Una de las críticas que reciben habitualmente las estadísticas es que cada agente social las interpreta según sus propios intereses. Esto ocurre en particular con los sondeos electorales, lo hemos experimentado reiteradamente los últimos años, pero también con estadísticas relacionadas con la economía.

El pasado 3 de noviembre, al presentar la inversión en educación en el contexto del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2024, el responsable de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias llegó a afirmar que la inversión en Educación en relación al PIB en estos presupuestos se acerca al 5% establecido en la Ley Canaria de Educación sin dejar claro en qué se basaba para afirmar tal cosa. Señaló que el presupuesto de Educación se sitúa en los 2.092.788.541 euros y afirmó específicamente que esa cifra representaba un 4,82% del PIB.

Manifestó, además, que sus cálculos del PIB tenían en cuenta informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del BBVA que señalan que el PIB real crece un 3% pero sin aclarar qué tiene que ver ese dato con los cálculos de la tasa de inversión en Educación en relación al PIB.

Ambas manifestaciones las hizo en el Parlamento de Canarias, sede de la soberanía popular.

Sin embargo, si queremos conocer la inversión en educación según el Proyecto de Presupuestos basta con acudir al gasto de la función 32 Educación, reflejado en la página 14 del Tomo 9 del Proyecto de Presupuestos, en la que consta la cantidad de 2.373 millones de euros. Esto es así porque la función 32 Educación incluye toda la inversión en dicha función de la Consejería de Educación y de otras Consejerías que contribuyen a la misma función.

El propio Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha previsto que el PIB nominal para 2024 se situará en los 56.486 millones de euros, tal y como se puede comprobar consultando el cuadro de previsiones macroeconómicas de Canarias 2023-24 reflejado en la página 81 del Tomo 4 del Proyecto de Presupuestos para la Comunidad Autónoma presentado al Parlamento de Canarias.

Juntando las piezas, 2.373 millones de euros de gasto educativo sobre un PIB de 56.486 millones de euros representa un 4,20% que se aleja considerablemente de la senda del 5% para Educación.

Es muy desconcertante que desde la propia Consejería de Educación se ofrezcan datos que van en contra de lo aprobado por el propio Gobierno de Canarias pasando por alto la cifra del PIB nominal para 2024. Lamentamos enormemente que el Consejero no haya contado con el asesoramiento adecuado en cuanto al cálculo de la inversión en educación respecto al PIB. Pero los números son los números, y se trata de los números del propio Gobierno de Canarias, aprobados por el mismo Gobierno y accesibles a toda la ciudadanía en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, publicado tanto en la web de la Consejería de Hacienda Relaciones con la Unión Europea como en la web del Parlamento de Canarias.

Con los números se puede jugar, pero la realidad es tozuda. Con los documentos del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias en la mano es innegable que la tasa de inversión en Educación retrocede en estos presupuestos, situándose en un 4,20% respecto al PIB, un retroceso de 0,43 puntos porcentuales respecto a 2023.

Además de incumplirse la Ley en su financiación y en su calendario de implantación, los cuatro últimos años, es decir, esta legislatura, han sido los peores de nuestra historia autonómica en cuanto a la inversión educativa en relación al PIB. Son datos objetivos irrefutables, a pesar del interés del gobierno y sus medios afines por vender como gran avance social los incrementos presupuestarios de esta etapa.

En estos años de bonanza y mejora económica, el PIB y los ingresos de la comunidad autónoma se han incrementado notablemente. El Gobierno de Canarias disponía de recursos suficientes para realizar los “incrementos progresivos” que dicta la Ley y hacer posible el objetivo del 5% en 2022. Sin embargo, no ha habido interés ni voluntad política. Lo grave de los incumplimientos producidos es que, además de dificultar la senda de financiación necesaria, siguen sin afrontarse los graves problemas que comprometen el futuro de la educación canaria.

Hay datos que abundan en esta dirección. En la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años seguimos a la cola del Estado; nuestras plantillas siguen siendo de las más deficitarias (2.400 docentes menos que la media estatal) y el abandono escolar – algo en lo que habíamos mejorado notablemente-, vuelve a repuntar de forma muy negativa.

Queda acreditado que la educación no ha sido una prioridad para el gobierno ni para sus apoyos parlamentarios. Las rebajas fiscales sí lo han sido: 270 millones de euros en los dos últimos presupuestos que se han detraído de la inversión en los servicios públicos de Canarias.

Pero hay otro dato preocupante que merece una reflexión más detenida: la privatización del sistema educativo.

No nos vamos a detener en el desarrollo creciente de la oferta universitaria privada, mientras permanecen muchos recortes y tasas elevadas en la universidad pública. Vamos a subrayar la involución que está suponiendo el aumento de la concertación de plazas a centros privados en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Canarias, durante muchos años, ha tenido una tasa de alumnado en centros privados estable, en torno al 22%, cuando la media europea para Primaria es de apenas un 10%. Curiosamente, a lo largo de esta legislatura se ha producido un crecimiento acelerado hasta superar el 24%. En definitiva, la enseñanza privada crece mientras la enseñanza pública soporta todo tipo de lastres y carencias, disimuladas o intencionadamente acalladas mediante una subida salarial al profesorado a través de los sexenios. Una subida salarial necesaria que no justifica el abandono y olvido de otras mejoras urgentes de las plantillas y condiciones de los centros públicos.

¿A dónde nos conduce esta planificación política? ¿Pueden las leyes del mercado -la educación como negocio-, corregir y compensar la creciente desigualdad de la sociedad canaria y el dramático avance de la pobreza y la exclusión social?

Como diría Ana Pastor, presentadora de El Objetivo: estos son los datos, suyas las conclusiones.