La movilidad al centro de trabajo supone el principal motivo cotidiano de desplazamiento y la distancia entre el lugar de residencia y el puesto de trabajo para un importante número de personas convierte en una dificultad añadida el impacto socioeconómico de la reciente crisis.

En 2019, el 44,09% de las personas asalariadas del País Valenciano afirmaban tardar más de 16 minutos al puesto de trabajo, 908.000 personas según el INE. Una de las soluciones más eficaces a la forma en la que nos movemos estriba en los servicios públicos. Desde entonces, no se ha recuperado el volumen de personas usuarias en transporte público colectivo, tanto por temor al contagio como por el propio impacto en la actividad económica.

La falta de alternativas al desplazamiento individual motorizado es una consecuencia de las carencias en la vertebración territorial, en concreto del ferrocarril de cercanías, y de una racionalización de tiempos que impide embridar frecuencia de paso con horarios laborales. El 8,11% de los accidentes de trabajo en el periodo interanual agosto 20 – julio 21 fueron in itínere y con una tendencia creciente, cada vez más cercana a la época pre-COVID. El diagnóstico de la situación precisa que todas las instituciones centren esfuerzos y energías en corregirla.

A partir de un marco normativo, escasamente implantado, los planes de movilidad sostenible a las áreas industriales (expresión del acuerdo entre las empresas y representación sindical) permitirían abordar medidas contundentes en cuatro ámbitos: la organización del trabajo; las condiciones productivas de las empresas; la prevención de riesgos laborales; y la contribución a la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades. Además, a partir de las medidas acordadas en el acuerdo Alcem-nos, la vertebración territorial y el impulso de transporte público eficaz, frecuente y seguro reducirían desigualdades sociales contribuyendo sustancialmente a los objetivos de reducción de emisiones.

Estos espacios de concertación social tripartitos han de acompañar el impulso de mecanismos correctores en los convenios colectivos, aspecto, sin duda, a situar prioritariamente en la negociación.

Pasar a la acción mediante el diálogo social

Desde el punto de vista empresarial, ignorar estas cuestiones resulta totalmente ineficaz desde toda visión económica del proceso productivo, así como éticamente inaceptable seguir derivando costes y responsabilidades hacia las personas trabajadoras.

Desde el punto de vista de la Administración, el liderazgo en la ejecución de las medidas y aplicar toda la creatividad y tecnología existente redundará en la legitimidad transformadora de la política, ésa que hace un poco mejor la vida de las personas. Recientes discursos apelando a la concienciación social para avanzar en el cambio cultural son necesarios, sin duda, pero lo realmente imprescindible son las políticas concretas para un transporte ferroviario eficaz, puntual y sostenible. Como por ejemplo la actualización de un mapa concesional del transporte que vertebre la red e incentive el uso de un servicio público eficaz en todas las comarcas.

Urge planificar territorialmente, incluyendo medidas que obliguen a las empresas a implantar soluciones. Es vital evaluar las acciones y marcos normativos que sirvan para capilarizar en todos los estratos sociales y que no quede en meras declaraciones de intenciones. Los instrumentos financieros europeos aprobados que incorporan un cambio sustancial en los requisitos van en esa línea. Tal vez sea nuestra última posibilidad de actuar decididamente para ese objetivo

Desde el punto de vista sindical, la movilidad forma parte de las condiciones laborales, tanto en el coste como en el tiempo, llegando a suponer la exclusión de numerosas ofertas. Simultáneamente, es un instrumento de incalculable valor en la carrera contrarreloj para adaptar nuestros trabajos al clima. Para la defensa de los intereses de la clase trabajadora sólo cabe participar en la actualización del modelo de transportarnos al puesto de trabajo, para que éste redunde en la salud de las personas trabajadoras y del entorno

Contribuir desde la Acción Mundial por el Clima a alcanzar el objetivo de neutralidad climática. Una amenaza para todas las personas que, de no frenar con celeridad su avance, convertirá regiones enteras en lugares inhabitables. Porque incrementar los estándares de trabajo decente conlleva inexorablemente una movilidad sostenible, saludable y segura.

Evitaré cualquier referencia a datos, pues, el hecho de recibir diariamente unas cifras catastróficas, tiende a devaluar su percepción y provoca esa normalización inaceptable de la muerte, equiparando como fenómenos comparables la salud de la economía y la de la vida humana. En esta ocasión, trasladaré una reflexión humanizadora del mundo del trabajo, a partir de la experiencia sindical que supone tener delante a una familia a la que se tiene que informar de cómo proceder cuando ha perdido a un padre o a un hermano, caído desde altura por falta de medios preventivos, y a la que la empresa ha acudido rápidamente a hacer una propuesta económica. Ese dolor inmenso para el que no hay empatía posible que pueda soportarse.

Las consecuencias de la pandemia han vuelto a mostrar la debilidad de la gestión preventiva en numerosas actividades y empresas de carácter esencial, así como una fragilidad de todas las instituciones que participan en la prevención de riesgos laborales o protección a la contingencia. La reivindicación internacional pasa por invertir y anticiparse a las crisis reforzando sistemas resilientes. El diagnóstico señala unas debilidades constantes que tienen su origen en la falta de cultura preventiva y en unas condiciones muy alejadas de los indicadores de trabajo decente. Desde la generalizada externalización empresarial, que ha primado la implantación preventiva del documento y no de la eficacia de las medidas correctivas para eliminar el riesgo de origen, hasta la falta y proporcionalidad de mecanismos de vigilancia y control, sin olvidar el escaso grado de participación de las personas trabajadoras.

En estos días en los que se amenaza flagrantemente la democracia por una corriente fascista que tiene su caldo de cultivo en la pobreza y desigualdad, resulta oportuno reclamar la entrada de la democracia en las empresas de forma decidida. Eso supone habilitar instrumentos de participación que integren condiciones de trabajo seguro y saludable, que atiendan los riesgos psicosociales y el grave deterioro de la salud mental, que incidan en la evaluación de los riesgos derivados de los fenómenos climáticos extremos. En definitiva, que se integren en todo proceso productivo, bajo la modalidad de trabajo que sea y considerando los aspectos propios derivados de la diversidad de las personas.

Pero también existe una oportunidad. El júbilo desatado en algunas esferas del mundo empresarial con los fondos de reconstrucción ha de ir acompañado de la mejora de las condiciones laborales. La oportunidad de elevar el listón de protección en entornos seguros, en proyectos que requieren abordar la transición digital y ecológica, sobre un pilar transversal que es la igualdad de género.

A todo ello, hay que añadir la oportunidad de contar con mayorías parlamentarias suficientes para la aprobación del Fondo de Compensación a las víctimas de amianto, que permitirían facilitar una mayor protección social y evitar a las familias a un calvario, a la par que una lotería, en procesos judiciales larguísimos e inciertos. La creación de ese fondo es dar un paso muy relevante para combatir ese asesino silencioso que, durante décadas, ha truncado miles de proyectos de vida y ha prolongado un daño de origen laboral a la raíz de la sociedad.

En conclusión, los sindicatos, haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños, seguiremos desgañitando nuestras voces e impulsando acciones con pasión, ahínco y constancia para que la ansiada salida de la crisis sanitaria, social y económica prime la vida de las personas y el trabajo decente, en contra del odio de quien representa su modelo de vida a partir de la exclusión del diferente y de quien considera los derechos humanos solo aplicables a unos pocos elegidos de forma miserable, bajo el paraguas de su libertad negacionista y reduccionista.

Tendremos tiempo de digerir, reposar y establecer un mínimo relato socialmente aceptable que ponga a cada uno en su sitio.

Es el momento de los nuestros, de recordar al conjunto de compañeras y compañeros que se nos han marchado y que no hemos podido velar como merecían, de dolernos por las familias y proyectos traumáticamente amputados. Tiempo de atender a las personas más vulnerables, a las más atacadas, con mayores determinantes sociales, las heridas de forma más profunda, y a las que más tiempo costará cicatrizar. El sentimiento de identidad colectiva es un paliativo capaz de aligerar el duelo, en esa solidaridad manifestada de diferentes formas (balcones incluidos), que han sacado lo mejor de cada una, en favor del colectivo.

Vendrá el tiempo de evaluar las decisiones de nuestros gobernantes, con mirada larga. Analizando las diferencias entre unas políticas austericidas de hace una década, que primaban la mercantilización de la salud y la individualidad; con unas políticas, errores y aciertos incluidos, basadas en la protección de las personas y del común. Llegará el tiempo de diferenciar las empresas que han antepuesto su capital humano priorizando la salud de las personas, de las que dedicaron sus esfuerzos a socializar responsabilidades en las medidas de protección a la salud y que tapan sus bajezas y miserias con un enorme ruido. La revisión de la responsabilidad social empresarial requiere de mayor compromiso y transparencia, de indicadores evaluables, participadas y comprensibles para el conjunto de las personas, no sólo de inversión en márquetin y lavados de imagen.

Será entonces el momento de concretar el proceso de mestizaje, entre las sutiles líneas que distinguen las fronteras del Derecho del Trabajo en relación con otros derechos sociales de ciudadanía como, en nuestro caso, el derecho a la salud pública. Para ello, se antoja indispensable el concurso proactivo de los agentes del mundo del trabajo en el fortalecimiento de las estructuras e instituciones con una perspectiva global, pegando un portazo a las ineficacias de atender derechos globales con visión nacional. Tiempo del liderazgo del sindicalismo internacionalista, de clase y confederado.

Pero ahora también es el momento de anticipar algunos discursos que pueden tejer las mejores mascarillas de protección, la lucha contra el miedo. La OIT proponía, previo a la pandemia, el lema: «Rompamos el silencio», con objeto de acabar con la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Conviene recuperarlo para enfrentar las incertidumbres, que éstas no justifiquen salidas de esta crisis en las que se devalúe el factor trabajo, se coerzan derechos y libertades, se tienda hacia un control empresarial omnipresente y la ruptura por el desequilibrio en las relaciones laborales sea definitiva. No podemos permitírnoslo. Si la salida de esta penúltima crisis no prioriza a las personas y al medioambiente que habitamos, no la llamemos salida, sino desbandada.

*Daniel Patiño Miñana, secretario de salud laboral y medio ambiente CCOO PV

La insistencia de CCOO PV en resituar las prioridades sociales y transformar la sociedad sobre el soporte de la justicia social, hace que honremos la memoria de las personas fallecidas y que planteemos medidas a adoptar, desde lo colectivo a lo individual. La siniestralidad supone el fracaso anterior de un sistema preventivo, pero avanzar hacia la visión global de la integración de la prevención en todo el sistema productivo resulta el camino difícil. Porque aunar los esfuerzos en lo colectivo produce un impacto más eficaz y duradero. Y lo colectivo comienza con el reequilibrio del poder empresarial.

Contemplar el grado de inestabilidad en el empleo y las crecientes demandas de flexibilidad en el trabajo, lo único que provoca es un desajuste en las medidas preventivas y en las soluciones a adoptar. Si solo se trabaja con las víctimas, la acción sindical como mecanismo transformador del trabajo decente deviene irrelevante.

Releo atentamente los programas electorales coincidentes con esta fecha, la prevención de riesgos laborales en tres de los seis programas, precisamente de los partidos que las encuestas vaticinan mejores resultados, se manifiesta en clave de incentivos a las empresas. En dos de ellos formulan declaraciones programáticas con un nivel de abstracción elevado y uno de ellos lo enfoca desde lo colectivo hacia los mecanismos de vigilancia y control. La insuficiencia de las medidas anima a CCOO PV a reforzar el discurso y a redoblar esfuerzos en favor del objetivo. Y éste no es otro que crear, desde los espacios de participación de la negociación colectiva y el diálogo social, fórmulas y herramientas de participación del conjunto de la clase trabajadora para crear entornos seguros.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que el 28 de abril se vote en conciencia, masiva y críticamente con las políticas que centran el foco de actuación en disputas territoriales, debates pretéritos sobre derechos civiles y equidad de género que la sociedad ha superado mayoritariamente, como se demuestra en el rechazo social y las masivas expresiones de repulsa cuando se atenta desde la supremacía machista.

Y actúen. Actúen en favor de situar el mundo del trabajo como eje central de nuestras vidas, en un trabajo en el que se pueda, desde la democracia y medidas colectivas, corregir un déficit estructural en muchas de las empresas de este país. Esto no va de tener papeles para que la Inspección no me sancione. Esto va de poner a disposición de la clase trabajadora mecanismos reequilibradores que se lleven a la práctica y que eviten situaciones visibles (los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), pero también las menos visibles (no respetar los descansos, no invertir en formación e información a las personas trabajadoras o mantener situaciones generalizadas como por ejemplo en el sector de la hostelería, que se trabaja 11 horas en turno partido, un día libre, una carga física inasumible para determinadas caracterizaciones personales, un contrato renovable de duración inferior a un mes, y todo en favor de la ocupación por Semana Santa).

Por todo eso, emplazamos a votar el próximo 28 de abril, por aquellas políticas que pongan en el centro a las personas y que corrijan la desigualdad existente, no desde el odio, el desconocimiento o la indiferencia. Exijamos un trabajo sin riesgos, porque el trabajo es mucho más que el eje sustentador de nuestra vida y la de nuestra familia, pongamos en valor nuestra seguridad y dignidad como personas.

Afortunadamente, se han superado mensajes pretéritos como “Agua para todos” o la permanente instrumentalización de este bien para mercantilizar conflictos entre autonomías. Un bien que se ha utilizado como cortina de humo ante una forma de hacer política que ha de servirnos para reaccionar en nuestras posiciones, de cara a los próximos comicios a celebrar.

Resulta evidente, y en CCOO PV participamos en la iniciativa #FridaysForFuture, que sin la movilización constante no se atienden los compromisos necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU. En ámbito autonómico, el reciente informe de la Comisión No Permanente sobre la contaminación de acuíferos concluye que dieciocho masas de agua subterráneas de la Comunitat Valenciana presentan contaminación por nitratos superior a 50 mg/l, y cinco de las cuales, además, contaminación por herbicidas. Si bien en los últimos decenios se redujo el número de personas expuestas, resulta imprescindible mayor transparencia para una adecuada vigilancia y control.

Por sectores, la agricultura merece especial dedicación por su idiosincrasia, sobre todo en lo concerniente a la implementación de la digitalización, sin perjuicio de que la industria y el turismo requieran un mejor tratamiento del ciclo integral del agua. En este último nos detendremos.

Las grandes cifras del sector difuminan el permanente riesgo de caminar sobre el alambre en el que nos movemos. Continuar hablando del aumento del número de visitantes y, por ende, del crecimiento de instalaciones hoteleras y extrahoteleras que se anuncian, nos hace perder la perspectiva del agotamiento de los recursos y el impacto que tendría en un sector en el que la imagen y las etiquetas son fundamentales. A modo de ejemplo, hace casi 40 años, en una de las cíclicas crisis hídricas de la Marina Baixa, hubo tal restricción, que un segmento de mercado completo nunca se ha recuperado.

Es por ello que, para CCOO PV, urge pasar de la literatura a la acción concreta, posibilitando mecanismos de participación corresponsable que atiendan los riesgos del cambio climático en el natural decrecimiento del consumo al que hemos de hacer frente. No solo por ideología, que también, sino porque no hay alternativa. Construir normas garantes de esos derechos humanos y que formen parte del nuevo contrato social, tan reclamado desde tantas perspectivas, exige urgencia ante el futuro del trabajo y del planeta que queremos. Y el momento es ahora.