“Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón”. La frase de Gabriel García Márquez encuadra a la perfección el espíritu que impregna el anhelo del Gobierno por recuperar la memoria histórica y democrática de España, un esfuerzo por mirar adelante en un escenario convulso en el que no debemos obviar que el complejo siglo XX sembró las trazas de un presente que es como un puzle cuyas piezas aún no terminan de encajar.

Tiene razón Juan Gelman cuando nos advierte de que “cuando las heridas no se cierran, gangrenan a la sociedad”. Una herida cerrada en falso acaba infectada. También las del alma. La Guerra Civil dejó en la memoria colectiva y en las memorias individuales de las españolas y los españoles una huella indeleble, una herida que no ha terminado de cicatrizar. Perdura el recuerdo del horror provocado por aquella contienda fratricida y la larga noche del franquismo a la que dio paso, en la que sufrieron la eliminación física o social quienes defendieron los mismos valores que hoy atesoramos como básicos para nuestra convivencia: libertad, democracia, igualdad, paz.

La dictadura franquista buscó extirpar hasta el último gen democrático de la sociedad española. Para ello, recurrió al exterminio físico e ideológico del disidente, la humillación del derrotado, la abolición de su identidad y la eliminación del recuerdo de los perdedores. Mientras, construyó e impuso un imaginario de los vencedores cruel e injusto.

No es cierto que el tiempo todo lo cure. Hay desgarros cuyo alivio requiere un previo proceso de saneado que la sociedad española no ha abordado en profundidad. El olvido es una mala receta para las víctimas de la violencia; la apelación a no reabrir heridas no sirve como tratamiento. Ningún terapeuta recomienda a las víctimas guardar silencio y arrinconar sus recuerdos.

Cuando la Constitución cumple sus primeros cuarenta años, una mayoría política y social respalda la voluntad del Ejecutivo para reconocer lo sucedido y restaurar las injusticias cometidas en nombre de la patria. Es algo que les debemos a nuestros antepasados, sí, pero también a nuestra conciencia democrática: el fin último de la reconstrucción de la memoria histórica, de reconocer esa parte de nuestra historia negada o silenciada y significar a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo es recuperar, aunque sea de manera simbólica, su dignidad.

Hoy, la sociedad española tiene madurez suficiente para asumir que cientos de miles de compatriotas fueron maltratados, humillados y, en muchos casos, asesinados por defender los mismos principios que hoy rigen un Estado de Derecho del que legítimamente puede sentirse muy orgullosa. Recuperar y transmitir su memoria es la mejor manera de evitar que su calvario vuelva a repetirse. Y permite una mayor cohesión social sin discursos hegemónicos ni silencios forzados, sino con un relato conjunto, una memoria colectiva que sustituye a la oficial e incorpora el testimonio de aquellos a quienes se impidió participar en la construcción de ese discurso.

Todas las víctimas son iguales, sí, pero no todas han sido recordadas, no todas obtuvieron reparación ni reconocimiento, así que resulta vejatorio recetar olvido. Las heridas de los vencedores tuvieron un largo y delicado tratamiento y ya deberían haber cicatrizado. Los vencidos vivieron con ellas y todavía sangran porque la transición las cosió con prisas e hilo grueso ya que eligió la paz por encima de la justicia.

No pretende este Gobierno cuestionar ahora aquel esfuerzo colectivo que con la Constitución nos devolvió las libertades. Gracias a aquella paz alimentada con concordia y claudicaciones hoy podemos exigir justicia y reconocer que faltó una mirada autocrítica al pasado. Las víctimas de la represión genocida franquista no son distintas a las de ETA o el 11-M, todas demandan legítimamente ser reconocidas como tales y que se les trate con justicia. Mantener su memoria no es solo su derecho y un merecido tributo, es la mejor arma del Estado democrático frente a la violencia irracional e incomprensible. Una democracia tiene que mirar hacia delante, pero consciente de su pasado.

La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas sin importar las opciones personales, ideológicas o de conciencia de cada uno. Por eso, es necesario impulsar políticas públicas que incluyan una condena explícita del régimen franquista y la rehabilitación plena de todas las personas, organizaciones e instituciones represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. Es tanto el homenaje a su lucha por las libertades como el método para difundir entre las generaciones presentes y futuras el respeto por los derechos humanos y por el sistema de libertades del que disfruta la sociedad española.

Por si aún queda alguien al que no convenzan estos argumentos, siempre es posible recurrir a las instituciones internacionales. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció el 17 de marzo de 2006 las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada expresó su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo. El 3 de febrero de 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas afeó a España su nula voluntad de investigar los crímenes de la dictadura. En agosto de 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reiteró su preocupación por las “lagunas y deficiencias” de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

La democracia española tiene una deuda con estas víctimas y no debe permanecer en el disparadero internacional por ello. Corregirlo es compromiso público de este Gobierno, que en el proyecto de presupuestos para 2019 reservó 15 millones de euros al impulso de las políticas de recuperación de la memoria histórica. Se trata de un objetivo al que los gobiernos del Partido Popular dedicaron la significativa cantidad de cero euros. Ese mismo partido, al que ahora se suma Ciudadanos, rechazó las cuentas públicas el pasado 13 de febrero. Las derechas, de nuevo, aparecieron como responsables de perpetuar esta injusticia que dura ya 80 años. Solo un nuevo Gobierno de izquierdas hará lo que esté en su mano para solventarla.

Esos quince millones de euros habrían servido para sufragar un plan anual de exhumación de fosas comunes. El Ministerio de Justicia tiene censadas más de 2.400, pero es un censo incompleto que debe ser actualizado. Tampoco hay datos oficiales sobre el número de cuerpos en ellas enterrados. Organismos internacionales calculan en más de 114.000 los seres humanos a los que se les privó de la vida y del derecho a una digna sepultura. Su localización e identificación no es una opción partidista o partidaria, es una obligación del Estado en la que el Gobierno quiere implicar también a las administraciones autonómicas y locales.

Si los españoles vuelven a dar a los socialistas su confianza, ese eje básico de actuación acompañará otras iniciativas ya puestas en marcha, como la reapertura de la Oficina de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la creación de un banco nacional de muestras de ADN, la elaboración de un Censo Nacional de Víctimas o el impulso de las certificaciones y reparaciones integrales a los represaliados por la dictadura.

Otro eje estratégico de la Dirección General para la Memoria Histórica es el homenaje al medio millón de personas que abandonaron España huyendo de la barbarie de la Guardia Civil y a los 300.000 que encararon un exilio de larga duración para escapar de la represión franquista. El Ministerio de Justicia preside y coordina la comisión interministerial creada por el Gobierno para conmemorar el 80 aniversario del éxodo republicano español. Fue en este marco en el que, el pasado 24 de febrero, Pedro Sánchez se convirtió en el primer presidente del Gobierno de la democracia en el ejercicio de su cargo en homenajear al presidente de la II República Manuel Azaña frente a su sepultura en Montauban (Francia).

Con una programación que incluye más de cien actos a celebrar en doce países de tres continentes, el Gobierno quiere dar un homenaje público a los integrantes del exilio español y sus descendientes; recuperar su memoria y su aportación tanto a la restauración de la democracia española como al progreso de los países de acogida, y rendir tributo a las sociedades y a las instituciones de los países que acogieron a los exiliados republicanos españoles. Somos conscientes de que para la inmensa mayoría de ellos este reconocimiento llega tarde, pero es una oportunidad que no debemos desaprovechar.

Escribió el historiador francés Stéphane Michonneau que “España está enferma de su propio pasado”. Es hora de que la democracia española lo sanee y recupere para siempre a todos los que vieron vulnerados sus derechos fundamentales en aquel doloroso período de nuestra historia: a quienes perdieron la vida y a sus familias, a quienes perdieron su libertad o sus bienes, a quienes perdieron la patria empujados al exilio.

Así saldaremos deudas morales pendientes. La recuperación de la memoria histórica cierra heridas y normaliza la convivencia, porque la auténtica reconciliación se construye con los ladrillos de la verdad. Así construiremos un presente mejor que nos permitirá diseñar un mejor futuro. Este Gobierno apuesta por valores solidarios y de justicia como mejor antídoto contra los populismos pasados, presentes y futuros. En definitiva, este gobierno apuesta por la democracia.

Hoy, en este preciso momento, nos sentimos profundamente preocupados por el terrorismo yihadista. De hecho, raro es el día en el que no tenemos noticia de un nuevo ataque de esta naturaleza en diferentes lugares del mundo. Mientras escribía estas líneas, acababa de acontecer el  último atentado en Jalalabad (Afganistán): Dos terroristas suicidas atacaron un edificio oficial con un coche-bomba y otros seis atacantes dispararon asesinando a 10 personas y dejando un saldo de 42 heridos. Un día antes, trece personas murieron en Surabaya (Indonesia) en tres ataques suicidas contra templos cristianos. Los causantes habrían sido una familia indonesia retornada de Siria, que contaba entre sus miembros con dos niñas de 12 y 9 años y dos chicos de 16 y 18. Ese mismo día, en París, un joven francés de origen checheno y al grito de “Ala es grande”, se lanzó armado con un cuchillo contra todo aquel que se cruzaba en su camino. Asesinó a una persona e hirió a otras cuatro.

Tales hechos ya han sucedido y por tanto nada podemos hacer para remediarlos, más allá de brindar nuestro apoyo solidario a quienes han sufrido esa pérdida. Pero precisamente para honrar a estas y a las miles de víctimas ya producidas y prevenir que el goteo de muertes siga destruyendo familias y pueblos, debemos actuar adelantándonos a los acontecimientos. Investigar lo ocurrido, cuando de delitos de terrorismo se trata, no es solo una obligación legal de la justicia para determinar la trascendencia jurídico penal de los mismos y la participación en ello con el fin de sancionarlos judicialmente. Es también ineludible enfocar lo acontecido con una perspectiva de futuro, abriendo el prisma y aprendiendo de lo ocurrido para, con ello, poder descifrar las situaciones similares que se estén urdiendo, prevenirlas y evitarlas.

Quienes desarrollamos nuestro trabajo en el campo de la justicia y en el de la seguridad, y muy especialmente en el de la investigación del fenómeno terrorista yihadista, tenemos la responsabilidad de realizar ese ejercicio proactivo que quizás no se exija en otros campos, pero que en este resulta vital e ineludible. La pasividad aquí no es una opción, porque si no se interviene, otros, los terroristas, lo harán con consecuencias desastrosas para el propio sistema democrático y para toda la sociedad. Nuestra obligación pasa por tener la máxima y mejor preparación, una continua capacitación, preguntar hasta ser impertinentes y molestos, exponer las inquietudes y las críticas a todos los niveles, exigir verdadera especialización, medios suficientes y dedicación intensiva con el fin de obtener resultados que nos permitan proteger mejor y más eficientemente a la ciudadanía.

En definitiva, se trata de entender el fenómeno y a sus actores. Nosotros debemos de saber más de aquellos que nos agreden tan insistente como letalmente. Los ciudadanos necesitan una paz garantizada por unas instituciones preparadas y sensibles a estos problemas pues de otro modo no tendrán forma de afrontar tales situaciones con la necesaria fortaleza. Esa posible vulnerabilidad es la que nos conmina a no aplazar más las medidas y las iniciativas que entiendo imprescindibles para recuperar el tiempo y el espacio perdidos o, al menos, dejados de ganar. 

Para ser eficaces en este reto inmenso de adentrarnos en las mentes de los terroristas hasta que sientan nuestro aliento en su nuca, es incuestionable que precisamos de una estrategia integral que no existe, al menos en el ámbito judicial. En esta estrategia, la coordinación y cooperación de los diferentes actores basadas en los principios de la solidaridad y la confianza, resultan fundamentales y es preciso que se diseñe milimétricamente desde la investigación y  el análisis, para confrontar la táctica que sin duda tienen las estructuras terroristas. Debe hacerse además desde todos y cada uno de los espacios a los que la confrontación se extiende. Solo así la maquinaria funcionará como un perfecto engranaje en el que cada pieza avance a partir del movimiento de las demás y el resultado sea el esperado: dotar de unos estándares de seguridad superiores, sin renunciar ni un ápice a las conquistas de derechos obtenidas por el esfuerzo de las instituciones y de la sociedad en general en el combate frente al terrorismo. Es imprescindible pues, que sepamos comunicar lo que se necesita y aquello que nuestro trabajo requiere para ser eficaz.

Son muchos los organismos nacionales e internacionales que se ocupan del fenómeno terrorista en sus múltiples aspectos. En ese marco, en la reciente visita a España de la Comisión antiterrorista del Parlamento Europeo creada a finales de 2017 con el objetivo de analizar los avances en tal materia en la Unión Europea y mejorar la coordinación entre autoridades y países miembros, pude exponer nuestro sistema de trabajo, nuestros éxitos y nuestras carencias, desarrollando el concepto de inteligencia judicial que nos permite interrelacionar hechos y personas, establecer perfiles y patrones de conducta, determinar circunstancias que influyen en la actividad terrorista.

La necesidad y oportunidad de mantener este tipo de contactos transversales en los que se ponen en común no solo los conocimientos de los expertos sino también la experiencia de quienes tienen la obligación de elaborar las normas, es sumamente conveniente y oportuna, pero debe extenderse más. En estructuras como las del pacto antiterrorista no solo debería haber voces de partidos políticos sino también de fiscales, jueces, cuerpos y fuerzas de seguridad y de expertos además de la voz de las  propias víctimas y de los organismos de Derechos Humanos. Ello ofrecería un crisol de perspectivas diferentes a las estrictamente legalista que acercaría más los resultados de los debates a las necesidades reales de todos. Es decir,  esta acción integral debe aplicarse a todos los ámbitos ya que, además de ser un fenómeno que muta a cada instante, produce efectos lesivos para la colectividad. La capacidad de análisis y las respuestas deben ser certeras e inmediatas.

España, ha triunfado sobre todas y cada una de las organizaciones terroristas que han existido en su territorio (Exercito Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, GRAPO, Terra Lliure, ETA...) y ha mantenido una acción proactiva contra el yihadismo, siendo uno de los países más idóneos para liderar iniciativas como la de crear y desarrollar un Observatorio sobre Terrorismo, que se nutra no solo de información y su distribución, si no que sea realmente un organismo operativo, punto de referencia obligado y que incluya en su actuar el estudio y comprensión desde la raíz hasta la última rama del árbol de las diferentes actividades terroristas tales como la integración, el adoctrinamiento, la captación y la financiación.

Sin olvidar aspectos fundamentales que hasta ahora no se han tenido en cuenta y que son tan importantes como las acciones operativas a medio y largo plazo, como la educación, la desradicalización, el acotamiento del fenómeno terrorista, la preparación, la especialización con una visión proactiva del problema y su erradicación.

 La puesta en funcionamiento de esta iniciativa comportaría necesariamente incluir los mecanismos suficientes para garantizar la reserva completa de los datos y de las investigaciones judiciales, así como los precisos para la protección y seguridad de una ciudadanía que necesita confiar en la actuación solvente de sus instituciones.

Es cierto que, militar y territorialmente se ha triunfado, o se está a punto de hacerlo, sobre la organización terrorista del Estado Islámico, pero no lo es menos que antes o después o en cualquier momento puede resurgir con la misma o diferente forma en otro punto del globo con acciones sistemáticas o puntuales según convenga a sus propios intereses y con igual fuerza letal. Precisamente por ello y para no perder lo que ya hemos conseguido con el dolor producido por las experiencias terroristas previas y que han supuesto cientos de víctimas, debemos avanzar en la línea sugerida con máxima responsabilidad y como si la acción temida fuera inminente. La protección democrática de los ciudadanos nunca puede estar estancada porque las organizaciones terroristas no descansan. Ahora más que nunca se impone la acción inteligente y coordinada.

Desde luego es preciso reformar leyes que han quedado obsoletas, como la de protección de testigos que en su origen se pensó para abordar el narcotráfico de principios de los noventa pero que hoy se muestran insuficientes ante la envergadura del desafío al que constantemente nos somete el terrorismo yihadista.

Hay que poner en común todo lo que hemos aprendido. No puede perderse en las umbrías de los archivos o en los agujeros negros de la época digital.

No se trata de tener todos los datos sino de tratarlos inteligente y humanísticamente y diseñar campos de acción y educación amplios… Campos de comprensión global del fenómeno que converjan en un espacio de verdadera seguridad democrática; de justicia completa y no exclusivamente penal con la recuperación de instrumentos como la jurisdicción universal que tan útiles y necesarios se mostraron antaño.

En definitiva, conseguir a través de la implementación y desarrollo de esta estrategia integral frente al yihadismo, cambiar las mentes y actitudes frente a uno de los  fenómenos que más nos preocupa y nos inquieta hoy.

La doctrina que la justicia española impartió y extendió durante 15 años en todo el mundo y que ha sido seguida por otros sistemas legales y judiciales ha quedado pulverizada

Los espacios de impunidad en España se han ampliado sin saber bien a cambio de qué

“La soberanía nacional reside en el pueblo español”, lo dice nuestra Constitución, también señala que de éste, del pueblo, emanan todos los poderes del Estado. Resulta que la jurisdicción, entendida como facultad o potestad de juzgar, es una de las expresiones de la soberanía nacional. Por eso cuando esta se limita lo tiene que ser por razones de imperiosa necesidad y además precisa de un amplio consenso entre los representantes del pueblo, y requiere de una transparente explicación.

En 1985 se aprobó una ley por la que se ampliaba el ámbito de la jurisdicción española a base del principio de persecución universal para determinados delitos de extraordinaria gravedad (crímenes de genocidio, guerra, contra la humanidad y delitos referidos al núcleo duro de la delincuencia organizada transnacional como el terrorismo y el narcotráfico) porque, tal como dice la jurisprudencia española, era necesario su reconocimiento “para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales”.

Fue, precisamente, esa ley, la que permitió que se iniciaran en nuestro país los procedimientos penales para investigar crímenes de genocidio, torturas, lesa humanidad y de guerra en defensa de miles de víctimas y contra quienes desde el poder habían violentado la confianza de sus ciudadanos y habían quebrantando el mandato constitucional de protegerlos en sus países de origen. Crímenes masivos perpetrados por los represores argentinos y chilenos durante la dictadura de las Juntas Militares y Pinochet, respectivamente; crímenes impunes por las leyes de perdón y obediencia debida que habían dejado miles de hombres y mujeres desaparecidos, muertos, torturados sin medida, niños robados y decenas de miles de exiliados con la aquiescencia de países como Estados Unidos de Norteamérica, bajo el mantos de la doctrina de la llamada “Seguridad Nacional” propagada por la Escuela de las Américas.

Fueron las decisiones de jueces comprometidos y valientes los que en 1998 decidieron que la jurisdicción española, no podía permanecer silente ante tanto atropello e indiferencia; fueron momentos en los que el Tribunal Constitucional dio la talla al acoger el principio de jurisdicción universal puro, como mecanismo imprescindible para luchar contra la impunidad y ofrecer una protección integral a las víctimas.

Los llamados “Juicios de Madrid”, impactaron al mundo del derecho y de los derechos humanos. Por fin, la Justicia, escribía su historia con letras mayúsculas, por encima de intereses políticos, diplomáticos y económicos. El Poder Judicial, se elevo al nivel constitucional que tiene encomendado, enfrentándose al poder arbitrario y criminal de quienes masacraron a miles de víctimas. Estas, encontraron e la justicia la reparación tantas veces negada por las instituciones. Parecía que la civilización se imponía frente a la barbarie. Esta situación se extendió y prendió en muchos países y sobre todo, transmitió un contundente mensaje frente a quienes no ponían más límite que el de su voluntad en el ejercicio de la violencia y el poder.

También y al amparo de esa jurisdicción universal España persiguió a miles de narcotraficantes y terroristas, contribuyendo a una efectiva cooperación judicial para evitar los espacios de impunidad que con tanta facilidad se dibujaban y aun se confeccionen para proteger a quienes perpetraban, financiaban o se aprovechaban de este tipo de crímenes masivos.

Pero el camino iniciado en la segunda mitad de los noventa, se anduvo con dificultad, pero superando los obstáculos y las trampas de quienes no querían ni deseaban su consolidación. Para ellos, este principio y la interpretación progresiva que se le daba, era un auténtico “riesgo”, como lo eran quienes lo aplicaban. El “riesgo” de inestabilidad política era proclamado con argumentos tan pueriles como falsos. Bajo la excusa de la territorialidad y la soberanía nacional, se escondían puros intereses económicos y políticos. Nuevamente, se trataba de proteger a los más poderosos abandonando a las víctimas a su suerte. Afortunadamente, el esfuerzo realizado había prendido en varios países, de ahí que el primer golpe de mano dado arteramente a la Jurisdicción Universal en España, no produjera los resultados que esperaban quienes lo propiciaran.

En el año 2009 y fruto del acuerdo de los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, por razones no explicadas pero por todos conocidas y relacionadas con algunos casos especialmente llamativos de crímenes presuntamente cometidos por militares israelíes en Gaza y las torturas imputables a altas autoridades estadounidenses el centro de detención de Guantánamo, se cercenó el ejercicio de esa jurisdicción al exigir una conexión nacional o vínculo de España con el hecho perseguido. No obstante, al existir una posibilidad de interpretación proactiva y en beneficio de la investigación, muchas víctimas siguieron mirando a España con esperanza y muchos de los mandatarios sospechosos de actos criminales lo hacían con temor.

El abandono del liderazgo español en la aplicación de la Jurisdicción Universal, se consumó abruptamente, después de que las autoridades chinas pusieran en cuestión a los jueces españoles por emitir órdenes de detención internacionales contra altas autoridades chinas, supuestamente relacionadas con el genocidio tibetano, investigado por la Audiencia nacional. El 13 de marzo de 2014 a propuesta del Partido Popular y siguiendo un procedimiento “expres” de tramitación, que evitaba informes que en otro caso se hubieran precisado, el partido en el gobierno, impuso su mayoría absoluta, como lo hiciera en 2003 para entrar en la ilegal guerra de Irak y consumó legalmente el “crimen” contra toda la ciudadanía española y contra todas las víctimas de los peores crímenes diseñados por la mente humana, que, a partir del día siguiente gozarán con altas probabilidades de impunidad. La doctrina que la justicia española impartió y extendió durante 15 años en todo el mundo y que ha sido seguida por otros sistemas legales y judiciales, quedó pulverizada, consumando con ello la inverosímil decisión del Tribunal Supremo que dos años antes, había sepultado definitivamente toda posibilidad judicial de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas.

La orden de archivo de todos los procedimientos de justicia universal, recogida en su disposición adicional, invadía claramente competencias exclusivas de los jueces. No obstante, algunos de ellos, se rebelaron y apelaron a la interpretación propositiva de los convenios internacionales vinculantes para España y a la doctrina constitucional vigente desde 2005 y mantuvieron abiertos los procedimientos, consiguiendo que la debacle no fuera absoluta. No obstante, de nuevo el Tribunal Supremo, poco proclive, desde siempre, al ejercicio real de la jurisdicción universal, la restringió en lo referido  a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra y amparando al legislador, dio una interpretación favorable a la jurisdicción española en los casos de narcotráfico, después de que varios jueces de la Audiencia Nacional pusieran en libertad a múltiples imputados que claramente resultaban impunes con la nueva ley. De nuevo la discriminación en detrimento de los más débiles y en beneficio de unas instituciones (legislativas y ejecutiva) que no estuvieron a la altura para proteger a las víctimas, se unió a la torpeza de quienes por razones poco éticas, emplearon un mecanismos que generó más dificultades que beneficios. Inercia a la que no escaparía el terrorismo y el combate de las organizaciones internacionales que lo practican.

La nueva ley, se desentiende de miles de víctimas que buscaban justicia y ha cedido espacios a la impunidad. El Tribunal Supremo, ha puesto “de manifiesto lo confuso de tal regulación, lo que ha originado que las líneas interpretativas en esta materia, tan sensible en el ámbito internacional, no se hayan producido con la deseable claridad” (STS 23-7-2014). Y, en este contexto, qué ha pasado con los casos abiertos por crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional? Cuál es el balance tras un año de desesperanza?

En el caso del genocidio de Ruanda que se había iniciado para investigar el asesinato de nueve ciudadanos españoles que se encontraban desplegando su actividad como misioneros y cooperantes, el objeto de la investigación hacía también referencia al “exterminio de forma sistemática y jerarquizada de cerca de 4.000.000 seres humanos, tanto personas refugiadas ”hutus“ ruandeses como población civil congolesa en su mayoría ”hutus“. En aplicación de la nueva normativa y tras avatares jurídicos se acordó el archivo definitivo respecto de todos los procesados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

En el caso de El Salvador el procedimiento que se había iniciado para investigar el asesinato de los sacerdotes jesuitas de origen español y salvadoreños a manos de miembros del ejercito salvadoreño con la motivación política de que se trataba de defensores de los derechos humanos, el procedimiento se encuentra paralizado para saber si se cumple o no con esa nueva norma.

En el caso de Guatemala, hubo más de 250.000 víctimas y muchas de ellas, antes de morir, fueron objeto de graves torturas. De ellas, más de 45.000 siguen desaparecidas. Cerca de un millón y medio de desplazados internos y unos 150.000 que buscaron refugio en México, también fueron torturados. Unas 430 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres. El 93% fue perpetrado por agentes del Estado guatemalteco. El 83% de las víctimas eran mayas, el 17% ladinos. En su conjunto, pese al tiempo transcurrido, tales hechos no han sido investigados por las autoridades guatemaltecas, hallándose paralizado el juicio contra el general Ríos Mont, que ejerce una evidente coacción a la justicia. El procedimiento en España se encuentra parado a la espera de conocer aspectos procesales que quizá nunca lleguen.

En el caso de Carmelo Soria los hechos que se investigaban se referían al asesinato en 1976 de Carmelo Soria de nacionalidad española, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina), a manos de miembros de la D.I.N.A. de Chile, algunos de ellos integrantes de la “Brigada Mulchen”. Los hechos fueron considerados como un delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal. Actualmente, el procedimiento se halla archivado y pendiente de que surja alguna cuestión procesal que pueda otorgar la competencia, para poder concluir la investigación que estaba en su fase final.

En el caso del Sahara la querella se presentó denunciando la represión ejercitada desde el año 1975 hasta el año 1990 por el Ejército y Policía Marroquíes contra el pueblo Saharaui en el territorio del Sahara Occidental. Desde la ocupación por Marruecos del Sahara Occidental, hasta 1991 (fecha del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario) se produjeron, de una manera generalizada por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil,  asesinatos, detenciones y desapariciones de personas de origen saharaui y en base precisamente a dicho origen. Además de las detenciones, se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio y torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos. En este caso a partir de la consideración del Sahara como territorio español de iure, aunque no de facto, y que sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, se puede continuar la investigación.

En relación al caso de Guantánamo se ha preguntado a las autoridades estadounidenses si en aquel país se sigue algún procedimiento. El caso está paralizado, a pesar de que una de las víctimas de torturas sistemáticas, es española

En el caso Couso, se sigue el procedimiento contra tres militares norteamericanos supuestamente responsables de la muerte del cámara JOSE COUSO: Teniente Coronel PHILIP DE CAMP, Capitán PHILIP WOLFORD y Sargento THOMAS GIBSON al ordenar y disparar el cañón de 120 mm del vehículo tanque Abrams M1 contra la planta 15 del Hotel Palestina de Bagdad, ocupado por la prensa internacional que cubría la invasión de Irak por las fuerzas internacionales. A consecuencia del impacto el periodista español José Couso Permuy fue alcanzado por la metralla falleciendo varias horas después en el hospital  Ibn Nafis. También falleció el  reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk y resultaron heridos otros tres periodistas Samia Najl, Paul Pasquale y Faleh Kheiber. De momento se ha permitido la continuación del procedimiento hasta que la Audiencia Nacional decida si España es competente para investigar los hechos.

En el caso de Tibet los hechos se referían a los crímenes cometidos como consecuencia de la dominación de la República Popular de China en el Tibet, y su ocupación militar, entre el período comprendido entre 1950 y 1.979.  Como consecuencia de la ocupación y de la imposición de la ideología comunista (transformación comunista de una sociedad eminentemente entregada a la fe budista), se produjeron hechos constatados por la Comisión Internacional de Juristas tales como la pretensión de destruir el grupo budista existente en el Tibet a fin de eliminar la práctica de su religión, empleando métodos como dar muerte a sus dirigentes más representativos, en especial los lamas. La campaña comunista en el Tibet tuvo efectos devastadores según el Comité Preparatorio de la Región Autónoma de Tibet, que refleja la amenaza a la existencia del pueblo tibetano y al budismo, denunciando que miles de tibetanos murieron por la campaña ideológica de la supresión de la rebelión tibetana desde 1959. Desde la ocupación del país por la República Popular China y hasta el año 1979 se sucedieron los crímenes genocidas, asesinatos, muertes ocasionadas por la práctica sistemática de la tortura en prisión y centros de detención, purgas o sesiones públicas de degradación, crímenes desapariciones forzosas, ejecuciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad; continuándose produciendo estos hechos en los años sucesivos a 1979. A consecuencia de la nueva ley el procedimiento es archivado definitivamente. Los representantes de las víctimas han recurrido esa decisión.

En el caso de Mauthausen se investigaban los graves hechos criminales constitutivos de delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, cometidos en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg bajo el régimen nazi. En dichos campos prestaron servicios como guardias armados pertenecientes a las SS Totenkopf, dos de los individuos identificados serían residentes en Estados Unidos. Se acordó el sobreseimiento y archivo de la causa al faltar los presupuestos para el ejercicio de la jurisdicción por nuestros Tribunales previstos en la nueva regulación del art. 23.4 LOPJ.

El caso Falun Gong también ha corrido la misma suerte. Se trataba de investigar la actuación de los mandatarios chinos decididos a erradicar a los practicantes de Falun Gong. Se trata de una práctica centenaria basada en las libres creencias espirituales muy popularizada. Se creó por el Gobierno chino una oficina de control para erradicarlos con el pretexto de su orientación política subversiva y contraria a los principios del régimen comunista. Para ello no se duda en someter a  torturas a sus practicantes para acabar con ella. La consecuencia de ello son  doscientos muertos tras torturas, pérdida de empleo al que no renuncia, internamiento en campos de trabajos forzados; y se culmina con el asesinato de unas tres mil personas. Después de años aportando testimonios y pruebas sobre tales terribles y atroces hechos, el 15 de Julio del 2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el archivo del procedimiento por falta de jurisdicción sobrevenida tras la reforma operada por la ley orgánica 1/2014.

El caso de los vuelos de la CIA se investigaban las posibles detenciones ilegales cometidas en nuestro país en esos vuelos. Se trataría de las detenciones al margen de cualquier ordenamiento legal efectuadas por agentes estadounidenses de la CIA y los traslados a centros de detención y las escalas de los vuelos en territorio nacional. En fecha 3 de septiembre del 2014 se acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones y la causa se encuentra pendiente de recurso de casación.

Mientras tanto, la justicia federal argentina, nos ofrece una lección muy dura para España. Ante la renuncia a investigar los crímenes franquista y el desamparo de mas de 150 mil víctimas, se abrió en 2011 procedimiento en averiguación de los autores de esos crímenes y se han emitido diversas órdenes de detención que España ha rechazado. No obstante, y siguiendo las guías marcadas por los organismos de Naciones Unidas que señalan la impunidad española, el procedimiento continua y en algún momento podrá quizás acontecer lo que sucedió con los represores argentinos, en su momento

Los espacios de impunidad en España se han ampliado sin saber bien a cambio de qué; pero el combate contra los mismos, sigue, una vez más, de la mano de las victimas que siguen mostrándonos el camino con la dignidad que les falta a quienes deberían defenderlas.

eldiario.es, El Plural, InfoLibre, y Público.es publican conjuntamente este artículo y este vídeo con motivo del I aniversario de la reforma de la Jurisdicción Universal. eldiario.es, El Plural, InfoLibre, y Público.es publican conjuntamente este artículo y este vídeo con motivo del I aniversario de la reforma de la Jurisdicción Universal.El PluralInfoLibrePúblico.es