El pasado 12 de febrero, el Parlament de las Illes Balears aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma tan pionera como necesaria para encarar el mayor reto al que se enfrenta la humanidad: el cambio climático. Hablamos de una realidad cuyos efectos ya se dejan sentir y ante la que los territorios insulares somos especialmente vulnerables. Hay consenso científico sobre la magnitud del problema y cada vez hay más consenso social y político sobre la necesidad de actuar de forma inmediata: nos jugamos demasiado.

Nuestras islas no se pueden permitir la inacción y la nueva ley, que entra en vigor el próximo 2 de mayo, establece un calendario escalado de medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de París. La ley plantea la reducción de emisiones en todos los sectores económicos, haciendo especial hincapié en aquellos que más contaminan, como son la generación de energía y el transporte terrestre. En este sentido, se ha fijado un calendario para el cierre y desmantelamiento de la central de carbón de Alcúdia y la evolución hacia combustibles menos contaminantes mientras se produce el despliegue de las renovables.

En materia de transporte por carretera, se fomenta la movilidad sostenible y libre de emisiones, estableciendo restricciones para los vehículos contaminantes con un doble calendario: el año 2025 se limita la circulación de los nuevos coches diésel, y en 2035 de los restantes.

Este calendario nos permite garantizar que el proceso de recambio natural de los actuales vehículos de combustión se produzca sin estridencias, con tiempo suficiente para que los coches que ahora circulan acaben su vida útil y sin tener que forzar a la ciudadanía a cambiar su vehículo antes de que llegue a la obsolescencia. Con este calendario aseguramos que en el año 2050, toda la flota de las islas estará libre de emisiones.

Esta medida de restricción de acceso de los turismos diésel al territorio balear a partir de 2025 ha provocado una encendida reacción por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Merece la pena recordar aquí que durante la elaboración del proyecto de ley se mantuvieron distintas reuniones con responsables de esta entidad y que por nuestra parte siempre se ha mantenido abierto el diálogo. Sin embargo, en la defensa de sus propios intereses económicos, el lobby automovilístico ha puesto en marcha multitud de mecanismos para dificultar la tramitación y aprobación de la ley.

Un reguero de notas de prensa se hacen eco de cada una de estas denuncias, que posteriormente han sido desestimadas. Entendemos, en cualquier caso, que la insistencia sobre la propuesta balear no se debe tanto a su impacto directo, sino a su valor ideológico, que podría alentar iniciativas semejantes en otras comunidades.

La presión ejercida desde este lobby en la defensa de sus intereses económicos se ha contestado a nivel jurídico y será defendida con el máximo rigor técnico por nuestro Govern, pero no quisiera perder la oportunidad de exponer públicamente los motivos que nos llevaron a plantear esta medida.

En primer lugar, el mercado automovilístico ya está trazando de forma espontánea esta senda. En 2018 se quebró la tendencia de los últimos 20 años, y las ventas de turismos diésel cayeron en picado, dejando de ser la opción mayoritaria, hasta tener una cuota de solo el 35,8%. Pese a las grandes ofertas presentadas por fabricantes y concesionarios, la igualación progresiva del precio de los carburantes, las restricciones aplicadas por algunas ciudades y el amargo sabor de boca que ha causado el Dieselgate han hundido las ventas de estos vehículos. Durante los próximos años seremos testigos de caídas todavía más significativas.

En segundo lugar, los vehículos no contaminantes están alcanzando la madurez tecnológica necesaria como para ser una alternativa real. Los vehículos eléctricos tienen cada vez mayor autonomía y un precio más competitivo. La consultora Deloitte, en su último informe, fija el 2021 como el punto temporal en el que se equipararán los precios de los vehículos diésel y los de combustión. La mayoría de fabricantes automovilísticos apuestan decididamente por el vehículo eléctrico.

Por último, el argumento sin duda de más peso y el que motiva a anticipar el calendario de restricción de los vehículos diésel (año 2025) respecto de los restantes de combustión interna (2035), es el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevara en 2012 el humo de diésel al nivel 1 en su lista de sustancias cancerígenas. Es el nivel máximo, el que corresponde a “sustancias que causan cáncer con seguridad”, que comparte con otras sustancias tan letales como el amianto, el benzeno, el formaldehído o la radiación.

No hablamos aquí únicamente de reducir emisiones de efecto invernadero o de asegurar la calidad del aire en términos abstractos: tratamos de reducir, mediante las herramientas que estatutariamente nos corresponden, la presencia de una sustancia que con total certeza afecta negativamente a la salud. Es un acto de responsabilidad política anteponer la salud pública de nuestros ciudadanos a los intereses de determinados grupos empresariales, máxime cuando existen en el mercado tecnologías efectivas que permiten el cambio.

Y lo que es más: la política de eliminación de los humos del diésel no se está librando únicamente en el ámbito del transporte terrestre. La misma ley de cambio climático que establece esta restricción impone la eliminación progresiva de los combustibles más contaminantes (carbón, fuel oil y gasóleo) de las centrales térmicas por alternativas de transición más limpias, como el gas natural, en tanto se completa el despliegue de las renovables.

No acaban aquí nuestras medidas, y también se aplican en el ámbito doméstico y empresarial: las nuevas calderas que se instalen no podrán utilizar diésel o gasóleo. Nuestra apuesta por la supresión del diésel es consistente a todos los niveles, como lo han sido también nuestros esfuerzos por la erradicación del carbón: Dentro de nuestro marco competencial, defenderemos la eliminación de todo aquello que sea nocivo para los ciudadanos.

De todo lo anterior hace caso omiso ANFAC, quien ha optado por hacer de Baleares el tablero de juego en el que debe dirimirse la perdurabilidad de los combustibles derivados del petróleo. Esta partida que se ha abierto en nuestras islas se disputa también a nivel nacional e incluso a nivel europeo: ¿Debe anteponerse la libertad de mercado y la protección de los intereses económicos de unos pocos a la salud e interés de todos, cuando existen alternativas en el mercado que permiten compatibilizar ambas situaciones? Más pronto que tarde, las instituciones europeas y, especialmente la Comisión, deberán pronunciarse respecto a esta cuestión. La respuesta del Govern y de la sociedad a la que represento y de la que formo parte es clara.

Otros muchos territorios europeos, como Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Países Bajos, y también España, han planteado distintos tipos de restricciones con diferentes calendarios a los vehículos de combustión interna. En breve, otros muchos países se unirán a esta petición, que es ya la de unas sociedades que reclaman acciones decididas en la lucha contra el cambio climático. El seguimiento multitudinario que tienen movimientos como Fridays for Future y otros hace evidente el clamor.

Los fabricantes de vehículos no deberían oponerse a un cambio que es ya imparable. Al contrario, deberían convertir este reto en una oportunidad, liderando la nueva industria y situando Europa a la cabeza de un sector que va a tener un notable despegue económico durante los próximos años.

En tanto se resuelve esta cuestión en las instancias correspondientes, desde nuestras Islas mantendremos con firmeza nuestra posición, con el convencimiento que nos da defender aquello que es justo y necesario. La lucha contra el cambio climático es un clamor que ni podemos ni queremos desoír. La tecnología ha avanzado lo suficiente para permitir una movilidad sostenible que no perjudique a nuestra salud. El sector que haga una apuesta rápida y efectiva hacia esta nueva movilidad saldrá ganando y, con él, todos los ciudadanos y ciudadanas.

Tenemos ante nosotros el mayor desafío al que nos vamos a enfrentar como sociedad. Un fenómeno global, universal y con algunos efectos ya irreversibles. Llevamos demasiado tiempo advirtiendo de la gravedad del problema sin afrontarlo de cara. Son necesarias soluciones a gran escala, sin duda, pero ese es un camino muy complejo y que exige una unidad de acción internacional que se vislumbra lejana. Y mientras, el cambio persiste, y el reloj corre. Y es aquí cuando desde la escala local asumimos el reto de actuar. Haciendo nuestras las palabras del ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, “no podemos permitirnos el lujo de la indecisión, las medidas a medias o los enfoques graduales. Nuestra meta debe ser una transformación”.

Este es el objetivo que proponemos con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha aprobado el Parlamento balear. Articular medidas a escala local para mitigar los efectos del cambio, poniendo en valor el hecho insular y sentando las bases de un modelo económico más diversificado y alejado de la estacionalidad.

Así que, frente al cambio climático, hemos decidido cambiar. Nos impulsa a hacerlo la responsabilidad, el respeto y la búsqueda de la resiliencia.

Actuamos por responsabilidad. Aplicando las tesis del sociólogo Anthony Giddens, la humanidad nos hemos fabricado nuestra propia incertidumbre. El cambio climático no es algo externo, y las consecuencias que de él se derivan son consecuencia directa de la intervención del hombre en la naturaleza. Frente a esta evidencia, nuestra responsabilidad es actuar con firmeza. Con propuestas valientes y pioneras en España.

Porque tan irresponsable sería no actuar como hacerlo sin convicción. Algunos nos acusan de querer ir demasiado rápido en nuestras políticas de lucha contra el cambio climático. Y yo les pregunto: ¿Acaso podemos esperar más? Los efectos del cambio climático son innegables. Los negacionistas son ya un reducto cada vez más exiguo. Surgen ahora los relativistas. Aquellas voces, silenciosas o públicas, que apelan a actuaciones pausadas. Temen los cambios y los dilatan, obviando que el cambio llegó para quedarse, y que no hay elección. O cambiamos ya, o no llegaremos a tiempo de modular los efectos que se avecinan. Eso sí sería verdaderamente irresponsable.

Actuamos por respeto. Nuestras islas son paisaje. Un entorno privilegiado y muy delicado. Cualquier alteración puede dañarlo, y acabar con aquello que hemos sido, somos y queremos ser. Por eso es necesario actuar ya. Por respeto a nuestro entorno, y por respeto a quienes durante generaciones han conreado este paisaje y nos lo han legado.

El hecho insular nos permite apostar más fuerte que otros territorios, pero a la vez nos hace más vulnerables. Los expertos avisan que el incremento de la temperatura en nuestro archipiélago será superior a la media global, y que puede disminuir la precipitación anual e incrementarse por el contrario fenómenos extremos como olas de color o lluvias torrenciales. Sería irrespetuoso mantener un nivel bajo ante estas evidencias.

La propia Comisión Europea ha situado a las islas en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Somos un territorio propicio que, además, cuenta con la voluntad y la convicción para ser referentes. Para ganarnos el respeto actuando con respeto hacia aquello y aquellos que nos rodean.

Mitigación y adaptación. La nuestra es una ley proactiva, una muestra de resiliencia. Entendemos que la amenaza puede tornarse en oportunidad. Hemos actuado tarde, no hay duda, pero aún tenemos tiempo de retomar el mando de la situación. La Ley de Cambio Climático dibuja una nueva economía para unas islas necesitadas de diversificación y de una actividad más regular en el tiempo. El campo de las energías renovables, de la movilidad eléctrica, de la eficiencia constructiva o de los nuevos métodos de comercialización de energía son algunas de las oportunidades que la Ley pone sobre la mesa.

Hemos querido dibujar nuestro futuro cuanto antes. Nos hemos marcado plazos ambiciosos para la implantación de medidas como la regulación de entrada de vehículos diésel para el año 2025, el consumo de un 35% de energía renovable en 2030 o el control de la circulación de vehículos de combustión para el 2035. Como lo han hecho ya otros países y ciudades de nuestro entorno. Noruega obliga a que todos los vehículos sean eléctricos en el año 2025, hito que países como Holanda, Alemania, Eslovenia, Irlanda o Israel han fijado para el año 2030.

Citando a Xavier Pastor, quien fue en su día Premio Nacional de Medio Ambiente, “Baleares tiene una oportunidad fantástica para liderar en esta transición y se beneficiará económicamente al convertirse en destino sostenible con bajas emisiones de carbono”.

Con valentía y firmeza, esta transición hacia un nuevo modelo energético, de movilidad y económico en Baleares es una oportunidad sin precedentes. Todo cambio implica renuncias y amplitud de miras. Se transformarán hábitos y modelos económicos, y algunas modificaciones serán más difíciles que otras. Por eso la Ley de Cambio Climático esboza el camino hacia una transición que queremos justa, y que en Baleares hemos comenzado a aplicar por la vía de los hechos. La apuesta por las energías renovables es ya una realidad, espoleada desde las administraciones, y con acciones como el cierre progresivo de la central térmica de Es Murterar, la única en las islas que aún funciona con carbón, la autorización para el mayor parque fotovoltaico de las islas, o el consumo exclusivo de energías renovables en los edificios públicos de la comunidad. También se están dando pasos decididos para convertir a Menorca en referente europeo en transición energética, con el objetivo que en el año 2030 el 85% de la energía que se consuma en la isla proceda de fuentes renovables, y se hace con un amplio consenso social, político, institucional y económico.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética encauza un proceso ya iniciado, irreversible e imprescindible. En Baleares queremos liderar esta transición, y aquí está nuestra apuesta. Una Ley que va más allá de las intenciones, que aporta medidas efectivas y planificadas hacia una transición justa. Frente al cambio climático, nuestro cambio.