Estimado presidente del Partido Popular,

Hace una semana la cuenta oficial del Partido Popular en diferentes redes sociales se hacía eco de un cartel con unas supuestas amenazas a la alcaldesa de La Solana en la que se exigía al PSOE de Castilla-La Mancha que condenara este hecho. Y así lo hicimos, tanto desde la Agrupación Local del PSOE en el municipio hasta los dirigentes regionales.

Hoy sabemos que, a pesar de las insinuaciones de algunos malintencionados, las amenazas no eran tales y, sobre todo, nada tenían que ver con los socialistas. Todo era una broma de mal gusto en el contexto del carnaval por un vecino que nada tiene que ver con la política (y mucho menos con el PSOE). Por el camino se ha dejado un rastro doloroso para los concejales del PSOE en La Solana donde, desde las redes sociales, se les ha señalado con toda clase de adjetivos y como responsables de la supuesta amenaza.

Igualmente, desde hace más de un año, los socialistas de Castilla-La Mancha y especialmente los de Ciudad Real se han visto increpados en las sedes, atacadas con pintadas, huevos en las fachadas, cristales rotos en sus casas del pueblo… Hasta el punto de que una de nuestras concejalas, María Montes, sufrió un acoso tan brutal que su acosador tuvo que ser detenido.

Durante todo este tiempo se cuenta con los dedos de una mano las muestras de solidaridad recibidas. Incluso echamos de menos más compromiso del PP de Ciudad Real en la condena social que se sufre en la capital por parte del PSOE.

Creo que ha llegado el momento de que, como presidente del PP y ante estos hechos, lances un mensaje contundente en favor de la convivencia en nuestra región, no sólo se exija cuando afecte a dirigentes del PP.

En primer lugar, nos gustaría que se reconociera al PSOE de La Solana la rapidez y contundencia con la que reaccionó y también lamentar las descalificaciones que, en este tiempo y por algún aprovechado de las circunstancias, han tenido que soportar. Y por supuesto que se hiciera un llamamiento a la discrepancia dentro de la convivencia, a que se dejara de acosar a las sedes de los socialistas y a sus dirigentes.

Estaría bien que esa contundencia que exigiste -y obtuviste- para el PP de La Solana (a pesar de que era una broma de mal gusto) el PP la ofreciera para pedir respeto a otros partidos políticos. Sería un gran gesto por tu parte y por parte del PP que, además, haría justicia con la buena voluntad que habéis tenido por parte del PSOE en todos y en cada uno de los actos incívicos que habéis podido sufrir en el tiempo.

Un saludo,

Sergio Gutiérrez

Secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha

A nadie en Castilla-La Mancha se nos escapa que el Partido Popular presidido por Paco Núñez es mimético al de Cospedal. De hecho -a pesar de perder dos veces las elecciones por su política de recortes y por sus acciones no ejemplares en directo o en diferido- todos los dirigentes del partido que formaban la cúpula de Cospedal siguen estando en puestos de responsabilidad, y los pocos que faltaban tras el Congreso de la sucesión han sido llamados a filas como miembros del hipotético “gobierno en la sombra” de Núñez a principios de septiembre.

Es verdad que con Cospedal hacen cosas extrañas, de amagar y no dar, de me gusta todo de ti pero tú no, o de todo contigo pero sin ti... Cosas que le hacen afirmar al señor Núñez un día que es la Presidenta de honor del PP regional porque “contigo empezó todo María Dolores”, al día siguiente ni confirmar ni desmentir, para llegar al fin de semana afirmando que “fue una presidenta ejemplar y que siempre tendrá las puertas abiertas del PP (entendemos de la dirección porque del partido nunca le echaron)”; pero en esto María Dolores de Cospedal ya conoce a quien dejó de sucesor y no debe sorprenderle lo que al resto nos extraña: su infinita capacidad de contradecirse todos los días.

Pero Cospedal no puede reprocharle nada, al fin y al cabo, el mayor problema que tiene hoy el PP de Núñez sigue siendo su larga sombra de recortes y de supuestas tramas de corruptelas en las que altos miembros del Gobierno regional del PP estuvieron directamente implicados según los autos judiciales. Incluso la fiscalía anticorrupción o las más de 100 grabaciones de Villarejo les señalan a Cospedal y a su marido como responsables directos del caso Kitchen (sobornos, espionajes y destrucción de pruebas para sabotear la investigación del caso Gürtel).

A pesar de que Núñez afirme lo contrario, Cospedal no fue una buena presidenta. Sus recortes fueron los más crueles de toda Europa planteando un cambio de modelo radical hacia la gestión privada de los servicios públicos, un modelo donde el beneficio social es secundario y en el que al sólo buscar la rentabilidad o la justificación económica de los servicios, te hace llegar a la conclusión de que te sobran la mitad de los hospitales, y casi todos los colegios o consultorios de municipios de menos de 5.000 habitantes. Rompieron con fuerza el artículo 14 de la Constitución que nos garantiza los mismos derechos y obligaciones con independencia, también, de si vivíamos en las zonas rurales o en las zonas urbanas.

Fueron cambios estructurales, a largo plazo, que justificaron con coyunturas económicas, pero, ¿en qué coyuntura pueden justificar todo lo que hoy conocemos de la cara oculta de la gestión de Cospedal? ¿Cómo pueden explicar que la sede de la presidencia de la Junta se convierte era en un epicentro oscuro de la agenda de los Bárcenas o Villarejos de turno? ¿Cómo podemos perdonar que el señor Gordo, hombre de confianza de Cospedal en la presidencia regional, se encargara supuestamente de espiar, chantajear o usar fondos reservados para sobornar al chofer de Bárcenas?

Debe haber responsabilidades políticas de calado por los hechos que sucedieron durante su mandato

No sabemos cuál será la responsabilidad penal que determinen los tribunales sobre la actuación de Cospedal a pesar de las peticiones de la fiscalía anticorrupción de sentarle en el banquillo de los acusados, pero sí tenemos claro que debe haber responsabilidades políticas de calado por los hechos que sucedieron durante su mandato.

Andrés Gómez Gordo no era de Castilla-La Mancha, de hecho, era un comisario de la policía nacional residente en Madrid que fue fichado como Director General por Cospedal para encargase de documentación y análisis. ¿Qué hacía un comisario de Madrid en el Palacio de Fuensalida y cuáles eran sus funciones? Es la tapadera de mayor rango de la historia de nuestra democracia.

Dice el juez de instrucción que el director general de Cospedal era el enlace entre el ex Ministro del Interior (expulsado del PP y sentado en el banquillo) y el chófer de Bárcenas que, a su vez, era el encargado de robarle la documentación y de dar información de sus movimientos a la dirección del PP.

Es difícil pensar que todas esas acciones, quedadas y reuniones realizadas muchas veces en horario laboral, pasaran desapercibidas por los dirigentes del PP regional, que nadie de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha se preguntara: ¿dónde está hoy el señor Gordo? O, simplemente, ¿a qué se dedica?

Y es ahí donde entra de lleno la responsabilidad política de la presidenta Cospedal y de los dirigentes del Partido Popular de esa época que, lamentablemente, siguen siendo sus actuales dirigentes.

Paco Núñez parecía en verano estar aliviado por el pequeño balón de oxígeno que la instrucción del caso Kitchen le dio a Cospedal, pero su problema es Gordo, Andrés Gómez Gordo, que se ha convertido en un verdadero cordón umbilical entre las corruptelas de la Gürtel y la Kitchen, el Palacio de Fuensalida y el PP de Castilla-La Mancha.

La responsabilidad penal de Cospedal y de Gómez Gordo la tienen que tomar los jueces, faltaría más, pero la responsabilidad política de los que hicieron, permitieron, callaron o no vigilaron a los cargos públicos durante la etapa más oscura de la historia de nuestra Región está todavía por determinar. No se puede estar engañando todo el tiempo a todo el mundo, señor Núñez, porque de Gordo trata el juego.

¿Hay algo más simple que cuando se le pregunta por sus propuestas a Paco Núñez, líder de la oposición en Castilla-La Mancha, solo se dedique a pedir “más” de lo que haya, “más rápido” de lo que sea y como mucho “otra cosa” de lo que se proponga? De hecho, la última vez que quiso redactar un documento medio serio, allá por el último mes de mayo, había más de veinte párrafos repetidos, decenas de plagios y hasta propuestas que se referían al SAMUR -las Urgencias de Madrid- en vez de hablar del SESCAM.

Desde entonces, no ha arriesgado y se limita, como mucho, al “más”. Si hablamos de ayudas a los autónomos, por ejemplo, sea cual sea la propuesta pactada, su contrapropuesta es lo mismo, pero más. Empezaron exigiendo 5 millones de euros –en el documento del plagio, eso sí- pero cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha comprometió con agentes sociales y Ciudadanos los primeros 85 millones subieron la propuesta a 120, “por si había remanentes”, pensarían. Ahora que el monto total de ayudas directas asciende a 150 millones –la región que más presupuesto ha puesto encima de la mesa- su órdago ha ascendido hasta los 450. Por todos es sabido que algunas chequeras en la oposición son infinitas, al final quien quiera cobrar el cheque ya sabe que esos pagarés, nunca tienen fondos. 

Tan interiorizado tiene el presidente del PP de Castilla-La Mancha el “más y más” que hasta cuando los datos oficiales del Ministerio de Sanidad dicen que en Castilla-La Mancha se inyectan todas las semanas entre el 98 % y el 102 % de las vacunas recibidas (gracias a que, en esta región, sí se compraron suficientes jeringuillas para aprovechar la última dosis) el señor Núñez propone con solemnidad: “Exijo a Page ir más rápido, poner más vacunas”. Algunos nos quedamos con la curiosidad de escuchar el desarrollo completo de su idea, para comprobar si su propuesta se veía acompañada por el hecho de tener que sustituir la vacuna de Oxford o la de Pfizer por Aquarius o Gaseosa. Con este PP, nada es descartable.

Pero si algo hay que reconocerle al sucesor de Cospedal es su constancia. Desde principios de la pandemia está pidiendo “más test”, “test masivos”, a veces incluso llegó a decir “test para todos”. Pero a diferencia del derecho a exigir lo que sea que tiene la ciudadanía, un responsable político que aspira a gobernar tiene la obligación de profundizar, ya no solo en lo posible, sino en lo correcto. 

Los test masivos “ya se están haciendo”

En Castilla-La Mancha se han realizado 1,2 millones de pruebas diagnósticas para detectar la COVID, a 8 de febrero de 2021. Prácticamente a 6 de cada 10 paisanos les han hecho una PCR o un test de antígenos. Por lo que, si la propuesta del PP de Núñez es hacer test masivos, ha de reconocer que ya se están haciendo.

Pero si su propuesta es hacer test a toda la población, tengan o no tengan síntomas, hayan estado o no en contacto estrecho con un positivo, el líder de la oposición debería haber leído ya a todas las sociedades científicas y médicas alertando del alto peligro de esa práctica. Una ocurrencia, la del señor Núñez, que puede costar muchas vidas. 

Un político serio sabría que esa propuesta tiene un riesgo altísimo de falsos negativos (por el periodo de incubación del virus de 7 días de media) y que una persona que no ha desarrollado todavía síntomas, pero con un test negativo, puede contagiar masivamente y, sobre todo, puede contagiar a personas tremendamente vulnerables.

Por poner un ejemplo concreto. En Torrejón de Ardoz se decidió por parte del Ayuntamiento hacer una campaña de test masivos a toda la población a finales de julio. Se gastaron 23 millones de euros y un gran esfuerzo propagandístico en un único test. Apenas un mes después, a mediados de septiembre, Torrejón de Ardoz era el 5º municipio de Madrid con mayor incidencia acumulada, con 800 casos por cada 100.000 habitantes. Fue cerrado por el Gobierno de Ayuso. Lo peor no es el dinero malgastado, sino los contagios que el populismo simplón ayudó a no evitar.

Un altavoz para “populistas de toda cuña”

Hay que vacunarse contra la ocurrencia, ese mal que, gracias a la acumulación de crisis graves y de políticas de vuelo raso, ha permitido a populistas de toda cuña tener un altavoz que, en épocas de mayor nivel político, sería inimaginable. 

El actual presidente del PP de Castilla-La Mancha abusa de ella. Todavía estamos esperando su anunciado plan de vacunación alternativo al que, en noviembre, se planteó por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Sanidad entre el Ministerio y todas las comunidades autónomas. 

El plan alternativo, si lo presentara mañana, se empezaría a estudiar cuando en Castilla-La Mancha ya hay 105.000 dosis inyectadas, con residencias y profesionales sociosanitarios vacunados y se ha adelantado un mes el inicio de la vacunación de los mayores de 80 años, la ayuda a domicilio o las viviendas tuteladas...Un dato llamativo para alguien que, desde el principio, lleva acusando a todas las Administraciones de falta de previsión. 

Pero el plan de vacunación de Núñez será simple, propondrá vacunar a todos, antes. Porque ya se sabe que con él da igual el número de vacunas que se fabriquen o que los profesionales sanitarios digan que hay que esperar al menos 20 días para poner la segunda dosis. A Núñez le bastará con proclamar: “Exijo más vacunas, más rápido, a más gente”. 

Y así un partido se convirtió en una proclama.

La pandemia es lo más difícil de gestionar y vivir que toda una generación mundial vamos a tener que vivir, sufrir y gestionar. He visto tomar decisiones entre lágrimas a distintos dirigentes políticos, también de partidos diferentes al mío. Y he empatizado con ellos.

No hay decisión buena, ni fácil. Nadie tiene un libro de instrucciones sino que se está escribiendo cada día con los errores y los aciertos de unos y otros, en toda España y en todo el mundo.

No creo que al presidente de Castilla y León le guste cerrar la hostelería por completo. Ni al de Asturias pedir un confinamiento domiciliario. Ni tampoco a Aragón aplicar un toque de queda desde las 20:00 horas. Da igual la ideología, todo el mundo desearía poder decretar ya la vieja normalidad, nadie quiere restricciones y cuando se toman se reza para que sirvan para bajar la dureza del golpe del virus.

En este contexto de dureza, ¿alguien entiende a Paco Núñez, el líder del PP de Castilla-La Mancha? Es tan innecesario el camino por el que ha optado aumentando el dolor de lo que nos pasa.

En marzo, criticó que se llegó tarde al confinamiento -aunque ese primer fin de semana, él estaba de viaje personal- y se aprovechó de cada golpe que la COVID-19 nos daba. Sin embargo, en mayo -todavía en los coletazos más duros de la ola- se apresuró a afirmar que la desescalada ahogaba la economía (al dictado de Ayuso), a pedir que se levantara el estado de alarma, que eso era de dictaduras y que se abriera por completo todo, que se levantaran todos los límites. De una semana a otra, de los hospitales a los bares, sin tránsito. Es fácil cuando no se toman decisiones, cuando si sube el paro es culpa del gobierno (y no de la pandemia) y si hay contagiados también.

Ahora que todos los expertos dicen que la desescalada pudo haberse hecho demasiado rápido, vuelve a cambiar de opinión. Las medidas de contención llegaban tarde si afectaban a municipios del PSOE, pero las mismas eran sectarias e innecesarias en los municipios del PP. Ideologizó una lucha que está más que demostrado que no entiende de fronteras, ni de partidos, ni de pobreza o riqueza.

Afirma no tener datos de la evolución de la pandemia para valorar -a preguntas de los periodistas- los confinamientos totales de Castilla y León y el cierre total de la hostelería decretado por un gobierno del PP, pero pide al mismo tiempo relajar las medidas en los mercadillos (¿sin tener datos?) o abrir ya hospitales de emergencia.¿Cómo se puede pedir flexibilidad y cierre al mismo tiempo que afirma no tener datos, decir que se relajen medidas al tiempo que se abran hospitales de emergencia?

Es una auténtica postura esquizofrénica que solo se explica en un razonamiento: haga lo que haga el gobierno hay que criticarlo. Lo haya propuesto antes o no, lo estén haciendo todos los presidentes autonómicos o no, tenga datos sanitarios o no, sea bueno o no...

España necesita unidad, moderación, empatía, coherencia y sensatez.

Durante la pandemia esperaba que todos tirásemos nuestros carnets políticos y que nos pusiéramos de corazón un único traje: el de la lucha contra el virus.

¿Es ético aprovecharse de la desgracia para mejorar posiciones respecto al adversario? ¿Es aceptable que quien aspira a liderar una sociedad se aproveche del dolor en vez de ayudar a atajarlo? Cuando pase la pandemia todos tendremos que hacernos un juicio de valor sobre si ayudamos, o no, a vencerla. Los políticos los primeros, también la oposición.

Escuché a la presidenta de la Comunidad de Madrid el día que anunciaba el confinamiento de un millón de personas -posiblemente en una de las ruedas de prensa más difíciles de su vida- rogar que nadie hiciera política con el virus, que los recursos públicos eran limitados y que había que decidir entre aulas prefabricadas o respiradores, que sólo pudo contratar a tres enfermeras escolares para los 3.256 centros educativos porque las bolsas de empleo estaban agotadas, que la Atención Primaria -con más de 15 días de lista de espera- era un problema nacional por la alta presión sanitaria. Oí al vicepresidente Aguado, de Ciudadanos, exigir que se abandonara la lucha partidaria ante un virus que no entiende de riqueza, ni de fronteras y que todo el mundo tenía que elegir “ser vacuna o ser virus”.

Escuché a los máximos dirigentes de Madrid -del PP y de Cs- explicar que los contagios se deben a la movilidad y la densidad y que la letalidad estaba vinculada con el envejecimiento. Que no había culpables -salvo el virus- que nadie los buscara y que el resto solo somos víctimas.

No es diferente a las palabras que, otras muchas veces, han dicho gobernantes de estas formaciones políticas en Castilla y León, en Galicia o Andalucía. La pregunta es: ¿Por qué esa responsabilidad que reclaman no la practican sus líderes regionales que ejercen la oposición? ¿Por qué existe tanta diferencia entre los que gobiernan (que se esfuerzan en vencer la desgracia) y los que están en la oposición (haciendo política con el sufrimiento)?

¿Por qué los argumentos con los que el PP explica la pandemia hasta Parla no les sirven para entenderla a partir de Illescas?¿Por qué los argumentos que da la Junta de Castilla y León para argumentar lo que sucede en Soria, Segovia o Valladolid no les sirven para Albacete, Ciudad Real o Cuenca? ¿Hasta dónde quieren parcelar el dolor del virus?

A la misma hora que la presidenta de Madrid o el alcalde de la capital pedían no politizar con la COVID-19, la secretaria general de su partido en Castilla-La Mancha, desde Guadalajara, a menos de una hora de la puerta del Sol, arrojaba los fallecidos en Castilla-La Mancha a la cara de Page. Al mismo tiempo, el presidente del PP de Toledo (quien fue delegado del Gobierno con Cospedal) acusaba al Gobierno regional de ocultar fallecidos. ¿Qué buscan con esas palabras tan gruesas, con unas afirmaciones tan crueles y desalmadas?

La coherencia es un valor en peligro de extinción en la política actual más predispuesta a manipular los argumentos para destruir al contrario que en ayudar a encontrar las razones primeras de los problemas para solventarlos

Son los mismos que compararon las mascarillas antiCovid con las máscaras de ETA (Lola Merino el 22 de mayo) o los que acusaron a la Junta -sí, tal cual- de ser la principal causa de mortalidad del virus en la región (Carolina Agudo el 19 de junio). Una oposición cruel que politiza un dolor que no entiende de colores porque: ¿Qué razones hay para idolatrar la gestión del Gobierno de Castilla y León con 2.948 fallecidos durante la COVID, pero arrojarle las víctimas a Page con 3.031 fallecidos por el virus en Castilla-La Mancha a 22 de septiembre? ¿Acaso duelen menos los fallecidos según el color político de quien gobierna?

La coherencia es un valor en peligro de extinción en la política actual más predispuesta a manipular los argumentos para destruir al contrario que en ayudar a encontrar las razones primeras de los problemas para solventarlos. Partidos que nacieron para luchar contra el populismo, para combatir una España de 17 realidades, son los primeros en caer, a conveniencia, en esos pecados que querían superar.

Solo venceremos a la pandemia, a sus efectos económicos y sociales desde el rigor, la empatía y la unidad. Sólo saldremos más fuertes si nos olvidamos por unos meses de nuestras afiliaciones políticas y nos centramos en aliviar la carga sobre los hombros de nuestra sociedad. ¿De verdad alguien puede mirar a los ojos a otra persona y decir que en cualquier región de España (donde en unas gobierna el PP y Ciudadanos, en otras el PSOE, el PNV o el PRC) los fallecidos por la pandemia serían menos cambiando el color político?

Viví con angustia la politización que en España se produjo sobre la continuidad del estado de alarma y la fases de la desescalada. Viví con desgarro el ver negociar al Gobierno de España, incluso rogar el apoyo, cuando estaban en juego las vidas de las personas. Hoy me reconcilia creer ver en las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid -cuando no puede descartar tener que pedir un confinamiento global en su región- reconocer que aquello fue un error.

Y espero que ese espíritu de enmienda, de abandonar el jaleo partidario y la propuesta populista, inunde las conciencias de la oposición en Castilla-La Mancha, al menos, hasta que venzamos definitivamente al virus. No son de rigor medidas, por ejemplo, como las que alardea el presidente del PP de Castilla-La Mancha, que conllevan una caída de ingresos de 2.000 millones de euros y un incremento de gastos de 4.000, en un presupuesto no financiero de 7.000 millones...en la empresa privada, con esta falta de rigor, no le convocarían ni al proceso de selección.

Cuando venzamos al virus, entonces será el momento de preguntarnos sobre cómo llegaron los sistemas sanitarios a la pandemia en cada lugar de España, sobre quién recortó o quién reforzó la sanidad. Valoraremos las gestiones de quienes han contratado más o menos rastreadores o han puesto encima de la mesa más o menos ayudas sociales. En todo ello, el Gobierno de Page está en los puestos de cabeza.

Pero hagamos un ejercicio de conciliación nacional, al menos, los partidos que hemos gestionado una región u otra, una administración u otra: reconozcamos que todos los gobiernos han comprado todo el material de protección que le ofrecía el mercado, todos los respiradores a su alcance, todos los test. Me separa casi todo en política de la manera de ver las cosas de Feijóo o Urkullu pero no me cabe ninguna duda de que todos, con independencia de cómo piensan, no han cesado en intentar evitar un contagio más, una víctimas más.

Pensar lo contrario no es solo injusto, es cruel. Parece ser que, en esa forma de hacer política, cada día quedan menos en España, entre ellos, los presidentes del PP en España, Pablo Casado, y en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

El cierre de España, casi por completo, como único instrumento eficaz para luchar contra una pandemia que, hasta el momento, no tiene ni vacuna ni tratamiento específico está provocando la mayor caída del PIB y de los ingresos públicos en un trimestre de nuestra historia reciente. En palabras del propio Luis de Guindos, exministro de economía con Rajoy, una crisis sin precedentes, una recesión profundísima.

Nos enfrentamos a una nueva crisis cuando todavía no nos habíamos recuperado por completo de los efectos de la anterior durante la cual, gracias a la política de austeridad fiscal y de recortes sociales, se dispararon los índices de desigualdad hasta niveles que no se recordaban desde la entrada de España en la Unión Europea. Según los informes de la OCDE, la diferencia entre las rentas más humildes con respecto a las rentas más boyantes se multiplicaron por siete durante los años de gobierno del Partido Popular. Se diseñó una salida de la crisis que rompió todos los mecanismos tradicionales de redistribución de la economía social de mercado: los salarios -con una devaluación de los mismos superior al 15% según la Comisión Europea-, la fiscalidad -diluyendo el carácter progresivo de la misma- y la política social -a base de recortes-.

Las políticas de recorte del Partido Popular en España y en Castilla-La Mancha obviaron las teorías sobre los efectos multiplicadores fiscales y sus efectos sobre las economías más dependientes del motor público y del consumo interno como es el caso de nuestra región. Según los indicadores de aquel entonces, por cada euro que se recortaba en lo público, la economía de la región perdía 2,5. Es decir, cuanto más se recortaba en los servicios públicos, más se despedía a profesionales sanitarios o educativos; cuanto más colegios o camas hospitalarias se cerraban, no sólo se hacía una región más injusta y desigual, sino que más hondo hacíamos el agujero y más profunda la crisis.

Durante los años de gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha no se ayudó a nadie y se recortó todo. Terminaron por destruir una región referente en lo social y nos la cambiaron por una región destrozada y rota en la cohesión social y en la territorial, entre lo urbano y lo rural.

Ahora, afrontamos una nueva crisis con un golpe inicial duro que prevé unas caídas cercanas al 10 % del PIB y es la hora de demostrar que existe un libro de recetas diferente con el que se puede salir más rápido pero, sobre todo, con el que podemos salir de manera más justa si el conjunto de las Administraciones Públicas ponen de su parte en un objetivo común.

Así, el Gobierno de España, por ejemplo, ha aplicado los Expedientes de Suspensión Temporal del empleo (ERTES) en vez de facilitar los despidos gratuitos. Es decir, apostó por ayudar a las empresas en reducir sus costes salariales sin que eso conllevara el despido definitivo de sus trabajadores. Se ha suspendido el abono de las cotizaciones sociales aliviando la carga de millones de autónomos y procedido, por primera vez, a una ayuda por cese de actividad que está posibilitando la vuelta a la actividad y no su quiebra.

Además, el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado una ayuda de entre 1.500 y 3.000 euros para los autónomos de nuestra región que le convierte en la administración que más ayuda a los trabajadores por cuenta propia de toda España -una ayuda tres veces superior a la que ofrecen en la Comunidad de Madrid, por ejemplo-.

Creo que uno de los datos que no podemos olvidar, por lo que define moralmente a un proyecto político, son los datos de pobreza, especialmente, los datos de pobreza infantil. Durante los años de gobierno de Rajoy y Cospedal, según la agencia europea Eurostat, las personas en riesgo de exclusión social se multiplicaron hasta superar el 20 % de la población. En muchos núcleos urbanos se volvió a ver a personas rebuscando en la basura.

Frente a ello no se hizo nada. Se suprimieron los planes sociales de empleo, se cerraron comedores escolares, se suprimieron las ayudas de emergencia, se redujo la prestación por desempleo en cuantía y duración, se eliminaron becas, se multiplicaron las tasas universitarias...se asfixió a las personas en el momento que más necesitaban de sus gobiernos.

Ahora, tenemos gobiernos con alma cuyo objetivo es rescatar personas, no dejarlas caer por el barranco de la exclusión del que tan difícil es volver a salir. De ahí, que se hayan reforzado todas las medidas de emergencia que funcionan como red de seguridad. En Castilla-La Mancha creando ayudas sociales excepcionales, apoyando el pago de alquiler a las familias afectadas, promoviendo moratorias en las hipotecas en vez de desahucios, manteniendo el comedor escolar a distancia, facilitando dispositivos electrónicos y tarjetas de datos a alumnos en la brecha digital, suspendiendo el pago de impuestos autonómicos, anunciando ayudas al estudio excepcionales para los afectos por COVID, creando incentivos para el empleo en el campo o doblando las ayudas a sectores ganaderos como el caprino. Toda una enmienda a la totalidad a la gestión de la crisis del 2011.

Pero, sin duda, la medida más potente contra la exclusión aplaudida tanto por el FMI como por la Unión Europea es el Ingreso Mínimo Vital que se configura como una nueva y última red de seguridad que nos protege al conjunto de la sociedad ante la adversidad. Una nueva prestación para ofrecer a las familias vulnerables el derecho a una segunda oportunidad. Sin duda, es una medida que eleva el nivel de dignidad de un país y de la política pero también, frente a los agoreros, es una medida económica eficiente.

Los índices de retorno del Ingreso Mínimo al conjunto de las administraciones son altísimos porque, como demuestran todos los estudios económicos, las transferencias de renta a las familias con ingresos más bajos se transforman inmediatamente al consumo (en este caso, de las necesidades más básicas) moviendo así la economía y protegiendo a las personas. Es decir, son 3.000 millones (cualquier rebaja impositiva conlleva más esfuerzos fiscales) que se inyectarán a la economía prácticamente en su totalidad evitando la pobreza, especialmente, la pobreza infantil.

Y, por último, el Estado del Bienestar. El Partido Popular de Castilla-La Mancha afirmó -en el Gobierno- que solo podíamos tener la sanidad o la educación que se pudiera pagar, obviando que las políticas sociales no deben buscar la rentabilidad económica directa sino promover la igualdad de acceso del conjunto de los ciudadanos a sus derechos básicos vivan donde vivan, ganen lo que ganen. ¿A que nunca hemos visto una clínica privada en un municipio menor de 10.000 habitantes? El volumen de negocio no es rentable, pero hay 800 municipios en Castilla-La Mancha por debajo de esa ratio.

Con la excusa de la anterior crisis, Cospedal paralizó cinco hospitales públicos -una millonada en indemnizaciones ha costado-, empezó la privatización de otros cinco, quiso dejar a 120.000 personas sin urgencias médicas, finiquitó casi setenta colegios y despidió a miles de trabajadores de la educación y de la sanidad. Impuso la política del recorte, la asfixia y la desigualdad. Y nos hundió económicamente aún más.

Con Page y el PSOE, frente a una nueva crisis existe un libro de instrucciones diferente. Nos hemos comprometido en nuestros pactos con los agentes sociales y con Ciudadanos a incrementar los esfuerzos en la sanidad pública invirtiendo más de 600 millones en los nuevos hospitales y centros de salud en lo que queda de legislatura; a contratar miles de nuevos profesionales con las ofertas públicas de empleo ya convocadas y anunciadas en sanidad o educación; a apostar por los servicios sociales, y a continuar con los planes de empleo, especialmente, los dirigidos a mayores de 52 años y parados de larga duración.

En definitiva, estamos decididos a demostrar que haciendo lo contrario que el Partido Popular, evitaremos diez años más de crisis, que saldremos más rápido y saldremos ayudando a todos. Que Page y el PSOE transitarán una nueva crisis rescatando a las personas y no abandonándolas a su suerte.

Escrito queda.

He de reconocer que soy un político clásico que se ha fijado siempre más en la forma de hacer política de las primeras décadas de la democracia que en el espectáculo del rifirrafe a la que se ha visto degradada hoy, en gran parte, por las presiones radicales enraizadas tras las diversas crisis que nos golpean en la última década.

Un día en la sede de Ferraz, Alfredo Pérez Rubalcaba me confesaba que nunca había terminado un debate en el Congreso de los Diputados en el que, escuchados los argumentos de los adversarios, no había visto moldeada su posición. Eran los tiempos en los que los partidos profundizaban y subían a la tribuna pensando en convencer al que le escuchaba. En esos debates políticos, predominaba el sustantivo sobre el adjetivo, la propuesta sobre el calificativo. Ahora, para escuchar una propuesta, tenemos que pasar, previamente, por una retahíla de insultos, democráticamente insoportables. 

En ese manual de los clásicos, se establecía que, en los momentos clave, las decisiones tenían que ser compartidas porque las consecuencias de tomarlas o no serían generalizadas para la ciudadanía. Y sin duda, vivimos uno de esos momentos por las consecuencias sanitarias, sociales y económicas, y por los cambios obligados y las adaptaciones que debemos hacer tras la COVID-19. 

Esa es la filosofía con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha está actuando en su construcción de una gran agenda de la recuperación con sindicatos, empresarios, diputaciones provinciales y, desde ayer, con las fuerzas políticas (menos el PP, por autoexclusión). Y vendrán muchos más acuerdos, todos enriqueciendo a todos. Porque en circunstancias como esta, que todos compartamos nuestra inteligencia, nuestra buena fe y nuestra fuerza hará que caminemos más seguros, vayamos más rápido y lleguemos más lejos. 

Gracias al acuerdo y al consenso se pueden hacer mayores esfuerzos, pero sobre todo se puede ser más eficaz. ¿Quién mejor que los agentes sociales para saber dónde es más eficaz poner el dinero disponible? ¿O no es más probable acertar si en una medida están de acuerdo muchas organizaciones que solo una? 

Y estamos llegando más lejos y ayudando a más personas. Por ejemplo, en Castilla y León han acordado una ayuda para los autónomos de 300 euros por cuantía de 10 millones. En Castilla-La Mancha gracias a la concertación social las ayudas son de 1.500 euros y el esfuerzo global supera los 35 millones. O en la Comunidad de Madrid, donde se han decidido tomar medidas económicas contra la COVID-19 destinando 4,6 euros cada 100.000 habitantes (350 millones en total), mientras que en Castilla-La Mancha triplicamos esos esfuerzos destinando 12,05 euros por cada 100.000 habitantes, tres veces más que Madrid. 

Pactamos y acordamos para hacer las cosas en esta región de manera diferente a como el Partido Popular gestionó la última crisis económica: contra todos y sin ayudar a nadie. Es una enmienda a la totalidad a los recortes, a la política sin cabeza y sin corazón. Queremos demostrar que reforzando los servicios públicos en vez de esquilmándolos, con diálogo social en vez de conflicto, con mejor sanidad pública y no con ella privatizada, con planes de empleo e ingresos mínimos en vez de abandonar a los que sufren a su mala suerte, podremos salir más rápido y más fuertes de la crisis.

La caída de los ingresos públicos está siendo histórica y, ante ese hecho, solo hay dos decisiones posibles: recortar los gastos hasta llegar al tuétano como hicieron los gobiernos del Partido Popular en 2015, o reactivar desde lo público la economía ayudando y aliviando a los autónomos, promoviendo planes de empleo y manteniendo los estabilizadores automáticos de renta y los servicios públicos esenciales como haremos con el Gobierno de Page y con el acuerdo de todos los demás, menos uno, el de siempre. 

Pero esta vez el Partido Popular ha ido más lejos. Era de esperar que no se sumaran a reconstruir aquello que, cuando pudieron, destruyeron. Pero podían haber sido más serios: ir a seis reuniones con los otros equipos negociadores y no decir nada, ni presentar ninguna propuesta -como atestiguan el resto de interlocutores- y no enviar nunca sus propuestas a los otros negociadores mientras afirman tener 300 ideas, es más una infantilidad que una falta de respeto. Ni Gobierno, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni agentes sociales hemos recibido nunca un documento para negociar del Partido Popular. Y nunca en la historia se ha visto una negociación o un acuerdo en base al aire, o a Twitter. 

Después de nueve años en el Parlamento Europeo, negociando en no menos de cincuenta ocasiones con partidos de 28 países diferentes, es la primera vez que veo esta falta de seriedad en una negociación por parte de alguien. Ni los del Frente Nacional o el Cinco Estrellas vacilaron nunca a los restantes equipos de negociación. 

Dice Francisco Nuñez, líder del PP en Castilla-La Mancha, que Page no ha tenido voluntad de negociar. Me recuerda a la anécdota de aquella madre que, en la jura de bandera de su hijo, le veía desfilar con el paso cambiado al resto del escuadrón mientras que le aplaudía a rabiar diciendo “qué bien desfila mi hijo, y qué equivocados están todos los demás”. Eso es lo que le pasa al PP de Núñez, que ve cómo toda la sociedad de Castilla-La Mancha adapta sus pasos, la dirección de los mismos y acelera el ritmo para unirse en la lucha contra la COVID mientras que él se empecina en continuar con el paso cambiado. 

Eso sí, los más radicales de los suyos le confiesan “qué bien desfila nuestro Paco”. Yo prefiero confesarles a ustedes que, por el bien de Castilla-La Mancha y sus gentes, nosotros sí que hemos pactado.

Las elecciones americanas primero y la campaña del Brexit después fueron un coladero de fake news elaboradas intencionadamente y teledirigidas, a través de algoritmos, para inclinar el resultado final hacia una determinada opción preestablecida. No podemos decir que el resultado no fuera democrático, no hubo alteraciones en los resultados con respecto a lo que la ciudadanía introdujo horas antes en las urnas, pero sí podemos hablar de una gran estafa electoral provocada por quienes riegan de desinformación las campañas electorales.

Con estos antecedentes y a tres meses de las elecciones europeas, Bruselas está inquieta. En la capital comunitaria, se sabe que estas elecciones -de por sí dadas a castigar a los partidos tradicionales y a apostar por todo tipo de formaciones electorales- generan el caldo de cultivo idóneo para convertirse en el gran tablero de noticias falsas con fines electorales.

¿Hay alguna razón para pensar que, en el reequilibrio del orden mundial que estamos viviendo, no haya agentes externos a la Unión Europea interesados en debilitarla, en introducir caballos de Troya en sus instituciones y en quitarle influencia como contrapeso? Rotundamente, no; no hay razones para estar tranquilos. El peligro de que fuera de las fronteras europeas se esté preparando el cómo provocar el mayor fraude electoral jamás producido, es real.

Bastará con alimentar a base de los adecuados algoritmos noticias sobre los burócratas europeos, decisiones ocultas que se han tomado en secretas reuniones para perjudicar al ciudadano medio en favor de élites de cualquier clase, pseudo-cuentas matemáticas sobre el ahorro que supondría la renacionalización de las políticas europeas o las decenas de asesores que tiene cada representante en la UE... La lejanía que conlleva per se las instituciones europeas, varios años de una venta de Europa como el personaje malvado ante la crisis -con muchas razones ganadas a pulso- y una falta constante de información veraz sobre la “buena” política que también se produce, es la ecuación perfecta para que las fake news cabalguen a sus anchas en vísperas de elecciones.

Tengo la terrible sensación de que en la Unión no hemos hecho lo suficiente para protegernos, a pesar de haber visto las barbas del vecino recortar. Es verdad que la Comisión Europea ha puesto en marcha un código de prácticas contra la desinformación, pero más allá de que hayamos podido definir a la perfección el concepto [“aquella verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población (...)”], el código presenta una hoja de ruta de buenas prácticas sin haber realizado, como algunos habíamos pedido, un esfuerzo legislador que imponga reglas comunes que dificulten la promoción de las notificas falsas.

Por ejemplo, solo con obligar a que detrás de cada nick en cada red social existiera una identidad real con los documentos oficiales de cada persona se estaría reduciendo en grandes porcentajes la posibilidad de divulgación de noticias falsas y mensajes de odio. La sensación de impunidad del anonimato es el gran cómplice de los ingenieros de las fake news y el gran peligro para las democracias.

Google, Facebook, Twitter, Mozilla, entre otros, presentaban a finales de enero sus primeros informes sobre las medidas que están tomando para cumplir con dicho código. La propia Comisión Europea señalaba que “ha habido algunos avances”, especialmente en la eliminación de cuentas falsas y en la limitación de la visibilidad de las páginas que promueven la desinformación.

Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar la transparencia de los anuncios políticos, fortalecer la confianza de la ciudadanía y el respeto de la libertad de expresión. Necesitamos medidas legislativas a escala comunitaria (Internet no tiene fronteras) que nos protejan no solo en el corto, sino también en el largo plazo. Luchar contra esta lacra precisa de un esfuerzo colectivo.

Para contrarrestar la desinformación es fundamental aumentar el apoyo a los medios de comunicación tradicionales, formando a profesionales cuyo objetivo último sea la difusión de información debidamente contrastada y verificada. Necesitamos, nuestras democracias lo necesitan, periodistas que sean capaces de identificar la información falsa y combatirla. Y también educación, para que los ciudadanos veamos lo que los medios de comunicación nos ofrecen a través de una lupa crítica.

Por otro lado, las plataformas digitales tienen que garantizar la transparencia de la publicidad política, verificar las cuentas, suprimir los perfiles falsos; destinando recursos suficientes a detectar con rapidez las noticias falsas, o validar con agilidad las denuncias de los usuarios. En este campo suelen ser deficientes los esfuerzos realizados hasta el momento.

Y homologar los derechos de rectificación y retracto de los medios digitales con respecto a los de comunicación tradicionales, estableciéndose sistemas de trazabilidad de las noticias falsas para saber exactamente a qué personas les ha llegado esa contaminación. No solo el combate consiste en borrar lo falso. Para evitar “el difama que algo queda” es preciso garantizar que llegue con la misma potencia la información veraz que rectifique la contaminada. Y en las redes sociales debería ser tan fácil y barata esa divulgación como las fake.

Seamos ambiciosos. Necesitamos propuestas legislativas para luchar contra las noticias falsas, reglas vinculantes y comunes en toda la Unión Europea. Para luchar contra los contenidos ilícitos, urge aumentar la transparencia de las plataformas en línea y promover la cooperación entre redes sociales y autoridades nacionales para atajar los bulos por Internet.

Las heridas no se curan señalándolas con el dedo o simplemente poniendo una tirita.