Es un hecho reciente que en Extremadura y Aragón se adelanta la convocatoria electoral porque el apoyo único con el que cuenta el PP gobernante, y por ello imprescindible que representa Vox, le niega la aprobación de los presupuestos autonómicos; así lo declaran la presidenta y el presidente de ambas comunidades. También es un hecho que en otras autonomías gobernadas por el mismo partido político con los mismos imprescindibles apoyos no salen adelante tampoco los presupuestos, pero ello no obsta para seguir sin adelanto electoral alguno. “Verbigracia” la Comunitat Valenciana, que al citado hecho añade el de la dimisión de su presidente por anteponer el placer al deber el fatídico día de la DANA e intentar tapar su flagrante negligencia con tantas trampas y mentiras como apoyos le prestó el presidente de su partido durante un interminable año de contumacia. Están en ello (en lo de los presupuestos, no vayan a creer…) 

Aclara esta aparente contradicción no tanto el pensar que cada gobierno del PP en cada comunidad autónoma tiene su estrategia, como el conocer la diseñada por Feijóo y su núcleo de concatenar victorias electorales, donde así se lo anunciaban las encuestas, con dos objetivos: generar un clima triunfal que le acercase a la Moncloa y no depender de Vox. El primero está por ver y el segundo ha fracasado clamorosamente, tanto que quienes convocaron para ser más libres han tenido que soportar un calvario de humillaciones y dejarse por el camino el programa, los principios y la dignidad para repetir una investidura que les hace aun más dependientes. 

Y por esa dependencia han tenido que desdecirse de su apoyo a la ILP de 2024 sobre regularización de inmigrantes, soportar por ello la reprimenda de la conferencia episcopal (con la bochornosa excepción de algún obispo que como mínimo debió copiar en el examen de catecismo para llegar a donde está) tener enfrente a la CEOE que los necesita en sus empresas y pactar con Vox la racista, xenófoba y segregacionista “prioridad nacional”. Es aquí donde esa radical diferencia entre ser y parecer, de la que San Mateo nos advierte, se manifiesta en su mayor grado de maldad. Se dirige contra quienes, en su mayoría, se encuentran en situación de mayor desamparo, sometidos al abuso de brutos y codiciosos, y se hace en nombre de una carcunda patriótica que se justifica y se exalta en el catolicismo. 

Los brutos, sus promotores, nos dicen que no hay comida para todos en un momento en el que el crecimiento de la economía española más que duplica el de la Unión Europea, en el que se baten records de ocupados, se sitúa el déficit público en el 2,2 % o se reduce la deuda del Estado por debajo del 100% ganando así la confianza de los mercados financieros con una prima de riesgo que se coloca en los 46 puntos frente a los 64 de Francia o los 87 de Italia. Se ve que el dinero internacional confía más en nuestra economía que nuestros brutos y de nada sirven ni los estudios ni las evidencias que vinculan y relacionan la inmigración con ese crecimiento. Pero no se confundan, nos dirán: nosotros queremos a los inmigrantes que necesitamos, solo que 

con menos derechos con menos ayudas y con menos salario que los españoles, ¡porque ser español es la hostia! 

Los codiciosos, esos que se embrutecen lo que haga falta si no sale cara, nos edulcoran la medida con el trampantojo del arraigo para encajarla a martillazos en la Constitución, llegando al absurdo de privilegiar a los extremeños o a los aragoneses sobre el resto de españoles provocando con ello la envidia del independentismo catalán mas alucinado. Porque ellos no son racistas ni xenófobos ni quieren pasar por malos católicos, incluso por buenos cristianos, lo hacen porque quieren seguir mandando y nos toman por idiotas. 

Pero ahí va la mala noticia para los idiotas que, ellos sí, son la hostia: ¿La prioridad nacional significa que en el acceso a una vivienda el español que va primero soy yo o eres tú, antes que el inmigrante? ¿O somos los dos? ¿Cuándo le llegará el turno al inmigrante, en el quinto lugar, en el décimo? Si es así ¿qué pensará el idiota al que le corresponda el puesto decimoprimero, después del inmigrante? Y esto vale para la sanidad, para la educación y para cualquier ayuda o derecho, porque no se trata de prioridad ni de arraigo ni de escasez, sino de exclusión por motivos racistas y xenófobos, pero también clasistas. 

Advertidos por San Mateo entre ser y parecer concluimos que la codicia embrutece, por lo que son indistinguibles unos y otros inoculando egoísmo y brutalidad entre los idiotas contra los inmigrantes. ¿Se los imaginan disputándose la prioridad en el acceso al trasplante de un órgano vital donado por la generosidad de un inmigrante fallecido? ¡Jesús! 

Escucho a analistas de izquierdas y de derechas coincidir en que las rebajas de las cargas tributarias a los carburantes o a la luz son políticas de derechas acordadas por el Gobierno y compruebo que en su convalidación en el Congreso se abstienen de apoyarlo tanto el PP como Podemos, convalidando ellos sí de este modo la opinión de los citados analistas. El argumento no es otro que el de entender, unos, que así se beneficia tanto a ricos como a pobres y eso no es progresista. Y por entender, los otros, que resulta de derechas pero poco y debería afectar a muchos más bienes de consumo, como pide Juan Roig para los alimentos “casualmente” en al menos España y Portugal. Conviene recordar que el IVA es un impuesto indirecto y por tanto carente de progresividad por lo que la medida acordada beneficia a todos los consumidores como su ausencia les perjudica; es decir, que la estructura del impuesto no se puede cambiar, solo modificar su porcentaje como se ha hecho. También conviene traer a la memoria la gran afición que a este impuesto le tiene la derecha como fuente de recaudación y que quedó acreditada con las ejecutorias de Rajoy en su mandato con su Montoro.

Me llega por wasap una noticia del periódico La Nueva España: “Indra creará mil empleos en Asturias con los obuses si abre la segunda planta”, acompañada de la reflexión del amigo que me la envía sobre el debate ético que le plantea ese futuro industrial para su tierra con el NO A LA GUERRA. Podríamos acudir en su resolución a José María González Santos, alias Kichi, recogiendo sus palabras como primer edil de Cádiz para defender la construcción por Navantia de corbetas para Arabia Saudí que, tras lamentar que se obligue a “decidir entre defender el pan o la paz”, “entre fabricar armas o comer”, eligió comer con el argumento de que “si no hacemos nosotros los barcos los harán otros”. Argumento que, todo hay que decirlo, contó con la comprensión si no el aval de Pablo Iglesias Turrión. A mí me gusta más el de entender que antes que las armas está la ambición, el egoísmo, el miedo, la desigualdad, la injusticia….pasiones que la preceden y las fabrican desde la edad de piedra y que mientras nos empeñamos en el loable esfuerzo por civilizarnos no está de más que nos armemos en defendernos de las amenazas.

Leo a Estefanía Molina (obsesiva contra un sistema que entiende privilegia a los boomer, pero eso es harina de otro costal más integrista que integral) defender que en la crisis de la vivienda resulta imprescindible incrementar la oferta construyendo más y no solo presionando para que no suban los precios o haya más oferta en alquiler de lo ya construido, y no puedo estar más de acuerdo. Los datos de demanda de una población que crece así lo exigen sin que quepa sofisma que pueda ocultarlo, pero hay quien pone más empeño en denunciar el beneficio de los negocios vinculados al sector que en procurar el acceso a la vivienda de los que la necesitan, sin darse cuenta de que el negocio más especulativo es el que está favoreciendo esa escasez constructora.

Mientras Feijóo se resiste a pronunciarse contra la guerra que sus aliados han provocado en Irán como un malabarista al que se le caen los platos, aparece Aznar y su fundación para reivindicar su papel como miembro del trío de las azores en la invasión de Irak. Superándose a sí mismo, no solo no reconoce error alguno como sí hicieron sus socios, sino que nos desafía a demostrar que no había armas de destrucción masiva. Y es entonces cuando uno se da cuenta de que hemos pasado a un circo de dos pistas, distrayendo nuestra atención malabaristas y payasos.

Tras la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme por la presunta comisión de varios delitos, escuchamos el profundo silencio de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Pero también de la Asociación Valenciana de Empresarios, tan preocupados estos por la fama que el empresariado tiene en la sociedad, y no puede uno si no traer a las mientes tantos y tantos refranes sobre el corporativismo. El “hermano” de Mazón gestiona en exclusiva las ayudas del bono comercio que este último pergeña desde la Diputación de Alicante que entonces presidía, el juez aprecia posible estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones, pero todos siguen en sus puestos como si tal cosa. Más que la Cámara parecen la camarilla de Alicante, que son algunos más que dos, aunque ocupen lugar tan destacado este par de gemelos.

Pero llega la vicepresidenta del Gobierno, Susana Camarero, a defender a la mujer del presidente del Gobierno (valenciano todo, claro, no vayan a confundirse) esputando en el intento sapos y culebras. Se trata de justificar que la citada cónyuge haya pasado de ser administrativa en el ayuntamiento de Finestrat, del que su esposo fue alcalde, a otro puesto en la Diputación de Valencia que le duplica el sueldo. La razón: dado que su marido es ahora el presidente de la Generalitat, así estar más juntos. Curiosa manera de defenderla agigantando la supuesta trama de nepotismo con sus dislocadas acusaciones de machismo e insultos a las ministras del Gobierno de España, aunque de verdad a quien pretendía defender y le ha hecho un siete es a su nuevo jefe.

Y ya por último, que tanta bagatela cansa, altas dosis de primperan para superar la náusea que produce oír aullar al diputado valenciano de Vox en el Congreso Carlos Flores acusando de ejecutores de la ciudadana Noelia Castillo a quienes han hecho posible que la eutanasia activa y el suicidio asistido sean ley en España. El representante de un partido político que apoya matanzas de niños, mujeres y hombres inocentes en Gaza, Cisjordania, Beirut o Irán recordándonos en las vísperas de Semana Santa la estirpe de Herodes.

Los segundos, comparten buena parte de tales atributos, pero carecen de la fuerza bruta para la depredación y se nutren de la carroña. Esperan recompensa por su servilismo, por su bajeza, por su colaboracionismo. A la maldad unen el patetismo de repetir como un eco del American first: ¡los alemanes primero, los franceses primero o los españoles primero! Cuando deberían decir de sus compatriotas que como máximo son los segundos, porque nadie apea del pódium al gran depredador, al menos por separado. Curiosamente, los tres ejemplos citados forman parte de la Unión Europea desde donde se podría decir los europeos primero sin faltar a la verdad, aunque faltando muy gravemente a sus principios y valores, a su civilización y a su superioridad moral anclada en la igualdad, la libertad y la fraternidad; sin embargo, dicen defender más Alemania, más Francia, más España y menos Europa, como le gusta que hagan a ese remedo de Liberty Valance (Personaje de recomendable película con la que pensé titular este artículo).

Los últimos serían aquellos que justifican cualquier actuación que les salve de estar entre las víctimas, presumen de pragmáticos, de saber distinguir y apostar en consecuencia por el caballo ganador, no reconocerán que les mueve la codicia, pero la admitirán antes que enfrentarse con la verdad de su cobardía. No importa la razón ni la ley ni la palabra dada ni la justicia ni el derecho, ni siquiera la amistad o la compasión; se imponen, van de la mano la codicia y el miedo.

En nuestro país, en España, tras las amenazas de Trump contra los españoles por negarse el Gobierno de la Nación a permitir el uso de las bases militares compartidas en la guerra contra Irán han proliferado como plagas estos justificadores. El argumento es el grave perjuicio que, de cumplirse tales amenazas, provocarían en nuestra economía y que corean en tropel los analistas, periodistas y voceros de la derecha española con la inestimable aportación de algún que otro progresista del gremio más aficionado al ruido del escándalo que a la aburrida contención del rigor. Pero la verdad incontestable es que el incremento del precio de la energía y sus efectos sobre la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de las familias, el incremento de los tipos de interés y su consecuente repercusión sobre las hipotecas, sobre la competitividad de nuestras empresas y la posible destrucción de empleo tienen como única causa la agresión que contra el derecho internacional, sin el respaldo de la ONU ni del Congreso de los EEUU están llevado a cabo contra Irán ese par de miserables, y que cuanto más se prolongue esta canallada mayores serán los perjuicios que a todos nos impone su matonismo.

Por pragmatismo debemos aceptar la humillación y el chantaje que vimos infligir a Zelensky en la Casa Blanca, pero que lo fue sobre todo para el pueblo de Ucrania y para la Unión Europea que lo respalda; por pragmatismo debemos aceptar un acuerdo comercial que enmascara la imposición de aranceles; por pragmatismo una política de deportación de inmigrantes que utiliza el allanamiento de morada, la detención ilegal, el secuestro o el asesinato ante los ojos del mundo; por pragmatismo el genocidio en Gaza y el obsceno propósito declarado de construir sobre sus cenizas una ciudad para el turismo y el negocio inmobiliario; por pragmatismo el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, junto al pacto con el chavismo para hacerse con el petróleo venezolano mientras Corina Machado regala su dignidad y la de lo que representa; por pragmatismo Macron acepta las burlas humillantes o Merz calla y otorga cuando en su presencia se amenaza a España…En fin, por pragmatismo los daneses que viven tanto en Europa como en Groenlandia deberían preocuparse mucho por tanto pragmatismo.

Pero resulta que Pedro Sánchez no es un Jean Valjean ni tan siquiera un Quijote, a fuer de ser español, su comportamiento no responde a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, ni está sostenido por la valentía o la dignidad. Sus detractores, los que apoyan la guerra contra Irán y los que la justifican han descubierto su verdadera motivación… Agárrense: el pragmatismo. Parece ser que los españoles estamos por el “no a la guerra” y aquí el pérfido Sánchez ve un filón electoral. ¿Le reconocerán al menos esa inteligencia superior que, al servicio de la maldad, ha conseguido convencer a Trump y a Netanyahu para que le ayuden a ganar las elecciones?

Como canta Serrat “si no fueran tan temibles nos darían risa, si no fueran tan dañinos nos darían lástima” (Los macarras de la moral), pero prefiero a Antonio Machado para concluir: “La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. ¡Gloria a Caín! Hoy el vicio es lo que se envidia más.

Que Catalunya es una nacionalidad queda reconocido en el art. 2 de la Constitución y en el mismo ordinal de su Estatuto de Autonomía, “debidamente cepillado” como diría aquel brillante político al que le importó más, en este caso, el brillo de su ingenio que lo verdaderamente importante: superar los agravios como la propia Constitución pretende con ese reconocimiento. Una nacionalidad porque contiene elementos singulares de carácter histórico, lingüístico y cultural, pero que está unida a España y la conforma también por razones históricas, lingüísticas y culturales.

De los agravios sacan partido los nacionalistas, todos, y con su actitud traicionan el espíritu Constitucional que pretendía, entre otros retos, superar las tensiones territoriales que tantos disgustos nos han causado a lo largo de nuestra historia y que en el año 2017 dieron lugar a la declaración unilateral de independencia y a la aplicación del art. 155 de la Constitución, respaldado sin fisuras por el PSOE entonces en la oposición, como mecanismo de defensa ante el desafío soberanista.

El último episodio en la utilización del agravio nacionalista es el que se deriva de la propuesta de financiación autonómica que el Gobierno de España ha formulado para superar el injusto y caducadísimo modelo actual. La propuesta nace de un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya que, entre otras cosas y con carácter previo, exigía una financiación singular y el respeto al principio de ordinalidad, pero que ni es singular ni respeta dicho principio porque en un caso mantiene a Catalunya en el régimen común y en el otro está condicionado por el statu quo, de modo que simplemente corrige esa ausencia de ordinalidad. Ambas realidades deberían facilitar el acuerdo para quienes, desde el creciente nacionalismo español, han venido denunciando la claudicación del Gobierno de coalición a las exigencias soberanistas, aunque debilite la posición de ERC ante Junts en la disputa por la hegemonía en el independentismo menguante, pero ni por esas.

Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos en términos absolutos recibe con el nuevo sistema, muchos más de los que sus dirigentes demandaban, pero lo rechazan. Murcia es la que más recursos recibe en términos relativos y también lo rechaza. Y la Comunitat Valenciana, que tanto ha trabajado por un nuevo sistema de financiación al ser la peor tratada por el actual caducado pero vigente, sería la tercera en recursos absolutos y la segunda en relativos al recibir más de 4600 millones anuales frente a los 1750 que el actual Consell demanda, pero también lo rechaza.

Las razones de estas comunidades autónomas para oponerse a una propuesta que les beneficia son de lo más peregrinas, cuando no son descaradas mentiras: Que si es un acuerdo bilateral que pretende imponérseles, como si fuese un acuerdo cerrado y no una propuesta, y su andalucismo, murcianismo y valencianismo, herido de orgullo, no tenga más remedio que oponerse aunque salgan mejor parados los “ofendidos que los ofensores”. Que si es una cesión al chantaje independentista, cuando queda demostrado que han tenido más peso en el acuerdo los intereses de otras regiones o nacionalidades. Que si es insolidario y atenta a la igualdad entre los españoles, cuando lo que hace precisamente es corregir las desigualdades en financiación per cápita existentes e injustificables, etc.

En nuestra Comunitat añaden la falta de un fondo de nivelación como argumento, pero este fondo, que no es el sistema, sino un parche necesario hasta que aquel se resuelva ni sirve para descalificar la propuesta ni tiene sentido si, como se pretende, el nuevo entra en vigor en el 2027. Sorprendentemente, estos opositores nada dicen de la deuda originada por esa infrafinanciación que es la más elevada en términos relativos y la segunda en absolutos, pero que pesa como una losa y tiene mucha mayor transcendencia en nuestra capacidad de prestar servicios que el dichoso fondo de nivelación. Las verdaderas razones son la articulación de una estrategia electoral en la cabeza del PP de Feijoo que solo puede enmascararse con la mentira que permite construir el trampantojo del agravio.

Mención aparte merece la posición de Castilla La Mancha, que estando también entre las mejor paradas y siendo gobernada por dirigentes del mismo partido que el de la Ministra de Hacienda e impulsora del acuerdo, también lo rechaza. Y es que el nacionalismo se está demostrando como una pandemia que alimenta un virus que solo acabará muriendo al matar al cuerpo del que se alimenta.

También se ha criticado la ordinalidad que se demanda desde Catalunya y que la propuesta, algo menos que a medias, contiene. Y para entender lo que ello significa y lo muy lejos que está de las acusaciones de insolidaridad que se le asignan, con todas las salvedades que la comparación que propongo exigen, creo que puede ayudar en su comprensión: imaginemos que usted recibe una renta de 50.000€, su vecino de 30.000€ y que yo solo la obtengo de 20.000€, que los tres se la entregamos a Hacienda en su totalidad para que sea ella la que tras un acto de solidaridad corrija las diferencias de renta que nos hagan posible a los tres el acceso a bienes básicos. Pues bien, Hacienda nos la devuelve del siguiente modo: 20.000 para usted, 30.000 para su vecino y 50.000 para mí. La única ordinalidad que se respeta en este poco refinado ejemplo es la de su vecino que es el segundo en contribuir y el segundo en recibir, cuando la ordinalidad bien entendida y respetada debería arrojar un resultado más parecido al siguiente: Usted 37.000, el vecino 33.000 y yo 30.000. Quien más tiene más aporta, pero no hasta el punto de quedar con menos recursos que aquel que menos tiene y aporta.

Definitivamente el nacionalismo independentista ha desatado uno de signo contrario en el resto de España, las recientes elecciones en Extremadura, pero especialmente en Aragón donde el argumentario del PP utilizado en campaña contra Catalunya ha sido más explícito, así lo demuestran. Ahora resulta que los causantes de la pérdida de expectativas económicas de la clase media no son los grandes fondos de inversión o las multinacionales que invierten donde hay menos derechos laborales y menos justicia fiscal, ni tampoco el austericidio que sucedió al gran fraude del liberalismo sin control que nos abocó a la gran recesión del 2008, ni por supuesto una globalización sin reglas que ha permitido y fomentado la especulación con todo. El culpable es el inmigrante, el diferente, el feminismo, los zurdos o la justicia social. Lo importante somos nosotros, los de la Nación. Una construcción azarosa que se disfraza de épica y designación divina, pero que alimentan día a día los tecno-oligarcas vinculados a la extrema derecha.

Es tan triste y frustrante ver que en un mundo cada vez más pequeño en el que la ciencia, la cultura compartida y las comunicaciones nos acercan tanto que casi nos tocamos, que lejos de hacer posible una sola humanidad veamos más altos los muros de las fronteras que artificialmente nos separan, nos dividen y nos enfrentan, que da miedo.

Si atendemos a estos positivos datos objetivos y, como dice Jordi Sevilla, Pedro Sánchez se ha podemizado, sería lógico pensar que Jordi -ese economista- ante el constatado éxito de la política económica del Gobierno, se podemizará también. Pero no, Jordi no alaba, acusa. 

Suponemos, hasta tanto no nos dé a conocer el manifiesto con el que nos “amenaza”, que tal acusación estará motivada por considerar tales cifras insuficientes, aunque no alcanzo a vislumbrar con qué gobierno no podemizado de nuestro entorno nos comparará para sostenerla. Tal vez la acusación no venga por lo macro, aunque cada ocupado es uno, cada pensionista es uno, cada ayuda a la dependencia es una, cada perceptor del ingreso mínimo vital es uno y cada derecho y cada salario tiene un titular. Y también aquí el balance se muestra robusto frente al retroceso en bienestar y derechos que se practica como una receta y como una moda en buena parte de Europa con el argumento, tan liberal como“viejuno”, de que el gasto social que lo hace posible es, en un mundo globalizado, insostenible. 

Será tal vez el gravísimo problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda, bien sea en alquiler o en propiedad, el agarradero para la crítica; pero ¿cuál es la alternativa que se nos ofrece a los españoles desde la oposición en la resolución de este vital asunto? La alternativa real de Gobierno que representa el tándem PP-Vox viene siendo doble: por un lado, incumplir, en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, las políticas de vivienda establecidas por el sanchismo podemizado; y por otro, sostener un discurso liberal en el que la solución única sería construir más sin restricción ni intervención sobre el mercado, no se sabe si como consecuencia de negar o defender la especulación inmobiliaria. Francamente, veo difícil atacar al Presidente por este flanco sin acudir a la demagogia, claro. 

Pedro Sánchez, ese dictador. 

Veamos si por aquí, con el argumento de que no quiere integrar a los no afines o que tiene secuestrada con mano dura toda crítica interna se puede sostener que es un dictador, como en tal sentido le acusa el referido tándem opositor y buena parte de los no integrados del PSOE, entre los que se supone se integra Jordi Sevilla. Para empezar, no es fácil observar una capacidad y una tenacidad en la crítica de los secuestrados y/o no integrados tan bien alimentada como se da en el PSOE, con enormes espacios y potentes altavoces en los medios de comunicación, pero sobre todo conviene recordar que ha sido la militancia la que le ha conferido a ese dictador el poder en el partido después de que la crítica interna, que tanto echan de menos, lo defenestrara un 1 de octubre en un comité federal para la historia de la ignominia. Y será también, si así 

consiguen convencernos y no desaparecen las “descontroladas” primarias, la militancia la que determine quien deba sustituirle al frente de la secretaria general del PSOE. 

En cuanto al tándem, que no solo ejerce con total libertad la crítica que como oposición les corresponde, sino que recuperan con mayor fuerza, medios a su disposición y virulencia las prácticas y fines del llamado, por el entonces Director de El País Juan Luis Cebrián, “sindicato del crimen”, habría que preguntarse quién les priva de la libertad para criticar, denunciar, perseguir, acusar, insultar y acorralar al dictador, y cómo es posible, en esta dictadura sanchista, que parezcan disfrutar de plena impunidad. Las confesiones de Luis María Ansón - partícipe ilustre de aquel sindicato- lo fueron, en comparación con lo que estamos viviendo hoy, las de un pecado venial. 

Pedro Sánchez, ese amigo de independentistas y terroristas. 

Aunque ni a él ni a ningún dirigente socialista le hemos visto en las televisiones leer un comunicado, para no equivocarse, en el que referirse a ETA como “movimiento vasco de liberación” (Aznar, dixit) ni cambios de guión tan bochornosos como llamar un día a Jordi Pujol enano y al siguiente aceptar sus exigencias a cambio de sus votos para llegar a la Moncloa, (de nuevo Aznar), Pedro Sánchez rompe España y traiciona a las víctimas del terrorismo. 

Y aunque es cierto que se dijo en campaña electoral que la amnistía no era constitucional y ello obedecía a un cálculo político mucho más que a la verdad, no lo es menos que la amnistía ha contribuido a sofocar los riesgos de fractura en la Unidad de España. Se dirá que a cambió de romper la igualdad entre los españoles, pero esa ruptura se viene dando por idénticas razones desde que el voto de los nacionalismos periféricos es imprescindible para la gobernabilidad del país, como se rompió al incorporar en la Constitución del 78 el régimen foral en Euskadi y Navarra. De manera que o se acepta que todos somos iguales, porque a ningún español se le dará un trato distinto si decide empadronarse en cualquier territorio patrio respecto de los que ya residen allí, o se acepta que cada comunidad autónoma es distinta porque así está en el origen y en la evolución de la vigente Constitución española. O mejor aún, se aceptan las dos cosas. 

Que EH Bildu, con el respaldo del voto secreto, libre y directo de cientos de miles de ciudadanos españoles residentes en el País Vasco, participe en la vida democrática y política desde las instituciones que conforman la soberanía nacional decidiendo en cada momento, sobre cada asunto a quién o a qué le dan su apoyo, es la prueba del 9 de la victoria de la democracia frente al terrorismo. Decir un día sí y otro también que ETA está más viva que nunca, que te vote Txapote o que pactar con EH Bildu es pactar con terroristas, no solo es una flagrante mentira, es una indignidad propia de la mayor bajeza moral que caracteriza a quienes han venido usando a las víctimas desde el 11-M hasta la reciente DANA. 

A mí tampoco me gusta la polarización, la crispación extrema a la que estamos asistiendo, los bloqueos, las apelaciones al guerracivilismo, en fin: el espectáculo cotidiano de la política española; pero creo distinguir bien a sus responsables. Para que me entiendan bastará un ejemplo: el 31 de octubre de 2024, dos días después de que 230 personas perdieran la vida bajo las aguas, llegaron a la provincia de Valencia el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición. 

El primero fue reconocido por Mazón con las siguientes palabras: “Gracias presidente por tu cercanía, por tu presencia tan rápida y tan adecuada para todos nosotros, y recibimos este mensaje con mucho cariño, muchas gracias presidente”. El segundo, con un Mazón al lado cuya cara parecía indicar que la desvergüenza aun no había sustituido a la mala conciencia, dijo: “No tengo información del Gobierno, ninguna en absoluto. He sido yo el que a través de los presidentes autonómicos me he tenido que informar de lo que ocurría en mi país”. “Mazón me ha venido informando en tiempo real” “Me siento orgulloso, he vivido en Valencia el incendio de Campanar y he visto la capacidad de gestión de la Comunidad Valenciana y estos son los que están gestionando esta crisis” “Yo al Gobierno central no le pediría mayor colaboración, le pediría alguna colaboración” 

La crispación no se resolverá descabezando a Pedro Sánchez al frente del PSOE, como me temo puedan pretender los ilustres militantes que firmarán al pié del manifiesto de Jordi Sevilla. Ni, como le pedía hace unos días en su tribuna Soledad Gallego Díaz, anunciando el Presidente que no se presentará a la reelección situará mejor el partido socialista de cara a unas próximas elecciones. 

Frente a la estrategia para después de la derrota, que es a lo que se nos quiere abocar, confianza y trabajo para que los datos de una España mejor, más rica y más justa, se impongan a un relato machaconamente repetido, pero no menos infame y mendaz.

No voy en tal defensa a discutir que los nacidos en aquellas décadas acumulamos más riqueza en términos agregados que nuestros hijos e hijas, aunque hay treintañeros que gozan de posiciones económicas envidiables. Tampoco aduciré que entre los de mi generación hay situaciones de enorme vulnerabilidad, desahuciados, parados de larga duración, jubilados con largas carreras de cotización que se han visto forzados a anticipar su jubilación con la consiguiente pérdida de por vida de un elevado porcentaje de la que hubiera debido ser su pensión. De igual modo obviaré que mis padres eran más ricos que yo, como también los de mis amigos, cuando nosotros éramos los treintañeros. Como tampoco expondré que nuestras oportunidades de acceso a estudios superiores eran escasísimas, entre otras cosas porque la de nuestros padres fueron inexistentes. 

Así que no discuto los datos en bruto, porque son ciertos, lo que me propongo discutir son las causas que alimentan esta disputa generacional e intentar salvar con ello de toda culpa a los boomer: En primer lugar, diré que ser una generación muy numerosa no es el resultado de un mayor número de nacimientos, sino de los avances médicos, científicos y sociales que permitieron una menor mortandad infantil. Añadiré que tener menos descendencia es una constante en las sociedades más desarrolladas porque ese desarrollo les permite decidir, especialmente a las mujeres, cuántas hijas o hijos desean tener. Entiendo que a quienes nos critican por ser legión les parecerán bien esos avances científicos así como la emancipación de la mujer, pero seguro que más de una y de uno opina que el descenso de la natalidad obedece a la carencia de ayudas públicas y a esa misma precariedad, olvidando que con escasas diferencias dicho descenso es norma en las sociedades más opulentas, también en las de generosas ayudas, y que la mayor natalidad se produce en las más pobres y precarias. Responder al porqué de esta realidad daría para otro artículo. En todo caso, recuerdo bien el programa de televisión “35 millones de españoles” emitido en 1974 como un hito demográfico y lo comparo con los casi 50 actuales, por lo que despejando la X me sale la bendita inmigración. 

Asociando la riqueza al número de miembros de nuestra generación boomer se concluye que el sistema de pensiones es insostenible, porque la pirámide poblacional estrecha su base mientras engorda su cintura sobaquera y que dado que ya somos ricos disponer de pensiones cada vez más generosas es contribuir a ese aumento de la desigualdad. Debo decir en este punto que lo único que ha cambiado desde mis padres hasta aquí es el endurecimiento de las condiciones para poder jubilarse y para que la cuantía de la pensión sea elevada. Se necesitan más años cotizados para disfrutar del 100% de la pensión, más años para determinar su cálculo y más edad para acceder a la jubilación ordinaria. La mayoría de las reformas lo han sido con el acuerdo de las organizaciones sindicales (excepción sonora la del Gobierno de Rajoy como contribución a los desmanes que dieron pie a la burbuja inmobiliaria y financiera y a su posterior estallido, así como a las equivocadas respuestas de una UE gobernada por la derecha) y por tanto son reformas en gran medida acordadas por los boomer sindicalizados. En la actualidad, nuestro país 

destina a pensiones menos en porcentaje de PIB que la mayoría de los países de nuestro entorno, han aumentado los ingresos de la seguridad social merced a las reformas pactadas y el sistema está en permanente observación para acordar los ajustes necesarios que garanticen su sostenibilidad y su justicia distributiva. En todo caso, siempre hemos oído que el sistema de pensiones está en peligro, que es insostenible, que hay que ir a planes de ahorro privados, incluso cuando la hucha estaba llena. De modo que la novedad en la contumacia es el argumento: enfrentar generaciones, pero el objetivo siempre el mismo. 

La precariedad y los bajos salarios son una realidad, pero mucho antes fueron una receta: ¡cómo no recordar aquella frase del presidente de la CEOE que dijo que había que trabajar más y cobrar menos! ¡Cómo es posible olvidar a los dirigentes de la derecha liberal defender cualquier empleo por bajo que fuere el salario asociado! ¡Cómo entender de otro modo su oposición a la mejora del salario mínimo interprofesional o a la reducción de jornada máxima legal! “La receta es el mercado, amigo”. Un mercado que en el caso de la vivienda se alimentó con la desregulación del suelo y la del sistema financiero que proporcionó crédito barato y abundante, pero que laminó en su hecatombe millones de empleos, derechos laborales, salarios, pequeñas empresas, viviendas hipotecadas y las expectativas de la considerada generación mejor preparada. 

Una receta política y económica sin más ambición que dejar intervenir al capital libremente sin obstáculos impositivos ni derechos sociales y laborales que mermen la generación de riqueza, aunque esta sea cada vez más financiera y especulativa que manufacturera o real. Una receta que nos dice que bajar impuestos aumenta la recaudación fiscal, pero que en la crisis del 2008 nos aumentó los impuestos directos e indirectos. Una receta que ignora la inversión pública en innovación, en desarrollo industrial, en educación, en su capacidad de mejora del modelo productivo y de generación de valor añadido en nuestra economía, y que en el ámbito de la UE desprecia los informes de Dragui o Letta que previamente encargó y que son la única alternativa para una Europa que quiera defender no solo su riqueza y su poder en el mundo, sino sobre todo su modelo social, cultural y moral. 

Es verdad, vivimos en una sociedad que cada día se aleja más del objetivo civilizatorio de proporcionar a sus jóvenes igualdad de oportunidades y que tiene su causa no solo en la proliferación de universidades privadas y másteres, sino en el elevadísimo acceso a la vivienda que lo condiciona todo y en una distribución de la riqueza que no va de generaciones, sino de clases sociales. En la corrección de las desigualdades operan las obligaciones y los derechos: impuestos progresivos y ayudas que nos acerquen a esa igualdad de oportunidades. Los boomer deberemos contribuir de acuerdo con nuestra renta, pero no como generación, al peso; sino como ciudadanos y ciudadanas, cada uno según su riqueza. Y también recibir o no determinadas ayudas de acuerdo con ese mismo criterio, porque no es justo vincularlas a la condición de pensionista desligándolas de la situación económica de cada cual. 

No me dirijo a generación alguna en este alegato, lo que me acerca o me separa de mis conciudadanos no es la edad, sino los valores con los que construir las ideas que resuelvan lo que desde esos mismos valores consideramos problemas. No como boomer, sino como especie: en defensa propia. 

Algunos arguyen que hay una cierta desviación hacia lo superfluo en detrimento de lo importante, sin que precisen que es tal cosa. Se trataría de poner demasiado énfasis en la defensa de colectivos y minorías que han estado marginadas por su orientación sexual, en la defensa de un ecologismo que pone en riesgo el crecimiento, en definitiva, de sumarse a ese llamado movimiento woke que no responde, según ellos, a la esencia del socialismo. Sin embargo, si ha habido un Gobierno que ha establecido como estructural una política de defensa de esos derechos ese es el de José Luis Rodríguez Zapatero, mucho más, qué duda cabe, que el de Sánchez.

Otros ponen el acento en la estructura vertical del partido socialista, en el poder absoluto o absolutista de su Secretario General que no deja espacio a la discrepancia interna. Y lo dicen, qué curioso, públicamente y con potentes altavoces los discrepantes. Porque, claro está, que antes de Sánchez la democracia en el partido y la capacidad de crítica sin consecuencias para el autor o autora de las mismas era la divisa de la casa. ¿Verdad? Y si nos fijamos en otros, que se lo pregunte a Pablo Casado.

También los hay que se arrepienten de haber dado la voz a la militancia en la elección de sus dirigentes mediante un proceso de primarias, de nuevo aquí nos podría ilustrar el referido Casado. Pero el argumento no es el sincero reconocimiento de que la militancia no ha elegido lo que yo pretendía y, por tanto, la fórmula de apariencia democrática que me permitiría imagen y poder al mismo tiempo me ha salido mal; sino poner cínicamente en cuestión un sistema que se dice da demasiado poder al así elegido y aplaca cualquier posibilidad de discrepancia, debate y propuesta.

Los más ponen el acento en España, sometida a acuerdos con los independentistas catalanes y bilduetarras que trabajan por romper nuestra patria y a los que se les conceden lo que piden por llegar y mantenerse en el poder el pérfido Sánchez. Da igual la hemeroteca con declaraciones tan vergonzantes -no solo por su contenido, sino por la clamorosa claudicación ideológica de su pronunciante- como la del movimiento vasco de liberación nacional. Da igual haber alcanzado acuerdos con Pujol en el Magestic para lograr la investidura o conseguir la alcaldía de Vitoria con los votos de los herederos de los terroristas: Pedro Sánchez es el culpable de todo lo malo, que bien visto, solo está y ocurre en la cabeza de tanto profeta de lo apocalíptico, pero aquí lo que importa es centrarse en los nostálgicos del “verdadero” socialismo, los que también pactaron para alcanzar el poder con las minorías vascas y catalanas sin que entonces se pusiera en cuestión la igualdad entre los españoles.

En esta deriva patriótica nacionalista española, espejo del despropósito independentista catalán, acabamos de escuchar gravísimas acusaciones contra el Tribunal Constitucional por su sentencia sobre la ley de amnistía, emanada de las Cortes españolas: Felipe González primero y luego el que parece su Page han cargado contra el Secretario General del PSOE, al que se recomienda no volver a votar como candidato a lo que sea, y contra el Tribunal Constitucional, mientras se mantiene un cómplice silencio ante elocuentes casos de lawfare. Sin embargo, el Secretario General del socialismo español lo es por decisión libérrima de su militancia y pese a las “recomendaciones”, ya entonces, de los referidos esencialistas; y respetar las sentencias, sobre todo del intérprete de la Constitución, debería ser la primera obligación de quienes tan preocupados se muestran, como Page y como yo, por el respeto a las instituciones democráticas.

Pero volvamos al principio, a ese socialismo puro, de raíz que está siendo malbaratado. ¿Cuál será, me pregunto? ¿El que claudicó ante las proclamas neoliberales de Reagan y Thatcher? ¿El que se inventó terceras vías para mantener una apariencia de distinción frente al discurso de la derecha, pero tenía claro que lo primordial era cazar ratones, como proclamó Felipe González tras un viaje a China?

Siempre he pensado que la justicia social, la igualdad, la defensa de los valores y principios del socialismo democrático requerían de una política económica de éxito para alcanzar su cumplimiento y, lo más importante en democracia, la aceptación de los ciudadanos. El neoliberalismo sin reglas, con bajadas de impuestos, con menos derechos laborales y sociales, con menos poder sindical ha sido un reclamo para la inversión, para la localización de industrias, para el crecimiento económico desigual, sí, pero para el crecimiento. Y, por tanto, un hándicap en el cumplimiento del programa y el ideario socialista.

Hoy, en España, pese a tantas dificultades geopolíticas, pese al resurgir de un nacionalismo destructor, pese a las dislocaciones mentales de un anarcoliberalismo que equipara cerveza y libertad tenemos éxito en lo económico para hacer posible un programa socialista. Crece nuestro PIB, baja nuestra deuda y nuestro déficit, tenemos más empleo que nunca, más derechos, más justicia social, más igualdad, más protección y más capacidad para competir porque hemos aprovechado las oportunidades, hemos contribuido a crearlas y hemos generado ventajas frente a nuestros competidores.

Felipe González hizo cuanto pudo en la defensa de un ideario y en la modernización de una España en los que creía, como Zapatero y ahora Sánchez. Pero habrá que reconocerlo, como este último nadie ha cazado más y repartido mejor los ratones.

Algunos arguyen que hay una cierta desviación hacia lo superfluo en detrimento de lo importante, sin que precisen que es tal cosa. Se trataría de poner demasiado énfasis en la defensa de colectivos y minorías que han estado marginadas por su orientación sexual, en la defensa de un ecologismo que pone en riesgo el crecimiento, en definitiva, de sumarse a ese llamado movimiento woke que no responde, según ellos, a la esencia del socialismo. Sin embargo, si ha habido un Gobierno que ha establecido como estructural una política de defensa de esos derechos ese es el de José Luís Rodríguez Zapatero, mucho más, qué duda cabe, que el de Sánchez.

Otros ponen el acento en la estructura vertical del partido socialista, en el poder absoluto o absolutista de su Secretario General que no deja espacio a la discrepancia interna. Y lo dicen, qué curioso, públicamente y con potentes altavoces los discrepantes. Porque, claro está, que antes de Sánchez la democracia en el partido y la capacidad de crítica sin consecuencias para el autor o autora de las mismas era la divisa de la casa. ¿Verdad? Y si nos fijamos en otros, que se lo pregunte a Pablo Casado.

También los hay que se arrepienten de haber dado la voz a la militancia en la elección de sus dirigentes mediante un proceso de primarias, de nuevo aquí nos podría ilustrar el referido Casado. Pero el argumento no es el sincero reconocimiento de que la militancia no ha elegido lo que yo pretendía y, por tanto, la fórmula de apariencia democrática que me permitiría imagen y poder al mismo tiempo me ha salido mal; sino poner cínicamente en cuestión un sistema que se dice da demasiado poder al así elegido y aplaca cualquier posibilidad de discrepancia, debate y propuesta.

Los más ponen el acento en España, sometida a acuerdos con los independentistas catalanes y bilduetarras que trabajan por romper nuestra patria y a los que se les conceden lo que piden por llegar y mantenerse en el poder el pérfido Sánchez. Da igual la hemeroteca con declaraciones tan vergonzantes -no solo por su contenido, sino por la clamorosa claudicación ideológica de su pronunciante- como la del movimiento vasco de liberación nacional. Da igual haber alcanzado acuerdos con Pujol en el Magestic para lograr la investidura o conseguir la alcaldía de Vitoria con los votos de los herederos de los terroristas: Pedro Sánchez es el culpable de todo lo malo, que bien visto, solo está y ocurre en la cabeza de tanto profeta de lo apocalíptico, pero aquí lo que importa es centrarse en los nostálgicos del “verdadero” socialismo, los que también pactaron para alcanzar el poder con las minorías vascas y catalanas sin que entonces se pusiera en cuestión la igualdad entre los españoles.

En esta deriva patriótica nacionalista española, espejo del despropósito independentista catalán, acabamos de escuchar gravísimas acusaciones contra el Tribunal Constitucional por su sentencia sobre la ley de amnistía, emanada de las Cortes españolas: Felipe González primero y luego el que parece su Page han cargado contra el Secretario General del PSOE, al que se recomienda no volver a votar como candidato a lo que sea, y contra el Tribunal Constitucional, mientras se mantiene un cómplice silencio ante elocuentes casos de lawfare. Sin embargo, el Secretario General del socialismo español lo es por decisión libérrima de su militancia y pese a las “recomendaciones”, ya entonces, de los referidos esencialistas; y respetar las sentencias, sobre todo del intérprete de la Constitución, debería ser la primera obligación de quienes tan preocupados se muestran, como Page y como yo, por el respeto a las instituciones democráticas.

Pero volvamos al principio, a ese socialismo puro, de raíz que está siendo malbaratado. ¿Cuál será, me pregunto? ¿El que claudicó ante las proclamas neoliberales de Reagan y Thatcher? ¿El que se inventó terceras vías para mantener una apariencia de distinción frente al discurso de la derecha, pero tenía claro que lo primordial era cazar ratones, como proclamó Felipe González tras un viaje a China?

Siempre he pensado que la justicia social, la igualdad, la defensa de los valores y principios del socialismo democrático requerían de una política económica de éxito para alcanzar su cumplimiento y, lo más importante en democracia, la aceptación de los ciudadanos. El neoliberalismo sin reglas, con bajadas de impuestos, con menos derechos laborales y sociales, con menos poder sindical ha sido un reclamo para la inversión, para la localización de industrias, para el crecimiento económico desigual, sí, pero para el crecimiento. Y, por tanto, un hándicap en el cumplimiento del programa y el ideario socialista.

Hoy, en España, pese a tantas dificultades geopolíticas, pese al resurgir de un nacionalismo destructor, pese a las dislocaciones mentales de un anarcoliberalismo que equipara cerveza y libertad tenemos éxito en lo económico para hacer posible un programa socialista. Crece nuestro PIB, baja nuestra deuda y nuestro déficit, tenemos más empleo que nunca, más derechos, más justicia social, más igualdad, más protección y más capacidad para competir porque hemos aprovechado las oportunidades, hemos contribuido a crearlas y hemos generado ventajas frente a nuestros competidores.

Felipe González hizo cuanto pudo en la defensa de un ideario y en la modernización de una España en los que creía, como Zapatero y ahora Sánchez. Pero habrá que reconocerlo, como este último nadie ha cazado más y repartido mejor los ratones

Es un discurso político contra la política a la que se acusa de estar ideologizada, un discurso contra la democracia que nos distrae con sus contradictorias propuestas, sus tensiones sociales, sus distintos intereses que nos llevan al caos, la ineficiencia, la pérdida de oportunidades, y el gasto público que sostiene este gran circo y a sus payasos, los políticos.

Porque las mejores y más bellas palabras, aun cuando estén detrás de las mejores intenciones, todo lo acaban empeorando; pues nos llevan al ciento volando o al olvido de que con el pan no se juega y que las utopías son zanahorias que conducen al burro por otros medios. Si además resulta que no solo no hay benéficas e ilusorias intenciones, sino añagazas para el engaño, el golpe político contra la política es de KO.

En palabras atribuidas al dictador Franco, ¡ese gran gestor!, “haga como yo, no se meta en política” porque claro está que el nacionalcatolicismo no era ni es ideología, es lo que Dios manda.

La modernizada y puesta al día ideología contra la ideología nos dice que el feminismo, el humanismo migratorio, la lucha contra el cambio climático, los derechos LGTBI+, el pacifismo, la diversidad o la justicia social y la igualdad de oportunidades que proporciona el Estado de bienestar son, en el mejor de los casos, buenismo insustancial y, en el peor, un conjunto de lastres que nos llevan a la ineficacia y al despilfarro porque suponen una carga para los mejores, para aquellos que sin ese peso muerto podrían llegar ¡tan lejos!, los emprendedores.

En parte este discurso, mucho más matizado desde luego y sin cuestionar la democracia, entonces presentado como ideológico sin enmascaramiento y profundamente centrado en lo económico, se llevó a cabo con éxito por Reagan y Thatcher cuando el bloque comunista conducido por la URSS colapsó. Se centraba en los lastres: derechos laborales, sindicatos, impuestos… Pero defendía la democracia contra cualquier dictadura, y en especial la comunista, porque esta demostraba la ineficacia de un igualitarismo que había fracasado frente a un capitalismo triunfante, pero en serio riesgo si los socialistas y sus sindicatos seguían con la deriva contumaz del Estado de bienestar en occidente.

Yo no sé tampoco, Mario, cuándo se jodió el Perú. Pero si creo saber que los cuarenta años de capitalismo sin freno que se inauguraron en la década de los ochenta y que sin alternativa fueron imitados uno tras otro por los Gobiernos socialdemócratas en Europa con distintas nomenclaturas y argumentos –la tercera vía de Tony Blair o antes el gato chino de Felipe González- están detrás de la Gran Recesión del siglo XXI y de las graves consecuencias económicas, políticas y sociales que nos nublan la vista, nos enfrían el corazón y nos calientan la cabeza con nacionalismos redentores.

Esta semana ha sido aprobado el presupuesto de la Generalitat Valenciana con los votos del PP que la gobierna y los de VOX que le dan apoyo parlamentario, pero desde luego y por supuesto, sin ideología. Sin ideología reducen subvenciones para la implantación de los planes de igualdad en las empresas, sin ideología dejan en la mitad los recursos de la Academia valenciana de la lengua, sin ideología actúan contra las organizaciones sindicales, y contra las organizaciones patronales como correctivo (pero también sin ideología), sin ideología reparten subvenciones a los medios de comunicación y deciden donde dejan la mejor parte, sin ideología nos han llevado a votar en los colegios sobre la lengua vehicular, sin ideología nos dicen que somos los padres y no la sociedad representada democráticamente en sus valores los que debemos decidir la educación de nuestros hijos e hijas en las aulas, sin ideología sustituyen una ley de memoria democrática por una de concordia, sin ideología van contra los derechos LGTBI+, sin ideología defienden la prolongación de la vida útil de las nucleares, sin ideología renuncian a impuestos a pesar de nuestra deuda y nuestro déficit que dejan en los bolsillos que están más llenos, sin ideología conducen nuestro modelo productivo a las más bajas tasas de productividad y renta per cápita o sin ideología, por no cansaros, abordan la emergencia climática como las avestruces.

La ideología está definida como “el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.” Y gestionar “es llevar adelante una iniciativa o un proyecto”. Si esto es así y en espera de mejor definición, podemos concluir que de la ideología no se escapa nadie, salvo este modelo de político gestor que se nos ofrece y que inevitablemente debe responder a un proyecto ideológico que lo contrata, que no es el suyo, pero es por el que trabaja. En fin, no esperen que lo admitan, defenderán que gestionar es hacer más con menos, que es hacer que las cosas funcionen, que la libertad es un valor absoluto y le esconderán el privilegiado espacio desde el que lo proclaman, que la igualdad es la del mérito aunque disfruten de la competición con ventajas o que la fraternidad no se impone con leyes, sino que nace de la caridad como un manantial.

Quiero acabar, ingenuo woke, con una pregunta centrada en la gestión a esos ideólogos contra la ideología: ¿cúal es la iniciativa o el proyecto que justifica la gestión de la DANA del 29 de octubre? Algún político gestor llegó a decir que el cambio climático era bueno para el turismo... Lo que nadie puede defender, no ya desde la dignidad de los más elementales principios y valores, sino desde la deontología sin ideología del gestor es el terrible y dramático resultado de aquella gestión, pero ahí los tienen.

La primera, de consecuencias más profundas y duraderas es el resultado de un capitalismo financiero sin reglas y globalizado que alimentó una burbuja especulativa durante más de una década y que en su estallido se llevó por delante en nuestro país 3,5 millones de empleos, la práctica totalidad de las cajas de ahorros, las condiciones de trabajo y de salario o el poder adquisitivo de las pensiones; pero sobre todo la confianza en la democracia y sus instituciones de gran parte de la sociedad, así como la esperanza de toda una generación. Se puso en riesgo el proyecto europeo, se impusieron rescates leoninos en Irlanda, España, Italia o Grecia, aparecieron propuestas políticas que canalizaron con éxito la indignación y que se desinflaron poco después incapaces de ofrecer soluciones, entre otras razones porque estas requerían el concurso de una Unión Europea que tardó en reaccionar con el “Haré lo que haya que hacer, y créanme será suficiente”  de Mario Dragui.  Primaron los intereses de unos países sobre otros, en especial los acreedores sobre los deudores, pero no el interés de la Unión y todos salimos perdiendo. Cómo no recordar, con cierto sarcasmo, a Sarkozy proponer refundar el capitalismo o a Merkel plantear la creación de una agencia europea de rating“. La solución, aunque tardía, fue más Europa. Sin embargo, hoy asistimos a un rebrote nacionalista que bajo el eufemismo de la Europa de las naciones siembra la división, defiende la xenofobia y propugna la primacía de los nacionales frente a la ciudadanía europea: no hemos aprendido nada.

Si la primera vino de EEUU, la segunda nos llegó desde China y nos pilló sin mascarillas, sin respiradores y con un sistema sanitario público que creíamos robusto y se demostró endeble, debilitado por los recortes de la crisis anterior y por la apuesta privatizadora de un liberalismo culpable que siempre sale indemne. La respuesta sanitaria vino de la mano de los servidores públicos que arriesgando la salud y la vida atendieron a millones de ciudadanas y ciudadanos sin equipos de protección, pagando por ello el alto precio de una altísima mortalidad entre sus filas, y también desde la ciencia con la pronta puesta a disposición de vacunas y un ejemplar proceso de inmunización en nuestro país que puso en evidencia la confianza de nuestra sociedad en la investigación y el conocimiento frente a los negacionistas y los conspiranoicos, además de con confinamientos que minimizaron la cadena de contagios pero a cambio paralizaron la actividad económica poniendo en riesgo empresas y empleos. Y es aquí, ante el reto económico y social donde surge el diálogo entre patronal, sindicatos y Gobierno para poner en marcha los ERTE que suspendieron los empleos de millones de trabajadores y trabajadoras con prestaciones por desempleo extraordinarias que garantizaron sus rentas, que hicieron posibles ayudas por cese de actividad para millones de autónomos y sostuvieron sus negocios, y recursos para cientos de miles de empresas que pudieron volver a la actividad una vez superada la fase crítica de la pandemia sin que por el camino se destruyera ni tejido productivo ni empleo. Todo ello fue posible gracias a la solidaridad europea, a los fondos que sufragaron los ERTE y se pusieron en marcha para la recuperación: recursos públicos, el dinero de todos mediante una tributación justa, el Estado de bienestar y la actuación de la UE. Sin embargo, las propuestas de bajadas de impuestos, los ataques al Estado de bienestar del liberalismo de siempre y el nacionalismo excluyente que amenaza la Unión cosechan el apoyo creciente de buena parte de la ciudadanía demostrando que tampoco de esta ocasión hemos aprendido nada.

Índices de inflación no conocidos en los últimos 30 años golpearon la economía de miles de millones de familias que vieron reducir seriamente su capacidad de compra, el drástico incremento de los precios de la energía puso en jaque la actividad económica de medio mundo, los bancos centrales elevaron el precio del dinero encareciendo las hipotecas y restringiendo el crédito, seis millones de ucranianos abandonaron su país encontrando acogida a lo largo y ancho de la UE, los países europeos más inmediatamente afectados por la guerra en Ucrania registraron caídas de su PIB y el conjunto de la Unión tuvo que volcarse en ayudas para sostener la resistencia de los ucranianos por su libertad. España ha salido de esta encrucijada mejor que nuestros socios gracias a la excepción ibérica que nos ha permitido reducir sustancialmente el precio de la energía eléctrica, con recursos públicos se ha subvencionado buena parte del precio de los transportes públicos así como los combustibles fósiles con los que llenamos los depósitos de nuestros vehículos y camiones, los fondos Next Generation han supuesto la inyección de importantes recursos para la transformación y mejora de nuestra economía y hoy producimos energía renovable en porcentajes elevados y crecientes. Sin embrago, tan importante como todo lo anterior, pero menos conocido, es el efecto determinante para la superación de esta crisis inflacionaria del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pactado entre CEOE, UGT y CCOO. Con sentido común, con voluntad de arrimar el hombro el AENC ha permitido que los salarios no fueran causa de una inflación de segunda vuelta y que poco tiempo después vayan recuperando el poder adquisitivo que se dejaron al inicio de la crisis. De nuevo el diálogo social ha sido un factor decisivo para la mejora de la economía y el reparto de la riqueza, un diálogo social a través de un instrumento, el AENC, que no tiene parangón en Europa, que proporciona certezas, seguridades y confianza. Sin embargo, qué poco hemos aprendido: a la importancia de los recursos públicos para atender las urgencias económicas y sociales, a la lucha contra la emergencia climática que además nos proporciona una energía más eficiente y respetuosa con el planeta, al diálogo social que da respuesta civilizada a las pugnas entre capital y trabajo, a la solidaridad y a la Unión se oponen bajadas de impuestos, energías contaminantes, insultos y desprecios a los agentes económicos y sociales, egoísmo y desunión.

Han pasado casi cinco meses desde la DANA que acabó con la vida de 228 personas en la provincia de Valencia y que ha destruido negocios, viviendas, industrias e infraestructuras. De nuevo los recursos de todos se ponen al servicio de la recuperación de la zona devastada, el sostenimiento de las rentas de trabajadores y autónomos, el mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Y, también de nuevo, asistimos a un pacto para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat valenciana que demuestran que, al menos sus firmantes, no han aprendido nada.

Conviene que los ciudadanos que estamos llamados a votar el próximo 9 de junio la composición del Parlamento Europeo lo tengamos presente. Frente a aquellos que propugnan la vuelta a los Estados nación y por tanto el debilitamiento de la Unión hay que oponer la realidad de un mundo en el que los actores con los que estamos obligados a interactuar han ganado tamaño, son continentes.

La zona Euro tiene un PIB de 14,5 billones y la Unión Europea casi 17 sin contar al Reino Unido, que sumaría otros 3, si Europa actuara como un Estado federado sería sin duda un actor de máxima relevancia que podría condicionar las políticas económicas globales en beneficio del modelo de sociedad que representa y nosotros esperamos y deseamos que defienda. Un modelo de solidaridad, protección, libertad y seguridad para sus ciudadanos y ciudadanas, un estado del bienestar que anhelan la inmensa mayoría de ciudadanos del mundo y que está en peligro frente a modelos que utilizan la fiscalidad, la desregulación y las condiciones de trabajo y los salarios para competir y ganar mercados.

Antes de la Gran Recesión, desde mediados de los 80 y tras la caída del Muro de Berlín, ya se abrió camino con éxito la idea del llamado pensamiento único: neoliberalismo, desregulación, empequeñecimiento del Estado como factores para el crecimiento económico y la eficacia. Nos dijeron que bajar impuestos no era de derechas, que así se fomentaba la inversión y el consumo, que la economía crecía y el Estado acababa recaudando más. Lo que no se nos dijo es dónde estaba el límite, porque el límite lo marca el capital y su ambición no lo tiene. Después llegaron las consecuencias terribles de la Gran Recesión.

Necesitamos una Europa más unida, estar más juntos, ceder soberanía en aras a un proyecto común. Necesitamos una fiscalidad homogénea que impida el dumping fiscal entre los socios europeos, unos estándares en servicios públicos como la sanidad, la educación, la protección por desempleo o las pensiones, un Salario Mínimo Interprofesional europeo equivalente al 60% del salario medio de cada país de la Unión, un estatuto de los trabajadores europeos que ponga en común los elementos fundamentales de la relación laboral y un presupuesto de la Unión que represente un porcentaje de su PIB creciente, muy lejos de ese raquítico 1% del que la mitad se lo lleva la Política Agraria Común. Porque no queremos que la inseguridad, la precariedad y la falta de esperanzas atenace a millones de trabajadores y ciudadanos temerosos por un futuro que se les presenta oscuro, porque necesitamos capacidad de maniobra para la inversión pública en infraestructuras, innovación, ciencia y educación que hagan nuestra economía más productiva, para que nos sintamos unidos formando parte de una gran Europa que coopera, que practica la solidaridad entre sus ciudadanos, que defiende sus valores en el mundo y que pone en marcha todo su potencial para demostrar que su modelo social no solo es posible, sino el mejor para competir en la economía global.

Fuera del proyecto europeo, desgajados de él, añorando tiempos pasados de gloria e imperio, todos y cada uno de los Estados miembros, sin excepción, pasamos de ser tripulantes de un poderoso trasatlántico a convertimos en cáscaras de nuez sometidas al embate de las olas que levantan las estelas de otros. No podemos modificar las reglas de la globalización, no podemos fijar condiciones a las grandes multinacionales y fondos de inversión o especulación, no podemos impedir que las rebajas fiscales o la depreciación del factor trabajo actúen como un reclamo del capital que supedita el interés del dinero al interés de los ciudadanos. Tampoco desde instituciones como los Estados-Nación lo tenemos fácil para cambiar el mundo, especialmente si esos Estados lo son del tamaño de los que componen la Unión Europea. Los distintos modos de ordenarnos políticamente se juegan entre continentes, no hay espacio para los españoles, los franceses, los británicos o los alemanes considerados aisladamente. Elegimos a nuestros Presidentes o Jefes de Gobierno para que hagan política, pero tal posibilidad está tan limitada en lo económico por los mercados que unos y otros apenas pueden maniobrar en la dirección comprometida, especialmente si lo que prometieron fueron políticas de izquierdas entendidas éstas como el reforzamiento del Estado de Bienestar. Así que no es de extrañar que el sentimiento de que nuestro voto no vale para mucho se extienda y con ello se cuestione la democracia misma.

Definitivamente, el próximo 9 de junio nos jugamos el ser o no ser de Europa, sus valores, el estado de bienestar y su capacidad de defenderlo en el mundo. No debe sorprendernos, por tanto, que los partidarios del nacionalismo, la xenofobia y el racismo en Europa que concurren a estas elecciones, sean financiados y reciban ayudas de quienes desde fuera de la Unión pretenden destruirla al ver en el proyecto europeo un poderoso competidor.

Asistimos a la venta de derechos que no tienen precio: vendemos la libertad, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de reunión, manifestación o huelga, el derecho a la protesta. Vendemos los derechos de las minorías y de los más débiles. Y lo hacemos para garantizarnos orden y seguridad. La seguridad de nuestro status económico, de nuestra posición en la escala social, contra el miedo a perder esa situación, inconscientes, bloqueados por ese miedo no entendemos que renunciamos a nuestra propia libertad, abdicamos de la justicia y de los valores humanistas y democráticos.

Lo peor sería que el miedo, los populismos, la descoordinación entre los gobiernos y el egoísmo de “lo primero los nuestros” rompiera la débil cohesión del proyecto europeo abandonando a cada estado miembro a su suerte. Tampoco es desdeñable la posibilidad de que el modelo chino se erigiese como el referente a seguir, un modelo de éxito en lo económico, pero plagado de sombras en lo que se refiere a la salvaguarda de los valores que están en la base de nuestra definición de “lo mejor”.

Ni es asunto menor qué decisiones se tomarán en EE.UU. con un Trump, que acaba de ser condenado, empeñado en la arenga de los valores patrios, la gloria de su imperio y el tufo supremacista, pero que mantiene posibilidades de volver a la Presidencia del país. Así pues, estamos ante una encrucijada, una necesidad de actuar que es elegir. No es una opción el tancredismo, es una oportunidad si lo hacemos con acierto.

Ningún país de la Unión tiene capacidad por sí solo para hacer frente a tan desafiante reto, ni podrá encarar un futuro de esperanza frente a los gigantes en la globalización. Los españoles necesitamos a Europa, los europeos necesitamos a la Unión. Esta es la proclama que debemos apoyar sin fisuras.

Pero la transformación debe ser aún mayor, si la pandemia nos puso frente al espejo de una única humanidad el mundo debe caminar hacia una gobernanza planetaria y Europa debe ser el primer paso, el espacio que permita superar esta dinámica en la que pierde la cohesión social, el bienestar de la mayoría, la solidaridad y el sentido de pertenencia a un proyecto, unos valores y una cultura comunes. Las medidas impuestas durante la gran recesión en Europa es justo lo que no hay que hacer. Las que nos permitieron superar la crisis del coronavirus o la respuesta a la guerra en Ucrania nos marcan el camino de lo correcto. Así lo entiende la Confederación Europea de Sindicatos con un manifiesto que respaldan 45 millones de trabajadores y trabajadoras, 93 organizaciones sindicales nacionales y 10 federaciones sindicales europeas que reclaman construir desde la solidaridad el pilar europeo de derechos sociales.

La verdadera patria es Europa, en ella caben y se defienden todas las demás.

El derecho a sindicarse libremente, el derecho a la huelga, a la representación democrática de los trabajadores, a la negociación colectiva o al diálogo social son instrumentos imprescindibles en la consecución de los avances en las condiciones de trabajo que se han ido conquistando en siglo y medio de movimiento sindical organizado. Pero todos esos derechos instrumentales también ha sido necesario disputarlos mediante la acción política. Solo durante el breve tiempo que duró la Segunda República y desde la Constitución española del 78, tras la muerte del dictador, los españoles y las españolas hemos disfrutado en libertad de tales derechos.

La jornada laboral de 8 horas ha quedado para la historia como la reivindicación que dio lugar a la huelga y su brutal represión en Chicago en 1886, y el Primero de Mayo como el día en que se conmemoran tales sucesos; pero más allá de la demanda concreta, aquellos eran tiempos en los que la dignidad del trabajo y de quienes lo llevaban a cabo eran la verdadera reivindicación. Hombres y mujeres que perseguían el reconocimiento de su condición como ciudadanos de pleno derecho, iguales y libres, y por ello merecedores de ser tratados con los mismos criterios de justicia que de tales principios se derivan.

Hoy, en España, salimos este Primero de Mayo por el pleno empleo, por una menor jornada y por mejores salarios, sabiendo que para la consecución de estos objetivos es imprescindible una mejora de nuestro modelo productivo que incorpore a nuestra producción de bienes y servicios mayor valor añadido mediante la innovación, la investigación y la inversión. Conocedores de que nuestras oportunidades crecen en una Europa unida que solo de este modo será capaz de hacer frente a los desafíos que representan gigantes como EEUU o China que han superado nuestra secular ventaja científica y tecnológica y, que de este modo, ponen en peligro el bagaje de derechos democráticos, libertades y justicia social que constituyen el Estado de bienestar. Porque sin pleno empleo, sin buenas condiciones de trabajo, sin mejores salarios y sin todo aquello que lo hace posible, los cantos de sirena del nacionalismo y el autoritarismo serán cada vez más percibidos como la respuesta o la protesta adecuada ante un sistema incapaz de mantener los estándares de bienestar y protección, que sacará provecho espurio de los temores y amenazas crecientes, y que nos llevará a la decadencia, la insignificancia y la subordinación de la que prometen alejarnos, pero a la que irremisiblemente nos abocan.

Por eso este Primero de Mayo, a las puertas de unas elecciones europeas, ha de servir también para llamar a la participación democrática de las trabajadoras y trabajadores en defensa de una Europa más unida, más solidaria y más firme en la defensa de sus principios y valores.

Hemos conseguido llevar el SMI a 1.134€, reducir la temporalidad en el empleo desde el 30% al 14% tras la reforma laboral pactada, recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y eliminar el factor de sostenibilidad que amenazaba con reducir su cuantía en la medida en que aumentaba la esperanza de vida, crear el Ingreso Mínimo Vital como un nuevo derecho en nuestro sistema de protección, llevar el número de cotizantes a la Seguridad Social hasta el record de los 21 millones y todo ello atravesando una pandemia y una guerra en el corazón de Europa que ha provocado inflaciones no conocidas en los últimos 30 años. Lo hemos hecho reduciendo el déficit y la deuda pública, con mayor crecimiento gracias a la protección social y a la inversión pública sosteniendo las rentas, la demanda y creando nuevas oportunidades que mejoran la competitividad de nuestra economía.

No lo hemos hecho solos, claro está, ni siquiera podemos presumir de ser los actores protagonistas. Pero la apuesta por el diálogo social, la capacidad de pacto, el compromiso con nuestro país (que son nuestros conciudadanos) y la fidelidad a los principios constitucionales han sido factores relevantes, especialmente en tiempos de polarización extrema, que el movimiento sindical representado por UGT y CCOO ha sabido poner en práctica.

Tenemos pendiente conseguir una reducción de la jornada legal máxima que beneficiará, como el SMI, sobre todo a quienes carecen del paraguas de la negociación colectiva, una jornada legal que no ha sido modificada en los últimos 40 años. También adecuar la indemnización del despido sin causa, cercenada con la reforma laboral impuesta en 2012, a los criterios de la Carta Social Europea. Aumentar la democracia en las empresas otorgando una mayor presencia a la representación de los trabajadores en los consejos de administración, tal y como sucede en los países más desarrollados social, política y económicamente en Europa. En definitiva, seguir avanzando en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios, tal y como mandata el art. 7 de nuestra Constitución. 

Un Primero de Mayo para perseverar en los anhelos de libertad, igualdad y justicia social que inspiran el movimiento sindical y que tan lejanos parecen de alcanzar en tantos países con los que mostramos nuestra solidaridad. Un Primero de Mayo para valorar lo que significa el espacio de democracia, paz y libertad que supone la UE. Un Primero de Mayo para reivindicar el papel del sindicalismo que cuenta, aquel capaz de hacer llegar la voz de los trabajadores y trabajadoras a cualquier instancia. Un día para reconocer que el Primero de Mayo es una aspiración universal de progreso. 

Entre los argumentos esgrimidos por los promotores de la “concordia” se habla de “libertad de memoria”, como si los hechos históricos pudieran ser o dejar de ser por la voluntad libérrima de cada individuo, como si fuese imposible ponerse de acuerdo no solo sobre la interpretación de lo sucedido, sino sobre lo acontecido mismo. Se pretende adornar con el lenguaje un golpe de estado llamándolo alzamiento nacional, recuperando así la nomenclatura de los vencedores, o se intenta equiparar la segunda república española con la dictadura del general Franco, como si ambas respondiesen a la misma legitimidad de origen y fuesen igualmente responsables de la discordia entre españoles, que según los promotores nació en 1931.

Se dice también que con la Ley de “concordia” se pretende evitar que una ideología prevalezca sobre otra, pero no se indica en modo alguno a qué ideologías se refieren o qué ideologías contraponen a la ideología que sustentó la dictadura e hizo posible el golpe de estado, porque esta sí es objeto de defensa al afirmar que no hay ideología que pueda prevalecer sobre ella.

Se proclama, entre otras cosas, que la “concordia” consiste en no abrir cuestiones de legitimación de los regímenes que forman todos, sin excepción, nuestra historia patria. Es decir, que tan legítima es una dictadura como una democracia, porque expresar lo contrario molesta o incordia. Y todo esto lo hacen, sin despeinarse, aquellos que entre sus aficiones tienen la denuncia del relativismo moral, como si detrás de cada uno de los regímenes no existiese un sustrato de principios y valores políticos y morales.

La Ley de “concordia” se presenta pues como un monumento al cinismo: habla de libertad de memoria y blanquea una dictadura que llenaba las cárceles de aquellos que osaban ser libres; no distingue entre ideologías para que pensemos que respeta la nuestra, aunque de este modo la insulte, porque no se atreve a defender abiertamente la suya; no cuestiona legitimidades para no reconocer la superioridad moral de la democracia basada en la soberanía popular frente a un golpe de estado, y para tapar tamaña vergüenza se envuelve en la Constitución española del 78 que esta ley mancilla.

A mí me parece, llámenme suspicaz, respondiendo a la pregunta que encabeza este artículo, que lo que les incordia es el reconocimiento de que la guerra civil es la consecuencia de un golpe de estado frustrado, que supuso la victoria de quienes se alineaban con el fascismo, del que el nacionalcatolicismo fue su versión española, y que ellos son los herederos de aquellos que protagonizaron con orgullo tales episodios de la historia de España.

Un orgullo que también han heredado y comparten, que no han podido expresar abiertamente durante mucho tiempo porque contrastaba con la opinión generalizada de unas generaciones que vivieron la guerra, la dictadura y su vis represora, y que veían en la Constitución democrática, en nuestra monarquía parlamentaria, en nuestro Estado social y democrático de derecho la superación de un régimen y una contienda infame.

No, definitivamente, la Ley de “concordia” no es tal. Es un ejercicio de revanchismo frente a los que consideramos la Constitución española como una victoria sobre la dictadura, sus orígenes y sus consecuencias. Un revanchismo de aquellos que hoy presumen de constitucionalistas, pero en su día se mostraron contrarios a la Constitución, que hablan de libertad para enmascarar privilegios, que niegan legitimidades presentes a gobiernos democráticos y se la reconocen a dictaduras pasadas.

La Transición española no sé si fue posible porque la protagonizaron políticos mejores que los actuales, de todo habría y hay, pero tuvo mucho de contrición, también de esperanza y generosidad a pesar del miedo al ruido de sables, al terrorismo y a la violencia de minorías a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Quizá por eso se olvidó en parte de la verdad, la justicia y la reparación con las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

Defender los valores que la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana contiene, es defender la Constitución, pero sobre todo es un deber moral.

Y así sucedió no hace mucho en nuestra Comunidad Autónoma con algunos componentes del Botánic y así sucede ahora con el mensaje de Vox en casi todos los gobiernos de los que forman parte, o como sucedió con Podemos en su “mejor” momento cuando promovían un sindicato propio como ahora lo hacen desde la extrema derecha.

Pero, como bebe ser, las organizaciones sindicales conforman sus programas, sus estrategias, sus objetivos y sus Direcciones autónoma y democráticamente, se centran en el poder adquisitivo de los salarios, en la jornada laboral, en la prevención de riesgos laborales, en las reglas que regulan la negociación colectiva, en la mejora de la productividad o en el empleo, por poner solo algunos ejemplos; y lo hacen por mandato Constitucional en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios por una doble vía: la negociación colectiva en las empresas y en los sectores, y a través del diálogo social con patronales y Gobiernos. 

Porque el papel del sindicato no se reduce a defender a sus afiliados de los abusos o a hacer posible el ejercicio efectivo de sus derechos, sino que pretende y consigue establecer nuevas normas, nuevos derechos para todos los trabajadores y trabajadoras a través de esa doble vía en su también doble dimensión como trabajadores y ciudadanos. Y así se puede afirmar que el Estado de bienestar es en gran medida deudor del movimiento sindical porque defiende y promueve las condiciones de trabajo de los docentes y además la enseñanza obligatoria, universal y gratuita; porque defiende y promueve los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud y además un sistema sanitario público de calidad para todos; o porque defiende un sistema de pensiones y de protección social solidario en manos del Estado. 

Para su funcionamiento los sindicatos de clase más representativos, que son aquellos con capacidad para transformar la realidad directamente en el convenio colectivo o indirectamente en el boletín oficial correspondiente, disponen de las cuotas de sus afiliados y afiliadas, así como de determinadas subvenciones públicas que pueden variar dependiendo de los intereses de aquellos, casi todos, que creen que en culo sindical se puede patear a la oposición o directamente la oposición que los sindicatos pueden representar en la defensa de sus legítimos intereses económicos y sociales. Dicho de otra manera, los partidos políticos que tienen regulada las subvenciones que garantizan su independencia, su no sometimiento a intereses particulares y concretos, y que suponen la práctica totalidad de sus recursos, son los que deciden en cada asamblea legislativa en la que invariablemente están presentes cuáles son y en qué cuantía las subvenciones que merecen los sindicatos. 

Las organizaciones sindicales y patronales forman parte de la arquitectura Constitucional, sus funciones están claramente definidas, su organización interna es democrática y su existencia es requisito imprescindible para que el Estado español pueda ser considerado una democracia plena; sin embargo, la ausencia de una norma que regule las causas, fines y cuantías de las subvenciones, exactamente como se hace respecto de los partidos políticos, permite poner en cuestión la calidad democrática de nuestro desarrollo constitucional en este punto. La participación institucional, la negociación colectiva o las elecciones sindicales son asuntos de enorme transcendencia y utilidad pública que merecerían ser protegidas. No solo de patadas en el culo, sino también de palmadas en la espalda. 

Este 1º de mayo, en España y en la Comunitat Valenciana, es un día para hacer balance, para hablar de la reforma laboral, de la reforma de pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de los datos de empleo y cotizantes a la seguridad social; pero también de lo mucho que nos ha costado para llegar aquí.

Ha sido necesaria toda una década para superar una reforma laboral impuesta contra el diálogo social que otorgó todo el poder a los empresarios, que desequilibró la negociación colectiva en su favor y que precarizó aún más el mercado de trabajo y la temporalidad, bajando salarios y deteriorando las condiciones de trabajo.

Para superar una reforma del sistema de pensiones que, saltándose el pacto de Toledo, imponía una congelación de las pensiones de facto y que introducía un factor de sostenibilidad que reducía sus cuantías si la esperanza de vida se alargaba.

Para superar un SMI que se iba quedando atrás en relación con los incrementos salariales pactados en la negociación colectiva y se alejaba de ese 60% del salario medio que proclama la carta social europea.

Para superar recortes en sanidad, educación o servicios sociales.

Para recuperar la sanidad universal y eliminar los copagos farmacéuticos, para incrementar las becas o para atender con dignidad y presteza a las personas dependientes.

Y para superar también una crisis económica que llegó a provocar más de 6 millones de parados en España.

Una década en la que vimos derrumbarse el sistema financiero, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el cierre de las cajas de ahorro y el rescate a la banca, que nos decían no nos iba a costar un euro.

El fracaso estrepitoso de un liberalismo económico que prometía riqueza a cambio de desregulación, y que nos trajo desigualdad, paro y pobreza. Un liberalismo sin reglas en un mundo global en el que los capitales supeditan la fiscalidad y los derechos de los trabajadores al interés de unos cuantos, y que nos decía que lo público es un lastre para el crecimiento económico.

Una década en la que la UE se obcecó en el austericidio, dividida por el egoísmo y la codicia, imponiendo límites al déficit y a la deuda a costa de los derechos y el bienestar de la mayoría. Una política económica profundamente equivocada que despertó el nacionalismo excluyente, xenófobo y racista que representa la extrema derecha.

Una década que nos trajo una pandemia que nos confinó a todos, que paralizó la economía y que puso en valor la esencialidad del trabajo y la importancia de lo público. Una pandemia que puso en evidencia que los recortes matan y que un estado de bienestar sólido salva vidas. Pero que también salva la economía y el empleo, porque gracias a los ERTE, que han sostenido rentas del trabajo y empresas con fondos públicos, se ha conseguido superar la crisis sanitaria con cohesión social y protección, como nunca antes.

Y por si todo lo dicho no fuera bastante, estamos inmersos en la guerra criminal de Putin que ha provocado un incremento de la inflación que merma el poder adquisitivo de la mayoría trabajadora y encarece las hipotecas, haciendo aún más difícil el grave problema de acceso a la vivienda.

Y claro, resulta que también para luchar contra la inflación y sus efectos es necesaria la regulación y la intervención de los poderes públicos, porque no la va a resolver el mercado. Para ayudar con los recursos de todos a las rentas más bajas, para hacer más asequible el transporte público, para garantizar el acceso a la energía, para conseguir la excepción ibérica y para ayudar a las empresas con más dificultades pensando en el empleo que proporcionan. Sin que la CEOE se muestre dispuesta, por el momento, a un acuerdo de negociación colectiva que haga compatible la lucha contra la inflación y la recuperación de los salarios como les hemos propuesto.

Hoy podemos decir que uno de cada dos contratos que se realizan es indefinido, que la tasa de temporalidad se ha reducido a la mitad y que ello es el resultado de la reforma laboral pactada entre patronal y sindicatos; pero conviene recordarlo, con el voto en contra de casi todo el PP, cuya unanimidad en contra se salvó por el despiste de un bendito.

Podemos decir que el SMI ha alcanzado el 60% del salario medio, que se ha incrementado en más de un 40% en los últimos años y que de su mano no se ha destruido empleo, como interesadamente se vaticinaba, sino que por el contrario hay más cotizantes a la seguridad social que nunca en España y en la Comunitat Valenciana.

Hoy contamos con un IMV que es un salvavidas para los que están en peor situación. Y tenemos un acuerdo en el sistema de pensiones que garantiza su actualización con el IPC, que suprime el factor de sostenibilidad y que incrementa las cotizaciones para hacerlo sostenible. Aumentando los ingresos, no reduciendo las pensiones. Un acuerdo sin el aval de la patronal y con el voto en contra del PP que nos promete volver al sistema de recortes que nos impuso en 2013.

En la Comunitat Valenciana el diálogo social ha sido la norma para dar respuesta a las dificultades, a los efectos de la pandemia y de la guerra; pero también para el diseño de una política económica que pone el acento en la mejora del modelo productivo valenciano, para generar más y mejor empleo sin regalos fiscales y sin menoscabo de los servicios públicos, que ni se negocian ni se venden.

Una política de participación y diálogo también para seguir reclamando una financiación justa para los valencianos y valencianas, un asunto que, pese a las dificultades, no debe quedar en el olvido. De ello dependen nuestras posibilidades de recibir servicios en sanidad, educación o servicios sociales de mayor extensión y calidad, pero también la posibilidad de impulsar la mejora de nuestro modelo productivo.

Hay un compromiso compartido para reindustrializar la economía valenciana a través de la Agencia Valenciana de Innovación, pero también captando inversiones sin entrar en el indecente juego del dumping fiscal del que, sin vergüenza, presumen otras Comunidades Autónomas.

Hemos de insistir en que la fiscalidad entre CCAA debe armonizarse, porque las rebajas fiscales a los más ricos son peores servicios público para quienes más los necesitan.

El balance es positivo, pese a las dificultades y las carencias, nuestra sociedad sigue siendo injusta y desigual, el machismo sigue matando y la brecha entre hombres y mujeres sigue abierta, el acceso a la vivienda es casi un imposible y los jóvenes tienen enormes dificultades para emanciparse.

En la presentación de este balance y en la superación de los viejos y nuevos retos no estamos solos. Nuestro papel es el de protesta y reivindicación, pero quienes tienen en sus manos el BOE o el DOGV son los que legislan sobre el derecho al trabajo, el sistema de pensiones, el SMI, el IMV o el sistema fiscal y los servicios públicos. Conviene no olvidarlo.

En la misma sintonía, uno de esos intelectuales publica en ese mismo diario un artículo bajo el título “A Cíbeles” llamando a la participación ciudadana en la manifestación convocada para este pasado domingo con argumentos como que “el Gobierno, sin llevarlo en su programa suprime los delitos de quienes pretenden despedazar España”, que “encumbra a los herederos del rentable terrorismo” o que “convierte los más altos tribunales en un coro de muñidores a su servicio” Y concluye con que todo eso es posible porque “usted no se subleva para corregirlo”

La hipérbole de estas soflamas tiene un propósito, estamos en año electoral; y una motivación que las produce, el rencor y la amargura, supongo yo. Pero lo cierto es que no parece que los riesgos de destrucción y despedazamiento de la patria que se profetizan sean hoy mayores que cuando gobernaba el PP, porque el independentismo ha perdido apoyos y porque el PSOE es tan constitucionalista hoy como siempre. 

En todo caso, lo que a mí me interesa, como ciudadano “llamado a sublevarme”, es cómo le va al contenido de nuestra nación española que es la que, a mi entender, le da sentido a su continente. Y su contenido son mis compatriotas, los que hoy cotizan a la seguridad social en número superior a los 20 millones, que lo hacen desde empleos más estables merced a una reforma laboral pactada que recupera el carácter indefinido en la contratación, que tienen más oportunidades de empleo porque la economía ha crecido en cifras superiores al 5% el pasado 2022, que ven que nuestra inflación es la más baja de todos los países de la UE y eso le proporcionará a nuestras empresas mejoras de competitividad para ampliar mercado, que ven sus pensiones incrementadas en un 8,5% este año y garantizada su revalorización, que han visto cómo el SMI se incrementa hasta los 1.000€ y alcanzará el 60% del salario medio este año, que disponen de un Ingreso Mínimo Vital en caso de situación de necesidad, que se han visto protegidos –ellos y las empresas patrias- con ERTE durante la pandemia para salvar la actividad económica y el empleo con evidente éxito, que ven como una tributación más justa en una Europa que le da soporte han permitido sostener un escudo social durante la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania; en definitiva, creo que a mis compatriotas el Estado les proporciona oportunidades y protección como no se hizo en la crisis financiera e inmobiliaria que vino de la mano del liberalismo desregulado, ese que prometía y aun promete, pese a las evidencias, menos Estado y más mercado. Pero es que además, en el 2017, antes de la pandemia, también le iba peor al continente -entendido como España- al borde de ser despedazado.

El panorama no es idílico, cuándo lo ha sido, pero siento no encontrar razones para esa sublevación que me proponen. Lo que si encuentro son razones para la búsqueda de acuerdos entre patronal y sindicatos, entre Gobierno y oposición, entre comunidades autónomas para, entre otras cosas, pactar un nuevo sistema de financiación autonómica que caducó en 2014. Razones hay para cooperar, para poner en primer lugar a los compatriotas cuando se habla de patria, para que a nadie le sobren, no ya 26 millones de españoles, sino ni uno solo.

Definitivamente, no veo motivos para la sublevación, lo que sí creo es que las organizaciones sindicales hemos trabajado y seguimos trabajando cumpliendo nuestro papel Constitucional para los millones de españoles y españolas que son el contenido y fundamento de nuestra nación.

Pues a gran escala este sería el diálogo de los mercados financieros con Liz Truss, dada la propuesta de incrementar el gasto en 115.000 millones de libras y acompañarlo de una generalizada bajada de impuestos que anunció a los pocos días de asumir el cargo de primera ministra. La consecuencia de tal desatino ha sido el desplome de la libra y el incremento exponencial de su prima de riesgo.

Este discurso de Liz se viene reproduciendo por parte de la derecha española que anuncia ayudas y promete rebajas fiscales, también generalizadas, con el argumento de que esta receta dinamizará la economía, hará mayor el crecimiento y producirá riqueza. Pero ya les aseguro que no convencerá a ningún banquero si es a él o a su entidad a quien se le pide prestado para ponerla en práctica. Para concedértelo te exigirán una de estas dos cosas, o tal vez las dos a la vez: que aumentes los impuestos o/y que reduzcas el gasto. Exactamente lo mismo que vivimos en la crisis financiera e inmobiliaria del 2008.

Pero para llegar a esa crisis, antes hubo préstamos fáciles y baratos para casi todos, porque la codicia es la pasión que más agita la mano invisible; y así las entidades entraron en competencia por ofrecer más créditos en número, cuantía y facilidades exigiendo menores garantías, hasta que todo estalló. Después nos reprocharon vivir por encima de nuestras posibilidades los mismos que siempre nos empujaron al gasto con el disfrútelo ahora y páguelo mañana. En fin, encontrarán tantas contradicciones como disculpas, aunque ellos les llamarán argumentos y los pondrán en académicas bocas.

Ya les adelanto que llevar a todo color y en A3 la socorrida curva de Laffer no ablandará a los banqueros, pero habrá que reconocer que como añagaza funciona porque tiene una parte de verdad: si el tipo impositivo fuera del 100% de la renta nadie trabajaría, porque el rendimiento de su trabajo se lo llevaría íntegro el Estado. Si el tipo impositivo fuera 0% no habría ingreso alguno porque todos sabemos el resultado de multiplicar por cero.

Pero España, hay que decirlo -a ver si de una vez la verdad repetida mil veces logra al menos tanto éxito como cuando se trata de mentiras- tiene una presión fiscal inferior a la media de la UE y se encuentra muy lejos de aumentar los ingresos del erario público bajando impuestos, como muy lejos de reducir los ingreso si aumenta la tributación.

El dinero en el bolsillo de los ciudadanos no garantiza la prestación de servicios públicos imprescindibles para la seguridad colectiva –sanitaria, educativa, de protección ante la adversidad- ni tampoco la individual de la mayoría social, que necesita de la solidaridad de sus conciudadanos, porque los recursos de esa mayoría son insuficientes para dar respuesta a los problemas graves a los que todos sin excepción estamos expuestos.

El dinero en el bolsillo de los ciudadanos no supone inyectar más recursos en la economía aunque pueda favorecer el aumento del consumo individual, porque esos mismos recursos en manos del Estado van a gasto o inversión: pensiones, carreteras, investigación, hospitales, ayudas sociales, colegios y universidades, ayudas a las empresas, política industrial, etc. Está en manos de quienes elegimos democráticamente para dirigir nuestro país y se plasma en los presupuestos que anualmente aprueba el Parlamento.

Bajar impuesto, digámoslo claro, solo beneficia a quien más tiene y más gana. Como también le ayuda a ganar más al que más tiene que desregulemos los mercados, compitamos con fiscalidades más bajas para captar inversión o reduzcamos los salarios y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Exactamente como en la selva.

La pandemia, que la ciencia y la sanidad pública han sido capaces de doblegar en tiempo récord, debería ser el ejemplo imborrable de que todos necesitamos de todos y por eso debemos estar preparados para afrontar unidos el proyecto común que significa vivir en sociedad. Proteger y reforzar el Estado de bienestar y estimar al prójimo, al menos conceptualmente -aunque a veces se hace difícil, a qué negarlo- exige pagar impuestos.

Esta crisis, como las dos anteriores, se han abordado con un enorme gasto público que ha elevado la deuda y el déficit, porque últimamente es costumbre pedir prestado en vez de elevar los impuestos, eso sí, siempre que la UE y el BCE lo permitan, pues a pecho descubierto no te presta ni el buen samaritano. Eso es lo que acaba de vivir el Reino Unido y, claro está, no le quisieron dar el préstamo.

Con su decisión de suprimir el impuesto de patrimonio en su Comunidad Autónoma beneficia a los ciudadanos más ricos a los que les exime de pagar unos 90 millones de euros anuales, mientras que aquellos andaluces con menores rentas y patrimonio sufren la alta inflación de la que no pueden escapar, porque una parte no desdeñable de ésta se centra en el precio de los alimentos que, claro está, tienen el vicio de consumir cada día para no morir de hambre. Ya sé que con esos 90 millones no se va a resolver el problema de esos ciudadanos de renta modesta, que no modestos ciudadanos, pero no me negarán que el contraste ofende a cualquier niño.

El argumento de estos liberales de boca de fraile que no se cansan de pedir ayudas públicas para las empresas, ahora y siempre, también en el caso de los fondos destinados a los manoseados ERE que aprobaron con fruición e incluso propusieron incrementar y por los que injustamente, a mi parecer, han sido condenados Chaves y Griñan, es que bajar impuestos a los ricos atrae inversión y genera riqueza. Nada de preguntarse cómo mejorar la productividad de la economía andaluza, nada de apoyo a la investigación y la innovación, nada de políticas industriales. Basta con colocarse a codazos debajo de la mesa de los ricos para saciarse con las cuantiosas sobras, que habrá para todos.

Andalucía ha venido reclamando, con Moreno Bonilla a la cabeza, un sistema de financiación autonómica que les haga justicia; pues sienten, y con razón, que el actual sistema no les proporciona los recursos para la prestación de los servicios en salud, educación, dependencia o servicios sociales que merecen sus ciudadanos como españoles que son y por eso, como la Comunitat Valenciana, defiende un modelo de reparto basado en la población ajustada. Sin embargo, si ese modelo todavía no ha sido corregido y las carencias siguen presentes ¿qué sentido tiene renunciar a 90 millones de euros? Ah sí, se me olvidaba, el paraíso fiscal para los ricos que propone les llevará en tropel a Andalucía, como las moscas a la miel. Y todos los demás debajo de la mesa tan felices.

Por si esos ricos españoles no se han enterado parece que ha emprendido una campaña publicitaria dirigida, eso sí y de momento, aunque seguro que no por casualidad, a los ricos catalanes para que se vayan a vivir a Andalucía. El porfolio les ofrece, además de la exención en patrimonio, sucesiones y donaciones o transmisiones, la seguridad de que nunca dejarán de ser españoles. ¡Bonilla quiere vaciar Cataluña de españoles ricos! Que tomen nota los catalanes que también se sienten españoles. No les quepa duda de que los independentistas la han tomado sobre lo mucho que demuestra este PP su amor a Cataluña (y a España) con estas declaraciones incalificables que no me consta hayan sido corregidas por su dirección nacional ni contestadas por el PP de Cataluña.

Y todo esto en un contexto en el que Europa ha entendido la importancia de mutualizar deuda, de armonizar su fiscalidad, de establecer un Salario Mínimo Interprofesional, en definitiva de intentar sacar de la ecuación del crecimiento económico la competición mediante la deslealtad fiscal y las devaluaciones del factor trabajo entre sus miembros. Un salto en la unidad que en nuestro país, algunos, pretender darlo en sentido contrario.

La supresión de los impuestos referidos, el anuncio de nuevas bajadas impositivas, el enfrentamiento entre Comunidades Autónomas, que va a suponer, se presenta como una emulación del modelo de la Presidenta Ayuso para Madrid “dentro de España.” A mi parecer ambos se miran en el madrileño callejón del Gato. Solo así se explica que uno actúe como el Sheriff de Nottingham y se pueda seguir reconociendo en el niño que, como todos los niños, admiraba a Robin Hood. 

En UGT, el sindicato socialista español, además de intentar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, a través de la negociación colectiva y de la vigilancia en el cumplimiento de ésta, sabemos que esa posible y deseable mejora depende en gran medida de las decisiones que en tal sentido adopte el legislativo y el ejecutivo al que aquél le da soporte. Vivimos en democracia, toda una revolución para los españoles de mi generación y para todas aquellas que la precedieron, por lo que de lo que se trata es de evolucionar en la perfectibilidad del único sistema que nos otorga el derecho a la participación de la cosa pública en libertad.

“El régimen del 78” es una extraordinaria contribución de la sociedad española para la convivencia democrática, y en la Constitución que lo hizo posible caben propuestas dispares que los trabajadores, ciudadanos de pleno derecho, tenemos la oportunidad y aun el deber cívico de seleccionar. Como le escuche decir en cierta ocasión a Cándido Méndez, nuestra Constitución es una matriz social, pero lo es solo como posibilidad, de ahí el atrevimiento de sugerir estrategias para la izquierda que dice querer “Sumar”.

En la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz hay un reconocimiento de la desunión entre los que se encuentran ideológicamente a la izquierda del PSOE, y que recientemente Joan Ribó calificaba de izquierda transformadora (aunque apenas ha gobernado más allá del ámbito municipal) y una voluntad de superarla al abrigo de su tirón electoral y del riesgo cierto de que el actual Gobierno de coalición pueda ser desbancado en las próximas elecciones generales como consecuencia de esa misma desunión que fragmenta el voto llevándolo de la urna a la papelera sin más trámite.

Nada que objetar, el reconocimiento del problema es indiscutible y solo cabe esperar la generosidad de aquellos que debieran darse cuenta de que sus opciones están muy por debajo de sus egos para ajustarlos y hacer posible ese empeño de “Sumar”.

Sin embargo, si analizamos los resultados electorales obtenidos por Podemos en 2015, su mejor resultado hasta la fecha, observamos que son 13 las provincias en las que no obtuvo ningún diputado. Y si llevamos esa observación a los últimos comicios, la cifra de provincias sin obtener resultado alguno (no solo Podemos, sino todos aquellos que se presentan a la izquierda del PSOE) se eleva a 26.

Son por tanto los electores y electoras de izquierdas de 26 provincias españolas los que nada han podido aportar a ese intento de sumar para conformar el primer Gobierno de coalición en nuestro país, y es aquí donde sugiero que tan importante como sumar es no restar. Soy consciente de que es difícil renunciar a presentarse en determinadas circunscripciones, aunque las posibilidades de obtener resultados sean mucho más que remotas; pero de eso se trata, de que los votantes que apuesten por la renovación del Gobierno de coalición, y esa parece ser la propuesta de Yolanda Díaz, puedan hacerlo. Aunque no sea a su partido político predilecto, que lo sea al menos a su formulación de Gobierno deseada.

También sé que la suma aritmética de esta propuesta no está asegurada, puede producir rechazo y llevar a buen número de votantes a la abstención, no solo en esas circunscripciones en las que se opta por no restar, sino también en otras en donde los simpatizantes que no la compartan se queden en casa. Además, incluso teniendo éxito, la concentración del voto no proporciona en todos los casos un mejor resultado en escaños, pues puede ser insuficiente para acrecentarlo, pero es indudable que la ley d´hondt lo favorece enormemente. Sin embargo ¿cómo presentar una alternativa que sume ante una derecha que se agrupa tras la defunción de C`s, si no es haciendo el intento por no restar?

Alguien repetirá que con “programa, programa, programa”, manteniendo una pretendida posición ética que contrapone su superioridad moral a las razones prácticas. A mí me parece, sin embargo, que proponer a los electores españoles el voto a favor de un Gobierno de coalición, allí donde no concurra deliberadamente el partido político que lo conforma con menos posibilidades de sumar para no restar, es además de práctico ético, por cuanto responde a la experiencia programática de un Gobierno que se pretende reeditar y del que los ciudadanos y ciudadanas españoles tienen sobrados elementos de juicio a su disposición.

Definitivamente, en camisas de once varas.

Que por primera vez en España haya más de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social o más de 2 millones en la Comunitat Valenciana, también por primera vez, es una buena noticia. Que el salario mínimo interprofesional se haya incrementado desde 2018 en más de un 40% y que ello no haya supuesto el “empleicidio” que se vaticinaba, sino todo lo contrario: “empleigenia”, es una buena noticia. Que los pensionistas españoles hayan recuperado la actualización de sus pensiones conforme a la inflación anual media, es una buena noticia. Que la reforma de la reforma laboral se lograra con el acuerdo de UGT, CCOO y la Patronal en el marco del diálogo social, es una buena noticia; y que a esta se le pueda imputar que los contratos indefinidos han aumentado exponencialmente, es una noticia aún mejor. Que los ERE durante la pandemia hayan hibernado empresas y sostenido rentas permitiendo que el tejido productivo y el empleo se hayan recuperado sin daño y con vigor, es otra buena noticia. Que los fondos europeos proporcionen recursos para una Europa que mutualiza deuda con el propósito de invertir y crecer con respeto al medio ambiente, es una buena noticia y que de su mano se instale en Sagunt una gigafactoría de baterías que dará empleo de calidad a más de 3000 personas directas y 12.000 indirectas, es una gran noticia.

Podríamos seguir con esta letanía de alabanzas e incorporar otras muchas en sentido contrario, porque no serán pocos los españoles que tendrán razones subjetivas para entender que su situación personal es peor, a pesar de los buenos datos macroeconómicos y la recuperación y extensión de derechos y libertades, de la que disfrutaban antes.

Es también cierto que la subida de los precios está perjudicando gravemente la capacidad de compra de la inmensa mayoría, y más la de aquellos que menos tienen. Este es un mal dato, tal vez el único, que enturbia la buena situación de todos aquellos que se han beneficiado de las referidas buenas noticias: el precio de los carburantes, por poner solo un ejemplo, afecta negativamente a pensionistas, trabajadores que han encontrado un empleo o han conseguido un contrato indefinido, a perceptores del SMI o del Ingreso Mínimo Vital (derecho del que antes carecíamos los españoles) en definitiva, a una inmensa mayoría.

Pero sería bueno reconocer que frente a una guerra provocada por la invasión Rusa de Ucrania el encarecimiento de los precios no es el peor de los males. Podríamos desentendernos de los ucranianos y no imponer sanciones al invasor, aunque la historia nos avise con dramatismo en sentido contrario, o involucrarnos directamente en la contienda asumiendo riesgos incalculables. Ninguna alternativa parece preferible. Sin embargo, sí es necesario recordar que la causa fundamental de ese desmesurado incremento de la inflación obedece a una guerra injusta que por razones morales, pero también prácticas, no podemos ignorar.

La razón de las pasiones, el rasguño de un dedo, justifican el enfado y su reacción; pero nublan el juicio. Hemos superado circunstancias muy adversas que han puesto en gran peligro la salud y la vida, el bienestar económico y, ahora con la guerra de Ucrania, la seguridad y la paz de todos. Debemos hacer el esfuerzo por contener la inflación y, en todo caso, equilibrar con justicia el reparto de sus costes; debemos aprovechar los fondos europeos para mejorar radicalmente nuestro modelo productivo; debemos acelerar la soberanía energética en renovables que nos proporciona nuestra situación privilegiada; debemos construir infraestructuras que mejoren la productividad y atraigan inversión; debemos aprovechar las oportunidades y lograr un Estado de bienestar más fuerte para poder superar mejor las dificultades, cuando estas vengan, y ofrecer oportunidades a todos los ciudadanos con independencia de su renta; debemos hacer muchas cosas juntos que el libre mercado nunca atenderá, porque su pasión es el egoísmo y este es disgregador.

Podemos poner el acento más que en lo logrado, si así se prefiere, en lo que nos falta, pero solo para alcanzarlo y con buen juicio actuar en consecuencia. Sería muy malo apuntarnos a aquellos cuyo único programa es azuzar las pasiones del descontento. No sé si la simpatía y su benevolencia es una pasión más poderosa que el egoísmo, pero creo como Hume que nos irá mucho mejor apostando por ella.