Tal y como expondré a continuación, mi intervención se centró en explicar que los países en vías de desarrollo son especialmente vulnerables al cambio climático y, sin embargo, poner en marcha las acciones necesarias para lograr los compromisos del Acuerdo de París también puede suponer una oportunidad para lograr una economía más inclusiva y socialmente justa.

Las consecuencias del cambio climático en los países en vías de desarrollo son especialmente devastadoras. Según estudios de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, actualmente 850 millones de personas sufren desnutrición, mientras que 8.500 niños mueren de hambre diariamente; 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 1.000 millones a una fuente de energía; la ONU cifra en más de 800 millones las personas que viven en «extrema pobreza» con menos de 1,25 dólares al día. Elevar esos ingresos conlleva, con los actuales modelos de producción y consumo, un escenario de mayor nivel de consumo de recursos y, por tanto, mayor nivel de emisiones.

La mayor frecuencia de los desastres naturales afecta a la productividad de los ecosistemas —especialmente en muchos de estos países— porque cuentan con sistemas productivos ya de por sí estresados. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de  1.200 millones de puestos se verán afectados —el 40% del empleo mundial—, provocando anualmente una pérdida equivalente al 0,8%. Incluso en un escenario de mitigación efectiva del cambio climático, los efectos del aumento de temperatura que ya se está produciendo llevarán a una pérdida equivalente a 72 millones de empleos/año de tiempo completo para 2030. Por tanto, el cambio climático no tiene solamente un impacto directo sobre el bienestar de los individuos y los hogares, sino sobre el conjunto de los países en forma de desigualdad y pobreza interior bruta. 

Sin embargo, también hay aspectos positivos en la emergencia climática que estamos viviendo: sabemos que las acciones para limitar a 1,5 ºC el calentamiento global que recomienda en sus conclusiones el informe SR15 emitido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), máximo organismo científico en la materia, pueden crear millones de nuevos puestos de trabajo. Es más: si los países ponen en práctica las políticas para una transición energética en aplicación del Acuerdo de París, se calcula que se podrán generar cuatro veces más empleos de los que se perderán.

Pero para ello, también nos dice, son imprescindibles «cambios radicales, inmediatos y sin precedentes en todos los ámbitos de la sociedad» en los próximos 12 años (-45% de emisiones) y hasta 2050 (cero neto).

El reto, pues, está en lograr que esta transición tan urgente sea socialmente justa y, para ello, es absolutamente necesario revisar el actual modelo económico y articular alternativas más inclusivas, en la línea de lo que sugiere SR15.

¿Por dónde empezar?

¿Por dónde empezar?El consenso social y científico sobre «cambiar el paradigma hacia economías locales, post-carbono e inclusivas, desde una transición tan rápida como justa» es prácticamente unánime. ¿Pero cuáles son las claves para lograr “economías más inclusivas”?

Obviamente hay muchas y no hay una receta mágica, pero destacaría algunas que, hoy por hoy, son fundamentales en la lucha por la justicia climática y social:

Tanto en este aspecto como en el anterior, es importante pasar de los apoyos puntuales a establecer redes de alianzas intersectoriales.

Evidentemente, la regulación es una motivación; pero ya se ha podido comprobar en la COP24 (Cumbre del Cambio Climático 2018. Katowice, Polonia) cuál es el nivel de ambición política en esta materia… Analizar e introducir la motivación como motor es, definitivamente, clave.

Por ejemplo, si la narrativa predominante es que nuestros jóvenes no tienen espíritu emprendedor o que un territorio no ofrece ninguna oportunidad, probablemente habrá escasas iniciativas que generen valor social, medioambiental y económico en esa región y, por tanto, se perpetúen ciclos viciosos. Por ello, es importante analizar cuáles son las narrativas y cuál es el imaginario en torno a un determinado problema.

Uno de los aspectos clave de nuestro trabajo es hacer este análisis y, a partir de ahí, proponer e introducir otras narrativas que fomenten ciclos virtuosos de cambio.

Gracias a la tecnología, por ejemplo, procesos industriales más sostenibles, la movilidad eléctrica o los paneles solares como fuentes de energía son ya una realidad, y cada vez más rentable. Pero, además, la tecnología permite a una parte de la sociedad acceder a productos y servicios que hasta ahora estaban fuera de sus posibilidades contribuyendo, en definitiva, a la definición de modelos económicos más inclusivos. Encontramos numerosos ejemplos en la economía colaborativa o en las tecnologías utilizadas por organizaciones de desarrollo en determinados contextos.

Finalmente, aunque no pude incluirlo en mi intervención porque tuvimos noticia unos días después, me gustaría hacer mención a dos cruciales investigaciones publicadas en el último mes: How fast are the oceans warming? y Four decades of Antarctic Ice Sheet mass balance from 1979–2017, en los que la comunidad científica nos alerta tanto de que el calentamiento oceánico aumenta más rápido de lo que se esperaba, así como de que Groenlandia ha acelerado su deshielo, aproximándose a un punto de no retorno que dibuja no ya un panorama devastador, como iniciaba este artículo, sino aterrador. 

No se trata, pues, de un escenario futuro sobre el que podamos seguir especulando con calma, sino de una catástrofe de proporciones incalculables que está tocando a nuestras puertas y nos urge a frenarla con inteligencia, ambición y mancomunidad.