En este país, los debates sobre la educación y, especialmente, sobre el modelo idóneo de este servicio público, están desenfocados y confundidos para una parte de la sociedad que ha sido manipulada -y en parte corrompida-, por la propaganda de ciertos grupos con intereses en la educación como negocio. Bajo la bandera de la libertad de enseñanza se esconde un gran engaño, basado en el clasismo y la insolidaridad.

La polémica suscitada por las coherentes declaraciones de la Ministra Celaá y la reacción furibunda de los medios conservadores es buena prueba de ello. La Ministra lleva toda la razón. Lo que está en juego no es “la libertad de enseñanza” ni tampoco “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, que protege el artículo 27 de la Constitución. Es quién lo paga: si el dinero público tiene que financiar la educación religiosa o de ideario particular o si, por el contrario, es prioritaria la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad para toda la sociedad, incluyendo a los de menor renta.

En Europa, en la Unión Europea que ponemos de ejemplo en tantas ocasiones, este debate y estas disyuntivas no existen. Para la gran mayoría de países y para todos sus partidos políticos -incluidos los más conservadores-, una enseñanza pública gratuita y de calidad es la mejor garantía de dos principios básicos de cualquier sociedad democrática: la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Lo que pasa en España, Bélgica o Malta, donde se dedican recursos públicos al mantenimiento de centros privados (con sus correspondientes privilegios en criterios de admisión e ideario), es una anomalía o excepción estadística. El 90% de la oferta educativa europea es pública y, como es lógico y democrático, las familias que quieren optar por una enseñanza privada, más exclusiva, la pagan de su bolsillo.

Pero esto no ocurre en Europa porque sus gobiernos sean comunistas. Nada más lejos de la realidad. En la tradición democrática e ilustrada de Europa se tiene claro, desde hace muchos años, que la inclusión educativa, la cooperación como método de aprendizaje y la diversidad como valor a través de la convivencia de todas las condiciones sociales y económicas, fomenta la implicación de “todos y todas” en la educación y, en consecuencia, el compromiso con la mejora del centro educativo, así como de la sociedad. Este modelo permite incorporar todo el talento potencial de una sociedad con independencia de su nivel económico y, en nuestro caso, ser consecuentes con la igualdad de oportunidades, consagrada en la Constitución.

Nos encontramos, por tanto, ante una disyuntiva pedagógica, económica y ética con consecuencias evidentes en los valores constituyentes de las personas que educamos para el futuro de una comunidad. Competir o cooperar. Este es el dilema que debemos resolver. ¿Queremos una sociedad donde predominen las personas competitivas e individualistas o preferimos que nuestros jóvenes sean colaborativos y solidarios? No es baladí. Cada opción conduce a un modelo de sociedad diferente y, sobre todo, a un clima de convivencia más agresivo o más tolerante.

En España -y también en Canarias-, lamentablemente, hay poderosos defensores de ese modelo neoliberal obsoleto que funciona en la sociedad norteamericana, donde la privatización de los servicios públicos y la desprotección social avanza inexorablemente. Podemos ver todos los días en los medios de comunicación las consecuencias de dichas políticas. Sin embargo, en Europa, tenemos un modelo de formación y protección social más avanzado que, en la mayoría de sus países, funciona con éxito.

Para ilustrar con más evidencias lo anterior, podemos acudir a los informes PISA sobre rendimiento del alumnado en pruebas de ciencias, lectura y matemáticas para comprobar que países con buenos resultados como Finlandia, Holanda, Alemania o Portugal tienen una nula o muy baja presencia de la enseñanza privada y, por contraste, países con niveles de mercantilización educativa más altos como España o Malta obtienen resultados mediocres o por debajo de la media.

Debemos reorientar las políticas educativas para potenciar la enseñanza pública como pilar de nuestra cohesión social, mejorando todas sus prestaciones en calidad y cantidad. La escuela de “todos y para todas” -la que no desperdicia ningún talento-, debe ser un servicio con prestigio del que podamos sentirnos orgullosos. Ello requiere la implicación de toda la sociedad: docentes, familias, medios de comunicación, sindicatos y partidos políticos. En Canarias, además, tenemos una Ley Canaria de Educación no Universitaria que contiene los objetivos, acciones y planificación financiera necesaria para dar un salto cualitativo en dicha dirección.

Incumplen una promesa electoral

Incumplen una promesa electoralEn 2015, cuando se presentaron a las elecciones, el programa electoral de su partido prometía “incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”. Ese año la media europea ya estaba en el 4,9 % del PIB. Estamos acabando la legislatura y dicha promesa no solo se ha incumplido sino que, además, las inversiones realizadas en toda la legislatura han sido tan escasas -las peores de toda la historia autonómica en relación al PIB-, que nos hemos alejado del objetivo. Se puede comprobar en esta gráfica, elaborada a partir de los datos oficiales publicados en los presupuestos.

Incumplen una obligación legal

La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014 con amplio consenso y con el apoyo de su partido, obligaba a incrementar el presupuesto de Educación progresivamente desde el 3,8% del PIB de aquel año hasta el 5% en 2022. En la actualidad, que para cumplir con la progresión prevista deberíamos estar por encima del 4%, apenas superamos el 3,6% del PIB, lo que confirma el incumplimiento reiterado durante estos años. Ello, según nuestros cálculos, ha supuesto una pérdida superior a los 1.500 millones de euros en la inversión educativa prevista desde el 2014 para cumplir la senda progresiva que marca la Ley. En la gráfica que adjuntamos queda expresado con claridad. Además, tampoco han cumplido con otras obligaciones de la Ley, como la publicación de varios de sus desarrollos, entre ellos, el mapa y plan de escolarización de la Educación infantil de 0 a 3 años (Disposición adicional decimonovena) que la Ley contemplaba para el 2016 y que aún no conoce la luz.

Incumplen un compromiso presupuestario

Para derivar hacia el Estado la culpabilidad de la deficiente financiación de nuestros servicios públicos y ocultar el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación, el Sr. Clavijo y sus medios afines, han construido en los últimos meses la engañosa noticia de que el Gobierno Central no les autorizaba gastar el superávit presupuestario, a sabiendas -con la normativa en vigor en la mano-, que nadie les podía prohibir algo que corresponde a Canarias decidir. Esto lo demuestra una simple lectura de la Ley de Presupuestos Canarios para el 2019 publicada en diciembre pasado, donde en su Disposición Adicional Sexagésimo primera “autoriza la utilización del superávit en la cuantía que permita cumplir el equilibrio estructural”.

Además, esta Disposición Adicional dice, en su párrafo segundo, que “el aumento del gasto educativo se producirá en cuantía que permita cumplir el objetivo del 4% del gasto público sobre el PIB nominal”. Este mandato de la ley exigiría incrementar el actual presupuesto de educación en 174 millones de euros para llegar al 4% del PIB, pero se oculta este dato y se vende como gran conquista el incremento de 63,7 millones de euros del gasto educativo. Una perfecta operación de propaganda electoral y manipulación de la opinión pública que utiliza de forma interesada una justa y ansiada mejora laboral del profesorado de Secundaria. Los 110,3 millones de euros que faltan para llegar al 4% del PIB para educación en el 2019, representan el incumplimiento del compromiso presupuestario recogido en la Adicional y de la Proposición No de Ley aprobada al respecto, de forma unánime, por el Parlamento Canario.

Para terminar. Sr. Clavijo, hemos leído la noticia de que usted y otros miembros de su candidatura han firmado diversos compromisos en el denominado “Contrato con Canarias”. En dicho texto, la única referencia que hace de la educación es que “reclamará al Gobierno de España más recursos”.

¿Esto es todo lo que ustedes ofrecen para abordar los retos de la educación en Canarias?

¿No les parece pobre y poco creíble plantear solo eso, cuando llevan cuatro años incumpliendo nuestra Ley Canaria de Educación?

Canarias necesita un gobierno que cumpla las leyes y haga de la Educación su prioridad.

¿Podemos confiar en ustedes después de todo lo descrito, de tanto reiterado incumplimiento con respecto a nuestra educación pública?

Isabel Teresa Gómez Gutiérrez y Bernardino Ruiz Velázquez son miembros de la Plataforma por el 5% para la Educación.

En este país, los debates sobre la educación y, especialmente, sobre el modelo idóneo de este servicio público, están desenfocados y confundidos para una parte de la sociedad que ha sido manipulada -y en parte corrompida-, por la propaganda de ciertos grupos con intereses en la educación como negocio. Bajo la bandera de la libertad de enseñanza se esconde un gran engaño, basado en el clasismo y la insolidaridad. Poner los hijos e hijas a salvo de la inclusión y la diversidad de la escuela pública, se ha convertido en un producto de moda para algunos sectores de las clases media y alta. Tras los miedos que se propagan en cada crisis, buscan en la enseñanza privada concertada unas relaciones sociales y una formación “extra” (más supuesta que real) que sitúe a sus hijos en una situación de ventaja en un mercado laboral cada vez más salvaje, competitivo y precario.

En Europa, en la Unión Europea que ponemos de ejemplo en tantas ocasiones, este debate y estas disyuntivas no existen. Para la gran mayoría de países y para todos sus partidos políticos -incluidos los más conservadores-, una enseñanza pública gratuita y de calidad es la mejor garantía de dos principios básicos de cualquier sociedad democrática: la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Lo que pasa en España, Bélgica o Malta, donde se dedican recursos públicos al mantenimiento de centros privados (con sus correspondientes privilegios en criterios de admisión e ideario), es una anomalía o excepción estadística. El 90% de la oferta educativa europea es pública y, como es lógico y democrático, las familias que quieren optar por una enseñanza privada, más exclusiva, la pagan de su bolsillo.

Pero esto no ocurre en Europa porque sus gobiernos sean comunistas. Nada más lejos de la realidad. En la tradición democrática e ilustrada de Europa se tiene claro, desde hace muchos años, que la inclusión educativa, la cooperación como método de aprendizaje y la diversidad como valor a través de la convivencia de todas las condiciones sociales y económicas, fomenta la implicación de “todos y todas” en la educación y, en consecuencia, el compromiso con la mejora del centro educativo, así como de la sociedad. Este modelo permite incorporar todo el talento potencial de una sociedad con independencia de su nivel económico y, en nuestro caso, ser consecuentes con la igualdad de oportunidades, consagrada en la Constitución.

Nos encontramos, por tanto, ante una disyuntiva pedagógica, económica y ética con consecuencias evidentes en los valores constituyentes de las personas que educamos para el futuro de una comunidad. Competir o cooperar. Este es el dilema que debemos resolver. ¿Queremos una sociedad donde predominen las personas competitivas e individualistas o preferimos que nuestros jóvenes sean colaborativos y solidarios? No es baladí. Cada opción conduce a un modelo de sociedad diferente y, sobre todo, a un clima de convivencia más agresivo o más tolerante.

En España -y también en Canarias-, lamentablemente, hay poderosos defensores de ese modelo neoliberal obsoleto que funciona en la sociedad norteamericana, donde la privatización de los servicios públicos y la desprotección social avanza inexorablemente. Podemos ver todos los días en los medios de comunicación las consecuencias de dichas políticas. Sin embargo, en Europa, tenemos un modelo de formación y protección social más avanzado que, en la mayoría de sus países, funciona con éxito.

Para ilustrar con más evidencias lo anterior, podemos acudir a los informes PISA sobre rendimiento del alumnado en pruebas de ciencias, lectura y matemáticas para comprobar que países con buenos resultados como Finlandia, Holanda, Alemania o Portugal tienen una nula o muy baja presencia de la enseñanza privada y, por contraste, países con niveles de mercantilización educativa más altos como España o Malta obtienen resultados mediocres o por debajo de la media. (https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf)

Debemos reorientar las políticas educativas para potenciar la enseñanza pública como pilar de nuestra cohesión social, mejorando todas sus prestaciones en calidad y cantidad. La escuela de “todos y para todas” -la que no desperdicia ningún talento-, debe ser un servicio con prestigio del que podamos sentirnos orgullosos. Ello requiere la implicación de toda la sociedad: docentes, familias, medios de comunicación, sindicatos y partidos políticos. En Canarias, además, tenemos una Ley Canaria de Educación no Universitaria que contiene los objetivos, acciones y planificación financiera necesaria para dar un salto cualitativo en dicha dirección. Exijamos responsabilidades por los incumplimientos habidos y renovemos los compromisos necesarios para su desarrollo futuro.

Como dice el proverbio africano, “para educar a una persona hace falta una tribu entera”.

* Fernando Redondo y Bernardino Ruiz son miembros de la plataforma por el 5% del PIB para Educación.

Además de incumplirse la Ley en su financiación y en su calendario de implantación, los cuatro últimos años, es decir, esta legislatura, han sido los peores de nuestra historia autonómica en cuanto a la inversión educativa en relación al PIB. Son datos objetivos irrefutables, a pesar del interés del gobierno y sus medios afines por vender como gran avance social los incrementos presupuestarios de esta etapa.

En estos años de bonanza y mejora económica, el PIB y los ingresos de la comunidad autónoma se han incrementado notablemente. El Gobierno de Canarias disponía de recursos suficientes para realizar los “incrementos progresivos” que dicta la Ley y hacer posible el objetivo del 5% en 2022. Sin embargo, no ha habido interés ni voluntad política. Lo grave de los incumplimientos producidos es que, además de dificultar la senda de financiación necesaria, siguen sin afrontarse los graves problemas que comprometen el futuro de la educación canaria.

Hay datos que abundan en esta dirección. En la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años seguimos a la cola del Estado; nuestras plantillas siguen siendo de las más deficitarias (2.400 docentes menos que la media estatal) y el abandono escolar – algo en lo que habíamos mejorado notablemente-, vuelve a repuntar de forma muy negativa.

Queda acreditado que la educación no ha sido una prioridad para el gobierno ni para sus apoyos parlamentarios. Las rebajas fiscales sí lo han sido: 270 millones de euros en los dos últimos presupuestos que se han detraído de la inversión en los servicios públicos de Canarias.

Pero hay otro dato preocupante que merece una reflexión más detenida: la privatización del sistema educativo.

No nos vamos a detener en el desarrollo creciente de la oferta universitaria privada, mientras permanecen muchos recortes y tasas elevadas en la universidad pública. Vamos a subrayar la involución que está suponiendo el aumento de la concertación de plazas a centros privados en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Canarias, durante muchos años, ha tenido una tasa de alumnado en centros privados estable, en torno al 22%, cuando la media europea para Primaria es de apenas un 10%. Curiosamente, a lo largo de esta legislatura se ha producido un crecimiento acelerado hasta superar el 24%. En definitiva, la enseñanza privada crece mientras la enseñanza pública soporta todo tipo de lastres y carencias, disimuladas o intencionadamente acalladas mediante una subida salarial al profesorado a través de los sexenios. Una subida salarial necesaria que no justifica el abandono y olvido de otras mejoras urgentes de las plantillas y condiciones de los centros públicos.

¿A dónde nos conduce esta planificación política? ¿Pueden las leyes del mercado -la educación como negocio-, corregir y compensar la creciente desigualdad de la sociedad canaria y el dramático avance de la pobreza y la exclusión social?

Como diría Ana Pastor, presentadora de El Objetivo: estos son los datos, suyas las conclusiones.