“¿Dónde vas? ¿Crees que eres un tipo duro?”. Cristian Herrera, cocinero greco-chileno, caminaba por la calle en Exarjia, Atenas, cuando se cruzó con un grupo de antidisturbios. Desde la llegada al poder del partido conservador Nueva Democracia, este barrio de tradición libertaria ha cambiado: la policía, antes situada en los márgenes, está permanentemente apostada en muchas de sus esquinas.

Él no contestó. Al cabo de unas horas, volviendo a casa, pasó por el mismo sitio. “Corrieron detrás mío, me agarraron y me pusieron en una esquina, oscura. Me levantaron la camiseta, comentaron mis tatuajes. Me pusieron las manos en la ropa interior, para ver si llevaba algo. Me retuvieron como 10 minutos, intimidándome”, denuncia Herrera. “No tenían razón para pararme, lo hicieron porque podían”, señala.

Las denuncias de actuaciones violentas o arbitrarias por parte de la policía se han convertido en una tendencia creciente en Grecia en las últimas semanas. Algunas implican a personas muy jóvenes. Una chica de 22 años que fue sorprendida al salir de la universidad o un chico de 20 años que esperaba en la parada del bus han afirmado a los medios locales haber sido obligados a desnudarse en sitios como parkings o baños de restaurantes en presencia de los agentes.

“La brutalidad policial parece ser parte de un plan más general que se vale de la demostración de arbitrariedad para infundir miedo entre los ciudadanos y alimentar la creencia de la impunidad policial”, cuenta Niki Georgiou, abogada y miembro del recién creado “Equipo de Ayuda Legal”, cuyo objetivo es monitorear este tipo de casos.

Para contrarrestar las crecientes críticas, el Gobierno impulsó a finales de noviembre la creación de una Comisión para Investigar la Violencia Policial, bajo el paraguas del Defensor del Pueblo. Sin embargo, su presidente, Nikos Alivizatos, nombrado por el Ejecutivo, lamentó recientemente en una carta enviada al ministro de Protección Ciudadana que su presidencia “coincida con un aumento en los casos de violencia policial arbitraria” y advirtió que “la creación de esta comisión no puede actuar como una coartada”. El ministro, por su parte, defendió las actuaciones policiales y las enmarcó dentro de la legalidad.

eldiario.es ha contactado con el Ministerio de Protección Ciudadana para contar con su visión pero han declinado hacer comentarios.

El Gobierno también ha reorganizado el cuerpo de policía y ha creado unidades nuevas, como los Panteras Negras: fuertemente armados, uniformados en negro y desplegados en estaciones de transporte concurridas. También ha reactivado otras unidades especiales como la Drassi -antes Delta- a la que el anterior ministro de Protección Ciudadana, Nikos Toskas, desmanteló por ser los “hooligans de la Policía”, según declaró el pasado sábado en un canal de televisión griego.

Un chivo expiatorio

El barrio donde Cristian Herrera sufrió el episodio relatado con la policía, Exarjia, es uno de los epicentros de la vida política y el movimiento ‘okupa’ en Atenas. En este céntrico vecindario, el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha focalizado buena parte de la estrategia “ley y orden”, concepto acuñado por la oposición y los medios. Para Yanis Almpanis, activista local, el Gobierno usa este barrio “como chivo expiatorio para toda Atenas”.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento instaló un árbol navideño en la plaza principal. Fue pasto de las llamas en pocas horas. “Nadie puede quemar la Navidad”, afirmó el alcalde Kostas Bakoyannis, sobrino de Mitsotakis, cuando se volvió a colocar el adorno, que sería quemado otra vez poco después.

Además del despliegue permanente de policía en Exarjia, la estrategia de Mitsotakis se ha plasmado en el desalojo de prácticamente todos los espacios okupados de la zona, donde vivían personas migrantes y refugiadas desde hacía años, muchos tras la emergencia humanitaria de 2015.

“Es una victoria fácil de vender a una sociedad deprimida sin perspectiva de futuro. [El Gobierno] crea una situación inexistente y así se presentan a sí mismos como los que salvarán a la sociedad”, explica Almpanis. El pasado 22 de noviembre, el Gobierno dio un ultimátum para que todos los inmuebles okupados de Grecia fueran abandonados en un plazo de 15 días. Ninguno acató y la respuesta del Gobierno, aunque no inmediata, no se hizo esperar.

Los últimos desalojos se produjeron la semana pasada en el barrio ateniense de Koukaki. Fue una actuación que creó polémica porque, según el relato a los medios locales, la policía intentó entrar a través de una vivienda vecina sin orden judicial previa, los inquilinos se negaron y acabaron esposados y, según declararon, apaleados.

Al día siguiente, el exprimer ministro y ahora líder de la oposición, Alexis Tsipras, interpeló a Mitsotakis en sede parlamentaria y señaló que actuaciones como las de Koukaki “no generan seguridad” pero sí la sensación de vivir “en un país ocupado”.

Solicitantes de asilo sin Seguridad Social

Por otra parte, para el Ejecutivo, la migración también es un tema de seguridad. Sin ir más lejos, suprimió el Ministerio de Migración e integró sus competencias en el de Protección Ciudadana. Mitsotakis ha endurecido la política migratoria y de acogida: en enero de 2020 entrará en vigor una nueva ley de asilo criticada por organizaciones como ACNUR o Human Rights Watch por “dificultar el acceso a la protección internacional”.

La abogada Niki Georgiou afirma que implica una “disminución de los derechos de los refugiados y viola los estándares legales europeos e internacionales al levantar barreras permanentes en el acceso al asilo e incrementa las detenciones y las deportaciones”.

Paralelamente, en los últimos meses el Gobierno ha dejado de expedir el número de la Seguridad Social (AMKA) a solicitantes de asilo hasta que se resuelva su petición, un proceso que por lo general dura varios años. Este número es imprescindible para trabajar legalmente y acceder al sistema sanitario. “Supone una clara violación de sus derechos al trabajo y a la sanidad; la gente con problemas de salud severos no tiene acceso a tratamiento médico o medicinas”, denuncia la abogada.

“Una blitzkrieg contra la sociedad”

blitzkriegNontas S., miembro del centro social Nosotros, también en el barrio de Exarjia, recuerda que la primera medida que promovió el gobierno de Nueva Democracia al llegar al poder fue el endurecimiento de penas del Código Penal. “Todo esto era la pre-organización estatal para preparar esta blitzkrieg [guerra relámpago] contra la sociedad y reducir los derechos sociales y civiles”, afirma.

Quién está al mando de esta estrategia es un viejo conocido de los movimientos: Mijalis Jrisojoidis, antiguo ministro del Interior del PASOK y ahora a cargo del Ministerio de Protección Ciudadana como independiente. Este ministro protagonizó algunas polémicas durante su mandato como ministro del Interior en 2012, entre las cuales destacan el escándalo por la detención de una veintena de prostitutas y la difusión de sus fotos y datos personales.

“Jrisojoidis lo sabe todo de los movimientos, tiene un conocimiento profundo sobre cómo suprimirlos”, subraya Nontas.

El activista Yanis Almpanis, que milita en la Red para los Derechos Políticos y Sociales y que formó parte de Syriza hasta septiembre de 2015, cuando el partido sufrió una escisión al aceptar el tercer rescate de la UE, afirma que la represión actual no es algo nuevo. “Es algo que en Grecia pasa una y otra vez, cuando el Estado se siente inseguro”.

Asimismo, cree que existe cierto componente estructural también, ya que el proceso de democratización de la policía griega nunca ha fraguado del todo. “El hecho de que la Policía actuase como un mecanismo de represión durante y después de la guerra civil (1946-1950) y la dictadura de los Coroneles (1967-1974) es un factor crucial para definir qué es este cuerpo”.

Pero no todo son malas noticias para los activistas: tanto Almpanis como Nontas coinciden en que el cambio de gobierno y la represión, paradójicamente, han revitalizado el movimiento. “La situación actual ha forzado a los movimientos sociales a organizarse mejor, ser más políticos y pensar mejor la estrategia”, afirma Almpanis.

Nontas se muestra optimista porque, cuenta, “después de cinco años de Syriza, que devastaron a los movimientos sociales, ahora nos encontramos en un gran momento. Tenemos gente y esperanza”. Según el activista, el partido de Alexis Tsipras “asimiló todos los movimientos” porque sus principales activos provenían de ellos, lo que implicó la pérdida de músculo de los colectivos.

Las últimas movilizaciones cuentan con más gente, más joven y que se desmarca más de partidos o sindicatos. A la movilización de estudiantes contribuyen tanto la supresión del asilo universitario -decretado en agosto por el Gobierno y que permite la entrada de policía en los campus sin permiso del rector- como la inminente aprobación de una reforma educativa.

“Los jóvenes no tienen esperanza de alcanzar algo mejor en el futuro y esto conlleva descontento, infelicidad y rabia, que a su vez genera movilización”, señala Almpanis. “La mayoría de jóvenes que está ahora en las calles se movilizó después de 2015. No tienen la experiencia del chasco de Syriza. Son muy jóvenes y aún tienen esa rabia dentro”, concluye el activista.

Cuando el motor de la furgoneta cesa, los chavales empiezan a salir sin prisa de la aparentemente abandonada nave industrial y saludan a los voluntarios de la organización No Name Kitchen. Son unos 70, algunos apenas adolescentes. Viven en las fábricas en desuso del puerto de Patras, el segundo más importante de Grecia y puerta a Europa Occidental. Duermen en las pasarelas suspendidas junto a las ventanas, para poder escabullirse en caso de que los policías efectúen una redada.

Todos están aquí por lo mismo: hacer el game – juego, en inglés –. Así se refieren a cruzar la frontera. No solo en Patras, también en muchas otras. Sobre el tejado de las fábricas, algunos otean el tráfico y cuando identifican a los camiones que se disponen a embarcar, uno de los chicos intenta atravesar corriendo la autopista costera para aferrarse a los bajos de un tráiler. El camión embarcará en un ferri que, presumiblemente, irá a Italia. Aunque siempre está la incertidumbre sobre dónde irá a parar.

“Conozco a un chaval que consiguió salir de la isla de Lesbos ilegalmente, llegó a Patras, se metió en un ferri y volvió aparecer en Lesbos”, relata un mediador cultural de Médicos Sin Fronteras (MSF) que prefiere no dar su nombre.

“Es muy difícil meterse dentro del barco pero no tenemos otra opción”, se resigna Ali, joven iraní de 24 años. Cómo él, la mayoría de sus compañeros son solicitantes de asilo, pero prefieren salir del país a terminar el proceso aquí. Ali tiene la entrevista para reexaminar su petición de asilo para el 2021. No quiere esperar, necesita continuar con su vida. Su caso no es extraordinario: la obtención del asilo en Grecia es un camino largo. “Posiblemente no se deba tanto a una estrategia intencionada del Gobierno sino a la burocracia griega en sí misma”, explica Vasilis Psomos, abogado de la organización Lesbos Legal Center.

El pasado 30 de octubre, el Parlamento heleno aprobó una nueva ley de asilo impulsada por el Gobierno conservador que pretende acelerar los exámenes de las solicitudes de asilo y las deportaciones. La legislación ha sido duramente criticada por ONG internacionales. Según la portavoz de Human Rights Watch en Grecia, Eva Cossé, es “un intento sin complejos de bloquear el acceso a la protección e incrementar las deportaciones para combatir el aumento de llegadas”. Acnur se sumó a las críticas y denunció que la ley “debilita la protección de los refugiados”.

Actualmente, 96.500 personas refugiadas y migrantes viven en Grecia y en los últimos meses las llegadas han aumentado, según los datos de Acnur. En septiembre arribaron 12.000 personas al país, el número mensual más alto desde marzo de 2016, cuando se firmó el polémico acuerdo entre la UE y Turquía y el cierre de la ruta de los Balcanes que dejaron a miles de personas bloqueadas en el país heleno.

En 2019, Grecia se ha convertido en el principal punto de entradas irregulares por mar a Europa. Las ONG especializadas y organismos como Acnur han reclamado en reiteradas ocasiones a la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso para evitar que quienes huyen la violencia se vean empujados a arriesgar su vida en su camino a Europa.

Denuncian devoluciones desde Italia

Ali lleva en Patras un mes y medio, pero él ya ha pisado suelo italiano. Hace unos días logró colarse en un ferri y, después de algunas horas de navegación, llegó a su destino. Desconoce a qué puerto llegó pero sabe que era Italia por el uniforme de los agentes. “Me preguntaron dónde quería ir, y dije Francia”. Ali cuenta que estuvo esposado durante una hora y los agentes le dijeron “no deport, no deport” antes de meterlo en un compartimento cerrado de un barco que describe como mercante. Al arribar, relata, un operario portuario le acompañó a tierra, donde reconoció la fisonomía ya conocida de Patras.

“Las devoluciones [desde puertos italianos a Patras] son una táctica estandarizada. Los mandan de vuelta al país por dónde han entrado a la Unión Europea, es decir, Grecia. En un año y medio, 4.000 personas han sido devueltas desde los puertos italianos de Brindisi y Bari”, explica Nikos Papageorgiou, miembro del Movimiento por la Defensa de los Derechos de los Refugiados y los Inmigrantes de Patras.

Papageorgiou es uno de los activistas locales más conocidos por su labor en defensa de los derechos de los migrantes. El colectivo del que forma parte fue creado en 2007, cuando apareció el primer campo de afganos en la ciudad. La organización se dedica principalmente a asegurar las necesidades básicas de los refugiados, incluyendo alimentación, asistencia médica y aprendizaje del idioma, pero también promueven “la interacción con los locales y la acción política contra las políticas migratorias de la Unión Europea y el Gobierno”.

“Patras siempre ha sido la puerta de entrada a Europa”, cuenta Papageorgiou. Cruzar esta puerta siempre ha sido difícil, pero en los últimos años se ha complicado aún más. “Los que no lo logran se enfrentan a la represión del Estado y a las deportaciones”, añade. El activista lamenta que la reacción de la población local hacia los refugiados no ha sido siempre buena, y esta dinámica es atizada por “núcleos de extrema derecha y los intereses económicos”.

Quienes viven en las fábricas abandonadas no cuentan con ningún tipo de apoyo del Gobierno. El Ayuntamiento – encabezado por un alcalde del Partido Comunista Griego, KKE – les provee prácticamente de la totalidad de su comida, aunque es No Name Kitchen quien hace de intermediario y les entrega las raciones ya preparadas. Una vez al mes, les dan alimentos no perecederos que los mismos migrantes cocinan.

Vigilancia policial constante

La presencia policial en las fábricas es habitual. Los voluntarios de No Name Kitchen denuncian que, según los migrantes, cuando los agentes se presentan a la hora de comer, les vuelcan las ollas. Una vez, dicen, llegaron a tirar un zapato dentro del pote. La organización de Papageorgiou ha intentado que la Policía no vaya durante estas horas para que puedan comer tranquilos, sin éxito.

Los jóvenes están alerta para dar la voz de alarma cuando llega la Policía. Normalmente, desde los tejados de las fábricas avistan a los agentes y avisan a sus compañeros para que desaparezcan de la vista.

Dos agentes les sorprendieron cocinando el día en que eldiario.es hablaba con ellos. Uno de ellos, temido por los migrantes y conocido por su nombre de pila, apareció sujetando su pistola al cinto y exigió la identificación de las personas con perfil racializado allí reunidas.

Un refugiado menor de edad que había llegado a la fábrica hacía solo dos días intentaba pasar desapercibido y que no le vieran, aunque le pedían de forma reiterada que mostrara sus papeles. “Acabo de llegar, no quiero que me lleven a Atenas”, repetía, asustado.

Este es uno de los escenarios más temidos por los migrantes: que los lleven de vuelta a Atenas. Es una práctica que choca con la legalidad, porque como solicitantes de asilo gozan de libertad de movimiento por todo el país. Papageorgiou aduce que este derecho es “violado” bajo la justificación de que en Patras no hay equipamientos de alojamiento para migrantes. Una vez en Atenas, explican los chicos, los sueltan en medio de la calle, sin darles un sitio dónde pasar la noche.

Ali sabe mejor que nadie lo difícil que es cruzar al otro lado y lograrlo, pero tiene pocas alternativas. No puede volver atrás, porque perdería los cerca de 500 euros que, según los voluntarios, cuesta atravesar a la otra orilla. Pero ir hacia delante tampoco entraña ninguna garantía ni certeza. Lo seguro es que lo seguirá intentando.

Karima tiene 30 años y procede de Afganistán. Llegó a Grecia justo dos días después del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que entró en vigor hace tres años para tratar de contener las llegadas a las islas griegas. La diferencia fue crucial: como miles de solicitantes de asilo, Karima quedó, desde entonces, bloqueada en el país heleno.

Madre de dos hijos pequeños, la mujer intenta reunirse con su marido, muy enfermo, en Alemania, según explica a eldiario.es. Tiene la suerte de trabajar algunas horas con una organización humanitaria haciendo de intérprete. Vive en uno de los espacios ocupados, también conocidos como squats, que hay en Atenas.

Pero su situación es la de una minoría. El pasado diciembre, el Gobierno heleno cifraba el número de refugiados en Grecia en 72.000 personas. Unos 15.000 malviven en las islas, 21.000 se encuentran en pisos repartidos en el continente y 7.000 residen en edificios temporalmente alquilados por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), donde esperan ser trasladados a pisos o campos.

Por otra parte, cerca de 18.000 están alojados en alguno de los improvisados 26 campos que se encuentran repartidos en Grecia continental. Del resto se estima que entre 2.000 y 3.000 viven en espacios ocupados, los llamados squats, como Karima. A ellas se le suma un número indeterminado de personas que está en centros de detención, muchas esperando su deportación.

Sin embargo, el acuerdo no ha frenado a las personas que tratan de pisar suelo griego huyendo de la violencia. En el primer trimestre de 2019, han sido registradas 6.045 llegadas, un 16% más que durante el mismo periodo en 2018, según el Ministro de Inmigración, Dimitris Vitsas. Mientras, el reparto de refugiados a países europeos, cuyas cuotas acordadas en 2015 demostraron ser un fracaso, se interrumpió a finales del 2017.

Desde la declaración también se han incrementado las llegadas por el río Evros, frontera física entre Grecia y Turquía que no está incluida en el acuerdo de 2016. Una de cada tres llegadas en 2019 se ha producido por este paso, donde a su vez han sido denunciadas devoluciones en caliente por parte de la Policía griega a suelo turco, sin darles la posibilidad de solicitar asilo. Organizaciones como Human Rights Watch ha documentado que en algunos casos los agentes hicieron uso de la violencia y confiscaron y destruyeron las pertenencias de los migrantes.

Parche sobre parche: falta de un plan a largo plazo

Tres años después, sigue sin haber un programa de inclusión específico para quienes obtienen el asilo en el país heleno. Salinia Stroux, investigadora y trabajadora de la organización Refugee Support Aegean, critica que, desde que se cerró el corredor balcánico, “nunca se ha hecho un plan a largo plazo, siempre han sido soluciones provisionales de emergencia en el último momento”.

El pasado 1 de marzo, se publicaba una circular interna intraministerial 6382/19 donde se anunciaba que el alojamiento y la pequeña ayuda monetaria conocida como cash card, empezaría a ser retirada paulatinamente a aquellas personas cuyo proceso de asilo hubiera finalizado al menos seis meses atrás. Es decir, aquellos que ya han obtenido el permiso de residencia en Grecia o cuya petición ha sido denegada.

La primera tanda de afectados incluye a los que obtuvieron el estatus de persona refugiada antes del 31 de julio de 2018. Estos tendrán que abandonar su container en el campo o su piso del programa ESTIA de vivienda antes del 31 de este mes. Esta medida deja desamparadas a un importante número de personas, que al quedar excluidas del programa, desde ahora tendrán que sobrevivir por su cuenta.

La organización Refugee Movement for Right and Justice estima en 600 el primer grupo de personas que tendrá que buscar un nuevo sitio donde vivir antes de finales de marzo. Hace una semana, este colectivo convocó una manifestación frente a las oficinas de la UE en Atenas en protesta por la decisión. Los organizadores señalaban que la orden de abandonar las viviendas temporales ha llegado sin previo aviso con antelación y dejará a los afectados “en la calle”.

Stroux denuncia que se está dando a elegir a aquellos que obtuvieron el asilo antes de agosto de 2017 entre abandonar el campo voluntariamente y disponer de la cash card durante tres meses más o desobedecer la orden y perder automáticamente ese ingreso. No está claro qué ocurrirá en los casos de aquellos que se nieguen a marcharse.

Desde que la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) implantase el programa de ayuda monetaria con fondos de la UE en abril de 2017, unas 100.000 personas han tenido acceso a esta prestación en algún momento. Los últimos datos de enero hablan de 63.853 refugiados y solicitantes de asilo dependientes de esta ayuda. El programa se renueva año a año y puede ser desmantelado en cualquier momento. La cantidad oscila entre los 150 euros para personas individuales hasta los 550 euros para familias de siete o más miembros. Si se tiene acceso a asistencia alimentaria, esa cantidad se reduce en torno a un tercio.

La alternativa, acudir a los planes de ayuda estatal, el programa KEA, es difícil pues los requisitos son “muy restrictivos, de burocracia compleja y están enfocados a la población local”, indica la investigadora y también activista del movimiento W2EU. Según el último informe de Eurostat, en 2017, casi un 35% de los griegos se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social.

Para acceder a los servicios sociales griegos, explica, los solicitantes deben demostrar que han estado viviendo en un piso durante medio año como mínimo u obtener un certificado de persona sin hogar. “Para ello debes decir en que esquina de la calle vives y esperar a una inspección que debe encontrarte in situ”, denuncia la trabajadora de RSA.

Se espera que a raíz de esta nueva medida, ya contemplada en los contratos de alquiler pero no aplicada hasta ahora, muchas familias se decidan por abandonar el país, principalmente con destino a Alemania. Esto implica comenzar el proceso otra vez de cero y convencer al sistema judicial de que no aplique el tratado de Dublín, la normativa europea que obliga a que las solicitudes de asilo se tramiten en el primer estado europeo que pisan los demandantes de protección internacional.

La semana pasada, el ministro de Inmigración declaraba en sede parlamentaria que “a veces la asistencia brindada desde la UE no es suficiente pero estamos trabajando en esta dirección para fortalecer esta asistencia”. Organizaciones como CEAR consideran que es imprescindible diseñar “una estrategia de integración con el fin de evitar la dependencia de las ayudas oficiales y fortalecer la autonomía” de las personas refugiadas.

La paradoja de conciliar integración y disuasión

Uno de los objetivos que perseguía el acuerdo del 20 de marzo de 2016 era disuadir a potenciales solicitantes de asilo de intentar llegar a Grecia y quienes se quedaron atrapados tuvieron que enfrentarse a unas difíciles condiciones de vida y de futuro. En virtud de este pacto, toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchas ONG calificaron como el “acuerdo de la vergüenza” para frenar los flujos, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros por parte de la UE. También existe la posibilidad de “deportación voluntaria” a través de la OIM.

“La UE impone unas políticas migratorias en sus fronteras exteriores, donde supuestamente las personas son seleccionadas. La gente quiere quedarse en Grecia pero no puede porque no hay trabajo ni un Estado de bienestar fuerte, que no es suficiente ni para los locales”, critica la trabajadora de RSA. “Grecia carece del margen económico necesario para implementar estas políticas migratorias y al mismo tiempo lidiar con las miles de personas atrapadas que supuestamente deben construir aquí su futuro”.

Una de ellas es Karima. Pese a que dice que le gusta vivir en Grecia y se siente aceptada por la gente, es consciente de que si pierde su trabajo y la Policía desaloja el edificio donde vive puede verse en la calle. En ese caso, asegura que intentaría viajar recurriendo a traficantes, lo que afirma que le da miedo porque “quedas a su merced y además el precio son 4.000 euros por niño y 3.000 por adulto”.

Una de las consecuencias de cerrar las fronteras fue que muchas personas quedaron abocadas a intentar continuar el viaje poniéndose en manos de traficantes de personas. Es una práctica común tratar de apostar los ahorros en que se desplace un miembro de la familia. Si llega, se solicita la reunificación familiar, pero esta rara vez se concede. Las ONG especializadas y organismos como Acnur han reclamado en reiteradas ocasiones a la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso para evitar que quienes huyen la violencia se vean empujados a recurrir a redes de tráfico de personas.

Los precios en esta vía han ido subiendo cada vez más y están tarifados en función de las posibilidades económicas. A más dinero, menos riesgo. Por ejemplo, por unos 600 euros es posible obtener un pasaporte falso y un billete de avión, pero se dispondrá de una única oportunidad. En lo alto de la tabla, por unos 4.000 el traficante proveerá de tantos pasaportes y billetes como hagan falta.

La ruta marítima por los puertos de Patra o Igumenitsa, o la terrestre por los Balcanes son más difíciles. Alí (nombre ficticio) tiene 32 años y es de Pakistán. Llegó a Grecia poco después del acuerdo y asegura que ahora corre el riesgo de ser encerrado para ser deportado después de que su solicitud fuera rechazada por segunda vez. Dice que su vida corre peligro si vuelve a su país, por lo que acordó viajar clandestinamente a Italia siguiendo la ruta de los Balcanes. ¿El precio? 2.000 euros, la mitad en Serbia y la otra mitad en Italia. Expresa su miedo de que el traficante le dejé tirado en Serbia, donde las condiciones son peores que en Grecia.

Las islas, pieza clave del acuerdo con Turquía

El acuerdo con Turquía puso fin al mayor desplazamiento poblacional desde la Segunda Guerra Mundial. Huyendo de la guerra o la pobreza, durante 2015 y 2016 más de un millón de personas llegaron Europa occidental siguiendo la ruta de los Balcanes desde las islas orientales del mar Egeo.

Tras el pacto, las llegadas a las islas se desplomaron de forma drástica. La UE convertía las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos en una zona de amortiguamiento o cuello de botella, donde la gente tiene que esperar la resolución de su solicitud de asilo. Este proceso se suele demorar más de un año. Las “condiciones degradantes” en las que viven o la desesperación que muchas personas sufren han sido denunciadas en repetidas ocasiones por organizaciones internacionales como ACNUR, HRW o Médicos sin Fronteras (MSF).

Ana es enfermera infantil de MSF en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, con capacidad para unas 1.500 personas pero donde han llegado a convivir alrededor de 8.000. “Los niños vienen con gripe, tos, diarrea... dolencias que nunca terminan de curarse por las mala calidad de la alimentación y de las condiciones higiénicas. Sufren estreñimiento durante días porque no quieren usar los baños del campo, en lamentable estado e inseguros. Los niños viven por ejemplo en grandes carpas con otras familias, pierden el sentimiento de hogar, de seguridad y siempre están en guardia y estresados. Los padres se pasan el día haciendo cola para todo”, asegura.

En esta línea se expresa Jabier Ruiz, coordinador desde 2016 en la ONG vasca Zaporeak, que reparte comida en la isla a 1.500 solicitantes de asilo cada día. “El catering contratado para dar de comer a todo los refugiados en Grecia maneja entre siete y ocho euros de presupuesto por persona y día. La comida que dan puede ser, por ejemplo, un pepino y seis olivas. Otras veces tiene gusanos. Hay una visión de negocio con el refugiado que no viene del pueblo griego, sino de unos pocos que se aprovechan. Hay también unos 150 solicitantes que han recibido un segundo rechazo y viven escondidos”, denuncia Ruiz.

En Quíos, la situación es parecida. Filippo Aquilino, enfermero de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, SMH, asegura que antes del acuerdo el sistema “funcionaba”, pues las islas eran solo de paso. “Muchos se quedan sin dinero y hay gente que se prostituye, o que hace trapicheos. Psicológicamente se vienen abajo”, apunta.

Samos es la tercera de las islas que alberga un Centro de Recepción e Identificación, popularmente conocidos como hotspots. A lo largo de estos años, estos asentamientos en principio de carácter temporal se han constituido en núcleos poblaciones estables, con gran peso demográfico en las islas y en ocasiones se generan tensiones con la población local.

Ahmed (nombre ficticio) es un refugiado árabe que trabaja como intérprete en Vathy, el hotspot de Samos. Asegura que los comercios locales “no venden nada” a los solicitantes de asilo. “Fui a cortarme el pelo y el peluquero se negó alegando que perdería su clientela local”. Según un informe del Pew Research Center, entre 2004 y 2018, Grecia es el país europeo donde más ha crecido el rechazo a la inmigración.

Olga L., investigadora griega en el campo de las ciencias sociales, explica que el hecho de que las fronteras se hayan rediseñado tiene “mucho que ver” con la actitud de la gente, ya que las islas “siempre estaban muy abiertas” y el trato “nunca ha sido positivo”, pero convivían con la llegada de migrantes.

La académica señala que el acuerdo de 2016 levanta múltiples fronteras incluso dentro de Grecia, y que bebe del “proceso de externalización de fronteras” en el que, denuncia, está inmersa la UE desde comienzo de la década de los 2000. “Se necesitaba un nuevo enemigo tangible y ese es el migrante, el refugiado. Por ello, Europa firmó acuerdos con países perífericos y denominó crisis de refugiados a lo que en verdad era una crisis de las políticas de las políticas migratorias europeas”, sentencia.