energética, con el escandaloso alza de los precios de la electricidad y los carburantes, que posteriormente se ha agravado por el estallido de la guerra en Ucrania.

Asimismo, el escenario de desempleo estructural, devaluación de los salarios y empobrecimiento generalizado de las familias, unido a la puesta en marcha de unas políticas regresivas y antisociales desarrolladas durante la última legislatura en Andalucía, han provocado, entre otros efectos, el continuo deterioro de los servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia y el conjunto de los servicios sociales.

Por eso, este 19J, los andaluces y andaluzas tenemos una cita decisiva porque está en nuestra mano elegir las políticas sobre las que pivotará nuestra tierra durante los próximos cuatro años. Y hay que partir de dos premisas; que el voto es el instrumento clave para determinar esas políticas y que el voto trabajador vale lo mismo que el voto del empresario, empresaria, que el voto del gran accionista, o que el voto del Gobernador del Banco de España.

Es decisivo ir a votar y hacerlo por opciones que lleven en sus programas resolver los problemas de la clase trabajadora

Y ese voto, el tuyo, el mío, el de cada trabajador o trabajadora, es el que puede hacer que, en los próximos cuatro años, Andalucía crezca de una manera social, económica y laboralmente justa.

Así lo hemos recogido en el documento `Unas elecciones andaluzas para mejorar la vida de las personas y construir una Andalucía social, económica y laboralmente equitativa’ que hemos elaborado y presentado públicamente y a partidos políticos. Un documento con propuestas en las que exigimos que en la agenda política del Gobierno que salga vencedor el próximo 19 de junio, el empleo con derechos, la lucha contra el paro, la igualdad, los servicios públicos de calidad, la sostenibilidad, el desarrollo de sectores productivos, la cohesión social, la justicia social, los servicios sociales fuertes, la violencia de género cero o erradicar la siniestralidad laboral, sean elementos esenciales. 

Propuestas que toman nuestro Estatuto de Autonomía como pilar y que apuestan por partidos que se comprometan con los preceptos que en él se recogen y que marcan la senda para una Andalucía de progreso. Por eso es decisivo ir a votar y hacerlo por opciones que lleven en sus programas resolver los problemas de la clase trabajadora, y políticas concretas que mejoren su día a día, porque la situación en nuestra tierra requiere de numerosas medidas de emergencia social pero también a largo plazo.

Desgraciadamente hay partidos que ponen en riesgo nuestra democracia y los valores recogidos en la Constitución y Estatuto, suponiendo un peligro para los avances de los derechos de las personas trabajadoras

Y desgraciadamente hay partidos que ponen en riesgo de manera importante nuestra democracia y los valores recogidos en la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, suponiendo un peligro para los avances de los derechos de las personas trabajadoras.

Y que además se olvidan que UGT y CCOO son los sindicatos mayoritarios en España y Andalucía, y que están recogidos en el art.7 de la Constitución Española, esa que tanto dicen defender. Poner en duda todo esto no suena más que a discurso trasnochado contra los que lucharon por la libertad de todas y todos los españoles ayer, y los que luchan por los derechos de las personas trabajadoras y de los más desfavorecidos hoy.

Utilizan argumentos demagógicos, falsos y violentos que demonizan, denigran y faltan el respeto a los más de 157.000 afiliados y afiliadas a CCOO que con su cuota sustentan al sindicato -CCOO de Andalucía se financia con sus ingresos en un 93%...que les quede claro...solo un 7% de los ingresos no son cuotas- , y además a cientos de miles de delegados y delegadas sindicales (casi 15.000 de CCOO en Andalucía). No olvidemos que las organizaciones sindicales no son entes abstractos, ellas y ellos son los que las conforman, y día a día dan la cara para defender a sus compañeros y compañeras, incluso jugándose sus puestos de trabajo, siendo además elegidos cada 4 años en las elecciones sindicales.

Unas elecciones sindicales con un proceso muy similar al de las elecciones políticas, que garantiza la participación democrática de las personas trabajadoras para elegir a sus legítimos representantes, es decir, es la máxima expresión de democracia en los centros de trabajo. Sin embargo, todo esto se oculta conscientemente por algunos partidos políticos con discursos estridentes, populistas y autoritarios, con el único afán de favorecer a las grandes empresas y a los más pudientes, y desprestigiar a las organizaciones sindicales porque saben bien que luchan por la igualdad, justicia y un reparto más justo de la riqueza.

Estamos ante la oportunidad de decirle con nuestro voto a los partidos políticos que la demagogia, el griterío y el chiste fácil no llenan el carro de la compra ni pagan la hipoteca del piso de los trabajadores y las trabajadoras

Ante eso, CCOO seguirá defendiendo los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.

Es hora de reescribir la historia de Andalucía con la igualdad y los derechos por bandera, con medidas progresistas que busquen acabar con el paro, la precariedad, la siniestralidad laboral y contra la violencia machista que duele y mata a mujeres cada día, reforzando prioritariamente los servicios públicos y la vertebración y cohesión social de Andalucía a través de nuestros pueblos, ciudades y localidades para que sigan teniendo futuro.

Estamos ante la oportunidad de decirle con nuestro voto a los partidos políticos que la demagogia, el griterío y el chiste fácil no llenan el carro de la compra ni pagan la hipoteca del piso de los trabajadores y las trabajadoras; que en Andalucía somos gente seria y que sabemos que, lejos de triunfalismos, titulares vacíos o política de maquillaje que esconden nada, son las propuestas progresistas las que permiten avanzar.

Por eso, en CCOO estamos convencidas y convencidos de la necesidad y la importancia de que las mujeres, la juventud, los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía al completo, depositen su voto en las urnas este 19J, porque el voto trabajador es capaz de cambiar encuestas y escribir su propio futuro. Es el camino para que la historia de Andalucía se enmarque en la senda que merecen nuestra tierra y su clase trabajadora. ¡A votar!

En las últimas décadas, las referencias a la necesidad de transformar el modelo económico y productivo de Andalucía han sido una constante en los discursos políticos porque, ciertamente, existía –y existe-, esa necesidad. El problema es que es cuando se dio la reconversión industrial de los años 80, lamentablemente se materializó el desmantelamiento de una parte importante de nuestro tejido productivo y una privatización de actividades, de empresas y servicios públicos.

El resultado fue un aumento de la brecha existente, ensanchando y haciendo más hondas y profundas las desigualdades internas que vive este país; provocando el gran déficit industrial que persiste hoy en día, cuyo vacío nunca fue cubierto en Andalucía e, incluso, va en aumento, pasando la aportación del sector industrial al PIB regional del 12,1% en 2008 al 11,5% en 2022.

Hasta cuándo tenemos que seguir siendo la tierra olvidada cuando en los discursos políticos siempre salen a relucir las bondades de Andalucía

Ante esa realidad, desde CCOO de Andalucía hemos iniciado un ciclo de reflexión y debate bajo el nombre “Diálogos para una Década”, sobre las políticas estratégicas claves en Andalucía. La primera temática versa sobre la necesidad de “Industrializar para corregir desigualdades y para ello es clave apostar porque los proyectos industriales lleguen al Sur”. En este primer ciclo volvemos a lanzar la pregunta: ¿hasta cuándo? Hasta cuándo Andalucía tiene que seguir soportando estos déficit estructurales; cuándo llegarán y se concretarán los proyectos industriales que nos hagan converger económica y socialmente; o hasta cuándo tenemos que seguir siendo la tierra olvidada cuando en los discursos políticos siempre salen a relucir las bondades de Andalucía.

Y lo mejor de todo es que es cierto; nuestra tierra es rica en materias primas, tenemos una posición geográfica estratégica, agricultura, aeronáutica, energías renovables, química, biotecnología, joyería o TICs, entre muchas otras; y por supuesto empresas de servicios avanzados científicos y técnicos que les dan sustento. Andalucía lo tiene todo para ser puntera y estar a la vanguardia pero le falta algo esencial: compromiso político y empresarial.

Es cierto que ha habido acuerdos, pactos y planes importantes y que algunos de ellos han evitado una caída mayor del peso de la industria en el PIB andaluz y limitado la destrucción del tejido empresarial y con él, el del empleo. El Pacto Andaluz por la Industria de 2017, el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial con horizonte 2027 o el Plan Crece Industria, son instrumentos que pueden servir de base para la estrategia nacional y de país; pero Andalucía, con los recursos del Plan Estatal de Transformación y Resiliencia, tiene que apostar por actividades y sectores cuya cadena de valor genere riqueza para la cohesión social y la convergencia con el resto de España.

Es un hecho que las comunidades con un potente tejido industrial aguantan mejor los envites de las crisis y ya está bien de que los trabajadores y trabajadoras andaluzas tengan que seguir soportándolas permanentemente

En cambio, las políticas del Gobierno andaluz en esta legislatura han estado centradas en hacer recortes en lo público y en bajar impuestos a las familias que más recursos tienen; en lugar de haber practicado una política de incremento de ingresos para poder materializar una apuesta decidida por el cambio de modelo productivo que necesita Andalucía.

Un cambio que pasa inexorablemente por el fomento y el desarrollo de la industria; porque es la industria principalmente la que genera empleos de calidad, estables, con más salarios y con más derechos; y eso aumenta la renta per cápita de un territorio, redunda en más y mejores servicios públicos y, en consecuencia, en igualdad de oportunidades. Además, implica progreso para la gente de hoy y futuro para la gente joven.

Es un hecho que las comunidades con un potente tejido industrial aguantan mejor los envites de las crisis y ya está bien de que los trabajadores y trabajadoras andaluzas tengan que seguir soportándolas permanentemente porque el Gobierno andaluz ha estado cuatro años en una política de brazos caídos permanente y, cuando los ha levantado, ha sido para apropiarse de mejoras alcanzadas gracias a acuerdos de los agentes sociales con el Gobierno central.

Andalucía no se defiende con banderas sino con políticas estratégicas que aseguren la generación de tejido industrial y derivado de ello, empleo estable y de calidad. Por eso, ahora que estamos en un momento clave en el que debemos decidir cómo y sobre qué base queremos crecer para resistir a las crisis que están por venir; en un entorno cada vez más cambiante e incierto, le anticipamos al Gobierno que salga de las urnas el próximo 19 de junio, que los andaluces y las andaluzas no viven de discursos banales, y que si se trata de palabras, todas las que marcan la senda para que Andalucía sea una tierra de progreso, cohesionada, de futuro para los andaluces y andaluzas donde primen la igualdad de oportunidades, el trabajo con derechos y el empleo de calidad; están en nuestro Estatuto de Autonomía. No hay más que desarrollarlo dándole cumplimiento.