Un decreto actualiza el catálogo de exclusiones médicas para los aspirantes que quieran acceder al Cuerpo Nacional de Policía: es la primera vez que la endometriosis figura como veto para quienes deseen ingresar en la Policía Nacional. En años previos, sus exclusiones médicas no incluían esta enfermedad ginecológica.

La medida del Ministerio del Interior es inédita, ya que otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no impiden el acceso a las mujeres con esta patología. Los Mossos d’Esquadra, por ejemplo, vetaron la endometriosis por última vez en 2017, pero en sus convocatorias posteriores -de 2019 y 2021- eliminaron este impedimento. En el caso de la Guardia Civil y el Ejército, sí se contempla la endometriosis como causa de exclusión médica, aunque solo en aquellos casos donde resulte “incapacitante”, matiz que no contempla la norma recién aprobada sobre la Policía Nacional.

De forma habitual, las causas de exclusión médica están reguladas en la normativa sobre el ingreso a determinados empleos públicos, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército o las policías autonómicas, entre otros cuerpos. Con estos vetos se busca que las personas candidatas demuestren un estado de salud idóneo para el puesto al que aspiran. Pero, a veces, las exclusiones médicas contemplan impedimentos desfasados o no adaptados a la evidencia científica disponible, según han criticado en el pasado diversos expertos. Así ocurre también con el veto impuesto ahora por el Ministerio del Interior, según las fuentes consultadas por Civio.

“Es una auténtica barbaridad”, dice Maribel Acién, jefa de la Sección de Ginecología del Hospital Universitario San Juan (Alicante) y profesora de la Universidad Miguel Hernández. “Que la pongan como exclusión general me parece denigrante. La endometriosis afecta a una gran cantidad de población femenina. Es como si dijeran que excluyen a los rubios”, afirma por teléfono. Varias estimaciones apuntan que el 10% de las mujeres en edad fértil padecen endometriosis -unos dos millones de personas en España-, aunque una reciente revisión señala que el porcentaje de afectadas ronda el 1-5%. Para el ginecólogo Juan Antonio García Velasco, “no tiene sentido que la ‘endometriosis’ en general sea motivo de exclusión”. “Muchísimas mujeres tienen la enfermedad, pero a la mayoría no les incapacita”, explica el director de IVI Madrid y catedrático de Ginecología de la Universidad Rey Juan Carlos.

“Hay muchísimas mujeres que pueden hacer vida normal”, corrobora Emi Escudero, portavoz del colectivo EndoSpain, que agrupa a pacientes con esta enfermedad. En la actualidad, según Acién, no existe un tratamiento que cure la endometriosis, pero es habitual que las afectadas tomen antiinflamatorios, para aliviar el dolor, que puede aparecer en distintos grados. A veces también se prescribe la píldora anticonceptiva, con el fin de que sus niveles hormonales se mantengan relativamente bajos. “Cuando todo ha fallado, puede haber algunos casos que acaben en quirófano”, añade la ginecóloga, que destaca que el porcentaje de pacientes que ven muy condicionada su calidad de vida es bajo, inferior al 3%.

A los problemas que pueden sufrir las mujeres con endometriosis se suma ahora una decisión que, para Emi Escudero, supone “una discriminación absoluta” ya que “deja a muchísimas mujeres fuera”. Además, según la portavoz de EndoSpain, la medida resulta discriminatoria “por la doble vara de medir” de las administraciones públicas. “A las pacientes que están peor, los tribunales médicos les dicen que están aptas para trabajar en cualquier cosa y, sin embargo, en la Policía Nacional directamente te descartan”, critica. “Las mujeres con endometriosis deben tener las mismas oportunidades, deben ser ellas las que decidan acceder o no al cuerpo. De lo contrario se limitan sus derechos”, explica Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. A juicio de esta experta en salud y género, la medida aprobada no es equitativa. Al cierre de este artículo, ni el Gabinete de Prensa del Cuerpo Nacional de Policía ni el del Ministerio del Interior habían respondido a las preguntas de Civio.

La actualización también trae consigo la desaparición de algunas enfermedades del catálogo de exclusiones médicas de la Policía Nacional. Por ejemplo, las jaquecas dejan de ser consideradas como un veto, mientras que el asma bronquial ya no es un impedimento para quienes deseen acceder, salvo en los casos en los que la enfermedad sea persistente, es decir, en aquellos pacientes que sufran crisis asmáticas de manera frecuente. Por último, el decreto también veta a todos aquellos que tengan lentes fáquicas. En la práctica, la medida deja fuera de la Policía Nacional a quienes padezcan problemas visuales, como la miopía, en un alto grado o tengan una córnea muy delgada, de forma que tengan contraindicada la cirugía láser. En estos casos, la operación para corregir la vista consiste en implantar lentes intraoculares, consideradas ahora como causa de exclusión médica para acceder al Cuerpo Nacional de Policía. Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), según publica El Norte de Castilla, la medida es entendible por motivos de seguridad. Menos comprensible resulta la decisión para quienes se han costeado una operación que ronda los 6.000 euros y ahora ven frustradas sus aspiraciones profesionales de la noche a la mañana.

Artículo publicado originalmente en Civio.

“Tenemos una solución excelente y segura para combatir la infección por covid-19”. Así de tajante se mostraba el médico Gabriel Serrano Sanmiguel, pese a que no existe en la actualidad un tratamiento seguro y eficaz contra el coronavirus. El vídeo, borrado recientemente, aparecía en el canal oficial de la empresa que fundó, el laboratorio cosmético Sesderma. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, este doctor en dermatología, inscrito en el Colegio de Médicos de Valencia, ha defendido las bondades de la lactoferrina, una proteína que deriva de la leche. La compañía Sesderma vende esta sustancia en botes de 500 ml con un precio de 59,95 euros, lo que supone un coste aproximado de 120 euros por litro. Pero sus afirmaciones resultan engañosas.

Desde finales de febrero, Serrano ha concedido numerosas entrevistas, tanto en medios nacionales, como La Razón, ABC y la COPE, como fuera de nuestras fronteras. Por entonces, ningún medio puso en duda su credibilidad. En paralelo, a través de vídeos y mensajes en las redes sociales, el dermatólogo ha asegurado que la lactoferrina, en formato de “jarabe”, “es muy eficaz” en la “prevención y curación” de la covid-19. Serrano ha descrito a la lactoferrina como un “suplemento alimenticio con calidades medicinales”, empleado para tratar “a pacientes prácticamente desahuciados”. Estas propiedades, según explica la experta Beatriz Robles a Maldita Ciencia, no se han demostrado. Pero, tras sus primeras apariciones en medios de comunicación, las búsquedas en Google sobre la lactoferrina y el laboratorio Sesderma han aumentado en las últimas semanas.

Serrano explica a Civio que la lactoferrina “es un complemento de la dieta”, pero ya no atribuye propiedades curativas a esta sustancia, como sí llegó a afirmar en el pasado. “Podemos tener un problema con la Agencia Española del Medicamento porque esto es un suplemento”, admite. El dermatólogo insiste en que ayuda a “combatir las infecciones virales, incluidas las que son por coronavirus”. Sin embargo, el especialista Juan Pablo Ordovás, portavoz de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), lo desmiente. La evidencia actual, según cuenta a Civio, “no justifica en ningún caso afirmaciones sobre la efectividad” de la lactoferrina “en infecciones víricas como el coronavirus o el virus del SARS”.

Los hospitales niegan haber probado la lactoferrina

El fundador de Sesderma aseguraba haber llevado a cabo un supuesto “ensayo clínico” en el que había tratado “personalmente” a “75 pacientes”, cuatro de ellos intubados, según la nota distribuida por una agencia de prensa internacional. Sin embargo, la lactoferrina no consta en el Registro Español de Estudios Clínicos (REEC). Y tampoco aparece en el listado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre los tratamientos que se prueban en pacientes con covid-19. Según la versión de Gabriel Serrano, su laboratorio había empezado un ensayo clínico con 300 pacientes, en el Hospital de Manises (Valencia), en el Hospital Universitario de La Paz y en IFEMA (Madrid), centro clausurado el pasado 1 de mayo.

Las autoridades lo niegan. Un portavoz de Sanidad de la Comunidad de Madrid explica a Civio que no tienen “constancia” de que la lactoferrina haya sido probada en hospitales de la región, la más golpeada por la crisis del coronavirus. “Desde que el mundo es mundo cuando ha surgido alguna necesidad siempre ha habido un aprovechado que ofrecía un remedio. Esa persona no tiene escrúpulos”, afirma José María Peña, catedrático de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y jefe clínico de Medicina Interna en el Hospital Universitario de La Paz. Serrano dice ahora que “inicialmente estaba planteado así”, pero que, “hasta que la Agencia Española de Medicamentos no lo autorice, no podemos avanzar”. El dermatólogo también sostiene que se han diseñado protocolos con lactoferrina en Brasil e India, pero no hay ninguna prueba al respecto. Tampoco existen ensayos clínicos de lactoferrina contra la covid-19 en los registros internacionales.

Pese a no tener autorización para ello, Serrano señala que ha probado la lactoferrina “en una docena de pacientes que estaban hospitalizados, sobre todo algunos en el Peset y otros en el Hospital Clínico de Valencia”. “Yo soy una persona muy humana. Me mueve la salud de la gente”, afirma. El dermatólogo dice a Civio que suministró la lactoferrina a los familiares que se lo pidieron o a través de antiguos compañeros médicos. Pero su afirmación no es cierta, según la responsable de prensa del Hospital Dr. Peset de Valencia: “Desde el Servicio de Farmacia no tienen constancia ni de ninguna dispensación ni de ninguna prescripción médica de este tratamiento”. Por su parte, Paula Pérez, directora de Comunicación de Sesderma, defiende que la lactoferrina es “un complemento alimenticio”, pero no responde al resto de preguntas formuladas por Civio sobre el presunto estudio en pacientes.

Un estudio no autorizado en pacientes

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) señala a Civio que no tiene “constancia” de que se vaya a realizar “ningún ensayo para comprobar la eficacia de la lactoferrina”. El problema es que la sustancia, según la versión de Sesderma, ya se ha administrado supuestamente a pacientes. Así se desprende de un estudio publicado recientemente en la revista International Journal of Research in Health Sciences. El trabajo presenta fuertes conflictos de intereses: seis de los siete autores reconocen que trabajan para el laboratorio cosmético. Además, el primer firmante, el propio Gabriel Serrano, forma parte del comité editorial de la revista.

La investigación publicada por Serrano se realizó en 75 pacientes, como decía en sus apariciones en prensa, pero se les trató en casa, no en los hospitales. Y, según su versión, era gente “desesperada”, en otras palabras, “personas que se habían quedado olvidadas sin atención médica en sus casas”. Por las características del estudio, debería haber sido autorizado de forma previa por un Comité de Ética, según explica a Civio Eduardo López Briz, jefe de la Sección de Farmacia del Hospital de La Fe de Valencia. “La normativa española exige esa aprobación”, añade. Sin embargo, Serrano defiende que pidieron la autorización a los pacientes, “no a un comité de ética”, porque se trata de un “complemento de la dieta”. Pero no es el único problema de un trabajo que, en opinión de López Briz, tiene “numerosas limitaciones”.

El artículo señala que los participantes tenían COVID-19, y que así se había confirmado mediante test de anticuerpos. Sin embargo, el equipo de Serrano no indica su gravedad ni cuántos días habían pasado desde la aparición de los síntomas. Y esto es un aspecto clave, según López Briz, porque no es lo mismo tratar a individuos que estén en la fase aguda de la enfermedad, a los 5-10 días del inicio de los síntomas, que a personas que ya estén recuperándose o incluso que se hubieran curado. “Todo apunta a que la evolución de los pacientes que muestran en este estudio es la propia del curso natural de la enfermedad cuando no se toma ninguna medida”, explica el farmacéutico Juan Erviti, jefe de la Sección de Innovación y Organización del Servicio Navarro de Salud.

A juicio de Erviti, el estudio tiene “gravísimos defectos metodológicos”. Por ejemplo, el equipo de Serrano supuestamente dividió a los participantes en dos grupos, algo habitual para saber si un producto experimental funciona o no. Lo normal es que una parte de los pacientes reciban la sustancia que se desea probar y un segundo grupo, el control, tome un placebo u otro fármaco diferente. Así, es posible conocer si el producto experimental funciona mejor que el placebo o que el segundo fármaco. Sin embargo, el trabajo de Serrano señala que ambos grupos de pacientes recibieron lactoferrina y lo único que cambia es si tomaron vitamina C y zinc. “El estudio valdría para evaluar los efectos de la vitamina C o del zinc para mejorar la infección por covid, pero no los de la lactoferrina”, apunta el farmacéutico.

Serrano niega las críticas y defiende que los resultados muestran un “efecto importante” para mejorar los síntomas de la infección, algo que los expertos rechazan. Y su investigación tampoco analizó los posibles efectos secundarios de la lactoferrina. “Parece que se trata del producto más seguro del mundo”, ironiza el farmacéutico López Briz. “Por supuesto que evaluamos los efectos”, sostiene Gabriel Serrano, que dice que el único problema es que a algunas personas no les guste su “sabor”. Pero la lactoferrina, al ser una proteína de origen bovino, según López Briz, podría generar intolerancia o reacciones alérgicas, aunque el estudio no lo tuvo en cuenta. “De ninguna manera estamos promoviendo que sea medicamento. Como complemento de la dieta ayuda a reforzar tus defensas”, insiste el fundador de Sesderma. La diferencia es clara: de ser considerada un fármaco, la lactoferrina debería pasar investigaciones mucho más rigurosas y estrictas para ser administrada en pacientes.

En paralelo, Gabriel Serrano asegura a Civio que habló personalmente con Isabel Díaz Ayuso para enviar muestras al Hospital de La Paz. Pero, en el último momento, su destino supuestamente cambió. “Enviamos [la lactoferrina] a una serie de residencias de la tercera edad por petición de ella”, afirma. Civio ha intentado confirmar este punto con la Comunidad de Madrid, sin recibir respuesta por el momento. El fundador de Sesderma insiste en sus bondades para “reforzar las defensas de una población de alto riesgo”. “Los ancianos son lo que más me duele”, dice por teléfono. Para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, “no existe ningún tipo de evidencia científica de que la lactoferrina sea eficaz” para la infección por covid-19, tampoco en las personas más mayores.

Expediente sancionador contra Sesderma

A principios de semana, la Generalitat Valenciana inició un expediente sancionador contra Sesderma, según desvelaron El Confidencial y la Agencia EFE. ¿El motivo? Según explica a Civio un portavoz de la Consellería, el laboratorio presuntamente habría incumplido la legislación vigente al publicitar ensayos clínicos que no estaban autorizados por la Agencia Española de Medicamentos ni habían sido aprobados por los Comités de Ética. Sesderma tampoco cuenta con la autorización para fabricar y comercializar medicamentos y habría publicitado e incluso llegado a introducir este producto, según el Gobierno regional, “sin las garantías necesarias de seguridad, eficacia, calidad, información y legalidad”. Por último, la Generalitat destaca el incumplimiento de la empresa al publicitar esta sustancia en su página web y en medios generalistas, en particular, en relación a la presunta “actividad terapéutica” sin que la lactoferrina sea considerada un medicamento.

Mientras Serrano asegura que solo les han pedido “información”, la Generalitat confirma a Civio que han apercibido a Sesderma. Y este es solo el primer paso, ya que también han enviado la documentación para iniciar el “oportuno expediente sancionador”, según explica un portavoz de la Consellería. La respuesta del laboratorio cosmético valenciano no se ha hecho esperar. La directora de Comunicación amenaza con tener “tolerancia cero frente a cualquier bulo, noticia falsa o fake news que se publique” por atentar “contra la reputación y buen nombre de una premiadísima marca”. Sesderma también se ha apresurado a borrar todo rastro de la supuesta “efectividad” de la lactoferrina contra el coronavirus. Parece que, en información falsa, el laboratorio se ha tomado en serio su propia medicina de tolerancia cero.

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Los hospitales públicos pagan exactamente 307.2000 euros (sin IVA) por cada tratamiento de Kymriah, una novedosa terapia –englobada dentro del tipo de las CAR-T–, desarrollada por Novartis, contra dos tipos de cáncer de la sangre. Aunque el Ministerio de Sanidad había publicado la cifra de 320.000 euros un dato confirmado en una resolución del Consejo de Transparencia-, lo cierto es que esa cantidad corresponde al precio máximo que fija para cada tratamiento individual, pero no es el coste real que asumen las administraciones. El precio efectivo, los 307.200 euros, es más bajo y sale hoy a la luz por primera vez dada la opacidad que continúa caracterizando las relaciones entre el Gobierno y la industria farmacéutica.

El tratamiento consiste en la extracción de un tipo de células defensivas del paciente (linfocitos T), que luego son modificadas genéticamente en el laboratorio y reintroducidas en el afectado. Mediante su manipulación, se añade una especie de llave (llamada CAR) en el exterior de los linfocitos T para que reconozcan unas cerraduras que existen en la superficie de las células malignas del paciente y así puedan atacarlas de forma dirigida. En la actualidad existen dos CAR-T aprobadas en la Unión Europea (Kymriah y Yescarta). Novartis es la farmacéutica que comercializa Kymriah, cuyo principio activo es el tisagenlecleucel. Esta terapia CAR-T está autorizada para el tratamiento de niños y jóvenes con leucemia y de pacientes adultos diagnosticados con un tipo de linfoma, siempre que hayan recibido otros tratamientos previos y, posteriormente, hayan sufrido una recaída en la enfermedad.

Para poder conocer el coste real de Kymriah, Civio ha encontrado tres contratos públicos diferentes que muestran el mismo precio unitario, lo que permite determinar cuál es la cantidad efectiva que se abona por esta terapia CAR-T. Ese es el caso, por ejemplo, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que en total desembolsará cerca de tres millones de euros para tratar a nueve pacientes entre 2019 y 2021. Y también de la Gerencia del Sector Sanitario de Zaragoza 1, que recoge no solo el precio de una terapia individual (esos 307.200 euros), sino que también incluye el IVA, lo que incrementa el coste a un total de 319.488 euros. Por su parte, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona ha adjudicado un contrato a Novartis por cerca de 1,6 millones de euros. En este caso, el documento contempla la administración de cinco terapias, cuyo precio unitario coincide con los datos anteriores: el coste sin IVA asciende a 307.200 euros para cada una de ellas.

La opacidad en los precios de los medicamentos

Desde hace unos meses, Sanidad publica el coste máximo fijado para todos los nuevos medicamentos, pero no el precio real que se paga a los laboratorios, con los que se suele negociar, de forma opaca, descuentos. Es decir, no existe un dato oficial por parte del Gobierno sobre el verdadero coste asumido por los fármacos, incluyendo las terapias CAR-T. Pero los múltiples organismos de compra (entidades estatales, comunidades autónomas, plataformas sanitarias dentro de esas mismas regiones, etc.) contratan de forma individual su adquisición. Y en algunos documentos de contratación se difunde -por convicción o por despiste- los precios de adjudicación reales que se abonan a las farmacéuticas. Ese coste unitario es siempre el mismo: 307.200 euros sin IVA por cada tratamiento de Kymriah, lo que nos permite conocer y publicar por primera vez el precio real, como desveló Civio con el medicamento Sovaldi contra la hepatitis C.

La opacidad suele ser la tónica habitual en las relaciones entre la administración pública y la industria: lo más común es que se oculte el precio real que se paga por los medicamentos. Una vía muy frecuente es publicar el total de la adjudicación, pero no el precio efectivo abonado por cada tratamiento ni el número de unidades que se administrarán. Por ejemplo, el Gobierno del País Vasco publicó en su plataforma de contratación pública una resolución de adjudicación para adquirir Kymriah, detallando el presupuesto total sin IVA (cerca de 16 millones de euros), pero sin desglosar el coste de cada tratamiento individualizado ni el número de terapias que cubriría dicha adjudicación. Preguntado por Civio, el Servicio Corporativo de Farmacia de Euskadi se negó a confirmar si el precio unitario de Kymriah era de 307.200 euros. ¿El motivo? La firma de un acuerdo de confidencialidad con Novartis, que impide que las administraciones públicas difundan los precios negociados con el laboratorio.

Los tratamientos CAR-T son muy caros, pero también han supuesto un verdadero punto de inflexión en medicina. Tanto Kymriah como Yescarta están destinados a pacientes que no contaban con opciones después de que las terapias previas hubieran fallado. Aun así, las CAR-T no están exentas de riesgos, tal y como destaca la publicación independiente Prescrire. El uso de Kymriah o de Yescarta puede conllevar efectos secundarios graves e incluso potencialmente mortales. Por ello, Sanidad ha designado una red limitada de centros en España que pueden administrar este tipo de tratamientos personalizados a la vez que monitorizan su impacto.

De acuerdo con el plan publicado por el Gobierno, los precios máximos de Kymriah en otros países son parecidos a los fijados en España. Según dicho documento, en Francia es de 320.000 euros, tras la aprobación de una autorización temporal de uso del medicamento. En Reino Unido, el coste de Kymriah asciende a 282.000 libras por paciente (aproximadamente unos 328.000 euros). Es decir, las cifras son muy similares pese a la diferente riqueza de los distintos países, lo que se opone al mantra repetido por la industria farmacéutica: un representante de la patronal europea aseguró hace unas semanas que la opacidad en las negociaciones permite que las regiones más pobres paguen menos por los medicamentos. Pero la evidencia al menos en casos como el de las terapias CAR-T, el propio Sovaldi y varias vacunas prueba que esa afirmación es falsa.

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Si una persona carece de genitales desde su nacimiento no puede acceder a la Guardia Civil ni al Ejército. Tampoco si tiene en ellos, o en sus gónadas -testículos u ovarios-, malformaciones y anomalías de origen congénito. Así lo estipula una orden publicada en el BOE el 12 de enero de 2019, que actualiza el catálogo de exclusiones médicas para los aspirantes a los centros docentes militares de formación. Su publicación supone un paso atrás en la normativa sobre las enfermedades que impiden el acceso a ciertos empleos públicos.

Los conceptos mencionados en la orden, agenesias, disgenesias e hipogenesias, aluden a “grados distintos de malformación” en los genitales y en las gónadas, según explica a Civio Laura Audí Parera, especialista en Bioquímica clínica. El primer término significa que “no se han formado” por un problema de origen congénito, mientras que el segundo se refiere a estructuras anómalas que no han llegado a desarrollarse de forma normal. La hipogenesia se relacionaría con una malformación que hace que las gónadas y los genitales sean más pequeños de lo habitual. Su empleo en la normativa es “ridículo”, según Audí, ya que, para empezar, el tercer concepto “no se utiliza” en medicina.

Los expertos niegan que este tipo de anomalías en el desarrollo sexual supongan de forma genérica una limitación para ejercer como guardia civil o militar. “No tienen por qué comportar ninguna discapacidad”, afirma Audí. También comparte esta opinión Ricardo Gracia Bouthelier, exjefe del Servicio de Endocrinología pediátrica del Hospital Infantil La Paz, que aboga por analizar caso a caso. Algunos pacientes deben tomar desde la pubertad un tratamiento que sustituya a las hormonas que su cuerpo no genera. Los hombres, testosterona; las mujeres, estrógenos y progesterona.

Los que necesiten hormonas de forma constante también podrían ser rechazados por el epígrafe dedicado a los “procesos endocrinometabólicos que requieran terapia sustitutiva continua”, dentro de las causas generales de exclusión. A diferencia de las hormonas, “lo que no se pueden poner son espermatozoides ni óvulos”, señala Gracia, en referencia a la principal limitación que causan estos problemas: la infertilidad. Es decir, los afectados no pueden tener descendencia, algo que por supuesto no les incapacita para ejercer el trabajo militar.

Algunos trastornos complejos, donde aparecen estos problemas sexuales, sí pueden conllevar una estatura anormal y cierto retraso mental. Es el caso, por ejemplo, de los síndromes de Turner y de Klinefelter, dos patologías poco frecuentes. Más allá de estos casos puntuales, los expertos critican la redacción genérica utilizada en la normativa. Para Gracia, la valoración de los genitales externos por sí sola no debería ser una causa que impida el acceso a estos empleos públicos. Las anomalías no tienen por qué suponer una limitación, más allá de que ciertos pacientes deban tomar la terapia sustitutiva, coincide Laura Audí.

Por su parte, Mercedes Herrero Conde, ginecóloga en HM Hospitales, habla de “discriminación” por su inclusión en esta normativa, a la que describe como ilógica. De la misma opinión es Juan Carlos Ruiz de la Roja, portavoz de la Asociación Española de Urología (AEU), que está de acuerdo en que no tienen por qué suponer una limitación. El experto tampoco comparte que otras enfermedades -como la inflamación (orquitis) y la presencia de líquido (hidrocele) en los testículos- sean también exclusiones médicas para acceder a la Guardia Civil y al Ejército. “Actualmente estas causas no tienen mucho sentido, son tratables y las personas pueden hacer vida normal”, comenta a Civio.

Muchas exclusiones médicas, desactualizadas

Las causas de exclusión médica están reguladas en la normativa sobre el acceso a determinados empleos públicos, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los cuerpos de vigilancia aduanera y los de instituciones penitenciarias. Con estos vetos se pretende que los candidatos demuestren un estado de salud idóneo para el puesto al que aspiran.

Según dictaminó el Tribunal Supremo, la Administración puede aplicar el cuadro de exclusiones médicas que corresponda en cada caso, pero debe explicar los motivos en relación al trabajo a desempeñar. Por ejemplo, las personas con problemas graves de corazón o con diferentes tipos de sordera están excluidas para acceder a la Guardia Civil y el Ejército. Para Manuel Anguita Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), y María José Lavilla Martín de Valmaseda, portavoz de la Sociedad Española de Otorrinolangología (SEORL), los criterios resultan lógicos teniendo en cuenta las funciones de estos cuerpos.

Pero, al igual que sucede con los problemas de desarrollo sexual, la orden sobre el ingreso en los centros docentes militares incluye causas que no tienen mucho sentido, según los expertos consultados por Civio. Por ejemplo, pese a que el Gobierno prometió eliminar la psoriasis como causa de exclusión médica, la patología sigue siendo un impedimento para el ingreso en la Guardia Civil y el Ejército. La orden recoge un término cajón de sastre, la dermatosis extensa y generalizada, que engloba a “cualquier enfermedad de la piel”, incluyendo la psoriasis y el vitiligo, según Yolanda Gilaberte Calzada. La vicepresidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) apunta que son patologías “tratables” y, salvo los problemas que puedan causar a los pacientes -como dolor y picor-, solo producen efectos estéticos. “No me parece justo”, concluye la experta.

“Si excluyes por razones médicas a un candidato siempre entiendo que hay que motivar por qué la patología le impide el desarrollo de la función de la plaza concreta convocada”, explica el abogado Darío Diéguez, especializado en Derecho Administrativo. En ese sentido, el Gobierno defendió en noviembre que la eliminación de ciertas causas de exclusión servía para adaptar las convocatorias “a la evidencia científica actual valorando siempre la situación clínica del aspirante y no sólo su diagnóstico”. Sin embargo, pese a que el VIH, la diabetes o la enfermedad celíaca no deberían ya impedir el ingreso a ciertos empleos públicos, la inclusión genérica de otras patologías, pese a que por sí solas no son discapacitantes, parece desfasada.

El Gobierno incumple su promesa sobre la psoriasis

En noviembre de 2018, el Consejo de Ministros acordó eliminar el VIH, la diabetes, la psoriasis y la celiaquía como impedimentos para acceder a determinados empleos públicos. El catálogo de la Guardia Civil y el Ejército, publicado en enero en el BOE, es el primero que actualiza las causas de exclusión médica tras el acuerdo del Gobierno. Sin embargo, la psoriasis sigue siendo un veto para el ingreso en los centros docentes militares de formación, si bien camuflada bajo una denominación más genérica -las dermatosis extensas y generalizadas.

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