El centenar de personas sin hogar que cada día se acerca al popular comedor social La Milagrosa de la santacrucera calle de La Noria en busca de ropa, una ducha y comida caliente pasarán estas Navidades sin poder acceder a este recurso.

A partir del próximo lunes 27 de noviembre y hasta mediados de enero, el centro gestionado por la comunidad religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, cierra sus puertas con motivo de los trabajos de reforma que durante los próximos dos meses se llevarán a cabo en su interior, dejando a la ciudad con 100 plazas menos para atender a las personas sin hogar o en situación de exclusión social. 

Durante sus 36 años de historia, esta obra social ha permitido a sus usuarios disminuir los procesos de exclusión y marginación social a los que se ven expuestos, ofreciendo comida caliente, duchas y ropa, pero también servicios de trabajo y atención social.

Este recurso, que según un informe del ayuntamiento es el mejor valorado de la ciudad entre los usuarios, tiene capacidad para hasta 100 personas, aunque tal y como reconoce el ayuntamiento en el I Plan Municipal para la Atención de Personas Sin Hogar de Santa Cruz de Tenerife, resultan insuficientes para atender a todas las personas que cada día se agolpan por fuera de sus instalaciones.

Desde el Área de Acción Social de Santa Cruz de Tenerife han confirmado a este periódico que los usuarios afectados por el cierre serán derivados al comedor del Centro Municipal de Acogida. Un recurso ya de por sí desbordado que se enfrenta ahora al reto de asumir la demanda que deja de satisfacer el comedor de La Milagrosa.

Otra alternativa

Lorenzo (nombre ficticio) vive desde hace años en una cueva del Barranco de Santos, muy cerca del comedor. Aunque reconoce no acudir con demasiada frecuencia, asegura que el servicio que allí se presta es muy bueno: “Sí, he ido varias veces a La Milagrosa. La comida está muy bien y el atendimiento es bueno, pero prefiero buscarme la vida y cocinar aquí”, comenta mientras tiende la ropa por fuera de la cueva que ha convertido en su hogar. 

Para él, en la calle es fundamental tener una rutina y buscar cosas que hacer: “No puedes dejar que el hecho de vivir en la calle te anule. Yo me aseo todos los días, trato de mantener un buen aspecto, ir a la biblioteca a leer…” Pese a no ser un usuario habitual de este recurso, considera que se podría haber buscado otra alternativa al cierre total del comedor: “Muchas personas dependen de ir a comer allí, podrían haber hecho como en la pandemia, que repartían comida para llevar”, achaca.

Una ciudad desbordada

El último Informe de Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, elaborado en 2021 por Cáritas Diocesana, señala que cerca del 60% de las personas que se encuentran en esta situación en la Isla se concentran en el área metropolitana, especialmente en Santa Cruz. Del mismo modo, afirma que el 59,4% de las personas sin hogar que se encuentran en la capital están porque buscan o han encontrado ayuda y recursos específicos de atención y acogida. Según este estudio, todo apunta a que la carencia de infraestructuras de este tipo en el resto de municipios propicia una migración interna entre las personas de este colectivo dentro de la isla hacia la capital. 

Esto explica que el Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz, ubicado junto al pabellón Pancho Camurria, en el barrio de Azorín, se encuentre saturado y atendiendo a muchas personas sin hogar que provienen de otras partes de la isla. Así lo reconocía la corporación local el pasado mes de septiembre tras aprobar por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular durante la sesión plenaria. La propuesta instaba al Cabildo de Tenerife a establecer centros de acogida para las personas sin hogar en las zonas norte y sur de la isla. Desde el Ayuntamiento consideran que este recurso municipal lleva tiempo ejerciendo un servicio de carácter insular y han solicitado formalmente la colaboración del resto de administraciones.

En 2011, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, concluía en un informe que la principal barrera con la que se iban a encontrar las administraciones públicas para instalar plantas de valorización energética era “el rechazo de algunos grupos sociales”. La normativa no impide su instauración. No hay ninguna ley que prohíba esta tecnología. Pero quienes la proyecten deberán tenerlo muy claro.

En Tenerife, después de que el Cabildo insular anunciase su intención de hacerlo, toda la oposición (PP, Coalición Canaria y Podemos) se ha puesto de acuerdo para rechazar el programa. Arico, el municipio del sur de la isla donde se va a montar la planta, también. El Cabildo cree que se está intentando obstaculizar su gestión. “Parece que cada cierto tiempo la estrategia de CC es ir lanzando falsedades y nos tenemos que dedicar a explicar cosas como esta o retrasar los procedimientos, cargándonos de informes que avalen nuestro trabajo”, dijo Pedro Martín (PSOE), presidente de la corporación que gobierna junto con Ciudadanos y el apoyo externo de Podemos.

La polémica no está en si la iniciativa es ilegal o no. Tampoco en qué empresa se hará cargo de los desechos de la isla ya que el procedimiento de contratación aún no ha terminado. Principalmente, hay tres cuestiones detrás: una moral, pues el Cabildo de Tenerife declaró a la isla “territorio libre de incineradoras” hace tres años y ahora promueve técnicas categorizadas por la Unión Europea como tal; medioambiental, ya que Bruselas ha elaborado recientemente un estudio que excluye a la valorización energética como actividad sostenible; y de gestión: algunos expertos temen que debido a esta decisión se reduzcan los esfuerzos por la prevención de residuos y haya un estancamiento de los mismos.

Tenerife tiene un problema: genera demasiados residuos y la mayoría de ellos acaban en una celda de vertidos. En 2019, el Complejo Ambiental de Arico trató 542.320 toneladas de basura, de las cuales 226.756 procedían del consumo doméstico. El 60% de toda esa maraña de desperdicios acabó bajó tierra. La isla lleva décadas haciendo lo mismo. Cuando no se pueden reciclar, los despojos se acumulan en una región cuyo porcentaje de suelo protegido alcanza el 48,6%, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Ya no hay más espacio para más vertederos.

El Cabildo quiere sacarle partido a este asunto. Una empresa (aún se desconoce cuál) se instalará en la isla, pagará por cada tonelada de basura que reciba y sacará provecho de ello vertiendo electricidad a la red (siempre y cuando no se pueda reciclar). Utilizará tratamientos térmicos a altas temperaturas como la pirólisis, gasificación y procesos de plasma para quemar los residuos y obtener energía. Y operará durante 15 años (ampliables a 20), el tiempo necesario para que la inversión de la compañía, que correrá con los gastos de construcción, adecuación y procesamiento, sea rentable. 

A Mariel Vilella, directora de estrategia global de Zero Waste Europe, no le parece la mejor idea. Apunta tres consecuencias perjudiciales: estas plantas “producen emisiones tóxicas”, “emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) contribuyendo así al calentamiento global” y “son incompatibles con la reducción de los residuos, la maximización de la reutilización y el reciclaje”.

Villela explica que una instalación de este tipo necesita de grandes cantidades de desechos para echar a andar. En Tenerife no tendrá problemas, en principio. La isla ha aumentado considerablemente desde 2013 la producción de residuos per cápita, pasando de 530 kilos por habitante en 2011 a 636 en 2019. No se espera que ese número decaiga considerablemente en los próximos años y menos en una comunidad como Canarias, sustentada en el turismo, una máquina de generación de desperdicios.

“Nuestro modelo económico genera mucha basura: envases ligeros, papel y cartón, vidrio… Que son el modelo de usar y tirar. Ni siquiera sabemos lo que reciclamos de verdad. No hay un control y nadie controla a Ecoembes”, sostiene Pilar Álvarez, experta en Educación Ambiental. “Lo de siempre en Canarias es: falta de datos técnicos, caracterización, no hay planes coordinados, etc. Si no cambias el sistema de raíz no habrá nuevos resultados”. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Archipiélago es la tercera comunidad que más residuos genera por persona, 577 kilos, por detrás de Baleares (737) y Cantabria (579).

Las Islas han aprobado recientemente un nuevo plan integral de gestión de residuos (Pircan). El principal objetivo, el que figura en la primera línea del texto, es el de promover la reducción en la producción. Aunque también lo era en el último Pircan que se firmó (2000-2006) y apenas ha habido avances en esa línea. Todo lo contrario, de hecho. Antonella Risso, gerenta técnica internacional de cambio climático de la asociación Salud Sin Daño, pide abandonar las respuestas tecnológicas y avanzar en soluciones sistémicas.

“La incineración no ha resuelto la problemática asociada al volumen de residuos que estamos generando. Necesitamos planes concretos para abandonar el uso de desechables, mejores estrategias de reciclado y compostaje. No existen soluciones únicas aquí. Seguir generando plásticos que contienen sustancias tóxicas para después incinerarlos para una valorización energética no es una solución real”, subraya la experta. Un estudio publicado en la revista Environmental Science & Technology afirma que hemos superado el límite planetario de contaminación química. 

¿Qué le puede esperar a Tenerife?

Un ejemplo claro: según datos de Eurostat, la producción de residuos urbanos en Dinamarca ha aumentado un 62,2% desde 1995 hasta 2020. Y eso que incinera casi la mitad de la basura que origina, de los países que más del continente. En toda la Unión Europa no hay estado que genere más desechos por habitantes que Dinamarca, 845 kilos por persona. Un estudio elaborado por investigadoras italianas sobre la valorización energética llega a varias conclusiones: que esta tecnología solo es eficiente con grandes volúmenes de residuos; que la demanda por ella está aumentando y que la eliminación de despojos se está ralentizando, mientras la basura circula cada vez más entre países. Tenerife tratará los desechos de La Palma y La Gomera. Gran Canaria podría hacer lo mismo con los de Lanzarote y Fuerteventura. 

Las empresas detrás de estos proyectos suelen vender la valorización energética como la panacea, advierte Álvarez. Y debido a que la inversión que hacen es importante (se hacen cargo de todos los gastos de construcción y mantenimiento), exigen a la administración un mínimo de toneladas que tratar, socavando las políticas de prevención y reducción. El Cabildo se vería obligado a garantizar que la basura seguirá fluyendo. En caso de no cumplir con lo estipulado, tendría que pagar una compensación a la empresa.

En Indianápolis (Estados Unidos), el gobierno acordó con Covanta, la compañía encargada de la gestión de la incineradora de la ciudad, un total anual de 300.000 toneladas de desechos, según el periódico local IndyStar. El contrato se redujo a 260.000 toneladas y la administración local tuvo que pagar 2,3 millones de dólares a modo de compensación. En Baltimore, también en el país norteamericano, ocurrió lo mismo y la empresa adjudicataria de la licitación, Wheelabrator, exigió 32 millones de dólares por pérdidas, según el medio WasteDive.

Acorde a un informe de la consultora Research Nester, el mercando mundial de la valorización energética podría alcanzar un balance de ingresos de 42,5 mil millones de dólares para finales de 2024. La idea de acabar con los vertederos es el pretexto que suele emplearse para seguir expandiéndose.

La Alianza Residuo Cero Canarias ha presentado alegaciones al Pircan y ha advertido de una situación de colapso en las Islas. Álvarez aporta más claves. “Esta maniobra del Cabildo ya la avisamos hace años: se va a dar como mal menor la construcción de incineradoras o plantas de valorización energética. Ellos dicen: después del pretratamiento de toda esta basura, ¿qué hacemos con ella? La comunidad europea nos va a meter una sanción si no actuamos. Pues vamos a colocar aquí algo que desvíe el flujo de residuos para considerarlo reciclaje”.

Para Álvarez, es la consecuencia de años y años en no trabajar la prevención, mejorar la reutilización y controlar el modelo de consumo que existe en el Archipiélago. Y si además se promueven tecnologías como esta, que necesitan importantes cantidades de desechos para funcionar, es previsible que no se reduzca la generación de residuos, sino todo lo contrario, como ha ocurrido en Dinamarca.

“Ha habido lustros, décadas de mala actuación y dejación. Estamos en emergencia climática y no estamos viendo que se tomen medidas valientes”, agrega. El Cabildo de Tenerife aprobó hace unos meses el borrador del programa de prevención de residuos, pero no cuenta aún con presupuesto. El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, justificó la valorización energética porque teme, entre otras cosas, que los ayuntamientos canarios no implementarán a corto plazo el quinto contenedor para la materia orgánica. 

Problemas operacionales y medioambientales

Desde que empezó a promover esta infraestructura, el consejero Rodríguez ha evitado utilizar la palabra “incineradora” y ha optado por el término “planta de valorización energética”, alegando que no se pretende prender fuego a los residuos, sino utilizar una tecnología mucho más avanzada. Concretamente, en esa planta se llevarían a cabo tres procesos químicos: pirólisis, gasificación y gasificación por plasma. Estos tratamientos térmicos consisten, básicamente, en someter a los residuos a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Con esto se conseguiría reducir su volumen y extraer de ellos gas y combustibles que podrían ser comercializados.

Sin embargo, en otras partes del mundo estas plantas han demostrado ser problemáticas. El informe Gasificación y pirólisis de residuos: procedimientos de alto riesgo y baja rentabilidad para el tratamiento de residuos, de la asociación Gaia, destaca multitud de experiencias en distintos puntos del planeta que han resultado fallidas. En 2016, solo dos años después de haber firmado el contrato para la construcción de una planta con el gobierno de Reino Unido, la compañía Air Products abandonó el proyecto debido a “problemas operacionales y de diseño”. La propia empresa reconoció que la tecnología estaba resultando ser “mucho más compleja de lo que se creía en un principio”.

En este mismo país, la compañía New Earth Solutions cosecha un total de seis instalaciones fallidas o abandonadas. Según dicho informe, los costes de mantenimiento, reparación y mano de obra resultaron ser más altos de lo que se había planeado en un primer momento. El fracaso de uno de los proyectos le supuso una pérdida de al menos 2,4 millones de libras al gobierno local. Pero las incineradoras fallidas se extienden por la geografía de los diferentes continentes. Algunas ciudades de Canadá, Escocia, Estados Unidos, Alemania y Australia también han sufrido la inoperancia de estas plantas de valorización energética.

Sobre la causa de este tipo de problemas, Antonio Marcilla, doctor en Ciencias Químicas y catedrático de la Universidad de Alicante, asegura que tiene que ver con el tratamiento de residuos para los que no están preparadas estas infraestructuras. “Sé de ayuntamientos que han instalado la planta y después han tenido problemas porque no estaba diseñada para los residuos que han querido tratar. No es una planta estándar que sirva para cualquier tipo de residuo y que resuelva el problema. Se tiene que operar de una forma muy específica y, muchas veces, entre los residuos aparecen restos de metales que pueden generar problemas de funcionamiento y de medioambiente”.

Las emisiones de furanos y dioxinas es otra de las cuestiones que el consejero del Cabildo, Javier Rodríguez, ha negado rotundamente. No obstante, desde la ONG Salud Sin Daño aseguran que estas emisiones sí pueden darse durante el tratamiento de determinados materiales: “Las dioxinas y furanos se generan al incinerar ciertos tipos de plásticos como el PVC”. En este punto, el profesor Marcilla coincide: “Si estás tratando residuos urbanos mezclados con plásticos y las condiciones en las que se opera no son las adecuadas, se pueden llevar a cabo emisiones contaminantes que pueden resultar tóxicas: monóxido de carbono, poliaromáticos, dioxinas…”

Ante el aluvión de críticas que ha recibido por parte de la oposición, el Cabildo ha encargado –a posteriori– dos informes con los que respaldar su postura. Uno ha sido realizado por el grupo de investigación de Catálisis Heterogénea de la Universidad de La Laguna y otro por los servicios técnicos del propio Cabildo. Sin embargo, ninguno de esos dos informes menciona uno solo de los inconvenientes que presentan este tipo de plantas. Y pese a que sí menciona algunos casos de éxito, no nombra ni una sola de las tantas experiencias que han resultado fallidas.

Ha pasado algo más de un mes desde que la alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes (CC), firmara el convenio que ha permitido que a día de hoy las aguas residuales de Garachico, en el norte de Tenerife, estén siendo expulsadas por el emisario submarino de su municipio. Este acuerdo supone un avance en el objetivo del Consejo Insular de Aguas (CIATF), que pretende establecer en la isla un sistema de depuración comarcal de alto coste energético. 

En este contexto, el alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González (Sí se puede), cree que todavía hay razones suficientes para seguir trabajando en aras de una depuración más barata, sostenible y “adecuada a las necesidades de los municipios de la Isla Baja”, comarca de la isla que incluye a los municipios de Garachico, Los Silos, El Tanque y Buenavista.

¿Por qué a día de hoy la Isla Baja, como tantas otras comarcas de la isla, sigue vertiendo al mar sus aguas fecales sin depurar?

En primer lugar, creo que hay que hacer autocrítica. La depuración es un tema del que los ayuntamientos nos hemos preocupado poco. Durante mucho tiempo hemos sido muy irresponsables con este tema. Incluso en Buenavista, que es un municipio que tiene su instalación de una manera muy precaria, siempre se nos dijo que nosotros estábamos por delante de otros ayuntamientos porque, a pesar de la precariedad, nos habíamos preocupado por mantener la depuradora, aunque fuese en ese estado tan precario. 

Sin embargo, a partir de 2017 sí que empezamos a reivindicar de manera más activa la necesidad de depurar para dejar de verter las aguas en esas condiciones. No obstante, como no nos hemos avenido a la solución que se planteaba por parte del Consejo Insular de Aguas, han pasado los años y al final las inversiones que se han hecho son nulas, en el caso de Buenavista y Los Silos. En Garachico, la solución, que es el tratamiento de las aguas, pues ni siquiera se ha logrado poner en marcha.

En el Plan Hidrológico de Tenerife, el CIATF argumenta que las depuradoras comarcales gestionadas por ellos son más eficientes que las de titularidad municipal, por eso de que pueden acceder a las economías de escala. ¿Cuánto hay de cierto en esto?

Bueno, yo realmente no voy a entrar en las valoraciones que se puedan hacer para otra parte de la Isla, pero creo que en la Isla Baja esta economía de escala no se da. Al final, el volumen de aguas que se va a manejar es muy pequeño. Estamos hablando de la recuperación de aguas de la Isla Baja exclusivamente. En este sentido, la propuesta del Consejo Insular de Aguas es matar moscas a cañonazos. Además, nosotros lo hemos valorado y creemos que, con respecto a nuestra alternativa de depuración, la industrial va a disparar los costes, porque toda esa agua que se va a tratar en un mismo punto tiene que ser bombeada hasta el lugar en el que se encontraría la estación depuradora. Eso conlleva unos costes eléctricos que no se darían en la propuesta que han hecho los ayuntamientos al CIATF y por el que lleva años luchando la ciudadanía.

Porque en el sistema de depuración natural que proponen los ayuntamientos se aprovecha la fuerza de la gravedad, ¿no?

Exactamente. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Sostenibilidad –y lo llevamos diciendo desde 2017– no es solamente que la energía que se utilice venga de una fuente verde, sostenibilidad es utilizar la menor cantidad de energía posible. Y, en este caso, es más eficiente la fuerza de la gravedad. Y la propuesta de depuración descentralizada de los tres ayuntamientos [Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte] funciona en un 90% por gravedad. Por lo tanto, elimina todos esos costes que supondría la propuesta del Consejo Insular de Aguas.

Cuando habla de la propuesta de los tres ayuntamientos da la sensación de que existe cierto consenso entre las corporaciones locales de la Isla Baja en relación al tipo de depuración que quieren para la comarca. Sin embargo, recientemente la alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes (CC), ha firmado un convenio con el CIATF por el que se autoriza a conectar las aguas residuales de Garachico con las de su municipio ¿Qué le parece el cambio de parecer del Ayuntamiento de Los Silos con respecto a este tema? ¿Y a qué cree que se debe?

Bueno, con respecto a esto yo creo que existe un consenso importante. No creo que la firma del convenio represente un cambio en los objetivos que se persiguen por parte de los ayuntamientos de la Isla Baja. Yo creo que la firma del convenio era, desde nuestro punto de vista, algo inevitable, ya que estaba incluido dentro de ese primer ciclo del Plan Hidrológico de Tenerife. Era un convenio que estaba paralizado por una serie de decisiones judiciales pero que se han acabado desbloqueando en este momento. Yo he estado reunido con la alcaldesa de Los Silos y, obviamente, nuestra disposición es seguir trabajando por una depuración descentralizada. Y, evidentemente, si los tres municipios conseguimos tener nuestras propias depuradoras, ese trasvase de aguas, por más que esté firmado, no se va a producir. Por eso tenemos que seguir trabajando, yo tengo la palabra de la alcaldesa de Los Silos y creo que la unión de los tres municipios –que es lo que siempre se ha perseguido– sigue en pie. Y creo que es importante, no solo de cara a la ciudadanía, sino también de cara a las administraciones superiores, que sigan percibiendo esa unidad para conseguir que la depuración que tengamos sea la depuración que necesitamos.

¿No cree entonces que esta conexión de las aguas de Garachico y las de Los Silos suponga un avance en el plan del Consejo Insular de Aguas? Porque lo que pretende el CIATF al final es unificar todas las aguas residuales de la Isla Baja para depurarla en una única estación comarcal.

A ver, está claro que el CIATF sigue trabajando en la línea de unificar los vertidos en un solo punto. Y está claro que este trasvase de aguas estaba incluido dentro de ese primer ciclo del Plan Hidrológico. Evidentemente no es una buena noticia. No voy a decir que es una victoria en esta contienda. Pero sí es verdad que no modifica los objetivos que tenemos. Los ayuntamientos vamos a seguir defendiendo lo que llevamos reclamando desde 2017: una depuración natural y descentralizada. 

Usted ha dicho que con aquella sanción de 60.000€ que propuso en octubre el Consejo Insular de Aguas lo que intentaba era desprestigiar y avasallar al Ayuntamiento de Buenavista. Ahora, casi de forma inesperada, la alcaldesa de Los Silos firma el convenio de trasvase de aguas por miedo a incurrir en responsabilidades penales. ¿Está presionando el CIATF a los ayuntamientos para imponer su modelo de depuración industrial?

Sin ninguna duda. El expediente del que nace esa propuesta de sanción surge en agosto de 2019, justo cuando nosotros accedemos al grupo de gobierno. Obviamente el Consejo Insular de Aguas está empleando todo su potencial para influir en las decisiones que se tomen en los ayuntamientos. Yo creo que el Consejo ha demostrado ser bastante reticente a que los municipios podamos depurar de una manera más sostenible. Y al final todas estas cuestiones judiciales son solo la punta del iceberg de una reticencia sistémica que no nos permite avanzar. 

En todas las reuniones con el Consejo Insular de Aguas acaba apareciendo la palabra Fiscalía, que es una palabra a la que hay que tenerle muchísimo respeto. Y nosotros se lo tenemos porque hay que tener respeto por la Justicia. Pero sí considero que cuando el CIATF utiliza este tipo de argumentos lo hace para hacernos saber que todo este asunto puede acabar judicializado. Lo cual es una mala noticia.

¿Y teme tener que ceder, como lo ha hecho la alcaldesa de Los Silos, para evitar este tipo de responsabilidades penales? 

Nosotros entendemos que no, porque lo que estamos planteando son medidas que vienen a minimizar los puntos donde no se está depurando correctamente. Y eso, en otros municipios de la Isla –como en Arona– sí se ha autorizado por parte del Consejo Insular de Aguas. Así que si quieren presionar al Ayuntamiento de Buenavista no autorizando lo que sí ha autorizado en otros lugares, tendrán que dar explicaciones.

Lo que sí consideramos es que el Plan Hidrológico es inamovible cuando se trata de la tecnología con la que se ha de depurar, pero cuando se quieren poner depuradoras intensivas –aunque sea de manera puntual para controlar puntos de vertidos– ahí parece que no hay tanto problema. 

Ha dicho en alguna ocasión que pretende reunirse con el presidente del Cabildo para tratar este asunto ¿Ha podido hablar con él?

Sigo sin poder hablar con él de este tema. He solicitado una reunión de manera insistente y, hasta el momento, esa reunión no se ha podido producir. Pero es una cuestión que tengo encima de la mesa, porque creo que ya no es solamente el tema de la sanción, sino que toca desbloquear el acuerdo que se alcanzó –si mal no recuerdo– en abril o mayo del año pasado y toca desbloquear estos proyectos a través del Área de Cooperación para que los ayuntamientos podamos ir trabajando. 

Yo creo que hay que desembarazarse de todo el ruido que se ha generado alrededor de esto. Nosotros queremos mejorar nuestra depuración y tenemos una manera de hacerlo que es eficiente y mucho más barata de lo que se nos ha propuesto por parte del Consejo Insular de Aguas. Yo creo que lo que toca es ponernos a trabajar y mejorar esas condiciones de depuración y, por tanto, de vertido y contaminación. 

¿En qué momento perdieron los ayuntamientos la competencia en la gestión de sus aguas residuales?

Es una competencia municipal. El Consejo Insular de Aguas está planteando que ellos se harían cargo del mantenimiento, pero eso deciden si delegarlo o no los ayuntamientos. Y yo quiero recordar que cuando el ayuntamiento delega esas funciones en el CIATF, este no lo hace gratuitamente; cobra por ello a las corporaciones locales y estos a su vez están obligados a trasladar ese gasto a los ciudadanos. 

Aquí, desde el año 2017, se pretende hacer ver que no va a haber problema porque el CIATF se va a encargar del mantenimiento y demás. No obstante, el titular de sus depuradoras siempre va a ser el ayuntamiento, que podrá delegar su mantenimiento en el CIATF. Y si esa instalación es de alto coste energético va a repercutir en los ciudadanos del municipio.

¿Y la inversión para instalar las depuradoras también tendría que asumirlas el Ayuntamiento?

Esta es otra cuestión que nosotros no entendemos y que llevamos tiempo planteando. Si existe dinero para construir unas depuradoras –bueno, depuradoras, estaciones de tratamientos y estaciones de bombeo– con el sistema intensivo que propone el CIATF, ¿por qué para un sistema que es muchísimo más barato [el natural] no se nos otorga esa financiación por parte del Consejo Insular de Aguas? Yo creo que es otra forma de coacción.

En Buenavista ya estamos ultimando los detalles para que, por medio del Plan de Cooperación del Cabildo, este sistema descentralizado sea una realidad en nuestro municipio.

El informe jurídico del Ayuntamiento de Los Silos que justifica la firma del convenio dice que la depuración natural se encuentra “en fase embrionaria” por carecer de estudio de viabilidad, no estar en el PHT ni existir un proyecto técnico que la avale.

No es una tecnología embrionaria. Se lleva utilizando muchos años; incluso antes que la intensiva. De hecho, tenemos el ejemplo de tres depuradoras que están funcionando actualmente en nuestro municipio: en el albergue de Bolico, en Los Carrizales y en Masca. Además, esta última, al estar en una zona tan visitada asume los vertidos de mucha más gente de la que tiene aparejada. Y funciona perfectamente. Lo que puede ser es que algunas tecnologías extensivas no se encuentren en un estado de maduración como el que exige el CIATF. 

De todas maneras, según nos comentan algunas fuentes ingenieras lo que ocurre es que el CIATF es bastante reticente a tolerar nuevas fórmulas de depuración extensivas. Se ciñen a cálculos antiguos y lo utilizan como argumento, alegando que no hay superficie para depuradoras extensivas porque realmente los cálculos que hacen son los que se tenían hace muchísimo tiempo y que ya están completamente desactualizados. 

El gerente del CIATF, Javier Davara, trabajó antes para la multinacional Suez, propietaria de la empresa Canaragua. Además, en la Junta del CIATF están representadas algunas empresas del sector del agua, como Emmasa o del sector de la ingeniería, como Imtech. ¿Cree que los intereses de esas empresas pueden influir en la toma de decisiones del CIATF?

Yo no me atrevo a decir eso. Creo que Javier Davara es una persona altamente cualificada para el puesto que desempeña. Yo sé que el Consejo Insular de Aguas históricamente ha tenido bastante relación con lo privado. No solamente las empresas de tratamiento de agua sino también con las de su explotación. Y eso obedece a las políticas del agua en la Isla de Tenerife. Nosotros sí que apostamos por otro tipo de políticas, desde un punto de vista más público, pero yo no me atrevo a poner en cuestión de manera concreta ese aspecto. Además, y esto lo digo con honestidad, le tengo un respeto muy grande a nivel profesional al señor Javier Davara.

¿Y qué cree entonces que lleva al CIATF a no valorar otras opciones como la depuración natural?

Creo que el Consejo Insular de Aguas, desde hace mucho tiempo, emprendió una planificación que pasaba básicamente por la acumulación de agua en puntos concretos. Esa planificación se llevó a cabo hace mucho tiempo, en otro contexto –sobre todo desde el punto de vista energético– y creo que se pretende seguir apostando por un planteamiento que está completamente desfasado. Al menos para esta parte de la isla, porque quizás para otras comarcas que manejan otros volúmenes de agua la propuesta del CIATF sí pueda ser la correcta.

Se ha demostrado en los últimos años: la isla no atiende solamente a una realidad. Y en el caso de la Isla Baja creo que toca tomar otro tipo de decisiones diferentes a esa propuesta única que tiene el Consejo Insular de Aguas.

El cierre de playas en Tenerife por la presencia de la bacteria E.coli es ya casi una tradición veraniega. Sobre todo en el mes de septiembre, cuando el mar se calma y la quietud de las aguas facilita su aparición en las zonas de baño. Pero ¿cómo llega al mar una bacteria que se encuentra en el intestino de los humanos? 

Pablo Martín es biólogo marino y frente a la Playa de los Abriguitos, en Abades, explica la problemática: “A tan solo 200 metros de la orilla y a unos nueve metros de profundidad hay una tubería expulsando de forma continuada toda la mierda que viene directamente desde las casas del pueblo”. Se trata de un emisario ilegal que expulsa aguas fecales que ni siquiera han pasado por un proceso de depuración. “Este es un punto muy frecuentado por buceadores. Los cebadales que hay en esta zona hacen que este espacio sea un lugar muy atractivo para todo tipo de fauna marina, especialmente para las tortugas. Es una pena que nos lo estemos cargando”, lamenta. 

Ya en la orilla, se pone las aletas y se sube el neopreno mientras comenta lo comunes que son estos vertidos a lo largo de los 336 kilómetros de costa que tiene Tenerife. Tras unos cuantos minutos nadando, Pablo da con el famoso emisario. Su dedo señala el lugar exacto en el fondo, pero la turbidez del agua en este punto no deja ver con claridad. “Cuidado con tragar agua ahora”, advierte. Al rato, una gran nube amarillenta aparece. Ahora sí se aprecia la desembocadura de la tubería. Pablo desciende con su cámara acuática y graba unos cuantos planos de cerca; demuestra tener unos buenos pulmones. La nube se va disipando y las partículas de los restos fecales se pueden observar a simple vista. A los pocos minutos vuelve a salir otra aún mayor. Esto no para.

Durante la vuelta a nado a la orilla Pablo se da cuenta de algo: las olas están arrastrando todas estas partículas a la zona de baño. Efectivamente, a medida que la orilla se acerca, el agua parece estar más sucia. Ya fuera, unas señoras se secan tras su baño mañanero mientras hablan de lo que les espera para comer hoy. “Lo peor es que toda esta gente probablemente ignora lo que pasa allí abajo”, dice Pablo resignado.

El plan del CIATF

La Isla está rodeada por multitud de emisarios que vierten al Atlántico, sin depurar, las aguas que desecha la población al tirar de la cisterna, fregar la loza o poner una lavadora. En 2015, cuando se redactó el último Plan Hidrológico de Tenerife (PHT), aún en vigor, solo 11 de los 31 municipios de la Isla cobraban una tasa por depurar las aguas negras generadas por sus vecinos. Dicho plan achaca estas carencias a dos factores: en primer lugar, a la incapacidad económica de buena parte de los ayuntamientos para hacer frente al mantenimiento de las depuradoras. En segundo lugar, al papel secundario que ha ocupado tradicionalmente el saneamiento en las prioridades de los municipios.

Estos son algunos de los argumentos que esgrime el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) para apostar por sistemas de depuración de ámbito comarcal que estén bajo su gestión, ya que, al poder aprovechar la economía de escala, los consideran más eficientes que las instalaciones municipales: “El nivel de recuperación de costes es mayor en las grandes ciudades y en los sistemas comarcales gestionados por el CIATF”, se asegura en el Plan Hidrológico de Tenerife.

Sin embargo, algunos ayuntamientos no consideran esta opción la mejor para sus municipios y se oponen a este sistema industrial y comarcal que pretende imponer el Consejo Insular de Aguas. Es el caso de Antonio González (Sí Se Puede), alcalde de Buenavista del Norte. Su ayuntamiento lleva desde 2017 reclamando, sin éxito, que se instalen depuradoras naturales en su municipio para así dejar de verter las aguas residuales a una suerte de pozo negro. “En la Isla Baja [como se denomina a esa parte de la isla de Teneirfe] esa economía de escala no se da. Al final, el volumen de aguas que se va a manejar es muy pequeño. La propuesta del Consejo Insular de Aguas es matar moscas a cañonazos”, critica. 

El sistema comarcal que promueve el CIATF pasa por tratar las aguas residuales de diferentes municipios en un único emplazamiento. Para llevar a cabo esta opción no solo se requiere la estación de tratamiento en sí, sino que se necesita también la conexión de las diferentes redes de saneamiento municipales de la comarca y una estación de bombeo que impulse el agua hasta la estación depuradora, que en el caso de la Isla Baja iría ubicada en el barrio buenavistero de Las Canteras, a una altitud de 160 metros sobre el nivel del mar. Una vez depurada, el agua sería enviada al mar a través de un emisario submarino.

Esto supondría, por tanto, una inversión en infraestructuras y unos costes energéticos notablemente superiores a los de la depuración natural, que utiliza la fuerza de la gravedad y la fotosíntesis de las plantas para tratar el agua. “Sostenibilidad –y lo llevamos diciendo desde 2017– no es solamente que la energía que se utilice venga de una fuente verde; sostenibilidad es utilizar la menor cantidad de energía posible”, argumenta González. El alcalde recuerda que los costes del proceso de depuración acabarán siendo asumidos por los vecinos en la factura del agua, por lo que cuanto más barato sea depurar, menos tendrán que pagar los ciudadanos.

La lucha de la Isla Baja

Pero el de Buenavista no es el único municipio que defiende la depuración natural frente a la industrial del CIATF. En esta zona de Tenerife siempre ha habido consenso entre las corporaciones locales con respecto a este tema. Y es que la Isla Baja es una de esas comarcas tinerfeñas que no cuenta aún con un sistema que depure sus aguas. Los municipios que la componen (Buenavista, El Tanque, Garachico y Los Silos) han sido sancionados en diversas ocasiones por la Unión Europea debido al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, por la que se regulan los vertidos de aguas residuales urbanas. 

“No somos la cloaca de la Isla Baja”, reza uno de los tantos carteles que cuelgan de los balcones del casco histórico de Los Silos. El año pasado ya se tuvo que cerrar al baño los famosos charcos de la costa silense por “motivos sanitarios”, después de que aparecieran flotando en su interior algunos peces muertos. La necesidad de depurar las aguas que se vierten al mar a través del emisario del Charco de la Araña es un asunto que lleva siendo objeto de debate en el municipio desde hace más de un lustro. En 2017 nació la Plataforma Los Silos - Isla Baja, que desde entonces reclama con insistencia la instalación de depuradoras extensivas en la comarca.

Lejos de atender esa demanda, la alcaldesa del municipio silense, Macarena Fuentes (CC), apuesta ahora –después de haberse posicionado en contra– por conectar las aguas residuales de Garachico con las de Los Silos. Este cambio en su posición se materializó el pasado mes de diciembre a través de la firma de un convenio con el CIATF, por el cual se permite el vertido de las aguas residuales de Garachico a través del emisario submarino de su municipio. 

Este convenio supone un avance dentro de la hoja de ruta del Consejo, que pretende conectar los diferentes sistemas de saneamiento de la comarca para unificar sus aguas residuales. Sin embargo, la alcaldesa nacionalista no considera que esto sea un impedimento para avanzar hacia la alternativa que llevan años reclamando en la Isla Baja. Desde Buenavista, González se muestra tranquilo. Dice tener la palabra de su homóloga silense para seguir trabajando en la línea de la depuración descentralizada y cree que la firma del convenio era “algo inevitable”, ya que estaba incluido dentro del primer ciclo del Plan Hidrológico de Tenerife. 

La firma del acuerdo con el CIATF le costó a Fuentes las críticas de buena parte de los vecinos, que han llevado a cabo diversas protestas contra lo que consideran una “traición al pueblo” y “una cesión frente a los intereses del CIATF”. En la tarde del pasado jueves 27 de enero, alrededor de 200 vecinos se congregaron en la Plaza de La Luz, frente al Ayuntamiento de Los Silos, para protestar contra la decisión del grupo de gobierno y reclamar la instalación de una depuradora natural.

Mediante una comparecencia online, Fuentes (CC) y su socia de gobierno, Raquel González (PP), aseguraron que el convenio es una solución provisional que regularizará los vertidos ilegales. Y es que esa tubería que lleva décadas expulsando aguas negras al océano no se encuentra autorizada por el Gobierno de Canarias. Además, tras una observación realizada en 2017, esta administración reconoció un impacto en el medio marino: “En el entorno de la zona en la que se produce el vertido, se observa un fondo deteriorado por la presencia de residuos procedentes de este”. Sin embargo, legalizar no significa depurar. Con la firma de este convenio no se soluciona el problema de los vertidos, solo se consigue que el consistorio no siga recibiendo multas. 

Un Consejo interesado

La guía de Procesos Extensivos de Depuración de las Aguas Residuales, publicada por la Comisión Europea en 2001 y basada en las experiencias con estos sistemas en Francia, sí avala la depuración natural para pequeñas y medias colectividades. Según este documento, “los costes de inversión de los procesos extensivos son generalmente inferiores y las condiciones de explotación son menos difíciles, más flexibles y más económicas en cuanto a energía”. Además, resalta: “estas técnicas necesitan menos personal y menos especialización que en el caso de las intensivas”.

Pese a todo, el Consejo Insular de Aguas sigue adelante en su idea de implantar una red comarcal de depuradoras industriales sin atender a las peculiaridades de cada municipio. Y es que el CIATF mantiene fuertes vinculaciones con el sector privado. Su actual gerente, Javier Davara, trabajó durante años para empresas del sector como el Grupo Agbar y la multinacional Suez, que el pasado año se hizo con la propiedad total de la empresa Canaragua, operadora del ciclo del agua en varios municipios de Canarias. 

Por otra parte, la Junta del Consejo Insular de Aguas está compuesta por un total de 50 personas, de las cuales solo 24 son representantes públicos frente a 26 del ámbito privado. Entre estos últimos hay representantes de empresas del sector del agua, como Emmasa o Aqualia, del sector de la ingeniería, como Imtech y de organizaciones agrarias y empresariales.

El alcalde de Buenavista, Antonio González no niega la histórica relación del CIATF con el sector privado, pero cree en la profesionalidad de su gerente: “Yo no me atrevo a decir eso” [que las decisiones del Consejo Insular de Aguas estén condicionadas].“Creo que Javier Davara es una persona altamente cualificada para el puesto que desempeña y le tengo un respeto muy grande a nivel profesional”, sentencia.  

Sin embargo, sí cree que la hoja de ruta que sigue el CIATF está desactualizada con respecto a los objetivos de sostenibilidad que se persiguen: “Esa planificación se llevó a cabo hace mucho tiempo, en otro contexto –sobre todo desde el punto de vista energético– y creo que se pretende seguir apostando por un planteamiento que está completamente desfasado, al menos para esta parte de la isla”, asegura. 

El pasado 29 de diciembre, unas 1.500 viviendas del municipio tinerfeño de Arona, en el sur de la isla, se vieron afectadas por un corte en el suministro eléctrico. ¿La causa? Una deuda que Ten-Bel Turismo, S.L., la empresa propietaria de este conjunto de urbanizaciones, mantiene con Endesa. El problema, dicen desde el Ayuntamiento, es que “todas las urbanizaciones tienen unificado el contrato eléctrico”, es decir, no los tienen individualizados ni por viviendas ni por urbanizaciones. Y a pesar de que los vecinos han abonado el importe de sus facturas a la empresa, que es la titular del contrato, esta no ha hecho lo propio.

A tan solo dos días de fin de año, con sus facturas correctamente pagadas y sin recibir ningún tipo de aviso, los vecinos de la zona dejaron de tener luz en casa. Al día siguiente se organizaron y, con la colaboración del Ayuntamiento, la Policía Local y Protección Civil, instalaron grupos electrógenos que desde el día 30 de diciembre proporcionan corriente eléctrica a las diferentes urbanizaciones del lugar. Dos semanas más tarde, siguen rellenando con gasolina estos costosos aparatos para poder tener luz en sus casas. 

Un conflicto privado

Luca Mastrantonio es presidente de su comunidad en una de las urbanizaciones afectadas por este corte en el suministro y considera “inaceptable” que la corporación local de Arona no medie para solucionar el problema: “Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento en varias ocasiones. Yo mismo fui esta mañana a presentar una queja y dicen que no pueden hacer nada”, afirma. 

Fuentes municipales reconocen que, efectivamente, al tratarse de una deuda privada entre Ten-Bel Turismo, S.L. y Endesa, el Ayuntamiento no puede inmiscuirse. El consistorio asegura haber hecho lo que estaba en su mano al ayudar a instalar esos grupos electrógenos que, sin embargo, tienen que costear las comunidades de vecinos. “Dicen que es un asunto entre la empresa y la compañía eléctrica, pero no deja de afectarnos a nosotros, los vecinos de su municipio, que pagamos nuestros impuestos, nuestras facturas y no tenemos culpa de esto”, afirma indignado Mastrantonio.

Su comunidad, Apartamentos Eureka, está compuesta por unas 162 viviendas y tras dos semanas de autoabastecimiento eléctrico, ven inviable seguir haciendo frente a los altos costes que supone generar electricidad de este modo: “Mantenemos apagada la iluminación en jardines y zonas comunes, pero aún así, entre el alquiler de los generadores y la gasolina estamos gastando unos 4.000 euros semanales”, sentencia. Se nos han acabado los fondos de la comunidad y no vamos a poder costearlo más tiempo“, asevera. 

Ante la imposibilidad de afrontar estos gastos, creen que tendrán que vivir sin electricidad en sus domicilios, algo que consideran “lamentable'', pues allí viven personas mayores y familias con niños que necesitan tener acceso a algo tan básico como una ducha caliente, cocinar, trabajar desde casa o una correcta iluminación. Mastrantonio, por su parte, entiende que esto es un problema que Endesa tiene con la empresa Ten-Bel y que los vecinos que pagan sus facturas no tienen por qué estar haciendo frente a esta situación.

Empresa arruinada, ciudad en ruinas

No obstante, no es la primera vez que Ten-Bel Turismo, S.L. (el nombre proviene de la unión de las palabras Tenerife y Bélgica, que era el turismo que visitaba la zona en los años 60, cuando se inauguró, aunque su apogeo llegó en los 80, cuando contaba con todo tipo de instalaciones de ocio y deportes y más de 5.000 camas turísticas) es la causante de algún tipo de perjuicio a terceros. La empresa que construyó lo que un día fue una de las primeras ciudades de vacaciones de España no solo tiene una deuda con la compañía eléctrica Endesa, sino que tiene también asuntos pendientes con Hacienda. Actualmente, aúna entre sus socios a diversos inversores y aparece en la última lista de deudores que ha hecho pública el pasado mes de diciembre la Agencia Tributaria, a quien debe más de 650.000 euros.

En abril del pasado año, la compañía volvió a ser noticia cuando los trabajadores del hotel Alborada Ocean Club, también propiedad de Ten-Bel, convocaron una huelga tras pasar tres meses consecutivos sin cobrar su sueldo. Esto, sumado a los otros tres salarios que ya se les debía de la gestión anterior –cuando el nombre del hotel era Annapurna– hacía un total de seis nóminas a deber por aquel entonces.

Además, esta zona residencial se encuentra en un pésimo estado de conservación: edificios vandalizados, paseos derruidos, jardines invadidos por las malas hierbas, calles sin iluminación, carreteras plagadas de baches, zonas comunes completamente destrozadas… Tampoco ante esta situación puede hacer nada el Ayuntamiento de Arona, que observa impasible cómo lo que un día fue una de las zonas más lujosas y turísticas del sur de Tenerife está hoy sumida en el más profundo abandono. 

En 2013, y ante la imposibilidad de hacer frente a la totalidad de los pagos que adeudaba, Ten-Bel Turismo, S.L. presentó, de forma voluntaria, la solicitud de concurso de acreedores, procedimiento en el que sigue inmersa a día de hoy después de que no fuese admitida la propuesta de convenio presentada por la empresa.

Hace unos años nadie podía imaginar que uno de los juguetes más populares entre los niños acabaría adquiriendo la función de medio de transporte, que invadiría el entramado de gran parte de las ciudades del mundo y se consolidaría como una nueva forma de movilidad urbana.

En algunos de los municipios más grandes de Canarias ya se han instalado empresas que ofrecen servicios de alquiler de estos vehículos mediante aplicaciones móviles. Su funcionamiento es sencillo: la app le muestra al usuario todos los patinetes que hay disponibles en la ciudad, este localiza el más cercano, lo desbloquea realizando un pago online (generalmente por valor de un euro) y ya puede circular hasta su destino. Una vez allí, el usuario es el encargado de aparcarlo y finalizar el viaje para realizar un último pago, que varía en función de la duración del trayecto.

Este nuevo medio de transporte, que se presenta como una alternativa más práctica, económica y sostenible que el coche, está generando, sin embargo, algunos inconvenientes. Dando una vuelta por cualquier ciudad resulta común encontrarse con patinetes que quedan mal estacionados después de que los usuarios, tras finalizar su trayecto, hayan decidido dejarlos en mitad de las aceras, ocupando pasos de peatones o incluso tirados en el suelo. 

Esta circunstancia no solo resulta ser un estorbo para la correcta circulación de los peatones, sino que supone otra barrera más para las personas que padecen alguna discapacidad física, que en ocasiones (cuando la acera es demasiado estrecha) se ven obligados a bajar a la calzada, con las molestias y los peligros que ello conlleva. Salvador Morales es presidente de Coordi Canarias, la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, y requiere de una silla de ruedas eléctrica para desplazarse: “Los patinetes eléctricos están suponiendo un obstáculo más para las personas que tenemos movilidad reducida. No digo que no deban promoverse estos medios de transporte, pero se tiene que buscar la manera de que todas las formas de movilidad puedan coexistir sin que una interfiera sobre las demás”. 

A este respecto, José Ignacio Delgado, vicepresidente de la Asociación de Movilidad Personal de Canarias (AMPECAN), cree que existe cierto ataque al sector de los patinetes eléctricos y que se debe a las molestias que genera la actividad de estas empresas de alquiler. Por ello, recalca que hay que hacer una clara diferenciación entre los usuarios particulares que disponen de patinete propio y las empresas que despliegan cientos de patinetes por la ciudad: “Entendemos que estas empresas ejercen una labor muy interesante, porque facilitan el acceso a este tipo de movilidad. Sin embargo, consideramos que los ayuntamientos no tienen solo que darles el permiso para operar, sino establecer unas condiciones para que los usuarios, que en ocasiones no destacan por su civismo, tengan unas reglas que obedecer y existan unas infraestructuras que ordenen el tráfico y el estacionamiento”.

Las empresas que ofrecen estos servicios no se encargan de reubicar los patinetes en caso de haber quedado mal estacionados. Por el contrario, delegan esta labor en la responsabilidad individual de los usuarios. La multinacional Lime, se limita a recomendar, a través de una breve guía en su web, estacionar sus vehículos de la siguiente forma: “Evite estacionar en pasos de peatones, rampas de servicio y paradas de autobús. Estacione correctamente, preferiblemente entre árboles o en las áreas de estacionamiento de bicicletas existentes”. De esta manera, los patinetes que se estacionan mal quedan ahí, estorbando a la espera de que otros usuarios los alquilen. 

En manos de las corporaciones locales

En su normativa, la Dirección General de Tráfico establece algunas medidas de seguridad, como la prohibición de circular por autopistas o los límites de velocidad, pero no especifica nada en cuanto al estacionamiento de estos vehículos. En su lugar, deja cierto margen de actuación a las corporaciones locales para que las medidas que se adopten puedan adecuarse a las peculiaridades de cada núcleo poblacional. 

Para solucionar los problemas y dudas que existen en torno a la actividad de estas empresas de alquiler, el vicepresidente de Ampecan, considera fundamental avanzar en el desarrollo de normativas específicas que contemplen y regulen esta realidad: “Es necesario que pongan en marcha las ordenanzas municipales correspondientes. Nosotros nos hemos puesto en contacto con muchísimos ayuntamientos para ofrecerles nuestra colaboración y nuestro punto de vista y se les ha enviado documentación, información y datos para que los usuarios tengan un marco al que atenerse”. Delgado también cree que debe apostarse por crear buenas infraestructuras que canalicen y faciliten el uso de estos vehículos: “Si queremos pacificar las ciudades y reducir la contaminación tenemos que poner medios. No podemos seguir apostando por el tráfico actual y no fomentar medios de transporte más sostenibles”, asevera. 

En este sentido, la respuesta por parte de los ayuntamientos canarios ha sido diversa. El de Tías, en Lanzarote, ya ha anunciado que próximamente se hará pública una ordenanza municipal específica que regule el uso de los patinetes. Mientras, su Policía Local ha retirado en alguna ocasión hasta 88 patinetes que se encontraban estacionados de forma irregular en la vía pública. 

Otro de los municipios lanzaroteños que ha tomado una medida similar contra esta problemática es Teguise. En agosto del pasado año, la Policía Local incautó hasta 45 patinetes acogiéndose a su Ordenanza Reguladora número 56 de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por la cual “se prohíbe en estos espacios y vías públicas toda actividad no autorizada expresamente y que implique una estancia o uso abusivo, insistente o agresivo de estas zonas o que en general representen acciones de presión o insistencia hacia los ciudadanos o perturben la libertad de circulación de estos u obstruyan o limiten el tráfico rodado de vehículos”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, anunció el pasado mes de noviembre que el servicio de alquiler de patinetes se sacará a licitación próximamente y que, además, la concesión para operar en la ciudad se dará a una única empresa. En su Ordenanza de Circulación y Movilidad, el consistorio recoge las siguientes reglas: 

Problemáticas previas

Antes del 2 de enero de 2021, los patinetes no tenían ninguna norma que regulase su tráfico. La popularización de estos vehículos en las ciudades dio lugar a accidentes entre sus usuarios y los peatones, resultando especialmente peligrosos para las personas con movilidad reducida. Morales asegura que el hecho de que los vehículos de movilidad personal (VMP) pudieran circular por las aceras era un problema: “A nosotros, que vamos en sillas eléctricas, muchas veces se nos atraviesan peatones y no nos da tiempo de frenar, imagina con la velocidad que coge un patín”. En cambio, se solidariza con ellos y considera peligroso que vayan por la calzada: “También entiendo que es un riesgo para los patinetes. Nosotros muchas veces nos vemos obligados a bajar y, debido a los coches, tenemos que ir con mucha precaución”.

No obstante, desde que entrara en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos hace casi un año, los VMP son considerados un medio de transporte más, por lo que tienen prohibida su circulación por las aceras y por las zonas peatonales.

A pocos metros del Puerto de Los Cristianos, en el que desembarcó tras siete días a bordo de una patera, Ismael Pouye (1982) hace un repaso de una vida –la suya– inevitablemente ligada al mar. Desde los años en los que era un jovencísimo pescador en Senegal, hasta la última oportunidad que se le ha brindado: fichar por el club de natación tinerfeño Isora Swim Master.

Ismael se crió en Saly, una localidad costera de Senegal. En su familia, como en muchas otras, la pesca permitió ganarse la vida a tantas generaciones como es capaz de recordar. Durante cierto tiempo también a él, que con solo trece años ya faenaba en los poblados caladeros de su país para ayudar en la economía de una familia de nada más y nada menos que diez hermanos.

Su pasión por el mar le llevó a convertirse en un gran nadador, lo que le permitió también ejercer como socorrista. Durante ese tiempo se percató de lo habituales que eran los ahogamientos en su pueblo natal, una tragedia a la que quiso poner remedio creando una pequeña escuela para enseñar a nadar a los niños de su comunidad.

Pero hace un año todo eso quedó atrás. Ismael se vio obligado a dejar allí a su mujer, a sus dos hijos y su escuela y se lanzó al mar a bordo de una patera en la que viajaba con 181 personas más. El objetivo de todos ellos –en su mayoría jóvenes de Saly– era buscar en Europa el trabajo que ya no encontraban allí. “Si no fuera por la política, la vida en Senegal sería estupenda”, afirma. Y es que, según cuenta, desde que los buques extranjeros empezaron a faenar en la zona, –gracias al acuerdo de colaboración de pesca entre la Unión Europea y la República de Senegal– los caladeros quedaron completamente esquilmados, dejando a la pesca artesanal sin recursos pesqueros: “ya no quedan peces para nosotros”, sentencia.

Si hay algo con lo que se muestra particularmente desencantado es con la clase política de su país: “La corrupción en Senegal afecta a todos los niveles. Desde el más grande al más pequeño. Cualquiera que tenga un mínimo de poder abusa de él”, critica. Estas son algunas de las circunstancias que explican que, como él, muchos de sus compatriotas dejen su país con la esperanza de prosperar. 

Pero para Ismael, como para muchos otros, no todo fue como esperaba en su llegada a Canarias. Aunque ahora admite sentirse muy a gusto aquí, en un primer momento su intención no era quedarse, sino trasladarse a Europa. Además, una vez establecido en las Islas, encontrar trabajo no le ha resultado tan sencillo como había imaginado. En la actualidad comparte piso con algunos compañeros y tiene que ganarse la vida como vendedor ambulante. Todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, recorre las playas del sur de Tenerife intentando vender sus productos. El tiempo libre que le queda por las tardes lo dedica a entrenar en la playa. Sin duda, es para él el momento más esperado del día.

Precisamente la natación es lo que más le ha animado en los momentos en los que el hecho de estar lejos de los suyos y en una tierra desconocida se le hacía cuesta arriba: “Al principio, sobre todo, me resultaba muy difícil, pero cuando vi que había gente que nadaba, con la que podía compartir mi pasión, mi estado de ánimo cambió y empecé a estar más contento”, reconoce. 

Un momento especialmente duro para él fue también la pérdida de su hermano. Poco tiempo después de que lo hiciera él, y con solo 19 años, uno de sus hermanos pequeños siguió sus pasos y partió con destino a Canarias en una patera que no corrió la misma suerte que la suya. Según ha podido saber, la embarcación volcó y solo hubo cinco supervivientes.

Las buenas personas

Sin embargo, un año después parece que la vida empieza a sonreírle. Y él admite estar contentísimo. Hace ya unas cuantas semanas, durante uno de sus entrenamientos en la playa, unos nadadores federados lo vieron entrenando y se percataron de que tenía cualidades para la disciplina de aguas abiertas. Vieron en él a un buen deportista y movieron los hilos necesarios para que el Club de Natación Isora Swim Master se decidiese a ficharlo. Ahora Ismael forma parte del equipo y puede ejercitarse con material específico proporcionado por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) ProemAID, lo que le permitirá profesionalizar sus entrenamientos.

Cuando en Atlantic Emergency, una empresa dedicada a la formación en urgencias, emergencias y seguridad, conocieron la historia de Ismael y se enteraron de que iba a empezar a competir, también quisieron ayudarle y se ofrecieron a ser su patrocinador. De este modo, él no tiene que correr con los gastos derivados de su actividad deportiva: inscripciones, viajes, alojamientos, equipamiento… Cuando se pusieron en contacto con él no daba crédito: “Es increíble, cuando me lo dijeron no me lo terminaba de creer”, asegura aún perplejo. Ahora que ya se ha estrenado como nadador federado empieza a asimilar todo lo ocurrido: “He tenido mucha suerte. Desde que llegué me he ido encontrando por el camino con buenas personas. Les estoy muy agradecido”. 

En su debut del pasado 23 de octubre, en la Travesía a Nado de Puntallana, en La Gomera, Ismael quedó cuarto en una jornada marcada por las malas condiciones del mar, por unas fuertes corrientes y por la dificultad añadida de no haber participado nunca antes en una competición de este estilo. Y es que, aunque parezca pronto, ya se ha marcado sus propias metas en la natación. Aunque, eso sí, no tienen nada que ver con quedar campeón de ninguna travesía: “Lo que me gustaría conseguir con la natación es volver algún día a Saly y retomar la escuela, mejorar sus recursos y enseñar a los niños a nadar para que dejen de morir ahogados”.

En el último año, los tacoronteros han presenciado la construcción de una nueva gasolinera y un McDonald's. Si no surge ningún inconveniente, en unos diez meses el municipio contará también con un nuevo supermercado. Lo que hasta hace nada eran huertas, con sus árboles frutales y unos cuantos cuartos de aperos, va camino de convertirse en una gran superficie de 3800 metros cuadrados repartidos en dos plantas: una inferior para el aparcamiento y una superior en la que se encontrará la tienda. Hace algunas semanas, comenzaron las labores de demolición de las estructuras previas y algunos vecinos de la zona han denunciado lo que consideran malas prácticas a la hora de retirar las placas de amianto que hacían de tejado en algunas de estas construcciones.

El amianto, también conocido como asbesto, es uno de los elementos que componen el fibrocemento, un material presente sobre todo en recubrimientos de tejados que, por ser un aislante de bajo costo, fue muy utilizado en el sector de la construcción. Aunque su venta en España fue prohibida en 2002 por el riesgo respiratorio que supone estar en contacto con este material de forma prolongada, aún puede encontrarse en construcciones previas a su prohibición. Según el Programa Nacional de Vigilancia de la Salud de Trabajadores Expuestos al Amianto, si se liberan fibras de amianto al ambiente, estas pueden ser inhaladas para acabar alojadas en los pulmones y, pasados unos años, pueden causar enfermedades graves. 

En su estudio Cáncer laboral en España: el problema del amianto, Montserrat García, Jefa de Área de Salud Laboral en el Ministerio de Sanidad, considera al amianto un cancerígeno “particularmente complejo”. Y es que no solo da lugar a enfermedades prácticamente exclusivas –como la asbestosis, las placas pleurales y el mesotelioma–, sino que el tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de la enfermedad es de entre 15 y 50 años.

Menéndez Navarro, catedrático en Historia de la Medicina, cree que se tiende a percibir los problemas relacionados con la exposición al amianto como algo temporal y controlable. Sin embargo, el citado documento revela que “entre el 15 y el 20% de los casos se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, siendo la causa de la exposición la contaminación ambiental”. Según dicho estudio, entre 1977 y 2010 fallecieron 4.987 personas por mesotelioma, una enfermedad que en la práctica totalidad de los casos tiene su origen en una exposición al amianto. Sin embargo, muchas naves industriales, cobertizos, azoteas y patios siguen resguardados por esos tejados ondulados que, con el paso del tiempo, van perdiendo su capacidad ligante y terminan liberando estas fibras.

Según los vecinos, ya en verano detectaron algunas irregularidades a la hora de manipular este material: “Estuvieron viniendo durante algunas tardes dos hombres, sin ningún tipo de protección ni medidas de seguridad, y estuvieron levantando algunas planchas”, aseguran. 

Reconocen que ignoraban que se tratase de amianto hasta que el pasado viernes 22 de octubre llegaron unos trabajadores ataviados con Equipos de Protección Individual (EPI), lo que generó preocupación entre algunos propietarios de las viviendas colindantes. Fue entonces cuando decidieron preguntar si esas planchas que estaban retirando estaban compuestas de este mineral. La respuesta que recibieron por parte de los trabajadores fue afirmativa. 

Estos vecinos, que desde entonces viven con las puertas y las ventanas de sus casas cerradas por miedo a que estas fibras contaminen su hogar, consideran que no se han tomado las medidas de seguridad apropiadas. Y es que la utilización de los EPI no es la única medida de seguridad que se exige desde los organismos competentes. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo cuenta, desde el año 2000, con una guía de buenas prácticas para operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. En ella y en la Guía de Actuación Inspectora para control del Cumplimiento de la Normativa sobre Riesgo de Amianto del Ministerio de Trabajo se explica detalladamente el procedimiento a seguir ante este tipo de labores:

Según estos vecinos, la noche del pasado viernes 22 de octubre, las planchas rotas, las más peligrosas, las que mayor cantidad de fibras liberan, quedaron apoyadas en los muros de sus propias viviendas hasta la mañana del día siguiente. Ese sábado, estas y otras planchas embaladas habrían sido manipuladas muy cerca de sus casas para ser embaladas –con la posible contaminación del ambiente, el terreno y las superficies cercanas–, quedaron ahí almacenadas hasta el miércoles 27 de octubre. El artículo 10 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto establece que “deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan fuera de los locales o lugares de acción”. 

La exposición al amianto, por pequeña que sea, –pues no existe un tiempo de seguridad mínimo– puede desencadenar, con los años, en un cáncer. Es por eso que la Guía de Actuación Inspectora para control del Cumplimiento de la Normativa sobre Riesgo de Amianto, recoge en su apartado 2.5 j) que “los residuos de los distintos procesos, e incluso los resultantes de operaciones de limpieza y mantenimiento, deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en recipientes cerrados apropiados o por cualquier otro procedimiento que impida la emisión de fibras de amianto al ambiente”. En cambio, en las fotografías facilitadas por los afectados se puede apreciar cómo las bolsas en las que quedaron envueltas eran de plástico negro –similar a las empleadas para el almacenamiento la basura doméstica– y no las bolsas tipo big-bag, hechas de un material más resistente. Además, el embalaje no contaba por fuera con la debida señalización avisando de su contenido.

Falta de comunicación

Otra de las circunstancias que indigna a los perjudicados es no haber recibido ningún tipo de información previa por parte del Ayuntamiento o de la empresa encargada, un simple aviso que les permitiese tomar sus propias medidas de seguridad. Consideran que se les ha dejado “expuestos y sin protección” a este material tan perjudicial. En su artículo 22, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incide en el deber por parte de la autoridad competente de “tomar las medidas adecuadas para promover la difusión de informaciones y la educación de todas las personas interesadas acerca de los riesgos que entraña para la salud la exposición al asbesto, así como de los métodos de prevención y control”. 

Desde Canarias Ahora se ha intentado, en múltiples ocasiones, contactar con un miembro autorizado de la corporación local con el fin de preguntar por esta presunta mala práctica en la retirada de amianto. Una situación que está afectando en el día a día a la vida de los residentes más cercanos a la obra. Sin embargo, ha sido imposible contar con la colaboración de la autoridad competente. 

Contaminación ambiental

Pero esto no solo afecta a trabajadores y vecinos, también al aire, a la tierra y a la vegetación: En su artículo 19, la OIT informa de que tanto la autoridad competente como los empleadores “deberán adoptar las medidas apropiadas para evitar que el medio ambiente general sea contaminado por polvos de asbesto provenientes de los lugares de trabajo”.

Asimismo, el informe Amianto: Impacto Sobre la Salud y el Medio Ambiente, elaborado por CCOO, señala que “el tratamiento de los residuos o la emisión de polvo de amianto a la atmósfera con infracción de la normativa aplicable pueden ser constitutivos del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto en el artículo 325 del Código Penal”. 

Ahora los vecinos piden que se descontamine el área afectada, ya que creen que estas malas prácticas pueden haber llevado a expandir las fibras de amianto en las paredes exteriores de sus casas y en todas las superficies cercanas a la obra.

Manifiesto por una ley

Antonio Bernardo Reyes, arquitecto y técnico en Prevención de Riesgos Laborales, pertenece además a un grupo multidisciplinar del que forman parte desde asociaciones médicas y de víctimas, hasta profesionales expertos en este ámbito. El pasado mes de marzo publicaron un manifiesto mediante el cual solicitan al Gobierno de España que aborde “con la máxima celeridad” un proyecto de Ley Integral del Amianto, algo que consideran necesario pues, según el estudio de Gómez, previamente mencionado, “el 76% de los cánceres reconocidos como laborales desde 1997 han sido causados por el amianto”.

Además, debido al tiempo que tardan en desarrollarse los cánceres originados por este material, en ocasiones resulta complicado vincularlos con una posible relación laboral. Esto hace que gran parte de los costes de su atención médica sean asumidos por el Sistema Nacional de Salud. Siendo las arcas públicas y no las empresas las encargadas de pagar por el coste de estas exposiciones.

El hecho insular y las peculiaridades de territorios con alta densidad poblacional, como es el caso de Canarias, ya es un reto demográfico admitido más allá de las Islas. El pasado 9 de julio, el plenario de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos y Asambleas de España (Coprepa) aceptó la propuesta del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, por la que se introduce en el debate demográfico estas dos variantes relacionadas con los territorios insulares y la sobrepoblación.

Y es que los habituales atascos que colapsan las carreteras, la saturación de los servicios públicos, la masificación de las playas o la dificultad para aparcar en los principales núcleos urbanos son algunas de las consecuencias de la sobrepoblación que sufre Canarias. Un problema cada vez más palpable y que amenaza con agravarse de cara a los próximos años.

A principios de siglo, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), residían en las Islas 1.716.276 personas. En 2020, año hasta el que hay datos disponibles, la cifra había aumentado en 459.676, alcanzando los 2.175.952 habitantes. Esto supone un incremento del 26,78% en el transcurso de las dos últimas décadas; un crecimiento demográfico que supera en casi 10 puntos a la media del conjunto del Estado en ese mismo período (17%). Al comparar la evolución de la población de Canarias con la de comunidades autónomas similares en términos demográficos y de extensión del territorio, la diferencia se hace aún más evidente: frente al gran aumento del 26,78% en las islas, la población del País Vasco presenta un crecimiento mucho más moderado, del 5,8%. 

Además, el Consejo Ecónomico y Social de Canarias (CES), en su Informe sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, prevé que esta tendencia, que suma de media unos 23.000 habitantes al año, se prolongue. Y espera que en 2033 el archipiélago cuente ya con 2.493.956 habitantes. Para ese entonces, la población extranjera ascendería a 648.280 personas, hasta suponer el 26 % del total de la población.

¿Por qué crece la población en Canarias?

Este aumento de la población se produce a pesar de que en los últimos años el crecimiento vegetativo mantiene una tendencia a la baja. Es más, a partir de 2017 es incluso negativo, es decir, en Canarias ya fallecen más personas de las que nacen. Sin embargo, la población sigue acrecentándose con celeridad. Este fenómeno se debe principalmente a la inmigración regular.  

Tras la crisis de 2007, el saldo migratorio comenzó a descender hasta llegar en 2015 a su punto más bajo en las últimas dos décadas (-4.345). Ese fue el año en el que, por primera vez en lo que llevamos de siglo, el número de emigrantes superó al de inmigrantes. Después de esa bajada, el saldo migratorio ha ido aumentando hasta recuperar las cifras previas a la crisis, con un saldo positivo de 35.603 personas en 2018 y 34.080 en 2019.

Justo ese año dejaron el archipiélago un total de 104.062 personas. De ellas, el 70% con destino a otro punto de España, un 13,7% se fue a vivir a algún país de la Unión Europea y el 16,2% restante a un país extracomunitario. A cambio, llegaron un total de 138.141 inmigrantes. De los cuales el 55,4% provenía de otras comunidades autónomas del Estado; un 18,6% llegaba desde otros países de la Unión Europea y el 25,9% venía de otras partes del mundo.

Entre los países extracomunitarios con mayor peso en los flujos migratorios de entrada a Canarias destaca Venezuela. La crisis económica, social y política que vive el país ha derivado en un auténtico éxodo que, dados los vínculos históricos y familiares que existen entre ambos territorios, está teniendo su reflejo en las islas. El ya mencionado informe del CES, de 2019, apunta a que el número de venezolanos que se establece cada año en el archipiélago ha sufrido un aumento de 10.000 personas por encima de lo habitual.

Ultraperiféricas y superpobladas 

La saturación que provoca la sobrepoblación es mayor en las islas que en el territorio continental. El comité de expertos sobre Población e Inmigración, constituido en 2002 por el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ya avisaba entonces de que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial”. 

Esto se debe a las diversas peculiaridades territoriales con las que cuentan las islas: la ultraperificidad, la limitación de los recursos, la fragmentación del territorio, lo abrupto de nuestra topografía y la gran cantidad de espacios naturales protegidos (3.101 km2), en los que, evidentemente, no pueden establecerse nuevos núcleos de población.

Canarias es, con una concentración de 292 habitantes por kilómetro cuadrado, la tercera comunidad autónoma con mayor densidad de población. Solo por detrás de la Comunidad de Madrid (845) y el País Vasco (307). Este dato se calcula dividiendo el número de habitantes entre la extensión total del territorio. Sin embargo, el archipiélago es, de lejos, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de superficie terrestre protegida. Según el Anuario 2018 del Estado de las Áreas Protegidas en España, elaborado por Europarc, el 42% del territorio de las islas está protegido. Esto hace que su población tenga que concentrarse en el 58% restante: unos 4.345 kilómetros cuadrados. Para conseguir una cifra que represente de forma más fidedigna la presión real a la que están sometidas las islas, se puede hallar la densidad de población teniendo en cuenta únicamente el territorio no protegido. El resultado de esa operación arroja un dato bastante más agobiante: 500 habitantes por km2.

¿Limitar el número de habitantes?

Ante el esperado aumento de su población, ¿podría el archipiélago imponer alguna limitación a la residencia? El informe realizado por el ya mencionado comité de expertos admite que “la eventual limitación de la entrada en el archipiélago de españoles peninsulares y las limitaciones a la libertad de residencia de estos o de los canarios sería inconstitucional y la de los extranjeros comunitarios contraria al principio de libre circulación de personas de la Unión Europea”. 

La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y el Consejo recoge que “la ciudadanía de la Unión confiere un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. Y aunque existen algunas razones por las que se puede limitar este derecho, como la salud, la seguridad o el orden públicos, solo corresponde su restricción en casos concretos y no de forma generalizada.

No obstante, el comité de expertos proponía en su informe algunas medidas que sí que podrían adoptarse conforme a la ley. Entre ellas destacaba la racionalización de la adquisición de segundas residencias, esto es exigir determinados requisitos para adquirir una segunda residencia en Canarias, como, por ejemplo, haber vivido durante un mínimo de tiempo en las Islas. 

La idea sería otorgar a Canarias de un instrumento legal para poder regular sobre las viviendas secundarias. Según el informe, “no existe una legislación en vigor que prevea una regulación sobre residencias secundarias”. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en materia económica y fiscal, donde se le ha reconocido a Canarias un régimen interno especial, respecto al asentamiento de población y condición de extranjería no existen excepciones jurídicas diferenciadas con el resto del Estado español. 

Las aguas de la franja marina Teno-Rasca, en el suroeste de la isla de Tenerife, albergan una de las mayores poblaciones de calderones (ballenas piloto) del mundo, además de delfines mulares, cachalotes, rorcuales, zifios y tortugas bobas. Pero también es la costa más turística de la isla, donde sus aguas tranquilas propician la navegación con todo tipo de embarcaciones de recreo para turistas y residentes, y objetivo para la construcción del que sería el cuarto puerto comercial de la isla, Fonsalía.

Desde la Asociación Tonina, dedicada a la divulgación y la investigación de los cetáceos, estiman que actualmente alrededor de 600 ejemplares –entre residentes y visitantes– habitan en esa franja de aproximadamente 69.500 hectáreas. Según Jacobo Marrero, director científico de dicha asociación, se trata de “una concentración muy importante” que se da, además, “en un espacio muy reducido”. El también doctor en Biología por la Universidad de La Laguna (ULL) sospecha que la elevada concentración de este tipo de animales en el suroeste de Tenerife se debe principalmente a las grandes cantidades de comida que se acumulan en la capa profunda del fondo oceánico de la zona.

En 2011, con el objetivo de asegurar la supervivencia a largo plazo de esta población y su hábitat, la conocida como franja marina de Teno-Rasca fue catalogada como Zona Especial de Conservación por Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Además, a principios de este año, la Alianza Mundial de Cetáceos otorgó a esta misma franja el estatus de Lugar Patrimonio de Ballenas, convirtiéndose así en el primer espacio marino de Europa en recibir este reconocimiento y el tercero de todo el mundo, después de Bluff, en Sudáfrica, y Harvey Bay, en Australia.

Santuario de ballenas y paraíso de turistas

Así como las olas baten contra los riscos, el turismo masivo choca con una franja de mar digna de ser protegida. Este espacio tan singular en el mundo se extiende frente al litoral más turístico de Tenerife, con el impacto que eso conlleva: barcos particulares, kayaks, motos de agua e incluso embarcaciones ilegales destinadas al avistamiento de los propios cetáceos navegan a sus anchas sobre unas aguas que, en teoría, deberían estar sumamente controladas. Según Higinio Guerra, presidente de la Asociación de Cetáceos del Sur de Tenerife (ACEST), son más las empresas de observación de cetáceos que llevan a cabo su actividad de forma irregular (62), que las que lo hacen con la debida autorización (44). Además, según cuenta, incluso entre las autorizadas, la inmensa mayoría no opera conforme a la legalidad en sus aproximaciones a los animales.

Para controlar a las embarcaciones que ofrecen sus servicios de forma irregular y llevan a cabo sus aproximaciones sin las medidas de seguridad exigidas por ley, el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica ha facilitado en la zona un barco con su correspondiente tripulación. Su misión es controlar que no se cometan este tipo de infracciones. No obstante, Guerra cree que la tardanza a la hora de tramitar las multas hace que este control no esté siendo todo lo efectivo que debería. 

Por su parte, desde la Asociación Tonina consideran que existe un exceso en la oferta de esta clase de actividades. Y que la solución pasa por reducir el número de empresas que trabajan en la zona: “La apuesta de Canarias por el turismo masivo genera demasiada presión sobre los animales”, critican. Los últimos estudios llevados a cabo por esta asociación revelan que los cetáceos de la zona muestran unos niveles de cortisol, una hormona que se libera con el estrés, más elevados que los de otras poblaciones. Esto, según Marrero, no supondría mayor problema si no fuera porque la tasa de mortalidad de las crías de los cetáceos del suroeste de Tenerife es mayor que la que se da entre otras comunidades. “Esto ya supone un problema de conservación”, asevera.

Felipe Ravina es biólogo y documentalista marino. Todas las horas que ha pasado bajo el Atlántico le han convertido en un buen conocedor de la fauna y los ecosistemas que yacen bajo las aguas que bañan Canarias. Coincide con sus compañeros en que el principal peligro para la supervivencia de este lugar, al menos tal y como lo conocemos, es la intensidad del tráfico marítimo que se da en la zona. Es por eso por lo que no consigue comprender la lógica tras la intención del Gobierno de Canarias de construir un puerto en mitad de esta zona ZEC: “Dicen que es la solución al atasco de Los Cristianos, pero eso es simplemente una forma de venderlo. En primer lugar, porque el problema de ese puerto se tendría que solucionar allí y no construyendo uno nuevo. Y, en segundo lugar, porque si lo que realmente quisiesen fuera hacer eso, construirían uno pequeño solo para desviar el tráfico de los ferris, no esta gran infraestructura”. 

Ante la baja efectividad que los argumentos medioambientales están surtiendo en la mayoría de los grupos políticos, Ravina apela también a la importancia económica del sector de avistamiento de cetáceos que, siendo el atractivo turístico más visitado de la Isla después del Teide, generó 25 millones de euros en 2018: “Van a poner en riesgo un montón de puestos de trabajo y decenas de millones de euros que supone esta actividad al año”.

Una ZEC hecha a medida

De llevarse a cabo, el puerto se ubicaría entre Playa San Juan y Alcalá, es decir, en el único espacio no protegido de toda esa franja marina, que va desde la Punta Salema, en Las Galletas, hasta la Punta de Teno, en Buenavista del Norte. Un hueco hecho a medida en mitad de la ZEC para que la protección que otorga la Unión Europea a todo este espacio digno de preservar no obstaculizase la construcción de dicha infraestructura. 

Aunque es cierto que sobre el papel ese puerto no estaría ubicado en Zona Especial de Conservación, en la realidad no deja de albergar las mismas características por la que se protege el resto del entorno: “No tiene ningún sentido que esa zona esté sin declarar como ZEC cuando tiene el mismo valor ecológico que los alrededores. Ese hueco lo dejaron libre para intentar construir en el futuro”, asegura Ravina, quien recuerda que para llevar a cabo una obra de esas características habría que amontonar “toneladas de cemento y sedimentos en el fondo marino”. “Además, los barcos tendrían que atravesar una zona protegida de ballenas, tortugas y delfines que ya está saturada”, recalca. 

Un puerto encallado 

Aunque la comunidad científica que trabaja en la zona ya ha advertido de las consecuencias negativas que el intenso tráfico marítimo tiene sobre la fauna marina, asociaciones empresariales, el Cabildo de Tenerife y buena parte del ejecutivo canario se muestran a favor de la construcción del Puerto de Fonsalía, en Guía de Isora. Bajo las premisas de mejorar la conectividad de Tenerife con las demás islas occidentales y aliviar la carga del congestionado puerto de Los Cristianos, se pretende desarrollar una infraestructura con capacidad para cinco líneas de atraque para grandes buques, una dársena pesquera, 200 plazas de dique seco y 467 plazas de pantalán.

Este proyecto cuenta con un informe desfavorable emitido por la Dirección General de Costas en 2018. No obstante, a principios del pasado mes de junio, el Parlamento de Canarias aprobaba, con Sí Podemos como único grupo en contra, una proposición no de ley (PNL), presentada por el PP, para instar al gobierno central a impulsar definitivamente dicha construcción, cuya tramitación, que comenzó hace ya más de 25 años, se ha visto retrasada hasta la actualidad. Ahora, el Gobierno de Canarias espera un nuevo informe del gobierno central que dé luz verde al proyecto.

Hace unos días se cumplía un mes desde la desaparición de Francis, un pescador de 47 años natural del pueblo costero de Tajao, al sur de Tenerife. Su familia, que no ha parado de buscarlo por sus propios medios, reconoce haber echado en falta la atención de la Subdelegación del Gobierno, administración a quien compete el asunto. Sin embargo, sí que dicen haber sentido el apoyo de la gente, desde amigos y desconocidos que han contribuido económicamente, hasta pescadores y clubes de buceo que han ayudado en las labores de búsqueda.

El pasado 20 de junio, Francis partió junto a su hermano a bordo del Punta de Abona, el barco pesquero de la familia. Mientras faenaba cerca del Puerto de Granadilla, a un kilómetro de la costa, una nasa se le enganchó en una pierna y lo arrastró al mar. Desde entonces, nadie sabe nada de él. Inmediatamente, la familia dio la voz de alarma. La Policía Local de Arico, la de Granadilla y la Guardia Civil estuvieron buscándolo durante algunos días con patrullas en tierra. También lo hicieron por mar y aire Salvamento Marítimo y el Grupo Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES). A pesar de que un helicóptero, una embarcación rápida y pescadores de Arico peinaron la zona, no se pudo localizar a Francis. 

Sabiendo que se encontraba en el fondo del mar, los familiares del pescador consiguieron recoger, a través de la plataforma Change.org, más de 3.700 firmas solicitando que se intensificase la búsqueda con la ayuda del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que durante esos días se encontraba rastreando el litoral de Santa Cruz en busca de las niñas Anna y Olivia. Pero esta demanda no fue atendida y el buque abandonó Canarias sin noticias de Francis.

Olvidados por la administración

A pesar de que desde los primeros días se solicitó la ayuda de la Subdelegación del Gobierno, desde la administración nunca se han puesto en contacto directo con la familia. Tan solo el Ayuntamiento de Granadilla recibió una respuesta de la Subdelegación. En ella, según Marina García, prima de Francis y portavoz de la familia, se especificaba que “no existía ningún indicio de que el cuerpo siguiese ahí”. Y, por lo tanto, “no había motivos para que se emitiese una orden judicial que obligase a la Subdelegación del Gobierno a sufragar los gastos de los medios necesarios en las labores de recuperación del cadáver”. 

Solo después de que el programa Espejo Público, de Antena 3, se hiciese eco de la noticia a nivel nacional, una institución decidió, al fin, ponerse en contacto con la familia. Esa misma tarde, el Cabildo de Tenerife les ofreció una donación en forma de ayuda humanitaria, alegando que esta era la única forma de hacerlo, puesto que este tipo de emergencias no son de su competencia. No obstante, aunque están a la espera, dicha donación aún no ha llegado.

La familia afirma sentirse decepcionada con las administraciones: “Espero no volver a verme en una situación similar, pero cuando te ocurren este tipo de cosas te das cuenta de cómo funcionan las instituciones. Esta burocracia no ayuda. Hay que ser más prácticos, más eficientes. Cuando esto sucede tienen que ser capaces de aportar soluciones con mayor celeridad. Aunque para ellos será un ahogado más”, protesta la prima de Francis.

Ante la inacción de la Subdelegación del Gobierno, los seres queridos del pescador optaron por contratar, de forma privada, un robot que es capaz de rastrear el fondo marino y los servicios de una empresa especializada en pilotaje de drones. Para hacer frente a estos costes y ante la voluntad de muchas personas de contribuir económicamente, desde el entorno se ha facilitado un número de cuenta, siendo muchas las personas que ya han colaborado. “La búsqueda la está financiando la ciudadanía”, dice García. Sin embargo, la aportación monetaria no es la única forma en la que la familia de Francis está recibiendo ayuda: “Algunos participan en los rastreos del litoral a pie, otros recolectan dinero poniendo huchas en sus comercios, los clubes de buceo nos prestan sus servicios de forma desinteresada, pescadores de la zona salen con sus embarcaciones a echar un vistazo... Nos ha ocurrido una desgracia, que es perder a un familiar, pero hemos descubierto a personas maravillosas”.  

Hace aproximadamente una semana que se incorporó al equipo Moisés Pires. El experimentado buceador tinerfeño, que ha trabajado en rescates de barcos tan famosos como el Prestige, en Galicia o el Costa Concordia, en Italia, está dirigiendo ya las labores de búsqueda del cuerpo de Francis. Hasta la fecha se han realizado dos inmersiones con el robot, la última se llevó a cabo el pasado jueves 22 de julio. Ambas poco fructíferas. Aunque en la primera se hallaron las nasas que arrastraron a Francis a 92 metros de profundidad, no se ha conseguido dar aún con el cuerpo del pescador. En la segunda se trabajó desde bien temprano. Alrededor de las 07:00 de la mañana comenzó la inmersión, pero el fuerte viento que ha soplado en la Isla los últimos días no permitió que la operación se prolongase más allá de las 13:00 horas. 

Ya ha pasado mucho tiempo, la familia sabe que cada día que pasa se hace más complicado que aparezca. Sin embargo, no tiran la toalla: “Somos conscientes de que es muy difícil. Y aunque sabemos que lo más probable es que ya no aparezca, no queremos quedarnos con la sensación de no haber hecho todo lo posible por encontrarlo”, admite García.

La familia pide ahora que se aumenten los medios de cara a los casos similares que puedan darse en el futuro: “Somos islas, vivimos rodeados de agua, por aquí pasan pescadores, buques mercantes y todo tipo de embarcaciones. No puede ser que no dispongamos de este tipo de herramientas que sirven para rastrear el fondo marino en estas situaciones”, reclaman.

Antiguamente, los ganaderos y agricultores aprovechaban las hojas que, con la llegada del calor, se desprendían de las copas para reposar bajo los pinos que poblaban y siguen poblando los montes de las islas más montañosas de Canarias. Entre los usos más comunes se encontraban las camas de los animales, el embalaje de los plátanos o el recubrimiento de la tierra. Así acomodaban al ganado y evitaban la proliferación de malas hierbas en las huertas. En cierto modo, existía una simbiosis entre el monte y el campo: ellos prevenían los incendios forestales manteniendo limpios los pinares y, a cambio, obtenían la pinocha con la que satisfacer estas necesidades de carácter agroganadero. Hoy en día se sigue haciendo, pero en menor medida.

En primer lugar, el abandono del campo canario ha traído consigo una reducción notable en la demanda de este recurso natural. Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en poco más de una década, la superficie cultivada de la isla de Tenerife se ha reducido en un 32,2%, pasando de tener 23.709 hectáreas en 2007, tanto de regadío como de secano, a haber 16.096 en 2019.

Esto ha propiciado que el mantillo de pinocha que cubre el suelo sobre el que se alzan los pinos gane espesor, lo cual, pese a la creencia popular, es visto como algo beneficioso por los expertos: “La pinocha no se acumula indefinidamente, se descompone de forma natural con la humedad y acaba suponiendo un aporte de materia orgánica importante para los propios pinares”, asegura Pedro Martínez, jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal del Cabildo. Y aunque considera que este no es un elemento de gran peligro ante un posible incendio, reconoce que no deja de ser combustible y que, como tal, contribuye al avance del fuego: “En nuestros modelos de propagación, el elemento de menor riesgo es la pinocha. Al ser un manto de unos cuantos centímetros de grosor que recubre el suelo, el fuego no gana demasiada altura y es fácilmente extinguible”. El problema, dice, no es la pinocha en sí, sino los matorrales a los que puede conducir el fuego. Estos son los que hacen que las llamas ganen mucha más altura y puedan alcanzar a los pinos.

Pese al peligro que supone, la pinocha es un elemento importante en los procesos ecológicos que tienen lugar en los montes de Tenerife y de las islas más montañosas de Canarias: protege el suelo de la erosión, sirve como refugio y alimento a numerosas especies de animales, conserva la humedad y se convierte, tras su descomposición, en abono para el propio pinar. De hecho, algunas de las aves más protegidas de nuestro archipiélago, como el pinzón azul, se alimentan de las semillas que se desprenden de la piña del pino canario y que hallan entre el mantillo de acículas que cubre el suelo. Por eso su recogida está regulada y en algunas zonas, como en las Reservas Naturales Integrales, su retirada está prohibida. No obstante, su acumulación excesiva a la llegada del verano, la época del año en la que existe un mayor riesgo de incendio forestal, puede ser un factor de riesgo.

Una regulación “disuasoria”

Por ello, es conveniente recoger el exceso de pinocha, sobre todo en las zonas más transitadas o de mayor exposición, como los arcenes de las carreteras. Su recolecta está regulada por el Cabildo de Tenerife a través del Plan Anual de Aprovechamiento Forestal de los Montes Públicos. De esta forma, se establecen dos tipos de recogida. Por un lado, la que hacen los rematantes profesionales que, año tras año, pujan en subasta pública para ser los encargados de recoger esas hojas en las zonas más altas de los montes y pagan para luego poder venderla. Aunque antiguamente era un negocio muy popularizado, hoy en día solo quedan unas pocas familias en la Isla que se dedican a esta labor.

Por otra parte, existen los aprovechamientos vecinales. En este caso son los ayuntamientos los encargados de destinar una parte del monte, generalmente la zona baja, al uso particular de sus vecinos que, con previa autorización, pueden acceder a la retirada de pequeñas cantidades de pinocha de forma gratuita pero controlada.

Según Manolo Expósito, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), la tramitación anual necesaria para obtener el permiso de los ayuntamientos disuade a los ganaderos, que optan por otras alternativas que resultan más accesibles en el mercado, como la paja, el serrín o las astillas. Expósito cree que dada la escasa demanda de pinocha que existe actualmente, debería facilitarse la gestión de los permisos para que los ganaderos accedan a estos recursos naturales de una forma más sencilla y que toda esa materia prima pueda aprovecharse. “Siempre ha habido hueco para la utilización de los recursos naturales por parte de los ganaderos y nunca ha supuesto un peligro para la continuidad del ecosistema. No se trata de sobreexplotar, sino de encontrar un punto medio. Además, hoy en día no hay tanta demanda como para que suponga un riesgo para el ecosistema”. En AGATE consideran que la corporación insular debería tener más en cuenta a los ganaderos y a los agricultores a la hora de planificar la gestión de los asuntos que incumben directamente al sector.

Desde el Cabildo creen que siempre puede simplificarse todo un poco más. Sin embargo, no consideran compleja esta tramitación y recalcan que lleva gestionándose de esta forma durante décadas sin que hubiese problemas de ningún tipo. Consideran que la acumulación de la pinocha en los montes es una consecuencia de la disminución de la actividad agrícola y ganadera y no tanto de las dificultades burocráticas. “Los trámites no han cambiado, ha cambiado la sociedad”, asegura Martínez en relación al abandono del campo. Además, el jefe de los Servicios Forestales considera que el desaprovechamiento de estos recursos no resulta un problema, sino un beneficio para el ecosistema del monte, que no ve interrumpida su dinámica.

“La calle no se la deseo a nadie. Ni a mi peor enemigo”, dijo mientras apuraba hasta el filtro las últimas caladas de su cigarro. Desde hace cuatro años, Miguel Chinea sobrevive como puede en una situación que afecta, según un informe reciente del Cabildo en colaboración con Cáritas Diocesana, a 1.784 personas a lo largo y ancho de Tenerife.

Entre todos los que se encuentran en situación de sinhogarismo en la Isla, 470 duermen en un refugio nocturno, 318 viven en estructuras no convencionales, 226 habitan en una vivienda insegura, 137 se alojan en construcciones que no son apropiadas para la habitabilidad y 603 no cuentan siquiera con un techo bajo el que poder dormir. Es el caso de este santacrucero de 55 años que, tras experimentar conflictos con otros usuarios en algunos de los centros de acogida de Cáritas, decidió hace ya 11 meses no volver a hacer uso de esas instalaciones: “Yo soy un tío tranquilo, pero ya he tenido algún que otro rifi rafe ahí. Me han intentado robar mis pertenencias. Luego, quieres dejar las cosas claras y el malo eres tú. Yo paso ya de esos rollos”, protesta.

Después de casi un lustro en la calle, intenta evitar a toda costa ese tipo de enfrentamientos. Por sus palabras, tampoco parece estar muy contento con el trato recibido por parte de los Servicios Sociales que, por otra parte, se encuentran saturados. Es por eso que Miguel duerme ahora en los alrededores de una antigua fábrica de tabacos de la capital tinerfeña. Ahí, al cobijo de unos cuantos bártulos y sobre un viejo somier, intenta refugiarse del frío y, en las peores noches, también de la lluvia. “El tiempo se está revirando”, apunta después de que una ráfaga de viento sacuda con fuerza los árboles del céntrico parque que frecuenta durante el día. Reconoce que desde que sobrevive a la intemperie el clima es una de sus principales preocupaciones 

Un problema insular

Actualmente, hay en Tenerife 1.784 personas que no tienen acceso a una vivienda que cumpla con unas condiciones de habitabilidad mínimas. 78 de ellas son menores. Santa Cruz, por su parte, ha duplicado el número de gente sin hogar en sus calles desde 2016. En el documento relativo al I Plan Municipal de Atención a las Personas Sin Hogar se situaba la cifra en 408. A día de hoy son ya 839, según el ya mencionado estudio de Cáritas.

Estos datos no solo sitúan a la ciudad como el municipio con mayor incidencia, sino que reflejan una distribución desequilibrada del sinhogarismo en la Isla. Solo en la capital se concentra el 47% de la población afectada por esta problemática. Le siguen La Laguna, con el 12%; Puerto de la Cruz, con el 7,5%; Arona, con el 7,4% y Adeje, con el 5,6%. 

Desde el Área de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz creen que este desequilibrio se debe principalmente a que es la capital la que tiene una mayor oferta de plazas en recursos nocturnos y, además, es el único municipio que cuenta con un centro de acogida propio. Esto, aseguran, ha generado una corriente migratoria interna que tiene como destino el área metropolitana. Fuentes de la corporación santacrucera consideran que los demás municipios deberían implicarse en ofrecer soluciones a sus vecinos, ya que, según dicen, estos se mueven en busca de una respuesta que no hallan en su lugar de residencia.

En el resto de la Isla no existen centros de acogida de titularidad municipal. Únicamente dos centros de mínima exigencia que gestiona Cáritas Diocesana en Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz, con una capacidad de tan solo 16 camas cada uno.

Atención individualizada con recursos insuficientes

Desde Atención Social insisten en que el objetivo principal es conseguir que estas personas se inserten de nuevo en la sociedad, recuperen su independencia y salgan de la situación de exclusión en la que se encuentran. Esto conlleva un proceso que consta de distintas fases. En primer lugar, deben conseguir que el afectado acepte la ayuda de los Servicios Sociales. Lo cual no siempre es tarea sencilla. “Que la persona salga de la calle es el primer paso hacia la integración”, argumenta Rosario González, concejala del Área de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. “Se trata de ayudar a que puedan vivir y llevar a cabo sus procesos de inclusión con la mayor autonomía posible y, en el caso de que sigan utilizando recursos sociales, estén atendidos con la especificidad y diversidad que cada caso exige”, afirma. Y es que, aunque hay patologías que resultan frecuentes, como la drogadicción o las enfermedades mentales, cada uno tiene unas circunstancias y unas necesidades distintas. Por eso es tan importante que puedan recibir una atención individualizada.

Con ese objetivo, Santa Cruz es el municipio que más recursos habitacionales oferta a este colectivo. El Ayuntamiento gestiona más de 200 plazas que se distribuyen de la siguiente forma: el Centro de Acogida Municipal, 96; el Centro de Baja Exigencia, 20; dos pisos supervisados, con 4 plazas cada uno y un piso para jóvenes de 5 plazas. Próximamente se espera habilitar otro de estos últimos con la misma capacidad.

Además, hay que contar también con los proyectos de organizaciones externas que cuentan con el respaldo económico del consistorio santacrucero. Entre ellos se encuentran los cuatro centros de mínima exigencia de Cáritas: Café y Calor, con capacidad para 25 personas; Guajara, que dispone de 18 camas; Ciprés, con 12 plazas y Lázaro, con 12. Sin olvidar las 10 casas del programa Housing First, cuyo objetivo es brindar una vivienda a personas que provienen del Centro de Acogida como primer paso para salir de esa situación de exclusión.

No obstante, si tenemos en cuenta que actualmente hay 839 personas sin hogar en Santa Cruz, las más de 200 plazas que ofrece la ciudad resultan cuanto menos insuficientes para solucionar un problema que requiere de una atención individualizada y que, aunque se concentra en la capital, afecta al conjunto de la Isla.

A la socialista Patricia Hernández, joven pero ya con tablas en la política, se la ve eufórica, repleta de ganas y con mucha confianza en la victoria final. Hay que esperar, esto está claro, pero su fe y esperanza en lograr los apoyos suficientes para acceder a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, en sustitución del nacionalista de Coalición Canaria (CC) José Manuel Bermúdez, no hay quien se la quite. Además, de conseguir ese logro, conseguiría poner fin a unos tres decenios de gobierno de CC en la ciudad, con estas mismas siglas o con otras de partidos afines anteriores. 

En esta entrevista con la candidata del PSOE a regir los destinos de la capital tinerfeña en los próximos cuatro años, se habla de los muchos retos que el municipio tiene por delante tras los comicios del 26M, como son, según enumeración de Patricia Hernández, la evidente suciedad, el abandono de los barrios periféricos, los vertidos ilegales en aguas del litoral, los problemas de movilidad local o la escasa rehabilitación del patrimonio municipal.

La charla también ha servido para tocar cuestiones como la corrupción, la situación del albergue municipal o las posibles alianzas que el Partido Socialista pueda llevar a cabo tras los cercanos comicios, en los que parece claro que no se van a dar mayorías absolutas.

¿Qué opina usted de la sentencia del caso Las Teresitas y de la reciente entrada en prisión del exalcalde de CC Miguel Zerolo?

Bueno... Yo de la entrada en prisión no comento nada porque ese no era el fin cuando miembros del Partido Socialista denunciaron el caso; el fin era la recuperación para los chicharreros y chicharreras de ese espacio [la playa] y del dinero público gastado en la compra de terrenos. Lo primero está conseguido. Más allá de las responsabilidades penales, que estas las deciden los jueces, nosotros tenemos poco que comentar.

En cuanto a la obligación de recuperar la playa como patrimonio y también el dinero, estamos contentos. Contentos por ese logro y por devolver a Santa Cruz lo que ya era de Santa Cruz. A pesar de que hoy muchos se suman a esto, aunque sea con la boca pequeña, debo recordar que también fueron muchos, entre ellos el alcalde Bermúdez, los que defendieron no solo la honorabilidad del exalcalde Zerolo sino que incluso atacaron a los denunciantes del caso Las Teresitas. Ahora hay que conseguir el dinero que los condenados deben al Consistorio de Santa Cruz de Tenerife, algo que el Ayuntamiento no ha intentado hacer.

En diciembre pasado, por ejemplo, el Gobierno de Canarias compró a Antonio Plasencia [empresario hoy en la cárcel por el caso Las Teresitas] el terreno anexo al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. La pregunta es: ¿el Ayuntamiento de Santa Cruz impugnó esa compra? ¿La ha llevado al Contencioso-Administrativo para recuperar esos millones de euros que deberían ser del Ayuntamiento y no del señor Plasencia? La respuesta va a ser... No, no y no. Porque no han hecho nada, a pesar de lo que dicen para que no se pierda ni un céntimo de los millones que tienen que devolver los condenados al Consistorio de la capital tinerfeña.

¿Quiere decir que CC beneficia desde las instituciones públicas a Antonio Plasencia?

En diciembre se produjeron dos intentos a la desesperada: uno, cuajó [el relacionado con el hospital de la Candelaria], y el otro, no [el de la compra del edificio de oficinas en Cabo Llanos para uso sociosanitario por parte del Cabildo de Tenerife]. Eran operaciones para inyectar liquidez al señor Plasencia. El segundo fue el intento de compra de un edificio de oficinas, incluso con cambio de uso del suelo, para convertirlo en centro sociosanitario en Cabo Llanos.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo [si este finalmente lo hubiera comprado] podían decir que son terceros de buena fe. La cuestión es: ¿el Ayuntamiento de Santa Cruz había inscrito en esas propiedades del señor Plasencia el pleito pendiente? La respuesta es no.

Imagínese que usted y yo tenemos un pleito en el que yo he ganado de forma provisional, solo a la espera de sentencia firme. Yo le aseguro que entre sus múltiples pertenencias estaría inscrito ese pleito, de manera que un tercero que quisiera comprar esas propiedades no pudiera aludir a la buena fe. En este caso, es evidente que no se hizo.

Por otra parte, ¿se ha impugnado ese comprobante? La respuesta es no. La realidad es que el Ayuntamiento no ha perseguido los bienes que son de Santa Cruz hasta que ahora hay una sentencia firme. ¿En este tiempo los condenados, que ya lo eran antes provisionalmente, han podido enajenar sus bienes? Un ejemplo claro de que sí es el terreno anexo al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

La forma de cambiar esa situación llega con la sentencia firme y también con el resultado del escrutinio en estas elecciones locales, ¿no cree?

La sentencia firme tienen que acatarla y llevarla a cabo el Ayuntamiento. En las elecciones es donde intentan jugar a la confusión. Igual lo hicieron en 2007, cuando el señor Bermúdez defendía a Miguel Zerolo y decía que todo era un montaje del ministro de Justicia y luego candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, el socialista Juan Fernando López Aguilar. Es decir, siempre han intentado engañar a la ciudadanía. 

Usted se ha mostrado muy crítica con el proceder del alcalde Bermúdez en relación con los vertidos contaminantes al mar en el litoral de Santa Cruz, especialmente en Cabo Llanos. ¿Cómo se encuentra este asunto y cómo debe actuar el Ayuntamiento?

Me he mostrado crítica porque Bermúdez actúa como abogado defensor de Sacyr-Emmasa [empresa concesionaria del servicio de aguas en la capital tinerfeña]. En primer lugar, son los ciudadanos los que han comunicado a Santa Cruz, a Tenerife y a Canarias que se están produciendo esos vertidos de aguas residuales. No ha habido nunca comunicación del Ayuntamiento o de Emmasa de que eso se estaba produciendo.

Además, han dicho que esos vertidos eran legales y también el punto de evacuación al mar. Esto fue así hasta que el Gobierno de Canarias, a instancia mía, nos dijo que ese punto de vertido era ilegal, contradiciendo, por lo tanto, lo que venían afirmando los abogados defensores de Sacyr: los señores José Manuel Bermúdez y Dámaso Arteaga.

Como si esto fuera poco, nos dijeron que era agua de riego. Fíjese usted la barbaridad de que estén tirando agua limpita, de riego, al mar en lugar de llevarla, por ejemplo, a los parques de Santa Cruz, que están con necesidad de ser regados. Que se lo pregunten a los vecinos de nuestros barrios.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias, en la información que me facilita, asegura que eso es absolutamente falso. El Ayuntamiento de Santa Cruz no ha actuado. Meses después anuncia una posible sanción que no ha cuajado respecto al vertido de septiembre y no dice nada de los últimos dos vertidos.

La consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que es de Coalición Canaria, está diciendo que el Ayuntamiento de Santa Cruz le ha negado hasta tres veces el análisis de esas aguas. Es decir, oculta información a la institución pública que debe sancionar, a los ciudadanos. Lo que tiene que hacer el señor Bermúdez es dejar de defender a Sacyr-Emmasa y empezar a defender a los chicharreros.

¿Qué encaje tiene este problema de contaminación en el proyecto Santa Cruz Verde, sobre todo en la idea de que esa zona se pueda convertir en un puerto deportivo?Santa Cruz Verde

Nos sobra mala gestión. No han hecho nada en la costa de Santa Cruz en las últimas décadas. Entretanto, hemos visto una transformación en la costa del resto de la isla de Tenerife. Como Los Silos, Guía de Isora... Años y años en los que CC no ha hecho ningún proyecto de rehabilitación de nuestra costa. Al contrario, ni la protegen de los piratas que ensucian el mar ganando mucho dinero con el agua de Santa Cruz de Tenerife. 

Bueno, se ha tirado el mamotreto de Las Teresitas...

Contra el criterio del alcalde y bajo sentencia judicial.

Son muchos los que dicen que el albergue municipal está asumiendo una función más propia del Cabildo ya que, al no existir este servicio público en el norte ni en el sur, cumple una labor de carácter insular y no municipal. En esta línea, el candidato del PP a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ya se mostró en su día a favor de cerrar el albergue si el Cabildo y el Gobierno canario no tomaban cartas en el asunto. Hace poco incluso publicó un tuit tildado de xenófobo sobre el particular y por el que se ha visto obligado a pedir disculpas… ¿Qué le parece el contenido de dicho tuit? ¿Cuál cree que es la solución al problema del albergue?

En primer lugar, quiero poner de manifiesto que se está hablando de gente que no tiene nada y que sí tiene unos derechos garantizados por la Constitución y por nuestras leyes. Esto es lo primero que quiero decir, porque a veces perdemos la perspectiva. Las administraciones públicas tienen que ponerse de acuerdo para garantizar los recursos suficientes y adecuados y así dar un servicio a los ciudadanos. En este caso, los más vulnerables de Santa Cruz de Tenerife, de Canarias y de España. Los más vulnerables, los que no tienen absolutamente nada de nada. Son los que tienen problemas demasiado gordos como para que se les trate con esa frivolidad.

A mí me produce repugnancia ese tuit, y creo que no está a la altura de los ciudadanos de Santa Cruz, que siempre han mostrado su solidaridad con cualquier acción humanitaria. La falta de empatía con esa gente me produce un rechazo inimaginable.

Por otra parte, que el albergue necesita más fondos y otra forma de organizarlo también es verdad. Hay que pensar que no tenemos gente solo en el albergue, sino también en las calles, incluso con problemas psiquiátricos y médicos. Esto mientras hay pocas plazas de desintoxicación y de psiquiatría en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Se habla poco de que ampliando nuestra sanidad pública también acabaríamos con este serio problema. No solo hay que dar un techo y comida, también hay que curarlos.

Yo conozco a muchos de ellos, sé sus nombres y sé que con una atención adecuada podrían rehabilitar su vida y tener una nueva oportunidad. La cuestión es qué acciones se están tomando para que esa gente tenga una oportunidad en la vida. Y que dejen de cargar siempre contra los pobres. Son mansitos con los poderosos y durísimos con los que menos tienen. Esta es una de las características constantes de CC y, desde luego, no es ajena al señor Bermúdez. 

Si uno se da un paseo por Santa Cruz puede pensar que es una ciudad que está algo abandonada. Muchos de los edificios antiguos y emblemáticos de la capital se hallan en mal estado. ¿Qué propone usted en materia de patrimonio?  

Muchas acciones. Desde luego, el patrimonio público hay que rehabilitarlo y convertirlo en un factor de riqueza. No han hecho nada. Hace unos días dábamos una rueda de prensa en el templo masónico, que es una joya histórica y puede ser un recurso turístico. Tenemos barrios que son el mejor ejemplo de arquitectura racionalista en Europa y, sin embargo, los tratan como solares en los que especular y construir. Cuando es público, lo tienen absolutamente abandonado. Durante años han dejado de lado nuestro patrimonio y, por lo tanto, nuestra historia. Ellos, que se dicen nacionalistas. 

En cuanto al patrimonio privado, que también es historia de Santa Cruz, hay que dar ayudas para su conservación, hablar de los usos compatibles con su protección y convertir nuestro patrimonio en un factor de riqueza y reclamo turístico. Si acabamos con nuestro patrimonio, acabamos con nuestra historia.

¿Cómo valora la iniciativa Santa Cruz Verde 2030? Santa Cruz Verde 2030

Aún no hay nada. El problema es que ese suelo urbano es no consolidado. No lo digo yo, lo dice una sentencia del Tribunal Supremo. A diferencia de lo que dicta la sentencia del Supremo, el convenio firmado entre CEPSA y el Ayuntamiento dice que sí lo es.

Nosotros tenemos el proyecto en el Contencioso-Administrativo porque la diferencia entre una calificación y otra es hurtar a los ciudadanos de Santa Cruz, como mínimo, 400 viviendas públicas. Por lo tanto, en primer lugar, deben garantizarse los derechos de los ciudadanos y los usos que marca la ley.

Si ellos consideran que eso es suelo urbano consolidado están yendo contra la sentencia del Tribunal Supremo. Pero olvidémonos de eso. El futuro de esos terrenos no corresponde al alcalde de Santa Cruz ni a la Corporación del momento. El futuro de esos terrenos lo tienen que decidir los chicharreros. 

¿Habrá un modelo de transporte público y sostenible para la ciudad?

Nuestra prioridad es la movilidad, pero desde que el ciudadano sale de su vivienda. Siempre nos olvidamos de que hay personas mayores con movilidad reducida que no pueden bajar a la calle. Por eso vamos a propiciar un plan de ascensores para garantizar la primera movilidad: la de salir de tu hogar.

En segundo lugar, están las rampas y las aceras. Siempre nos olvidamos de esto y salir a la calle se convierte en una yincana, me dice la gente, cuando tienes dificultades de movilidad o un carrito de bebé. Primero hay que garantizar la movilidad a pie y, por ende, los paseos.

Nosotros hablamos de avenidas norte-sur para pasear. La Salud y Ofra, por ejemplo, están pegadas, pero de espaldas. Para ir de La Salud a Ofra tienes que bajar a Cruz del Señor prácticamente, para luego volver a subir porque si no tienes que jugarte la vida. Por la industria cervecera no hay ni aceras.

Proponemos hacer avenidas norte-sur que, con un trazado adecuado, ayudarían no solo a la movilidad a pie sino al desarrollo de carriles bici, que en pendiente es muy difícil. En cuanto al transporte público hay paradas que dejan a los vecinos de los barrios muy lejos de sus casas. Hablamos de Nuevo Obrero, Las Moraditas, Cuesta Piedra, algunas zonas de La Salud... Por ello habrá que poner unos micros que hagan de conexión desde una parada hasta las zonas con más pendiente en Santa Cruz. Porque, si no, la mayoría tenderá a coger el coche.

En cuanto al problema de aparcamiento en Santa Cruz, ¿cuántas vueltas damos buscando un sitio donde dejar el coche para acabar o bien aparcando en el Meridiano o bien en los carísimos parkings del centro? Hay que recuperar para la gestión pública los carísimos parkings de gestión privada que están incumpliendo. En La Laguna hay cuatro parkings públicos y ocho en Las Palmas.

Es necesario hacer un verdadero plan de movilidad en Santa Cruz, pensado también en sus barrios y pueblos y ponerlo en marcha. 

Usted ha dicho que quiere convertir a Santa Cruz en la ciudad más limpia de Canarias ¿Qué medidas concretas tomaría para dar la vuelta a la situación actual?

Santa Cruz ya lo fue hace 20 años. Mire, con más recursos que los que tuvo Hermoso y con un mejor comportamiento cívico de los chicharreros, Santa Cruz está más sucia que entonces. Y no es solo eso, sino que el señor alcalde ha sido advertido por sus técnicos de que los parámetros que recoge el contrato que pretende adjudicar a la empresa Sacyr no se van a cumplir. Es decir, que Santa Cruz va a estar igual de sucia. Incluso hay una partida para despedir personal de limpieza.

De todas formas, en estos últimos tres meses, los previos a las elecciones, ha habido una partida extra de 300.000 euros, en torno a esa cifra, destinada a mejorar la recogida de residuos en el municipio...

Es que han contratado a más gente, como a unos 50 trabajadores más solo para los meses de marzo, abril y mayo. El 31 de mayo se van a la calle. Y no lo anunciaron. Nos enteramos nosotros gracias a un papel que no voy a decir cómo llegó a mi mano. Eso es el reconocimiento de que la ciudad está sucia.

Todo apunta a que no va a haber una mayoría absoluta en el Ayuntamiento...    

Bueno, no lo sé. Aún no han votado los ciudadanos.

Por eso dije “todo apunta”. Tampoco lo sé. ¿Cómo ve el periodo poselectoral? Parece que habrá dos opciones: que CC pacte con la derecha o que incluso pueda haber un pacto del PSOE con el resto de la izquierda. También entre CC y PSOE. Usted ya ha descartado esta última fórmula. ¿Cree que hay posibilidades de que se lleve a cabo un pacto de las izquierdas o prefiere el PSOE otra opción?

Vamos a ver... Hay dos personas que pueden ser alcaldes de esta ciudad: José Manuel Bermúdez y Patricia Hernández. Como los ciudadanos tienen dos opciones, yo me he comprometido con ellos a que todo el voto que vaya al PSOE sea un voto de cambio; es decir, que ningún voto que pretenda hacerme alcaldesa a mí acabe convirtiendo a Bermúdez otra vez en alcalde de Santa Cruz.

Mi proyecto es de cambio y garantiza el cambio. A partir de esta afirmación, si los ciudadanos no nos dan la mayoría absoluta, nosotros trabajaremos en una alianza de cambio. Santa Cruz necesita abrir las puertas y las ventanas, movilizar todos los recursos y una gestión eficiente. Necesitamos una Santa Cruz en la que la gente de los barrios se sienta parte de la ciudad de una vez por todas y no diga “bajar a Santa Cruz”. Y para eso necesitamos poner a Coalición Canaria en la oposición. 

En el caso de que haya un pacto a la derecha y Patricia Hernández no consiga ser alcaldesa. ¿Qué va a hacer usted? ¿Permanecerá en la oposición o va a recoger velas y quedarse en el Parlamento?

Yo ese escenario lo descarto antes de que los ciudadanos voten, porque te puedo asegurar que tenemos proyectos para iniciarlos nada más llegar. Es decir, nosotros aspiramos a transformar Santa Cruz desde la alcaldía. Dicho esto, mi compromiso con Santa Cruz es firme y por supuesto estaré donde me pongan los ciudadanos. No voy a irme a ninguna parte. Primero, porque voy a ser alcaldesa de Santa Cruz, y segundo, porque estaré donde me digan los ciudadanos. No voy a irme absolutamente a ninguna parte.

Eduardo Garzón, economista, político de Izquierda Unida (IU) y también hermano del coordinador nacional de este mismo partido, Alberto, analiza en esta entrevista, realizada en la isla de Tenerife el jueves de esta semana, el mapa político que dejan las elecciones generales del 28A y la división de la izquierda en España, entre otras cuestiones.

También detalla las enseñanzas de su paso por el Ayuntamiento de Madrid, una administración pública que ha demostrado que la gestión pública y la aplicación de políticas con los enfoques de los partidos de izquierdas no llevan a la hecatombe, por mucho que así se lo quieran hacer ver a la ciudadanía los partidos de derechas.

¿Cómo usted calificaría los resultados obtenidos por Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril?

Los resultados son suficientes para poder conseguir un proyecto político de izquierdas en general. Pero a nosotros nos hubiera gustado tener más votos y más representación en el Congreso para lograr más fuerza y así poder realizar nuestras políticas.

¿Apoyará la confluencia un Gobierno de Pedro Sánchez en solitario, renunciando así a la opción preferida por Pablo Iglesias: un Ejecutivo bicolor?

Yo no sé qué hará el Partido Socialista. No me fío. Ya hemos visto en más de una ocasión que realiza algunos giros inesperados hacia la derecha, pero espero que recapacite y que, tras este nuevo equipo, sean capaces de, ya sea con nosotros en el Gobierno o con nosotros fuera, realizar un proyecto verdaderamente de izquierdas. Esto es, muy diferente del que habíamos tenido con el Partido Popular y en la línea de lo que estábamos consiguiendo en los últimos años. Eso sí, creo que nosotros tendríamos mucha más utilidad estando dentro del Gobierno, aunque solo fuera de forma simbólica, porque es la mejor forma de controlar al Partido Socialista, que, como digo, a veces no realiza políticas directamente de izquierdas. Si no queda más remedio, tampoco veo una fórmula desastrosa estar apoyando al nuevo Gobierno en minoría.

Desde Unidas Podemos proponen blindar por ley la revalorización de las pensiones, vinculándola a la evolución del IPC para que así el poder adquisitivo de los mayores esté mejor compensado. ¿Cree que será posible en esta legislatura?

Creo que sí. Ese es un factor que tan solo Vox y el PP han puesto en duda. Incluso Ciudadanos está a favor de revalorizar las pensiones al ritmo del IPC y, como digo, ya es poca la gente que piensa que habría que hacerlo de otra forma, por ejemplo, utilizando indicadores como el PIB o la productividad. Así que yo pienso que sí, que ese elemento va a estar garantizado.

Ahora bien, ello no quiere decir que el sistema público de pensiones no siga bajo amenaza. Ya se sabe que dentro de los proyectos políticos del Partido Popular, Ciudadanos y la derecha en general sí hay determinados elementos que ponen en riesgo la sostenibilidad de aquél, porque estas formaciones políticas están abogando por lo privado.

Por cierto, hemos visto que el PSOE, en muchos de los movimientos que han realizado, da prioridad a las pensiones privadas frente a las públicas. Eso lo vimos en el Parlamento Europeo, donde el Partido Socialista voto a favor de dar prioridad a las pensiones privadas frente a las públicas. En cualquier caso, nuestro proyecto es claro: defensa firme y a ultranza del sistema público de pensiones, porque consideramos que es el más justo y el más eficiente, no solo en términos económicos sino también sociales.

¿Qué tal fue su breve paso como asesor por el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena como alcaldesa?

Bueno, pues fue breve porque solo fueron dos años. La verdad es que fueron muy útiles en el sentido de que dio tiempo de hacer un montón de cosas. Creo que nosotros pudimos desarrollar un proyecto y demostrar que políticas económicas de izquierdas se pueden hacer sin llegar a ningún tipo de hecatombe, lo que siempre augura la derecha.

Fuimos capaces de reducir el paro en Madrid a un ritmo mucho más elevado que en otras regiones; fuimos capaces de incrementar la inversión social y en infraestructura a unos niveles desorbitados, y al mismo tiempo que hacíamos todo eso, reducíamos la deuda pública y manteníamos un superávit con más de mil millones de euros. Eso es una prueba de que con políticas de izquierdas se puede beneficiar a la mayoría social, hacer que los más acaudalados paguen más impuestos -lo que deben pagar acorde al artículo 31 de la Constitución Española- y, al mismo tiempo, tener las cuentas saneadas.

¿Cómo valora lo ocurrido en esa administración pública y en la comunidad autónoma de Madrid con Podemos? La desvinculación de Carmena, en el primer caso, y el proyecto alternativo de Íñigo Errejón, en el segundo.

Lo considero un absoluto error. Si de verdad se consideran de izquierdas y quieren realizar políticas en esa dirección, que en el caso de Manuela Carmena eso está por ver -ya hemos visto que en el propio Gobierno local de Madrid ha realizado políticas que no son en absoluto de izquierdas, como el paradigmático ejemplo de la operación Chamartín, que es, al fin y al cabo, un proyecto para incrementar la especulación y que así se lucren los de siempre: las grandes constructoras, aunque no haya ningún tipo de interés público en esa especulación-, remarían todos en el mismo barco y no se escindirían y crearían sus propios partidos políticos, que, por cierto, son completamente personalistas, ya que no tienen estructura de organización.

Lo considero un error porque nosotros, en Izquierda Unida, hemos luchado mucho por la confluencia y, aunque en algunos sitios no se ha podido conseguir, de forma general sí lo pudimos hacer. Creo que ese es el mejor camino para hacer políticas de izquierdas y mejorar la vida de la gente.

Al inicio de su libro Desmontando los mitos económicos de la derecha, usted dice que el pensamiento económico que domina se ha olvidado del componente social en esta materia, de que la economía -al contrario de lo que se suele pensar- Desmontando los mitos económicos de la derechano es una ciencia fría y exacta, como la física, sino que está enormemente ligada a la sociedad y a la naturaleza. ¿Cree que consiguió aplicar esa perspectiva social durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid?

Bueno, en dos años da tiempo para muy pocas cosas, pero al menos lo intentamos. Desde luego que, cuando uno hace más hincapié en que lo importante es incrementar la inversión social, que se traduce en ayuda a las familias, a mayores y a la infancia, en construcciones de escuelas públicas, en servicios de calidad, en cualquier tipo de ayuda al empleo, en prestaciones a familias que lo necesitan y a colectivos vulnerables..., uno va poniendo el acento en lo social y así demuestra que desde la economía se puede abordar ese tipo de problemáticas.

El Ayuntamiento de Madrid fue reconocido por tener superávit y reducir la deuda pública. Hubo muchos titulares que elogiaban esto. Pero de lo que verdaderamente estamos orgullos es de haber dedicado ese dinero público a la mejora del bienestar de la gente. Y eso se logra sobre todo a través de la inversión social.

¿Es posible la traslación de ese modelo local de gestión de lo público a otras administraciones?

Se puede hacer, evidentemente, pero no es extrapolable del todo. Madrid tiene una ventaja con la que no cuenta ninguna otra administración pública. Esta es que, al ser capital del Estado, centraliza mucha actividad económica, lo cual genera muchos más ingresos tributarios con los que poder aplicar políticas públicas. Pero, dejando de lado ese matiz -que es importante-, las políticas que aplicamos nosotros en el Ayuntamiento de Madrid son completamente trasladables a otras administraciones públicas. Y cito algunas de las más importantes: auditoría de la deuda y de las políticas públicas, para que la ciudadanía fiscalice a los gobernantes; lograr que el sistema fiscal sea el más justo posible, es decir, que pague más el que más dinero tenga, y lograr mucha más inversión social y que haya más generación de empleo a través, por ejemplo, de la recuperación de los servicios que habían sido privatizados, de las cláusulas sociales que nosotros implantamos o incluso por medio de la creación directa de puestos de trabajo. Todas esas políticas se pueden aplicar. Otra cosa es cómo acaben luego cristalizando porque cada ámbito y coyuntura, evidentemente, son diferentes.

Estos días, Unidas Podemos presentó su candidatura al Parlamento Europeo. ¿Hacia dónde cree que debe caminar Europa en los próximos años y que se juega España y el Viejo Continente?

Es una excelente pregunta porque, ahora mismo, la evolución de Europa no es precisamente positiva en el sentido social de la palabra. Porque viene a ahondar en el proyecto neoliberal. Acabo de mencionar que se aprobó una moción en el Parlamento Europeo que promovía dar prioridad a los planes privados de pensiones. Eso significa que aquel que pueda permitirse un ahorro para la jubilación, perfecto. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro?; ¿se quedan sin jubilación?; ¿van a tener una mucho menor?

Esto es un problema y, desgraciadamente, Europa tiende hacia esa faceta neoliberal. Nuestro proyecto es claramente opuesto. Nosotros debemos revertir todas esas políticas neoliberales, que vienen regidas por criterios fiscales que no tienen ningún sentido, como son controlar o respetar determinados niveles de déficit público en lugar de orientar tus políticas económicas hacia el pleno empleo, hacia el bienestar de la gente, hacia las condiciones laborales dignas… Para eso debe servir la economía, no para respetar y tener como un fetiche o un tótem el déficit público y la deuda pública, que son simplemente indicadores económicos que apenas dicen nada de la vida de la gente. Así que nosotros queremos tomar ese camino y ello debe pasar, necesariamente, por un cambio drástico.

También al comienzo de su libro habla de lo que usted llama “el vaciamiento de la economía”, es decir, la pérdida de principios morales y éticos -propios de una ciencia social como es la economía- que supuso la instauración del sistema capitalista. Al leer eso, no pude evitar acordarme de las palabras que el filósofo esloveno Slavoj Zizek pronunció acerca de la responsabilidad social de las empresas en una charla que dio el pasado mes de marzo aquí, en Tenerife. Cito textualmente: “”Recuerdo entrar a un Starbucks en Estados Unidos y ver un cartel de responsabilidad social que decía: 'Sí, nuestro café es más caro, pero un tanto por ciento del precio de tu café va destinado a reforestar bosques en Guatemala". ¿Qué opina acerca de la responsabilidad social de las grandes empresas? ¿Cree que realmente se han dado cuenta de lo necesario que es la perspectiva social en la economía y actúan en consecuencia?

Muchas empresas sin duda utilizan ese tipo de elementos de responsabilidad social corporativa para tener mejor imagen y lograr más clientes porque piensan que están contribuyendo a una labor social y demás. Es verdad que hay otras empresas que sí lo están haciendo. Y eso, sin duda, incrementa los costes de producción y, por ende, el precio de los productos.

Para que nuestra economía sea realmente sostenible en términos sociales y ecológicos tiene que haber una intervención directa y clara del sector público, es decir, no esperar a que las empresas actúen por su propia iniciativa para ver si se deciden a realizar labores, sociales o medioambientales, sino que debe estar controlado y regulado por la intervención pública. Si, por ejemplo, hemos considerado entre todos que destrozar bosques a través de la obtención de aceite de palma es un perjuicio ecológico y social muy drástico, entonces debe estar regulado para que no pueda ocurrir.

Y lo mismo con los productos que importamos que han sido fabricados incluso por niños semiesclavos en condiciones que vulneran los derechos humanos. Para evitarlo, el sector público tiene que intervenir y controlar que esa producción no se lleve a cabo en tales términos. No hay que esperar a que sea la empresa la que decida por su propia cuenta dejar de hacerlo.

Hace unos días, el periódico El País publicaba un reportaje -basado en datos del INE- acerca de la desigualdad persistente entre comunidades ricas y comunidades pobres.El País

Sí, lo vi.

Si se mira el mapa adjunto a esa pieza informativa, donde se representa el PIB per cápita por comunidades, se ve que los colores siguen un patrón en el que las comunidades del norte cuentan con un mayor PIB per cápita y, por ende, con una mayor calidad de vida general que las comunidades del sur. ¿A qué cree que se debe esa desigualdad entre regiones españolas? ¿Es estructural? ¿Cómo se combate?

Eso responde a muchísimos factores. Uno de ellos es que la industrialización tuvo lugar en Europa y las regiones que más cerca estaban del epicentro de la industrialización eran las del norte, sobre todo Euskadi, Navarra y Cataluña, que fueron las que primero se beneficiaron de ese impacto. También hay cuestiones geográficas y orográficas. Es difícil tener una economía muy desarrollada en las islas, como ocurre en Canarias, cuando el transporte es mucho más difícil, las telecomunicaciones también… Luego hay factores políticos en los que los propios gobernantes de antaño e incluso los de ahora beneficiaron a determinadas regiones en detrimento de otras. Eso también ha producido el desarrollo en unos sitios y el subdesarrollo en otros. Por último, también tenemos cuestiones más institucionales. Por ejemplo, Euskadi tiene su propio régimen foral, igual que Navarra, lo que permite que tengan mayor margen de maniobra y menor solidaridad, por cierto, con el resto de regiones. Estamos hablando de una desigualdad absolutamente estructural, pero a largo plazo y con voluntad política se puede ir reduciendo.

Acaba de mencionar la condición insular de Canarias como uno de los factores que dificultan el desarrollo de la economía. Precisamente en ese reportaje de El País, el archipiélago -que es una región que vive fundamentalmente del turismo- se sitúa entre las comunidades más pobres. ¿Hasta qué punto es aconsejable que una región dependa casi exclusivamente de un único sector?El País,

Casi siempre es mejor diversificar, pero no hacerlo tampoco tiene por qué suponer un trauma. Y me explico: no pasa nada por que Canarias se dedique al turismo. El problema es que se dedique al turismo de bajo valor añadido -el turismo de sol y playa-, el que solo necesita camareros y recepcionistas de hotel que no requieren ningún tipo de formación y, por lo tanto, los salarios son bajos.

Si en cambio hubiera una política que reorientara el turismo hacia un alto valor añadido con sesiones históricas, rutas gastronómicas y actividades donde se muestre toda esa riqueza cultural y paisajística que tiene Canarias, estaríamos hablando de que se necesitarían personas mucho más formadas, con idiomas y conocimientos más avanzados y específicos que requerirían condiciones laborales más elevadas. Ahí la cosa cambiaría.

De todas formas, tampoco debemos atormentarnos por dedicarnos a un solo sector. Si en otras partes del país hay regiones mucho más productivas, podemos canalizar ese excedente de producción hacia las zonas en las que menos productividad hay. Por decirlo de forma llana: redistribución territorial de la riqueza para que en todo el Estado haya un nivel de vida equiparable.

Regresemos a la política… ¿Por qué la izquierda española ha vuelto a dar muestras de división, y un ejemplo muy claro es lo ocurrido en Madrid? ¿Cómo se explica tanta fragmentación y qué impacto real puede tener en los resultados electorales?

Aquí las causas son variadas. Creo que una característica a destacar es que la izquierda es muy rica y plural: se fija en muchos factores y no solo en cuatro como hace la derecha. Esto genera muchísimas fricciones en la izquierda. También otro rasgo es que hay ambiciones políticas de determinadas personas que quieren tener su propio partido político, su propio espacio de control y no son solidarias. No ceden su espacio, como hemos hecho nosotros, en Izquierda Unida, que hemos empezado a colaborar con Podemos allí donde hemos podido y no nos ha temblado la mano a la hora de tener un poco menos de visibilidad pensando en el bienestar social.

Por lo tanto, las causas son muy diversas y, obviamente, pueden tener un impacto negativo en el ámbito político porque la ley electoral penaliza las divisiones. Separados no vamos a tener tanta fuerza para lograr aplicar nuestras medidas y es una mala noticia que proyectos políticos tan parecidos estemos divididos.

Hoy en día se sigue viendo cómo un político imputado o investigado por un caso de corrupción, como Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, no se da por aludido y se presenta a la reelección como diputado autonómico para intentar seguir en ese mismo puesto, con aplausos unánimes de su partido, Coalición Canaria. ¿Qué debe pensar o tener en cuenta el electorado y cómo tiene que actuar la política para erradicar esos comportamientos?

En IU siempre hemos propuesto medidas que pretenden afianzar nuestra democracia. Esto pasa por otorgar a la ciudadanía un control mucho más directo sobre sus representantes políticos y que pueda haber incluso revocatorios, para que, si la gente no está contenta con la persona a la que ha votado, no tenga que esperar cuatro años para poder revocarla. Se trata de que haya mucho más control ciudadano sobre los partidos políticos… Y en cuestiones de corrupción, aunque esto es más delicado -porque las imputaciones pueden ocurrir sin apenas haber habido sospechas ni pruebas-, que también den un paso a un lado si eso supone mayor credibilidad política para el proyecto.

¿Cómo ve la situación actual de IU y qué futuro cree que tiene por delante esta organización política, quizá un poco deslucida últimamente?

¿Un poco…?

¿Deslucida?

Bueno, a eso me refería antes. Quizás las siglas y símbolos de Izquierda Unida no se vean tanto como antes -que eso habría que verlo, porque siempre hemos estado excluidos de los grandes medios de comunicación y hemos seguido dando la batalla-, pero lo hemos hecho a favor de un proyecto político para nuestro país, pensando en la mayoría social. Hemos creído que juntarnos todos y todas, aunque tengamos sensibilidades relativamente diferentes, es la mejor forma de conseguir nuestros objetivos políticos, y no nos deben doler que nuestras siglas no aparezcan tanto como antes.

En cualquier caso, insisto, si nosotros no hubiésemos colaborado con Podemos para ir juntos a las elecciones generales tendríamos todavía menos visibilidad de la que tenemos hoy en día. Porque tendríamos menos diputados, menos financiación, menos espacio para las campañas electorales… Por eso creo que la confluencia sí fue positiva, incluso en términos de visibilidad.

¿Cómo ha visto la estrategia de la derecha en las generales del 28 de abril?

La derecha ya hemos visto que ha cometido una barbaridad: la de escorarse todavía más a la derecha y mantener un proyecto económico, social y político muy de derechas. La verdad es que me alegro de que la ciudadanía haya votado en masa para penalizar ese tipo de comportamientos y además haya demostrado que nuestra sociedad no consiente esas transgresiones a la democracia y a los derechos fundamentales de algunos colectivos como las mujeres, los inmigrantes...

¿Y qué papel le corresponde a la izquierda de Podemos e IU en la nueva legislatura?

La de siempre: intentar convencer a la gente de que nuestro proyecto político es el que de verdad piensa en la clase trabajadora, en la mayoría social y en los derechos humanos y cívicos, que están hoy en día, desgraciadamente, amenazados por la derecha.

Mónica García, presidenta de Unión Kellys Tenerife, la asociación que defiende en esta isla de Canarias la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso (una de las entidades, aunque quizá la más importante, pues hiciste al menos otra vinculada a la organización de trabajadores Sindicalistas de Base), ha convocado este lunes a los medios de comunicación en la capital tinerfeña para trasladar a la opinión pública que en el último año ha sufrido “numerosos despidos que se han dado en los 20 días siguientes a su incorporación a los puestos de trabajo” e incluso ha llegado “al extremo de ser despedida en el primer día de una contratación”.

Esa camarera de piso, ahora en paro, vincula sus problemas de empleo al supuesto “afán que tiene un sindicalista por impedir que trabaje” en Tenerife, lo que a su vez guarda relación, sostiene la afectada, “con un posible resentimiento por haberse negado en el pasado a vincular la lucha de las kellys al sindicato al que tal persona pertenece”.

Aunque no ha querido decir a qué sindicato pertenece esa persona, de sus declaraciones se puede desprender que se trata de Sindicalistas de Base, la organización con mayoría de delegados en la actualidad en el sector de la hostelería en la provincia tinerfeña.

La presidenta de la asociación Kellys Unión Tenerife convocó a los medios de comunicación para trasladar el que considera un supuesto caso de discriminación, algo que asegura venir sufriendo durante el último año por parte de un sindicalista. Según dice, esa persona influyente “hace todo lo posible para que ella no consiga un puesto de trabajo”.

García cree que ese hombre, cuyo nombre no ha querido trasladar, “se está encargando personalmente de desprestigiarme entre los empresarios de la hostelería con el fin de que no cuenten con mis servicios profesionales” y para que así ella cese en su lucha por los derechos de las camareras de pisos. Esa persona es “la mano negra que actúa cuando alguien no acata sus órdenes o no quiere pasar por el aro que él dicta”, aseguró la dirigente de Unión Kellys Tenerife.

Esta misma camarera de piso residente en Adeje, municipio de Tenerife, dedica parte de su tiempo libre a defender los derechos de ese colectivo con amplia presencia de mujeres. A sus 41 años, García ya tiene una vida laboral con 22 en el sector, pues lleva trabajando desde los 15. En todo ese tiempo, no se ha visto en una situación de las características que ahora describe, reconoce.

Según ella misma narra, en el último año ha sufrido numerosos despidos que se han dado en los 20 días siguientes a su incorporación al trabajo, llegando al extremo de ser rescindido su contrato incluso en el primer día, no pudiendo concluir ni su primera jornada laboral y con una única explicación por parte de la compañía que la expulsó: “Es que me han mandado” a hacerlo.

García ha recalcado este lunes que todas las empresas que la han despedido tienen en común que pertenecen o están controladas en el comité de empresa por el mismo sindicato al que pertenece la persona que supuestamente la discrimina.

La presidenta de Kellys Unión Tenerife achaca ese supuesto afán del sindicalista por impedirle trabajar a un posible resentimiento por haberse negado en el pasado a vincular la lucha de las kellys al sindicato al que él pertenece: “Este señor irrumpe en nuestra asociación a finales de 2017 y, con el fin de poder hacer uso del nombre de las kellys en el ámbito sindical, se centra en absorber la asociación. Entonces, consigue dividir a las integrantes de la ejecutiva a través de una persona influenciable, a la que más tarde no solo colocaría en su sindicato, sino que la aforaría y la sentaría en la mesa del convenio. Con esa táctica -muy bien recibida por esa persona-, le hace disolver la primera asociación, porque ya era consciente de que no nos íbamos a dejar utilizar”, dijo García.

Según ha asegurado Mónica García, ella no es la única afectada. Los nombres de hasta quince mujeres más -que ha preferido no exponerlas públicamente- podrían figurar en la “lista negra” de ese sindicalista por razones similares.

García ha hecho conocedores de su situación a distintas instituciones, como Ashotel, partidos políticos, empresarios, jueces, sindicatos -incluido el de la persona que supuestamente le dificulta el acceso al trabajo-, al Diputado del Común, al alcalde de Adeje e incluso al mismo sindicalista, con el que asegura que ha mantenido una conversación de una hora y media “para arreglarlo por las buenas” y que le “abra las puertas que ahora les está cerrando”. No obstante, según afirmó García, el sindicalista ya mencionado “echó la culpa a los empresarios” que la han despedido.

García interpuso la semana pasada la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo, pues, según ha afirmado, era un trámite necesario para poder denunciar el caso públicamente. “No estoy aquí para pedir caridad ni para que me mantengan. Como ven, mi cuerpo todavía está bien para trabajar y nunca he propiciado escándalos. De hecho, la gente aún se pregunta cómo he aguantado tanto. Solo quiero que se sepa mi historia y se abran mis puertas”, concluyó.

Unos 100 seguidores del presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, se han concentrado junto al Consulado de Venezuela en Canarias, radicado en la avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife, donde han desplegado banderas y consignas a favor del derrocamiento del presidente bolivariano Nicolás Maduro.

Justo en el edificio donde se haya la única legación de Venezuela en Canarias, que es la comunidad autónoma con más inmigrantes de ese país, país considerado Octava Isla para los isleños, los convocados han realizado proclamas como: “¿Quiénes somos?, Venezuela; ¿qué queremos?, libertad”, o “Maduro, coño de tu madre”.

En el lugar en que se hallan los manifestantes ya hay presencia policial y un portavoz del grupo de seguidores de Guaidó ha señalado que al lugar de la protesta se han acercado para dar apoyo al grupo un concejal de Ciudadanos y un político de Vox.

Los reunidos junto al Consulado de Venezuela en Canarias también destacan la labor de respaldo que siempre han mostrado a sus postulados las formaciones políticas Coalición Canaria y Partido Popular. Los manifestantes tienen previsto seguir con la protesta en la cercana plaza de España.

Maximo Díaz Estévanez, coordinador de Voluntad Popular, ha reconocido que podrían haber muertes en Venezuela, pero expresó su deseo de que no se produzca “un derramamiento de sangre”, ni un “enfrentamiento fraticida”.

“Hacemos un llamamiento a la sensatez, a la cordura, a que prele la paz”, añadió, al mismo tiempo que pedía al Gobierno de Maduro que acepte “que su tiempo pasó y debe ceder el poder”, porque “ha sido sumido a nuestro pueblo en una miseria sin precedentes en la época moderna: no hay medicinas, no hay comida, no hay trabajo, no hay luz, no hay agua. El pueblo, simplemente, se hartó”.

El presidente de Unión Canario Venezolana, Agustín Rodríguez, explica que desde Santa Cruz de Tenerife buscan “dar ese apoyo desde afuera, que sepan que todos los venezolanos que estamos fuera estamos gritando por la libertad del país”.

Este 28 de abril, además de ser la fecha elegida para celebrar las elecciones generales, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Con motivo de esa jornada, UGT y CCOO celebraron un acto este viernes, 26 de abril, para informar sobre algunas de las enfermedades profesionales más comunes, así como sobre la forma de proceder ante la mutua cuando se padezca alguna.

La técnica en prevención de riesgos laborales de UGT, María de la Paz Márquez, dio a conocer los tres requisitos que piden las mutuas para reconocer una enfermedad profesional y que, según ella, utilizan “de forma torticera” para no tener que responder ante ellas. Estos son: un agente causante, como los movimientos de flexo-extensión forzada de la muñeca; una enfermedad determinada, como la epicondilitis, y un sector de actividad específico, como, por ejemplo, carnicero.

Por este motivo, el homólogo de Márquez en CCOO, Ivan Borges, considera “muy difícil” visibilizar las enfermedades profesionales, pues, según dijo, “estas se suelen reconocer como propias del individuo y no como una consecuencia del ejercicio físico que va ligado al trabajo que se desempeña”.

La cita informativa contó con la exposición del fisioterapeuta Francisco García, que habló de algunas de las enfermedades profesionales más comunes, como el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis o la tendinitis, así como de los movimientos y profesiones a los que están ligadas esas patologías.

Tras su intervención, el abogado y coordinador regional de servicios jurídicos de UGT-Canarias, Fernando Martínez-Barona, atendió las posibles dudas de los allí presentes en relación con el procedimiento que hay que seguir para obtener el reconocimiento de esas dolencias como enfermedades profesionales por parte de las mutuas.

El acto fue inaugurado por el secretario general de CCOO, Inocencio González, quien “sin solicitar el voto para ninguna opción política”, quiso animar a los asistentes a ejercer su derecho al voto: “La gente progresista tiende a desmovilizarse cuando está desencantada”, afirmó.

Continuó recalcando la importancia de estas elecciones para la clase trabajadora, ya que, según dijo, “cabe la posibilidad de que los partidos de derechas formen un bloque con la ultraderecha que irrumpió con fuerza en las elecciones andaluzas [en referencia a Vox] y que quiere hacernos retroceder en el tiemp”, concluyó el líder sindical.

Los socialistas apuraron hasta la tarde del último día posible, este lunes, 22 de abril, para presentar a sus candidatos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ante la Junta Electoral de Zona y con vista a las próximas elecciones municipales, las del 26 de mayo.

Durante el acto de entrega de los documentos pertinentes, tuvo lugar una anecdótica incidencia que acabó resultando una simple equivocación por parte de la funcionaria del servicio. Esta creyó haber detectado un incumplimiento del requisito de paridad en la lista de candidatos suplentes que impediría la correcta tramitación del proceso. Finalmente, tras unos instantes de confusión, se aclaró todo y pudo culminarse el trámite con total normalidad.

La lista de candidatos presentada por el PSOE incluye un total de 27 personas. Por el puesto que ocupan en dicha lista, algunos de los más destacados son Patricia Hernández, exsenadora y exdiputada; José Ángel Martín, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz y exconcejal de Urbanismo del año 2011 al 2015; Marta Arocha, actual directora insular de Vivienda en el Cabildo de Tenerife y exdirectora general de Dependencia; Florentino Guzmán, actual concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, exresponsable de la Sociedad de Desarrollo y exdirector de Seguridad en el Cabildo de Tenerife; Elena Mateo, actual concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y Andrés Martín, actual concejal en el mismo Consistorio.

Tras el trámite burocrático correspondiente, la candidata socialista a la alcaldía de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, atendió a los medios de comunicación a las puertas del edificio y, arropada por sus compañeros de lista, lanzó un mensaje en el que vaticinó “un tiempo nuevo” para los santacruceros. Dijo: “Necesitamos una alcaldesa que transforme y lidere la ciudad”, “una ciudad en la que no haya chicharrero -viva donde viva- que se sienta abandonado por su alcalde”, prosiguió.

Hernández mencionó, a grandes rasgos, algunas de las propuestas principales que llevaría a cabo desde el Consistorio si lograse convertirse en la alcaldesa de Santa Cruz. En referencia al ámbito cultural y de ocio, expresó la necesidad de que el Consistorio sea un “aliado de los creadores y no un enemigo de su patrimonio”.

La candidata a la alcaldía afirmó que Santa Cruz “va languideciendo con la Corporación de José Manuel Bermúdez al frente”, e insistió en la llegada de ese “tiempo nuevo” que, según afirmó, “se abrirá en mayo”. Hernández cree que la ciudad tiene que incluir “puntos de encuentro y espacios de convivencia” para que deje de ser una “yincana” para los chicharreros y se convierta, sostuvo, en “algo de lo que puedan sentirse orgullosos”.

La llegada del líder nacional de Ciudadanos se hizo de rogar este miércoles en Santa Cruz de Tenerife. Casi media hora más tarde de lo previsto, aterrizó Albert Rivera en la santacrucera plaza de la Candelaria.

Cientos de simpatizantes esperaban ansiosos en las sillas dispuestas bajo la fuente y algunos fotógrafos aguardaban en alerta para inmortalizar el momento de su entrada al recinto. De repente, sonó fuerte el himno del partido naranja y, como si de un resorte se tratara, la gente se levantó automáticamente del asiento para comenzar a mirar de un lado a otro en busca del presidente de Ciudadanos. Una masa de camarógrafos se abalanzó hacia el escenario por el pasillo central y, tras unos segundos, apareció. Era Albert Rivera.

Tras saludar, entre aplausos y ovaciones, a sus compañeros de partido y a los allí presentes, Rivera tomó asiento. La euforia del público se diluyó y por fin pudo dar comienzo el acto. La primera en subirse a la tarima fue la periodista y candidata de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de Canarias, Vidina Espino.

Comenzó su intervención haciendo alusión a todas aquellas historias negativas que, como periodista, había tenido que contar sobre las islas y sus habitantes. Según dijo, son estas las que le habían llevado a dar un paso al frente y participar en política.

Sin duda, el hecho de que Espino sea una cara conocida entre los canarios, y no precisamente por haberse dedicado siempre a la política, produce cierta simpatía entre el electorado y desde el partido lo saben. La candidata habló de la política como una responsabilidad y no como una profesión: “Nunca imaginé cuando daba las noticias que me acabaría comprometiendo para cambiar Canarias”, aseguró.

Tras ella habló Marcos de Quinto. El candidato número dos de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Madrid quiso dejar claro que él, que ya está jubilado y “pensaba llevar una vida tranquila, ha entrado en política porque, según dijo, siente ”la responsabilidad de cambiar las cosas“. De Quinto habló sobre su experiencia profesional como ejecutivo de Coca-Cola y dijo que ”el Estado no se diferencia mucho de la empresa“, haciendo una comparación entre ciudadanos y clientes.

La audiencia se mostró más ilusionada con la intervención de Melisa Rodríguez, que se basó sobre todo en recordar algunos de los logros y beneficios que, según ella, el partido naranja ha conseguido para los canarios desde Madrid. La actual diputada de Ciudadanos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife no desaprovechó la oportunidad para criticar a Coalición Canaria por alzarse como “la voz de Canarias” cuando, según ella, “la única voz de Canarias está hoy aquí”. “Hace una semana, el Congreso trató el Brexit y la única voz que habló de Canarias fue la de Ciudadanos”, aseveró.

Entonces llegó el momento más esperado: el líder del partido naranja subió al pedestal entre aplausos y comenzó su intervención. Entre los numerosos motivos naranja, como globos, pines y pulseras que portaban los espectadores, destacaban algunas banderas y gorras con los colores de la bandera venezolana.

La crítica a la situación política de Venezuela, que ya fue un tema recurrente para Ciudadanos en la anterior campaña electoral, no iba a faltar en un mitin de Tenerife, donde reside un colectivo importante de opositores que han abandonado el país y con los cuales ya se había reunido en la capital tinerfeña. Rivera dedicó buena parte de su intervención a todos esos venezolanos que viven en España, y les prometió un estatuto de protección temporal en caso de llegar a ser presidente.

El líder de Ciudadanos habló de algunos asuntos de relevancia social como la educación, la sanidad y el éxodo de los jóvenes canarios, que tienen que salir a buscarse un futuro mejor fuera de las islas. También criticó el independentismo catalán y alabó a Canarias como una comunidad que reclama igualdad, no superioridad.

Rivera dejó clara su intención de pactar con el Partido Popular para formar un gobierno en coalición de cara a la próxima legislatura y, salvo algún grito de disconformidad que de vez en cuando lanzaba un inesperado viandante desde fuera del espacio habilitado, el evento transcurrió sin mayores incidentes.