Implicada, valiente, contestataria. Carmen Avendaño no para. Nacida en el barrio obrero vigués del Calvario hace 73 años, y ligada a los movimientos vecinales y sociales desde joven, se cansó de ver morir a una generación a su alrededor ante la indolencia de los poderes públicos. Su determinación y la de tantas “madres contra la droga” están detrás del ocaso de los grandes narcotraficantes gallegos de los años 80.

A punto de ser bisabuela, Avendaño sigue dando conferencias allá donde la llamen y su agenda está repleta de ocasiones para “crear estado de opinión, y dar la alarma de lo que sigue pasando y como evitarlo”. Las circunstancias de la vida la llevaron a investigar y aprender hasta llegar a convertirse en una autoridad en la lucha contra las drogas y en la defensa de la reinserción. Hace 33 años fundó la asociación Érguete a la que luego sumó una fundación, porque “todo el mundo merece una segunda oportunidad, y a veces, muchas más”.

Últimamente asistimos al éxito de las series televisivas como Narcos o Fariña, con los grandes capos del narcotráfico como protagonistas, algo sobre lo que usted es toda una experta, aunque no fuera por voluntad propia. ¿Cómo explica el apogeo del narcotráfico en la Galicia de los 80?NarcosFariña

El dinero fácil, normalmente, es para gente que no tiene escrúpulos. Galicia siempre fue muy maltratada y se dieron varias circunstancias: hubo una fuerte emigración a América, para que las familias pudiesen sobrevivir, después hubo otra época cuando se marchaban a Europa; luego comenzaron con el tema del tabaco y después la reconversión en otras cosas que en principio fue la marihuana. Yo no lo justifico en absoluto, pero creo que Galicia era un caldo de cultivo para poder hacer ese tipo de prácticas. Los jefes contrataban hombres del entorno que les estaban muy agradecidos porque en una noche de descarga a lo mejor ganaban lo mismo que trabajando en la construcción un mes. Siempre hay que explicar los porqués: primero la emigración, los medios de la ría que son idóneos y por supuesto la carencia de perspectivas laborales que había. Nosotros cuando dimos guerra nunca íbamos contra los marineros, siempre contra la cabeza de la organización porque los marineros arriesgaban (y mucho, porque la justicia iba contra ellos con más rigor) para mantener a sus familias. Por lo tanto, quiero dejar claro que una cosa es el narco como tal, que son unos personajes que todos conocemos, y otra es la mano de obra de la que se aprovechaban los propios narcos, por las carencias que había.

En Fariña pudimos ver las flagrantes relaciones que había entre los narcos y los gobernantes entonces. ¿Usted tiene constancia de esas relaciones?Fariña

Sí. Está superclaro, y los más beneficiados de esas relaciones eran los del Partido Popular. No quiero decir que no haya habido de otros partidos, pero en general eran más los de siempre porque el contrabando estaba tomado por gente que después se reconvirtió. Esa gente entonces se ganaba la vida con las descargas de tabaco. Los grandes eran como benefactores de la sociedad y a los otros les daban sus buenos sueldos para mantener a sus familias. Todo es complejo pero tiene una razón. Y financiaban a los partidos políticos, claro. Tuvo mucha incidencia. Era lamentable ver cómo salía a la calle gente que tenías identificada como narcotraficante con banderas españolas diciendo “ganaron los nuestros”. Los más visibles eran los de derechas, lo que no quiere decir que no hubiera de otros partidos.

El propio presidente de la Xunta tiene unas fotos con el narcotraficante Marcial Dorado...

Sí, y no las utilizamos demasiado, pudimos, pero no lo hicimos. Cuando salieron las fotos nosotros no hicimos un pronunciamiento de crítica, porque no queremos desacreditar a las fuerzas políticas. Eso es un desprestigio, es algo malo para la propia sociedad. Llevábamos muchos años luchando. Cuando fuimos a Madrid, años antes, le dijimos a Aznar, que aún no gobernaba, hace 30 años: “ojo, que tenéis gente en el partido que está en el tema” y va él, que era tonto, y nos suelta los nombres de tres alcaldes de la provincia de Pontevedra, nos dio los nombres, todos de ayuntamientos pequeños. El narcotráfico siempre se va a acercar al poder, por interés. Aquí estaban financiando los partidos políticos y el más financiado era el PP, pero todos estuvieron. Y era algo que se sabía. Nosotros nos somos tontos.

Afortunadamente son tiempos pasados…

Aún colean, pero a la gente también le sirvió para abrir los ojos y darse de cuenta del daño que se estaba haciendo. Digo los asalariados. Muchos de nosotros vimos como nuestros hijos caían en el mundo del consumo. Eso fue creando un estado de opinión que no tiene nada que ver con el que qué había entonces, en los años 80, cuando ibas junto a los chavales y le preguntabas por el tema y te decían: “de puta madre, yo quiero entrar para comprar una moto grande”. La atracción del dinero daba poder y daba caché de alguna manera. Hasta que se fue demostrando lo que estaba pasando. De alguna manera los propios contrabandistas se dieron de cuenta de la situación.

Estoy segura de que muchos de ellos tuvieron y padecieron en sus propias familias el problema. El interés económico quedó un poco secundado y hoy hay mucha más conciencia social, desde mi punto de vista. De hecho, las descargas no se hacen por Galicia ahora. Vienen por Andalucía, suben por Portugal y después sí que se distribuyen desde aquí para Europa. Pero ha cambiado el sistema porque le falta mano de obra. Se creó mucho estado de opinión. Escenificar fue difícil. Cuando se creó la asociación hace ya 33 años una de las cosas que perseguíamos era la concienciación. Creo que hemos conseguido una conciencia social muy diferente y fuimos un ejemplo a través de la política y de la policía, que se vieron obligados a tomar medidas y legislar de una manera más seria el tema.

Había que adaptar la legislación a la nueva realidad con el problema evidente del narcotráfico…

Cuando ya estábamos en plena virulencia, nosotros nos reunimos con todos los líderes políticos. Justo antes de salir el nuevo código penal hablamos con Aznar, que aún no gobernaba, con Felipe González y Anguita. Había cosas muy sorprendentes. Recuerdo que fuimos un día a hablar con el delegado de Hacienda en Galicia para decir que cómo era posible que no hubiese investigaciones económicas sobre el patrimonio de esta gente y dijo que él no podía hacer nada, que sólo controlaba las nóminas. Todos se eximían de responsabilidades. Pero al final logramos que el nuevo código recogiera embargo de bienes, condenas más duras para el narcotraficante, no para el que trapichea con dos papelinas, los registros bancarios, etc. Es decir, gran parte de la legislación que viene contemplada posteriormente en el código penal, recoge muchas de las propuestas que nosotros les hicimos llegar personalmente a todos los partidos políticos que estaban en el Parlamento. Tuvimos una influencia muy fuerte en ese aspecto y una influencia real en la sociedad.

Acaba de ganar en el juzgado a Laureano Oubiña, que consideró lesionada su honor por usted... Son muchas victorias contra el narcotráfico en su vida.

Eso fue una chorrada. Vete tú a saber dónde tenía el honor. Yo no dije lo que él denunció, porque yo sólo dije que se dedicaba al contrabando de tabaco y “a otras cosas”. No dije a hachís, marihuana ni coca. Pues me puso la denuncia, pero el juicio se disolvió porque se vio que no había nada. El tiempo pone a cada uno en su lugar y también le dije que tuviese cuidado porque se chuleó en el juicio de que tenía un hijo que fumaba porros pero no consumía otras cosas y eso es muy grave, porque no puede hacer apología en una sala. Le dije que tuviera cuidado porque lo más probable es que estuviese consumiendo coca. Pero muchas veces la propia ignorancia hace hablar de más y si tienes dinero, peor.

¿Se considera un símbolo de la lucha contra el narcotráfico?

Yo sólo soy la voz. Pero es todo un movimiento asociativo. Toda la gente que formamos la junta directiva ya ha muerto. Fueron muriendo, pero de pronto. Eso es algo que tengo muy grabado y trataré de que investiguen que el sufrimiento también mata. Mueren hijos, padres y madres. Yo tengo cinco hijos y tuve dos con problemas de drogas. Afortunadamente ni tienen sida, ni tuvieron hepatitis, y dejaron las drogas, por lo que son una afortunada. Pero murieron muchos y eso produce muchísimo dolor, ver cómo van muriendo todos a edades muy tempranas.

Fue la cabeza visible de una lucha que libraron las madres de los chicos que se enganchaban a las drogas sin que a los poderes públicos pareciera importarles. Visibilizaron ese problema. ¿Cómo recuerda esos años de lucha?

Antes los que consumían drogas estaban en la calle, en grupos, y daban esa imagen de desestructurados, de familias desarraigadas, etc. Pero la realidad vino demostrando que los pobres no son los más afectados por este problema. Todo eso fue cambiando por el trabajo que hicimos. Yo llegué a tener amenazas serias. Y dos veces cortaron los frenos de mi coche. Una vez viniendo de Pontevedra con mi padre, en la bajada al llegar a Arcade me di cuenta de que no funcionaban los frenos. Tuve la suerte de darme de cuenta y dejé el coche ir muriendo en la subida. Fuimos al taller y me dijeron que me habían cortado los frenos y mi padre, nerviosísimo, decía que había que ir a la Policía pero no quise, porque no iban a hacer caso. Otra vez ya vi que habían vuelto a cortar los frenos, pero ya no anduve porque desde el primer susto siempre comprobaba antes de moverlo. Amenazas verbales siempre hubo, pero yo por mí no tenía miedo. Por mis hijos sí. Es más, no quería ir sola con ellos en el coche, porque tenía miedo que les hicieran algo.

Pero la cosa quedó allí, también porque creamos un clima de opinión poco a poco en su contra. Además, yo ya era una persona muy conocida, ya venía de los movimientos sociales anteriores, de la lucha contra el Franquismo. Ellos sabían que si a mí me pasaba no iba a quedar ahí la cosa y no porque yo sea muy guapa, sino porque fui muy comprometida toda mi vida y toda la gente demócrata de esta ciudad me conocía y conoce. Entonces, creo que llegó un momento que tenían miedo a la reacción de la sociedad, no porque no tuvieran ganas, que seguro que tenían. Yo no soy ninguna heroína. Me tocó ser la portavoz de un grupo que quería demostrar a la sociedad lo que estaba ocurriendo, porque eso de que te habían tachado de familia desestructurada, de padres dejados, de niños abandonados, no podías consentirlo.

Es la voz y también la presidenta de Érguete, una institución muy reconocida, que benefició a más de 4.000 personas en integración y a casi 2.000 en formación durante 2018.

Las personas tenemos cualidades y a mí me tocó el papel de comunicadora porque siempre fui una mujer muy implicada. Ya de soltera era una mujer muy contestataria con mi padre, con todo el mundo. Pero no tengo más importancia que otros. Lo que soy es trabajadora. Hoy, entre la asociación y la fundación tenemos 100 trabajadores, la mayoría mujeres, y trabajamos la reinserción como creo que hay muy pocas asociaciones que la trabajan en España. La reinserción desde gente que está en prisión con largas condenas cumplidas, que los trabajas en prisión y después vienen a la formación laboral. Tenemos un 70% de reinserciones laborales. El trabajo que se realiza es muy serio. Y ya no soy yo. Yo el único mérito que tengo es que supe elegir los equipos, pero el resto del trabajo lo hacen ellos.

Lo que comenzó como una asociación hace 33 años para reinserción ahora también cuenta con una fundación que este año cumple 20.

La fundación nació por la necesidad de formar a esta gente que comienza en las drogas muy joven y que cuando conseguimos que salgan no tienen estudios. ¿Y que hacemos con ellos? Pues habrá que formarlos. Tenemos una profesora constantemente y el aula está llena de gente que ha tenido problemas y drogas y que no. Gente que está en exclusión o camino de ella. Entonces se produce una cuestión fundamental, que es la solidaridad entre el grupo de personas. Una mujer maltratada, un hombre de 50 años que se quedó en el paro, un chaval que pasó años en la cárcel, por ejemplo. Si juntas al grupo la tragedia es compartida. La solidaridad es lo que mueve el mundo. La asociación es para seguimiento, autoestima, para la parte jurídica, con dos abogados desde hace 30 años con nosotros. Todo el mundo merece una segunda oportunidad y a veces muchas más. Y la fundación es para dar formación, para que pudieran tener los estudios para acceder al mundo laboral y al mismo tiempo para que normalizase la relación entre empresarios porque al principio si sabían que los posibles trabajadores habían tenido problemas ya no los querían, pero en cambio ahora llaman y las prácticas ya las van a hacer a las propias empresas.

Aunque los datos oficiales no pueden confirmarlo, en las calles se lleva detectando desde finales de 2017 un repunte en el consumo. ¿Están notando esa alza en la asociación?

Sí, eso es un peligro. Estamos notándolo y además con gente muy joven. En mi opinión este repunte no va a ser tan dramático como fue en su momento. En primer lugar porque las familias están más informadas, si hay una conducta irregular pueden detectarla antes. Nosotros entonces no sabíamos si era por la edad, la adolescencia... pero ahora la gente sabe que puede haber detrás un problema. Y después hay otro hecho que también es interesante, ahora los jóvenes que se inician cuando empiezan a perder el control piden ayuda. Eso quiere decir que por sobredosis muere menos gente. Además, las jeringas ya no se comparten, el VIH está paralizado porque la gente usa preservativos... Todo eso fue surgiendo junto con los mensajes y fue cuajando. A mí me da mucha pena ver que aún hay gente que se inicia, pero también veo que se retira mucho antes. No se va a producir aquella tragedia de cientos de muertos como hubo. El conocimiento va a frenar más el tema, pero es una forma de evasión que los jóvenes por curiosidad siguen probando, claro. No tengo datos estadísticos pero a nivel social se ha mejorado. Hay una percepción de mucho más conocimiento ahora del que había hace 30 años, afortunadamente.

¿Qué cambios a nivel legal cree que hacen falta actualmente en el ámbito del consumo o venta de drogas?

Creo que habrá que terminar legalizando el cannabis. Yo siempre estuve en contra y cada vez tengo más dudas. Es menos dañino que el alcohol. Hablo de excesos, claro. Porque ahora ves los chavales los sábados tirados por ahí y es por consumo de alcohol y esas pastillas que no saben ni que son. Creo que hay que educar en el consumo responsable y creo que la marihuana se impondrá en el comercio de vicios que ya existen como es el tabaco y el alcohol. A mí me parece desmedido que puedan meter en la cárcel a un chaval por repartir un porro. Francamente me parece desmedido. Yo creo que siempre va a haber vicios. Ojalá que los jóvenes no bebieran, que lo hiciesen sólo de mayores pero sin excesos. Pero la sociedad tiene vicios y el cannabis se va generalizar. A mí me preocupa mucho la falta de control en los chicos. Debe ser que ya me estoy haciendo abuela porque los lunes veo los sucesos y siempre hay muertes de jóvenes en accidentes de coche y la mayoría de ellas son por consumo de drogas o alcohol y eso me preocupa mucho, porque ahí no hemos creado la suficiente conciencia social.

Afiliada al PSOE desde siempre, partido con el que fue concejal, ¿cómo está viendo la deriva política en España? La preocupa el surgimiento de partidos como Vox?

Entra dentro de lo que está ocurriendo en Europa, algo que me lleva mucho tiempo preocupando. Está habiendo una formación de derechas que aquí aún no tiene mucho impacto pero en Europa, ojo. La extrema derecha está consolidándose de una forma grave y yo tengo la impresión de que la sociedad en general no se está enterando de esta derechización. Me preocupa el tema porque está muy extendido, pero no sé qué va a pasar. Ya están en Andalucía, que siempre fue de izquierdas y van a tenerlos en todos sitios. No gobernando con mayoría, pero ahí metidos fastidiando sí, y eso me da mucho miedo. Como el presidente de los Estados Unidos, que no para de decir barbaridades. La sociedad tiene que empezar a reaccionar y transmitir la preocupación, porque forma parte también de la concienciación. La responsabilidad no puede ser de los medios, que muchas veces están supeditados a subvenciones y otras cosas. La sociedad debería reaccionar mucho más y, por el contrario, se deja arrastrar. Toda la vida hemos sido emigrantes y ahora nos rasgamos las vestiduras porque vienen inmigrantes. ¿Y que van a hacer? ¿Morirse de hambre? La sociedad es muy egoísta y muy individualista. Es sorprendente la cantidad de gente joven que es carca.

Hablemos de algo más positivo: como consejera del Celta, acaba de ganar otra pequeña o gran batalla, pues ya se está hablando de la creación del equipo femenino. ¿Fue difícil convencer a la junta directiva?

La verdad es que ahí no tengo mucho mérito. Yo ya lo había propuesto dos veces y hubo una actitud virulenta, por lo que no lo volví a proponer más. Pero ahí quien tiene el protagonismo es el presidente, que ha dado mucha cabida las mujeres en los puestos directivos. Yo estoy encantada con el equipo femenino y las sigo, son bravas. Responde un poco a toda la corriente de igualdad que está circulando.

Evidentemente no hemos conseguimos aún los techos de igualdad, pero ya nos estamos imponiendo mucho más. Afortunadamente, las mujeres hemos perdido el complejo, porque antes estábamos educadas de forma machista. Yo soy la mayor de 10 hermanos y las cinco primeras fuimos mujeres y siempre fui muy contestataria.

Desde que en 1980 cerró la gran fábrica de pan, harinas y piensos de Vigo, la Panificadora ha sido testigo de intentos de demolición, incendios y okupaciones. Cíclicamente distintas maquetas y proyectos planean su destino

En los últimos días asistimos al enésimo anuncio: la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo ha dado su aprobación provisional a la modificación puntual del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Casco Viejo para avanzar en el nuevo proyecto de la Panificadora. “Quiero expresar mi satisfacción, va a convertirse en una zona de equipación sociocultural y dotacional, un nuevo espacio público con alboleda que conectará con la Praza do Rei”, señaló el regidor ante los medios de comunicación el jueves, 21 de marzo.

La tramitación continuará ahora con el envío de la documentación a la Administración Autonómica -a Patrimonio- para que se pronuncie sobre este cambio en el planeamiento. “Ya no hay marcha atrás, una vez aprobada se envía a la Xunta y en el plazo de dos meses está obligada a decir que sí y a partir de ahí, pleno municipal, expropiación y obra”, añadió Abel Caballero.

Aunque, efectivamente, se están moviendo los papeles, la realidad es que a día de hoy no existe una medición precisa técnica de su interior, no figura en el catálogo de patrimonio de la Xunta, ni ha sido protagonista de labor de conservación alguna en estos más de treinta años que lleva cerrada.

La Panificadora no se puede esconder, tiene más de 7.000 metros cuadrados de superficie y diez enormes silos que la ciudadanía está acostumbrada a ver, en el centro de Vigo entre el monte del Castro y el edificio del Ayuntamiento. Lleva en la ciudad casi cien años (desde 1924) y contribuyó en la primera mitad del siglo a algo tan importante como el abastecimiento de la población.

“Tener la Panificadora en Vigo fue fundamental para la ciudadanía, para tener pan higiénico, moderno y barato. De hecho hay un convenio entre la Compañía Viguesa de Panificación y el Ayuntamiento de Vigo del año 22 o 23 donde se dice que tiene que vender el pan barato. Además, en la posguerra fue intervenida por el Estado, y tener la Panificadora permitió que no se pasara tanta hambre. Dio de comer literalmente a la gente”, explica Uxío Reinoso, arqueólogo industrial y coordinador del proyecto vigoindustrial.com.

“Era el granero de la ciudad. Cuando se inauguró era la más potente de España, fue un elemento que nos situaba como una gran ciudad, moderna. Además tiene el valor cultural y urbanístico de que está en el centro en la ciudad. Tiene que ser la pieza desde donde Vigo recupere su patrimonio industrial”, defiende Reinoso.

Los vecinos y vecinas más entradas en años recuerdan perfectamente la fábrica funcionando, la plaza de los silos, los pasadizos, una calle cubierta o el inconfundible aroma del pan en el horno. El fundador, Antonio Valcarce, fue también el dueño de la Compañía de Tranvías y del Banco de Vigo. La Panificadora atesora un sinfín de aspectos que la hacen parte de la esencia de la ciudad, de su historia.

Pero, ¿qué se hace con una mole de hormigón en el centro de la ciudad si ya no da beneficios por actividad industrial? Eso fue lo que se debió preguntar Manuel Soto, alcalde de Vigo, en los años 80, tras el cierre de la fábrica, y la respuesta fue la más obvia: viviendas. En 1988 Soto firma un convenio con los propietarios y la Panificadora se convierte en una Unidad de Actuación Urbanística y permite 20.000 metros de nueva edificabilidad. Afortunadamente este primer destino de la Panificadora nunca se materializó y en 1991 se integra en el PERI del Casco Viejo, aunque seguía siendo reurbanizable. Desde entonces distintos alcaldes firman y anulan convenios y la sombra de la demolición continuaría sobre parte de la construcción.

En 2006 un incendio destruye oficinas, sala de juntas y archivo y surgen entonces, en los años siguientes, campañas ciudadanas para evitar el derribo. En 2009 Caballero presenta el Plan Moneo, que intervendría en toda el área y sólo conservaría los silos de la Panificadora. Según recuerda Uxío Reinoso, fue en los meses previos a la campaña electoral de 2011 cuando el actual alcalde promete rehabilitar la Panificadora como centro cultural. Se comienza a hablar entonces de conservación integral y de expropiaciones. En esta época la Panificadora divisa un destino feliz, que supondría albergar la Biblioteca del Estado.

No fue hasta 2016 cuando el Ayuntamiento lanza el concurso de ideas para el ámbito de la Panificadora, donde se incluye ya la participación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. En sus bases, el concurso recoge literalmente que “el Ayuntamiento de Vigo precisa desde hace años una gran dotación pública para satisfacer las necesidades culturales y sociales de la ciudadanía viguesa; un espacio en el que situar un gran contenedor, como la Biblioteca Pública del Estado en la ciudad. El entorno de la Panificadora se considera un espacio idóneo para su implementación, tanto por su vínculo con el pasado industrial de las ciudades como por la centralidad urbana del ámbito.

Por otra parte, y toda vez que la colaboración entre el Ayuntamiento de Vigo y la Zona Franca resulta fundamental para la ejecución del proyecto, es preciso que la propuesta permita obtener espacios en los que localizar usos de co-working, oficinas, Centro de Innovación Gastronómica, centros tecnológicos, espacios de emprendimiento y creatividad, así como actividades que puedan resultar tractoras de la economía de Vigo y que proporcionen utilidad y dinamismo al dicho entorno.

Y para una adecuada complementariedad de los usos previstos, la ordenación promoverá la obtención de espacios libres públicos, al tiempo que permitirá compatibilizar los usos mayoritarios con las actividades comerciales y terciarias necesarias para darles cobertura a las necesidades de la ciudadanía. El diseño de los espacios deberá garantizar, en definitiva, la rentabilidad social del proyecto la su sostenibilidad...“.

Bajo estos ambiciosos requisitos resultó ganador el proyecto de los arquitectos Jorge Salgado y Celso López, en marzo de 2017.

Y llegamos a la actualidad con algo más de esperanza pero sin certezas porque a día de hoy lo que de verdad existe es un proyecto lleno de buenas intenciones pero sin presupuesto, plazos ni misión definida. Es más, la Biblioteca del Estado ya tiene otra localización prevista -los terrenos donde se iba a hacer inicialmente la Ciudad de la Justicia, en la calle Lalín-, motivo por el que desde Marea de Vigo alertan de que nos vamos a encontrar con “otro continente sin contenido”. Rubén Pérez, portavoz del grupo municipal, defiende que lo primero que habría que hacer es “catalogarla como BIC y luego identificar y catalogar también seriamente todo el contenido”.

Financiación no definida

Aunque no hay una cifra oficial de lo que van a costar las expropiaciones y la posterior intervención en el ámbito de la Panificadora, distintas fuentes estiman en 20 millones el coste de la actuación. Sobre este aspecto desde Zona Franca explican que de momento no pueden concretar su participación.

En los presupuestos del consorcio para este año figuran cuatro millones para la Panificadora, pero es una cifra que ya constaba en la planificación de 2018 y puede volver a estar en la de 2020 sin que se ejecute un euro. “El proyecto ha dado un gran avance y ahora la Xunta tiene dos meses para responder. Durante este tiempo Ayuntamiento y Zona Franca negociarán la participación concreta de ambos, porque a día de hoy no está definida”, indicaron fuentes de la entidad estatal.

En el corazón de la ciudad desde los año 20

Forma parte del skyline vigués desde los años 20. Repasemos los principales hitos de la historia de vida de la Panificadora, el mejor ejemplo del patrimonio industrial de Vigo:

La compañía viguesa de Panificación nació en 1920 fruto de la alianza de varios empresarios entre los que destacaban Antonio Valcarce (que ya poseía “La Espiga de Oro”) y su cuñado Ángel Reboreda (dueño de “La Madrileña”) con el objetivo de abaratar costes. Para eso en 1921 adquirieron una gran parcela en el Campo das Redes (en la Falperra) donde se construyó una megapanificadora moderna, con hornos alemanes y que según se decía entoces era la más potente de España, con capacidad para producir 40 toneladas al día. El proyecto fue de Manuel Gómez Román, arquitecto municipal en la época.

La actividad en la panificadora comienza en 1924 y en 1930 ya hace una primera ampliación con una sección de molienda para obtener harinas y salvados. Se convirtió rápidamente en la suministradora de la ciudad, de sus instituciones públicas y del sur de la provincia de Pontevedra. Entre los productos, el artículo estrella fue el panecillo blanco e individual, “Japonés”, un producto monodosis, ideal para casas de comida, y para los comedores colectivos de empresas e instituciones públicas (hospitales, escuelas, los asiere, orfanatos,...).

Con la Guerra Civil fue intervenida por el Ejército Nacional y se convirtió en suministradora oficial de harina y pan. Paradójicamente, fueron años muy buenos para su actividad y expansión, lo que la llevó a comprar harineras en Salamanca y Ávila. Son años de éxito para su fundador, Antonio Valcarce, que adquiere también en esa época la Compañía de Tranvías de Vigo y el Banco de Vigo. La Panificadora se vuelve a ampliar en los años 40 dos veces (sección de molienda y almacén para sacos de harina) y ya a comienzos de los años 50 se erigen los seis nuevos silos de almacenamiento de grano.

En los años 50-60 se desregulariza el negocio del pan y la Panificadora de Vigo empieza a hacer subprodutos como piensos para animales y pastas alimenticias. Entra un cliente estrella, Pescanova, para quien hace las masas de los rebozados. En esta época se concreta también el edificio de la “fábrica de piensos” de la calle Falperra.

La diversificación no fue exitosa y en los años 70 llegan los problemas económicos. La compañía tiene deudas y la maquinaria va quedando obsoleta. Además, su principal cliente, Pescanova, funda en esta época Hasenosa en O Porriño, para abastecerse directamente de las pastas alimenticias. En 1978 muere Antonio Valcarce y en 1980 cierra la fábrica en Vigo, con 70 trabajadores. Había llegado a tener 300.

La historia detallada de la Panificadora puede conocerse en este dossier publicado por vigoindustrial.com.

El Gobierno de la Xunta de Galicia defiende el gasto de 500.000 euros en letreros de “hospital público” para diez centros sanitarios gallegos, porque suponen menos dinero del que cuestan los sueldos de los alcaldes y otros representantes políticos de la oposición que “mienten” sobre la sanidad pública.

Durante la sesión de control parlamentario de este miércoles Feijóo afirmó que “es mucho más barato poner los letreros de los hospitales públicos que pagarles el sueldo a los concejales, los diputados y los alcaldes que mienten sobre la sanidad pública”. El presidente de la Xunta, en respuesta al portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, cuestionó si “están en contra de que un hospital lleve un letrero de hospital público, indicando que ”es tan lamentable que me sorprende“.

El pleno del Ayuntamiento de Vigo aprobó recientemente una moción del PSOE (con los votos a favor también de Marea) en la que se solicita a la Consellería de Sanidad dejar sin efecto el contrato para colocar los letreros y destinar el importe previsto a los rótulos “a la construcción de un aparcamiento público gratuito en las parcelas que el complejo del Hospital Álvaro Cunqueiro dispone en el recinto y no son utilizadas”. En la moción el grupo socialista califica de “inmoral” que la Consellería de Sanidad anuncie que va a gastar esa cantidad en colocar carteles en diez hospitales, pero en el caso de Vigo, “querer rotular un hospital privado como público es un insulto incalificable”. A la vista de las palabras del presidente de la Xunta en sede parlamentaria, parece que esta moción no va a tener mucho recorrido.

Núñez Feijóo, que duda de que se vaya a oficializar este viernes la huelga en la Atención Primaria prevista para abril, lamentó que la oposición “esté cayendo tan bajo, destruyendo el patrimonio que construimos entre el PP y el PSOE, como es el Sistema Nacional de Salud” y aseveró que “no vamos a aceptar que se destruya la sanidad pública en Vigo ni en cualquiera otro sitio”.

Vigueses distinguidos

El desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la sanidad llevó también al presidente de la Xunta a proponer incluso reconocimientos locales a según que colectivos. La postura contraria del PP sobre la concesión del título de “vigués distinguido” a los jefes de servicio de Atención Primaria dimitidos de los centros de salud de Vigo (entregados este miércoles, 27, con una gran ovación del público) es bien conocida.

Desde que se hizo pública la propuesta de los galardones de este año la portavoz popular, Elena Muñoz, defendió ampliar la concesión a todos los profesionales del área sanitaria, no sólo a los médicos de familia dimitidos. Sin embargo, el Gobierno de la Xunta tenía su propia propuesta, también en el ámbito sanitario, pero más acotada: darle el premio a los equipos de emergencia que intervinieron en el accidente del festival O Marisquiño.

Un recorrido por los astilleros de la ría puede justificar el optimismo con el que las patronales y empresarios del sector valoran el presente y el futuro a medio plazo en el naval de vigués. Con la triste excepción de Vulcano, que prevé rematar el único barco que tiene en cartera en las próximas semanas, los astilleros disponen de carga de trabajo hasta el próximo año. Pero tanto la patronal como los propios sindicatos alertan de que existe un problema de falta de trabajadores cualificados.

Desde 2014 las plantillas se han ido mermando y no hay ningún plan (más que importarlos) para abastecer los 2.000 trabajadores que la patronal del metal asegura que faltan actualmente en el sector para dar salida a los nuevos pedidos. De los 12.000 empleos que actualmente supone la industria naval gallega, 9.000 están concentrados en las factorías e industria auxiliar de la ría de Vigo.

Tras el desastre perpetrado por la Comisión Europea con su anulación ilegal del sistema de ayudas para la financiación -el llamado tax lease- y la consecuente pérdida de contratos y empleos para el sector naval desde 2013, nos encontramos ahora en un momento de recuperación, por lo menos a nivel de cartera de pedidos. “La situación en general es buena, toda vez que los astilleros medianos consolidan su carga de trabajo mediante nuevos pedidos que le permiten reforzar su estabilidad”, indican desde Aclunaga, el clúster del sector naval de Galicia.

En esta misma línea, Asime (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia) explica que estamos ante un aumento del crecimiento de la industria naval y marítima gallega y especialmente de Vigo y su área “Aún queda capacidad de crecimiento, ya que nos encontramos en torno al 65% de la capacidad”, indica Enrique Mallón, secretario general de Asime, quien también asegura que la industria auxiliar gallega está creciendo en más de un 8%, respeto al ejercicio anterior en facturación. Pero este escenario positivo esconde las sombras de una falta de planificación de la mano de obra del sector. “Seguimos con problemas de capacitación y formación del personal y no somos capaces de llegar a esos 2.000 trabajadores que necesitaríamos durante este ejercicio 2019”, dice Mallón.

Para los sindicatos a culpa de esta realidad estaría repartida entre los propios astilleros y la administración pública, que no se preocuparon de ir formando a los más jóvenes con la vista puesta en la recuperación del sector.

Astilleros de síntesis

Astilleros de síntesisLas plantillas de los astilleros se han ido reduciendo poco a poco en los últimos años en busca del famoso “astillero de síntesis”, que se anunciaba a comienzos de este siglo XXI. Este modelo, definido como el único posible para competir en mercados globales como la construcción naval, está basado en la reducción al mínimo número de trabajadores de los astilleros, donde quedarían las personas más capacitadas para labores de diseño y supervisión, y la mayor fuerza productiva tiene que venir, en consecuencia, de la industria auxiliar. De este modo, el plantel que superaba los 1.500 empleados de Barreras en los años 80 pasó a los 400 en el momento de la privatización (1997) y de ahí hasta los 157 actuales. Hoy en día Barreras es el único astillero que supera los 100 empleados de plantilla fija en la ría de Vigo.

El sector afronta una suerte de reconversión continua. “Los astilleros ahora son solares. En el momento en que haya chollo, para dentro, y cuando no hay, pues para fuera”, lamenta César Rodríguez, responsable del naval en la comarca de Vigo para la CIG. El problema es que el naval es un sector especializado donde se necesitan profesionales. “Es un sector de alto riesgo y no se pueden practicar estas políticas. Ahora necesito 40 y los saco de donde sea. Hay que mantener un mínimo de trabajo para que se mantenga la estructura. Cada vez se está precarizando más este tipo de trabajo. Seguimos sin especializar las auxiliares”, indica el representante sindical. Para Rodríguez esta situación perjudica directamente al sector, que pierde fuerza como tal. “Los propios astilleros fueron perdiendo peso en cuestión de trabajadores y eso es fuerza que se pierde en el propio sector: hace 30 años cuando había una crisis eran 500 trabajadores que se podían ir al paro, la fuerza del sector es diferente. Pero en la auxiliar simplemente desaparecen, cuando no hay trabajo pues desaparecen y no cuentan”, explica César Rodríguez.

Para Rubén Pérez, secretario general de UGT-FICA en Vigo, el naval necesita volver a recuperar ese enganche de tener carteras de pedidos de varios años que permitan la estabilidad para atraer trabajadores. Para eso la industria tiene que modernizarse y crear un nuevo esquema de competitividad, entrando en la industria 4.0. “Los astilleros no pueden seguir construyendo barcos igual que hace 30 años. Hace falta modernización, planes de formación que permitan hacer un relevo generacional en la propia industria y también con grados FP enfocados a la calderería, soldadura, actividades para las que es difícil ahora encontrar profesionales”, indica Pérez Prego. El representante sindical explica que durante los últimos años de caída en el naval hubo trabajadores que se fueron a otros sectores y a otros países, pero también “hay otro efecto tan importante o más que fue la jubilación de muchos trabajadores en estos años, por lo que se perdió la capacidad de transmisión del conocimiento. Pues ahora hay que intentar aprovechar el conocimiento de los que quedan e incluir la formación en FP”.

Grandes factorías

Grandes factoríasRubén Pérez pone el foco en Vulcano, que es junto con Barreras el único con instalaciones capaces de fabricar los grandes buques, pues de su futuro va a depender la recuperación de buena parte del empleo en el naval de la ría de Vigo. “En los próximos meses sabremos si Vulcano va a cerrar como astillero o va a haber un cambio de propiedad que permita continuar la actividad de construcción de barcos. Evidentemente si se pierde esa capacidad industrial a recuperación del empleo pasado no va a venir. Al haber una pata coja en la ría el empleo no tiene continuidad como antes”. El futuro inmediato de Vulcano, que lleva ocho años en concurso de acreedores, pasa por rematar el ferri “Villa de Teror” para Trasmediterránea, con entrega prevista para el 29 de mayo. “Son 42 días de trabajo. A partir de ahí entramos en una situación de falta de trabajo. Tiene un problema de falta de confianza y sobre todo financiero. O entra alguien que aporte un respaldo financiero o la situación va a ser muy complicada”, añade el el responsable del naval en Vigo para la CIG.

Barreras, por su parte, independientemente de que afronte la salida de su accionista mayoritario, Pemex, tiene contratos de grandes barcos que sitúan su carga de trabajo garantizada por lo menos para este año y gran parte del siguiente. El astillero está trabajando en un crucero de lujo para Ritz Carlton (un contrato de 250 millones), a lo que se suman dos ferries para la armadora noruega Havila y tiene la posibilidad de otro ferri para Armas, que según fuentes sindicales situarían alrededor de 1.000 trabajadores en el astillero a finales de 2019. Además, en el contrato del crucero de lujo hay una cláusula para construir otros dos, pero estos pedidos aún no estarían firmados.

Aguas tranquilas para los astilleros medianos

Aguas tranquilas para los astilleros medianosLos astilleros medianos, mientras, navegan por aguas tranquilas, con carga de trabajo continua tanto para barcos pesqueros como para reparaciones. La renovación de la flota de armadores gallegos como Calvo o Nueva Pescanova o incluso de Argentina, contribuye en gran medida a la estabilidad de estas factorías.

Desde Armón Vigo, con una cartera de pedidos de 12 barcos que garantiza la actividad durante dos años como mínimo, explican que su situación es muy buena. “Nosotros no sufrimos porque estamos en muchos mercados: remolcadores, pesqueros, oceanográficos embarcaciones rápidas, ferries, catamaranes, entonces aunque se caiga un mercado no nos afecta”, asegura un portavoz del astillero. “La realidad es que ahora mismo los astilleros en España tienen una cartera de pedidos bastante viva. E un buen momento para la industria naval española. Decir lo contrario sería falsa modestia o mentir”, indican desde Armón.

En concreto, Armón tiene en cartera un oceanográfico de 70 metros para Suecia, que se entregará en primavera y otro más pequeño (36 metros) para Argentina, que se entregará el próximo año. También están trabajado en dos arrastreros para la pesquera argentina Moscuzza, uno para entregar este año y el otro en 2020. Para Nueva Pescanova acaban de botar un arrastrero de 50 metros, de los siete ya firmados con esta empresa (tres de 50 metros y cuatro de 32). Armón en Vigo también ha firmado el contrato y realizada la puesta en quilla de un buque congelador para el arrastre de vieiras para Canadá, de 50 metros “de alta tecnología”, según explican desde el astillero.

Freire, por su parte, viene de firmar en últimos días un atuneiro congelador de 77 metros de eslora para Calvo. A finales del año pasado comenzó una patrullera de 42 metros para Kuwait. Ha entregado recientemente a una armadora de Groenlandia un arrastrero de 80 metros para pescar camarón en aguas árticas y en los próximos días también tiene previsto comenzar a cortar chapa para un buque oceanográfico para Kuwait. Freire ha firmado también otro buque de estas características para Bélgica, por lo que puede garantizar trabajo durante este y el próximo año.

En Cardama también están notando que el mercado emerge, aunque con dificultades. “Hay muchas oportunidades de mercado, pero es difícil llegar al punto de la contratación final, por los problemas de financiación que encuentran los armadores”, explican desde el astillero vigués. Cardama tiene la base de su actividad en las labores de reparación, con dos barcos en grada en estos momentos, pero también compite en el segmento de la construcción de barcos. Precisamente la complejidad financiera de estas operaciones tiene en un momento de “stand by” al buque remolcador mutipropósito que ya está muy avanzado para el Gobierno de Senegal, a la espera de que se reactive en las próximas semanas. Además, también ha firmado un ferri para Angola.

En términos generales la ciudadanía de Galicia y de España suele decir que está contenta con la atención sanitaria o por lo menos que “tenemos suerte” por el hecho de contar con un sistema público de salud. Esto es cierto, pero en unos sitios funciona mejor que en otros.

La dimisión histórica de los jefes de servicio de Atención Primaria de Vigo, ratificada esta semana en asamblea, y las condiciones de trabajo “indignas” que los médicos eventuales revelan, da muestra de que en Galicia, y muy especialmente en el área de Vigo, las cosas no funcionan bien.

Estamos hablando de personal altamente cualificado que en el mejor de los casos saca la carrera en seis años, hace el MIR y luego la especialidad. En total son 11 años de formación y práctica obligatoria antes de incorporarse al ansiado mercado laboral. Laura Prado, miembro del colectivo de médicos eventuales en situación de precariedad laboral Precarias pola atención primaria, explica que en 20 meses firmó 50 contratos, y en el pasado mes de agosto iba a contrato por día, moviéndose por toda el área sur de Pontevedra. “Tienes que tener datos en el móvil, siempre viendo el GPS para encontrar el Centro de Salud”. Su situación no es excepcional y dice que puede sentirse incluso afortunada puesto que el promedio está en 39 contratos por año.

El colectivo lamenta que como solución a esta precaria situación desde el Sergas se proponga el “contrato de continuidad”, ya oficial desde el 31 de enero, y que afectará tanto a médicos de familia como a pediatras de atención primaria. Este contrato, que de momento convive con el anterior, incluye por ejemplo que el 40% del horario del mes está sin fijar. El Sergas puede avisar en cualquier hora del día, de la noche o festivo para la incorporación inmediata a consultas o guardias en un punto geográfico no determinado. No define número de guardias, ni hace distinción entre guardias de noche o de día. “Puedes encadenar 31 horas sucesivas de trabajo y pasar consulta de 7 horas a los pacientes después de estar toda la noche trabajando en urgencias”, alerta Laura Prado. Además, este contrato no afecta sólo a los médicos temporales, ya que abre la puerta a la creación de la plaza estructural de médico de área, lo que supondría la eliminación del médico de familia tal y como lo entendemos. “Esto significa aceptar que nuestros mayores sean atendidos cada día por un doctor, desaparece la longitunalidad en la atención, lo que puede derivar en el aumento de la morbimortalidad” (muerte por enfermedades), explica la doctora Prado.

Los representantes de este colectivo aseguran que no faltan médicos -en la última OPE se presentaron más de 1.000- lo que sucede es un éxodo de profesionales hacia fuera de Galicia, como muestra el hecho de que sólo el pasado año 129 facultativos de Galicia solicitaron el certificado de idoneidad para trabajar en el extranjero, 44 de la provincia de Pontevedra.

Soluciones

La solución a esta precariedad del sistema de salud pasaría por la creación de contratos de estabilidad a través de la oferta pública de empleo. El colectivo pide negociar con la Xunta un nuevo contrato, pero si no se crean nuevas plazas no se solucionará el problema, porque “es imposible organizar la miseria”, asegura la doctora Prado.

De este modo, la Xunta debería convocar oposiciones que cubran las plazas vacantes de las jubilaciones y creen nuevas plazas para hacer frente a la masificación de los cupos, la mayor complejidad de las pruebas diagnósticas, la mayor demanda y al envejecimiento de la población.

Con esta situación, las 250 plazas anunciadas por el Sergas para médicos de familia no llegan para cubrir las vacantes a día de hoy ni las jubilaciones en masa previstas de los próximos 5 años. Para la plataforma de Precarias por la atención primaria es necesario que el Sergas haga una auditoría para estudiar esta situación, ya que el número de plazas necesarias supondría otras 500, como mínimo.

“Por causas ajenas a los trabajadores de este centro hoy falta un médico y no será sustituido. Lamentamos y pedimos disculpas por los inconvenientes y esperas que este hecho les pueda ocasionar”. Un folio pegado en la pared con este mensaje trataba de disculpar una situación caótica en la sanidad gallega que tiene su mayor exponente en el área de Vigo.

El sábado se registró el cuarto colapso en lo que va de año del Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, situado en el antiguo Hospital Xeral, motivado por el desplazamiento de un facultativo para cubrir una baja en otro centro del área sanitaria. Andrés Carballo, uno de los médicos de familia que el pasado fin de semana hizo guardia en el PAC, explica que en los días laborables siempre están cuatro médicos, pero luego hay un refuerzo para el viernes, sábado y domingo. “Lo que está ocurriendo es que cuando hay un descubierto en algún otro PAC del área la solución es desplazar a uno de los médicos que estamos en Vigo. ”Tú vas trabajar a tu puesto de trabajo y no sabes dónde vas a terminar. Es una situación bastante estresante, con lo que eso supone para la atención a los pacientes“, indica. ”El sábado quedamos cuatro profesionales trabajando, cuando teníamos que ser cinco y llegó a haber cuatro horas de demora en la sala de espera“, lamenta Andrés Carballo.

El turno del sábado comienza a las 15.00 h y es en el momento en que llegan los médicos para trabajar cuando la dirección les comunica que el único médico del PAC de Moaña tiene una indisposición por lo que hay un descubierto total y tiene que desplazar a uno de Vigo. El problema es que el 061 también desplaza a los facultativos para atención a domicilios, cuando las ambulancias medicalizadas están ocupadas, de forma que durante varias horas estuvieron sólo dos médicos con una demanda asistencial muy alta. “Es una sobrecarga del profesional, sobre el que recae la responsabilidad de aumentar el ritmo de trabajo para no tener tanta demora de tiempo. Estamos sobrecargados. Antes era algo puntual y cada vez es más frecuente”, indica Carballo, quien explica que tiene guardia el próximo domingo y ya está pensando qué pasará, “dónde me pueden mandar”.

Déficit de médicos

La situación actual se fue forjando poco a poco en los últimos años hasta llegar a un preocupante déficit de médicos. “En el área de Vigo y en la comunidad falta personal. El Sergas se escuda en que no hay gente en las listas, pero no hay gente porque en los últimos años la Xunta se dedicó a echarla fuera con unas condiciones de trabajo para los eventuales totalmente inaceptables, y la gente que iba terminando la residencia e incorporándose al mercado laboral como médico de familia que podía estar en unas listas de contratación se marchó a otros sitios”, explica Elisa Ausín, médica titular del PAC de Vigo. Muchos profesionales cualificados se fueron entonces a otras áreas de Galicia, al resto de España o simplemente trabajan ahora en la privada.

Pero la solución no puede ser el nuevo contrato que aprobó el Sergas. “Galicia copió el modelo de médico de área del País Vasco, pero en precario, con sueldos más pequeños. Puso encima de la mesa el contrato de los 61.500 euros brutos al año, a cambio de trabajar 190 horas al mes sin conocer el 40% de la jornada, lo que en la práctica quiere decir que hay que estar localizado 365 días al año 24 horas al día”, indica Ausín.

Con la aplicación de este nuevo contrato lo que pasó este sábado en Vigo quedaría cubierto porque habría un montón de trabajadores precarios esperando a que el teléfono sonara pero con este contrato “vas a firmar que no vas a estar más de 15 días en el mismo sitio, por lo que uno de los pilares básicos de la medicina de familia, que es la continuidad en el trato del paciente, no va a ser posible, porque cada 15 días habría un médico distinto”, lamenta la doctora.

En torno a 10 millones de euros calcula la Xunta de Galicia el sobrecoste a día de hoy de las obras para hacer realidad la Ciudad de la Justicia de Vigo. Según explicó el pasado lunes el vicepresidente, Alfonso Rueda, el presupuesto que se destinará finalmente a las obras ascenderá a algo más de 40 millones de euros, esto es, un 33,3% más que la cuantía prevista inicialmente.

El Gobierno de la Xunta quiso aprovechar el último día en el que se permitían actos de este tipo para subir a la torre del Hospital Xeral y hablar del proyecto -aunque no tuviese un titular muy positivo- ya que a partir del martes, 6 de marzo, la ley electoral impedía cualquier acto propagandístico. En esta visita participó el número dos del Gobierno Gallego, el arquitecto autor del proyecto, Alfonso Penela, el delegado de la Xunta en Vigo y la portavoz popular en el ayuntamiento, Elena Muñoz. Según lamentó el diputado socialista Abel Losada, ni el alcalde ni ningún diputado de la ciudad fueron invitados.

El proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital Xeral de Vigo para convertirlo en sede judicial fue licitado en noviembre de 2017 por un importe total (IVA incluido) de 28,5 millones de euros y fue adjudicado poco después a la constructora San José, que rebajó a 27,2 millones el presupuesto necesario para las obras. A estas cantidades hay que sumar los importes de las primera fase, alrededor de tres millones de euros licitados para los primeros derribos.

Ahora el representante del Gobierno gallego acaba de asumir una importante subida de más del 30% hasta “algo más de 40 millones de euros”, debido a una modificación del proyecto que es preciso acometer para garantizar la seguridad “tras constatar la existencia de notables deficiencias en las construcciones auxiliares que obligarán a demolerlas y construirlas de nuevo”.

Pese a lo abultado de las cifras, Rueda restó importancia al sobrecoste, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo Consultivo y prevé conseguir la aprobación del Ejecutivo gallego en la próxima reunión del Consello da Xunta este jueves, 7 de marzo.

Estos incidentes también supondrán un retraso de seis meses en el plazo de finalización, previsto ahora para el verano de 2020. La conversión del antiguo Hospital Xeral de Vigo en Ciudad de la Justicia agrupará en un único espacio las 35 unidades judiciales de la ciudad, con 36.000 metros cuadrados de instalaciones renovadas.