A pesar del vulgar y plebeyo rumor que campa por mentes simples, València —la misma, la de las flores, la de la luz, la del insuperable orxata— no alberga, ni ha albergado, ni albergará jamás, un solo apartamento turístico. Poseedor como soy de una perspicacia que raya en lo metafísico, tengo la prueba irrefutable, la Q.E.D. existencial, que sepulta tal patraña y de cuya procedencia nadie puede dudar: el Ayuntamiento de la dos veces leal Valencia del Cid. La mera insinuación de que existan tales alojamientos en nuestro sagrado término municipal es un bulo de la misma estirpe intelectual que sostener que la Tierra es un geoide errante por la inmensidad sideral, o que el clima se altera por la insignificante actividad de una especie —la humana— que ni siquiera es capaz de volver a doblar correctamente el plano de nuestra ciudad después de haberlo desdoblado. Y si no lo creen, prueben.

Vayamos, pues, por partes, pues la plebe necesita instrucción dosificada.

Desde hace algún tiempo, observo con la condescendencia que otorga el vivir en un barrio avant la lettre, cómo en el perímetro de mi residencia proliferan viviendas que presentan síntomas de una alarmante ausencia botánica en sus balcones. Estos, esos mínimos pulmones urbanos, carecen de la más mínima clorofila. Si acaso, si exhiben una flora eterna, e inquebrantable, es porque está hecha de un polímero que desafía las estaciones: esto es, el plástico. Un detalle menor, sin duda, pero como la colilla en un cenicero en el escenario de un crimen atroz podemos decir aquello que dijo un mal detective: “aquí ha fumado alguien”.

Este pequeño detalle no tendría importancia si no fuera porque paralelamente, con la llegada del estío, comienzan a florecer, colgadas hacia la calle con un primitivismo conmovedor, toallas de playa, práctica no admitida por nuestras inolvidables madres. Además, y he aquí la maravilla, estos mismos balcones parecen haber suscrito un pacto tácito de decoración low-cost: cada toalla viene invariablemente acompañada de una mesita plegable de dudosa estabilidad y al menos dos sillas de una marca sueca, famosa por sus manuales de instrucciones que parecen escritos en código rúnico “i-que-a” menudo exigen una destreza próxima a la del montaje de un reactor nuclear.

Mi curiosidad, ya de por sí exacerbada por tan pintoresco panorama y alarmentes detalles, alcanzó cotas de asombro antropológico al percatarme de los seres que deambulan por el área. Una heterogénea colección de bípedos de todo pelaje, altura y, sobre todo, anchura cuya fisonomía delata un origen remoto y exótico. Unos, procedentes de latitudes tórridas, exhiben una pigmentación epidérmica que tiende, con voluptuosidad, al ébano. Otros, huidos de gélidas tundras, presentan una palidez espectral que bien podría confundirse con una anemia galopante, de no ser por el rubor —casi exagerado— que les inflama las mejillas o el cuerpo entero bien por tras ingerir cantidades industriales de alcohol de baja calidad, bien por exponerse al sol valenciano en largas sesiones.

Estos especímenes humanos (sí, he convenido científicamente, que son “personas”, pues poseen, en esencia, los mismos atributos básicos que nosotros, los valencianos de pro) se distinguen por dos rasgos identitarios inconfundibles. El primero: su inseparable séquito de maletas con ruedas de un plástico duro, diseñado aparentemente para producir el máximo estrépito. El trac-a-trac rítmico contra baches, alcantarillas o, en el colmo del esperpento, contra los arcaizantes adoquines que algún edil, en un arranque de genialidad historicista, decidió implantar para dotar al barrio de un “je-ne-sais-quoi” de aldea medieval. Ignoró, el buen hombre (o mujer, pues desconozco su género y aún menos su sexo), que el adoquinado medieval no fue una elección estética de nuestros antepasados, sino la resignada aceptación de la ausencia de otro material, pongamos por caso, asfalto. Pero como me desvío de mi preocupación central en un lapsus que me lleva a los cerros de Úbeda, -lugar, por cierto, infinitamente más auténtico que este esperpento pero que nada tiene que ver con el asunto-, volvamos a mi argumentación

La segunda característica es su volatilidad existencial. Puede uno toparse con ellos en la verdulería, comprando tomates con la perplejidad de quien descubre un artefacto alienígena, o apiñados en mesas de pizzerías en un número que va de dos a cientos. Coincides un día, quizá dos. Luego, puf, se esfuman. Desaparecen sin dejar rastro, como un espejismo, y son inmediatamente reemplazados por otra cohorte de seres de pelaje y dimensiones distintas, pero ocupando los mismos lugares. La deducción lógica es obvia: o han desarrollado una fobia repentina al barrio, o han regresado a sus hogares de origen. La tercera opción, su desaparición natural o forzada, no llevaría a conclusiones que no quiero ni pensar.

Ante tal cúmulo de evidencias circunstanciales —balcones yertos o plastificados, muebles nórdicos o valencianos pero de imitación, desfile de maletas, metamorfosis humana constante—, mi mente privilegiada empezó a hilvanar una teoría. Una conexión casi causal. ¿Podría ser que estos se alojaran en… ¡pisos turísticos¡? La idea, lo confieso, me asaltó con la fuerza de un rayo. Decidí, pues, acudir a la fuente de toda verdad terrenal en la ciudad: el Ayuntamiento. Con la precisión de un cirujano, delimité mi consulta a una plaza concreta y sus aledaños, donde una veintena de inmuebles exhibían, de manera “fehaciente y estadísticamente relevante” (permítanme la auto cita), todos los síntomas descritos.

Y hete aquí la revelación, el momentum que separa al vulgo del iluminado, la intuición y la razón, la falsedad de la Verdad (así, con mayúsculas). La respuesta municipal fue de una claridad meridiana, un monumento a la lógica administrativa, un acto de racionalidad frente a una fake news: en esos casi veinte inmuebles en los que yo creí ver lo que no es visible, no hay, no ha habido, ni habrá, ningún piso turístico registrado. Y, en un alarde de rigor entre administrativo y científico, se me sugirió que, si persistía en mi ridícula sospecha, realizara un censo puerta a puerta, concediéndome así licencia para el allanamiento de morada.

Ante tan rotunda, inapelable e intelectualmente devastadora demostración de que los apartamentos turísticos en València son un mito, un fantasma, una quimera, no me queda más que rendirme a la evidencia. He decidido, en un acto de coherencia suprema, revisar todas mis creencias previas. Acepto, pues, que la Tierra es plana, que el clima cambia por las flatulencias de los dinosaurios (una teoría, sin duda, más sólida que la del CO₂) y que, en efecto, València es una ciudad preservada en ámbar, inmune a las bajas pasiones del turismo masivo. Los turistas, claramente, son alucinaciones colectivas. Y sus maletas, el sonido de los renos de Santa Claus rodando sobre nuestros adoquines de cartón-piedra.

La memoria justificativa de la nueva regulación de usos hoteleros impulsada por el Ayuntamiento es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. Desde su primer párrafo, el documento parece alinearse con las reivindicaciones de las plataformas en defensa de la vivienda: alerta sobre los riesgos del crecimiento turístico descontrolado, advierte de la pérdida de tejido residencial y subraya la necesidad de proteger la vida ciudadana. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar las medidas, el discurso se diluye, se relativiza y termina proponiendo una regulación que contradice abiertamente el diagnóstico previo.

El contraste es tan evidente que basta con leer algunos fragmentos del propio documento. En él se afirma que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda puede romper el equilibrio que debe garantizar que la ciudad continúe siendo un lugar donde desarrollar la vida ciudadana”. También se sostiene que es necesario regular el uso turístico para “evitar la pérdida del uso residencial”, “evitar interferencias en el mercado de la vivienda”, “garantizar el acceso a la vivienda” y “proteger el tejido comercial de los barrios”. Con semejante punto de partida, cabría esperar una regulación firme, restrictiva y orientada a frenar la presión turística. Pero no es así.

El diagnóstico que desarrolla la memoria es, de hecho, demoledor. Habla de “saturación”, “sobreexplotación”, “especulación inmobiliaria”, “sobredimensionamiento de la oferta turística”, “crecimiento exponencial”, “carestía del alquiler”, “huida de la población joven”, “uso indebido de plataformas tecnológicas”, “deterioro de la convivencia” y “colonización turística”. Incluso incorpora conceptos como “turistificación” y “gentrificación”, cuyo origen remite a la sustitución de la población trabajadora por clases más acomodadas. Es decir, el documento describe un conflicto social profundo, aunque evita nombrarlo como tal.

Este diagnóstico no surge de la nada. Se apoya en estudios de la Cátedra MESVAL, EXCELTUR, ReviTUR, la Fundación Visit Valencia y diversas universidades, además de la Sentencia del Tribunal Supremo 5958/2019. Todo ello en las primeras treinta páginas, reforzado por datos —aunque suavizados y no actualizados— del servicio de licencias urbanísticas. El documento recoge ejemplos de ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, donde se han aplicado medidas estrictas para contener el turismo. Incluso rechaza explícitamente las estrategias que buscan convertir las ciudades en destinos turísticos mediante la inversión pública. Y reconoce que las medidas actuales son insuficientes para controlar los efectos negativos. Hasta aquí, la coherencia es impecable. Con semejante acumulación de evidencias, parecería lógico que la memoria concluyera con una propuesta regulatoria contundente. Pero ocurre justo lo contrario.

Sin embargo, a partir de la página 40, la memoria da un giro inesperado. De pronto aparecen conceptos como “unidad de mercado” y “derecho a la implantación de servicios”, apelando a la Directiva de Servicios de 2006, que —según reconoce el propio documento— no es aplicable en materia urbanística. A partir de ese punto, la regulación se reduce a una mera “ordenación urbanística del uso de viviendas turísticas”, evitando cualquier interpretación que pudiera resultar restrictiva. Se introduce incluso la idea de que la “razón imperiosa de interés general” es un concepto “dinámico”, lo que se utiliza para justificar una lectura favorable a la libertad de empresa.

El resultado es una propuesta que, lejos de limitar, apuesta por “ordenar y hacer compatibles” los intereses de residentes y promotores turísticos. Es decir, después de diagnosticar una enfermedad grave, la solución propuesta no es evitar aquello que la provoca, sino intentar hacerlo “compatible”. Una contradicción difícil de justificar, más si tenemos en cuenta que ya existe una realidad -reconocida igualmente en la memoria- de una saturación general con miles de pisos ilegales. Por tanto, la equiparación de la industria turística con otras actividades terciarias no es un buen punto de partida. Esta tiene su propia dinámica con impactos mucho mayores.

La comparación resulta inevitable: ¿aceptaríamos la existencia de 5.000 panaderías ilegales en Ciutat Vella? ¿O de inmobiliarias, bares, oficinas, badulaques o museos clandestinos? ¿Toleraríamos que se instalaran entre viviendas residenciales estas actividades terciarias, alterando la convivencia y expulsando a los vecinos? La respuesta es obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos. La industria turística, por su naturaleza y su impacto, no puede equipararse al resto de actividades terciarias. Pretenderlo es un despropósito.

La lógica utilizada para fijar los porcentajes de saturación es otro ejemplo de incoherencia. En lugar de partir de las características intrínsecas del turismo —ampliamente descritas en la propia memoria—, se aplica una lógica contable basada en la edificabilidad total. Si una actividad tiene un límite del 20% y otra del 50%, las viviendas turísticas se fijan en el 1,5%, aunque finalmente se estime que el 2% “está mejor”. Así, sin justificación, un salto en el vacío aumenta un 0,5%. Una conclusión arbitraria que no responde al diagnóstico previo ni a la gravedad del problema.

Tan arbitraria como es la exclusión de sus propios criterios de saturación, ya de por sí permisivos, la excepción a Ciutat Vella que facilita la compra de inversores turísticos si rehabilitan y ponen “en valor” -su valor, su negocio, sus pisos turísticos y hoteles- nuestro patrimonio catalogado como bienes de relevancia local o con máxima protección. Una alfombra roja para fondos de inversión que va a destrozar -aún más- Ciutat Vella.

La memoria justificativa, en definitiva, es un ejemplo de cómo la administración puede diagnosticar con precisión una enfermedad y, aun así, negarse a aplicar el tratamiento adecuado. Un ejercicio de análisis brillante que desemboca en una regulación tímida, insuficiente y contradictoria. Y un recordatorio de que, en política, el exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. A veces, simplemente las paraliza.

Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la principal conclusión del informe del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) sobre el cuarto trimestre de 2025 y no es para menos. Presenta una radiografía escalofriante del mercado inmobiliario valenciano: precios que superan los 4.000 euros por metro cuadrado, una oferta que se ha reducido en un 82% desde 2019, y apenas 137 viviendas plurifamiliares nuevas disponibles en toda la ciudad. El diagnóstico está claro: estamos ante una “emergencia habitacional convertida en emergencia social”, resultado de “décadas perdidas” por inacción institucional. Sin embargo, este informe, pese a su rigor técnico, opera dentro de un marco analítico limitado que ignora los factores estructurales fundamentales: la financiarización del mercado y la conversión de la vivienda en puro activo financiero.

El informe de la UPV construye su narrativa sobre un pilar principal: la crónica y extrema escasez de oferta. Los datos son incontestables. En seis años, el número de “testigos” (viviendas nuevas en oferta) se ha desplomado, mientras el precio medio se ha más que duplicado. Esta tensión se ha visto exacerbada, según el documento, por un crecimiento poblacional “no orgánico” de unos 40.000 nuevos residentes entre 2022 y 2025, para el cual el parque de viviendas no estaba preparado.

El informe acierta al señalar la incompetencia e incoherencia de la política pública. Critica con dureza que se haya sustituido “el análisis técnico por el relato político”, implementando medidas “sin base científica” que, lejos de proteger a los vulnerables, los han expulsado del sistema. Su denuncia de que el Estado es el “principal beneficiario” de la escalada de precios —con aproximadamente el 31% del precio final correspondiendo a impuestos— es un golpe certero a la hipocresía fiscal en un contexto de emergencia. Pero las soluciones que propone son las propias del paradigma tecnocrático: movilizar suelo, producir vivienda pública y privada de forma sostenida, profesionalizar la gestión, reducir trámites y, sobre todo, apostar por el Plan VIVE y la colaboración público-privada. Es el discurso, legítimo pero demostradamente limitado, el de la eficiencia, la coordinación y el incentivo correcto. Un discurso que, desde la óptica de la crítica a las estructuras del mercado, se queda en la superficie del problema.

La perspectiva crítica y el movimiento por el derecho a la vivienda parte de una premisa radicalmente distinta: la crisis no es un fallo del mercado, sino su lógica de funcionamiento actual. Para este análisis, el problema central no es meramente la insuficiencia cuantitativa de viviendas, sino el cambio cualitativo en su naturaleza: ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un activo fundamental para el sistema financiero global. Hasta que pincha la burbuja, e incluso entonces, las pérdidas ocasionadas son incorporadas al “haber” y no al “debe” en los libros de compatibilidad.

Desde este ángulo, el informe de la UPV comete una omisión capital: no pregunta quién posee la vivienda y con qué fin. No hay en sus páginas un análisis del peso de los fondos de inversión internacionales en la compra de promociones enteras (en ocasiones a précios rídículos) en València. No se menciona cómo la compra por parte de no residentes (facilitada antaño por mecanismos como las 'golden visas') puede estar distorsionando la demanda. Tampoco se analiza el stock de viviendas vacías mantenidas por grandes tenedores a la espera de mayor revalorización, una práctica de especulación pasiva que agrava artificialmente la escasez.

El informe menciona de refilón — es inevitable, son conscientes— que algunas políticas han generado “miedo a la okupación” y han llevado a “pequeños propietarios a retirar viviendas del mercado”. Pero aquí hay que hacer una distinción crucial: el problema no es el pequeño propietario, sino el gran tenedor institucional. Mientras el primero puede verse acosado por normativas mal diseñadas, el segundo opera con una lógica puramente financiera, ajena a las necesidades del territorio.

Otro punto ciego del informe es la turistificación. Aunque dedica una sección al alquiler temporal —que ya representa el 37% de los alquileres en València—, lo hace como un dato más, sin conectar este fenómeno con la expulsión de residentes y la presión alcista sobre los alquileres de larga duración. Para Palomares, la turistificación no es un efecto colateral, sino un mecanismo de extracción de renta que convierte barrios en parques temáticos para visitantes, vaciándolos de vida comunitaria y encareciéndolos más allá del alcance de sus propios vecinos.

Más Plan VIVE, ¿solución o parche?

El informe confía en que el Plan VIVE, con su promesa de vivienda protegida (VPP), puede comenzar a revertir la situación. Pero desde la crítica a la financiarización, esta confianza es ingenua. Sin mecanismos que impidan que esa nueva vivienda pública o protegida sea luego absorbida por el mercado secundario especulativo, o sin atacar la raíz del poder de los grandes actores financieros, se corre el riesgo de que el Estado simplemente subvencione un mercado disfuncional.

Abogar por medidas que el informe ni siquiera contempla parece fuera de toda valoración: la expropiación o incautación de uso de viviendas vacías en manos de fondos, la creación de un parque público de alquiler social masivo gestionado democráticamente, la prohibición del alquiler turístico en zonas tensionadas, y el establecimiento de controles estrictos a la propiedad concentrada. La lucha es por el derecho a la vivienda en la Constitución, no como una declaración retórica, sino como un derecho exigible judicialmente, que prime el uso social sobre el beneficio privado.

Conclusión: un diagnóstico, dos futuros posibles

El informe de la UPV es un documento necesario y valioso. Su denuncia de una década de negligencia institucional y su llamamiento a la acción técnica y coordinada son imprescindibles. Sin embargo, opera dentro de los límites de lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría el “pensamiento abismal”: solo ve lo que su marco técnico le permite ver. No ve la lucha de clases en el mercado de la vivienda, no ve la transformación de la ciudad en una máquina de generar rentas para el capital financiero, no ve la vivienda como un derecho humano inalienable.

Esta crítica nos recuerda que no se trata solo de construir más, sino de decidir para quién y para qué se construye. Mientras el informe clama por “movilizar suelo” y “reducir trámites”, el movimiento por la vivienda clama por “movilizar derechos” y “reducir el poder del capital especulativo”.

El futuro de València — y de todas las ciudades españolas — se debate entre estos dos polos. Por un lado, un futuro de gestión tecnocrática que quizás logre moderar los precios, pero manteniendo intacta la lógica de la vivienda como inversión. Por otro, un futuro de transformación radical, donde la vivienda sea, por fin, un derecho garantizado, y la ciudad, un espacio para vivir y no solo para invertir. El informe de la UPV nos dice que la casa se está quemando. La perspectiva crítica nos pregunta quién trajo la gasolina y nos recuerda que, a veces, apagar el incendio requiere cambiar por completo la estructura de la casa.

La propia redacción del artículo introduce una segunda capa de complejidad al emplear conceptos jurídicos indeterminados como “vivienda digna y adecuada”. Esta indeterminación ha permitido una interpretación laxa y mercantilizada del término. Así, para parte del sector inmobiliario, microviviendas de 20-25 m², con alturas inferiores a 2,10 metros y sin ventilación natural suficiente e incluso inexistente, pueden ser publicitadas como “acogedoras” o “eficientes”, burlando el espíritu constitucional. El Estado, en lugar de definir reglamentariamente unos estándares mínimos vinculantes de dignidad (superficie útil, condiciones de salubridad, insolación) que materialicen este precepto, ha permitido que el mercado, en muchos casos, establezca su propio y deplorable baremo. Una medida concreta y efectiva para revertir esto sería, efectivamente, la imposición de sanciones disuasorias a los propietarios y, especialmente, a las plataformas digitales que lucran con la publicación y transacción de este tipo de alojamientos, obligándolas a ejercer un control activo. Pero para esto hace falta que haya voluntad política y medios humanos para vigilarlo.

El núcleo duro y a menudo olvidado del artículo 47 no es solo la vivienda como objeto, sino el marco estructural que debe garantizarla. El texto impone al Estado tres obligaciones taxativas: Regular la utilización del suelo, atender al interés general, e impedir la especulación. La primera se cumple formalmente a través de leyes del suelo y planes urbanísticos, aunque a menudo al servicio de intereses particulares. La segunda, “atender al interés general”, se ha vaciado de contenido hasta equipararse, en la práctica, con la facilitación de la rentabilidad del capital inmobiliario y financiero, legitimando cíclicas burbujas que socializan pérdidas y privatizan ganancias. Hubiera sido más preciso –y socialmente justo– que la constitución priorizara de manera explícita el interés colectivo y de la mayoría social, subordinando el derecho a la libre empresa (art. 38) a esta finalidad superior, como ocurre en otros ordenamientos que entienden la vivienda como un bien de dominio público social.

Es en el tercer mandato, “impedir la especulación”, donde el fracaso es más estrepitoso y constitucionalmente grave. No es una sugerencia, sino una orden expresa cuyo incumplimiento es sistemático y flagrante. El artículo 47 establece un círculo virtuoso: para impedir la especulación, se promoverán condiciones, se establecerán normas y se regulará el suelo. La especulación inmobiliaria no es un fenómeno abstracto; tiene mecanismos concretos: la compra para revender (flipping), el mantenimiento de viviendas vacías en expectativa de revalorización (España supera las 3 millones), la conversión de vivienda permanente en alojamiento turístico masivo y la financiarización del mercado, donde grandes fondos de inversión tratan las viviendas como activos financieros más que como hogares. El ejemplo de un piso en Ciutat Vella que en seis años pasó de comprarse por 350.000€ y que se pretende vender por 780.000€, sin que haya tenido un uso habitual), no es una anécdota, sino el síntoma de un modelo urbanístico constitucionalmente desviado.

Finalmente, el artículo de la constitución prevé un mecanismo clave de justicia redistributiva: “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Este principio, inspirado en la doctrina de la captura de valor urbanístico, busca que los beneficios generados por decisiones públicas (un nuevo metro, una recalificación, mejoras urbanas) reviertan en la colectividad que las hace posibles. Sin embargo, su aplicación es tímida y está llena de fugas. Las plusvalías municipales gravan solo una parte de estas ganancias, y quedan fuera fenómenos igualmente generadores de valor, como las políticas turísticas agresivas o las inversiones en infraestructuras que revalorizan barrios enteros, beneficiando principalmente a los propietarios originales y a los inversores, y contribuyendo a procesos de gentrificación y expulsión de la población original.

En conclusión, el artículo 47 contiene, en potencia, un programa constitucional antiespeculativo claro. Su problema no es su redacción, sino la voluntad política de desactivarlo. Exige una intervención pública contundente en el mercado del suelo (revisando su calificación y usos), una fiscalidad agresiva sobre la vivienda vacía y la reventa rápida, la definición legal imperativa de “dignidad” y, sobre todo, la voluntad de priorizar el acceso a la vivienda como derecho fundamental frente a su tratamiento como activo financiero. Quienes tienen la capacidad normativa –Gobierno, Parlamento, comunidades autónomas, ayuntamientos– tienen también, hoy más que nunca, el deber constitucional de actuar. La inacción continuada no es neutral; es una forma activa de vulnerar el mandato constitucional y de alimentar una crisis social de primera magnitud.

La crisis venezolana, con su grave emergencia humanitaria y la erosión de su institucionalidad democrática, representa uno de los desafíos más significativos para la estabilidad hemisférica del siglo XXI. En este contexto, la opción militar, a menudo esbozada en círculos políticos y mediáticos como una solución rápida, surge como una propuesta peligrosamente simplista. Lejos de ser una operación quirúrgica y limitada, una intervención en Venezuela probablemente desataría una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles. Este artículo se propone desglosar los componentes de esta bomba de relojería regional, acudiendo a datos de organismos de investigación como el Real Instituto Elcano y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para demostrar que la región se encuentra en un estado de precario equilibrio. La tesis central es que la estructura de seguridad y política de América Latina y el Caribe es una compleja red de tensiones donde una intervención militar externa no resolvería la crisis, sino que la exportaría, con un coste humano y geopolítico incalculable.

El primer y más inmediato error de cálculo radica en subestimar el ecosistema de actores armados presentes en todo el subcontinente americano. La idea de un enfrentamiento convencional entre ejércitos regulares es anacrónica. La realidad es la de un teatro de operaciones fragmentado, donde grupos irregulares con gran poder de fuego operan con lógicas propias.

Venezuela se ha consolidado como un importante corredor y plataforma de narcotráfico global. Según el Departamento de Estado de EE.UU., el país es una de las principales rutas de tráfico de cocaína hacia el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. De esto no cabe duda aunque no sea el único corredor. Estos cárteles no son meros traficantes; son organizaciones paramilitares con estructuras jerárquicas, equipamiento sofisticado y un profundo conocimiento del terreno. Grupos como el Clan del Golfo colombiano o los Sindikatos venezolanos poseen capacidad para realizar ataques a gran escala, como han demostrado en numerosas ocasiones en Colombia. Una intervención desestabilizaría los acuerdos tácitos y las frágiles correlaciones de fuerza, sumiendo al país en una guerra multifaccional donde estos grupos lucharían por el control de territorios y rutas, al estilo de lo ocurrido en Afganistán o Irak tras las sucesivas intervenciones militares. Estos grupos tendrían la ocasión perfecta de crear sus propios países que funcionarían como feudos en los que personas y bienes estarían sometidos al enriquecimiento de sus dirigentes y sus propios y personales intereses.

A esta ecuación debe añadirse la presencia de las maras, pandillas criminales con una estructura militarizada y una extensa red transnacional. El Real Instituto Elcano, en un informe sobre seguridad en Centroamérica, destaca la capacidad de las maras para “desestabilizar Estados frágiles” debido a su “violencia extrema, control territorial y capacidad de corrupción”. Aunque su epicentro está en el Triángulo Norte de Centroamérica, su influencia y operaciones se extienden. La inestabilidad generada por una intervención en Venezuela crearía un vacío de poder que podría ser explotado por estas organizaciones para expandir sus negocios ilícitos (tráfico de armas, personas, extorsión), conectando el caos venezolano con las crisis de seguridad de Centroamérica y México. La combinación de cárteles de narcotráfico y maras convertiría el conflicto en una guerra asimétrica de desgaste, para la cual una fuerza militar convencional no está preparada.

Una intervención militar no ocurriría en un vacío geopolítico. América del Sur es un continente con heridas históricas sin cerrar y una creciente división ideológica que podría transformar una intervención en un conflicto regional más amplio.

La región está salpicada de disputas territoriales no resueltas. La lista de disputas territoriales y marítimas es muy larga y es el recordatorios de tratados coloniales mal definidos, guerras del siglo XIX y la falta de delimitación precisa en áreas remotas o marítimas. La controversia entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, revitalizada tras el reciente referéndum venezolano y las concesiones petroleras guyanesas, es el ejemplo más candente. Una Venezuela en caos podría intentar desviar la atención interna mediante una acción militar en esta zona, arrastrando a su vez a actores internacionales. Otras disputas, como la salida al mar de Bolivia, o los conflictos marítimos entre Chile y Perú, aunque más estables, existen en un contexto de desconfianza que una conmoción de esta magnitud podría avivar.

El panorama político regional está profundamente dividido. Por un lado, gobiernos de derecha o extrema derecha en países como Argentina (con Javier Milei), Perú, Ecuador (con Daniel Noboa), El Salvador (con Nayib Bukele), Paraguay y potencialmente Chile, se alinearían probablemente con una postura intervencionista liderada por EE.UU. Por otro lado, gobiernos de izquierda en Brasil (con Lula da Silva), Colombia (con Gustavo Petro), México (con Andrés Manuel López Obrador) y Honduras (con Xiomara Castro) se opondrían vehementemente a lo que calificarían como una violación de la soberanía y un retorno a la Doctrina Monroe. Por supuesto la dictadura nicaragüense se aliaría militarmente con Venezuela.

Esta división no es meramente retórica. Podría materializarse en sanciones y bloqueos diplomáticos de un grupo de países reconociendo a un gobierno interventor y otro al legítimo (o a una facción opuesta); apoyo logístico diferenciado: Mientras unos países ofrecerían bases o corredores aéreos, otros podrían imponer restricciones; conflictos de baja intensidad en fronteras aumentando una tensión ya existente que se trasladaría a las regiones limítrofes, exacerbando crisis migratorias y de seguridad existentes.

La CEPAL ha documentado persistentemente cómo la desigualdad es un lastre estructural para la región. Esta profunda fractura social es el caldo de cultivo perfecto para que las narrativas ideológicas enfrentadas ganen adeptos, polarizando aún más a las sociedades y dificultando cualquier consenso regional para una salida pacífica a la crisis venezolana.

Los datos sobre la capacidad armada en la región pintan un panorama preocupante. No se trata solo de los ejércitos regulares, sino de la multitud de actores informales. Un informe del Real Instituto Elcano sobre actores violentos no estatales señala la “hibridación” de la violencia, donde los límites entre lo político, lo criminal y lo social se difuminan. En este contexto, la intervención actuaría como un “elemento disruptivo masivo”.

La profunda desigualdad, que según CEPAL tiene un coeficiente de Gini regional que se mantiene como el más alto del mundo, proporciona un reclutamiento forzoso para estos grupos armados. Millones de personas en situación de vulnerabilidad podrían ser cooptadas por cualquiera de las facciones en disputa, ya sea por dinero, por ideología o por simple supervivencia. Esto daría lugar a una guerra civil regionalizada, con múltiples frentes y lealtades cambiantes, donde la distinción entre civil y combatiente se volvería irrelevante.

La experiencia de Libia o Siria es aleccionadora: una vez que se desata la guerra multifaccional, es casi imposible contenerla o resolverla mediante una solución política limpia. Una intervención en Venezuela podría crear, no uno sin múltiples “Estados fallidos” en el corazón mismo de la Amazonía, de dimensiones continentales, un agujero negro de inestabilidad que generaría oleadas de refugiados, colapsaría las economías vecinas y convertiría a toda Sudamérica en un nuevo epicentro de terrorismo y crimen organizado global.

La invitación o el apoyo a una intervención militar en Venezuela es un ejercicio de miopía geopolítica extrema. Lejos de ser una solución, representa la llave para abrir la caja de Pandora de los conflictos latentes en la región. Subestima la capacidad de resistencia de los actores armados no estatales, ignora la frágil cartografía de las disputas territoriales y desconoce la profundidad de la grieta ideológica que divide a los gobiernos americanos.

Los organismos de investigación citados proporcionan evidencia robusta de que la región es un polvorín social y de seguridad. Millones de personas armadas en estructuras formales e informales, al servicio de intereses diversos y enfrentados, combinadas con las más profundas desigualdades sociales, constituyen una mezcla altamente explosiva. Una intervención militar sería la chispa que podría prender esta mecha.

La comunidad internacional, y en particular los actores con capacidad de influencia como Estados Unidos, debe abandonar definitivamente la retórica bélica. El camino, aunque largo y complejo, debe pasar por una diplomacia robusta y multilateral, que presione por una solución negociada entre los venezolanos, con elecciones libres y la restitución de la democracia. Cualquier atajo militar no solo estaría condenado al fracaso en sus objetivos declarados, sino que sumiría a toda una región en una era de caos y violencia cuyas consecuencias sufrirían varias generaciones. El mensaje debe ser claro y contundente: Sr. Trump, con Venezuela, no se equivoque.

El contexto entre ideológico y territorial que domina el debate en España dificulta que políticos de origen catalán o vasco —quienes probablemente impulsarían un proyecto federal— alcancen la presidencia del Gobierno. Pero en las elecciones es relevante, cuando no determinante, que un candidato a gobernante tenga esa visión federalizante, y considerando las limitaciones que presenta Alberto en este asunto, esta batalla política la tiene perdida de antemano.

En ese pensamiento de fondo de los votantes periféricos, menos influidos por la irrupción de Alberto que, aun siendo de “provincias”, se ve marcado por la visión centralista de Isabel que, en lugar de añadir fortalezas, le resta, anulando su liderazgo. Tanto es así que cuando era presidente de Galicia, esta era una nación sin estado como Euskadi y Cataluña, pero al llegar a Madrid …“de eso ya tal” al estilo de M. Rajoy. Con esta contradicción Alberto queda anulado. Y esta anulación va más allá de la estrategia de estar dando de comer al monstruo de VOX aunque una y otra se alimentan. Sus declaraciones, manifestaciones y continuas contradicciones hacen que la parsimonia de Pedro sea percibida como un valor. Y la insistencia de Alberto en aproximarse al monstruo aún le da más alas a Pedro.

El potencial con el que los medios de comunicación le coronaron demasiado pronto como alternativa, desde el primer minuto, se desinfló enseguida. Entró arrollando y se marchará marchitado por propios y extraños para entrar en un consejo de administración de cualquier consultora o empresa multinacional siguiendo los pasos de su predecesor. Marchitez que se acelerará si no obtiene unos resultados electorales que le permitan aceptar ser presidente del gobierno, dado que ahora no ha querido.

La estrategia del PP crea una paradoja: incluso aquellos que no comulgamos con muchas de las decisiones mediocres que ha tomado Pedro – mediocre porque a menudo se queda a medias –, encontramos en la actitud de Alberto una razón para aglutinarnos en torno al voto para Pedro. Alberto ha convertido a Pedro en el “pal de paller”, la columna central, el muro de carga en torno al cual pivota toda la realidad política. Incluso en el caso de los asuntos que no marchan bien como la vivienda, listas de espera sanitarias, falta de profesores, retrasos en las ayudas a la dependencia y otros ámbitos que son competencias autonómicas, Alberto apela a Pedro como solucionador. Así, otra vez, Pedro es el muro de carga, otra vez señala los hombros de Pedro elevándolo a estadista relevante. Además, al poner en la balanza lo que hay y lo que podría traer Alberto, su propia estrategia se convierte en la mejor baza electoral para que Pedro continúe, con todas las dificultades de composición gubernamental que haya, pero que continúe. Es la materialización de aquel principio de que “que hablen de mí, aunque sea mal”.

Sin creerme a ciegas el 35% de intención de voto a favor del PSOE que reflejan los sondeos del CIS, lo cierto es que la estrategia de Alberto – o la ausencia de ella, basada en la bronca y el insulto, en señalar a Pedro, y por esa visión de que España es Madrid o sea “Mi España es como Isabel”- provoca un efecto contrario al que pretende. Visto en la distancia, que es como lo ven la mayoría de españoles de provincias, Pedro y su estilo salen reforzados, especialmente entre aquellos votantes que conocen al PSOE de lejos, a través de las noticias y de las broncas que incita Alberto. Incluso para quienes conocemos al PSOE de cerca y somos conscientes de que en las distancias cortas ese partido pierde mucho, por sus dirigentes, sus candidatos potenciales y sus intimidades, la cuestión se plantea en otros términos: si Pedro se ha convertido en el enemigo a batir para Alberto y para su socio, ¿Cuál es el voto táctico para impedir que Alberto nos devuelva a las cavernas, acompañado de Isabel y al grito de “Santiago y cierra, España”?. Esa es la decisión que tendrá que tomar el votante llegado el momento.

Y ese será un momento en que como un boomerang muchas campañas judiciales y mediáticas se volverán en contra de sus promotores o defensores, aunque solo sea por cansancio, ante la imposibilidad de entender qué se pretende y ante la dificultad de sostener racionalmente lo que hacen todos los Peinados que en el mundo judicial existen. Un momento que queda marcado por la indignidad de Mazón. Un momento y un boomerang que alcanzará también a todas las izquierdas aunque eso es otra historia.

PD: Este artículo se redactó antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en la controvertida comisión de investigación del Senado. El resultado final, lejos de cumplir con las expectativas que el Partido Popular había generado, ha terminado por confirmar plenamente todas las afirmaciones que aquí se defienden.

La asociación de vecinos y comerciantes Amics del Carmen lleva tiempo exigiendo una acción decidida para que los muchos solares que existen en Ciutat Vella dejen de ser espacios vacíos y se les dé un uso residencial. La iniciativa que lleva a cabo Amics del Carmen llamada “Construint Ciutat Vella” pasa, en primer lugar, por incorporar al Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar (RMSER) todos los solares que cumplan los requisitos (que son muchos), para que a partir de ese momento se inicien los plazos administrativos y poder actuar en ellos. La segunda fase será hacer un seguimiento de su incorporación y en este caso solicitar la intervención pública y/o privada. Es decir, una iniciativa de largo aliento.

En 1991 presenté una ponencia en el XII Congreso de Geografía titulada “El futuro incierto de un centro histórico”, en la que se añadía un plano del barrio del Carmen. En él se grafiaban los solares existentes en ese momento. La coincidencia de aquel plano con el que ha presentado Amics del Carmen, treinta y cuatro años después, es muy evidente.

Aquella ponencia la introducía con dos afirmaciones. Una, recogida del libro “Bolonia. Política y metodología de la restauración de centros históricos”, de Pier Luigi Cervellati y Roberto Scannavini: (...) que decía “El centro histórico queda considerado, además de como un bien inalienable, como un notable patrimonio económico-edificado que no se puede desperdiciar absurdamente, ni abandonar, ni dejar en manos de la especulación, sino que, por el contrario, debe ser conservado y recuperado para la residencia social y, de este modo, sustraído a las transformaciones estructurales y funcionales que tienen lugar espontáneamente.”

La segunda afirmación la hizo (lamentablemente) Miguel Albuixech, por entonces concejal Delegado de Urbanismo de la Ciudad de València, recogida por el diario El País el 2 de diciembre de 1990 que afirmaba taxativamente: “El Barrio de El Carme (...) no tiene valor cultural, ni histórico, ni nada.” Esta afirmación contrasta con el hecho de que Ciutat Vella fue declarado en 1978 como conjunto de interés histórico-artístico por el Ministerio de Cultura, y de que en 1984 se aprobó el primer Plan Especial de Protección de los barrios de Ciutat Vella. Dicho plan, pese a conseguir desacelerar el ritmo de derribos existente, no consiguió la necesaria regeneración urbana. Tampoco lo hizo el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988, que calificó Ciutat Vella como conjunto histórico protegido ‘CHP-1’ y permitió aprobar en 1991 el Plan Especial de Reforma Interior de cada barrio de Ciutat Vella. Dudo que ahora dijera lo mismo pero tristemente al año siguiente, la derecha ocupaba la alcaldía, con todo lo que eso supuso.

La aprobación en 2020 del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella buscando refundir en un único instrumento urbanístico y patrimonial la normativa de todos los planeamientos vigentes y acabar así con la acumulación de documentos, heterogeneidades, modificaciones y contradicciones parece que llegó demasiado tarde porque actualmente la superficie abandonada es la misma que veinte años antes.

Lo que sí es seguro es que muchos de los solares realmente existentes están abandonados por la administración, a pesar de que la superficie total permitiría la construcción de viviendas y otros servicios necesarios para València. En total, la superficie actual de solares en Ciutat Vella es de 42.405 m². Que cada cual haga sus equivalencias con campos de fútbol o piscinas olímpicas, pero en términos de uso, esta superficie podría suponer, tirando por lo bajo e incluso despreciando las pequeñas parcelas no aprovechables, unas cuantas miles de viviendas de 90 m² en zona urbana consolidada. Actualmente, en el RMSER solo hay incorporados 51 solares con una superficie de 7.585,94 m², es decir, apenas el 18% del total; la mayoría de ellos, bien individualmente bien agregados, son directamente aprovechables. No existen, por tanto, motivos para que lleven décadas abandonados a su suerte.

El trabajo presentado en 2024 por los arquitectos y urbanistas Teresa Revert y Carlos Silvestre recoge la distribución de solares con una irregularidad en función de la dinámica social previa que ha tenido cada uno de los cinco barrios que conforman Ciutat Vella. Dice ese trabajo de entonces: “En El Carmen, se registran 98 solares, que abarcan 18.153 m², lo que indica una concentración significativa de espacios desocupados en esta área, junto a Velluters, que presenta 62 solares, con una superficie total de 12.219 m². Por su parte, Seu-Xerea cuenta con 52 solares, ocupando 6.753 m², una superficie notablemente inferior y similar a El Mercat, que presenta 49 solares que abarcan 4.718 m². Finalmente, Sant Francesc cuenta con sólo 4 solares que totalizan 562 m², de los cuales 2 se encuentran en construcción. De estos datos, se observa un patrón desigual de distribución de los solares vacíos, en el que destaca una mayor presencia de suelo vacante en los barrios del noroeste. El Carmen y Velluters acumulan más de tres cuartas partes del total frente a Sant Francesc, el único distrito cuyo uso dominante no es el residencial y el que menos solares vacíos integra.”

En todo caso, lo que demuestra la existencia de estos solares es la desidia administrativa, cuando no la dejación de funciones o la renuncia a ejercer las competencias propias, del ayuntamiento y de otras administraciones (como, por ejemplo, la Universitat de València, que en lugar de construir su campus en Taronjers podría haber aprovechado esos espacios) para actuar en ellos. El trabajo presentado por el grupo de arquitectos y lanzado por Amics del Carmen es una tarea que, en realidad, corresponde a las administraciones. No valen excusas ni subterfugios para no actuar. No vale decir que no se conocen (basta utilizar Google Maps o imágenes más sofisticadas), no vale decir que existe previsión de actuaciones de los propietarios de solares porque periódicamente presentan proyectos que caducan, no vale decir que no se conocen sus propietarios cuando esos espacios llevan décadas y la ley permite actuar sobre ellos porque se han convertido en bienes mostrencos. Nada de eso vale para seguir dejando 42.000 m², en el mejor de los casos, como refugio de gatos.

Prefiero una administración imperfecta — incluso con las debilidades de sus competencias descentralizadas y su gobernanza compleja— a la privatización salvaje de lo público en manos de amantes de los mercaderes. Prefiero el conflictivo pulso democrático de las autonomías a la recentralización autoritaria que planea la derecha, empeñada en controlar hasta el último latido institucional desde Puerta del Sol y las calles adyacentes.

La estrategia de nuestra derecha es clara: secuestrar los ritmos políticos mediante lawfare mediático y judicial. Saben que sus causas judiciales se desmoronarán en instancias europeas, pero les basta con ganar tiempo. Al fin al cabo los años de batallas legales son años ganados de intoxicación informativa, de desgaste calculado, de normalizar lo innombrable. Convierten la justicia en espectáculo, reduciendo lo jurídico y su espíritu proteccionista del denunciado, a episodios de Cuarto Milenio o podcast milenaristas de Ivoox para audiencias crédulas.

Pero el verdadero peligro no son los autócratas de turno, sino sus cómplices con corbata. Como aquellos que financiaron a Hitler para su Zyklon B (Bayer), vistieron las redadas de sus SS (Hugo Boss), motorizaron su Reich (Volkswagen, coche del pueblo), sistematizaron el horror con fichas perforadas (IBM), perfeccionaron los tanques (Ferdinand Porsche y su BMW), o alimentaron la maquinaria bélica (Thyssen y Krupp)., hoy, como ayer, hay sonrisas complacientes tras cada recorte en ayudas sociales, cada mentira, cada retroceso en derechos, cada deportación de trabajadores migrantes.

Los mismos monstruos en distinto siglo. Hoy, son Musk, Bezos, Zuckerberg y sus clones de Silicon Valley —Ramaswamy, Kushner, Bisignano—, trajeados de innovación (como aquellos seguidores del movimiento Futurista) pero con el mismo ADN extractivista y el mismo interés condescendiente. Son los nuevos arquitectos del despojo: financian deportaciones con contratos fronterizos, maquillan redadas con algoritmos, privatizan lo público tras discursos de “eficiencia”. No son meros espectadores, son cómplices necesarios del hiperproteccionismo corporativo, de las petroleras que incendian el Ártico, de las ayudas sociales convertidas en dividendos. Su riqueza es el termómetro de nuestra desigualdad. Y no, no hay matices: o se desmantela su poder o seremos cómplices por omisión. Contra esa liga de canallas — pasados y presentes — no cabe indulgencia: solo memoria, resistencia y la certeza de que ningún invierno dura eternamente.

Frente a ellos, la izquierda en alianza con otros demócratas debe encarnar el Sísifo rebelde de Camus, aquel que, ante el castigo absurdo de empujar la roca sabiendo que caerá, elige reírse de los dioses convirtiendo su esfuerzo en acto de libertad. Así nosotros, subiremos la piedra de las alianzas una y otra vez, incluso si los puristas nos acusan de pragmáticos, incluso si los cínicos nos tildan de ingenuos. El conflicto productivo — salarios, tiempo, vivienda, clima — es nuestra roca. Y en cada pacto, en cada reforma arrancada a los tibios, hay un gesto de rebeldía: demostrar que, pese a los tanques del siglo XXI y sus dueños, la roca puede —debe— usarse para construir, no solo para rodar cuesta abajo.

La alegría no es opcional, es el escarnio definitivo contra quienes quieren vernos derrotados. Subir la montaña, siempre. Y al llegar a la cima, bailar.

Resulta muy difícil no encontrar paralelismos históricos con lo sucedido hace un siglo incluida la pandemia de gripe, la insurgencia rebelde de las oligarquías vendiendo modelos iliberales, el renacimiento del imperialismo ruso, la crisis económica por el hundimiento del sistema financiero y la alianza del pensamiento tecnosolucionista con la extrema derecha. Nada sucede por casualidad, todo está relacionado y de manera compleja, las causas y los efectos se autoalimentan en sociedades aceleradamente complejas. Una obviedad.

Sorprenden ahora las similitudes no casuales entre lo sucedido en el mundo, en Europa y en España hace cien años y lo que sucede ahora. Incluso la casi coincidencia de una primera (en territorio de la ex Yugoslavia) y una segunda guerra (Ucrania) en suelo europeo, de una pandemia (1918-2019), del surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación (entonces radio, televisión, cine; ahora internet, plataformas, aplicaciones con los cambios comunicativos asociados), cambios radicales en Rusia y China (entonces de sistemas feudales a sistemas colectivistas; ahora con retoques casi a la inversa) y las consecuentes transformaciones geopolíticas a escala planetaria. Si hay que añadir factores que diferencian las dos épocas estos son la profundización de las crisis ecológicas por tierra, mar y aire, la capacidad de destrucción nuclear planetaria, mutua o unilateral, así como la existencia de bloques militares como sustitutos de los antiguos imperios. No son casuales las coincidencias porque las causas que produjeron aquel contexto no se han resuelto en los cien años que han trascurrido. Solo la capacidad de desplazar los problemas hacia el futuro y hacia otros países permitió entonces el mantenimiento de unas relaciones de poder internacional entre bloques económicos. Ahora tenemos serios problemas para desplazarlos.

La izquierda ha dejado -o no le ha quedado más remedio- que sea la derecha la que genere el contexto. Lo tenían todo a su favor, por supuesto. Como decía Romanones respecto a las leyes y los reglamentos, la izquierda se queda con las instituciones, pero la derecha se queda con el contexto en el que la gente encuentra las explicaciones de las cosas que hace la izquierda, redes sociales mediante, cuando esta gobierna. El contexto es la propiedad privada y la identidad individual como principios envuelta en la bandera de la libertad individual como medida de todas las cosas. Cualquier cosa que toque, aunque sea mínimamente, esos dos componentes del “sentido común” atenta contra el derecho natural. Creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía (perdón por el solipsismo) se siente incapaz de entender la complejidad y la aceleración de los cambios, lo que provoca un sentimiento de incapacidad para dirigir el futuro propio y con ello, la renuncia a la participación activa que se limita, en el mejor de los casos, a una forma pasiva de participación: ir a votar, que no es poco, aunque es insuficiente. Lo común, aquello que pertenece a todos, queda para ser depredado, expoliado, inmatriculado o privatizado. Lo común queda como sinónimo del indefinible “interés general” o como una reliquia etnológica en montes y praderas. Y la democracia, que es parte de ese concepto de lo común, también sufre o queda depreciada.

Espero que no veamos desde hoy hasta 2030 el deterioro de las democracias en todo el mundo. Que no veamos el aumento de las tensiones dentro de la Unión Europea por definir, siempre a peor, la democracia en nuestros países. Que no veamos a Trump forzar la constitución norteamericana, bien por la vía jurídica o bien por la vía de crear condiciones críticas, para repetir como candidato a la presidencia de EE.UU. por tercera vez. Espero que no veamos a Trump hacer grande América otra vez, a costa de hacer llorar al resto del mundo otra vez. Las consecuencias de una amplia alianza para salvar la democracia requieren definir los mínimos comunes con acuerdos con sectores liberales que, en España, resultan difíciles de encontrar. Pero seamos optimistas, cuando lleguemos al abismo, daremos un paso adelante.

Si se están adoptando medidas legales para que los vecinos puedan evitar los apartamentos individuales en edificios residenciales, no existe, sin embargo, ninguna medida para los vecinos que vivimos entre edificios turísticos. Ahí estamos vendidos y nunca mejor dicho, porque el derecho de propiedad prevalece sobre otros derechos. Solo nos cabe, en cada caso, avisar a la ineficiente policía local, semana a semana, tardeo a tardeo, noche a noche, de las molestias que ocasionan los sucesivos visitantes. Porque lo que sucede, como en el cambiante río de Heráclito en el que no nos podemos bañar dos veces en la misma agua, tampoco podemos advertir de las molestias dos veces al mismo turista y así nos vemos abocados a tratar en italiano, francés, holandés, inglés o en castellano, con un turista diferente cada pocos días.

Y el problema es, como todo en la Historia, cuestión de magnitudes, pues las 500 personas sentadas y otras tantas buscando dónde aposentar sus reales, que todas las noches se reúnen frente a mi ventana desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. Bien es cierto que a partir de esa hora y hasta las seis de la madrugada se reducen a unas 50 vociferantes personas en una relación directamente proporcional entre estado etílico y sordera. Asunto interesante a investigar. Para mí son un exceso, pero para los 20 pubs-restaurantes-kebabs-bares que existen en 50 metros a la redonda de mi casa, siempre serán pocos turistas y beberán menos de lo que esperan los hosteleros. Lo que es objetivable es el nivel de decibelios que se alcanza con el consumo de los subproductos de la industria turística. Decibelios principalmente nocturnos pues por el día los visitantes están durmiendo y esto lo sé porque sus zonas de disfrute dan a mis dormitorios (escasamente dos metros y medio) y sus entradas, salidas y fiestas quedan registradas en mis nervios alterados como si de un tacógrafo se tratara. La alternativa es bunkerizar mi casa, colocar sobremuros, sobreventanas, aislamiento sobre aislamiento, sistemas de purificación de aire y aclimatación cerrada para poder vivir con unos decibelios nocturnos aceptables. Y a veces ni así.

Llegados hasta aquí aclaremos el concepto Turismofobia. Conceptualmente el término turismo es diferente al término turista. Así pues, el concepto es correcto. Hablamos de turismofobia (especialmente a un tipo de oferta turística descontrolada y masificada) y no turistafobia. No odio a los turistas o al menos no más que a un no turista dado mi estado natural de misantropía. Me gusta ver personas paseando por la ciudad y disfrutando de ella. Lo que puede calificarse de odio (si es que esta reflexión puede calificarse como tal) es hacia la industria turística y a las consecuencias que ocasiona la hiperoferta turística y el exceso de gasto público en promoción turística para atraer más personas, para hacer lo mismo en los mismos sitios. Aquí hay una relación perversa entre demanda y oferta. En esta industria (que es lo que es el turismo) lo que hay es una oferta promocionada por fondos públicos que orienta una demanda. Es decir, la oferta precede a la demanda convirtiendo a los visitantes en objetos de consumo y construyendo una ciudad al servicio de estos para maximizar su explotación, la de su estancia y la ciudad que les acoge.

Dado que el turismo es una industria debería aplicársele los mismos controles que a cualquier actividad industrial. ¿Se imaginan que dentro de las ciudades se concentrasen en determinados barrios cientos de industrias zapateras, jugueteras o metalúrgicas? Si esto ya no pasa es porque hemos llegado a la conclusión que los olores, ruidos, y otras consecuencias insalubres, molestas y peligrosas de esas industrias deben regularse, limitarse y extraerse de las ciudades. Sin embargo, la industria turística se promociona, se permite y se tolera dentro de las ciudades incluso de aquellas que se dan sin autorización. Insalubridad, molestias y peligros que no se producen individualmente por cada visitante sino por la propia masificación de la industria, que ha instala un modelo extractivo productivista basado en mover a la mayor cantidad posible de personas, en el menor tiempo y espacio, con el menor gasto de la propia industria y con la mayor explotación de tiempo y espacio posible hasta agotar a personas, el tiempo y el espacio. Y llegados a ese punto de agotamiento, recoger velas y buscar otros espacios que explotar sin asumir las consecuencias producidas antes, durante y después de su paso.

Por cierto, una derivada curiosa de esta industria es cómo los apartamentos ilegales funcionan como pisos francos para cualquier uso legal o ilegal. Desde luego si fuera un delincuente elegiría un apartamento ilegal ajeno a cualquier control para llevar a cabo mis actividades. Pero este es otro asunto sobre el que, seguro, estará pendiente nuestra policía local.

Si en aquel artículo afirmaba que nuestro país tiene turismo por encima de nuestras posibilidades y había que parar, ahora afirmo que las medidas que aplazan tomar decisiones para hacer decrecer la actividad turística tales como la moratoria de autorizaciones de licencias de los apartamentos turísticos, son insuficientes. Además, esta moratoria al haberse comunicado su aprobación privadamente con antelación -sospecho que mucho antes de que saliera en prensa- la primera consecuencia ha sido el aumento significativo de las solicitudes con lo que ahora el ayuntamiento tiene el problema de qué hacer con esas que entraron en registro antes de aprobarse, anulando así parte del efecto que la moratoria persigue.

En otro orden de cosas, cuando se discutía sobre si la implantación de la tasa turística tenía o no tenía impacto negativo sobre ese sector, la izquierda afirmaba que esa decisión no tenía tal impacto y que solo permitía disponer de recursos para recuperar los impactos negativos que el turismo provoca. Por su parte la derecha afirmaba que iba a tener un efecto disuasorio. Frente a esta discusión la realidad es que la tasa turística no supone un freno al turismo pero también es verdad que su recaudación no supone un aumento significativo de ingresos que sirva para corregir los impactos negativos sobre el medio ambiente, la economía y la vida social. Así pues, ni una cosa ni otra. Poner un euro o tres o cinco por pernoctación tiene un impacto nulo como freno para la llegada de turistas a nuestra ciudad, primero porque esa cantidad es tan pequeña sobre el total que se abona que prácticamente no se tiene en cuenta y segundo porque las empresas absorben de otra forma esa cantidad con lo que en muchos casos mantienen los precio. Sobre la segunda cuestión -disponer de recursos nuevos- la cantidad recaudada es tan pequeña en términos relativos al presupuesto de las administraciones públicas que no alcanza ni mínimamente para corregir los efectos negativos que el turismo tiene sobe el territorio.

Pongamos por caso Barcelona. Según datos del ayuntamiento lo recaudado por la tasa entre 2019-2023 fue de 54 millones de €. Este año entre la readaptación progresiva del recargo municipal y la tasa de la Generalitat serán 72 millones (20 para la Generalitat, 52 para el ayuntamiento). Bienvenidos sean esos dineros, pero está claro que, aunque para el común de los mortales esa cantidad es enorme, para las administraciones públicas es una minucia. El presupuesto municipal de Barcelona es de 3.807 M€ y el de la Generalitat 51.640 M€. El Consorcio de Turisme de Barcelona se gasta 45 M€ en diferentes acciones destinadas al sector turístico incluida la promoción. Lo que queda es imposible que pague la corrección de los efectos negativos sobre la limpieza, los destrozos urbanos -normales y anormales-, la contaminación en todas sus formas, etc. por no hablar de los efectos perversos sobre la vivienda, el nivel de vida, el coste de la vida, la pérdida de comercio tradicional, etc. Incluso suponiendo que esa cantidad se duplique por el IVA consecuencia del incremento de consumo turístico, el saldo sigue siendo negativo. Solo la creación de puestos de trabajo y el incremento de la actividad económica general es lo que da un saldo positivo, pero claro esa es la trampa, pues como el turismo es tan importante para el empleo y para nuestra economía, debemos sostenerla e invirtiendo para que no decaiga bruscamente, de tal forma que se entra en circulo vicioso de autojustificación sin fin. Otro pacto fáustico.

Si trasladamos esta realidad a Valencia las cifras son aún peores. Barcelona fue visitada por 12 millones de personas con una estancia media de 3 noches, València en 2023 por su parte recibió 2.319.546 de turistas que se quedaron 2,5 noches por persona. La recaudación grosso modo que generaría para València, aplicando las mismas tasas que en Cataluña, sería de una quinta parte, apenas 11 millones y aunque las noticias de prensa varían entre 5 y 22 millones, no sé de dónde salen. Solo el gasto en promoción de València como destino turístico supera con creces esa cantidad sumando lo que destina el ayuntamiento, la diputación y la Generalitat -por cierto, dispersa en innumerables partidas bajo nombres muy sugerentes- con lo que logramos que los ingresos de la tasa paguen una parte de los gastos que ocasiona la promoción de València para seguir recibiendo turistas sin destinar nada a corregir los efectos negativos que ese incremento de llegadas produce. Un sinsentido.

Teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo con la masificación turística en València, ahora creo que se deben adoptar decisiones para detraer recursos, públicos y privados, destinados al turismo para destinarlas a otras actividades, principalmente a la protección del medio ambiente y potenciar otros nichos de empleo. Definitivamente se deben activar políticas de decrecimiento del estado actual de la actividad turística en nuestra ciudad, extendiendo la moratoria a más años. Además, y entre otras medidas, se deberían eliminar las ayudas directas e indirectas a actividades turísticas, eliminando las diferentes campañas de promoción de nuestra ciudad como destino turístico, establecer limitaciones de visitas a determinadas zonas, reducir las licencias en servicios de restauración tales como terrazas y replanteándose muchas de las inversiones previstas en infraestructuras de transporte que coadyuvan a fomentar la llegada de turistas. Con eso a lo mejor logramos que algunos bajos se vuelvan a convertir en comercios de barrio, bajen la presión sobre viviendas, baje el precio medio del alquiler, se reduzca el ruido y que la ciudad vuelva a ser habitable para los que tratamos de habitarla. De qué pasa con el empleo al adoptar estas medidas hablaremos en otro momento.

En esta respuesta además de agradecerme la «confianza por utilizar sus servicios» y pedirme «disculpas por las molestias que pudieran derivarse de las circunstancias que han motivado su escrito, ajenas en todo momento a nuestra [su] voluntad», la respuesta en el fondo del asunto es reveladora de la influencia ideológica neoliberal que se ha implantado en la gestión de este «entidad pública empresarial» resultado, como dice en su propia página web, del proceso de «liberalizar el transporte ferroviario [que] ha marcado nuestra historia». Habría que decir, historia reciente pues como dice «Nacemos en 2005 de la escisión de la antigua Renfe en dos empresas con competencias bien diferencias.». Ya sabemos en este contexto lo que significa «liberación», esto es, desregulación y entrada en los servicios públicos de empresas privadas cuya eficiencia deja mucho que desear y obligados por las normas europeas aprobadas a partir de 1991.

El caso es que a la solitud esta oficina responde que «Los servicios de AVE y Larga Distancia prestados por Renfe Viajeros, bajo el principio de coordinación y eficiencia en el conjunto de la oferta ferroviaria.» En resumen, aunque la infraestructura ferroviaria existente es resultado de las inversiones públicas realizadas con el presupuesto público durante décadas, la empresa pública ha de actuar, por imposición de la UE, en el mercado como una más sin tener en cuenta el carácter público que debe tener el servicio de transporte ferroviario lo que lleva a platearse una actuación destinada a favorecer aquellas conexiones que resulten rentables, despreciando inversiones de mejora de otras cuyo uso sea muy minoritario y reforzando las tendencias territoriales preexistentes.

Además, añade sucintamente y para que quede claro, que esta actitud «se enmarcan en un régimen de competencia con otros modos de transporte y la búsqueda de la sostenibilidad económica debe ser un criterio prioritario en la gestión de los servicios comerciales.» No un criterio sino el prioritario –podría decirse que único—, algo que queda más claro cuando añade «Estos servicios tienen como objetivo la rentabilidad y la oferta de plazas, horarios, frecuencias y paradas se fijan siempre de acuerdo con criterios de mercado, no estando sujetos a subvención alguna por parte del Estado o de otra Administración.» Esta última afirmación resulta chocante cuando lo contrastas con los Presupuestos Generales del Estado y compruebas que para 2023 el estado ha aportado ingentes cantidades de recursos y que se recoge en el apartado «Renfe Sociedad Mercantil Estatal, SA». Aquí se apunta en su partida de ingresos, artículo 5. Otros ingresos de explotación, apartado b) «Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio» de la «Administración General de estado» la cantidad nada despreciable de 1.519.553.000 €, sobre un total «IImporte neto de cifra de negocio» de 2.269.767.000 €, lo que representa, más o menos, la misma cantidad que los ingresos por explotación. Además de esta cantidad hay que añadir lo que aparece en artículo «9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio» apartado «e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos» de la Administración General del Estado otros 27.558.000 €, es decir, un total 1.547.111.000 de euros.

Más interesante es la afirmación de que «Para conseguir estos objetivos, los estudios de mercado que periódicamente se realizan y las estadísticas de la venta de billetes, así como la existencia de otras posibles combinaciones, nos obligan a adoptar medidas de adaptación entre oferta y demanda. Por ello se configuran unas ofertas comerciales basadas en unos criterios de horarios, frecuencias, paradas y aprovechamiento de plazas para conseguir, como indicábamos anteriormente, la rentabilidad en nuestros productos.» Si lo que marca la política de frecuencias, conexiones y horarios son los usos que se hace de las líneas existentes, entonces lo que sucede es que se refuerza las tendencias marcadas por esos usos y no las necesidades de la población. Creo que queda claro que, de aplicar estos criterios a servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales, etc. estaríamos en el mejor de los mundos neoliberales, es decir, desregulados, sometidos al mercado y orientados a la maximización de los beneficios financieros y económicos contables que son pagados por todos y sobre los que se impone un copago que es la compra los billetes.

Finalmente se disculpan por los problemas puntuales señalando que «Asimismo, en ocasiones, las variaciones de horarios en la circulación de los trenes están motivadas por obras y mejoras en las infraestructuras, cuya responsabilidad compete al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe Viajeros debe adaptarse comercialmente a los mismos». Balones fuera, los problemas de atrasos y otras incidencias es cosa de otro que, aunque ese otro fuera lo mismo antes de la obligada liberalización del servicio público que llevó a que partir la empresa en dos.

A todo lo dicho se le podría dar la vuelta, incluso en el actual marco normativo en que se nos obliga a eliminar el carácter monopolístico de los servicios públicos estatales, por la vía de obligar  a las empresas que presenten servicios de transporte ferroviario, a que prestaran dicho servicio en determinadas condiciones de frecuencia, precios, líneas, seguridad, comodidad, paradas, territorio a cubrir, etc. algo que no está previsto ni tan siquiera como declaraciones de buenas intenciones. Más bien todo lo contrario pues el estado subvenciona a las empresas privadas con cientos de miles de euros por compañía para compensar la subida del carburante o la compensación millonaria por el incremento del precio de la electricidad que alimenta sus máquinas de tracción.

Así, con todo, los problemas de Renfe/Adif no acaban aquí, pues a la consabida política radiocéntrica de las infraestructuras que se ve reforzada tras cada decisión, se suman sus millonarias inversiones en trenes de alta velocidad en muchas ocasiones sin sentido y sin plantearse alternativas menos costosas; la supresión de líneas férreas «deficitarias» sin tener en cuanta otras consideraciones de utilidad pública tales como la lucha contra el cambio climático o la mejora de territorios en proceso de despoblación; el lamentable mantenimiento de conexiones ferroviarias entre núcleos urbanos «menores» y el histórico déficit inversor en cercanías y la reducción de horarios y frecuencias. Es decir, todo lo contrario de lo que se debería estar haciendo. Un pequeño dato la isla de Sicilia con 25.000 km2 de extensión tiene 1.378 km de red de ferrocarril en explotación. La Comunidad Valenciana con sus 23.000 km2 de superficie, sumando las líneas de RENFE cercanías –8 líneas distribuidas en dos núcleos— y FGV -líneas de metro y tranvía— tiene 705 km de líneas férreas en explotación. Si comparamos otras regiones españolas con regiones europeas de similares características, las conclusiones son igualmente desalentadoras. A esto datos se le pueden poner todos los peros que se quieran, pero marcan una realidad muy diferente.

Sin embargo, aprobada la Ley de dependencia en 2006 parecía que se abría una oportunidad de disfrutar de la vejez dignamente. Van pasando los años y aparecen las enfermedades en esta familia de clase trabajadora. Fallece el padre y años después enferma la madre. Atención médica, tratamientos, gastos diversos a pesar de la sanidad pública y universal. Ya se sabe, el copago implantado por los gobiernos de derechas. Casa hipotecada, claro. La hija, soltera, sin hijos, se hace cargo de su madre gravemente enferma desde 2008, y de los hermanos cuando aparecen problemas. La pensión de viudedad de la madre y la pensión de la hija, alcanzan para lo justo. Pero bueno, la ley de dependencia permitiría disponer de más medios. En 2010 se solicita la prestación por dependencia para la madre ya con 85 años y dependiente en grado III. Ella, la hija, solicita la condición de cuidadora no profesional. Se espera la visita de servicios sociales, de la conselleria, de los médicos para que valoren la situación. Se espera. Se sigue esperando. A veces le llaman, pero sin avances.

Finalmente acuden en 2011 para la valoración y rellenan unos papeles acordando que efectivamente la madre es dependiente y que la hija es la cuidadora. No había que ser muy listos. Se le valora ese tiempo de cuidados en 300 euros al mes. Más papeles para confirmar todo lo anterior. Parece que pronto llegará esa ayuda. Pasan meses, pasan años. En 2013 fallece la madre. Nada se sabe de la prestación ni de la compensación por el tiempo como cuidadora no profesional. Pasados unos años más, tras llamadas a la administración y personaciones sucesivas en las diferentes sedes de la conselleria, descubre que su expediente se ha perdido en la administración. Ya estamos en 2018, un hermano ha fallecido. Sí, ya han pasado cinco años desde la muerte de la madre. Nadie sabe dónde está el expediente. Ni tan siquiera consta que se le abriera. Se consulta a personas que amablemente le asesoran sin cobrar nada por ese asesoramiento profesional. Ya se sabe, siempre hay un amigo enterado. La conclusión de uno de los funcionarios que atiende sus llamadas, siempre amable y dispuesta a comprender al funcionario, es que, no le queda otra que presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la administración. A ella esto le suena a chino. Ella no sabe que es eso. Más consultas aclaratorias, más papeles que demuestren la condición de dependiente de la madre y de su condición de cuidadora durante los años de la enfermedad aunque solo le reconocen tres, incluidos testigos que confirmen esos extremos. Acudir a un gestor que este, por supuesto, sí cobra sus honorarios, acudir a un notario que también cobra honorarios. Se presenta finalmente la reclamación con el aviso del funcionario de que su resolución tardará de dos a tres años en resolverse.

Los dos hermanos y ella rellenan los papeles para que se le reconozca a ella como cuidadora. Pasan los años. Estamos en 2021. Llegan solicitudes de la administración de cumplimentar documentación. Nuevamente. Parece que falta algo aunque ella ha guardado copia de todo lo entregado. Para ella esa documentación es incomprensible, cree que ya la ha entregado, pero solícita vuelve a acudir al PROP para entregar lo que la administración le pide. Lo hace todo sola, no quiere preocupar a nadie ni pedir más favores. Pasan meses y le llega otra petición de información para que, otra vez, los hermanos confirmen que ella era la cuidadora, pero claro, como uno de los hermanos ya había fallecido le piden otros papeles. La administración, tan preocupada por sus ciudadanos se da cuenta de que un hermano no ha firmado. Claro está muerto. Pero la burocracia es la burocracia y por tanto, el estado protector ha de asegurarse de que ella, una mujer de 80 años, sin estudios, nunca pudo acudir al colegio, trabajadora en un pequeño taller de costura la mayor parte sin cotizar, no le estafe 9.000 euros, y ha de demostrar que ella es heredera de su hermano de esta parte. Vuelta a empezar. Él no ha dejado testamento. Es por tanto la esposa heredera universal de su hermano quien interviene. No hay testamento. Vuelta a notarios y gestores para recoger la documentación que falta. Se consigue todo. La cuñada, como viuda, testimonia de la condición de cuidadora de su suegra. Se entrega la documentación en un PROP. Es un día de calor extremo. Julio de 2023. Ya han pasado diez años desde aquella esperanza de ser reconocida su condición de cuidadora, sólo por 300 euros al mes que compensaran el hecho de haber cuidado todo el día a su madre. Una cantidad que completara su pensión, quizás para comprar algo de comida más rica, para la hipoteca, quizás para ponerse aire acondicionado, o arreglar las ventanas que cierran mal. O simplemente para ser reconocida en su condición de cuidadora. Solo para disponer de un papel que diga que cuidó a su madre.

Ella se cansa cada día más. Claro, ahora es ella la que tiene 82 años. Acude al médico. Le descubren que su cáncer ha reaparecido, enfermedad que se suma a la pérdida de visión del ojo que tenía sano, consecuencia de tantos años de trabajo en casa cosiendo horas y horas. Ella no quiere molestar a nadie y repite «seguro que hay personas peor que yo». Decide, asesorada, que presente una queja ante el Sindic de Greues y aún dice «¿es necesario? No quiero molestar». Finalmente lo presenta en enero de 2024 y es aceptada por el Sindic que inicia una investigación. Pasa un mes y recibe una carta certificada de la conselleria en la que se le informa que, ahora sí, se abre un expediente por responsabilidad patrimonial y se nombra instructor. Ella se pregunta «¿No es esto lo que hicimos en 2019?». Efectivamente, así es, pero habrá que esperar de dos a tres años para que se resuelva, positiva o negativamente, su reclamación, cuando ella tenga 85 años y hayan transcurrido 16 años desde que se solicitó su prestación. ¿Es o no es una historia de terror?

Comparto la descripción del inmediato empobrecimiento que nos trae el actual gobierno autonómico y el lamentable acceso de la extrema derecha a espacios tan importantes como la cultura, cierto, pero también a la gestión medioambiental, las políticas de igualdad, empleo, economía etc. y comparto la urgencia de profundizar en el análisis de por qué hemos llegado a este punto. Su ausencia es poco alentadora, tan poco alentadora como lo es la incertidumbre en la que vivimos todas aquellas personas que dentro de Iniciativa –Bloc/Més tiene su propia dinámica—, denunciamos la fraudulenta inconsistencia de los argumentos que se esgrimieron para tomar ciertas decisiones políticas y orgánicas, o la actitud impositiva de la actual dirección. A pesar de todo esto personalmente no me iré de Iniciativa aunque pongo en duda la propia existencia de este partido dada la inactividad, ideológica, orgánica y política, en la que se ha subsumido. Muestra palpable de ello son los informes políticos que se presentan al máximo órgano de decisión entre congresos, la Mesa Nacional, que son un mal «resumen de prensa», reuniones esporádicas en las que te conceden tres minutos para hablar de lo divino y lo humano, o el escrito, supuestamente un resumen de los debates habidos en las diferentes asambleas locales aunque ya estaba redactado previamente, y que se presenta a discusión para la próxima asamblea de Iniciativa y que reduce todo el debate a «qué somos: partido único o federación de partidos». Últimamente se han inventado lo de la Mesa de Partidos. Veremos cuál será la siguiente ingenuidad pues ingenuo es querer tocar una sinfonía de Mahler con una pandereta.

También es muestra de su morbidez la inexistente actividad social y orgánica reducida a la actividad institucional de quienes han sido elegidos, las notas de prensa y los «canutazos» de radio y televisión –no siempre con resultados acertados— o la convocatoria, correos electrónicos mediante, a convocatorias de manifestaciones en las que, a buen seguro, no faltarán banderas y pancarta. ¿Dónde quedan debates sobre políticas de alianzas sociales más allá de las electorales, sobre los cambios sociales en la estructura de clases, sobre los factores que apuntan a esos cambios, sobre los procesos de transición, sin alarmismo, que traerá la crisis ecológica, o sobre acciones para intervenir sobre ellos? ¿Dónde queda preguntar a quienes saben de estos temas fuera del partido?. Pareciera que las cosas –el ascenso de la extrema derecha, las nuevas tecnologías, el cambio climático, las crecientes desigualdades, el capitalismo financiero— suceden por mera coincidencia temporal o peor aún, como si cayeran “como un rayo desde un cielo sereno” y sobre las que no tuviéramos nada que hacer, como si no fuera con nosotros y nuestras acciones. De estos debates y de otros, nada de nada. Todo se reduce a aquello que decía el personaje del cómic, el visir Iznogud, «ser califa en lugar del califa».

Pero no nos desangremos con asuntos tan baladíes. Tenemos un consuelo aunque sea el de los tontos, ya que esta enfermedad es el mismo mal que afecta a toda la izquierda –¿valenciana, española, europea, mundial?- resultado de encontrarnos en «el claroscuro donde surgen los monstruos» que decía Gramsci, ese espacio entre la lenta moridera del viejo mundo y el tardío alumbramiento del nuevo mundo. Nuevo sí, mejor o peor está por ver pues el cambio civilizatorio es imprevisible, indeterminista, quizás caótico y al estar en medio de ese cambio nos resulta difícil describirlo. Y así y con esto, nos encontramos como debieron encontrarse los siervos de la gleba al ver aparecer nuevos actores en escena, esos burgueses y esos proletarios que compran y venden la fuerza de trabajo como si fuera mercancía para producir otras mercancías mediante el intercambio de un papel o un trozo de metal que alguien, al que se le da la autoridad para decidirlo, dice que vale algo. Pero debería ser precisamente en este momento, en esta época de claroscuros, cuando en lugar de purgar a personas que tienen demostrada capacidad de dar respuestas a algo más que al último chascarrillo, error, comentario malintencionado o diferencia de criterio, se ampliasen las conversaciones, los debates y su participación activa en las decisiones. Es mi opinión.

Pero descendamos un poco más hasta llegar al nivel de ciertas entendederas. A los interrogantes que se plantean sobre el futuro de Compromís pocas respuestas se pueden dar. La combinación de comportamientos de los cinco actores principales en el escenario de la izquierda –me resisto a llamarlo teatro— y la dificultad para aventurar sus respuestas, envueltas como están en afectos, manías, emociones, filias y fobias, construido todo ello bajo la nueva ideología del “afectivismo” en la que todo es cuestión de quererse, hace muy difícil descifrar, cuando los hay, los argumentos de las partes. Todo esto añadido a la real y objetiva ausencia de quien está ausente, de la que reclaman su regreso pero con la boca pequeña no vaya a ser que se haga realidad. Todo ello por efecto de una persecución político-jurídica coordinada, consecuencia de otra realidad de la política realmente existente, esta es, la del hiperliderazgo asumido por propios y extraños. Bueno, de todos no, pero esta es una condición objetiva. Fin de la cita.

Eso sí, algunos indicios resultan preocupantes, como las afirmaciones públicas de que «este año ha de ser el año de la construcción nacional del País Valenciano» (Morera dixit) o «No hay diferencias ideológicas entre los partidos de Compromís» (Marzà dixit). Creo que confunden, uno los deseos con la realidad, y el otro, el concepto, pues no es lo mismo ideología que política o que gestión. Ambos, sin embargo, a mi juicio yerran el diagnóstico. Ante esto ¿Cuándo se perdió la capacidad de interpretar la realidad en toda su complejidad? ¿Tan poco tiempo se dispone para hacer una lectura aunque solo fuera echar un vistazo a las encuestas del CIS? ¿Tan alejados están de la gente para no saber cuáles son sus preocupaciones reales y para darse cuenta de cómo sus declaraciones y acciones confunden más que clarifican?.

Así y con todo, para no hacer más largo el artículo, diré que todo se resolverá. Es inevitable que se resuelva aunque, como todo sigue su curso, habida cuentas de las reacciones ante las críticas a este estado de cosas, la entropía manda.

Ahora, con la construcción del futuro muelle del puerto, que supone un incremento de superficie de 137 hectáreas, -para que nos hagamos una idea, Ciutat Vella ocupa 169 hectáreas—, los riesgos potenciales de la mera construcción y de la actividad asociada sobre el medio ambiente son de la misma envergadura que los que produce el ya de por sí enorme puerto de València (540,32 ha, 13.232 metros de línea de atraque distribuidos en quince muelles, superficie a la que hay que añadir las 9.709 ha de las zonas de flotación). En este mismo diario ya se han publicado artículos e informes que describen los efectos negativos que tiene el actual puerto y los riesgos que supone la nueva ampliación. Estas publicaciones y otras de carácter menos divulgativo pero más científicas, son relevantes a la hora de determinar quién deberá pagar tales efectos cuando se produzcan. 

Lo más probable es que aquellos que están promoviendo y defendiendo con uñas y dientes pero sin ser los que deciden sobre la ampliación del puerto se acojan, llegado el caso, a la ley de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas para que sea el Estado quien asuma todos los costes, pero ¿Podrán decir que desconocían tales daños después de las evidencias científicas?. En la ley se prevé que la administración –es decir, todos los ciudadanos— es responsable patrimonialmente por daños derivados de los servicios públicos, lo que convencionalmente se llama “riesgos del progreso”, es decir, daños producidos por actuaciones o utilización y suministro de cosas, salvo cuando «tal peligrosidad se desconocía en el momento de su aplicación; y ello porque el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica que había en tal momento no advertía de la existencia de tales riesgos». Parece evidente que las administraciones públicas no van a apartarse de la «corriente de progreso» con el objetivo de excluir cualquier riesgo para evitar toda responsabilidad, especialmente de aquellos asuntos sobre los que sólo existen especulaciones. Pero este no es el caso de la ampliación del puerto de Valencia. Los riesgos sobre los que se está advirtiendo son medibles, constatables a priori, algunos de ellos irreversibles otros difícilmente evitables o a costes muy elevados por lo que nadie puede/podrá aducir que ignoraba lo que el conocimiento científico y técnico les está advirtiendo.

No podrán por tanto los promotores de esta ampliación apelar a que ni ellos ni el conjunto de la administración, estaban avisados por la ciencia y la técnica actual, de los efectos negativos y dañinos irreversibles que su decisión iba a ocasionar. Serán pues los que apoyen esta decisión por acción u omisión, los únicos que deberán asumir los costes que ello conlleve. El proyecto Castor costó al erario 1.350 millones por indemnizaciones de Enagas a la empresa propietaria de la concesión. La regeneración de 7 kilómetros de costa en las playas de L'Arbre de Gos, del Saler y Garrofera tiene costes presupuestarios multimillonarios consecuencia de las decisiones adoptadas hace décadas. ¿Cuáles serán los costes para evitar, minimizar o restaurar los efectos que ocasione la ampliación del puerto? Es difícil cuantificarlo, pero teniendo en cuenta experiencias anteriores no será poco.

Sospecho que tras las alecciones los poderes que crearon, sustentan y promueven a VOX se han dado por aludidos. Sospecho que entre bambalinas ya hay gente diciéndole a Abascal “muchachote, gracias por lo servicios prestados pero se ha acabado tu juguete”. Núñez Feijóo se ha quedado sin más interlocutores que aquellos que salieron del partido padre, y no le queda otra que volver a aglutinar a todo aquel que promueva idearios conservadores aunque sabe, porque tonto no es, que el ingreso en el PP de los líderes de VOX le supone una palada más en su tumba al acabar con su imagen moderada con la que aupó –o le auparon– al liderazgo. Cuando pactas con el diablo, el diablo pasa la factura inevitablemente y cuando alimentas a la bestia, esta te exige constante alimento, es insaciable.

Los pactos de la vergüenza han dejado descolocados a los liberales dentro del PP, que se mantienen porque las expectativas de poder y el poder mismo que han alcanzado son el superglue de todas las posibles rupturas. El PP ha tocado techo en estas elecciones generales y además lo ha hecho realizando la carrera más intensa que podía hacer, desgastándose por encima de sus posibilidades. Ha actuado como el guepardo que puede correr muy velozmente durante poco tiempo pero que si no alcanza su presa puede pasar una larga temporada sin comer y, en este caso con una desventaja, y es que tiene las hienas corriendo detrás de él a la espera de que su cansancio le convierta en su alimento. El PP ha tenido que apoyar bulos, decir mentiras pública y ostensiblemente, publicar todas las encuestas posibles a su favor, insultar a sus adversarios hasta la grosería, apoyarse en ripios facilones reproducibles en bautizos, entierros, bodas y comuniones y, lo que es peor, prometer y acordar gobiernos con la extrema derecha, esa bestia alimentada como punta de lanza por aquellos que ahora la quieren desarmar. Nada de eso le ha dado el gobierno y el problema que tienen es que ahora, por razones físicas de desgaste, solo le queda descender y dependiendo de la velocidad de caída romperse la crisma o solo las piernas.

Incluso en este supuesto de disolución de VOX siempre quedará ese grupo de irreductibles brabucones defensores de la pureza “racial” e ideológica a los que se les ha armado ideológicamente desde los medios conservadores y con las campañas durante años y que no van a dejarse desarmar así como así. De hecho, la lectura que hacen muchos es de traición hacia ellos y se enrocarán aún más quedándose como un residuo parlamentario o social, complicándole la vida a todo el mundo, especialmente a la derecha democrática que, siendo necesaria, no ha sabido construirse salvo en Cataluña y Euskadi. Esas son las consecuencias de alimentar a una bestia. Los últimos movimientos erráticos de Feijóo pidiendo apoyos de Junts, PNV, del propio PSOE, desplantes a VOX, etc. en lugar de fortalecerle le debilitan y le conducen por el camino de su sustitución de hecho o de derecho.

Por lo que respecta a la situación general –conformación de gobierno, pactos parlamentarios, etc.- esta legislatura, en caso de que haya un segundo gobierno de coalición, anuncia una fase final de esta larga transición hacia la democracia que empezó con la muerte del dictador. Una fase que debería ser, ya veremos con que intensidad, de ruptura, con lo cual muchos de los tabúes que hemos mantenido durante toda la transición deberían ir cayendo al menos para ser tratado. El grito carlista-tradicionalista que mantiene la derecha en este país -su dios, su patria y su monarquía- no se sostiene y habrá que empezar a hablar, si no de la jefatura del estado, sí de nuestra relación con la iglesia católica –esto es, del concordato que al fin y al cabo es un tratado internacional– y de la organización territorial del estado. En todo caso hablar de esto ahora es posible y, sin duda, necesario.

El mejor libro de historia que he leído es “El 18 de brumario de Luis Bonaparte” de Marx, combinación de detalles relevantes con análisis a largo plazo. No en vano Marx era, además de muchas otras cosas, tanto periodista como historiador. Esta reflexión va sobre el papel de los mediadores entre la complejidad de los hechos sociales y la ciudadanía. En este grupo de mediadores, además de periodistas e historiadores, podría incluirse a los buenos novelistas, cianastas y otros artistas. No en vano, Eric Hobsbawm ha escrito en varios libros sobre la capacidad de estos “una raza notoria por no ser analítica, en ocasiones anticipan mejor la forma de las cosas por venir que los profesionales de la predicción (y esta) es una de las cuestiones más oscuras de la historia y, para el historiador de las artes, una de las más fundamentales”. Los periodistas destacando u ocultando hechos, los historiadores afirmando o negando lo sucedido. Lo que tienen en común ambas especialidades – también los artistas - es su capacidad de convertir las anécdotas en valor de categoría. Es inevitable que el pensamiento, ideología o simples manías de unos y otros impregnen sus relatos, pero los buenos periodistas, historiadores son capaces de evitar prejuicios. Los periodistas e historiadores honestos no negarán esta afirmación, los deshonestos la negarán bajo el argumento de objetividad, aunque sean conscientes de que es mera apariencia.

Lo que está sucediendo en los últimos tiempos en la política – ese espacio incómodo, complejo y en ocasiones caótico, que se abre entre la ideología y la gestión, es decir entre las musas y las bambalinas, es que la función de mediación se ha distorsionado hasta el punto de convertir esa importante labor en espacio de enfrentamiento ruidoso. No descubro nada nuevo, esto sucede así desde hace tiempo, pero nunca está de más recordar lo evidente. Cuando M. McLuhan afirmaba en su opúsculo “Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano”, publicado en 1964, que “el medio es el mensaje”, no previó la aparición de las “redes sociales” y, sin embargo, nunca será más cierta esta afirmación que ahora. Incluso podríamos reducirla un poco más y hablar de que “el aparato es el mensaje”. Así un móvil, un ordenador o una Tablet y sus aplicaciones de mensajería son en sí mismas, el mensaje y la mercancía, aunque estas te dan sólo para escribir un párrafo de apenas unas poquísimas palabras con cierto sentido. Reconozco la habilidad de algunos para sintetizar, aunque por su simpleza tiendan más a promover el enfrentamiento antes que la reflexión.

Con todo, la mediación – o mejor dicho los mediadores - interfieren inevitablemente en la política y eso es bueno y democrático, pero lo hacen elevando las anécdotas a nivel de categoría, a veces inconscientemente, otras con una clara intención de condicionarla y eso no es tan bueno, al menos si lo hacen negando que lo hacen. O sea, se hace política sin someterse al escrutinio público. Estos, a diferencia de los estilitas - aquellos eremitas que vivían en lo alto de una columna durante años y que, sin tocar tierra, pretendían inspirar moderación, compasión y buenas intenciones - están abonados al clickbait, al ruido, al insulto, a noticias escabrosas – cuanto más mejor - y al escándalo. O, bajo una falsa equidistancia moderadora, mantenerse impertérritos ante mentiras como hemos tenido ocasión de comprobar en el reciente debate televisivo, alejándose de sus buenas y declaradas intenciones de transparencia y moralidad. Estos pretendidos nuevos estilitas cotizan en bolsa, tienen accionistas con intereses muy terrenales y objetivos comerciales explícitos. Insisto, no descubro nada nuevo, pero no está de más reiterarlo.

Me sorprende pues que lo consumen horas y horas de televisión, radio y redes sociales no son más que anécdotas que no tienen mayor importancia ni son representativas de procesos. Empiezan y acaban en el hecho mismo. ¿Realmente es relevante la persecución de un coche en el estado de Florida seguido por el helicóptero de una cadena de televisión? ¿O la entrevista a un propietario para que hable sobre su preocupación por la ocupación de su casa por una señora? ¿El intento fallido de un robo a un quiosco? ¿La redada en Almería de unos kilos de marihuana por la Guardia Civil? Sinceramente creo que son irrelevantes y sin embargo es habitual que ocupen espacios de noticias televisivas o que los medios escritos se llenen de espacios con información directamente despreciable, asimilable a los horóscopos. Como argumento en contra se podría oponer entonces que también son anécdotas los asesinatos de mujeres, los suicidios entre adolescentes o una agresión homófoba, aunque es fácil distinguir unos hechos y otros, y que radica en que estos últimos son resultado de procesos sociales muy complejos y profundos mientras que aquellos son anécdotas o directamente falsedades. Una diferencia que estriba también en la forma de presentarlos. Entonces ¿Qué intentan transmitir esas anécdotas? Pues, ni más ni menos, que construir un estado de ánimo, hecho que se refuerza cuando el mismo periodista – o mero presentador, aunque la gente no los diferencia - informa sobre, por ejemplo, un conflicto en torno a una vivienda, y aparece después en un anuncio de una compañía de seguridad directa en el hogar. De esta forma vincula una cosa y otra. 

El mero hecho de seleccionar las noticias ya es una decisión cargada de ideología y si a esta noticia que sólo cuenta lo obvio desde un punto de vista, se le añade, sutilmente, una música de fondo de película de guerra, un narrador acelerado y un tono alterado, lo anecdótico se eleva a nivel de categoría. Con todo este conjunto de no tan sutiles herramientas, ya está cocinada la noticia intrascendente convertida en esencial para construir un estado de opinión. Algunos historiadores, especialmente los historicistas, investigan aspectos de nuestra sociedad pasada elevando a categoría el anecdotario. Pocos o ningún freno se puede poner a eso si no surge de las propias conciencias de los periodistas o de los historiadores.

En general los medios de comunicación – especialmente los medios televisivos de masas –, han fallado a la democracia en España. Por más instrumentos de autorregulación que se inventen o firmen, las televisiones, las radios y los periódicos tradicionales analógicos o digitalizados, han caído conscientemente en sus propias trampas de comercialización, poniéndose a la venta del mejor postor. De la misma manera que el dinero es una mercancía especial porque se compra y se vende con la propia mercancía, los medios de comunicación son una institución particular que se someten a escrutinio sobre el cumplimiento de su función por la cantidad de visualizaciones que tengan y estas se consiguen por el número de impactos – al margen de la calidad de estos -. De esta forma se favorece cualquier herramienta que favorezca este impacto de tal forma que se cambia el fin por el instrumento, es decir, la publicidad – comercial y partidista - se impone a la información. No descubro nada, pero no está de más recordarlo. Y como en todo, hay excepciones de la es buena muestra el medio en el que aparece este artículo.

2. Las opciones progresistas no somos capaces de convencer a la población de que no deben tener miedo a que vengan personas nacidas en otros países a trabajar, aunque ocupen puestos de trabajo que, cualificados o no, son descartados por nosotros y aunque finalmente son una aportación a nuestro bienestar, directamente con la prestación de los servicios e indirectamente pagando impuestos. En definitiva, vienen a cuidarnos como médicos, como asistentes a mayores y dependientes, a recoger los alimentos que comeremos o a construir las casas y las carreteras en las que viviremos o por las que transitaremos y a aportar. Y sin embargo la derecha consigue colocar la agenda de la inmigración como problema.

Tampoco convencemos a la clase media de que no debe tener miedo a pagar impuestos porque el sistema tributario – sin duda mejorable – es la mejor manera de disponer en su directo beneficio de los recursos propios aportados y de los ajenos por medio de las inversiones públicas – cuya eficiencia es mejorable – y que pagar impuestos es el mejor mecanismo para garantizar la seguridad que reclaman al estado, mediante el refuerzo de todas las estructuras de atención social, como son la educación, la asistencia sanitaria y hospitalaria, la atención residencial o familiar de mayores y dependientes. Sin embargo, este mensaje no cala a diferencia del mensaje de la banca de que es seguro depositar los ahorros en sus cuentas, aunque esté manejado por personas a las que no conoces, que no se someten a evaluación pública y tienen unos intereses propios muy alejados de la mayoría y sea el mecanismo que refuerza la acumulación del capital en pocas manos.

Ni convencemos de las ventajas a ser austeros – palabra progresista deglutida y retorcida por el sistema – ni de las oportunidades de ralentizar nuestra vida en beneficio del soporte vital que es la naturaleza, reduciendo consumos y de que la acumulación de cosas no nos hace ni más ricos ni más libres. No se debe tener miedo a reconocer otras formas de familia, que no supone la desaparición de la familia tradicional (ampliamente mayoritaria), ni afectan a la autoridad que padres y madres tengan dentro de su propia familia, ni se debe temer la existencia de otras formas de sentirse individualmente de las que solo se exige respeto. Ni adhesión, ni conformidad, ni tan siquiera comprensión ni obligación de opinar, solo respeto que es la más superficial vinculación con cualquier asunto.

3. Por desgracia esa incapacidad de construir una alternativa contra el miedo tiene mucho que ver con la una excesiva sumisión de los programas progresistas a las nuevas subjetividades/identidades como principal herramienta para articular un discurso con el que presentarse ante el electorado, discurso aparentemente sólido pero en muchas ocasiones más bien formal, sin pensar que la suma de reivindicaciones no conforma un programa y que los miedos de la población afectan a los aspectos de la vida material, unos temores que son mal identificados, pobremente enfocados o quedan desatendidos, provocando el  desapego social hacia las alternativas de izquierda. Particularmente importante es ese desenfoque hacia las clases medias – ese conjunto de personas que creen ser ricos y temen ser pobres y que son un actor determinante en nuestra sociedad – que lastra la ampliación de la base social progresista. Así, la forma de presentar las medidas hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad – que son a la postre los más objetivamente temerosos – se interpreta por la clase media en oposición a sus intereses, algo que sucede, en muchas ocasiones, porque las medidas de carácter tributario o de apoyo social van dirigidas a sectores muy desfavorecidos, con rentas muy bajas – o en sentido contrario a todo el mundo - provocando una ruptura de una posible alianza de clases en torno a propuestas igualitaristas o redistributivas. Cuestión que se añaden a otras dificultades de acceso a esas ayudas.

4. La ampliación de la base electoral – único instrumento para gobernar en democracia – obliga a dirigirse a los votantes de la derecha y de la extrema derecha, no para comprar el programa de estos sino para neutralizar los miedos que les llevan a asumir sus propuestas o considerarlas inofensivas logrando así su adhesión electoral, acto que les exime de responsabilidad pues votar no se interpreta como adhesión fuerte. El necesario cordón sanitario de los demócratas a la extrema derecha ha de circunscribirse a los partidos, no a sus votantes, captar su atención hablando de los aspectos básicos de la vida material para aplacar esos miedos que nacen del cambio civilizatorio que empezaron a vislumbrarse hace cincuenta años y que hoy alcanza una fase determinante.

5. En esta época de incertezas hasta los hechos más positivos – avances científicos, mayor conocimiento sobre los riesgos climáticos, aplicaciones tecnológicas, avances en sanidad, cambios de estructura laboral, etc. - se perciben como incomprensibles y su carácter disruptivo adquiere ahora todo su significado. Esta falta de comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor incrementa los temores ante el futuro más inmediato o lejano, particularmente en los entornos laborales y familiares. A estos temores contribuyen los medios de comunicación de masas dejando de ser mediadores entre la realidad y la comunidad para convertirse en instrumentos políticos partidistas, deudores de sus propietarios y de sus cuentas de resultados. En este entorno comunicativo orienta más la opinión pública un comentario jocoso entre chiste y chiste en un programa en prime time o una noticia anecdótica de un suceso terrible – aunque sea fuera de nuestras fronteras elevándolo así a condición de categoría global - que cualquier declaración sosegada y razonada de un gobierno, un periodista o un líder sindical.

En definitiva, nunca como ahora, en esta época de titulares, tuits y mensajería instantánea, es más cierta la frase de que un argumento que necesita más de treinta segundos en explicarse deja de ser argumento, pues exige un nivel de atención que pocos están dispuestos a dedicar, apurados por el día a día. Ahí, en ese espacio sin palabras del que habla Mark Thompson, es donde recalan los mensajes simples de “antisanchismo” y “libertad para beber” porque en un concepto, además de ser fácil de reproducir, reúne a todos aquellos que atribuyen un significado – cada cual el suyo - a unas pocas palabras. De ahí su potencia.

6. Ante tantas incertidumbres y nuevas exigencias los temores se acrecientan y como un niño que ve monstruos en el armario, una mayoría se dirige a lo seguro, a aquello con lo que, sin estar totalmente de acuerdo lo identifica con un estado de seguridad básica, intuitivamente comprensible, sin demasiados esfuerzos. Además, cuando gobierna la derecha esta produce cambios irreversibles como son los que afectan a la propiedad, anclando esas reformas como “derecho natural”, mientras que la izquierda huye de conceptos que la propia izquierda ha significado como trasnochados – clase trabajadora, transición de modelos, alianzas de clase, radicalidad, el carácter basal de los conflictos productivos -. Se aferra a lo fácil, a lidiar en batallas culturales más formales que reales que, sin ser innecesarias, recalan en un magma ideológico difícil de combatir y al que se acude lastrados de antemano. Sin embargo, hace más contra la violencia machista, la homofobia o atajar los suicidios entre jóvenes, mejorar el salario mínimo, facilitar servicios, mejorar las becas de estudio o la protección de las condiciones laborales, es decir, las condiciones objetivas que todas las campañas publicitarias o los enfrentamientos en redes sociales frontales contra la extrema derecha.

En este sentido es importante convencer a la población, en el actual contexto electoral, de que importa y mucho lo que pase en este paraje lateral de una región sureña, de una Europa en declive de un planeta definitivamente herido hablando de aquellos aspectos de la vida que por estar cambiando provoca temores.

*Alfonso Puncel Chornet, candidato en la circunscripción de Valencia Sumar-Compromís

2. Las opciones progresistas no somos capaces de convencer a la población de que no deben tener miedo a que vengan personas nacidas en otros países a trabajar, aunque ocupen puestos de trabajo que, cualificados o no, son descartados por nosotros y aunque finalmente son una aportación a nuestro bienestar, directamente con la prestación de los servicios e indirectamente pagando impuestos. En definitiva, vienen a cuidarnos como médicos, como asistentes a mayores y dependientes, a recoger los alimentos que comeremos o a construir las casas y las carreteras en las que viviremos o por las que transitaremos y a aportar. Y sin embargo la derecha consigue colocar la agenda de la inmigración como problema.

Tampoco convencemos a la clase media de que no debe tener miedo a pagar impuestos porque el sistema tributario – sin duda mejorable – es la mejor manera de disponer en su directo beneficio de los recursos propios aportados y de los ajenos por medio de las inversiones públicas – cuya eficiencia es mejorable – y que pagar impuestos es el mejor mecanismo para garantizar la seguridad que reclaman al estado, mediante el refuerzo de todas las estructuras de atención social, como son la educación, la asistencia sanitaria y hospitalaria, la atención residencial o familiar de mayores y dependientes. Sin embargo, este mensaje no cala a diferencia del mensaje de la banca de que es seguro depositar los ahorros en sus cuentas, aunque esté manejado por personas a las que no conoces, que no se someten a evaluación pública y tienen unos intereses propios muy alejados de la mayoría y sea el mecanismo que refuerza la acumulación del capital en pocas manos.

Ni convencemos de las ventajas a ser austeros – palabra progresista deglutida y retorcida por el sistema – ni de las oportunidades de ralentizar nuestra vida en beneficio del soporte vital que es la naturaleza, reduciendo consumos y de que la acumulación de cosas no nos hace ni más ricos ni más libres. No se debe tener miedo a reconocer otras formas de familia, que no supone la desaparición de la familia tradicional (ampliamente mayoritaria), ni afectan a la autoridad que padres y madres tengan dentro de su propia familia, ni se debe temer la existencia de otras formas de sentirse individualmente de las que solo se exige respeto. Ni adhesión, ni conformidad, ni tan siquiera comprensión ni obligación de opinar, solo respeto que es la más superficial vinculación con cualquier asunto.

3. Por desgracia esa incapacidad de construir una alternativa contra el miedo tiene mucho que ver con la una excesiva sumisión de los programas progresistas a las nuevas subjetividades/identidades como principal herramienta para articular un discurso con el que presentarse ante el electorado, discurso aparentemente sólido pero en muchas ocasiones más bien formal, sin pensar que la suma de reivindicaciones no conforma un programa y que los miedos de la población afectan a los aspectos de la vida material, unos temores que son mal identificados, pobremente enfocados o quedan desatendidos, provocando el  desapego social hacia las alternativas de izquierda. Particularmente importante es ese desenfoque hacia las clases medias – ese conjunto de personas que creen ser ricos y temen ser pobres y que son un actor determinante en nuestra sociedad – que lastra la ampliación de la base social progresista. Así, la forma de presentar las medidas hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad – que son a la postre los más objetivamente temerosos – se interpreta por la clase media en oposición a sus intereses, algo que sucede, en muchas ocasiones, porque las medidas de carácter tributario o de apoyo social van dirigidas a sectores muy desfavorecidos, con rentas muy bajas – o en sentido contrario a todo el mundo - provocando una ruptura de una posible alianza de clases en torno a propuestas igualitaristas o redistributivas. Cuestión que se añaden a otras dificultades de acceso a esas ayudas.

4. La ampliación de la base electoral – único instrumento para gobernar en democracia – obliga a dirigirse a los votantes de la derecha y de la extrema derecha, no para comprar el programa de estos sino para neutralizar los miedos que les llevan a asumir sus propuestas o considerarlas inofensivas logrando así su adhesión electoral, acto que les exime de responsabilidad pues votar no se interpreta como adhesión fuerte. El necesario cordón sanitario de los demócratas a la extrema derecha ha de circunscribirse a los partidos, no a sus votantes, captar su atención hablando de los aspectos básicos de la vida material para aplacar esos miedos que nacen del cambio civilizatorio que empezaron a vislumbrarse hace cincuenta años y que hoy alcanza una fase determinante.

5. En esta época de incertezas hasta los hechos más positivos – avances científicos, mayor conocimiento sobre los riesgos climáticos, aplicaciones tecnológicas, avances en sanidad, cambios de estructura laboral, etc. - se perciben como incomprensibles y su carácter disruptivo adquiere ahora todo su significado. Esta falta de comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor incrementa los temores ante el futuro más inmediato o lejano, particularmente en los entornos laborales y familiares. A estos temores contribuyen los medios de comunicación de masas dejando de ser mediadores entre la realidad y la comunidad para convertirse en instrumentos políticos partidistas, deudores de sus propietarios y de sus cuentas de resultados. En este entorno comunicativo orienta más la opinión pública un comentario jocoso entre chiste y chiste en un programa en prime time o una noticia anecdótica de un suceso terrible – aunque sea fuera de nuestras fronteras elevándolo así a condición de categoría global - que cualquier declaración sosegada y razonada de un gobierno, un periodista o un líder sindical.

En definitiva, nunca como ahora, en esta época de titulares, tuits y mensajería instantánea, es más cierta la frase de que un argumento que necesita más de treinta segundos en explicarse deja de ser argumento, pues exige un nivel de atención que pocos están dispuestos a dedicar, apurados por el día a día. Ahí, en ese espacio sin palabras del que habla Mark Thompson, es donde recalan los mensajes simples de “antisanchismo” y “libertad para beber” porque en un concepto, además de ser fácil de reproducir, reúne a todos aquellos que atribuyen un significado – cada cual el suyo - a unas pocas palabras. De ahí su potencia.

6. Ante tantas incertidumbres y nuevas exigencias los temores se acrecientan y como un niño que ve monstruos en el armario, una mayoría se dirige a lo seguro, a aquello con lo que, sin estar totalmente de acuerdo lo identifica con un estado de seguridad básica, intuitivamente comprensible, sin demasiados esfuerzos. Además, cuando gobierna la derecha esta produce cambios irreversibles como son los que afectan a la propiedad, anclando esas reformas como “derecho natural”, mientras que la izquierda huye de conceptos que la propia izquierda ha significado como trasnochados – clase trabajadora, transición de modelos, alianzas de clase, radicalidad, el carácter basal de los conflictos productivos -. Se aferra a lo fácil, a lidiar en batallas culturales más formales que reales que, sin ser innecesarias, recalan en un magma ideológico difícil de combatir y al que se acude lastrados de antemano. Sin embargo, hace más contra la violencia machista, la homofobia o atajar los suicidios entre jóvenes, mejorar el salario mínimo, facilitar servicios, mejorar las becas de estudio o la protección de las condiciones laborales, es decir, las condiciones objetivas que todas las campañas publicitarias o los enfrentamientos en redes sociales frontales contra la extrema derecha.

En este sentido es importante convencer a la población, en el actual contexto electoral, de que importa y mucho lo que pase en este paraje lateral de una región sureña, de una Europa en declive de un planeta definitivamente herido hablando de aquellos aspectos de la vida que por estar cambiando provoca temores.

Josep Ramoneda decía en una entrevista en este mismo diario, que “El fin de la fantasía del neoliberalismo económico produce un crecimiento espectacular de las vías autoritarias” y entre una y otra está la crisis ecológica. Tratar de entrever la relación entre ese fin, la crisis ecológica y la creciente ola autoritaria es una tarea urgente que tiene en el desasosiego, la incertidumbre y el miedo sus primeros signos.

El horizonte al que nos dirigimos seguramente estará a medio camino entre un colapso apocalíptico si las medidas proclamadas no se realizan o no surten el efecto esperado, y un cambio lento si las acciones mitigadoras tienen efectos positivos a tiempo. Esta segunda opción nos permitiría adaptar estructuras productivas y sociales pero el colapso, entendido como cambio radical de lo que hoy conocemos parece inevitable, aunque asuste la palabra. La cuestión es que, a largo plazo, definamos como definamos el plazo e incluso contando con que las medidas propuestas se pusieran en marcha hoy a escala planetaria, sus efectos serán de carácter civilizatorio. Es decir, afectarán al modo de producir y a las relaciones de producción en resumen y por no extenderme. A medio plazo el trastorno será de tal magnitud que sus consecuencias serán primero de sorpresa, después de desajustes cotidianos o incomodidades como las actuales y, finalmente, emergencias de diferente grado de intensidad. Algunos afirman con datos que ya estamos en este punto.

Sea cual sea el momento en que estemos, una consecuencia que tiene el agravamiento de la crisis ecológica, soslayada porque en apariencia no tiene una relación directa, es el efecto sobre nuestras instituciones y sobre nuestras democracias. Esta relación se establece a través de diferentes ejes, pero principalmente a través de los efectos económicos del trastorno ecológico cuya mitigación conlleva grandes costos y esfuerzos lo cuales tienen graves y complicadas implicaciones distributivas que, a su vez, repercute sobre la disponibilidad de recursos y esto sobre las condiciones de vida. El reto al que se enfrentan las democracias con respecto al cambio climático tiene muchas caras y complejas relaciones al implicar a multitud de actores e infinidad de acciones. Además, exige políticas de gobernanza altamente eficientes en los ámbitos regional y global. A estas dificultades se suma el hecho de que las democracias liberales están limitadas en su acción colectiva por factores tales como el cortoplacismo, toma de decisiones autorreferencial - en cuya dinámica los efectos colaterales sobre los receptores de las decisiones no son la primordial preocupación -, la concentración de grupos de interés o el multilateralismo débil. Aún con todo, y como hipótesis de partida (o como deseo) podemos establecer que las democracias son mejor instrumento que los autoritarios para atender los trastornos ecológicos.

La incógnita de esta hipótesis es si esta será percibida mayoritariamente así por la población, cuando las consecuencias vitales empiecen a producir desigualdades notables. En ese caso, la respuesta de aquellos que queden desplazados de soluciones inmediatas al empeoramiento de sus condiciones de vida es impredecible. En ese momento es fácil pensar que parte de la población en búsqueda de seguridad, esperanza o simplemente porque se opongan – legítimamente – a “esperar su turno”, vean factible y deseable la imposición de medidas fuertemente distributivos, aunque sea mediante la concentración de poder, la supresión de derechos, la eliminación de disensiones y algún que otro derecho fundamental. Si los sueños de la razón producen monstruos, la respuesta de la desesperación puede producir dictaduras.

Incluso en un escenario democrático no es difícil imaginar que, ante esa misma pérdida de condiciones de vida consecuencia de la crisis climática, parte de la población acepte la pérdida de derechos sometiéndose a terceros en condiciones de servilismo con la promesa de que “no pasa nada, es mejor eso que morirse”. O lo que es más probable, que ante la determinación de los líderes políticos de adherirse a medidas impopulares para actuar conta el calentamiento global, se manifiesten opciones fuertemente organizadas decididas a debilitar las actuales preferencias democráticas de la ciudadanía, apoyándose en la negación de la crisis ecológica o que no es necesario el esfuerzo. Son tres niveles de respuesta con diferente grado de autoritarismo pero que responden al lema “sálvese quien pueda”.

Ante estos posibles escenarios no queda otra, aunque no sea fácil, que activar todos los mecanismos para reforzar la eficiencia de la vía democrática en la solución de la crisis ecológica. El fuerte rechazo a restricciones de cualquier tipo en nuestra sociedad que se perciben como ataques a la libertad (o a ciertas formas de libertad vinculadas con el mercado) y no como compromisos sociales con la humanidad. Es un elemento a tener en cuenta nada despreciable que actúa a la contra y refuerza las opciones representativas de los grupos opuestos a esas medidas. Sin embargo, esto no quiere decir que las democracias sean incapaces de combatir la crisis climática, sino que ciertos componentes de las democracias son insuficientes ante la magnitud del reto, por lo que la pregunta – en estos momentos abierta - es si los sistemas democráticos pueden evolucionar para afrontar mejor el problema y cómo puede lograrse esta evolución. Es un debate que se sitúa casi en el ámbito de intentar lo imposible… aunque sea necesario.