Hay dos formas de enfrentar la situación actual en la Franja de Gaza y las dos nos colocan en el mismo lado. Desde un punto de vista humano, los datos de la ONU son demoledores. Hay más de 56.000 víctimas de los ataques israelíes en la zona, con cifras de población civil asesinada de forma indiscriminada que muestran una violencia sin precedentes, sobre todo a la infancia. Y desde un punto de vista político, demostrar la dignidad y el apoyo de una ciudad que no se calla ante el genocidio.

Desde esta perspectiva no podemos menos que sentir el dolor de un pueblo masacrado y abrazar, en la medida de lo posible, a la comunidad palestina en Canarias, la más antigua de Europa, parte de nuestros vecinos y vecinas que constituyen quienes somos también como ciudad y que hoy se duelen de lo que ocurre en el territorio de sus ancestros. Soy parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que en el último pleno hizo suyo ese dolor y formalizó ese abrazo. También lo hicimos sólo unos días antes en forma de alfombra de flores, con una paloma de la paz con los colores de Palestina.

Pero hay más. Desde el lado de los Derechos Humanos, la democracia y la legalidad internacional, el gobierno de Netanyahu está promoviendo un exterminio, y no podemos mirar hacia otro lado. Por eso desde Podemos impulsamos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se plante y suspenda relacionas con el actual Estado de Israel. Además, rechazamos, como administración local, la ocupación, la expansión de los asentamientos, la violencia, los desplazamientos forzados. Ya en diciembre de 2023 condenamos en pleno el terrorismo de Hamás y apostamos por la paz, pero ha pasado año y medio y hoy lo valiente, lo necesario, era dar un paso más, ser valientes y estar del lado correcto de la historia denunciado este genocidio y negándonos a relacionarnos, como administración, contra quien lo perpetra. Y eso hicimos. También instamos a todas las administraciones públicas a garantizar que sus contrataciones se ajustan al respeto del Derecho Internacional y no hagan tratos con empresas implicadas en violaciones documentadas por organismos como la ONU, Human Rights Watch o Amnistía Internacional,y a instar a que nuestro puerto no sea lugar de tránsito del comercio de armas con el gobierno de Israel.

No se puede mostrar tibieza ante el genocidio. No se puede puede justificar la masacre ni naturalizar la violencia. No hay intereses geopolíticos que opaquen la barbarie. Si no tuvieron la oportunidad de ver la brillante intervención en el pleno municipal del pasado 27 de junio de Adelina, quien puso voz a la comunidad palestina en Canarias, búsquenla aquí, no se arrepentirán. Agradeció el acuerdo declarativo del Ayuntamiento como “mucho más que un acto simbólico”, dijo, “un acto de humanidad”. Yo, hoy, me quedo con su abrazo, con el que nos dimos al terminar su intervención, con el que quise transmitirle el apoyo de una ciudad a un pueblo. Abrazar es una forma de resistencia, pero también de supervivencia. Vaya a Palestina el abrazo de Las Palmas de Gran Canaria. Como afirman Koldo y Chus, participantes de nuestra ciudad en la Marcha Global a Gaza, seguimos en marcha. El amor no se para.

El día 9 de mayo la Unión Europea no sólo celebra la Declaración Schuman sino que sobre todo ese día Europa celebra la paz y la unión de todo un continente.

Hoy, día de Europa, conviene recordar que la Unión Europea no es, aunque haya quienes así lo quisieran, un mero club de señores enormemente ricos, sino un proyecto político impulsado desde valores como el antifascismo, la justicia social, la defensa de los derechos civiles y el pacifismo. Porque la integración era un modo de organizarse frente a los horrores que el fascismo y la guerra trajeron al continente y al planeta durante la primera mitad del siglo XX.

No es posible entender Europa fuera de la convicción profundamente democrática con que sus adalides (en gran medida, mujeres que quedan fuera de las grandes conmemoraciones, como Ursula Hirschmann, Simone Weil o Sofia Corradi) la idearon. Y no es posible, tampoco, configurar la defensa de las instituciones comunitarias y de la idea misma de Europa ante el asedio ultra que hoy las amenaza, sin poner sobre la mesa y defender a ultranza los valores que dieron lugar a la Unión.

No es difícil entender que lo que busca la internacional del odio, es reventar el proyecto europeo, ya sea desde el núcleo de las potencias imperialistas o desde sus satélites, infiltrados en la democracia presentando batalla desde dentro.  

En el mismo corazón de la Unión Europea hay una guerra abierta, pero se libran otras guerras contra los derechos humanos a través de un bloque internacional, con actores como Viktor Orbán, Alice Weidel o la ultraderecha española, que reivindican el fascismo, el machismo o la LGTBIfobia y amenazan los fundamentos de la Unión.

La incapacidad para neutralizar la oleada ultra que devora a Estados europeos enteros es muestra de debilidad, como lo es la respuesta tibia a la guerra comercial de Trump o la actitud timorata y cobarde ante el genocidio perpetrado por Netanyahu en Gaza.

Hay que parar el carro que se nos descarrilla por el neoliberalismo, la austeridad y la cobardía y retomar el camino de la paz y los derechos. Hay que ponerle freno al matonismo y a los discursos de odio, y defender a ultranza la naturaleza social, democrática y pacifista de Europa, sin concesiones, sin ambages, con el orgullo de ser referente de una democracia social en lo que lo colectivo, lo público, prime sobre los egoísmos nacionales.

Hay que plantar cara a la guerra comercial de Trump desde Europa defendiendo a sus trabajadores y trabajadoras y a su industria. La UE tiene instrumentos, y urge que active el Instrumento contra la Coerción Económica, aprobado para enfrentarse al chantaje y ataque de países terceros, y que hoy en día sigue sin ser siquiera mencionado por una Comisión Europea. Si queremos ser contundentes en la respuesta utilicemos la Ley, expropiemos, por ejemplo, a las empresas americanas y a sus fondos buitres las viviendas que tienen en Europa para dar una oportunidad alojativa a la población europea. Seamos valientes. Solo tocando el bolsillo del que nos ataca, seremos creíbles.

Pero en vez de eso, la UE vive entregada a un discurso militarista de difícil encaje en una Unión nacida para evitar la guerra. Se busca enemigo que justifique el enorme gasto militar que va a llevar a cabo Europa ¿Qué sentido tiene seguir siendo vasallos de la OTAN, comprometer nuestro gasto social en un rearme ante un enemigo imaginario? Ahora EEUU nos pide gastar en armas el 2% de nuestro presupuesto, esta semana ya se hablaba del 3%, ¿cuál es el límite, quien lo decide, pero, sobre todo, para qué?

Y este marco de guerra comercial, de discurso belicista, de debilidad de los acuerdos internacionales, las instituciones europeas deben asumir como prioridad, un tema clave y sobre todo, urgente, plantar cara al genocidio en Gaza.

Ningún proyecto de integración basado en los Derechos Humanos puede mantener relaciones comerciales ni diplomáticas con un Estado como Israel, que tiene como objetivo declarado el exterminio del pueblo palestino y la conquista de su territorio. Un Estado que asesina a niñas y niños todos los días, que bombardea hospitales y escuelas, que viola todas las normas internacionales de forma impune, debe encontrar en la UE el mayor de los rechazos. Rompamos de una vez los acuerdos comerciales con Israel, sancionemos a sus dirigentes como se ha hecho con Rusia, aislémosles cultural y deportivamente, como hemos hecho con quien invadió cobardemente Ucrania.

Pero no, Europa se calla incluso cuando se ataca a la Flotilla de la Libertad, rumbo a Palestina para defender su integridad y sus derechos, cerca de Malta, en aguas europeas, a sólo 17 kilómetros de las costas de un estado miembro. Y ante eso, silencio.

Pero si Gaza pierde, pierde Europa y pierde la Humanidad. Cuando hemos permitido que un Estado atraviese todas las líneas rojas, es imposible pararlo, y la Unión ha sido un enano político con Israel.

Si nuestras administraciones no son capaces de aprender de la Historia, debemos recordárselo como pueblo. Un pueblo europeo unido valiente, apostando por un país de países, por una Europa diversa, que apueste por la sostenibilidad, integradora, pacifista y democrática.

Seamos un pueblo europeo insumiso ante el rearme, ante el odio, ante el negacionismo del cambio climático, ante la pérdida de nuestros valores y defendamos que otra Europa es posible.

Porque por Europa han pasado los acontecimientos acelerando su vejez, multiplicando sus años por 7, por 70, y desmontando los sueños y la ilusión.

Había una vez una Europa orgullosa , ¿se acordará ella? Porque la senectud a veces viene acompañada de demencia, que desdibuja identidades, olvida personas, situaciones, ¿valores? 

¿Puede permitirse Europa que una parte de ella misma escupa sobre sus principios y pisotee su propia identidad? Y me lo pregunto porque ahí está Hungría, aprobando leyes que persiguen derechos humanos fundamentales como el derecho a manifestación o a reunión para personas LGBTI+, mientras Europa protesta bajito.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, ha escrito un mensaje en Bluesky diciendo que «El derecho a reunirse pacíficamente es un derecho fundamental que debe defenderse en toda la Unión Europea».

Ya, ¿y? Hungría en 2021 aprobó una ley anti-LGTBI+ que prohíbe informar sobre la diversidad sexual para, supuestamente, proteger a la infancia, y lo que hace es instalar el miedo, discriminar y estigmatizar al colectivo. Entonces la Comisión también pataleó un poco, Ursula von der Leyen, dijo que era una ley “vergonzosa”, pero siguió tendiéndole la mano.

La Comisión Europea tiene la responsabilidad y el derecho a emprender acciones legales contra los Estados miembro si considera que han infringido la legislación del bloque. Si su acción corrompe su sentido, desdibuja su ser, pueden imponer multar cuantiosas o negarles acceso a financiación europea, que es la hucha común. Ya lo ha utilizado en el pasado, porque no es la primera vez que Hungría va por libre saltándose la normativa europea, recordemos la reciente sanción del TJCE, por una “infracción sin precedentes y excepcionalmente grave del Derecho de la UE”, al mantener la restricción que impide a los inmigrantes disfrutar plenamente del derecho de asilo. 

Todo club tienes sus normas, y si un socio se empeña continuamente en no cumplirlas, quizá sea el momento de pedirle que deje el club, puesto que daña su imagen y perjudica gravemente al resto. 

He tenido la oportunidad de vivir muy cerca, el declive de la UE y su cambio. Me acuerdo con orgullo de la potente, rápida y coordinada acción europea para atajar de raíz los primeros e incipientes brotes de ultraderecha. Era el año 1999, y el ultraderechista canciller austriaco intentó una coalición de gobierno con su socio del democristiano Partido Popular, coalición que provocó un escándalo internacional y acarreó a Austria sanciones temporales, políticas y diplomáticas, de la UE. Fue contundente, fue rápido, fue creíble y fue necesario.

Se puede hacer, Europa tiene las herramientas para hacer cumplir el marco de derecho contenido en los Tratados, y de los que se ha dotado.

Pero Europa sigue, cansada, ausente, en una deriva en la que siente que se desdibuja un poco, sus valores, su orgullo, su identidad, y no calibra las consecuencias. La cuenta la están pagando miles de húngaros y húngaras, que viven con miedo, sienten cómo el odio les limita sus vidas, cómo la sinrazón gana terreno.

Pero no solo el pueblo húngaro, el resto de la ciudadanía contempla con estupor, la impunidad con la que avanza por Europa la extremaderecha, cómo se multiplica ese discurso del odio, las proclamas bélicas, cómo se ha rompen sin aparente remedio, los consensos internacionales que habíamos alcanzado. Se llama fascismo, y va rompiendo los límites de lo posible en democracia hasta quedárselo todo.

Si de algo debiera servirnos la edad es para acumular experiencia y saber que con el fascismo no se negocia. No nos sentamos en una mesa con quienes vulneran derechos fundamentales, con quienes cercenan las libertades. 

Las manifestaciones LGTBI+ se llaman Orgullo, porque es necesario ese plus de voluntad para salir a la calle contra quienes te atacan por el hecho de ser, de sentir. 

Eso necesita Europa ahora, orgullo, ilusión, valentía. Nos va la vida en ello.

*Gemma Martínez, secretaria de Municipalismo, Relaciones Internacionales y Unión Europea de Podemos Canarias

Cuando hace un año y medio llegábamos al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, lo hacíamos con una pregunta en mente que se harán día a día muchas de las vecinas y vecinos de la ciudad: ¿cómo es posible que en la región con más horas de luz de Europa, el 80% de la energía consumida sea de origen fósil, con los enormes costes económicos y medioambientales que eso supone?

Si en estos momentos hay un tema clave que decidirá el futuro de las ciudades, ese es el de la energía y la sostenibilidad. Y en este marco, en este Ayuntamiento y en el área de gobierno que yo encabezo, tenemos claro un concepto: el futuro está en la soberanía energética.

El colosal desafío que la crisis climática representa para nuestro municipio, para su gente, su tejido empresarial y para sus Administraciones públicas, es por sí mismo un motivo para tomar la iniciativa. A este elemento decisivo se une además una situación internacional enormemente inestable que encarece y volatiliza el acceso a las fuentes de energía fósiles, convirtiéndonos en una región altamente dependiente del exterior y, por tanto, peligrosamente vulnerable, creando un cóctel explosivo que obliga a afrontar cambios de raíz en nuestro sistema energético.

En estos momentos somos un sistema eléctrico aislado, con dificultades técnicas de interconexión y dependiente, pero a la vez, somos de las capitales españolas con más capacidad para producir energía limpia debido precisamente a nuestra condición física y geográfica.

Desde esta convicción, y con la responsabilidad -y la oportunidad- que representa tener la competencia en la gestión municipal de la energía, nos pusimos manos a la obra con un claro el objetivo: nuestra ciudad tenía que dar un paso al frente y convertirse en referencia en la generación de energías limpias. 

Un año y medio después, tras un concienzudo trabajo, tras valorar jurídica y económicamente todas las opciones, la idea tomó forma: esta ciudad necesita una empresa pública de energía capaz de autoabastecer al conjunto de edificios municipales y de impulsar comunidades energéticas desde las que llevar energía limpia, barata y sostenible a cada barrio de la ciudad.

Hemos dado un paso decisivo con la aprobación de la transformación de la Agencia Local Gestora de la Energía en una empresa pública, una oportunidad histórica de liderar la transición energética con el ejemplo, construyendo una entidad capaz de actuar con agilidad, innovación y eficacia. Hoy dejamos atrás un modelo de una Agencia creada en el 2007 que ha demostrado ser limitada, obsoleta e ineficaz, y adoptamos una herramienta moderna y creíble que nos permitirá acelerar el camino hacia una energía limpia, local y accesible.

La herramienta que vamos a crear no será solo un ente gestor, será el corazón de una revolución energética que creará empleo, generará riqueza local y reducirá nuestra dependencia de combustibles fósiles, mejorando la calidad del aire y nuestra calidad de vida. No podemos olvidar la vinculación entre los combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernaderos y los problemas de salud que éstos provocan. Hablar de sostenibilidad y de energía, es también hablar de salud.

Cada kilovatio renovable generado desde esta empresa enviará un mensaje claro: el futuro y la prosperidad de Las Palmas de Gran Canaria pasarán necesariamente por la justicia energética y climática, y cualquier desarrollo habrá de construirse con respeto al planeta y a las generaciones venideras.

Aprovecharemos las fuerzas naturales de las que disponemos, llevaremos a cabo la revolución de las azoteas y firmaremos un pacto con el futuro. Las energías limpias nos marcan el camino.

De eso va precisamente estas elecciones al parlamento europeo, de ahí la importancia de saber qué se cuece, y la importancia de tu voto y a quién votas.

Estamos en la víspera de unas elecciones europeas en que se decide si vamos hacia una Europa que hable de paz, de defensa del medio ambiente, de protección de derechos sociales, o hacia una Europa de la derecha y la extrema derecha que adopte el lenguaje de la industria armamentística, que apueste por el rearme, por el miedo y el egoísmo. En este marco se hace pertinente recordar las enseñanzas que la ficción nos aporta para pensar sobre el futuro.

Antes de asumir responsabilidades públicas (primero en el Gobierno del Pacto de las Flores y luego en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria), pasé dos décadas enteras trabajando en el seno de la Unión Europea. Pude ver durante 20 años las posibilidades que una comunidad que hoy engloba a 27 Estados es capaz de abrir para las mayorías. Un proyecto europeo orientado desde la máxima de los Derechos Humanos es capaz de afrontar desafíos que hubiese sido inimaginable asumir por separado. La reciente crisis de la COVID-19 quizá sea el ejemplo más claro de ello, momento en que la Unión hizo visible su potencial solidario y resolutivo, que salió a relucir con enorme éxito demostrándose como una vía de futuro frente a las recetas fracasadas de la austeridad.

 En los últimos meses, el proyecto europeo ha experimentado, no obstante, un cambio preocupante. A medida que cambiaban los equilibrios tanto en el seno del Consejo europeo como en la Eurocámara, la mayor presencia de fuerzas reaccionarias ha provocado un viraje a la política de guerra, la intolerancia y el mercantilismo. He contemplado atónita esta evolución, cómo el discurso ha pasado de girar en torno a la Carta de Derechos Fundamentales y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, a reuniones en que solo se habla de aumentar el gasto en defensa, de ciberseguridad y de cierre de fronteras. 

¿Qué es lo que ha ocurrido? Estamos viendo la relevancia real del voto, las consecuencias de dar cancha a discursos de la extrema derecha que llegan a las instituciones comunitarias y distorsionan las prioridades. Hemos dado por hecho erróneamente que la democracia está asentada y es inamovible. La amenaza de regresar a la Europa de guerra previa a la Unión es real.

“La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan”.

Esta declaración, que es impensable imaginar hoy,  (¡Día de la Unión Europea!) en boca de altos mandatarios europeos, no es ni más ni menos que el inicio de la Declaración de Schumann (firmada en el año 1950), germen de una Confederación Europea del Carbón y el Acero que fue a su vez el acto inaugural de una Unión Europea que nace en respuesta a la barbarie en que dos Guerras Mundiales sumieron al continente durante el siglo pasado. 

La Declaración Schumann partía de una lección duramente aprendida por las élites europeas que, tras conflictos bélicos de consecuencias desmesuradas, se vieron forzadas a entender que ni el desarrollo económico ni la cohesión social serían posibles si la paz no estaba garantizada en el continente.  “[…]  Y se introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas”, rezaba un texto que incorporaba enseñanzas de nuestra Historia reciente que hoy, más que nunca, estamos obligados a recordar.

Y mientras todo esto pasa, son las calles las que de nuevo les dan una lección a los mandatarios europeos, es en las calles donde se demuestra la dignidad de un pueblo que quiere Paz, un reparto equitativo de la riqueza y el respeto por las personas y el territorio. Pensemos en la dignidad de la juventud acampada en las Universidades reclamando el fin del genocidio del pueblo Palestino, pensemos en la dignidad y valentía de nuestro pueblo canario que salió el 20 de abril a las calles a decir “Canarias tiene un límite”.

Porque sí, para todas esas personas que salimos a la calle hace unos días, estas elecciones europeas son clave, nos jugamos mucho: la defensa del territorio, de la diversidad y el medio ambiente pasa por Europa; la limitación de la adquisición de vivienda a los no residentes, pasa por Europa; que se respete el derecho a la vida de las personas que llegan a nuestras costas, pasa por Europa; que se frene el genocidio en Gaza, pasa por Europa.

Europa no está tan lejos, tiene un impacto directo y diario en nuestras vidas, y tenemos que ser capaces de decidir quien va a liderarla.

El dilema, en 2024, no es ni más ni menos que el de seguir avanzando por la senda de la diplomacia, la solidaridad interterritorial como eje garante de la cohesión y el respeto de los Derechos Humanos o embarcarnos en un peligroso bucle militarista que amenaza con liquidar no esta vez un continente, sino el conjunto del globo.

El proyecto europeo de la paz y los valores tiene, sin lugar a duda, numerosas tareas democráticas pendientes, como lo son su política migratoria o una transición ecológica que debe producirse desde criterios de justicia social, pero es a día de hoy la única vía posible para eludir escenarios irreversibles y avanzar hacia un horizonte donde la vida y el bienestar de los pueblos que integran la Unión estén garantizados.

Este dilema entre futuro o barbarie es la pregunta clave de las próximas elecciones europeas, que se celebrarán este junio y que suponen una oportunidad enormemente valiosa para los pueblos de la Unión, que debemos recordar con rotundidad a las instituciones comunitarias cuál es su razón de ser. Los cantos de sirena de la extrema derecha y la avaricia de la industria de la guerra deben quedar enterrados bajo el clamor popular de un continente que reclame en voz alta su derecho a la vida.

Por todo esto, canaria y canario que me lees, estas elecciones te importan, y mucho.

En esta tierra, la del desgobierno de los mal llamados nacionalistas, la gente que vivía en ella era expulsada de sus barrios en aras de la especulación y el turismo de masas.

¿Cuáles eran las respuestas de ese gobierno a su población?: más turismo, más desregulación, más pobreza y más desprotección del territorio y de su gente. 

Y de repente, el gobierno de la especulación empezó a hablar de vivienda. Quienes jamás hicieron nada por garantizar este derecho; quienes votaron en contra de la Ley por el Derecho a la Vivienda estatal, repentinamente mostraron interés. Pero había truco. El interés no tenía que ver con bajar los alquileres o las hipotecas; mucho menos con frenar los desahucios. Coalición Canaria y el PP fingían hablar de vivienda para colar un Decreto Ley que traía consigo las recetas clásicas del pelotazo.

Para quien no haya tenido la oportunidad de leer el citado decreto, aquí un pequeño resumen: se trata de una carta blanca a la especulación, a la desregulación total del suelo, a la injerencia en las competencias de otras administraciones. Es, además, una carta de pago de favores electorales y una respuesta a las deudas que CC tenía con ciertos municipios y Cabildos. Detrás de cada artículo está el pago de de un favor y una operación urbanística cuestionada que quieren regularizar.

No es que esto suponga una novedad en el haber de las derechas canarias, acostumbradas a retorcer hasta el paroxismo las normas para seguir tensionando el territorio. Y esto, tristemente, no es una apreciación subjetiva: el propio Consejo consultivo de Canarias, siguiendo lo previsto por el ordenamiento jurídico, se ha pronunciado (¡y con enorme dureza!) sobre este Decreto Ley. El órgano consultivo ha sacado los colores al Gobierno de Clavijo alertando de que su última ocurrencia “puede comprometer los principios jurídicos básicos sobre los que se asienta la normativa autonómica en materia de ordenación urbanística”, señalando además que la norma podría invadir competencias de Cabildos y Ayuntamientos. Los planeamientos urbanos municipales quedarían desplazados ante un decreto que permitiría aumentar indiscriminadamente la edificabilidad.

La gravedad del impacto que las medidas recogidas en este pueden provocar es aún difícil de evaluar. Se prevé, entre otras cuestiones, que el suelo dotacional de las islas (aquel previsto para centros sanitarios, zonas verdes o instalaciones deportivas), se llene de cemento, permitiéndose incluso saltarse la obligatoria evaluación ambiental. Hablamos de abrir la puerta a que las grandes constructoras devoren las zonas comunes con el pretexto de la crisis habitacional, en un archipiélago que carga con la pesada losa de tener casi el 20% de sus viviendas vacías.

Muchos son los favores que esconde este Decreto y mucha la prisa que se ha dado CC por sacarlo sin hablar con nadie, ni con los interlocutores sociales, ni las diferentes asociaciones como las de vivienda colaborativa, y mucho más grave, sin hablar con el resto de las administraciones con competencia en materia de vivienda.

Sin embargo -y para sorpresa de nadie-, el decreto ha sido defendido especialmente por las patronales de la construcción. El ejecutivo de derechas vuelve a pervertir el principio de colaboración público-privada para desviar recursos a quienes inflan los precios y destrozan sin escrúpulos el territorio que es de la gente.

La vivienda es un tema grave y complejo que afecta al día a día de nuestra ciudadanía, y las soluciones pasan por aplicar las normas ya existentes, como la Ley por el Derecho a la Vivienda o los distintos planeamientos. Los pelotazos bajo la forma de decretos están lejos de poder ofrecer respuestas a esta problemática. La herencia de 20 años de gobiernos de derechas en las islas se encarga de demostrarlo.  

Es hora de poner fin a decretazos que permitan al zorro de la especulación seguir acechando al bolsillo de nuestra gente. La ciudadanía canaria tiene el derecho a acceder a una vivienda digna y es función del Gobierno autonómico garantizar que este se cumple.

Quizá tengan razón, pero les voy a confesar una cosa: hasta hace bien poco para mí la libertad era vivir mi relación con otra mujer en la intimidad de mi hogar. Construir una familia sin poder compartirla. Vivir mi vida siendo discreta, evitando ciertas palabras, ciertas situaciones que pudieran ser censuradas por miradas ajenas a las que, en realidad, les daba la llave de mi libertad. 

¿Saben eso de que si un pájaro evita batir sus alas puede no conocer el dolor de saberse en una jaula? Hasta hace unos años no sentía como propia la palabra lesbiana, pero mi familia merecía una libertad que realmente no tuviera límites. Que mi hija y mi hijo vivan cómodamente el hecho de tener dos madres es lo mínimo que podíamos ofrecerles: seguridad, referentes, alegría. 

Las personas LGTBI podemos vivir relaciones evitando las muestras de cariño en público, como si fuéramos amantes, podemos casarnos sin fiesta, sin cogernos los días de permiso en el trabajo, ocultas, discretas, invisibles, pero eso es no vivir. Créame que sé de lo que hablo.

Como sé que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad donde pasear de la mano, con atardeceres que te dejan sin habla, como los besos que no pueden robarnos, donde ser libres, visibles y orgullosas.

Lo que quiero para mí, para mi familia, lo quiero para cada persona que habita esta ciudad, que la visita. Quiero garantizar que la diversidad forme parte del ADN de la gestión municipal, que sepamos acoger a quienes tienen identidades diversas, residan aquí o vengan escapando de los dolores que genera el miedo.

Igual a ustedes ni les suma ni les resta que yo, la candidata de Unidas Sí Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, sea lesbiana. Y esa idea me gusta porque muestra el éxito de los colectivos feministas y lgbti de nuestro municipio. 

Lo que ustedes no saben es que a mí sí me restó durante demasiados años de mi vida y sé que las diferencias suman, que todas las personas tenemos derecho a ser tratadas en plena igualdad y eso, sepan ustedes, es el ADN de mi candidatura.

¡Feliz día de la visibilidad lésbica!

Según un famoso portal inmobiliario, el precio de la vivienda en Canarias se habría encarecido en un 49 por ciento desde el año 2016. Según Comisiones Obreras, ya en 2021 el 60 por ciento de los/as inquilinos de las Islas estarían soportando alquileres excesivos, implicando que más del 30 por ciento de sus ingresos iría forzosamente al pago del alquiler.

El escenario de la vivienda en Canarias destacaría por su gravedad incluso a nivel nacional, con las Islas ocupando el tercer puesto en encarecimiento del alquiler durante el año 2021, solo adelantadas por Baleares y Cantabria.

El artículo 47 de la Constitución Española dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Es evidente que se queda sólo en un deseo de papel mojado.

Sin embargo, otros artículos constitucionales, como por ejemplo el 135 que reformaron en aquel infausto mes de agosto, sí se aplican a rajatabla: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.

El debate entre la especulación, el derecho a la vivienda, la convivencia entre el turismo, las nuevas formas de trabajo y la población local está a la orden del día. También en Canarias, que se encuentra inmersa en una reflexión en torno a las condiciones y causas que, durante décadas, generaron un modelo de Archipiélago ajeno a las necesidades de la gente que lo habitaba.

Desde la fe ciega de algunos en formas de desgobierno que omitían sistemáticamente a las personas y al territorio para venderlos al peor postor, numerosos puntos ciegos comenzaron a revelarse en un modelo fallido que empezó a mostrar sus costuras tras la crisis de 2008 y que se desmoronó llegada la pandemia y la emergencia social que le sobrevino.

Muchas veces, lo más evidente y esencial parece invisible hasta que las cartas vienen mal dadas. La vivienda es un perfecto ejemplo de ello.

La especulación inmobiliaria generó la peor crisis en décadas en el mundo, quienes la generaron nunca pagaron por ello y quienes debían ponerle freno se encargaron de que la especulación se convirtiese en la norma.

Así, el Gobierno de Rajoy dio barra libre al descontrol con su reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 y abrió la puerta a que fondos buitre extranjeros dominasen el mercado inmobiliario de nuestro país. Los resultados son dolorosamente familiares: desahucios, alquileres abusivos, prácticas mafiosas y explotación de un bien de primera necesidad como lo es la vivienda para el enriquecimiento de una minoría.

En el Archipiélago, esta realidad se concretó en cifras que hoy siguen generando una herida en la realidad de nuestra gente. Los datos hablan por sí solos: empleos precarios, altos niveles de vulnerabilidad, dependencia de un solo sector económico… y a ello se une un aumento injustificado de los precios de la vivienda y del coste de la vida.

Todo ello debe provocar que exista un debate profundo y sosegado sobre la vivienda en Canarias con todos sus componentes: acceso a la vivienda para los residentes locales, impacto del turismo, de las viviendas vacacionales, capacidad de carga de las islas, zonas tensionadas, volumen de vivienda pública…

Es esa la dirección en la que caminan las propuestas que la ciudadanía ya abandera en distintas partes del Archipiélago, del Estado y en el resto del globo. La sociedad demanda un nuevo contrato social en el que la vivienda es reconocida de hecho como un derecho y un bien de primera necesidad, y como un derecho que requiere de las garantías públicas necesarias para ser ejercido.

La lista de ejemplos es larga. Son innumerables los territorios del Estado y del planeta que ya se organizan para defender el derecho de sus habitantes a, precisamente, habitar de forma digna los lugares en los que desarrollan sus proyectos de vida, sus familias y sus anhelos.

Es el caso de la primera Ley de Vivienda de la historia de nuestra democracia propulsada por el gobierno de coalición de progreso, que ya se tramita en el Congreso y que permitirá finalmente topar los precios de los alquileres y garantizar por ley la función social de la vivienda. En estos momentos está enquistada, pese a su tramitación urgente, y podría aprobarse si el PSOE apoya tres propuestas, respaldadas además por el bloque de investidura: regular los precios del alquiler en zonas tensionadas, prohibir los desahucios de familias sin una residencia alternativa a que los pisos de la SAREB sean incluidos en el parque público de vivienda en alquiler

A nivel europeo también tenemos donde fijarnos. Es el caso de la ciudad de Berlín, en la que la ciudadanía ha votado masivamente que los fondos buitre dejen de manipular el precio de los alquileres, permitiendo a su Ayuntamiento expropiar viviendas a este tipo de entidades. O de Viena, uno de los centros históricos y culturales de Europa que destaca por una política de vivienda social que permite al Ayuntamiento impedir burbujas especulativas a través de enormes inversiones y fuertes controles públicos sobre el sector.

A nivel regional, en Baleares, ya se debate sobre la necesidad de proteger a sus gentes limitando la compra de viviendas a extranjeros, ante una situación de colapso que provoca la escasez de médicas o maestros debido al descontrol absoluto del mercado inmobiliario.

Para Baleares, como para Canarias, el caso de las islas Åland, en Finlandia, podría ser un ejemplo: Negociaron con la UE que su arquitectura jurídica funcione para proteger el acceso a la vivienda por parte de residentes, evitando con ello el mercadeo del capital extranjero sobre el techo de quienes viven y trabajan en el archipiélago. Lo llaman ‘Derecho de Domicilio’, y tiene como fin mantener Åland en manos de sus habitantes nativos.

La libre circulación en la UE es clave, pero clave es también proteger los derechos de la ciudadanía local.

Y aquí empieza el primer problema: ¿Y esto cómo se hace?

La solución no es fácil ni inmediata, pero es el momento de poner el debate encima de la mesa y tomar las decisiones valientes que nos demanda la ciudadanía. Porque cada día que pasa ya es tarde.

Uno de los ejes centrales es el de hacer compatible la vivienda vacacional, y lo que implica esta nueva actividad económica turística, con el acceso a una vivienda a precios asequibles para la población residente, y ello mediante una ley que lo regule. Y no lo digo yo, lo dice el Pacto de las Flores que firmamos en el año  2019 y que aún queda por cumplir.

Otra clave es la de las zonas tensionadas. Con la nueva ley de vivienda en ciernes, se consideran como zonas tensionadas aquellas en la que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito, y también aquellas áreas en las que el alquiler haya subido un 5 por ciento sobre el IPC en los últimos cinco años.

Son áreas específicas de grandes ciudades. En estas zonas se procederá a imponer un control a los precios del alquiler. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga y los archipiélagos balear y canario, ya están consideradas como “ámbitos especialmente tensionados”.

Esto supone que cuentan con una oferta insuficiente de vivienda a precios asequibles para atender la demanda existente.

Canarias tiene, según estos criterios, varios municipios que pueden ser considerados áreas tensionadas, y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es claramente una de ellas. Es necesaria una regulación urgente.

Entendiendo el momento de tramitación de la norma a nivel estatal, y previendo que la aplicación se hará a nivel regional, el debate sobre su alcance ha de darse aquí, en Canarias, y estar muy atentas a su desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma.

Aplaudimos el Plan de Vivienda 2020/2025, pero se queda corto. Lo que es realmente necesario es modificar la obsoleta ley del 2003 en base a las medidas progresistas del proyecto Ley de vivienda estatal, si ésta llega a aprobarse. 

El problema de la vivienda pública es un eje fundamental de toda esta reflexión. No se puede pretender construir en medio de crisis varias las viviendas que Coalición Canaria dejó de construir durante 10 años, pero cierto es que nos tenemos que poner las pilas e incluso plantear fórmulas novedosas de convivencia, como los edificios intergeneracionales o el cohousing que nuestra Consejería de Derechos Sociales va a implantar gracias a los fondos europeos.

Canarias debe aprovechar el impulso de las iniciativas que ya se están llevando a cabo y asumir que el futuro de nuestra tierra pasa por generar condiciones que hagan posible para nuestra ciudadanía una vida plena y con todas las garantías en el Archipiélago.

El acceso a una vivienda digna es un pilar fundamental de las Islas que queremos y que vamos a construir juntas.

El futuro de la Canarias que queremos debe decidirlo quien la habita. Y quien la va a cuidar del futuro.

La Unión Europea es un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Pero claro, hay que querer.

En 2008, con una gravísima crisis, Europa pudo optar y optó por la austeridad auspiciada por Alemania que en aquel momento defendía los intereses de su banca, aunque para ello tuviéramos que humillar a países como Grecia, o vigilar estrechamente a otros como España. El norte se arrogó la potestad de tutelar y cuestionar al sur, cuando la realidad era que la economía y las finanzas internacionales, incluidas la alemana y la francesa, habían formado parte muy activa de aquella debacle que fue la crisis financiera, que devino económica y, por supuesto, acabó y sigue siendo social. 

Los bancos, las autopistas, las empresas se rescataron, se modificó la constitución española con nocturnidad y alevosía para consagrar la sacrosanta regla del control del déficit que tan cara nos está saliendo ahora. Ya desde el Pacto de Estabilidad, contenido en el Tratado de la Unión desde 1997, se limitaba al 3% del PIB el déficit máximo de los Estados, tope incumplido sistemáticamente por la práctica totalidad de los países sin ninguna consecuencia práctica. Alemania lo hizo reiteradamente sobre todo después de su unificación, y no pasó nada, se entendió que era necesario para no dejarla caer y por el contexto del momento, sin embargo, va España y lo incluye en la constitución. Ha sido pegarnos un tiro en el pie. Esa regla ha lastrado nuestra economía, y, por ejemplo, la posibilidad de contratar desde lo público. Esto ha adelgazado con mucho la administración, costuras que se han puesto de manifiesto ahora cuando teníamos que dar respuesta a la siguiente crisis, la generada por el COVID.

Todo esto se hizo sin que la UE tuviera competencias claras para ello.

Se decidió en el 2008 apostar por la austeridad y por los rescates masivos de banca y empresas. Los bancos nos deben 40.000 millones de €, repito, 40.000 millones de € a los españoles, y yo no sé ustedes, pero yo ni lo olvido ni lo perdono, y menos ahora cuando prestan un servicio lamentable a nuestros mayores en las colas, o cobran las comisiones más altas de toda la UE. 

Y en toda esta ingeniería financiera, la UE y los estados, se olvidaron de rescatar a la gente.

Aquello sentó las bases del enorme impacto de la crisis actual. Se adelgazó lo público, se aumentaron las desigualdades y la precariedad laboral, aumentó la vulnerabilidad de las familias, y la nueva crisis nos pilló sin el colchón que tenía la sociedad en la crisis anterior y que nos permitió ir tirando. 

Pero esta vez la respuesta fue muy diferente.

La Unión Europea constató su enorme error, y respondió de manera diferente. En vez de recortes, puso encima de la mesa una enorme inyección financiera, una especie de Plan Marshall, llamado Next Generation, que ha regado de dinero a los países europeos.

La idea es buena, necesaria y el momento no puede ser más adecuado. El problema es que esta misma Europa que ahora nos rocía de dinero, es la misma que nos obligó a recortar personal en las administraciones públicas durante años, y ahora con poca gente y con las mismas reglas estrictas, poco flexibles y tediosas de los fondos europeos, hemos de ejecutar en tiempo récord un montante enorme y necesario de dinero. O flexibilizamos normas y marco temporal, o los tan ansiados fondos para un urgente cambio de modelo económico al final no aportarán ni cambio ni urgencia.

Como hemos visto hasta ahora, la economía es un ejemplo de que cuando la UE quiere, puede.  Y la gestión de los flujos migratorios, es otro.

Desde Canarias aplaudimos que, por primera vez, la UE decidiera aplicar la Directiva de 2001 de protección inmediata a personas desplazadas en caso de afluencia masiva y evitar desbordar los sistemas de asilo de los Estados miembros. Que decidieran hacerlo con las personas ucranianas que huyen de la guerra provocada sin motivo por Rusia, es de justicia y revela la agilidad que posee la Unión para actuar en caso de urgente necesidad, y la llegada de personas desde ucraniana a nuestro territorio, lo es, y merecen y necesitan toda nuestra solidaridad y la protección que Europa les pueda dar.

Pero en Canarias no deja de llamarnos la atención la rapidez de la UE para tomar esta serie de medidas, cuando a nuestro territorio llegaron tan solo el año pasado 22.000 personas, muchas de ellas demandantes de asilo por huir de las guerras olvidadas de África, y a las que no se les ha aplicado esa directiva, ni se les ha dado la misma respuesta.

Por no hablar de los casi 3000 menores acogidos por Canarias en los últimos años, y que nuestra región está atendiendo y gestionando en solitario, sin la corresponsabilidad ni del Estado ni de la Unión europea (salvo el apoyo del Ministerio de Derechos sociales, pese a que los fondos europeos de gestión de los flujos migratorios los recibe el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones)

¿No sé pregunta ustedes por qué los niños ucranianos pueden acogerse a la directiva del 2001 que agiliza la garantía de su protección y la amplía, y los niños que huyen de la guerra de Mali no?

¿Por qué ese doble rasero?

Desde Canarias hemos reiterado que con la aplicación de esta Directiva se abre una ventana de oportunidades que la UE debería aprovechar para mejorar su apoyo y gestión de los flujos migratorios que llegan a Canarias, que no deja de ser la frontera sur y ultraperiférica de su territorio. 

Canarias se siente sola, y sabemos que cuando la Unión Europea quiere, puede.

Feliz día de Europa para todas las personas que creemos que la Unión Europea sigue siendo un buen proyecto, uno muy necesario que sigue mereciendo la pena, pero mal gestionado. No queremos varias Europas, queremos solo una cuyo centro sea la gente, la que ya está aquí y la que viene de fuera, sea cual sea su color de piel y procedencia.

Y si bien todo el proceso merecería en sí mismo un artículo entero, hoy queremos poner el foco en el profundo cambio estructural que supone para nuestras islas la materialización de la Renta Ciudadana.

No es pasión, es una certeza, que su aplicación llevará a Canarias a un cambio estructural como pocos en la última década. Por primera vez en la historia de nuestra tierra esta renta ciudadana se configura como un doble derecho subjetivo de la ciudadanía: derecho a la inclusión social y a una prestación económica, lo cual en sí mismo constituye un salto cualitativo en las políticas y prestaciones sociales en Canarias.

Si en algo hay consenso político en nuestro territorio es que nada podremos hacer realmente bien en Canarias sino modificamos notablemente el nivel de pobreza.

El acuerdo ante esto es indudable, como tozudos son los datos al respecto. Año tras año desde que se realiza el informe AROPE, la radiografía que obtenemos de nuestra comunidad dista mucho de los estándares de vida en los que esta comunidad y su ciudadanía sueña vivir. Estos datos muestran una sociedad en la que, por desgracia, la desigualdad, la vulnerabilidad social, el desempleo y la precariedad se han vuelto estructurales, incidiendo especialmente en las mujeres y menores.

Nos dicen que en Canarias la pobreza tiene rostro de mujer y ojalá así fuera, solo una cuestión de rostro y no de vidas marcadas por las necesidades, las violencias y la falta de oportunidades. Es imposible avanzar como sociedad en igualdad soportando el nivel de pobreza al que enfrentamos a demasiadas niñas, adolescentes y mujeres en nuestras islas.

La pobreza, la marginalidad, las desigualdades, las violencias relacionadas a ellas, y los múltiples problemas sanitarios y de salud metal que atraviesan las vidas detrás de los datos, son la herencia garantizada que miles de canarias y canarios heredan, si no se rompen las dinámicas de este círculo vicioso.

La propuesta de Renta Ciudadana que llega al Parlamento tiene como primer objetivo generar una red de apoyo social que realmente pueda revertir esta injusticia. Una propuesta acorde a los tiempos que vivimos, a nuestra idiosincrasia insular pero basada en la experiencia y las medidas adoptadas en comunidades autónomas que llevan implementando sus rentas autonómicas muchos años y que a través de ellas han mejorado la vida de su ciudadanía. A través de nuestra propuesta de Renta, por fin seremos capaces de poner a nuestra administración en sintonía con España y con Europa.

Muchas veces la ciudadanía se pregunta en qué se diferenciará este nueva Renta del Ingreso Mínimo Vital, o nuestra actual PCI. La respuesta es fácil. La futura renta sustituirá y ampliará con mucho la cobertura temporal y económica de una PCI que, aunque hemos modificado hasta en cuatro ocasiones para ampliar su escaso alcance, sigue siendo un instrumento limitado que va a desaparecer en cuanto entre en vigor la Renta. Todas las unidades de convivencia, las personas, beneficiarias de la PCI pasarán automáticamente a ser perceptoras de la Renta. Y a su vez, nuestra renta autonómica complementará y mejorará al IMV, aumentando sus cuantías.

En el esfuerzo de esta nueva Renta de luchar contra la desigualdad estructural en nuestra tierra, vamos a poner en funcionamiento, por fases, una serie de medidas que nos ofrezcan herramientas para luchar contra esta lacra: un apoyo económico a la población más vulnerables, a la juventud, a las personas que trabajando no llegan a fin de mes, un complemento para acceder a una vivienda digna o para que las personas que así lo deseen, puedan seguir con su formación para mejorar sus competencias, y por supuesto, no nos podemos olvidar de mayores que cobran las escasas Pensiones no Contributivas, y que necesitan un apoyo económico suplementario.

La Renta de Ciudadanía Canaria es una etapa necesaria, y quizá el camino hacia una renta universal. Quienes suscribimos este artículo no tenemos duda alguna. Como tampoco de la necesidad de hacer los largos viajes por etapas.

Superar el marco jurídico, administrativo y social de la limitada PCI, precisará un acuerdo parlamentario y el empuje de todos los actores sociales, ya que supone todo un ajuste en las premisas sobre el tratamiento de la exclusión en nuestras islas.

Porque si bien los presupuestos son necesarios para poder implantar una renta que garantice nuestro derecho a la vida digna sin matices, más relevante aún es llegar a los acuerdos políticos y sociales que lo garanticen.

Hablamos de remover los cimientos de un problema estructural para garantizar derechos, hablamos de avanzar desde puntos de partida muy precarios. Hablamos de una renta para seguir avanzando, para no abandonar las metas, para rebelarnos contra el hecho de que la pobreza sea estructural en nuestra tierra, garantizando llegar a la meta, etapa por etapa.

Queremos ser ambiciosas, y por eso necesitamos la complicidad y el empuje de toda la sociedad para una Canarias que garantice la igualdad.

El Gobierno de Canarias ha comenzado a dar los pasos necesarios para hacer cumplir este artículo del Estatuto. Los pasado 9 y 10 de diciembre celebramos unas jornadas que, bajo el lema Redistribuye Canarias. Artículo 24: ¿qué Renta de la Ciudadanía queremos?, nos ha permitido abrir un espacio para el debate y el intercambio de ideas en torno al diseño del futuro modelo de renta de ciudadanía en nuestra comunidad.

Esto ha supuesto un hecho histórico porque desde el Gobierno canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, hemos dado un golpe de timón para empezar a poner las necesidades de nuestra gente en el lugar que se merece. Es hora de hablar claro sobre la pobreza en Canarias y reconocer el problema es, sin duda, el primer paso para afrontar su solución.

Sí, la pobreza existe en Canarias aunque no la queramos ver: según datos del Informe, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias), el 36,4% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que se traduce en unas 773.422 personas en términos absolutos. Según los datos, el 90% de las personas que crecen en la pobreza se mantendrán en la pobreza. Por tanto, nos enfrentamos a un problema estructural que pone de manifiesto el fracaso de las propuestas desarrolladas hasta el momento por las administraciones para hacer frente a esta realidad.

Se hace necesario revertir esta dura realidad, se hacen necesarias nuevas ideas, más audaces, más sociales, más valientes. Las viejas ideas y la vieja política ya no sirven. La pobreza y el desempleo se han cronificado en nuestra tierra bajo muchos rostros pero, sobre todo, adquiere rostro de mujer.

Es necesario cambiar las políticas y sus objetivos, comenzando por incrementar la dotación de los servicios públicos, tanto a nivel presupuestario como en recursos humanos. Pero también debemos impulsar todas las actuaciones necesarias para desarrollar un sistema productivo nuevo e inclusivo capaz de generar empleo con salarios dignos. A nadie se le escapa que existen muchas y muchos canarios que, aún teniendo un empleo, no logran llegar a fin de mes con unos ingresos mínimos dignos de vida.

Para dar respuesta a todas estas necesidades es necesario contar con una herramienta que instrumente todos estos objetivos. Por ello, debemos desarrollar el artículo 24 del Estatuto que prevé la Ley canaria de renta de Ciudadanía y el desarrollo de la Ley de Servicios sociales, herramientas necesarias y valiosas para intentar paliar los efectos de la pobreza en nuestra tierra.

Este Gobierno está centrado en el desarrollo de la futura Ley de renta Ciudadana canaria, pero lo vamos a hacer contando con todos los agentes implicados, con el Tercer Sector, con los agentes económicos y sociales, con los partidos políticos, con la ciudadanía, porque queremos que esta Ley sea consensuada, participada y participativa, queremos que esta Ley sea elaborada entre todas y todos, queremos una Ley que nazca y se constituya con vocación de perdurar en el tiempo, gobierne quien gobierne.

No se trata de regalar, se trata de redistribuir. No se trata de dar servicios, se trata de hacer cumplir un derecho. Es nuestra obligación como gobierno hacer cumplir los derechos de nuestras ciudadanas y ciudadanos creando herramientas de progreso, y la futura Renta de Ciudadanía lo es, como los son todas las nuevas herramientas fiscales que permitirán un reparto más equitativo y justo de la riqueza de esta tierra, nuevas herramientas legislativas y sociales, que permitan garantizar los servicios públicos esenciales que las y los canarios merecen y solicitan, y que claramente ahora no tienen.

Este proyecto de Renta de Ciudadanía no es solo un proyecto de la Consejería de Derechos Sociales, ni del actual Gobierno de Canarias ni siquiera del Pacto de las Flores o del Parlamento de Canarias. El proyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía es un proyecto de todas y todos, de nuestra sociedad en conjunto, y ahí radicará su éxito, porque es un proyecto de nuestra sociedad de futuro.

Hemos iniciado un camino: el de una Canarias que nunca más dejará a nadie atrás. Y queremos que, en este camino, avancemos todas y todos de la mano.

Por eso voy a votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo. Porque lo que se decide en Europa me afecta a mí directamente, a todos nosotros. En Bruselas están muy preocupados por la creciente desafección de la ciudadanía al proyecto europeo y por el aumento de la ultraderecha. Pero, ¿se habrán preguntado por qué la gente no va a ir a votar el 26M?, ¿por qué están desanimados? Quizá la gente no quiere campañas, lo que quieren son respuestas.

A nadie se le escapa que, ahora que la Unión Europea celebra sus 60 años, la construcción europea pasa una de sus peores crisis. Y todo empezó en el 2008 con una crisis financiera, que pasó a ser económica y terminó siendo social y política. Hijas de estas crisis son las mayores problemáticas que sufre Europa en estos momentos: el BREXIT, la falta de respuesta a los retos migratorios y el incumplimiento de convenciones internacionales, el debilitamiento del modelo social europeo, el auge de los extremismos y una pérdida de los valores que construyeron la Unión y que constituían un ejemplo para el mundo. 

Su falta de respuesta a estos problemas, su descoordinación interna, su falta de liderazgo y la pérdida de los valores que le vieron nacer es lo que ha provocado la desafección de los europeos y el resurgir de los peligrosos nacionalismos y la ultraderecha. Nada es casual, el origen de todos los problemas de la UE es la falta de respuesta efectiva a la crisis del 2008. La población europea buscaba respuestas y no las tuvo. Y ahora se sorprenden de la rampante desafección y se preocupan por el desinterés con respecto a las próximas elecciones europeas.

Sabemos que la Unión Europea ha sido un proyecto básicamente económico. Los padres fundadores ya intuyeron que la cooperación económica sería el mejor antídoto contra futuras guerras en nuestro continente. Y así fue, esa cooperación económica ha conseguido mantener unida a la UE. Pero una Unión meramente económica no era suficiente si no respondía a las demandas sociales, era necesario poner Europa al servicio de las personas. Por eso, en la primera década de los años dos mil, en los 10 años que transcurren entre el Tratado de Ámsterdam y el de Lisboa, se intenta incluir la dimensión social en los Tratados, medidas que, aunque tímidas, eran un primer paso. Pero ese desarrollo incipiente de un eje social se paró con la crisis. 

Cierto es que la UE tiene competencia muy limitadas en políticas sociales, pero también las tenía en política económica. Y cuando la crisis se recrudeció, la UE moduló sus propias normas para articular sistemas de control a las economías europeas al margen del control del Parlamento europeo, como es el caso de la Troika que, tras el rescate a los bancos españoles (ése por el que les hemos “regalado” 60.000 millones de Euros), seguirá supervisando nuestra economía.

Si se pudo dar respuesta a la economía y al sistema bancario, ¿por qué no se pudo ni se puede dar respuesta a los ciudadanos? La austeridad se convirtió en dogma y eso trajo recortes, pérdidas de derechos y retroceso en el modelo social europeo. Años después se ha demostrado que ese dogma era erróneo. Y las élites europeas se siguen aferrando a él, lo que provoca más desconcierto, más desigualdad y una creciente sensación de estar a las puertas de una nueva crisis económica. 

La única tímida respuesta ha sido el lanzamiento a bombo y platillo del Pilar Social en el 2017, que ni está dotado de medios económicos, ni es vinculante. Es decir, a día de hoy es una mera declaración de intenciones. No pretende desarrollar una verdadera política social europea, porque en ese caso se habrían aportado medios económicos a la altura de los desafíos; más bien se dieron cuenta que el desarrollo de la economía necesitaba de una “pata” social, una especie de muleta secundaria para apoyar lo realmente importante: la economía.

Pero todo esto no lo decidió un ente abstracto que se llama Unión Europea y al que todo el mundo echa la culpa escurriendo el bulto. No, esto lo deciden las fuerzas políticas, ya que el Parlamento Europeo es, junto con el Consejo Europeo, el órgano que aprueba o rechaza las normas que condicionan nuestra vida cotidiana. Suficientemente importante como para ir a votar, ¿no?.

En el Consejo Europeo se reúnen los presidentes y primeros ministros de los Estados Miembros, cada uno con su interés nacional como brújula de conducta. Las normas, una vez elaboradas por la Comisión europea, deben ser aprobadas por los llamados codecidores: el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. En las elecciones del 28 de abril vamos a votar, por tanto, a la persona que se sentará en el Consejo Europeo. Y en las del 26 de mayo a los eurodiputados y eurodiputadas que se reunirán en el Parlamento Europeo teniendo como criterio para la toma de decisiones su ideología política. Y los dos juntos serán los responsables de definir esa Europa que debe responder a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos europeos. 

La respuesta variará en función de la composición de esas dos entidades. Eso es Europa, un ente que actúa en función de las fuerzas que lo componen. En este momento, estas fuerzas son mayoritariamente conservadoras y así son sus políticas que desde luego no tienden a construir un modelo social europeo. Si no nos gusta cómo funciona o en lo que se ha convertido Europa ahora, no pensemos que el proyecto europeo en sí es el culpable y que ya no es válido. Pensemos que son los gobiernos nacionales y los equilibrios políticos en el Parlamento europeo los que se han equivocado. Ahora es cuando tenemos la oportunidad de darle otro color a través de nuestro voto. Ahora es cuando podemos participar a la construcción de la Europa que necesitamos y que merecemos.

Los europeos necesitan ver cómo sus necesidades económicas se acompasan con sus necesidades sociales y para eso necesitamos votar al Parlamento Europeo, para evitar un bloque político de ultraderecha, demasiado conservador o directamente euroescéptico que continúe destruyendo la UE desde dentro.

Podemos criticar mil cosas de la UE y con toda la razón, pero precisamente para poder cambiarla es fundamental votar quién queremos que dirija la UE y sus políticas. Eso no podremos cambiarlo si no votamos en las elecciones europeas y si no votamos por partidos que pongan a las personas en el centro del debate. 

Tenemos que convencernos de que podemos cambiar el rumbo, igual que lo hacemos cuando votamos “en casa”. En Europa esto queda más diluido y puede parecer que nuestro voto no tiene un impacto real y sí lo tiene. Europa ha perdido su alma, su autoridad moral y sus valores y hace falta recuperarlos. Es fundamental construir una Europa por y para las personas. Por eso es fundamental que votemos, nos jugamos mucho, porque lo que pasa en Europa no se queda en Bruselas; nos afecta, y mucho, también en Canarias.