“El reicidio es derecho de los pueblos”, está escrito en uno de los muchos edificios públicos de Quito. La frase, que se atribuye al célebre pintor Oswaldo Guayasamín, está grabada, también, en la historia del Ecuador: de 1996 al 2006, 10 presidentes distintos pasaron por el Gobierno del país. 10 gobiernos fueron derrocados en 10 años, y algunos de ellos duraron apenas 48 horas. El pueblo ecuatoriano tiene una suerte de orgullo de ser un pueblo “tumba-gobiernos”, y por eso estos días sigue saliendo a las calles, con la confianza de que sabe cómo hacerlo. De que puede volver a hacerlo.

El martes 1 de octubre el mandatario Lenin Moreno anunció en rueda de prensa un paquete de medidas económicas. Con un discurso construido a base de eufemismos y palabras bonitas, hablando de educación, vivienda, seguridad social, cambio climático, tecnología y eficiencia, no resultaba fácil desentrañar los efectos que tendría el llamado “paquetazo” para las mayorías sociales del país. Pero había dos medidas indisimulables: la reducción de las vacaciones de los funcionarios de 30 a 15 días al año, y la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Como tantas veces en la historia de la región, fue la gasolina lo que prendió la llama. Cualquier economista sabe que si sube el combustible, sube todo. Y Ecuador, con una economía dolarizada y un nivel de pobreza del 25,5% (según el Instituto Nacional de Estadística y Censos), el más alto de los últimos seis años, no podría resistir que aumente el precio de la canasta básica.

El miércoles 2 de octubre, el día después del anuncio del “paquetazo”, los transportistas del país convocaron un paro. Y al día siguiente, jueves 3 de octubre, Lenin Moreno decretaba estado de excepción. Una medida desmedida. Desproporcionada. ¿Disuasoria? Probablemente fuera la intención, pero los ecuatorianos salieron a las calles a pesar de que acabaran de suspender sus derechos constitucionales.

El Guagua Pichincha, el Pululahua, el Cayambe, son algunos de los volcanes que rodean Quito y que, en la paz y el silencio de una ciudad que amanece temprano y se repliega al atardecer, parecen también montañas tranquilas. Picos nevados en un paisaje inmóvil. Pero no. En realidad son volcanes activos, que pueden erupcionar en cualquier momento. Y así son también los ecuatorianos, como sus volcanes: tienen la templanza y la dulzura de la sierra, la dignidad andina, la calma chicha. Pero en cualquier momento pueden activarse. Encenderse con la rapidez con la que una sola chispa prende la pradera. Erupción social.

“Abajo el paquetazo de Moreno, Nebot y Lasso”, fue la consigna de la marcha que partió desde el monumento a Simón Bolívar hasta el centro histórico de Quito. Estudiantes, trabajadoras, empleados públicos, viejitas. Era el pueblo en toda su diversidad. Los que saben que van a pagar la factura que nunca consumieron.

Había cierta alegría en la manifestación, que ascendía por las calles empinadas del casco histórico de Quito, a gritos de “Moreno traidor” o “Este Gobierno no es nacional, es recadero del Banco Mundial”. Un matrimonio indígena se arropaba con la bandera nacional mientras marchaba. Los tres colores del Ecuador se sobreponían a cualquier emblema partidista. Una monjita asomaba de uno de los cientos de conventos que aún existen en el centro de Quito (“el claustro de Sudamérica”), y alzaba el puño saludando con júbilo a los manifestantes. Los estudiantes avanzaban agarrados de los brazos.

Pero la represión fue brutal. Gases lacrimógenos, perros, caballos. Fue una demostración de fuerza. Como si la policía hubiera querido enseñar, ya desde la segunda jornada de protestas, lo que significa un estado de excepción donde los derechos de reunión, asociación y libre circulación han sido conculcados. La movilización pacífica se tornó en horror. La gente corría huyendo del gas pimienta y trataba de subir algunas de las escaleras que atraviesan las calles circundantes a la Basílica del Voto Nacional. Pero el gas subía también, obligando a los manifestantes a echarse cuerpo a tierra para evitar la asfixia. A duras penas.

Rosita, una mujer de 59 años, con el rostro tan avejentado que podría parecer 10 años mayor, había ido sola a la movilización. Vive en el sur de Quito y cada día se levanta a las 5 de la mañana para llegar a trabajar a un edificio del norte, donde es portera. Pasa 10 horas dentro de una garita de 2x2 metros, casi tan hermética como un ascensor. Nunca se entera del clima que hace hasta que acaba la jornada.

Paga 200 dólares de alquiler por un cuarto dentro de la casa de otra familia, donde vive con su hija y sus 3 nietos, uno de ellos con Síndrome de Down. Su hija está desempleada, así que Rosita tiene que pagar el arriendo, la guardería y las escuelas, los gastos médicos y los alimentos, en una economía dolarizada donde los precios de los productos de primera necesidad son más altos que en los Estados Unidos.

Rosita cobra 394 dólares al mes, el salario mínimo del país. Para trasladarse del Sur al Norte de Quito, coge 2 autobuses. 4 viajes diarios que hasta ahora le costaban en total 1 dólar, y que con el llamado “gasolinazo” de Lenin Moreno, le costarán un 40% más. Pagar los billetes de los 4 miembros de su familia le costará 28 dólares a la semana. 120 dólares al mes, aproximadamente.

Por eso doña Rosita acudió sola a la protesta, llevando una bolsita de leche que ofrecía al resto de manifestantes, para protegerse del gas pimienta. Se mojaba el dedo en la leche y se lo pasaba alrededor de los orificios de la nariz, para intentar combatir así ese picor penetrante que otros trataban de repeler oliendo vinagre. La señora Rosita fue a la manifestación porque sencillamente no le salen las cuentas. Porque sabe que esa bolsita de leche que cargaba y compartía, dejará de estar a su alcance cuando, a consecuencia de las medidas de Moreno, se encarezcan -más aún- los precios de todos los productos básicos.

Por eso cuando la policía volvió a lanzar una bomba lacrimógena y los manifestantes comenzaron a correr atropelladamente cuesta arriba, y un joven cogió a Rosita del brazo para ayudarla a huir (porque sus piernas no sirven ya para carreras); Rosita se dejó arrastrar, pero con la serenidad de los volcanes. Porque sabe que, más asfixiante aún que el gas, es la economía que le espera al Ecuador a raíz del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Una economía en recesión y estancamiento, con alza de precios, insostenible para familias como la suya. Para la inmensa mayoría del país.

Para entender lo que está pasando en Ecuador hay que pensar en Rosita. Y recordar que los ecuatorianos son como sus volcanes: aparente calma, pero que alberga fuego.

Y que saben que “el reicidio” es uno de sus derechos como pueblo.

Los grandes ausentes en las citas electorales que se avecinan volverán a ser los españoles residentes en el exterior.

Muchos 'residentes ausentes', como se les llama a los españoles que viven en el extranjero, no podrán votar en las elecciones generales del 28 de abril ni en las autonómicas y europeas del 26 de mayo, a pesar de que ayer el Pleno del Congreso aprobó la Proposición de Ley de reforma de la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. La iniciativa, presentada por Unidos Podemos y el PSOE, pretendía eliminar el voto rogado, pero no podrá tramitarse por el fin precipitado de la legislatura. 

Hay dos términos en relación al sistema de voto exterior que hablan por sí mismos: el de los llamados 'residentes ausentes', que no solamente lo son por residir fuera de su país, sino porque el sistema vigente les acaba excluyendo de la toma de decisiones, (pues sus votos no llegan a ser escrutados); y el del 'voto rogado', pues efectivamente este mecanismo introducido en el 2011 obliga a los españoles emigrados a tener que rogar su derecho a votar. 

Si en un sistema democrático parlamentario como el nuestro la forma básica de expresión de la voluntad popular y de participación ciudadana es la representación (la elección de representantes), y la representación es, en definitiva, “la acción de hacer presente una entidad ausente”, podría decirse que los españoles expatriados están doblemente necesitados de representación, o doblemente ausentes. Pues necesitan el voto para intervenir en los asuntos públicos, como todos los ciudadanos; pero lo necesitan más todavía por estar fuera de su país, y por tanto, más lejos de sus instituciones. 

Del mismo modo, a la indeseable situación de tener que emigrar por razones económicas (como es el caso de muchos de los españoles que salieron del país como consecuencia de la crisis económica y que siguen actualmente residiendo en el extranjero), se suma el “castigo” adicional del voto rogado; que supone para los expatriados la pérdida de derechos y de capacidad de participación política en su país de origen.

Así, los españoles emigrados acaban siendo también doblemente castigados: tras las razones económicas que les obligaron a marcharse, se encuentran con lo que algunos colectivos como Marea Granate han llegado a calificar como un “verdadero apartheid electoral por motivos de exilio económico”. Pues el sistema de voto rogado les impone una serie de requisitos para poder ejercer su derecho al voto que no existen para los españoles que residen en territorio nacional, y que representan una “gymkana administrativa” que muy pocos de ellos consiguen superar. Por tanto, sus votos no llegan a ser contados. Los residentes en el exterior también están ausentes en las urnas.

Por otro lado, el término “rogar” es igualmente elocuente, pues efectivamente el voto rogado consiste en requerirle al elector residente ausente que manifieste previamente su deseo de votar. Es decir, en vez de actuar de oficio (como lo hace con el resto de españoles y para muchos otros casos en los que la Administración debe ponerse en contacto con el ciudadano), el Estado espera a que sea el elector quien comunique su intención de votar, y sólo entonces le envía la documentación necesaria. 

Este acto inicial volitivo, con el que el elector debe “avisar” previamente a la Administración de que desea ejercer su derecho de sufragio, no es solamente un disparate democrático (pues estamos hablando de un derecho constitucional y fundamental, que no solamente es inherente a la democracia sino que acredita a un Estado como democrático), sino que tiene también una innegable carga simbólica: el hecho de tener que rogar el voto coloca a los españoles emigrados en una posición casi de “pedir permiso” para poder votar. 

Y es que la pregunta fundamental en relación al sistema de voto rogado es por qué debería un ciudadano solicitar un derecho que ya ostentasolicitar, un derecho que le pertenece. Un derecho que le corresponde y que el Estado debería facilitar, en este caso, enviando la documentación electoral de manera automática a todos los censados como residentes en el exterior.

Lejos de ello, la actual normativa, que deja el sufragio a iniciativa o como responsabilidad del elector, resulta ser de esta manera una legislación indolente y claramente lesiva para los derechos políticos y de participación de la comunidad exterior, que ve de facto impedido su derecho a votar.

El trasfondo de todo este fenómeno es mucho más grave todavía que el hecho de que las papeletas de millones de españoles que viven fuera de España no lleguen a tiempo al escrutinio electoral: el derecho de sufragio, derecho humano, político y fundamental del que todos los nacionales españoles mayores de edad (salvo las excepciones previstas en la ley) somos titulares según nuestra Constitución, se convierte, con el voto rogado, en un sistema de exclusión que penaliza a quienes han tenido que exiliarse y que nuevamente se quedarán sin votar en las próximas elecciones. 

Y esto es una victoria, sin duda, de aquellos que siempre han querido hacernos creer que los derechos no son derechos, sino concesiones.