Los desgraciados sucesos de Melilla en los que murió al menos una veintena de migrantes ha provocado en las instituciones europeas la activación de mecanismos de cooperación en materia de lucha contra el tráfico de personas desde Marruecos mediante el refuerzo de la cooperación policial, incluyendo investigaciones conjuntas. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la reciente reunión entre la comisaria europea de Migración y Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y el ministro español del Interior, Fernando Grande Marlaska, con su homónimo marroquí, Abdelouafi Laftit, en Rabat.

Esta visita diplomática de carácter urgente tiene lugar tras lo sucedido hace apenas 15 días, el 24 de junio, cuando la frontera Sur de Europa fue, una vez más, testigo de una tragedia humanitaria. Al menos 23 personas perdieron la vida tratando de cruzar la valla que separa el territorio marroquí de uno de los enclaves españoles en el norte de África, la ciudad autónoma de Melilla. 

Figuras clave de la política europea han criticado las actuaciones de las fuerzas de seguridad, apuntando a un “uso excesivo de la fuerza”, en palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien también ha subrayado que esta situación supone una tragedia humana. Siguiendo la misma tónica la Comisaria Europea Ylva Johansson denunció el uso de medios violentos y calificó de inaceptable la muerte de personas en las fronteras de la Unión. Fuentes próximas al Ejecutivo marroquí justifican el uso de la fuerza en virtud de lo que se ha calificado de “asalto a la valla”. Dichos sucesos se produjeron tras la decisión de, aproximadamente, 2.500 migrantes y refugiados de descender del campamento situado en del Monte Gurugú para dirigirse hacia la valla. 

El monte Gurugú es un conjunto de pequeñas montañas, el punto más elevado del Cabo de Tres Focas, y forma parte de la Sierra de Nador. Es en este enclave que miles de personas acampan, tratando de sobrevivir de la mejor manera posible, mientras esperan una oportunidad para acercarse a un nivel de vida y unas condiciones de trabajo mejores que las que pueden encontrar en sus países de origen. La situación vivida supone un aumento de la presión sobre las personas en proceso migratorio que se encuentran en las diferentes ciudades cercanas a la frontera española, especialmente Nador, Tetuán, Tánger, El Aaiún o Dakhla. 

¿Quién es quién?: la  violencia frente a la externalización del control migratorio 

La comisaria europea del Interior participó en el último pleno del Parlamento Europeo el pasado 4 de julio durante el cual se organizó un debate dedicado a esclarecer y poner de relieve la responsabilidad de cada una de las partes tras la dramática situación vivida en Melilla. 

“Primero: Melilla vuelve a demostrar que Europa necesita el Pacto sobre Migración y Asilo. Estamos haciendo un buen progreso, vamos a lograr que se adopte en su totalidad. Segundo: En todas las situaciones las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto a los derechos fundamentales. Por último: Melilla es un toque de alarma”, concluía la mandataria del Ejecutivo europeo. Por su lado, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar incidió en ese pleno en que “la gente desesperada está siendo explotada. Tenemos que erradicar las redes criminales que se aprovechan de las personas migrantes y refugiadas”.

En la última década, la UE ha puesto en marcha una estrategia de externalización de control de sus fronteras, lo que en la práctica supone que sean terceros estados, entre ellos Marruecos, los que se encarguen de vigilar e intervenir en caso de cruces ilegales en las fronteras exteriores del territorio común europeo. Dicha estrategia se materializa en acuerdos internacionales de carácter más o menos formal en los que se establecen marcos de cooperación comunes. Es el caso del Partenariado de Movilidad, firmado en 2013 entre Marruecos y la UE con el objetivo de mejorar el intercambio de información, la capacidad administrativa y la cooperación en materia de gestión de fronteras, detección y desmantelamiento de redes de tráfico de migrantes. El resultado de la mencionada gestión conjunta ha sido la muerte de, al menos, 23 personas como resultado de la intervención de las fuerzas del orden. 

Tras la reunión mantenida en Rabat, se pone el punto de mira en la actualización de los mecanismos de cooperación operativa en materia de lucha contra el tráfico de personas entre Marruecos y la Comisión Europea. Para ello, se focalizará principalmente en el apoyo a la gestión de fronteras, el refuerzo de la cooperación policial -incluyendo investigaciones conjuntas-, la sensibilización frente a los peligros de la migración irregular así como el fortalecimiento de la cooperación con las agencias de la Unión Europea. 

Con este posicionamiento, la Comisión Europea sienta las bases de la renovada relación entre el ejecutivo marroquí y su contraparte española, tras la decisión del Gobierno de Sánchez de flexibilizar su posición respecto a las demandas relativas al Sáhara Occidental. Esta decisión, ampliamente criticada por ONG defensoras de la autonomía territorial y que apoyan la lucha por los derechos humanos en este territorio, ha sido la moneda de cambio que garantizará un compromiso total por parte de Marruecos en la defensa de las fronteras europeas. Ahora bien, ¿a qué precio? Esta duda parece resonar con eco propio tras los sucesos que condujeron a 23 personas a perder la vida. 

La Comisión Europea propuso el pasado 27 de abril un nuevo cuadro legislativo para modificar el sistema de acceso de la ciudadanía de países no europeos al mercado laboral de la Unión. Este marco viene dictaminado por la revisión de dos piezas normativas fundamentales para los trabajadores extra-europeos: la  Directiva relativa al permiso único y la Directiva relativa a los residentes de larga duración. El conjunto de propuestas incluye, además, acciones específicas destinadas a facilitar la inserción en el mercado laboral de la UE de las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania.

Cada año llegan a la UE de forma legal entre 2 y 3 millones de personas, lo que supone un aporte cualitativo a la fuerza de trabajo de Europa. La migración reglada es una de las fuentes principales de recursos laborales, teniendo en cuenta que el espacio europeo atrae talento extracomunitario con el fin de suplir las carencias de los mercados laborales fragmentados de sus Estados miembros. Con el fin de mejorar y simplificar las vías de acceso a la UE, la Comisión ha propuesto dos modificaciones sustanciales. 

En primer lugar, un procedimiento simplificado para la obtención del permiso único, que combina el permiso de trabajo y el permiso residencia. La tramitación administrativa del permiso único se agilizará y facilitará, beneficiando a solicitantes y empleadores. La clave de este cambio recae en que ahora será posible que los solicitantes presenten la documentación tanto desde terceros países como desde los Estados pertenecientes a la UE. 

En segundo lugar, el ejecutivo propone una revisión de la Directiva relativa a los residentes de larga duración. La orientación política de este cambio es similar, buscando facilitar la obtención del   estatuto de residente de larga duración, una de las demandas que el tejido asociativo europeo lleva tiempo poniendo encima de la mesa. Al simplificar las condiciones de admisión, aumentará el número de personas que podrán beneficiarse de este estatus.  

La cooperación entre Canarias y los países de su entorno depende de la flexibilización de los cauces de migración reglada

Uno de los puntos estratégicos de las relaciones exteriores del archipiélago reside en la cooperación regional en el marco de la política europea. Canarias mantiene relaciones cercanas con Mauritania, Senegal y Cabo Verde, países con los que desarrolla a menudo proyectos de investigación, innovación y desarrollo. Uno de los retos fundamentales de este tipo de proyectos de cooperación internacional es la dificultad en la obtención de permisos de residencia vinculados al ámbito profesional. Los trámites administrativos complejos y de larga duración impiden, en muchos casos, el tránsito de población desde estos territorios hacia Canarias, lo que erosiona el resultado de los proyectos. A través de la simplificación y agilización de la fase administrativa, se podría profundizar más en las relaciones económicas entre las islas y sus países vecinos. Además, este nuevo marco legal permitiría realizar la solicitud del permiso único directamente en el territorio, sin necesidad de hacer pasar el trámite desde el estado español. De este modo, la participación de técnicos especialistas en materias comunes, como son el medio ambiente, la diversidad, las energías renovables o el turismo, se vería reforzada, al existir mejores posibilidades de acceso al mercado laboral canario, incentivando asimismo el desarrollo de nuevos proyectos. 

Por otro lado, las modificaciones traen consigo un nuevo hito, el derecho del titular del permiso a cambiar de empleador mientras el permiso sea válido. Esta medida mejoraría la calidad de vida de los nacionales de terceros países que residen en el territorio canario, aumentando el margen de maniobra para permanecer en la UE de forma legal. 

Por último, la directiva incluirá nuevas disposiciones sobre las sanciones a empresas en caso de violaciones de las condiciones de trabajo, una medida que servirá para luchar contra la explotación laboral en sectores como la agricultura o el sector servicios. 

Si bien los gobiernos nacionales son autónomos a la hora de decidir el número de migrantes que admiten en su territorio, el desarrollo de un marco legal homogéneo en el territorio europeo favorece la movilidad entre estados miembros y aumenta las garantías para la población migrante en términos de respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de trato y la prevención de la explotación laboral.

La Comisión Europea ha propuesto esta semana un nuevo reglamento con el objetivo de proteger la propiedad intelectual e industrial de los productos artesanos, incidiendo en la originalidad y autenticidad de las prácticas tradicionales de sus regiones de origen. La legislación vigente en la Unión Europea (UE) protege las indicaciones geográficas de los productos agrícolas, los alimentos y los vinos. El plátano de Canarias es uno de los mejores ejemplos, asociado a Origen España a través de la Indicación Geográfica Protegida, inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas de la Unión Europea.

La propuesta actual persigue crear un sistema de protección complementario que ofrecerá el mismo nivel de protección que las indicaciones geográficas existentes, teniendo en cuenta la diferente naturaleza de los productos artesanales e industriales.

Hasta el momento, la mitad de los Estados miembros de la UE han establecido sistemas de protección específicos para los productos artesanales e industriales. Es el caso de Canarias, donde la competencia en materia de propiedad intelectual para la artesanía está descentralizada, y la ejercen los cabildos en coordinación con el ejecutivo regional. 

En las Islas existe un detallado registro de los oficios artesanales, en el que se establecen las técnicas y materiales, el proceso de fabricación y el conjunto de requisitos para que dicha actividad se considere como artesanía. Entre ellas, destacan oficios tan variados como la cerería, la cestería, la cuchillería, la decoración de telas o cristales, la ebanistería, el encaje y el ganchillo, el hilado, la construcción de instrumentos de percusión, o la jabonería. 

En 2008 había en Canarias un total de 2.456 empresas y profesionales artesanos, según el Informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Hoy en día, solo en Lanzarote hay 432 artesanos registrados, frente a los 425 inscritos en la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, o los . 82 profesionales que aparecen en el registro insular de artesanos de La Palma.

La evolución de los oficios tradicionales artesanos ha seguido una lógica de cambio y adaptación de los productos, que ya no cumplen con su función productiva, sino que se convierten en objetos con un valor añadido para el consumidor que va más allá del uso práctico que se les pueda dar. 

La producción local, cada vez mejor valorada por los clientes, pasa a ser uno de los componentes del valor de mercado de los bienes artesanales. Es, en este proceso de modernización, que surgen artesanos innovadores, como es el caso de las personas que se dedican al reciclado de materiales. Una actividad reconocida en el registro de artesanos y que combina, por un lado, la producción local y, por otro, el cuidado y respeto por el medio ambiente.  

Si bien el archipiélago ya se beneficia de un plan específico de Desarrollo de la Artesanía de Canarias como Programa de Actuación Plurianual. La novedad con mayor relevancia de esta pieza legislativa es que los productores podrán proteger los productos artesanales e industriales asociados a su región, así como sus conocimientos tradicionales a escala europea.

El reglamento establecerá una protección a escala de la UE para las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, a fin de ayudar a los productores a proteger y hacer respetar los derechos de propiedad intelectual de sus productos en todo el mercado interno de la Unión. Además, a través de dicho marco se permitirá un registro sencillo y económico de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales frente a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. 

El pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo aprobaba el tercer Plan de Acción para la Igualdad de Género de la UE (GAP III), para el periodo 2021-2025. El actual plan de acción toma como base la necesidad de cuestionar las normas de género que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres, apuntando que la violencia de género es causa y consecuencia de una estructura desigual.  La incorporación de los hombres y los niños en la lucha por la igualdad de género se perfila como un requisito indispensable que vista liberar a la sociedad de la atribución de características culturales aprendidas a través de los roles de género, y naturalizadas a partir de la práctica social, cultural, sexual, económica y política. 

El GAP III es, en esencia, una guía de ejecución que viene a renovar el compromiso de la Unión con la igualdad, ya recogido en el Plan de Acción del periodo anterior (2016-2020). Desde entonces, las sociedades europeas se han visto zarandeadas por una pandemia global, la crisis económica y unas restricciones al movimiento sin precedentes. El contexto de la COVID-19 agravó la situación, exacerbando las desigualdades de género existentes, en particular al afectar al acceso a la educación y los servicios sanitarios. Además, alrededor de un 70 % del personal social y sanitarios que lucha contra la COVID-19 en primera línea, tanto de enfermería, médicos o personal de limpieza, son mujeres. Más aún, la pandemia ha provocado un aumento de la violencia de género y ha aumentado el riesgo de las mujeres migrantes de ser víctimas de las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Todo ello llevado al máximo exponente en el caso de las mujeres que huyen de la violencia y el terror producido por la invasión por parte de Vladimir Putin de la República de Ucrania. El texto adoptado pretende responder a la urgencia de esta situación, reconociendo la necesidad de tomar acción y desarrollando una estrategia dividida en siete ámbitos de actuación.

El primer compromiso acordado es avanzar hacia la eliminación de todas las formas de violencia de género a través de un enfoque interseccional. La Eurocámara ha querido resaltar la gravedad de la práctica violenta de la mutilación genital femenina, con 500.000 casos al año solo en la Unión Europea, y ha instado a la Comisión a desarrollar una estrategia para acabar con la mutilación genital femenina dentro y fuera de la UE. 

El segundo punto clave del GAP III es garantizar el acceso de las mujeres a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Específicamente, el texto aprobado por el Parlamento recuerda la importancia de los derechos sexuales y reproductivos en lo que respecta a los cuerpos de las mujeres y las niñas y su autonomía, e insta a que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se traten como cuestiones de salud pública. 

El tercer apartado se refiere a los derechos económicos y sociales de las mujeres. El nuevo Plan de Acción aborda las consecuencias de la COVID-19, que repercuten de un modo desproporcionado en el acceso de las mujeres al mercado laboral. Un punto clave del texto es la indicación de la negociación colectiva como un medio para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. El rol de los sindicatos y los organismos público-privados de representación de intereses civiles y sociales será fundamental a la hora de abordar la correcta implementación de la legislación en materia laboral. 

El liderazgo y participación de mujeres en la toma de decisiones públicas y la agenda política es la cuarta prioridad identificada en el GAP III. El plan señala como medidas para ejecutar la reforma de la administración pública, programas y actividades como la creación de redes, los intercambios, la tutoría y el patrocinio. Muy vinculado se encuentra el quinto elemento de este plan, referido al objetivo de involucrar a las mujeres en las iniciativas de consolidación de la paz y de seguridad. 

En este momento de grave crisis humanitaria en Ucrania, con el mayor movimiento de éxodo de personas que huyen del conflicto desde la segunda guerra mundial, es de especial relevancia tomar en consideración el impacto de los conflictos armados en las mujeres. Unas consecuencias desproporcionadas: con un grave aumento del tráfico de personas con fines de explotación sexual y el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Durante el debate parlamentario celebrado el 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, el eurodiputado canario, Juan Fernando López Aguilar, intervino para instar a la presidenta la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a iniciar la reforma de la Directiva penal contra la trata de seres humanos con el objetivo de penalizar la demanda de “servicios sexuales” de víctimas de la trata y, por tanto, convierta en un delito el uso y abuso de la prostitución que se cierne sobre las víctimas de la trata y se ensaña con ellas.

En esta misma línea, este plan ha incidido en la importancia de garantizar una acción humanitaria con perspectiva de género. Por último, el plan reitera el compromiso de la UE con la construcción de una sociedad ecológica y digital, siguiendo con los objetivos estratégicos del colegio de comisarios de Von der Leyen. 

Escasos días atrás, la invasión de Ucrania se tornaba en la más realista de las pesadillas ante la atónita mirada de aquellos analistas que habían descartado por completo la posibilidad de un retorno de la realpolitik con implicaciones militares de gran calado. De esta forma, la historia volvía a mirarse al espejo dibujando un nuevo tablero de ajedrez geopolítico al compás del avance progresivo de las fuerzas rusas a través del territorio soberano de la república de Ucrania.

Francis Fukuyama, prominente politólogo estadounidense, teorizó a finales de los 90 sobre el supuesto del fin de la historia. En este periodo histórico tenía lugar, de forma coetánea, la desintegración de la Unión Soviética y la extensión del modelo liberal, convertido en corriente ideológica hegemónica a través de sucesivas oleadas de globalización. La batalla en el campo de las ideas se daba por terminada, dando paso a una llanura cronológica que debía estar caracterizada por la ausencia de conflicto, elemento central de los sistemas políticos liberales. Estas ideas emanaban parcialmente del concepto de paz perpetua, una construcción desarrollada por el filósofo Immanuel Kant en el siglo XVI. A posteriori, la llamada paz democrática se convirtió en uno de los logotipos más llamativos de un orden internacional basado en la competencia económica a través de la especialización y la carrera en el desarrollo de economías de escala. Hasta ahora, la Unión Europea había jugado su papel en el marco internacional centrándose fundamentalmente en la regulación negativa de su espectro económico. Es decir, la UE, a través de la liberalización del comercio, ha sacado a relucir la fortaleza de su mercado interno y la capacidad adquisitiva de su población. Dicho énfasis ha traído consigo la transformación del club europeo en un gigante económico, un enano político y un gusano militar, en palabras del ex primer ministro belga, Mark Eyskens.

Las aspiraciones de Rusia en Ucrania, comenzando con la invasión de la Península de Crimea en 2014, han destartalado por completo la ficticia estabilidad geopolítica entre las naciones contendientes de la segunda guerra mundial. En el caso de Europa, la frustración tras los múltiples ensayos para la creación de una política de defensa común de todos los estados miembros choca con la inesperada agilidad del aparato de gobernanza a la hora de adoptar sanciones económicas y financieras a gran escala contra Rusia. Esta inusitada determinación en materia de política exterior dibuja un nuevo rol global para la bandera de las 27 estrellas. Tras el discurso pronunciado el pasado martes en el seno del Parlamento Europeo por el Alto Representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, cualquier duda ha quedado disipada: ha dado comienzo una nueva era, en la que la Unión se perfila como un hard power geopolítico, convirtiéndose en un actor con capacidad para influir en la política interna y externa de terceros estados.

La era del intervencionismo americano ha dejado un vacío de poder, una señal malamente interpretada por el dirigente ruso, Vladimir Putin, como una puerta abierta para sus propósitos expansionistas. La línea que divide el área de influencia militar de la OTAN del antiguo anillo de poder soviético se ha convertido en un campo de batalla. Ante este escenario de violencia y crueldad, los países europeos se han volcado a la hora de dar apoyo y gestionar la crisis humanitaria derivada de la guerra. Polonia abría sus fronteras sin limitaciones a todos los refugiados ucranianos horas después de darse por iniciado el enfrentamiento. El Consejo de Justicia y Asuntos Internos, celebrado el pasado 3 de marzo, concluía con la luz verde a la implementación de la Directiva de Protección Temporal, una medida jamás puesta en marcha, y que supone la simplificación de los procedimientos para acceder al estatus de refugiado, además de la flexibilización de los criterios, así como una serie de ventajas en lo que respecta a acceso al mercado laboral, al sistema educativo y de salud o la solicitud de ayudas de protección social.

La aplicación de este instrumento, sin precedentes en la historia de la Unión, será de un año, renovable hasta un máximo de tres años, dependiendo del avance del conflicto. Si bien cabe preguntarse como es posible que, en cuestión de días, se haya dado un paso tan contundente en lo que respecta a la política de migración y asilo. En especial, tomando en consideración como las sucesivas crisis migratorias en el sur de Europa han tenido una respuesta más lenta y, en muchos casos, deficitaria. Las palabras del Alto Representante para la política exterior de la UE en el Parlamento Europeo ilustran los motivos sobre los que se construye esta renovada voluntad.

“Nadie puede mirar de lado cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos”, recalcó Borrell.

Europa se ha puesto como deberes ser la gran aliada de Ucrania en este sombrío momento histórico. Ahora bien, no está claro hasta que punto los países miembros de la UE mantendrán esta actitud de cara a futuras crisis.  Lo que si ha quedado en evidencia es que da comienzo una nueva etapa histórica y, por ahora, la Unión parece dispuesta a tomar las riendas y posicionarse como líder, también en lo que respecta a política dura.

La Comisión Europea ha presentado su octavo informe analizando los resultados obtenidos durante el periodo 2014-2020 en el marco de la política de cohesión europea. Esta publicación ofrece una visión holística de la situación de las regiones de la Unión, analizando indicadores como la tasa de empleo, la esperanza de vida o la calidad de gobierno. A la luz de la información publicada por la Comisión Europea, en Canarias la tasa de ocupación de la población entre 20 y 64 años se encuentra por debajo del 66%, un dato que coloca al archipiélago muy por debajo de la media europea (72.5%) y aún demasiado alejada del objetivo de empleo para 2030: alcanzar una tasa del 78%. 

En lo que respecta a cuánto viven las canarias y los canarios, los resultados positivos hacen de las Islas uno de los territorios con mayor longevidad de su población, con una media de 84 años, superior a la del total de la UE. Las ventajas del clima de la Macaronesia, la cultura gastronómica y los estándares de la sanidad pública española son algunos de los factores que explican la elevada esperanza de vida en el archipiélago.

Por último, merece la pena señalar los datos recogidos en el índice europeo de calidad de gobierno. Este indicador se centra en las percepciones y experiencias de la ciudadanía respecto a la corrupción en el sector público, así como en la calidad y asignación de servicios. Por lo tanto, se trata de una herramienta de evaluación de  agentes de gobierno, que en el caso de Canarias sirve para poner en valor la falta de confianza de la población en la esfera de la gestión política realizada por los gobiernos regionales y locales. Las autoridades públicas canarias se sitúan en el baremo negativo, entre el -0,9 y el -0,5, unos resultados compartidos solo con Andalucía y Cataluña, en el marco nacional. 

La dependencia del turismo: una lacra para la economía canaria

La cruda realidad de este informe señala un problema fundamental de la economía canaria que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia. Uno de los puntos clave de este documento es que recoge el impacto de la situación de crisis vivida durante los últimos dos años, reflejando las consecuencias económicas y de salud en las diferentes regiones europeas. 

El informe publicado por los servicios de la Comisión Europea clarifica que  las regiones meridionales, con una economía fuertemente basada en el turismo y en los servicios, han sido las más afectadas por el impacto económico de la pandemia. En comparación con 2019, las pernoctaciones de turistas descendieron un 90 % en los meses posteriores a marzo de 2020. En el caso de Canarias, se observa cómo las islas se encuentran en situación de riesgo alto debido a su dependencia excesiva del sector turístico. El baremo publicado por la Comisión Europea mide dicha vulnerabilidad en una escala de intervalos que va desde 1 hasta 64. Canarias está situada en la franja 13-27, que corresponde a un nivel elevado. 

La política de cohesión en Canarias: ¿dónde está la inversión?

La política de cohesión es uno de los ejes vertebrales del sistema de gobierno europeo. Su nacimiento, vinculado a la necesidad de alcanzar un mercado interno armónico, ha dado lugar a la política de inversión por antonomasia del espacio económico europeo. La cohesión es tanto un objetivo como un requisito en la implementación de los fondos de dotación regional: los proyectos buscan contribuir a un desarrollo integral de la Unión que garantice que el nivel socio-económico de las diferentes regiones europeas tienda a converger. A través de diferentes programas, los fondos de cohesión contribuyen a la construcción y mejora de infraestructuras, la formación de la población y la creación de empleo. 

En Canarias estos programas de inversión se han traducido en la cofinanciación de hasta el 85% del coste de proyectos de mejora, reconstrucción y adaptación de infraestructuras públicas y entornos medioambientales. Entre ellos, en el periodo de financiación 2014-2020 se llevó a cabo la transformación del antiguo vertedero insular de Gran Canaria en una planta de reciclaje orgánico. En Tenerife destacan las tareas de mantenimiento de las pistas forestales de los parques rurales de Anaga y Teno, un proyecto muy similar al desarrollado en El Hierro en las pistas de Malpaso y Guárzano. 

En el caso de La Gomera y Fuerteventura se han priorizado proyectos de actuación directa en el medio, con el tratamiento silvícola de mejora en el monte de Los Noruegos y la restauración de las laderas de los barrancos en Castillo de Lara para el control de procesos erosivos. La mejora del área recreativa y el mirador del Parque Natural de los Volcanes, en Lanzarote, también ha contado con la cofinanciación de los fondos FEDER. Por último, en La Palma, la inversión de capital ha servido para la actualización del Plan de Autoprotección de los montes. 

Si bien los fondos de la política de cohesión, encauzados a través de la estructura de financiación regional, tienen un impacto positivo en el archipiélago canario, permitiendo la modernización, mejora y construcción de infraestructuras centrales, a la vista está que el problema fundamental de la economía canaria no está siendo abordado a través de dichos programas. El excesivo énfasis en la industria turística convierte a las Islas en un eslabón débil en caso de limitaciones a la libertad de movimiento y restricciones en los sectores vinculados a los servicios de cercanía. Para garantizar la cohesión en el largo plazo, la diversificación de los sectores productivos es un requisito insalvable. El proyecto político y económico debe trascender la idea del parque temático de Europa y abordar la innovación en economía circular y economía azul para fomentar  un nuevo terreno laboral en Canarias.

La migración es un fenómeno tan histórico como contemporáneo. Los movimientos poblacionales definen la creación, primero, de la polis, y a posteriori, del estado-nación. La migración intra-europea ha favorecido la aparición de estructuras transnacionales conducentes al aparato de gobernanza que hoy conocemos como Unión Europea. Sin un flujo constante de población no existirían las relaciones comerciales, culturales y políticas que definen al continente en la actualidad. Ahora bien, el valor subjetivo que se le da a la migración fluctúa según la época histórica, el ciclo económico, y, especialmente, el peso geopolítico de los países de origen.

Desde la llamada “crisis de las pateras” en 2005 y 2006, pasando por las catástrofes humanas de Lampedusa, la creación de la Europa fortaleza, el despliegue de las fuerzas de Frontex en las fronteras exteriores de la UE, la crisis diplomática entre Marruecos y España en la frontera de Ceuta y hasta el actual enfrentamiento entre el gobierno de Bielorrusia y la Unión, vivimos permanentemente en un estado de shock político y mediático. Naomi Klein, periodista, escritora y activista canadiense, conocida por su crítica de la globalización y el capitalismo, argumentaba en su libro, La doctrina del Shock, que la esfera discursiva en la que se envuelven determinados acontecimientos caracterizados como crisis sirve a las esferas políticas como paraguas para fomentar la legitimación de cambios de dudosa aceptación social. La construcción política del fenómeno migratorio tiende a seguir este esquema, que ha alentado la construcción de vallas, muros y fronteras fortificadas con sistemas de inteligencia militar. Sobre esta base, resulta cuanto menos llamativo que en la actualidad haya un consenso no escrito que ha llevado a un silencio institucional sobre la situación que se vive en Canarias.

Los datos de la migración irregular en Canarias

Según los datos del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 14 de noviembre de 2021, 18.021 personas han llegado por vía marítima al Archipiélago. Esto supone un 9,5% más que en el mismo periodo de 2020. Sin embargo, la alarma política y social fue más acusada en el periodo 2019-2020. Según el Informe publicado por el Defensor del Pueblo, en el que analiza la situación de la migración en Canarias, de las 19.852 personas que llegaron al Archipiélago en 2020, un 60% eran de procedencia marroquí, seguidos a mucha distancia de 3.104 ciudadanos malienses. Hay que recordar que, si bien el Gobierno de España tiene acuerdos bilaterales relativos a la readmisión de población en situación irregular, la Unión Europea, tras años de intensas negociaciones, no ha conseguido firmar acuerdos de retorno y readmisión con el ejecutivo marroquí. 

Ahora bien, la crisis diplomática y humanitaria acontecida en Ceuta fue resuelta con la aprobación exprés en el Consejo de Ministros de 30 millones de euros destinados a apoyar a Marruecos en la ''lucha contra la inmigración irregular’’. Una situación homóloga tenía lugar en la frontera entre Turquía y Grecia cuando, a comienzos del 2020, Tayip Erdogán, presidente de la república turca, amenazó a la Unión con romper los pactos informales según los que el país ejerce de “filtro” para la migración hacia Europa. La respuesta, una vez más, pasaba por la inyección de fondos en los bolsillos de un tercer gobierno. Una forma de gestión que, a pesar de ser catalogada como “gestión de crisis”, recorre un largo camino y se acerca a convertirse en estructural. Tanto es así que, el pasado 2 de diciembre, la UE asignó 325 millones de euros adicionales para ampliar el programa Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN, por sus siglas en inglés) hasta principios de 2023. La ESSN proporciona transferencias de efectivo mensuales a más de 1,5 millones de refugiados en Turquía para cubrir sus necesidades esenciales. En otras palabras, se les paga para que no vengan. 

El caso específico de Bielorrusia

Una dinámica muy diferente se desarrolla en la frontera este del espacio Schengen, donde tiene lugar una crisis geopolítica entre Polonia y Bielorrusia como consecuencia del flujo de migrantes, en su mayoría de Oriente Medio, que el régimen bielorruso está canalizando hacia las fronteras de la UE, en particular de Polonia, como represalia por las sanciones impuestas por la Unión. Bielorrusia es un país satélite de Rusia, con un marco político mayoritariamente pro-ruso y situado en una encrucijada geo-estratégica entre, por un lado, estados miembros de la UE, Letonia y Lituania, al noroeste y Polonia al Oeste y, por otro lado, Rusia al Este y Ucrania al Sur. El pasado octubre, Bielorrusia suspendió de forma unilateral su acuerdo de readmisión con la UE, tras un discurso en el que el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, indicó que su país no era el verdadero destino final y que, a partir de ese momento, dejaría de aceptar la devolución de aquellos migrantes que hubieran transitado por su territorio en su camino hacia Europa. Al cabo de unas semanas, las imágenes de la frontera polaca con miles de personas atrapadas frente a un fuego político cruzado abrían telediarios internacionales. En este este marco, la UE ha aprobado un amplio paquete de sanciones económicas que persiguen desincentivar las actuaciones del ejecutivo bielorruso, al que critica por poner en riesgo la vida de personas en situación de alta vulnerabilidad. 

Mientras tanto, el número de personas migrantes que han muerto en el mar en su intento por llegar a Canarias suma en 2021, con cifras hasta el 3 de diciembre, un total de 937 fallecidos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Si bien los datos facilitados por organismos de actuación civil, como la ONG Caminando Fronteras, duplican las cifras de la OIM. En este marco, una reflexión social es imperante. 

La geopolítica de la migración es la nueva forma de hacer la guerra que tienen las naciones establecidas, y en situación privilegiada, frente al resto del mundo, frente a aquello que hemos convenido en llamar “terceros países”. La automatización pasmosa del mecanismo de financiación de las fronteras externas de la UE se cobra víctimas día si, y día también, y sin una alternativa política viable a la vista, seguiremos asistiendo (y desgraciadamente, normalizando) la muerte de miles de personas en el Atlántico, los cadáveres de niños llegando a las orillas del Mediterráneo, la hipotermia desgarradora a la entrada de Polonia o la violencia policial en Turquía. Todo ello con picos de atención que pierden rápidamente su carácter novedoso para afianzarse en una dinámica de crisis progresivamente silenciada que permite la militarización de nuestras fronteras, la financiación de gobiernos que violan abiertamente los derechos de los migrantes y el uso de sanciones económicas como métodos de gestión. 

Balance Ton Bar, en francés (Denuncia Tu Bar) es un movimiento ciudadano compuesto fundamentalmente por mujeres, en su mayoría chicas jóvenes, que se han lanzado a las calles para protestar contra la violencia estructural, sistémica y persistente que viven las mujeres. 

La expansión de este grito social llega a la par que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. La violencia de género es camaleónica, puede ser sutil y difícilmente perceptible, o brutal, demoledora y evidente. Entre los muchos tipos de violencia que sufren las mujeres, la violencia sexual ha sido descarnadamente silenciada a lo largo de la historia, tanto que se ha convertido en parte de nuestra cultura, de nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de consumir y nuestra forma de mantener relaciones sexuales. La cultura de la violación se aprende inconscientemente al absorber patrones sociales ampliamente aceptados, cuyo cuestionamiento supone una incomodidad y, por ende, acabamos digiriendo sin masticar.

Esta renovada oleada de reivindicaciones nace en Bruselas (Bélgica), como respuesta al aumento de violaciones químicas producidas en la vida nocturna de la capital. Los múltiples colectivos que integran esta movilización han conseguido insertar en la agenda pública una situación cuya gestión impera para poder garantizar la igualdad y la seguridad en los usos de los espacios públicos y privados. Entre sus demandas, destacan la formación en materia de género del personal de seguridad de bares y discotecas, cursos de prevención y protocolos de actuación de obligado cumplimiento para los responsables de los establecimientos y su personal. 

La cuenta de Instagram @balancetonbar reúne, de forma completamente anónima, cientos de testimonios de personas que han sufrido agresiones, violaciones, vejaciones y abusos de diversa índole, incluyendo explícitamente el nombre del bar en el que ocurrieron. Desde el 14 de octubre de 2021, la cuenta acumula más de 24 mil seguidores y ha conseguido posicionarse en titulares en todo el país. La emulación cívica ha llevado a la reproducción de este formato en diversas ciudades, entre ellas París o Lyon. Recientemente, @denunciatubar ha llegado a España, y se suma a las movilizaciones del 25N bajo el eslogan “Hartas de nos droguen contra nuestra voluntad para violarnos y abusar de nosotras”. Su página de Instagram recoge diversos testimonios de mujeres que han sufrido sumisión química en nuestro país. 

¿En qué consiste esta práctica?

El término “sumisión química”, acuñado recientemente en nuestro idioma, deriva del francés “soumission chimique” y hace referencia al uso de sustancias químicas con el fin de manipular la voluntad de las personas. La frecuencia con que se asocia a delitos de índole sexual hace que su acrónimo anglosajón sea DFSA (drug facilitated sexual assault - agresión sexual facilitada por la droga). El uso de sustancias psicoactivas persigue provocar una modificación en el grado de vigilancia de la víctima, cuyo perfil suele ser el de una mujer joven. Si bien en nuestro país los datos sobre sumisiones químicas son escasos, ello se debe a la falta de investigación: una de las demandas del movimiento “Denuncia Tu Bar”, es precisamente el refuerzo en investigación y persecución de este tipo de delito. 

En Canarias, atendiendo al balance de criminalidad del Ministerio del Interior, los datos son especialmente preocupantes, puesto que la cifra de delitos contra la libertad sexual, y más concretamente de agresiones sexuales con penetración, se vieron incrementados en 2018 y 2019. Si bien en el año 2020 hubo un leve descenso, a lo largo de 2021 en esta comunidad se han prpducido 69 infracciones penales por violación registradas; seis denuncias por violación al mes. Cifras que, sin dejar de ser alarmantes, no reflejan de ninguna manera la situación real que viven las mujeres canarias, ya que el porcentaje denuncias tras haber sufrido una violación es muy bajo. Según los datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), globalmente, el 35% de las mujeres ha experimentado violencia sexual, y hasta un 70% ha experimentado acoso sexual. 

El problema fundamental de la sumisión química es que las víctimas suelen encontrarse en espacios seguros, como bares, restaurantes o discotecas, y rodeadas de personas de confianza, amigos, familia o incluso sus parejas. Tras consumir una bebida, se pierde la consciencia. Al despertar, los recuerdos son difusos o inexistentes, tanto que muchas mujeres no son conscientes de haber sido violadas. Todos estos elementos dificultan el proceso de denuncia y de persecución de los agresores. Además, la retórica heteropatriarcal hace que las víctimas se cuestionen antes a sí mismas que a su entorno. Vergüenza, culpabilidad o incluso arrepentimiento son emociones recurrentes al despertar en un lugar desconocido: pensar que ha sido fruto del abuso del alcohol es una respuesta cognitiva común ante esta situación. De-construir la cultura de la violación pasa por la emancipación de la culpa, y la dirección de la rabia. Comunalizar las experiencias, compartirlas y colectivizar el sufrimiento forman parte del proceso de creación de una consciencia social de género. De ahí que la aparición de movimientos que favorezcan la creación de espacios seguros de denuncia constituya la primera piedra en el camino de la erradicación de la sumisión química

La Comisión Europea está planteando la posibilidad de proponer una recomendación o un acto delegado para extender el uso del certificado COVID para viajar dentro de la UE indicando una trayectoria según la cual se convertirá en un complemento necesario para la movilidad equiparable al documento de identidad. Tras la presión del Parlamento Europeo, se suponía que la regulación actual sobre el pase COVID-19 tendría una duración de un año. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la UE, la renovación de esta regulación cae por su propio peso. 

La caducidad del certificado COVID tras un año de haber recibido la segunda dosis de la pauta de vacunación refuerza la idea, ya ampliamente extendida, de la que tercera dosis será generalizada, y no solamente para la población de mayor riesgo -tal y como se había planteado en primera instancia-. En la práctica, esto supondrá que para viajar será necesaria una tercera dosis o una prueba de detección de la COVID-19. 

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la Ponencia de Vacunas ha acordado administrar la tercera dosis de la vacuna a las personas mayores de 60 años así como al personal sanitario y sociosanitario. Hasta el momento, la pauta de refuerzo se está inoculando a mayores de 70, personas con patologías de riesgo y aquellos que recibieron la dosis única de la vacuna Janssen.

¿Cómo afectará la caducidad del certificado COVID a la entrada de viajeros a Canarias?

Entre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para frenar el avance de la nueva ola de contaminaciones destaca la exigencia del certificado COVID para la entrada en el Archipiélago, incluyendo a viajeros nacionales, a partir del día 2 de diciembre. Una vez entre en vigor la caducidad de dicho certificado, esto implicará que toda aquella persona que desee entrar a las islas y cuya pauta de vacunación haya sido administrada hace un año, deberá contar bien con la tercera dosis o con una prueba diagnóstica. Todo ello a las puertas de uno de los momentos de mayor movilidad anuales: las vacaciones de Navidad. 

El avance del proceso de vacunación, estancando en muchos países europeos, parece haber contenido tímidamente el avance de las contaminaciones, que están al alza en la mayor parte de territorios europeos. En Canarias, actualmente, según los datos del Gobierno regional, un 85,64% de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa. 

El mapa del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) muestra cómo algunos países de Europa del Este, con bajas tasas de vacunación, han entrado en las zonas roja y roja oscura. Canarias se mantiene en el rango de riesgo moderado, en naranja, al igual que la mayoría de las Comunidades Autónomas, con algunas  excepciones, como es el caso de Catalunya (en rojo), o de Galicia, Cantabria y Extremadura (en color verde). 

[Fuente: ECDC]

Carlota Casanova Calvo (CC) es arquitecta y urbanista diplomada por la ETSABarcelona Universitat Politecnica de Catalunya (Licenciatura y Máster en Arquitectura). También Máster en Creaciones Artísticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona (UB), donde realizó una tesis de máster sobre el emplazamiento del espacio doméstico. En 2008 fundó junto con su socio y compañero sentimental, el tinerfeño Daniel Lorenzo, el estudio de arquitectura LoCa Arquitectos, ubicado en la ciudad condal. Por otro lado, Carlota es fundadora de Wefindyourplace, una consultora enfocada en aportar transparencia al mercado de inversión inmobiliaria en España. Además, también ha impartido clases en EUBusiness School. 

En 2015 obtuvo un posgrado en Gestión Inmobiliaria en la Escola Sert por el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). En 2018 participó como consultora en un proyecto que recibió el premio de urbanismo español en 2019. Además, tras 14 años de relación, ha tenido su primer hijo con su actual pareja, con quien convive y trabaja codo con codo. En la actualidad, Carlota Casanova Calvo es la arquitecta jefa de LoCa Studio, una oficina de arquitectura y urbanismo ubicada en Barcelona que se centra en la regeneración y rehabilitación urbana. 

En el episodio de hoy de Feminicracia, abordamos cuestiones tan relevantes como la arquitectura feminista, las grandes mujeres referentes silenciadas en el mundo de la arquitectura, el encaje de la maternidad en un proyecto profesional ambicioso o las claves para educar en igualdad. Todo ello a través de las percepciones, las dificultades añadidas y las luchas personales de Carlota Casanova, mujer, empresaria y ahora, también madre. 

Este podcast nace como un proyecto subversivo, que busca remover ideas y dar un espacio de seguridad y libertad para que diferentes mujeres compartan sus experiencias y tengan acceso a las vivencias de otras mujeres con la que poder empatizar, comprender y avanzar en sororidad. 

La idea central es poner en valor experiencias de vida de diferentes mujeres, para explorar sus inquietudes y deseos, sus miedos y anhelos en un espacio seguro, abierto y deconstruido. 

Feminicracia es un guiño a la idea de “demokratía”, en griego, el gobierno del pueblo. En este caso, el gobierno de las mujeres no es un término politológico, pero si es un término político. Las vidas privadas de las mujeres se ven continuamente atravesadas por circunstancias cuya regulación depende de la esfera pública. Este podcast aborda las realidades vitales que se esconden bajo conceptos como techo de cristal, inseguridad en los espacios públicos, violencia simbólica contra las mujeres o estereotipos de belleza.

En esta breve introducción podrán entender por qué nace esta idea, de donde viene “feminicracia” como concepto y el bagaje emocional que ha llevado a la autora a lanzarse con el micrófono. 

La Comisión Europea ha presentado su programa de trabajo para el próximo año. Este documento contiene las líneas generales de los planes a medio plazo del ejecutivo comunitario. Organizado por temáticas prioritarias, en total, la Comisión se ha propuesto introducir y/o modificar un total de 44 iniciativas legislativas y no legislativas. Desde las medidas destinadas a continuar con la implementación del omnipresente Pacto Verde Europeo, pasando por una propuesta no legislativa relativa al establecimiento de un salario mínimo en la UE, hasta llegar a la nueva asociación estratégica entre la Comisión Europea y las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión.  

La nueva estrategia, tal y como es costumbre, tomará la forma de una iniciativa no legislativa, siguiendo los preceptos legales que establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en el que se reconoce la especificidad de las regiones ultraperiféricas (RUPs), al tiempo que se confiere a la Unión la capacidad jurídica de adaptar sus políticas a las particulares económicas, medioambientales, sociales y culturales de estas X regiones europeas. Esta interpretación del texto legal fue revalidada por el Tribunal de Justicia de la UE en 2015, confirmando la plena legalidad del enfoque adoptado respecto de las RUP. 

Canarias, por una asociación más profunda

El lanzamiento de este proceso ha venido de la mano de la iniciativa del Gobierno de Canarias, marcado por la presentación por parte de Ángel Víctor Torres de un proyecto de dictamen en la comisión de política territorial del Comité de las Regiones. Este documento, aprobado por el pleno del Comité de las Regiones en diciembre de 2020, contiene las líneas generales de las principales demandas de las RUPs. 

Entre ellas se destaca la demanda de una mayor integración del sector turístico en la implementación de los fondos REACT-EU, de soluciones a medida para garantizar que la política de reducción de emisiones no suponga un coste añadido para regiones energéticamente aisladas y dependientes del transporte aéreo y marítimo y la inclusión de las RUPs bajo el Mecanismo de Transición Justa. 

Este proyecto de dictamen obtuvo respuesta institucional por parte de la Comisión Europea bajo un compromiso de preparación y adopción de la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas, un proyecto en el que se persigue adaptar la asociación entre las RUPs y el marco de gobierno de la UE a la situación actual: la doble transición verde y digital, por un lado, y el impacto económico y social de la COVID-19, por otro. 

Participación de la sociedad canaria 

Con el objetivo de recoger la visión de los distintos actores implicados, el Ejecutivo europeo abrió un periodo de consulta el pasado julio. En particular, los gobiernos de las RUPs, el mundo académico, las asociaciones comerciales, empresariales y profesionales, las PYMES, los sindicatos, las ONGs, los ciudadanos y la juventud son llamados a participar libremente en esta consulta. Para ello, se puede acceder a través del portal de consultas de la Comisión y acceder a la consulta respecto a la actualización sobre la asociación estratégica de la Comisión con estas regiones. El proceso estará abierto hasta el próximo 4 de noviembre. 

Hasta el momento, actores sociales canarios como la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) o la plataforma Biosasis Gran Canaria, han expresado sus opiniones. Desde Asprocan han remarcado que para el sector platanero de Canarias es necesario crear un grupo de trabajo (“task-force”) dentro de la Comisión para incluir a representantes de las RUPs en lo relativo a las negociaciones comerciales internacionales. Desde Bisoasis han presentado su proyecto, destinado a potenciar sectores emergentes, como son la biotecnología de algas y la acuicultura, basados en el know-how existente en infraestructuras de investigación de las islas. Más allá, ha habido particulares que también han querido expresarse, por ejemplo, Carmen María Real ha urgido a la Comisión a adoptar una visión económica “del Bien Común que ya reconoce y aplica enseñanzas de la decolonialidad”. 

La nueva estrategia llega en un momento crucial y, previsiblemente, sentará las bases para la adaptación en ejecución de las nuevas políticas, como la transición energética y digital, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, a las particularidades de las regiones ultraperiféricas.

El pasado 11 de octubre se daba el pistoletazo de salida a la Semana Europea de las Regiones, el mayor acontecimiento anual dedicado a la política de cohesión de la Unión Europea (UE). Este año, como ocurrió en 2020, la organización ha adoptado un formato digital, lo que permite ampliar el número de participantes, que asciende a 12.000 personas, al tiempo que garantizar el cumplimiento de la normativa para la prevención de la expansión de la COVID-19. Este 2021 la Semana Europea de las Regiones cuenta con 130 actos diferentes, entre los que destacan los workshops dedicados a la recuperación regional en torno a cuatro temáticas fundamentales: La política de cohesión, la doble transición verde y digital y la participación ciudadana. En este sentido, la nueva política de cohesión y la nueva generación de programas de la UE para 2021-2027, así como los instrumentos financieros de la UE para abordar la crisis del COVID-19, serán el centro de atención. 

En la sesión de apertura han estado presentes, entre otros, Elisa Ferreira, comisaria Europea de Cohesión y Reformas; Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité de las Regiones, y Younous Omarjee, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. 

Elisa Ferreira ha remarcado que Interreg, -la parte de la política regional destinada a la cooperación entre regiones situadas en dos o más estados miembros- es una piedra angular de la nueva óptica de la política de cohesión para la recuperación a largo plazo. La apuesta por esta política como centro de gravedad de la acción europea en todo su territorio ha sido reforzada tras la situación vivida durante la pandemia de la COVID-19. La política regional bascula ahora en la evolución desde el paradigma de la gestión de la crisis hacia el establecimiento de los pilares para un crecimiento holístico.

Durante los últimos dos años, los gobiernos regionales y locales han estado al frente de los operativos de gestión de crisis. En especial, en España, debido a la distribución competencial, las autoridades de las respectivas Comunidades Autónomas han lidiado con una situación sanitaria sin precedentes haciendo uso de sus recursos. En palabras de Younous Omarjee, la política de cohesión, y su flexibilización para permitir el uso de fondos para la crisis sanitaria, “ha salvado millones de vidas”. 

Apostolos Tzitzikostas ha enfatizado que la situación socio-económica provocada por la crisis de la COVID-19 ha afectado en mayor medida a la población joven lo que ha provocado un aumento de un 10%, de media en la UE, en la tasa de paro entre la juventud. El presidente del Comité de las Regiones ha señalado que las regiones y las ciudades son los actores con mayor capacidad para promover políticas de inserción laboral adaptadas a las necesidades reales. Ha defendido la adopción de un enfoque “basado en el lugar” para la asignación de los fondos de recuperación, una demanda expresada por diferentes Comunidades Autónomas en lo relativo a la preparación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desarrollado por el Gobierno de España. 

El caso específico de Canarias

Estas ideas han ganado peso en el marco de la nueva política de cohesión, que tiene como unos de sus objetivos prioritarios garantizar un mayor empoderamiento de las autoridades locales, urbanas y territoriales en la gestión de los fondos. Para ello, se permite el establecimiento de objetivos específicos implementados solo a través de estrategias de desarrollo territorial y local. 

La descentralización parcial de los fondos europeos, como el Fondo Social Europeo, supone acercar la decisión política a su ámbito de aplicación. La especificidad de cada territorio, que en el caso de Canarias conlleva un doble componente, como región insular y ultraperiférica, gana centralidad en el desarrollo de las políticas públicas, abriendo así nuevas ventanas de oportunidad para abordar los problemas de la ciudadanía. Este impulso en pro del ejercicio de la subsidiariedad llega en un momento crucial, en pleno proceso de preparación de la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas, cuya presentación, previsiblemente, tendrá lugar en la Conferencia de Presidentes, planificada para el próximo mes de noviembre. 

El desastre natural que acontece en la isla de La Palma ha supuesto un freno sin precedentes a la vida económica de la isla. El bloqueo de carreteras, la destrucción de viviendas y terrenos de cultivo, la paralización del turismo o el cierre temporal del aeropuerto acarrearán unos costes económicos millonarios. Todo ello coetáneo al inicio de la recuperación tras la congelación absoluta del turismo como consecuencia de la crisis producida por la COVID-19.

Los datos históricos recogidos por la Universidad de La Laguna en el Informe de Investigación sobre los pilares de la economía isleña muestran que, en 2011, La Palma produjo más de 155.000 toneladas de productos agrícolas, de los cuales el 79% fueron plátanos. En términos de extensión, la isla cuenta con más de 7.000 hectáreas de cultivo, con una fuerte concentración (43%) en la producción de plátanos. A la vista de esta información, no es de extrañar que la imagen de un muchacho trabajando en las plataneras para salvar parte de la cosecha se haya convertido en unos de los iconos audiovisuales de la resiliencia de la población palmera. 

Los daños generados por el volcán han impactado en gran parte de la producción, la lava ha sepultado cientos de hectáreas de cultivo y las cenizas han impregnado el suelo, dañando irremediablemente la fruta. Si bien puede vaticinarse un incremento de la actividad turística a raíz del interés que despierte uno de los acontecimientos geológicos más impresionantes de Europa, ¿qué ocurrirá con los agricultores y productores cuyos terrenos han sido arrasados por el magma o que han perdido gran parte de su producción?; ¿existe un apoyo específico dentro de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE para este tipo de situaciones?

La PAC es, posiblemente, la política europea que mayor alcance tiene en el territorio canario. Los asuntos agrícolas y ganaderos son una competencia cuasi exclusiva de las instituciones europeas, lo que significa que toda legislación respecto este mercado emana de forma directa de la Unión. Actualmente, la PAC se divide en dos pilares: por un lado, la organización común de los mercados agrícolas y, por otro lado, la política de desarrollo rural. Este segundo pilar fue introducido en el marco de la reforma de la Agenda 2000, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo equilibrado en las zonas rurales. Además, la política de desarrollo rural contempla medidas para responder a los numerosos retos económicos, ambientales y sociales de nuestro siglo. En el aspecto de la financiación, los programas que se desarrollen bajo este segundo pilar están cofinanciados por los fondos de la UE, en particular por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por fondos regionales o nacionales. 

¿Servirá el FEADER para apoyar la recuperación agrícola en La Palma?

La política de desarrollo rural contenida en el segundo pilar de la PAC depende de la elaboración por parte de los gobiernos nacionales y/o regionales de programas plurianuales, adaptados a las necesidades específicas del territorio. La ejecución de estos planes contempla una serie de medidas recogidas en el Reglamento de la UE sobre desarrollo rural y que, por ende, están sujetas a cofinanciación. Una de ellas señala la posibilidad de cofinanciar actuaciones destinadas a la reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes. Más aún, la legislación europea contempla un conjunto de herramientas para limitar el riesgo de los agricultores, entre ellas, el pago de primas del seguro de cosechas, animales y plantas y fondos mutuales en caso de incidentes medioambientales.

Además, el Reglamento Ómnibus, que entró en vigor en 2018, introdujo un nuevo instrumento de estabilización, destinado a la gestión de riesgos, para facilitar compensaciones a los agricultores en caso de disminución acusada de sus ingresos: si un agricultor ha perdido un 20% o más de sus ingresos, se puede activar este mecanismo. 

Por lo tanto, si que existe una base legal para incluir a los agricultores damnificados por el volcán como grupo prioritario para recibir fondos destinados a la recuperación. Ahora bien, esto dependerá de la planificación estratégica de las administraciones regionales y nacionales, encargadas de elaborar el programa. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciaba el pasado día 21 su intención de presentar una candidatura formal para solicitar que la isla de La Palma sea catalogada como zona catastrófica con el fin de adherirse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE). Pero, ¿en qué consiste ese fondo? ¿Cuál es su finalidad y su alcance? ¿Cumple la catástrofe de La Palma con las exigencias para ser candidata?

El Fondo de Solidaridad de la UE fue establecido en 2002 a modo de respuesta ante las inundaciones que azotaron con gravedad varias regiones de Europa central. Hasta el momento, el FSUE se ha utilizado en 80 catástrofes, incluyendo inundaciones, incendios forestales, terremotos o tormentas. En España ha habido cuatro catástrofes naturales para las que se ha aprobado el uso de estos fondos. La primera vez, en 2003, la financiación europea sirvió para hacer frente a la crisis ambiental provocada por las fugas del petrolero Prestige, en la costa gallega. Más adelante, en 2011, el FSUE sirvió de apoyo para lidiar con las consecuencias del terremoto en Lorca (Murcia) que afectó a 1.798 viviendas. Ambos acontecimientos deben servir como precedente para el proceso de recuperación y reparación estructural en La Palma. 

La verdadera crisis humana provocada por el volcán de Cumbre Vieja no terminará cuando la tierra conceda una tregua, sino cuando las familias que han perdido su hogar tengan una alternativa digna y los agricultores y ganaderos un apoyo continuado de las administraciones hasta recuperar su actividad económica. Todo ello pasa por la coordinación entre el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias, el Gobierno nacional y la Comisión Europea. 

A través del FSUE pueden movilizarse, en total, hasta 500 millones de euros al año, adicionales al presupuesto de la UE, más la dotación no utilizada del año anterior, como complemento del gasto público en operaciones de emergencia del Estado miembro en cuestión. Las solicitudes deben llegar a la Comisión en un plazo de doce semanas a partir de la fecha del primer daño causado por la catástrofe. Para agilizar la tramitación de la solicitud, es recomendable que el organismo encargado de elaborarla se ponga directamente en contacto con la unidad competente de la Dirección General de Política Regional, que le ofrecerá su asesoramiento a tal efecto.

El pasado 21 de septiembre, Ángel Víctor Torres anunciaba que había establecido contacto con la comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa Ferreira, con el fin de iniciar el proceso de tramitación de la solicitud. 

¿Cómo funciona el Fondo de Solidaridad de la UE?

El FSUE permite principalmente prestar asistencia en caso de catástrofe natural con repercusiones importantes en las condiciones de vida, la salud humana, el medio natural o la economía de una o varias regiones de un Estado miembro o de un país candidato a la adhesión. Una catástrofe natural se considera «grave» si ocasiona daños directos con un impacto de más de 3.000 millones o en más del 0,6 % de la renta nacional bruta del Estado en cuestión. 

En el caso del volcán de Cumbre Vieja, esta categoría no puede aplicar, al no alcanzar los umbrales de repercusión a nivel nacional. Sin embargo, el FSUE también prevé actuaciones en casos de catástrofe natural regional cuando ésta produzca daños directos superiores al 1,5 % del producto interior bruto (PIB) de dicha región. 

En el caso de Canarias, al tratarse de una región ultraperiférica, el umbral se sitúa en el 1% de su PIB. En 2019, el PIB anual del archipiélago ascendió a 47.164 millones de euros, una cifra aproximativa con la que es más seguro trabajar, debido a la excepcionalidad de los datos de 2020 a raíz de la pandemia. En base a estos datos, el umbral para clasificar de catástrofe natural regional la situación que acontece en La Palma sería de 471,64 millones de euros. 

Por el momento, las coladas de lava han afectado a cerca de 500 edificaciones, arrasado zonas de cultivo, carreteras y colegios… todo ello en una extensión de más de 200 hectáreas. En consecuencia, es una triste realidad que los destrozos provocados superarán este límite. Por tanto, se puede afirmar que la solicitud del Gobierno de Canarias para obtener financiación a través del Fondo de Solidaridad de la UE tendrá luz verde. 

Ahora bien, lo más importante es la distribución de estos fondos, que actúan en forma de subvención y sirven para complementar el gasto de las administraciones españolas. En primer lugar, la legislación europea establece que el FSUE podrá utilizarse para medidas urgentes, entre ellas, la puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio, el aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y la limpieza de las zonas siniestradas. 

A pesar de que las medidas de emergencia pueden financiarse de manera retroactiva, el procedimiento de asignación de una subvención puede durar varios meses. Debido a la naturaleza de este fondo y su uso durante la pandemia de la COVID-19, en 2020 se produjo una modificación legislativa, que permite obtener un 25% del importe total en forma de anticipo. 

Según ha expresado Ángel Víctor Torres, la financiación estará orientada principalmente a la reposición de infraestructuras públicas como carreteras, colegios, redes de agua y alojamientos provisionales para las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. No obstante, la gestión de esta crisis no ha hecho más que empezar. Cuando las cámaras abandonen el lugar, las autoridades hayan despachado su comunicación oficial al respecto y una relativa calma regrese sobre el suelo palmero, será el momento de actuar, de priorizar las necesidades de la población y de no dejar a nadie atrás.

La crisis económica y de salud pública provocada por la COVID-19 golpeó frontalmente a la industria turística global. Una nueva realidad marcada por los cierres de fronteras, las cancelaciones masivas y tras ello, el silencio. En Canarias, zonas normalmente muy concurridas como Los Cristianos o Playa del Inglés, se transformaron en paisajes desoladores, imágenes que apuntalaron las bases de una necesidad estructural del sistema económico de Canarias, la imperante urgencia de reformar el modelo turístico de masas.  

A la par, la estructura de gobernanza europea también se enfrentaba a una crisis sin precedentes en unos de los motores económicos del continente, con la consecuente respuesta institucional. Así, el 25 de marzo de 2021 el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el establecimiento de una estrategia europea para el turismo sostenible. Si bien este movimiento responde a una situación coyuntural e imprevista, una de las revelaciones pandémicas ha sido la falta de capacidad de las instituciones europeas para gestionar, apoyar y renovar sus modos industriales turísticos. Tanto es así que, en dicha resolución, la Eurocámara solicitó la creación a medio plazo de una Agencia Europea para el Turismo. Esta propuesta ha sido muy bien acogida por el resto de las instituciones, así como por las partes interesadas, entre ellas, los gobiernos regionales de las zonas más turísticas de la UE. 

El pasado 30 de agosto el Gobierno de Canarias acordaba la presentación formal de su candidatura para albergar la nueva agencia, cuyo cargo presupuestario estaría derivado del próximo Marco Financiero Plurianual. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mostró su apoyo ante la propuesta canaria, dando un empujón a un proceso de competencia entre múltiples regiones europeas. Si bien las competencias y funciones de la futurible Agencia Europea del Turismo están por esclarecerse: ¿qué beneficios trae consigo para el territorio seleccionado?

Impacto económico, relevancia internacional y a la vanguardia

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el establecimiento de una agencia ejecutiva europea implica una inversión en capital humano. Por un lado, se produciría trasvase de personal altamente cualificado desde Bruselas hacia el nuevo organismo. Además, sería necesaria la contratación de personal adjunto para realizar labores administrativas, logísticas y de mantenimiento, entre otras. Todo ello con su consecuente movilización de fondos, incremento de la inversión y mejora del atractivo comercial de las zonas adyacentes al nuevo organismo. Una capa de pintura que Canarias necesita urgentemente tras la combinatoria de la crisis económica y la situación humanitaria de miles de personas migrantes atrapadas en el archipiélago durante 2020. 

Por otro lado, ser la sede de la primera agencia de turismo en Europa atañe una responsabilidad y un reconocimiento internacional que podría situar a Canarias en portadas a lo ancho del globo. Hoy Canarias es una región que, con alrededor de 2,1 millones de habitantes, recibe cada año a 15 millones de turistas. Tal y como se puede observar en el gráfico, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el archipiélago recibió una media de 1.300.000 personas al mes durante el 2019. Todo ello se traduce en que la población flotante a lo largo de un año es siete veces superior a la población fija de las islas. 

La cruda realidad es que, con estos datos, muy difícilmente se puede hablar de turismo sostenible. Esto podría indicar que, de ser seleccionada como región líder del turismo europeo, se priorizará una estrategia innovadora para la promoción turística de Canarias. 

En línea con la resolución del Parlamento Europeo, bajo la nueva estrategia de turismo, los Estados miembros desarrollarán sus planes a nivel nacional y regional, estableciendo los marcos generales para la inversión de los fondos Next Generation EU en este sector. En la práctica, esto supone una inversión en proyectos que diversifiquen este ecosistema industrial, apostando por una mayor digitalización y una drástica reducción del impacto medioambiental de la actividad.

Teniendo en cuenta todo esto, si el archipiélago canario resulta finalmente seleccionado para albergar la Agencia Europea del Turismo, daría comienzo una etapa de transformación profunda de las economías isleñas, marcada por el aumento de la inversión, la visibilidad de la región y la innovación en los modos de explotación. 

Las algas, estas misteriosas plantas acuáticas que acarician por sorpresa los pies de los bañistas, esconden un potencial enorme: son una alternativa sostenible a la creciente demanda de la industria agroalimentaria, farmacéutica y tecnológica. En el marco de la crisis climática y medioambiental, el deterioro de la biodiversidad, la multiplicación de los fenómenos meteorológicos adversos y el crecimiento sostenido de la temperatura se han convertido en amenazas directas para la supervivencia de nuestro planeta. Ante esta realidad, la Unión Europea ha tomado una línea de acción clara: a través del Pacto Verde Europeo ha quedado plasmada la voluntad de transformar la economía, la movilidad y el consumo en Europa para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

De ahí que todas las políticas de la UE vayan orientadas en esta línea, con el objetivo de poner en marcha un proceso de transición que sacuda a todos los sectores de la sociedad. En concreto, la política regional de la UE, que es el único ejemplo de política redistributiva europea desde sus inicios, ha tenido como objetivo fundamental reducir las disparidades socioeconómicas entre sus territorios. En esta línea, la política de cohesión vela por un desarrollo armonioso de las regiones europeas a través de la cofinanciación de proyectos destinados a alcanzar los objetivos medioambientales de la Unión.

Uno de estos proyectos es Macbioblue, dedicado a la investigación de los posibles usos de las algas. Esta iniciativa, liderada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) busca apoyar el desarrollo de nuevos productos y procesos en el ámbito de la biotecnología azul. La inversión total en este proyecto ha sido de 1.764.352, con una contribución de 1.499.699 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

A través de un proceso de cooperación transnacional, en el marco Madeira-Azores-Canarias 2014-2020, varias regiones de la Macaronesia trabajan de forma conjunta facilitando el intercambio de buenas prácticas y la transferencia de tecnología entre Canarias, Madeira, Azores, Cabo Verde, Mauritania y Senegal.

El crecimiento azul juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de estos territorios, cuyas características climáticas y geológicas permiten la exportación de proyectos entre sí. Macbioblue aúna innovación y tradición, aprendiendo del pasado para construir un futuro sostenible, fomentando la diversificación de la economía regional, altamente dependiente del sector turístico y abriendo la puerta a la creación de nuevos puestos de trabajos en el sector de la economía azul.

El proyecto trabaja, por un lado, con algas de arribazón, biomasa de algas que llega de forma estacional a las costas de la Macaronesia, especialmente a la playa de las Canteras. Por otro lado, con las llamadas microalgas, que como su propio nombre indica tienen un tamaño microscópico y son imperceptibles al ojo humano. Las algas de arribazón son retiradas de la costa para el confort de los bañistas, a lo largo del año se pueden acumular más de 200 toneladas que, en la actualidad van directamente al vertedero. Es por esto por lo que Macbioblue investiga cómo aprovechar los arribazones siguiendo la lógica de la economía circular. Para ello, diferentes grupos de científicos canarios se han coordinado bajo una óptica transversal para llevar a cabo una serie de investigaciones.

Propiedades anticancerígenas

Así, desde el sector de la medicina se trata de aislar los componentes de las algas para estudiar sus propiedades anticancerígenas, anti fúngicas y antibióticas. El doctor Rafael Zarate, del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, ha remarcado la importancia de esta línea de investigación en lo referente a la creciente resistencia antibiótica de las bacterias, fruto del uso excesivo de este tipo de medicamentos. Más allá, Zarate explica que se han obtenido resultados prometedores en la primera fase del estudio de las propiedades anticancerígenas de las algas, abriendo una nueva ventana para la comunidad científica que lucha por mejorar los tratamientos para esta enfermedad.

Por otro lado, en la Universidad de La Laguna (ULL) la doctora Covadonga Rodríguez lidera un grupo que estudia la introducción de las algas en el pienso para especies de interés acuícola, principalmente para los peces. Los resultados muestran que al incluir un 7% de biomasa de algas de arribazón en la dieta aparecen beneficios claros: los peces mejoran en salud y crecen más.

En tercer lugar, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la institución a la cabeza de Macbioblue, ha desarrollado un método de cultivo 100% sostenible por medio del cual de microalgas para poder estudiar sus propiedades. En este marco hay un grupo de empresas asociadas al proyecto, entre ellas, las empresas salineras, que han ido incorporando el uso de algas como enriquecedor del producto para generar una sal con mejores propiedades culinarias. Esta sal gourmet se ha patentado y está en vías de desarrollo para lanzar el producto al mercado y sacar provecho de esta nueva tecnología.

Canarias lidera los rankings europeos en cuanto a diversidad biológica, sin embargo, la tasa de aprovechamiento de estos recursos sigue siendo muy limitada. De ahí que el proyecto Macbioblue haya sido seleccionado por la Comisión Europea como uno de los proyectos ejemplares que contribuyen a alcanzar los objetivos de la política de cohesión. En especial, en vistas del proceso de transformación de las economías de la UE, Macbioblue tiene como valor añadido su capacidad para generar nuevas oportunidades laborales en diferentes ámbitos vinculados a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la economía azul.

La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la iniciativa ciudadana liderada por Anouk Stallaerts, de Citizen Service Belgium, una organización sin ánimo de lucro creada en 2007. La petición, ReturnthePlastics trae consigo una propuesta innovadora; la creación de un sistema de depósitos en la Unión Europea que permita reciclar las botellas de plástico y que tendrá una repercusión notable en Canarias.

El marco en el que se recoge esta petición popular europea es la entrada en vigor el pasado 3 de julio de 2021 de la Directiva europea que regula la producción de los artículos de plástico de un solo uso. Dicho instrumento legislativo contempla la prohibición en la venta de cubiertos de plástico, platos, pajitas, bastoncillos y palitos de plástico de un solo uso. Este tipo de objetos son los que aparecen con mayor frecuencia en las playas y suponen, aproximadamente, el 70% de la basura marina, según el Documento de Diagnóstico publicado por el Gobierno de Canarias en 2019. 

Ahora bien, las botellas de plástico seguirán en el mercado bajo la premisa de un incremento del porcentaje de envases reciclados. En concreto, la Directiva establece que los Estados miembros tendrán que recuperar un 90% de la producción de botellas de plástico en 2029. Con el objetivo de contribuir al efectivo cumplimiento de esta meta, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) ReturnthePlastics propone estandarizar un sistema de reciclado activo e interactivo para con el consumidor, que ya se implementa en países como Alemania o Suecia. La idea es sencilla; el consumidor podrá devolver las botellas de plástico a los supermercados donde fueron adquiridas con el aliciente de recibir 0,15 céntimos como compensación. De este modo, el precio de este tipo de envases plásticos contemplaría este depósito, que sería restituido tras su uso. En principio, la ICE propone la implementación efectiva de este nuevo sistema en cinco estados miembros en noviembre de 2021, antes de extenderse a todos los países integrantes de la UE. 

La sopa de plástico

Las botellas de plástico están compuestas de polietilentereftalato (PET), un tipo de polímero altamente resistente a la biodegradación y que requiere del uso de químicos para completar el proceso de degradación. De ahí que las botellas de plástico constituyan uno de los grandes orígenes del plástico presente en el entorno marino. La luz del sol, la sal presente en las aguas de los océanos y mares así como la erosión del movimiento de las olas van desintegrando estos plásticos, generando fragmentos cada vez más pequeños sin llegar a descomponer por completo el material. Así se generan los llamados microplásticos, partículas sólidas compuestas por mezclas de polímeros y otros aditivos, que, con su tamaño inferior a 5 milímetros, representan una de las mayores amenazas en lo que a contaminación marina se refiere. En Canarias, estos microplásticos (junto con fragmentos de mayor medida) se acumulan en lo que se conoce como “la sopa de plástico”, una masa de más de un kilómetro de grosor que rodea el archipiélago. 

Loreto Felipe y Miguel Carrasco, ambos ingenieros de formación, han iniciado un proyecto de recuperación de plásticos con un objetivo fundamentalmente pedagógico: concienciar a la población canaria de la necesidad de modificar los patrones de consumo y reducir al mínimo indispensable el uso de plásticos. Precious Plastic Gran Canaria, nacida formalmente en 2018, se inspira del movimiento mundial iniciado por el holandés Dave Hakkens. Aunando la idiosincrasia del do it yourself con la innovación tecnológica, el equipo de Precious Plastic recicla material plástico, transformándolo en cuencos, llaveros personalizados, peines o palas de natación, entre otros. Loreto explica cómo por medio de procesos de inyección, extrusión y termoconformado han proyectado la construcción de un pueblo hecho de materiales 100% reciclados. 

Respecto a la ICE ReturnthePlastics, Loreto Felipe ha valorado la movilización ciudadana, aunque remarcando que la idea de reciclar el PET, en lugar de sustituirlo por otro material, no es una solución, sino un parche. El problema de este compuesto es que para poder recuperarlo y reutilizarlo es necesario contar con una tecnología especializada, capaz de trabajar a temperaturas muy elevadas. En el caso de Precious Plastic Gran Canaria, no pueden trabajar con el material proveniente de botellas de plástico, y lo mismo le sucede a muchas otras recuperadoras. 

Teniendo en cuenta la dificultad y el coste añadido en el trabajo con el PET, cabe cuestionar las consecuencias que tendrá el reciclado del 90% de la producción de botellas de plástico en 2029. Por un lado, las entidades con capacidad para recuperar y reutilizar este material serán mayormente empresas grandes, que acapararán este mercado excluyendo a las PYMES, así como a asociaciones y organizaciones. Además, impulsar el reciclaje como medio para solventar el volumen de plásticos presentes en nuestros ecosistemas nos deja a medio camino, sin profundizar en los problemas estructurales de la crisis climática: el modelo productivo desarrollista, la sociedad de la liquidez y el consumo compulsivo. Es necesaria una acción pedagógica e instructora, centrada no solo en los comportamientos y hábitos de compra de la población, sino en la producción masiva de artículos hechos con plástico, en la lógica mercantil y en el fomento de la economía localista, ecológica y respetuosa con los derechos del planeta. 

La transformación del Pacto Verde Europeo en material legislativo consistente sigue su curso en el camino de convertir el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) en una realidad. Esta vez, la Comisión Europea aborda el sector del transporte con una propuesta de Reglamento que persigue reforzar los estándares respecto a las emisiones de CO2 para vehículos. 

El sector de la movilidad ha experimentado un aumento de las emisiones a lo largo de las últimas décadas. En la actualidad el transporte por carretera supone el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la Unión Europea. Al mismo tiempo, la industria del automóvil concentra el 7% del PIB del mercado único europeo. Ante esta situación, el cambio de modelo económico hacia la aclamada neutralidad climática debe contemplar una transformación profunda del sector automovilístico al tiempo que salvaguardar la industria, garantizar la producción y no cargar los bolsillos de los ciudadanos con la responsabilidad de reducir las emisiones. 

Si bien la propuesta de la Comisión apunta a la prohibición de la venta de coches y furgonetas que emitan dióxido de carbono (CO2) a partir de 2035, alcanzar este ambicioso objetivo en los próximos nueve años supone todo un reto. Sin ir más lejos, en España los vehículos diésel representaban el 93% de la flota automovilística en 2020. Para corregir esta situación, compartida por otros Estados miembros, la Comisión pone encima de la mesa la posibilidad de que a partir de 2035 solamente se puedan comercializar vehículos 100% eléctricos con baterías y los eléctricos con depósito de hidrógeno.

Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en 2020 en el Archipiélago había 802,4 vehículos por cada 1.000 personas, es decir, 0,8 vehículos por persona. En Canarias hay casi tantos vehículos como personas. Además, en los datos desglosados, el ISTAC indica que hay 540 turismos por cada 1.000 personas. Es decir, por cada dos personas, hay un coche. El archipiélago canario cuenta con un 5% del parque automovilístico de España, en total 1.722.928 vehículos en 2020, de los cuales el 33,3% consumen gasoil y el 66,4% gasolina. En este marco, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha desarrollado la Estrategia de Vehículos Eléctricos para Canarias, cuyo objetivo fundamental es la descarbonización total del parque automovilístico. Para ello, los vehículos eléctricos se perfilan como la única alternativa viable. 

Actualmente, hay un total de 866 puntos de recarga repartidos en las islas. Sin embargo, según lo estipulado en la estrategia gubernamental, para alcanzar la descarbonización del transporte terrestre en Canarias serán necesarios un total de 1.820.754 puntos de recarga, lo que supondrá una inversión de aproximadamente 11 millones de euros. El segundo punto fundamental del plan del ejecutivo regional es la reducción del ratio de vehículos por persona en un 25%, fomentando el uso del transporte colectivo e intermodal. Uno de los problemas fundamentales del territorio insular es su compleja orografía que, unida a la distribución dispersa de núcleos de población, hacen del transporte privado una necesidad. Si bien los centros urbanos cuentan con sistemas de transporte público accesibles y que cubren en gran medida las necesidades de la población, las zonas rurales están en desventaja y requieren de planes de movilidad específicos para garantizar el servicio. 

Según lo estipulado en el Reglamento propuesto por el ejecutivo de la UE, la Estrategia de Vehículos Eléctricos para Canarias sienta las bases para una transición hacia un transporte por carretera menos contaminante en el Archipiélago, adaptando el marco regulatorio regional a las orientaciones de las políticas comunitarias a tiempo de garantizar la implementación en el marco temporal del Pacto Verde Europeo.

Hace diez días la noticia del asesinato de Samuel Luiz en A Coruña conmocionaba a España y trascendía sus fronteras, alcanzando al colectivo LGTBI de toda Europa. En las redes sociales, miles de usuarios de todo el continente se han volcado para condenar tajantemente la muerte del joven coruñés. Los hechos sucedían apenas unos días después de que Viktor Orbán anunciara un instrumento legislativo destinado a bloquear cualquier información sobre homosexualidad, bisexualidad o identidades trans de los centros escolares y los medios de comunicación en su país.

Ahora bien, entre España y Hungría hay una gran diferencia en cuanto a la concienciación social. Según el Eurobarómetro publicado en 2019, el 91% de los encuestados en España apoyaba que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales debían contar con los mismos derechos que los heterosexuales. En contraste, en Hungría, este porcentaje se reduce hasta el 48%. Lo que es decir que, según los resultados de esta encuesta, más de la mitad de la población húngara defiende ideas LGTBIfobas. Estos datos son aún más alarmantes teniendo en cuenta que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán acaba de prohibir que se hable sobre homosexualidad o sobre identidades trans tanto en colegios como en medios de comunicación. El objetivo fundamental del mandatario es garantizar que las niñas y los niños no reciban información sobre identidades ni orientaciones sexuales fuera del patrón cisgénero heteronormativo. Esta medida, abiertamente homófoba y tránsfoba, pone en situación de riesgo extremo al colectivo LGTBI en Hungría, al invisibilizar su existencia, convirtiendo la identidad individual en un tabú social.

Con un discurso muy similar al del Vox, el partido a la cabeza del gobierno húngaro, FIDESZ, critica lo que denominan como “dictadura progre”. Orban ha defendido que la educación es una competencia nacional, pero además insiste en que sólo los progenitores pueden decidir sobre la educación de sus hijos e hijas. Estos son los mismos argumentos que Vox ha instrumentalizado para instaurar el llamado “pin parental” en la Región de Murcia. A pesar de que esta medida está sujeta a un proceso judicial en la actualidad, y por ende paralizada temporalmente, su naturaleza LGTBIfoba sigue causando alarma social.

Según el último informe de la evolución de los delitos de odio en España, en 2018 se produjeron 259 delitos de odio, frente a los 278 que tuvieron lugar en 2019. Sin embargo, estos datos no son representativos al tratarse de casos en los que ha habido una denuncia de por medio. El número real de agresiones físicas y/o verbales motivados por el odio hacia una identidad u orientación sexual es mucho más elevado. Por ejemplo, el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia detectó 349 incidentes entre 2019 y 2020. En Cataluña, l’Observatori Contra l’Homofòbia, identificó un total de 349 agresiones para el mismo periodo. Más allá, de acuerdo con el informe “Un largo camino que recorrer hasta la igualdad para el colectivo LGTBI”, realizado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), en 2019 el 43% de los encuestados había sufrido algún tipo de discriminación en el último año. A través de esta encuesta, la FRA persigue valorar el respeto a los derechos fundamentales de las personas que forman parte del colectivo LGTBI en la UE, para ello compara los datos recogidos en 2019 con los datos recogidos en el mismo tipo de estudio realizado en 2012. Los resultados indican que lejos de atenuarse, la discriminación y la violación de los derechos de las personas LGTBI ha ido en aumento. El porcentaje de personas que se habían sentido discriminadas en el trabajo durante los últimos 12 meses aumentó de 2012 a 2019. La misma tendencia se observa en lo referente a la discriminación en espacios públicos como cafeterías, restaurantes, bares o discotecas, que pasó del 18% en 2012 al 26% en 2019.

El asesinato de Samuel, así como las numerosas agresiones que han tenido lugar en nuestro país en las últimas semanas, muestran cómo la violencia que sufre el colectivo LGTBI no es solo estructural, al transcender lo simbólico y entrar directamente en el aspecto más peligroso: la amenaza para la vida de la persona. Esta situación no es casual, es una consecuencia directa de los elementos que Vox ha insertado en la agenda pública, legitimando el movimiento Hazte Oír, haciendo declaraciones que incitan al odio y poniendo una diana en los grupos de la sociedad que aún están a medio camino de obtener y disfrutar los mismos derechos que los hombres blancos heterosexuales.

Esta dinámica se reproduce, en mayor o en menor medida, en prácticamente todos los países miembros del club comunitario. El auge de la extrema derecha en Europa ha hecho tambalearse los cimientos del creciente consenso social que el liberalismo político asentó con el advenimiento de la libertad de expresión, de credo y de identificación e identidad sexual y de género. Si bien el Tratado de la Unión Europea establece claramente en su artículo 2 que el respeto a los derechos fundamentales es una de las obligaciones de los países de la UE, la capacidad para controlar y asegurar su cumplimiento está muy limitada por la distribución de competencias entre los estados miembros y el régimen institucional de la Unión. Si Europa se decía a sí misma ser el continente más seguro, la realidad demuestra que las vidas de las personas homosexuales, bisexuales y trans siguen estando en peligro en los llamados estados de derecho, lo que requiere de una respuesta política urgente, concreta y adaptada a las necesidades reales de estos colectivos.