“Nadie puede quedar atrás”. Todos hemos escuchado esta frase cientos de veces en las últimas semanas. Pues entonces vuelvan la mirada sobre los jóvenes de entre 25 y 35 años, es decir, los nacidos después de 1985. Sobre ellos impactó con dureza la crisis financiera de 2008 y ahora se han encontrado con el cataclismo del Covid-19. Como a todos, podrán decir. Pero a ellos les afectan más las consecuencias económicas y sociales porque cada edad nos concede un papel diferente y ellos están en fase de asentar proyectos personales, familiares y laborales. Penalidad tras penalidad, muchos han quedado atrapados del derecho y del revés.

Esos jóvenes, o ya no tanto, no han conocido más que recesiones económicas o agujeros profundos en los primeros años de su madurez, esos años determinantes para orientar y labrar futuros. Dice el chiste que no se van de casa aunque les echemos el hurón. ¿Cómo se van a ir? Empleo deteriorado o directamente paro, precio de la vivienda por las nubes, falta de cotización a la Seguridad Social, dificultad de estabilidad profesional… La globalización mal entendida y peor gestionada los está aplastando, aunque hablen idiomas, tengan pasaporte europeo y estén hiperconectados. Se podrá decir que es demasiado pronto para hacer este tipo de afirmaciones. Esperemos que, dentro de unos pocos años, no sea demasiado tarde. No puede extrañarnos que, entre ellos, se haya desplomado la confianza en las instituciones.

Por contraste con estos jóvenes, la generación del rey Felipe VI empezamos hoy a peinar canas, a modo de archivos del pasado. Se nos llamó durante muchos años “la generación del Príncipe”. Somos los nacidos entre 1965 y 1970. Nacimos cuando muchos jóvenes pensaban que debajo de los adoquines se encontraba la playa. Cuando murió Franco, teníamos 5, 7 o 9 años y a esas edades, como es sabido, se tienen cosas más importantes en las que pensar. Nada tuvimos que ver con la Transición, ni siquiera nos interesaba verla por televisión. Preferíamos a Gaby, Fofó y Miliki. Crecimos ya en democracia. Nuestra adolescencia coincidió con el socialismo en el poder y con una indudable prosperidad en el país, a pesar de la reconversión industrial. Nos hicimos mayores de edad justo cuando España ingresaba en Europa, lo que nos ayudó sin duda a completar nuestra formación en otros países y a ampliar horizontes. Proyectamos los sueños de nuestros padres que, nacidos en la posguerra o en pleno conflicto bélico, nada de esto pudieron hacer, ni siquiera se lo plantearon. Ellos lo pasaron peor, en buena medida para que nosotros saliésemos adelante. Ahora no podemos permitir que quienes hoy tienen treinta años piensen que debajo de esos adoquines solo están sus sueños enterrados.

La historia no avanza siempre por vías unidireccionales hacia un progreso ininterrumpido. No hay una tendencia histórica general hacia el progreso, generación tras generación. En las sociedades secularizadas, la idea de progreso ha sustituido a la fe en la providencia y se ha convertido en una especie de mano invisible que orienta el desarrollo de la humanidad. John Bury nos advirtió acerca de la necesidad de aceptar los límites de este progreso idealizado.

                Siempre me gustó Ingmar Bergman cuando comparaba el envejecimiento con la escalada de una gran montaña: mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Pues, desde esa supuesta o real serenidad, es una obligación de todos que esa juventud no pierda entusiasmo ni proyectos. De lo contrario, el futuro se estremece. Las ventajas de la prosperidad, cuando llegue, y algún día llegará, deben utilizarse para reparar anteriores desequilibrios, por ejemplo, con esta generación que ronda los treinta años y que “se aprieta el hígado y se sujeta el corazón”, como diría Ramón Acín.

Lo más triste de envejecer es carecer de mañana. Esto, más pronto o más tarde, nos va a suceder a todos como personas, pero no puede ocurrirnos como sociedad. Vale que se nos arrugue el rostro, pero que no se nos agriete el cerebro. ¿Qué mundo le estamos dejando a estos jóvenes ya no tan jóvenes? Me sumo a Javier Sampedro cuando dice que los más mayores vamos a quedar fatal en los libros de historia.

La pandemia ha venido a subrayar el carácter imprescindible de lo público, a veces tan frágil y denostado. Entre la zozobra y la incertidumbre, el coronavirus le ha dado un mandoble al liberalismo postmoderno y nos advierte sobre la importancia de la modernidad sólida, la que no recorta ni en sanidad pública ni en investigación. El sálvese quien pueda solo les funciona a unos pocos y, en situaciones excepcionales como esta, ni siquiera.

Estamos confinados en casa para no propagar la enfermedad y no colapsar los hospitales. Pero necesitamos una vacuna que ataque la pandemia. Consciente de la que se puede montar en Estados Unidos, Trump negocia con un laboratorio alemán (CureVac, Tubinga) la “exclusividad” de una potencial vacuna. Negligente y negacionista al principio, Trump considera que el virus es una amenaza que los extranjeros están llevando a Estados Unidos. Ofrece ahora elevados incentivos económicos para garantizar que la vacuna se aplique primero en Estados Unidos y luego ya veremos… ¿Quiere monopolizar el resultado de las investigaciones para que la preeminencia económica incida a la hora de aplacar la pandemia?

Las campañas de vacunación, del término latino vacca, empezaron en el siglo XIX para hacer frente a la viruela. Su tratamiento experimentó un gran avance en 1798 gracias a un médico rural inglés, el doctor Edward Jenner, cuando observó que las lecheras no contraían nunca la viruela. Llegó a la conclusión de que el motivo de su inmunidad era que ya habían contraído una enfermedad similar, la viruela bovina, que no suponía peligro alguno para el hombre. No menos decisiva resultó la vacuna contra la tuberculosis, una de las graves enfermedades que afligían a la población europea en época contemporánea. Como sabemos, era (o es) una infección que afectaba a los pulmones en forma de “consunción” del cuerpo hasta que la víctima, tosiendo sangre de los órganos, acababa muriendo. Los síntomas relativamente poco aparentes de la enfermedad y su avance generalmente lento hicieron difícil descubrir el agente patógeno. Chopin, por ejemplo, murió de tuberculosis. En la literatura hay pocas escenas más tremendas que la de la muerte, en 'Crimen y castigo' (1866), de una viuda tuberculosa, Katerina Ivanovna. La enfermedad se contagiaba a través de partículas expelidas por el enfermo, por ejemplo al toser. El descubrimiento del mecanismo de transmisión del ántrax maligno o carbunco lo realizó Koch en 1870. Pero la incidencia de la enfermedad solo se redujo de veras, ya en el siglo XX, con la vacuna BCG (1921) y el posterior desarrollo de antibióticos. Y la lista podría ampliarse hasta la mal llamada “gripe española”, pasando más recientemente por el ébola.

Los laboratorios farmacéuticos deben tener incentivos económicos para desarrollar investigaciones muy costosas. La carrera por la vacuna no es nada sencilla y deben existir compensaciones ¿Pero la vacuna para esta pandemia ha de pasar por la mano invisible del mercado que “asigna eficientemente los recursos”, es decir, debe regirse por el beneficio empresarial, o tanto la OMS como los Estados deben tomar cartas en el asunto? Ojalá las autoridades internacionales empiecen a hacer más caso a Joseph Stiglitz y a lo que cuenta en 'The end of neoliberalism and the rebirth of history'. La llegada del coronavirus suscribe punto por punto las argumentaciones del Premio Nobel.

De momento, no demos rienda suelta a los bulos. Dejemos las consignas en manos de los expertos sanitarios. Ya hay tertulianos que, en apenas una semana, parecen tener convalidado un doctorado en epidemiología. Mark Twain aconsejaba tener cuidado con la lectura de libros sobre la salud porque podríamos morir de una errata de imprenta. Y otro objetivo es que ese punto de miedo a la inseguridad, inevitable, nos pueda conducir, sin histeria colectiva, a desarrollar comportamientos prudentes a medida que este confinamiento se alargue en el tiempo.

A los agricultores les ocurre un poco como a los escritores. No solo es que la escritura tenga mucho de labranza, como indica José Arbués en 'Mi vida rural en Aragón' (Xordica, 2019), sino que ambos, productores de materia prima originaria, se llevan un porcentaje muy pequeño del precio de mercado, sea un saco de cereal o un libro. La cadena de intermediarios se embolsa la parte del león, aun cuando el problema es complejo y no se soluciona con recetas mágicas.

La primera tractorada en la historia de España tuvo lugar en la provincia de Zaragoza. Fue en febrero de 1976 y se la conoce como la “guerra del maíz” o del panizo. Luego llegaron muchas más en otros enclaves geográficos. Se protestaba, ya entonces, porque los precios agrarios no compensaban los costes de producción (gasóleo, abonos, fitosanitarios, etc.), más aún tras la crisis del petróleo, y el resultado de este efecto pinza fue una alarmante descapitalización de la explotación familiar agraria. El problema adquirió una fisonomía regional variada en función de las especializaciones productivas de cada territorio: así, se habló de una “guerra del plátano” en Canarias, del tomate en Murcia, de la leche en la cornisa cantábrica… En Aragón, los tractores tomaron las carreteras para que el gobierno aceptase proteger el maíz nacional y cortase las importaciones, sobre todo estadounidenses, que hundían peligrosamente los precios. ¡Hasta Hollywood empezó a promocionar el consumo de palomitas en los cines para sacar los excedentes de maíz! Casi medio siglo después se acusa a la Unión Europea de suscribir demasiados acuerdos de libre comercio, sin proteger lo suficiente a los productos propios que tienen severos controles ambientales y sociales.

Casi medio siglo después de aquella primera tractorada se reconocen continuidades, aunque también alguna novedad: para empezar, muchas más mujeres han abandonado el campo. No lo tuvieron fácil. Incluso las fuentes documentales de la época se limitan a citarlas como “acompañante de su marido”, expresión demoledora. Durante décadas, la ausencia de un estatuto jurídico para las agricultoras hacía que estuviesen poco protegidas por los sistemas nacionales de seguridad social. La titularidad compartida de la explotación familiar agraria no llegó hasta entrado el siglo XXI. Y si las mujeres, principal soporte de la fijación poblacional, abandonaban la actividad, mal lo tenía el medio rural.

Medio siglo después de aquella primera tractorada, la defensa del agricultor profesional ha de sustentarse mucho más que entonces en su dimesión ecológica y en su producción ambientalmente sostenible. La supervivencia de los campesinos en su medio natural es ya de por sí, salvo algunas excepciones, una aportación medioambiental de primer orden. “Quien contamina, paga”. Sin embargo, ¿quién ayuda al que mejora el medio ambiente, a quien nos proporciona seguridad alimentaria, conserva la fertilidad de la tierra y la diversidad genética al tiempo que produce alimentos de máxima calidad nutritiva y organoléptica? La sociedad debe reconocer la aportación de agricultores y ganaderos que se comprometan en materia de cambio climático, salud o paisaje.

Medio siglo después de aquella primera tractorada, la cadena agroalimentaria ha sufrido una transformación radical en favor de la distribución. Ahí han entrado poderosos fondos de inversión que han provocado una “uberización” del campo, en palabras de Valeriano Gómez y de Fernando Moraleda. Se requiere mayor transparencia en el mercado agroalimentario y, sobre todo, reforzar el papel de las organizaciones profesionales agrarias en su relación contractual con la industria procesadora.

Así pues, las protestas vienen de mucho tiempo atrás y poco tiene que ver el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Eso sí, valdría la pena estudiar si pueden reducirse las cotizaciones sociales en el sector agrario para amortiguar el posible impacto del SMI en determinadas actividades agrícolas o ganaderas. Al fin y al cabo, si sube el suelo salarial, se incrementan los ingresos del sistema de seguridad social y una parte de ese aumento podría revertir en favor del agricultor profesional que contrata.

El Valle del Ebro es una economía fundamentalmente terciaria e industrial, pero el signo agrario continúa siendo una inercia sentimental poderosa. Un mundo rural, nada idílico, que sin embargo refuerza nuestras raíces individuales y sociales, como si la memoria fuese el granero donde se guarda la simiente. La “herencia rural” tiene sus pros y sus contras. Conviene apartarse de algunos tópicos inmovilistas, pero está muy bien sentirnos provincianos con orgullo, es decir, encontrarnos a gusto en el territorio del futuro, defendiéndolo y proyectando estima hacia él.

Necesitamos un microscopio muy potente para detectar ministros aragoneses en los últimos 43 años de democracia española. Entre 1977 y 2020 ha habido en España unos doscientos ministros, de los cuales solo 5 nacieron en Aragón, es decir, el 2,5%. Y de esos cinco, tres tuvieron un paso efímero por el Ministerio: el barbastrense Luis Manuel Cosculluela fue Ministro de Administración Territorial apenas un año; el oscense Sebastián Martín-Retortillo duró diez meses y sin cartera oficial (fue ministro adjunto al Presidente Suárez, aunque en la práctica gestionaba los temas de administracion pública), y aún más fugaz fue el paso del zaragozano Román Escolano, unos tres meses, por mor de la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy.

Solo dos aragoneses se mantuvieron relativamente estables en el Consejo de Ministros. Se trata del turolense Jaime García Añoveros, que fue Ministro de Hacienda durante casi cuatro años, primero con Suárez y luego con Calvo Sotelo, y del también turolense Juan Alberto Belloch, “superministro” de Justicia e Interior con Felipe González. Antes, en 1993, accedió por separado a la cartera de Justicia. La palabra ministro procede del latín minister, es decir, mediador y servidor. ¿Somos los aragoneses poco servidores o nos faltan facultades de intermediación?, ¿o son otras las causas para explicar esta ausencia ministerial aragonesa?

Si realizamos un repaso biográfico a los ministros de las últimas décadas, encontramos en su mayoría a personas bien formadas. Otra cosa es que los ciudadanos depositen confianza en ellos. Casi todos han tenido titulación universitaria. Hay excepciones como Celia Villalobos, Corcuera y algunos más. Pero lo habitual  ha sido el título académico, incluso doctoral, lo que contrasta con el Reino Unido. Allí, si alguien llega a ministro sin tener un título universitario, se considera muestra de su valía profesional, mientras en España suele traducirse en indicio palmario de enchufismo o de habilidades trepadoras. Entonces, ¿ha habido tan pocos ministros aragoneses por falta de talento regional? No lo parece, a la vista del talento científico, cultural, económico o empresarial desplegado a raudales en los últimos años, donde los vientos y las olas han estado a favor de navegantes aragoneses muy capacitados. Las razones parecen estar en otra parte.

¿Qué factores pesan realmente para ser Ministro? Juan Rodríguez Teruel, en su libro sobre los ministros en la España democrática, subraya como elementos decisorios la recompensa política, las afinidades personales con el Presidente (que no debería llamarse así, sino primer ministro, pues nuestro régimen no es presidencialista, al menos en teoría), la atención a las distintas sensibilidades dentro del partido político que forma gobierno o el equilibrio territorial, tirando a veces de “personalidades independientes” para hacer frente al contexto político. Y ahí los aragoneses hemos pintado menos que Jesulín de Ubrique en la Real Academia de la Lengua o, si nos vamos al localismo, que Pichorras en Pastriz. En realidad, desde el Conde de Aranda, allá por finales del siglo XVIII, ningún aragonés ha mandado de verdad en Madrid. Va para dos siglos y medio… Si nos queremos consolar, podemos decir que los aragoneses talentosos no cambian la libertad por el poder. Pero la realidad es la que es. Y para cambiarla, a diferencia de la Ley de Derechos Históricos, esta vez no se necesita reformar la Constitución, basta con remover voluntades. Para ser ministro solo hace falta que le cuadres al presidente de turno.

Un gobierno de coalición, inédito en la democracia española, introduce muchas novedades. De entrada, cuatro ministros vicepresidentes. Además, históricamente, cuando la imagen del Presidente se desgasta, se recambia a los ministros como estrategia de supervivencia. Y esto no lo va a poder hacer con varios ministros, a riesgo de hacer saltar la coalición. Lo que perdura es que el nombramiento de ministro mantenga un timbre de gloria decomonónico que, a veces, no se corresponde dentro de una sociedad y de una economía que dependen más de los vaivenes de los mercados globales que de ellos. ¿Será esta otra forma de conformarse ante el ninguneo ministerial? 

El Tribunal Constitucional acaba de tumbar buena parte de los artículos y disposiciones de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, aprobada en el parlamento autonómico y recurrida en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular. De entrada, los aragoneses habremos de recordar  en las urnas quién pone el recurso y con qué intereses.

Varios historiadores aragoneses de reconocido prestigio consideran que la sentencia está politizada y constituye un atropello para Aragón. En cambio, varios constitucionalistas de la Universidad de Zaragoza, no menos significados que los anteriores, consideran que el Tribunal Constitucional ha obrado correctamente paralizando una ley que era “un chandrío”. Encontramos, pues, opiniones muy polarizadas entre gente sensata, cualificada y defensora de esta tierra. No se está juzgando la historia de Aragón, ni que las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo del escudo español simbolicen al Aragón histórico. Se juzga el encaje constitucional de unos derechos defendidos por una nacionalidad no considerada “histórica” en la Carta Magna de 1978. Y esos derechos brillan por su ausencia en la Constitución. Es hora de reformarla, también por esta razón, porque se tiene por importuno al que pide cosas justas. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Todos los pueblos, con sus respectivos territorios, tienen su historia. Son históricos en sentido estricto. Ahora bien, la idea y el concepto de nación, como tales, no existían antes de la Revolución Francesa, aun cuando los nacionalismos utilicen siempre un enorme caudal de referencias históricas anteriores (medievales, celtas, íberas…) para acarrearlas hasta el presente y legitimar sus posiciones. La historia siempre ha sido un requisito importante para alcanzar la condición de nación. Cuanto más antiguas en el tiempo sean las referencias históricas, mejor. Todo sirve, incluso la invención de la tradición, para certificar la supuesta existencia de la “comunidad imaginada”, que pasa automáticamente de la fantasía al argumentario político sobre la base de una esencia nacional histórica que se desarrolla a lo largo de los siglos.

Es sabido que la Constitución de 1978 considera “nacionalidades históricas” a aquellos territorios que presentaron sus estatutos de autonomía durante la Segunda República, antes del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Un acontecimiento tan terrible y tan poco democrático no parece muy adecuado como kilómetro cero que sustente la arquitectura institucional de un Estado democrático. Recordemos que el estatuto catalán fue aprobado en 1932 y tanto el vasco como el gallego en 1936. Aragón, como otros territorios, tenía su estatuto presentado pero sin aprobar y luego la sublevación militar del verano de 1936, la Guerra Civil y el franquismo lo echaron al basurero de la Historia durante décadas. Hasta que en 1978 el legislador admitió el confuso término de “nacionalidad”, voluntariamente ambiguo, en la Constitución. Lo hizo para favorecer la inclusión del PNV y de CIU. Con el paso de los años, este concepto de “nacionalidad” ha estado sometido a múltiples interpretaciones interesadas. Lo mismo ha servido para un roto que para un descosido. Se utilizó en su día como justificación para activar la vía rápida del artículo 151 o la más lenta del art. 143, con menor cuota de autogobierno. Luego las cosas, por fortuna, se igualaron. Y desde hace poco más de una década, al calor de la crisis de 2008, hemos entrado en una nueva fase centrífuga en España, por cuanto el café para todos les parece insuficiente a las nacionalidades supuestamente históricas.

De este galimatías quiere salir la derecha con una recentralización por vía de ordeno y mando, totalmente anacrónica, amén de peligrosa. De ahí el recurso al Constitucional. Otros se han adentrado en la selva, no menos peligrosa, de la deriva independentista hasta descuartizar ese mapa de España que las nubes le traían volando al desterrado Rafael Alberti. Y muchos nos inclinamos por un federalismo simétrico basado en que las comunidades autónomas reconozcan lazos comunes y queden integradas política y económicamente en una comunidad nacional más potente en un mundo globalizado. Eso sí, no nos vengan con lo del federalismo asimétrico porque la expresión es tan ambigua y maleable como la de “nacionalidad histórica”. El pacto federal no es ninguna panacea pero, vista la situación actual, es la mejor opción. Por cierto, en un estado federal no tiene sentido la foralidad. Ninguna foralidad, ni la vasca, ni la navarra.

Me pregunto qué dirían los tribunales europeos de esta sentencia del Constitucional. A muchos les parece siempre equivocado lo que viene de Europa. ¿Y si nos equivocamos con ellos?

El federalismo ahorma la nación española y la compacta sobre la base de integrar territorios con identidades plurales. El federalismo no “desespaña”, aunque sí le quita la caspa a esa España poco menos que nacional-católica. Llama la atención que este federalismo sea tan frontalmente rechazado por los nacionalistas de Cataluña y de Euskadi… ¿Por qué será? ¡Bienvenido, Cuauhtémoc!

Cuauhtémoc Cárdenas visitará las Cortes de Aragón dentro de unos días, invitado por la Fundación Giménez Abad. Hijo del presidente mexicano Lázaro Cárdenas y él mismo candidato a presidente en tres ocasiones, viene para conmemorar el 80 aniversario del exilio español. En medio de privaciones y de sufrimientos, muchos exiliados mantuvieron viva la idea de una España abierta, tolerante, social y, al final de sus días, europea. Aragoneses como Buñuel, Sender, Maurín o Mantecón, entre otros, dignificaron el nombre de España desde el exterior y mantuvieron el hilo tenue de la democracia española, sujetada en los valores del Estado de Derecho.

Creo que hay una hispanidad mal entendida y una hispanidad mejor entendida. Una hispanidad que aplica ideas de hace sesenta años (o tal vez quinientos) para alimentar el orgullo patriótico. Montada en caballo percherón o con finos trajes de Armani, proclama argumentos esencialistas y anacrónicos que suministran munición a las batallas partidistas del presente candente. Huyamos de este argumentario, casi siempre falseado. Pero hay otra hispanidad más interesante, por ejemplo la agradecida con el presidente Cárdenas por la acogida que dio a nuestros compatriotas. Cientos de familias aragonesas desembarcaron en México hace justo ochenta años, con un enorme caudal de ciencia y de cultura que se fue. Miles de familias españolas se agrupan hoy en el Ateneo mexicano. Su recuerdo y su estudio forman parte de la hispanidad bien entendida.

Entre esos exiliados aragoneses estaba el científico Honorato de Castro, a quien poca gente recuerda. O el librero José Ramón Arana, por cuya librería de México DF pasaron Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Guillén, León Felipe, Alberti, Max Aub y hasta García Márquez. También Julio Borderas, héroe de la sublevación de Jaca, hubo de exiliarse. Era un magnífico sastre que le hizo los trajes al presidente mexicano Lázaro Cárdenas y hasta al mismísimo Yuri Gagarin. Y qué decir del historiador del arte Rafael Sánchez Ventura, que contribuyó al traslado de las obras del Museo del Prado para protegerlas de los bombardeos y luego, ya en Francia, organizó el entierro de Antonio Machado en Colliure. Además de un legado intelectual y artístico, hay también una herencia moral en el exilio en favor de una España tolerante.

Las distintas modalidades del españolismo se explican bien en “Suspiros de España”, la obra del profesor Núñez Seixas galardonada con el último Premio Nacional de Ensayo. Allí se indica que bajo la afirmación de España como nación han coexistido y coexisten quienes la conciben como un todo culturalmente homogéneo y centralizado, y quienes consideran que esa nación es plural y descentralizada. Los primeros acostumbran a subir el tono (con aorta a punto de aneurisma de tanto españolear), aireando simbología patria con afán patrimonializador; los segundos, entre los que se contaban la inmensa mayoría de los exiliados, defendían la indivisibilidad de la soberanía española sobre la base de una democracia siempre mejorable.

A los exiliados “les dolía España”. ¡Cómo no les iba a doler todo lo que habían dejado atrás! Es cierto que unos defendían planteamientos más esencialistas que otros. No decían lo mismo Salvador de Madariaga o Sánchez Albornoz que Francisco Ayala, por ejemplo.

Ochenta años después, es arriesgado realizar contrafactuales, es decir, argumentar sobre qué pensarían estas personalidades fallecidas hace años. Ya digo que resulta atrevido. Pero me mojaré: pienso que muchos de ellos serían federalistas. El federalismo ahorma la nación española y la compacta sobre la base de integrar territorios con identidades plurales. El federalismo no “desespaña”, aunque sí le quita la caspa a esa España poco menos que nacional-católica. Llama la atención que este federalismo sea tan frontalmente rechazado por los nacionalistas de Cataluña y de Euskadi… ¿Por qué será? ¡Bienvenido, Cuauhtémoc!

Hay otras formas más sutiles de relativizar la violencia o de pasarla por el detergente biodegradable, como cuando se dice que son acciones de autodefensa frente a la policía (si se han cometido excesos por parte de las fuerzas de orden público, denúnciese y pruébese), cuando se reclama libertad para saboteadores profesionales o cuando la ganadora del último Premio Nacional de Narrativa, Cristina Morales, dice preferir el fuego en Barcelona a las botigas y cafeterías abiertas.

Xavier Arzallus llamaba “los chicos de la gasolina” a toda esa violencia callejera que, traducida al vasco, fue la kale borroka. Fue Álvarez Santacristina “Txelis” quien diseño esta estrategia de grupos de apoyo que quemaban vehículos, destruían mobiliario urbano y montaban barricadas de contenedores casi todos los fines de semana. Se suponía que eran labores de apoyo a la lucha armada, aunque a la postre solo sirvió para agudizar las divisiones en la sociedad vasca. En Cataluña, durante los últimos días, empiezan a detectarse muestras de banalización de la violencia. Comienzan a aparecer pancartas donde puede leerse que “ser pacífico resulta inútil”.

Elisenda Paluzie, presidenta de ANC, ha dicho que la violencia es útil para visibilizar y darle vuelo internacional al secesionismo catalán. Si no justifica la violencia, bien cerca está. También se le tiraron huevos a Rosa Lluch, hija del asesinado Ernest, mientras Rosa expresaba su opinión, lo que no nos conduce a ningún sitio, salvo a la voladura de puentes y al desastre social. Pero hay otras formas más sutiles de relativizar la violencia o de pasarla por el detergente biodegradable, como cuando se dice que son acciones de autodefensa frente a la policía (si se han cometido excesos por parte de las fuerzas de orden público, denúnciese y pruébese), cuando se reclama libertad para saboteadores profesionales o cuando la ganadora del último Premio Nacional de Narrativa, Cristina Morales, dice preferir el fuego en Barcelona a las botigas y cafeterías abiertas.

Conseguir los objetivos por la fuerza es una mala estrategia. Ningún dirigente dice justificar la violencia, pero hay juego subterráneo y un peligroso electoralismo sobre la base de banalizar la violencia. “Electoralismo”, llegamos a la palabra fetiche. En el lado del constitucionalismo abundan quienes frente al problema catalán hacen electoralismo con España, esa prisa por salvar a España, pronunciada esa ñ como si le hubiesen chutado esteroides, según dice Guillem Martínez en su último libro. Otros tachan de electoralista la exhumación de Franco. Erróneamente. Dejando aparte que a los miles de republicanos que descansan en Cuelgamuros les hubiese gustado practicar electoralismo, la acusación es infundada, por cuanto la fecha de exhumación vino marcada por los múltiples obstáculos interpuestos, por tanta arenilla en los engranajes judiciales como quisieron colocar la propia familia del dictador y esos monjes benedictinos que están más cerca del Concilio de Trento que del Vaticano II.

En el ámbito autónomico, ¿firmar el compromiso de renovación del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) es electoralista? Si lo del electoralismo nos lo tomamos al pie de la letra, llevaríamos cuatro años sin hacer nada. Estamos en una perpetua campaña electoral. Además, lo que se hizo fue prorrogar por dos años lo suscrito con el gobierno de Rajoy, pero con el importante añadido de poder utilizar esos fondos en equipamientos sanitarios, educativos o en la banda ancha que tanto necesita la provincia. Y esas inversiones podrán ser continuadas en el tiempo merced a una justificación plurianual de gasto. ¿Se produjo en este caso una criticable inversión de los fines por los medios? No lo creo.

A veces, cuando no se sabe qué criticar, se tacha la medida de electoralista. Pero, dentro de ese extenso vocablo, no cabe todo. Y conviene separar el grano de la paja, sobre todo si es paja incendiaria. Lo peor es hacer electoralismo con la violencia más o menos soterrada. Buscar avances por esa vía es labor baldía. La violencia acostumbra a engendrar más violencia.

"Señor obispo de Huesca, deje a las familias que despidan a sus seres queridos. Poder despedirse forma parte del duelo. Suele resultar terapéutico desahogarse emocionalmente"

Un decreto del obispo de Huesca, Julián Ruiz Martorell, ordena que se evite en los funerales leer cartas de despedida al difunto o escritos de agradecimiento al público congregado. La normativa entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Tampoco se permitirá pronunciar alocuciones laudatorias o biográficas del finado, ni añadir lecturas o música que no sean las “adecuadas” para el ritual de las exequias. Es decir, se apuesta por misas sin cariño, estandarizadas, despersonalizadas. Decía Jerrold que la religión está en el corazón y no en las rodillas.

Mi amiga Esther comenta, con toda la razón del mundo, que prohibir una despedida es inhumano y cruel. Suele suceder que el sacerdote no conoce al que va en la caja. ¿Qué hay de malo en poner voz, historia y nombre a quien tanto quieres? Aunque nos sepamos la Biblia a pie juntillas, el Nuevo Testamento de memoria y la eucaristía de corrido, ¿qué nos aprovecha todo esto sin humanidad, cariño y respeto? Y si resulta incompatible con la liturgia y el ceremonial religioso, algo falla.

La medida del obispo oscense entronca con aquellos curas ultramontanos del final del franquismo, partidarios de convertir la misa en mera eucaristía y dejarse de tantos sermones donde se defendía la amnistía y la democracia. Aquella fue una reacción de las autoridades religiosas más conservadoras para cercenar al catolicismo de base y a la Teología de la Liberación, en definitiva, a los llamados «marxicristianos» o cristianos por el socialismo que «de tanto insistir en el amor al prójimo olvidaban el amor a Dios y que, de tanto trabajar, olvidaban orar». Aquellos sacerdotes preconciliares pensaban que allá donde Dios tiene un templo, el demonio suele levantar una capilla.

¿Qué nos queda de aquella iglesia por la que apostaba el cura de Fabara hace cuarenta años? La crisis ha hecho que se pongan los focos y se subraye la labor de Cáritas, que echa el resto en ayudar a los más necesitados y a los nuevos pobres ahogados en sus apuros económicos. Pero las jerarquías eclesiásticas, como el obispo oscense, prefieren defender ideas involucionistas en materia de derechos ciudadanos. En tiempos del cura de Fabara, el rechazo al divorcio o al aborto acabó convirtiéndose en marca de pertenencia a la “comunidad eclesial oficial”; hoy, tantos años después, cumplen ese mismo papel el repudio a la muerte digna o a la investigación con embriones. La vieja prédica de la castidad como mejor forma de practicar “sexo seguro” sigue encandilando a muchos miembros de la Conferencia Episcopal y a la Asociación Católica de Propagandistas. Sobrepasados por los cambios y atenazados por su propia rigidez, les resulta incómoda la digestión de varias características básicas inherentes a una democracia de mayor calidad.

Señor obispo de Huesca, deje a las familias que despidan a sus seres queridos. Poder despedirse forma parte del duelo. Suele resultar terapéutico desahogarse emocionalmente. No constriña tanto la liturgia, no la dejé acartonada. “La puerta de Dios siempre está de par de par”. Hágale caso a este refrán persa

Señor obispo, sus interpretaciones de la liturgia se aproximan peligrosamente al Concilio de Trento. Ya puestos, volvería a las misas en latín. Por lo menos aprenderíamos idiomas.

Resulta innegable la resistencia eclesiástica a prueba de siglos. De todos modos, si ya están las iglesias medio vacías, este purismo ritual mal entendido puede ahuyentar aún más a los fieles. ¿Se quedarán solos al final? Hace méritos este obispo. ¿Y el Papa qué dice ante un decreto que muchos contemplamos no solo como una falta de respeto sino también de humanidad?

"El cambio climático puede erosionar hasta la entraña democrática si no somos capaces de colocar el medioambiente por encima de cuestiones partidistas. Seamos exigentes los electores en este punto"

La naturaleza nos devuelve, con intereses, el trato que recibe ¿Se habrá convencido el tío de Rajoy de que el cambio climático ha llegado para quedarse y, en muchos casos, resulta ya irreversible? Frente al optimismo irrefrenable y al supuesto progreso ininterrumpido del planeta, se acusaba a los ecologistas pioneros de ser unos “aguafiestas” con su sentimiento trágico de la vida… Para muchos, eran unos catastrofistas, milenaristas y excéntricos barbudos que se dedicaban a asustar al personal, amenazando con cualquier tipo de males que nunca llegarían a ocurrir. Otros opinaban, con cierto paternalismo, que eran buenos chicos, simpáticos y bastante exagerados, que obraban con una dosis de ignorancia y atrevimiento de adolescentes y a los que no había que prestar demasiada atención. Y, por último, estaban los convencidos de que esto del ecologismo no era más que una moda pasajera, un sarampión inocente que pasaría enseguida. Pero, hoy por hoy, las cosas son como son. Ojalá aquellos ecologistas de hace medio siglo no hubiesen tenido razón en sus avisos y protestas. Pero la tenían. Los resultados van confirmando sus hipótesis.

Hay una relación entre el medioambiente y la estructura social, por más que durante décadas apenas se lo plantearan ni los pensadores liberales ni los marxistas. Estos últimos presentaban al capitalismo como un sistema económico histórico, no “natural”, y tal vez les pareció que introducir consideraciones ecológicas conllevaba una naturalización indeseada, buscando las causas de su estabilidad o cambio en la naturaleza y no en la historia humana de los conflictos entre las clases sociales. Por su parte, muchos liberales contemplaban el medioambiente como un fenómeno inmutable, como un escenario que nunca cambiaba y sobre el que se desarrollaba la actividad humana, cuando en realidad algunos cambios ecológicos pueden llegar a ser ciertamente rápidos. Véase, por ejemplo, la transformación que ha afectado a las líneas de consumo en los países ricos desde 1950, con un incremento enorme en el ritmo de extracción de recursos naturales, con la motorización generalizada y hasta con un aumento sin precedentes del consumo de carne.

Sobrecogen los datos históricos sobre la evolución en el tamaño medio de los incendios, que siempre los hubo, pero no de estas dimensiones. Durante el siglo XIX y buena parte del XX eran muy poco frecuentes los incendios de más de 5.000 hectáreas. El punto culminante ha llegado este verano con el Amazonas ardiendo… Junto a madereros sin escrúpulos, buscadores tramposos de recalificaciones, pirómanos enfermizos y autoridades laxas, la principal causa de incendios forestales es la despoblación. Con un agravante: que con tanta maleza los fuegos arrasan ahora magnitudes descomunales. Hoy, en el siglo XXI, la dimensión alarmante de los incendios forestales no puede seguir así. Se nos está quemando la casa.

El cambio climático tiene múltiples aristas, casi infinitas. No es solo que se puedan plantar viñas en el Pirineo. O que las gaviotas sean enormes en muchas playas porque su principal fuente de alimentación es la comida basura que dejan los turistas. O que los multimillonarios más previsores ya no inviertan en zonas de playas exclusivas por el riesgo evidente de quedar anegadas con la subida del nivel del mar. Quiero detenerme en una repercusión política sobre Europa.

Llevamos años de una sequía que parece irreversible al sur del Sahara. El desierto crece hasta hacer imposible cualquier forma de agricultura y de ganadería. A los africanos jóvenes no les queda otra opción que emigrar como tabla de salvación. A su vez, explica el historiador Beevor, la Europa envejecida y asustada no querrá aceptar a tantos emigrantes. Y muchos europeos preferirán la demagogia de la seguridad y las fronteras al espejismo desacreditado de la democracia, votando a partidos que socavan el parlamentarismo democrático construido durante décadas. O sea, el cambio climático puede erosionar hasta la entraña democrática si no somos capaces de colocar el medioambiente por encima de cuestiones partidistas. Seamos exigentes los electores en este punto. Obliguemos a asumir compromisos que no sean papel mojado. De obligado cumplimiento. Nos la jugamos.

El Amazonas arde, el Mediterráneo convertido en mortaja… Son ingredientes de un mismo proceso. Al planeta se le saltan las costuras. O, mejor dicho, se las hacemos saltar. Y esto, más allá de las evidentes repercusiones ambientales y económicas, tiene también consecuencias políticas. Ya lo decía Goethe: la naturaleza siempre está en acción y maldice toda negligencia.

"No ha de extrañar pues que, en el momento de la muerte de Franco, una parte de la jerarquía eclesiástica siguiera siendo notablemente «adicta», adherida a una forma nostálgica de catolicismo que complacía a la patriotería nacional franquista"

El nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, critica la exhumación de los restos de Franco: “Dejarlo en paz era lo mejor. Ya lo juzgará Dios”. Monseñor, la historia y los ciudadanos juzgan también. Señor nuncio, los símbolos son importantes, aunque no sean banderas, y usted se inclina abiertamente por mantener la iconografía del franquismo. No se puede ser equidistante ante quien provocó una Guerra Civil, una represión concienzuda y selectiva, y un atraso evidente en la sociedad española.

La Iglesia católica española obtuvo del franquismo múltiples privilegios, como la prohibición de toda actividad proselitista de otras confesiones, la garantía en el ejercicio del culto católico, la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los centros y a todos los niveles, el reconocimiento oficial de las Universidades de la Iglesia, la dotación económica al clero, la ayuda para edificaciones, la exención de los clérigos del servicio militar, la asistencia religiosa a las tropas, el fuero eclesiástico, la obligatoriedad del matrimonio canónico para todos los bautizados, la disponibilidad de medios de comunicación propios, la libertad de las asociaciones religiosas de la Iglesia, la inviolabilidad de los templos… No ha de extrañar pues que, en el momento de la muerte de Franco, una parte de la jerarquía eclesiástica siguiera siendo notablemente «adicta», adherida a una forma nostálgica de catolicismo que complacía a la patriotería nacional franquista.

Así y todo, la homilía del cardenal Tarancón, pronunciada en el momento de la coronación del rey Juan Carlos en 1975, rezumaba un indudable espíritu aperturista y avanzado para la época, A partir de entonces, la Conferencia Episcopal, que por fortuna no es toda la Iglesia, emprendió una deriva retardataria hasta llegar a Rouco Varela, Martínez Camino o ahora al nuncio Fratini. ¡Ay, Javier Osés, cuánto nos acordamos de ti!

La queja al Vaticano por parte del gobierno español debiera ir acompañada de la reforma del Concordato de 1979. No se le llamó así entonces porque el vocablo “concordato” arrastraba una leyenda negra tras los vínculos del Vaticano con Hitler y Mussolini. Se supone que aquellos acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede reorientaban pactos anteriores, como los de 1953, y los adaptaban a la aconfesionalidad del Estado proclamada en la Constitución de 1978. Ese Concordato de 1979, firmado por el propagandista católico Marcelino Oreja y el cardenal Jean-Marie Villot, secretario de Estado de la Santa Sede, reclama urgente revisión en una sociedad mucho más laica.

A pesar de las sucesivas modificaciones en el Impuesto sobre la Renta, la Iglesia no ha asumido todavía su responsabilidad de autofinanciarse y sigue recibiendo subsidios por parte del Estado. Uno supone que no se han retirado esos subsidios por miedo a que la Iglesia movilice a sus fieles en contra del partido que se atreva a hacerlo. Da igual, moviliza a sus adictos, aunque se mantengan los subsidios.¿Por qué razón un ciudadano agnóstico y plenamente laico está obligado a financiar el mantenimiento de cualquier institución religiosa, por admirable que ésta pueda ser?

Zapatero aumentó el porcentaje que los contribuyentes pueden asignar a la Iglesia vía impuestos. Pasó de un 0,5% a un 0,7% y, a cambio, el Gobierno dejaba de transferir su contribución anual. Todo lo más, la Iglesia tiene la obligación de elaborar un informe sobre el modo en que se gasta el dinero de los contribuyentes. A muchos nos parece un acuerdo demasiado generoso para los intereses eclesiásticos. Los obispos se quejan. Pedro Sánchez amaga, pero no se atreve a poner el cascabel al gato. Ese dinero estaría mucho mejor empleado en la investigación a partir de embriones para avanzar en la curación de enfermedades, investigación que tanto irrita a los obispos.

"Y en estos días la barbarie inculta aupada a los nuevos ayuntamientos da un paso más en su cruzada reconquistadora"

Que no nos venga ningún relajo: hoy es un busto de Abderraman III por moro, aunque fuese hijo y nieto de habitantes de la Península Ibérica porque entonces –lo siento, señor Ortega Smith- todavía no existía España. Mañana puede ser García Lorca por homosexual, y el siguiente puedes ser tú por no pensar como ellos… Esa supuesta identidad españolista que los tiene tan enardecidos sería muy distinta sin la herencia cultural árabe, pero la ignorancia es muy atrevida. Hay quienes defienden incluso que puede escribirse la historia sin nombres propios, por ejemplo sin indicar quiénes firmaron el consejo de guerra instruido a Miguel Hernández, finalmente condenado a muerte. Escribir la historia sin nombres es censurar. No tiene vuelta de hoja. Es un camino involucionista en un país en el que ya de por sí hay demasiadas trabas en el derecho a la investigación y a la información de carácter histórico.

Pasados más de 40 años desde la instauración de la democracia en España, el acceso a la documentación pública referida a la dictadura franquista sufre todavía grandes restricciones. Esto no sucede en otros países europeos. En España no se ha aprobado una ley de transparencia ni se respetan las recomendaciones del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, aun cuando haya sentencias en las que el derecho a la investigación prevalece frente al derecho a la honra. Precisamente para salvaguardar esta “honra” se recurre a la ley de protección de datos.

Al margen de que los ciudadanos ven restringidos sus derechos, la inexistencia de una reglamentación precisa ha derivado en múltiples obstáculos, en ocasiones insalvables, que afectan particularmenre a los historiadores que investigan sobre las etapas más recientes de nuestra historia: guerra civil, franquismo, transición, historia actual o del tiempo presente. Es más, las dificultades para realizar su trabajo no solo no han disminuído en los últimos años sino que, con frecuencia, están aumentando.

Además, la reserva que pospone el acceso a la documentación es demasiado dilatada en el tiempo. Podría entenderse tanta cautela si se tratase de las informaciones más próximas al núcleo duro de la intimidad (enfermedades, relaciones personales, etc.), pero es más difícil de justificar si se veta el acceso a la documentación que aborda las actuaciones de las autoridades o de los dirigentes políticos y sociales, etc. Es decir, el criterio no puede ser el mismo si se trata de la vida social pública, no estrictamente privada; en otras palabras, cuando no hay intromisión en la vida privada no se puede alegar tan alegremente protección de la intimidad.

La impotencia de los investigadores, en unos casos ante la imposibilidad de consultar la documentación, en otros ante la discrecionalidad o arbitrariedad, ha impulsado la publicación de diversos manifiestos aprobados en distintos congresos o seminarios, por ejemplo por parte de la Asociación Española de Historia Contemporánea.

Y en estos días la barbarie inculta aupada a los nuevos ayuntamientos da un paso más en su cruzada reconquistadora. Es el ¡Muera la inteligencia! de Millán Astray, pero con redes sociales y plataformas tecnológicas. Conviene estar alerta desde el principio, desde sus primeros gestos.

Eso sí, contrasta la virilidad de quienes defienden España a voz en grito, patrimonializando símbolos y enseñas, como si los demás no tuviésemos nada que ver, con sus deseos de dejar al Estado de derecho español bien raquítico, en puro pellejo, consumido hasta los huesos, tras privatizar en beneficio propio tanto la sanidad como la educación públicas, tanto los planes de pensiones como los cuidados inherentes a la dependencia. Siempre, eso sí, envueltos en rojigualdísima bandera.

"Los votantes estamos agotados de postureo electoral y ávidos de que esas propuestas trasladadas a programa, donde el papel todo lo aguanta, se lleven a la realidad, se implementen, como diría un cursi"

Finalizó un ciclo electoral, aun cuando los pactos no hayan dicho la última palabra. Quedaron atrás las furgonetas tuneadas con los logos de los partidos políticos y coronadas con altavoces a todo volumen. En tiempos se valoraba mucho a los políticos con voz profunda, sonora y penetrante, lo que les permitía dirigirse a una audiencia de diez o doce mil personas al aire libre, con ayuda de “repetidores”, hombres dotados de oído fino y voz estentórea, que repetían las palabras para que fuesen oídas por las últimas filas de la multitud congregada. Hoy, repleta la vida política de micrófonos y altavoces, los “repetidores” se dedican a compartir en redes la actividad diaria de su líder político. Durante la campaña, estos líderes han cantado y rasgado la guitarra, se les ha preguntado a qué dedican su tiempo libre y hemos visto fotos de su más tierna infancia o con greñas setenteras favorecedoras. Vale, muy bien. Pero basta. Vayamos a la gestión de los asuntos públicos.

Cuentan las crónicas que un cacique local muy conservador contrató una banda de música para que tocase de continuo y a gran volumen mientras Joaquín Costa pronunciaba su mitin electoral. Nadie pudo escuchar las ideas del insigne aragonés. Se impuso el ruido. A la vista de los resultados electorales en las Cortes de Aragón y en los ayuntamientos de las tres capitales provinciales, ¿el trío de Colón cambiará la potencia megafónica por una agenda social basada en la defensa de los espacios públicos? Parece difícil. Tienen sus lealtades primordiales.

Los votantes estamos agotados de postureo electoral y ávidos de que esas propuestas trasladadas a programa, donde el papel todo lo aguanta, se lleven a la realidad, se implementen, como diría un cursi. Necesitamos un tiempo de templanza y de serenidad. Ya se han descolgado los carteles de los líderes políticos pasados por el photoshop embellecedor que mejora el perfil. Descansen una temporada los técnicos en marketing electoral con másteres en Harvard o en los saldos de Aravaca.

Ahora bien, no pueden bajar los decibelios si se siguen azuzando los instintos patrioteros, tanto de quienes consideran a España como una propiedad privada suya (una más) cuanto de quienes hacen lo mismo con Cataluña. “Nos tienen rodeados”, explica el profesor Manuel Montero, antes de añadir que Puigdemont regala tierra del jardín de la Masía de Waterloo para que los activistas se la lleven a Cataluña como si fuese reliquia sacrosanta. No nos mortifiquen a tiempo completo con el asunto territorial. Por importante que sea, no puede resultar omnipresente.

Cumplan los políticos responsables su función primordial de juntar a la gente, y no tanto de separarla por razones de negocio electoral. De los otros políticos, de los irresponsables, ni hablemos. Bastante tienen con difuminar sus vilezas anteriores.

Pero esa bajada de decibelios no se divisa en el horizonte. En todo caso, preferiría que la estrategia de la tensión premeditada no cesase porque se ha derogado la ley de reforma laboral o porque se han incorporado más consideraciones sociales en la formulación de las políticas económicas. Keynes sostenía con acierto, por ejemplo cuando escribía desde Ordesa, que la demanda que generan los trabajadores ocupados tendría un efecto estimulante sobre las economías deprimidas, por lo que reducir salarios resultaría contraproducente... Y esto ha de subrayarse hoy, en momentos en que los más conservadores hablan del Estado mínimo, como si lo privado pudiese hacer mejor todo lo que hace o hacía el sector público. Por el contrario, otros defendemos un sector público eficiente en nombre del interés colectivo. Fuera de lo público está, sobre todo, lo que puedas pagar con dinero. Que la razón de Estado no se oponga al estado de la razón.

Alberto Sabio Alcutén es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

"Hoy, por fortuna, han desaparecido los susurros y los murmullos en el País Vasco. Pero hay quien empieza a practicar un discurso de olvido u orillamiento del terrorismo etarra bajo fachada de normalidad democrática"

Vivo muy cerca de la Casa Cuartel de Zaragoza que Josu Ternera ordenó hacer saltar por los aires en 1987. Levanto la persiana de mi habitación y me acuerdo a menudo de las once personas que murieron, seis de ellas menores de edad. Fue muy dura aquella comitiva de féretros blancos. La antigua ubicación del cuartel se denomina hoy Plaza de la Esperanza y es un lugar agradable. Aquellas víctimas que lo deseen tienen derecho al olvido, pero también hay un deber de memoria por parte de los demás. Es necesario escribir contra el olvido. Sin odio, pero contra el riesgo de que se blanquee el terrorismo.

Hoy, por fortuna, han desaparecido los susurros y los murmullos en el País Vasco, también los guardaespaldas, y ya no se habla bajo, “no te vayan a oír”. Pero hay quien empiezan a practicar un discurso de olvido u orillamiento del terrorismo etarra bajo fachada de normalidad democrática. Pasan página sin que el arrepentimiento forme parte de la solución.

Incluso encontramos ciertos eufemismos lingüísticos: no eran terroristas, practicaban la lucha armada. El vocabulario no es neutro. Dentro de esa “normalización” se incluye la idea de que se alcanzó una solución negociada sobre la base de dos interlocutores colocados de igual a igual, es decir, el Gobierno y la banda terrorista, por supuesto no derrotada judicial ni policialmente.

Etarras como Josu Ternera o el comando Argala, símbolos de ETA, se nutrieron en origen de versiones mitificadas de la Historia nada inocuas, inventando la tradición, como han estudiado Gaizka Fernández o José María Garmendia. Es decir, esos etarras, jefes históricos y vieja guardia, se consideraban herederos directos de las batallas medievales narradas por Sabino Arana, o del carlismo entendido absurdamente como guerra de liberación vasca en lugar de como expresión que adquirió la contrarrevolución en España, que es lo que realmente fue. Comparar a Zumalacárregui, que defendía un absolutismo inequívocamente español, con el abertzalismo radical de ETA solo puede hacerse desde el voluntarismo militante por completo desnortado.

O los Ternera de turno se reclamaban continuadores de los gudaris de la Guerra Civil, o sea, de los batallones nacionalistas del Ejército Republicano Vasco cuando, en realidad, ni ETA ni el terrorismo tienen mucho que ver con la guerra… Pero Ternera y Argala alimentaron la leyenda de que recogían las armas que habían dejado los gudaris, sin muchas sutilezas intelectuales, con la milonga de que España explotaba a Euskal Herria y que solo la lucha armada lograría la independencia. Estos argumentos se escribían en las cartas de extorsión económica, como la que recibió el Txato en la novela Patria y otros muchos más en el día a día cotidiano. Los mitos engendran su propia realidad y, a la postre, lo más relevante ya no es la realidad, sino lo que la gente cree que es real. A veces se trata de una narrativa simplista, pero efectiva a nivel emocional. Aunque ahora Otegii rehúse mirar al pasado.

Cuenta Gaizka Fernández que un periodista preguntó a un paramilitar serbio que estaba disparando en las colinas de Sarajevo que por qué lo hacía, por qué disparaba a quienes ayer eran sus vecinos. Su respuesta fue: para vengar la batalla de Kosovo. Pero eso ocurrió hace seiscientos años, le replica el periodista. Ya, pero yo me he enterado ahora… Desmitificar el relato nacionalista ayuda a visibilizar el terrorismo como deber cívico.

"Esta vez la izquierda no ha sido abstencionista. Pero conviene estar alerta en los próximos comicios y no darlos por ganados: los salvapatrias señoritos dispuestos a constreñir la democracia van a seguir estando ahí"

Entre campaña y campaña electoral son tiempos cascabeleros, aun cuando algunos viven en este ambiente ruidoso de manera permanente. Conozco escritores cascabeleros que recomiendan su libro a sí mismos. Les encantan sus propios comentarios en las redes sociales y ponen el corazoncito correspondiente. Incluso provocan pequeños altercados o salidas de tono para que se hable más de ellos. Ejercen como agentes literarios de sí mismos y, si se tercia, hasta usurpan el papel del editor. Son hombres orquesta y juguetes que producen siempre ruido al moverse, a veces desafinando. Van con el sonajero siempre a cuestas, libro tras libro, pues los producen de forma estandarizada y a la misma velocidad que si fabricasen chorizos en serie. No se pierden un sarao promocional, sobre todo si hay photoshop embellecedor. Son partidarios del postmodernismo del “todo vale”, con tal de que sea efectista y supuestamente vanguardista. Aun con excepciones, a su obra le suele faltar poso, tensión narrativa y contextualización bien informada. Les sobra precipitación. Por el contrario, conozco a otros escritores que esculpen con mimo cada palabra de sus novelas o ensayos. Revisan sus textos hasta el perfeccionismo máximo. Se documentan hasta convertirse en especialistas en la materia, aunque su siguiente novela aborde ya otra temática. Rompen borradores una y otra vez. Y, claro, ello lleva su tiempo. Alejados del oropel y del ruido mediático, hasta han renunciado a galardones literarios de prestigio, como el Premio de las Letras Aragonesas.

En campaña electoral se convierten en cascabeleros todos los políticos, hasta los más serios. Y algunos viven permanentemente en la algarada mediática, como la Marquesa de Casa Fuerte, Doña Cayetana, que nos seguirá deleitando desde el Congreso de los Diputados. ¿Seguirán compitiendo patológicamente con el jinete barbudo o cambiarán esta estrategia errada?

El populismo de derechas, envuelto en rojigualdísima bandera, como si los demás no fuésemos españoles, se ha abierto camino como consecuencia de las tensiones territoriales, de acuerdo, pero también cuando la derecha de origen thatcheriano parece agotada e incapaz de prometer mundos mejores, aunque fuesen falsos. El recuerdo de las importantes desregulaciones laborales y de las estratégicas privatizaciones pesa como una losa y obliga a encontrar otros recursos para movilizar emocionalmente a las clases medias. Todas estas marquesas, como Álvarez de Toledo o Esperanza Aguirre, cruzan los dedos para que se mantenga el ligero crecimiento económico logrado en los últimos años a costa de devaluaciones salariales y rezan contritas por la salud del Banco Central Europeo. Esto de “más mercado y menos regulación” lo orillan en sus mítines, apenas lo han aireado ni el PP ni Vox. Por ahí resulta difícil alcanzar la movilización emocional. Es mejor hacerlo a través de la identidad nacional y la política territorial, llenando el discurso de batasunos y separatistas, buscando enfangar a la izquierda en esas arenas movedizas. Quieren dejar atrás el patriotismo constitucional de Habermas y hacernos comulgar (a diario, como en los tiempos nacional-católicos) con el patriotismo excluyente y repleto de encendidas soflamas vacías de contenido. Y, a pesar de su derrota en escaños, la derecha ha obtenido en Aragón más votos que la izquierda en términos absolutos.

Ante la nación magullada y golpeada, la figura del “salvapatrias” no es nueva en la historia contemporánea española. Proliferaron especialmente tras el Desastre de 1898 o durante la Segunda República. El propio General Primo de Rivera se reclamó en 1923 como cirujano de la mano de hierro y fue entonces “cuando se torció la historia española”, según Santos Juliá. La novedad es que el salvapatrias actual se ha aliado con el liberalismo sin riendas y, con tanto alivio fiscal a los poderosos, pueden dejar temblando el estado de bienestar. Por eso en las próximas elecciones autonómicas es preciso que el marco identitario no lo tape todo, que el populismo nacionalista no deje sepultado a lo demás.

Esta vez la izquierda no ha sido abstencionista. Por fortuna, el ciudadano medio no tiene vocación de legionario. Pero conviene estar alerta en los próximos comicios y no darlos por ganados: los salvapatrias señoritos dispuestos a constreñir la democracia van a seguir estando ahí, mirando hacia Steve Bannon y hacia la reducción significativa del papel de los agentes públicos, empezando por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El curso de la historia no se parece al orden infalible de la mecánica celeste de Newton, sino a la indeterminación caótica de los estados atmosféricos. Lo que se incrementaba gradualmente y no era percibido o se daba por normal, de pronto incurre en lo que llaman los físicos una transición de fase y se acelera desastrosa o favorablemente. Y a menudo cuando la barbarie triunfa, como en 1933 en Alemania o en 1973 en Chile, no se debe solo a la fuerza de los bárbaros sino también a la capitulación de los civilizados.