La presidenta del banco Santander, Ana Patricia Botín, fue elegida este año por la revista Fortune como la mujer más poderosa e influyente del mundo en el ámbito de los negocios. Desgraciadamente, el banco que ella dirige tiene el deshonor de ser la empresa del IBEX 35 con mayores filiales en paraísos fiscales.

Según el informe “Quien parte y reparte” de Oxfam publicado el pasado octubre de 2019, de las 805 filiales de las empresas del IBEX 35 radicadas en paraísos fiscales en 2018, el Banco Santander es con diferencia el que más filiales tiene (207), a gran distancia de las siguientes en el ranking, ACS (102) y Repsol (70). Bien podría aprender la presidenta del Banco Santander de la competencia, ya que el banco BBVA, a pesar de mantener todavía 42 filiales, ha realizado un esfuerzo importante en este sentido, reduciendo un 33% su presencia en estos territorios. Cabe destacar también el esfuerzo de Repsol y Arcelor Mittal, que han reducido la presencia en un 14%.

El destino preferido del IBEX 35 es Delaware (EEUU) con 352 filiales, seguido de Holanda (119), Irlanda (75) y Luxemburgo (56).

Si bien las filiales en paraísos fiscales tienen su lógica cuando se lleva a cabo una actividad económica en estos territorios, muchas empresas crean verdaderos entramados empresariales con el único objetivo de evitar pagar impuestos. Diferentes prácticas utilizadas como la deslocalización de activos intangibles, distorsionar de forma abusiva los precios de transferencia o los préstamos intragrupo, son prácticas legales que pueden ocasionar un impacto tributario (y, por tanto, social) muy perjudicial. Algunos los llaman trucos de magia y otros fraudes legales.

El estudio mencionado anteriormente, calcula que 13.000 millones de euros de beneficios empresariales son desviados hacia paraísos fiscales (principalmente Holanda, Luxemburgo e Irlanda), ocasionando una pérdida tributaria en España de 3.250 millones de euros, el 13% de la recaudación del impuesto de sociedades. Menudo coladero… El estudio también destaca la brecha de 2018 entre el incremento de la recaudación fiscal del Impuesto de Sociedades (7,3%) y el incremento en el resultado positivo reportado (12,9%). Esto no es una cosa puntual de 2018 sino una tendencia consolidada, pues a pesar de aumentar los beneficios de las empresas, cada vez tributan menos por ellos.

En los últimos años se está debatiendo mucho sobre la necesidad de reformular el Impuesto de Sociedades. En 2018 se recaudaron 24.838 millones de euros frente a los 44.823 millones que llegaron a ingresarse en 2007, y eso a pesar de que en 2018 se sobrepasó el nivel de beneficios alcanzado justo antes de la crisis. Los datos publicados por la Agencia Tributaria son impactantes: Las grandes empresas habrían tributado en 2017 al 7,7% (tipo efectivo sobre los beneficios mundiales) y las entidades financieras al 2,68%, frente a las pequeñas y medianas empresas, que lo hicieron al 18,37% y 14,07% respectivamente.

Es cierto que existe debate en cuanto a los datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la recaudación del impuesto de sociedades. Por un lado, la propia Agencia Tributaria y el Gobierno destacan la recaudación sobre el resultado contable positivo (simplificando, sobre los beneficios mundiales). Por el otro, la CEOE insiste en que se debe tener en cuenta la recaudación sobre la base imponible (que recoge deducciones y descuenta beneficios obtenidos en el extranjero, créditos fiscales o bases imponibles negativas), lo que dejaría el tipo efectivo de las grandes empresas en el 19,93%. Precisamente, el problema radica en las dificutades para tener una respuesta clara, pero lo que sí que está claro es que el impuesto de sociedades debe reformarse inmediatamente. ¿Y por qué debe reformarse? Porque la internacionalización, la competitividad fiscal mundial y la ingeniería fiscal entre otros factores, han permitido a las grandes empresas beneficiarse de los fallos en los sistemas impositivos para reducir de forma considerable la parte correspondiente de impuestos a pagar. No resulta comprensible que Netflix, por ejemplo, con más de 2 millones de usuarios pague tan sólo 3.146 € en impuestos, el equivalente al IRPF de una persona trabajadora que gana 24.000 € al año. Es una verdadera vergüenza. En el caso de las empresas tecnológicas no podemos hablar de trucos de magia sino de pura magia negra.

Estas prácticas son totalmente injustas para el resto de empresas que pagan su parte correspondiente de impuestos y no pueden competir en las mismas condiciones que aquellas que los reducen de forma agresiva. Además, la reducción de la recaudación repercute negativamente en los ingresos del estado y, por tanto, en la financiación de los servicios públicos como el sistema sanitario o educativo, la justicia o las inversiones en infraestructura. Todo ello, incide directamente en la sociedad aumentando los desequilibrios y la desigualdad social.

Se requiere una reforma inmediata para que las grandes empresas tributen donde generen la actividad económica, regulando deducciones y beneficios fiscales para que paguen su parte correspondiente, sin lugar a dudas. A su vez, todas las empresas deben operar ejerciendo un liderazgo de responsabilidad social que disminuya las desigualdades como ya hacen algunas de las grandes empresas. No debemos olvidar que aquellas sociedades que reparten de forma justa la riqueza y protegen la equidad, no sólo permiten que la economía funcione mejor, sino que favorecen el bienestar social y la convivencia. La justicia fiscal es un derecho del que no podemos prescindir por más tiempo.

Mediante una planificación fiscal agresiva que permite trasladar la mayor parte de los ingresos a Irlanda, Facebook pagó un importe irrisorio de 267.000 € en España, a pesar de los ingentes beneficios que obtuvo por publicidad en el país gracias a sus usuarios. En cierto modo, es un detalle pagar algo, pues si quisieran, podrían hacer que les saliera a devolver. De las mayores tecnológicas del mundo, Facebook es con diferencia la que menos paga y, además, se ahorra en torno a 80 millones de euros en  impuestos en España.

Otra de las grandes tecnológicas, Google, llegó a desviar 20 mil millones de dólares en 2017 a nivel mundial desde Irlanda a Bermudas pasando por Holanda. Esta estructura de ingeniería fiscal le permitió ahorrarse en torno a 120 millones de euros en España (considerando un tipo impositivo general del 25%).

Pensamos que tener una cuenta de Facebook, Instagram o Google es gratis, pero la realidad es que nos sale realmente caro. Las grandes tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) obtienen sus ganancias gracias a la publicidad y a la información que extraen de sus usuarios. Generan enormes beneficios, pero contribuyen muy poco. De hecho, en 2017dejaron de pagar en España entre 300 y 500 millones de euros. El robo del siglo. Y si no pagan las grandes empresas, ¿a quién busca Hacienda para pagar y que cuadren las cuentas…?

Este tipo de prácticas no pueden continuar año tras año porque dañan la recaudación del estado, aumentando los desequilibrios y la desigualdad. Se trata de cientos de millones de euros que pueden utilizarse en mejorar la sanidad, la educación, las políticas de I+D, de inserción profesional, etc. Es gracias a los ciudadanos y ciudadanas que estas empresas han florecido con tanto éxito. Qué menos que devolver el “favor” contribuyendo y aportando lo que moralmente corresponde.

En este sentido, el Termómetro de responsabilidad fiscal empresarial, elaborado por Oxfam Intermón, ESADE, la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) y Sustentia, puede ser una buena herramienta a disposición de las grandes empresas para incrementar la responsabilidad fiscal, reduciendo los niveles de elusión y evasión fiscal de cara a alcanzar una tributación más justa.

Nos llegan noticias muy positivas sobre el impulso internacional que está cogiendo la propuesta de gravar a las grandes empresas según el lugar en el que generen su negocio y no según el lugar donde radique su sede fiscal (generalmente en paraísos fiscales). De hecho, Francia adoptó el pasado 11 de julio una tasa del 3% (tasa GAFA) a las mayores tecnológicas con la que espera recaudar 650 millones de euros en 2020. Otros países, entre ellos España, ya han indicado que seguirán sus pasos.

A pesar de ello, ante esta injusticia y sangría fiscal, no podemos olvidar la responsabilidad que tiene la ciudadanía. Por un lado, como consumidores y consumidoras, siendo conscientes del poder que tenemos a la hora de elegir un producto o servicio que contribuya al proyecto común de forma justa. Y, por otro lado, como personas que apoyan la redistribución de la riqueza como estrategia de cohesión y bienestar social.

Llevamos muchos años poniendo morritos, pero ahora toca movilizarse para exigir nuestra parte del pastel.

Sergio Crespo es experto en prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal y colaborador de Oxfam Intermón en València

¡Ay Manola, que nos han vuelto a engañar este año…!

Mi querida amiga Manola es una maravillosa mujer de 63 años con una fuerza y un corazón sorprendentes. Recientemente perdió a su hijo por una enfermedad estando en lista de espera para ser operado. Ella ha vivido de primera mano el impacto que tiene la reducción de la carga impositiva de grandes patrimonios y multinacionales sobre el gasto social y, en especial, sobre el sistema sanitario. Y desgraciadamente, no es la única…

Las noticias que aparecieron hace unas semanas, con relación a la presión de algunos gobiernos europeos para reducir la lista de paraísos fiscales propuesta por la Comisión Europea, le provocan una tristeza profunda. No puede entender este tipo de decisiones que afectan fuerte e injustamente a la gran mayoría de la sociedad europea, y en particular a los españoles y españolas, tras haber vivido la dureza de la última crisis. Un periodo que ha dejado atrás a muchas personas que deben hacer enormes esfuerzos para llegar a fin de mes y, a otras muchas, en niveles de pobreza inaceptables.

El pasado 12 de marzo, el Consejo de Finanzas de la UE (ECOFIN), formado por los ministros y ministras de Hacienda de la UE, hicieron pública la lista negra de paraísos fiscales. Esta lista, compuesta por 15 países, proviene de una propuesta de la Comisión Europea que evaluó durante 2018 a 92 países según criterios de transparencia fiscal, fiscalidad justa y medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (anti-BEPS). Otros 34 países continuarán siendo evaluados durante este año, permaneciendo en una lista gris, y dependiendo de los resultados entrarán en la lista negra o no.

A pesar de que la UE ha conseguido presionar y movilizar a más de 60 países para modificar muchos regímenes fiscales perjudiciales, los baremos de evaluación de los países implicados son muy permisivos y están influenciados por la presión política. Mi querida Manola se revuelve al observar que verdaderas potencias de la agresividad fiscal quedan excluidas de la lista negra. Piratas fiscales, ávidos de los beneficios generados por las empresas en el exterior, como EEUU, Suiza, Singapur, e incluso países compañeros del proyecto europeo, como Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Malta o Chipre, están generando un perjuicio económico masivo al resto del bloque de la UE y en especial a los países en desarrollo. Ninguno de ellos aparece en la lista negra.

El informe de Oxfam “Vía libre” (publicado el 7 de marzo de 2019) estima el impacto del traslado de beneficios desde Francia, España, Italia y Alemania al exterior: Estos cuatro países han dejado de recaudar hasta 35.100 millones de dólares en 2015. En el caso de España, con ese dinero perdido, se podría haber reducido un 12,4% el gasto en sanidad de cada hogar. El cálculo se basa en las investigaciones realizadas en el informe “The Missing Profits of Nations” de 2018 en el que se estima un traslado de beneficios de las grandes empresas hacia paraísos fiscales de 600.000 millones de dólares en 2015. El 30% de este volumen terminó en paraísos de la UE. El informe también estima que el 80% de los beneficios trasladados desde países europeos terminó en paraísos fiscales de la UE, principalmente en nuestros países amigos: Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos. Un verdadero e incomprensible expolio.

La impunidad de estas prácticas fiscales nocivas dentro de la UE está intensificando la competencia fiscal entre los estados miembros. Si en 1997 el tipo impositivo medio del impuesto de sociedades era del 35,2%, en 2018 cayó al 21,9%. Un ejemplo claro de la competencia fiscal se encuentra en la forma de tributar de los activos intangibles en la UE, como las patentes, las marcas o el software, cuyos beneficiarios directos son los que registran este tipo de activos, las grandes empresas, como las tecnológicas y farmacéuticas.

Además de la UE, los otros grandes perjudicados son los países en desarrollo que, según estimaciones de 2015 de la UNCTAD, dejan de ingresar al menos 100.000 millones de dólares anuales en impuestos por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de los paraísos fiscales. Por otra parte, en estos países, las mujeres son mucho más representativas en las franjas de pobreza y niveles de renta bajos, siendo mucho más vulnerables a las consecuencias de la evasión fiscal de las grandes empresas, ya que los gobiernos deben compensar las pérdidas de recaudación con subidas de impuestos a la población. En estos países, dos tercios de los ingresos recaudados provienen de impuestos sobre el consumo (o indirectos) que al no ser progresivos, generan desigualdad y mayor pobreza, pues las personas con rentas más bajas se ven obligadas a hacer un esfuerzo mayor para adquirir bienes de consumo básicos (comida, productos de higiene, medicinas,…)

En el informe de Oxfam mencionado, se han analizado diferentes puntos que debilitan la evaluación de las prácticas fiscales nocivas de los países de la lista gris. Entre ellos, destaca la exigencia de la UE de evitar el trato fiscal preferencial destinado a empresas extranjeras o a beneficios obtenidos en el extranjero frente a empresas del país y beneficios generados localmente. Para eludir este requisito, muchos de los países analizados igualan los tipos impositivos, ampliando las rebajas fiscales preferenciales a nivel local, pues de este modo la UE no las considera preferenciales. Este hecho convierte a muchos países en territorios todavía más nocivos, por lo que la UE volverá a evaluar de nuevo algunas de las medidas aplicadas. A pesar de ello, países como Hong Kong, Jersey, Isla de Man o Panamá han conseguido escapar de la lista gris por esta razón, aun siendo auténticos paraísos fiscales. La Unión Europea está siendo directamente responsable de legitimar este tipo de prácticas al ser tan permisiva.

La falta de voluntad política es evidente y preocupante. Muchos de los países europeos ponen trabas a la transparencia, como es el caso de Alemania, que trata de reducir la efectividad de la publicación de los informes país por país (CbCR) de la OCDE sobre las estructuras de tributación de las grandes empresas, bajo la premisa de la confidencialidad. No suele mencionarse a Alemania como un país que favorece la elusión y evasión fiscal, pero según la Red para la Justicia Fiscal, Alemania ocupó en 2018 la 7ª posición del mundo en el “ranking” de secreto financiero, por detrás de Suiza, EEUU, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur y Luxemburgo, y por delante de Emiratos Árabes Unidos, Isla de Guernsey o Panamá. Como segundo centro financiero europeo, cuya capital es Frankfurt, las estructuras corporativas como los fideicomisos alemanes (Treuhand) que dificultan la identificación de los verdaderos titulares reales, y el peso de Alemania en los flujos económicos mundiales, otorgan a este país un 5% de la cuota mundial del secreto financiero, convirtiendo a Alemania en una verdadera potencia de la opacidad. No es de extrañar por tanto que su discurso lleve una doble moral en público y privado.

Cabe destacar también la importancia de los países “conducto” que se mencionan en el informe de Oxfam, extraídos a partir de las investigaciones del informe “Piercing the veil”. El informe estimó que el 40% de toda la inversión directa extranjera en el mundo (es decir, la que se asocia a patrones de inversión a largo plazo, crecimiento y eficiencia) es completamente artificial. Se trata por tanto de inversiones financieras que transitan por sociedades instrumentales sin una verdadera actividad real. Las 8 principales economías “conducto” (Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas, Islas Caimán, Irlanda y Singapur) albergan más del 85% de estas inversiones mundiales en sociedades instrumentales, cuyo objetivo es reducir la carga fiscal lo máximo posible. Es por ello por lo que el informe destaca la necesidad de poner el foco sobre estas economías que condicionan la ubicación de servicios y actividades, y distorsionan el comercio y la eficiencia de los patrones de inversión, aumentando la desigualdad y el rechazo social a los sistemas tributarios.

Entre las recomendaciones que se proponen en el Informe de Oxfam se encuentran: intensificar el control de las economías “conducto”, promover una lista de paraísos sin injerencias políticas, aumentando la transparencia y la participación en el proceso de elaboración del Parlamento Europeo y de países extracomunitarios, evaluar los cambios realizados por los países de la lista gris para verificar el cumplimiento de los criterios de la UE, incluir análisis económicos para mejorar la detección de los países que facilitan la evasión y elusión fiscal, adoptar una base común consolidada del impuesto de sociedades en la UE y, evidentemente, adoptar medidas dentro de la propia UE contra las prácticas fiscales agresivas de nuestros compañeros europeos.

Mi querida Manola, a pesar de su enfado e incomprensión no pierde la esperanza, y sabe que se ha iniciado un movimiento y una presión ciudadana que poco a poco va dando resultados para atajar las prácticas fiscales agresivas. También tiene muy claro que esta presión debe ser constante para que dé resultados, pues existen muchos interesados en continuar con estas prácticas injustas y ambiciosas. Por eso, continuará movilizándose. Para que los ciudadanos podamos tener mejores oportunidades, y en especial lo hará, para que las personas que se encuentran en listas de espera no pasen por la situación trágica que ha tenido que pasar su hijo.

*Sergio Crespo Ginés, master en Internacionalización Económica. Analista FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act. Colaborador de Oxfam Intermón en Valéncia