Cuando a finales de octubre, el entonces recién electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se cancelaba la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Trinidad Ramírez –Doña Trini– se apuntó una victoria. Un triunfo más en la lucha contra la megainfraestructura que había marcado su vida desde hace casi 20 años, llevó a su familia a prisión y la ha convertido en un símbolo del activismo en el país.

El anuncio de López Obrador vino después de una polémica consulta ciudadana organizada por su partido. La pregunta formulada fue la siguiente: “Dada la saturación actual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea la mejor para el país?”.  

La alternativa de añadir dos pistas al aeródromo de la base militar de Santa Lucía arrasó sobre el proyecto que se levantaba sobre el antiguo lago de Texcoco, que tenía una inversión prevista de 13.000 millones de dólares y un 30% de la construcción ejecutada. Votaron algo más de un millón de personas y el 70% se decantó por cancelar el nuevo aeropuerto internacional. Doña Trini fue una de las líderes de la campaña 'Yo prefiero el lago', que alertaba de “los profundos daños medioambientales” y la destrucción de un modo de vida para muchos habitantes.

La posibilidad de cancelar el aeropuerto se convirtió en debate nacional el pasado verano tras la victoria electoral de López Obrador. En enero, las obras fueron suspendidas definitivamente. Las empresas españolas FCC y Acciona tenían parte del contrato más importante, el de la terminal, que rozaba los 4.000 millones de euros. A comienzos de marzo, el Gobierno fijó una compensación de alrededor de 500 millones de euros para el consorcio, liderado por el Grupo Carso de Carlos Slim, según informó El Economista. El Ejecutivo calcula que la cancelación costará un total de 4.500 millones de euros.

La lucha por la tierra habitada por la población indígena, como la que protagoniza Doña Trini, sigue siendo una realidad en varios puntos del país. Esta semana se ha hecho público que el presidente mexicano había enviado una carta al Gobierno de España con la intención de que el rey Felipe VI pidiera disculpas por los atropellos que considera que se cometieron durante la conquista de América. Aunque esta petición entronca con la crítica histórica de los pueblos originarios, algunas voces han criticado que se trata de un gesto que no es coherente con las políticas nacionales y los megaproyectos que afectan a poblaciones locales. 

Casi dos décadas de lucha

El aeropuerto estaba llamado a convertirse en el segundo más grande del mundo, con capacidad para mover 125 millones de pasajeros al año, por detrás del nuevo aeródromo de Estambul. Era el proyecto estrella del sexenio de Enrique Peña Nieto. Para Doña Trini, sin embargo, la historia viene de mucho más lejos. Exactamente, del 22 de octubre de 2001, cuando los habitantes del municipio de Atenco amanecieron con un decreto expropiatorio de sus terrenos comunales. Eran tiempos del presidente Vicente Fox (PAN) y se daban los primeros pasos para construir un aeródromo en Texcoco. “Nos dijeron que traería el progreso, pero ya en aquel momento sabíamos que significaba el despojo de la tierra”, recuerda Doña Trini.

A sus casi 70 años, esta mujer menuda y de hablar pausado marca el paso que conduce a un cerro cercano a San Salvador Atenco, desde donde se divisaba el avance de las obras del aeropuerto, los camiones moviendo la tierra, las máquinas trabajando. El expresidente Peña Nieto ordenó que continuaran hasta el fin de su mandato, el último día de noviembre. Afuera todo parece apacible, algún humedal, cultivos de maíz, cactus… Nada diría que el lugar se encuentra a solo unos minutos de la megaurbe más poblada de América Latina, Ciudad de México.

La angustia por la expropiación dio paso a la acción con la creación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Detrás de este nombre está una forma de entender la vida. Doña Trini, como muchos habitantes de Atenco y del resto de pueblos de la zona de Texcoco, desciende de los acolhuas, para quienes el suelo representa lo más profundo de su identidad.

“Sentí que me quitaban parte de mi vida porque estos caminos los recorríamos con nuestros abuelos y nuestros padres, eran recuerdos tan hermosos de armonía familiar...”, recuerda con amargura. “Sentí que ya no era nada”. Varios ambientalistas defienden que el “ecocidio” es evidente: desecación de zonas húmedas, rotura de cerros para extraer material, construcción de carreteras…. A la cancelación de las obras le siguieron las dudas sobre la posibilidad de revertir el daño y el coste que conllevaría.

En el repaso a sus primeros 100 días de Gobierno, López Obrador defendió la paralización del proyecto. “En el lago de Texcoco íbamos a padecer hundimientos y nos iba a costar mucho el mantenimiento”, sostuvo. El presidente también ha señalado que el espacio se convertirá en un lugar para uso público, ecológico y deportivo, aunque aún no se conocen los detalles ni los costos de este plan. Este lunes, el proyecto suspendido volvió a los medios nacionales después de que Ricardo Salinas, el tercer hombre más rico del país, criticara en una entrevista con el diario británico Financial Times la decisión de cancelarlo. 

“Pase lo que pase, vamos a seguir luchando”

La primera victoria para Doña Trini y el Frente llegó, sin embargo, mucho antes, con la anulación del decreto expropiatorio en agosto 2002. Los propietarios se negaron a vender y al Gobierno federal no le quedó más remedio que cancelar el proyecto. Para llegar a ese punto, el municipio se declaró “en rebeldía”, se montaron guardias y se cerraron accesos para impedir el paso de maquinaria que persisten a día de hoy. El machete y el pañuelo rojo se convirtieron en sus símbolos. El precio de negarse a vender fue alto. La represión policial le costó la vida al campesino José Enrique Espinoza Juárez, fallecido a causa de los golpes recibidos en una protesta.

Mientras lideraba la movilización contra el aeropuerto, Doña Trini seguía con sus quehaceres diarios. Trabajaba en el hogar, cuidaba a sus tres hijos y ayudaba a su marido cuando mataban a algún animal. A su esposo, Ignacio del Valle, lo detuvieron por primera vez tras los disturbios de 2002. “Fue terrible”, recuerda la activista. Pero lo peor para su familia tardaría unos años en llegar.

El subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegó a Atenco a finales de abril de 2006, en plena campaña presidencial. La carga simbólica de la unión de los dos movimientos de resistencia más importantes en aquel momento era enorme. Una semana después, comenzó la represión que se saldó con dos muertos, abusos sexuales contra al menos 11 mujeres y más de 200 detenidos. “Quisieron cortarnos las alas, decirnos hasta aquí llegaste, ya párale no queremos que sigas despertando a más gente, la queremos dormida que ignore lo que le corresponde, eso fue lo que hizo el Gobierno”, cuenta Doña Trini.

Tras los disturbios, a Ignacio del Valle le condenaron a 112 años en una prisión de máxima seguridad. A su hijo César también lo encarcelaron y sus otros hijos, América y Ulises huyeron para evitar una orden de detención. La propia Doña Trini pasó siete meses fuera del pueblo para no ser detenida. “Conseguimos que todos fueran regresando y reunificar a la familia”. Si antes ya estaba muy implicada, apunta, “desde entonces me dedico al 100% a esta lucha”. Esta fue su segunda victoria.

El último capítulo de la historia arranca en 2014, cuando el Gobierno de Peña Nieto recupera el proyecto del lago en Texcoco. Para Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, ONG contraria a la obra, fue una “venganza del poder” por haber tenido que renunciar a su plan inicial. 

La decisión desató un conflicto interno entre vecinos, los que estaban a favor de vender tierras y los que vaticinaban un desastre medioambiental. Los sectores críticos denuncian “corrupción” en el proceso de compra de terrenos por parte de la administración y han presentado denuncias ante la Justicia. “Tenemos demostrado que al menos 24 firmas son falsas”, señala Adela Romero, titular de una parcela, en referencia a la asamblea en la que se recalificaron los terrenos comunales de Atenco para permitir vender a cada propietario de forma individual.

El círculo se cerró con la consulta y la cancelación del proyecto, aunque quedan algunas incógnitas, entre ellas cómo será la recuperación del entorno. La obras que pretende llevar a cabo el Gobierno en Santa Lucía ya cuentan con la oposición del EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Algunos vecinos del pueblo siguen recibiendo amenazas a día de hoy a pesar de que el aeropuerto está cancelado. Es el caso de la señora Nieves, cuya casa quedó atravesada por una carretera que conectaba con el aeropuerto. Se negó a vender y su vivienda quedó atrapada en medio de la calzada que la constructora quiere terminar alegando que está fuera del proyecto, denuncia el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.