Ante la urgencia climática, necesitamos un cambio de paradigma energético. El viejo modelo de producción basado en malgastar dinero público para alimentar un sistema centralizado y elitista basado en la importación y la quema de combustibles fósiles y energía nuclear debe quedar atrás de una vez por todas. 

Es, por lo tanto, imperativo trabajar desde dentro y desde fuera de los dominios del poderoso oligopolio energético español, mejorar los modelos actuales de gobernanza, y abordar la deseada transición desde abajo hacia arriba y no al revés. 

Los nuevos derechos ciudadanos en materia de energía aprobados a nivel europeo deben trasponerse y aplicarse con la mayor brevedad posible. Representan un paso importante para recuperar nuestra soberanía energética como consumidores y como país, para apostar por un democratización real del sistema de producción y distribución, y, finalmente, para promocionar los proyectos colaborativos de energía comunitaria a cualquier escala. Solamente con un nuevo marco legislativo que incluya la participación de una ciudadanía consciente de nuestro potencial como agentes del cambio, lograremos alcanzar con éxito el modelo energético 100% renovable antes de 2030. 

Como punto de partida actual, vamos a atenernos al primer borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno presentó hace un mes a la Comisión Europea. Sobre el papel, todo parece indicar que en los próximos años España va a dejar de ser el furgón de cola en materia de políticas climáticas para situarse de nuevo entre los países europeos más progresistas. 

Dicho esto, es preciso remarcar que, si bien, la actual propuesta es mucho más ambiciosa en comparación a otros estados tanto o más responsables del cambio climático en términos históricos, los objetivos que incluye son inadecuados en relación a las demandas de la ciencia (IPCC) y de la Justicia Climática. En otras palabras, la escala del esfuerzo que presenta el Gobierno es la correcta, pero la velocidad para alcanzar el objetivo final es totalmente inapropiada. Sin embargo, hay que reconocer que el trabajo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) supone la apertura hacia un nuevo paradigma de la energía basado en lo que se conoce como soberanía energética. 

Hay muchas maneras de entender la soberanía energética, pero la definición más extendida es la que establece la capacidad de una entidad de controlar, regular y gestionar los recursos energéticos autóctonos de la misma. En el caso español, los recursos de los que estaríamos hablando son el sol y de viento y, en menor medida, del resto de alternativas renovables. 

Este país cuenta además con regiones ideales para convertirse en pioneras. Tanto las Islas Baleares como las Canarias podrían ser la punta de la lanza en esta cruzada por aprovechar los recursos propios y gestionarlos de un modo efectivo y que satisfaga todas las necesidades de las comunidades locales. A continuación, sería cuestión de ir exportando el modelo a otras comunidades autónomas una a una, según sus posibilidades y fortalezas. Es importante que las políticas estatales reconozcan que cada región, cada ciudad, e incluso cada barrio, tienen características distintas en términos de uso de energía y oportunidades de producción. Hacer la diferenciación y legislar en consecuencia, puede ahorrarnos en conjunto muchas toneladas de dióxido de carbono al final del año. 

Pero más allá de dejar de importar carbón, petróleo y gas para aprovechar de manera localizada la energía que nos brinda el sol y el viento, es importante que esta transición cuente con elementos emancipadores. Y una manera de lograr esto es otorgar nuevos derechos en materia de energía a la ciudadanía. En este sentido, la nueva Directiva Europea de Energía Renovable, y más concretamente los artículos 21 y 22, deberían ser el espejo donde reflejar el marco regulatorio estatal. 

Los contenidos de ese artículo cambian drásticamente las reglas del juego para la ciudadanía. Tras tres décadas en las que términos como “autoconsumo” o “cooperativismo energético” se encontraban en una especie de limbo jurídico, la nueva legislación europea por fin consagra el derecho ciudadano a producir, consumir, vender y almacenar energía renovable, sin que la ciudadanía sea penalizada por ello. 

La democratización de la energía empieza por el reconocimiento del papel que han jugado hasta ahora, y que jugarán en el nuevo paradigma energético, las iniciativas de base ciudadana a lo largo y ancho de Europa. Para abrir el mercado a todo el mundo, ya sea de forma directa o a través de terceros, es imprescindible un marco jurídico que garantice las inversiones de estos nuevos agentes energéticos, es decir, ciudadanía, autoridades locales y pequeñas y medianas empresas. El autoconsumo individual y colectivo debe estar blindado a cambios de Gobierno. 

Existen estudios que afirman que para el año 2050, la mitad de la demanda eléctrica en España podría ser cubierta con energía ciudadana. Esto nos da una idea del potencial latente que existe en nuestras cubiertas y azoteas (no hay que olvidar que más de un 65% de la población española habita en bloques de apartamentos).

Este nuevo modelo energético basado en la democratización y reconocimiento de diversas formas de propiedad y regulación, debe ser contemplado desde la óptica del interés general, y debe ser inclusivo, justo lo contrario del modelo heredado del siglo pasado. Ahora más que nunca, está en nuestra mano expulsar los kWh sucios del pool energético a base de iniciativas particulares o colaborativas. 

Pero para que la soberanía y la democracia energética sean una realidad en España, es fundamental que Gobierno haga tres cosas en 2019: trasponer en su totalidad -y cuanto antes- la nueva Directiva Europea de Energías Renovables; crear un marco regulatorio que acoja y estimule la democratización real de la energía (incluyendo un objetivo vinculante de energía comunitaria en el PNIEC, por ejemplo), y finalmente reconocer y promocionar iniciativas de energía comunitaria y socialización de la energía. 

A día de hoy existen diversas iniciativas de energía comunitaria en territorio español, y la mayoría han surgido en un momento de crisis financiera global o de adversidad política en el plano estatal. Que hoy en día sigan siendo una realidad, es algo digno de admirar, y demuestra su estabilidad y la fortaleza de los mismos . Estos proyectos –y las personas que los conforman- son los verdaderos pioneros de la transición energética en España, y es imprescindible que se reconozca su labor. 

En este informe de Amigos de la Tierra explicamos algunas de sus historias, y en este cuaderno, explicamos en detalle el nuevo marco europeo que favorece la propagación de iniciativas renovables ciudadanas. 

Si el Gobierno pretende eliminar un tercio de sus emisiones totales de gases de efecto invernadero durante la próxima década, va a necesitar el apoyo de toda la ciudadanía, la energía comunitaria. Si legisla a favor del bien común, y es consciente del gigante energético dormido que existe en este país, logrará alcanzar ese objetivo no en 2030, si no cinco años antes.