Seamos claros. Ninguno de los últimos Gobiernos ha tenido la voluntad y la valentía suficiente para atreverse a cortar de raíz la exclusión de millones de personas del derecho a disponer de un suministro de energía suficiente. La pobreza mata en nuestro país. La estimación de más de siete mil muertes prematuras anuales por pobreza energética, señala directamente a las condiciones inadecuadas de habitabilidad de las viviendas de las personas afectadas que impactan en su salud.

La reforma del bono social, acordada por el PP, PSOE y C’S en 2017, ha demostrado ser un absoluto despropósito. En ella se tejía una tela de araña de trámites administrativos que dificultaba la renovación (obligada) del Bono Social a las personas beneficiarias, acompañadas de campañas publicitarias y de información insuficientes. Una reforma del Bono Social que no solo no ha introdujo protecciones suficientes a los consumidores vulnerables, sino que ha aumentado las cifras de pobreza energética.

La reforma aprobada por el Gobierno del PSOE no cambió la estructura del diseño de un bono social que parecía tener como objetivo final reducir el número de personas acogidas al descuento en la factura eléctrica. A mediados de enero del presente año la cifra de hogares acogidos al bono social no alcanzó el millón doscientos mil, cuando a  fecha de 31 de octubre de 2017 se superaban los dos millones tres cientos mil usuarios acogidos al mismo.

El Acuerdo de Presupuestos suscrito entre el Gobierno y el Grupo Confederal establecía medidas concretas para acabar con la pobreza energética, reducir el precio de la electricidad, acabando con los beneficios injustificados de las eléctricas, y modificar la factura de la electricidad. Medidas para las que no se necesitaba de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, como la automatización de la gestión del bono social, para evitar la burocracia que limita el acceso de muchas personas; la financiación íntegra a cargo de las empresas; la aplicación estricta del principio de precaución, para que las empresas no puedan cortar la luz sin un informe favorable de los servicios sociales, ya que ahora sólo protege a determinados colectivos; o permitir que el bono social sea gestionado por todas las comercializadoras, municipales o cooperativas, y no sólo por las empresas del oligopolio.

El Gobierno no ha dado cumplimiento a estos acuerdos, se ha concentrado en la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, hecha pública el pasado cinco de abril. Una Estrategia sin presupuesto ni plasmación de medidas estructurales reales y en la que se obvia del diagnóstico los elevados precios de la luz y el papel de las grandes empresas energéticas, así como tampoco plantea soluciones estructurales que afecten al diseño de la factura eléctrica y al mercado energético. Parece que no se quiere molestar al oligopolio.

España tiene una de las facturas de la luz más caras de Europa y tolera desde hace décadas cifras crecientes de pobreza energética, según datos del propio Gobierno entre 3’5 y 8’1 millones de personas sufren alguna de las manifestaciones de la pobreza energética. Todo ello en un mercado energético concentrado en manos de unas pocas empresas que obtienen grandes beneficios, véanse los 1.417 millones de euros de beneficio neto en 2018 de la antigua empresa pública de electricidad, Endesa.

Para reducir el precio de la electricidad y acabar con la pobreza energética hay que tomar medidas de calado, introduciendo una regulación que proteja a la ciudadanía. Se trata de seguir el camino marcado por la ley catalana 24/2015, surgida de una iniciativa legislativa popular, que ha demostrado su eficacia en la protección de las personas vulnerables ante los cortes de la luz.

La transición ecológica a un modelo electrificado y basado totalmente en las energías renovables va a garantizar energía mucho más barata que la producida por los combustibles fósiles o las nucleares. Pero no podemos esperar, es necesario tomar medidas inmediatas que garanticen que toda la ciudadanía tenga acceso a un consumo vital de suministros básicos, electricidad, agua y la calefacción.  Las propuestas están sobre la mesa, son patrimonio de la sociedad civil, de las asociaciones, de los colectivos de personas afectadas, de las centrales sindicales, del defensor del pueblo y un largo etcétera. Lo que ha quedado claro es que para que sean llevadas a la práctica, hace falta un gobierno liderado por Unidas Podemos y En Comú Podem.