Este año, la desolación causada en nuestro territorio por la Dana, ha despertado con fuerza la conciencia de la emergencia climática, que había pasado a un segundo plano con la crisis del COVID-19. En ese momento el gobierno valenciano acababa de declarar la emergencia climática en nuestra Comunitat, pero la pandemia cambio esa realidad que hoy de nuevo, vuelve la preocupación de la ciudadanía ante los efectos derivados del calentamiento global. Por ello es importante que éste sea bien explicado y que se neutralicen los negacionismos alimentados por lo bulos y la desinformación.

Para ello, la educación ambiental es un proceso que permite aumentar el conocimiento de la población sobre esta problemática, produciendo cambios a través de acciones más sostenibles realizadas en el día a día. Por tanto, su objetivo no es sólo transmitir conocimiento científico, sino producir un impacto social que, en última instancia, contribuya a generar un efecto positivo en el entorno. No se reduce, ni mucho menos, a añadir una asignatura en las escuelas.

Desde el sindicato reivindicamos que no hay que perder de vista las distintas realidades sociales para conseguir una transición ecológica que no deje a nadie atrás, por lo que es importante introducir la perspectiva eco-social en las iniciativas de educación ambiental. De esta forma, los cambios pueden ser mejor aceptados por la población, siendo así más fácil poner en marcha las medidas necesarias.

Los educadores y las educadoras ambientales que trabajan en­ el ámbito sindical están viendo que las políticas ambientales están teniendo cada vez más impacto en los temas laborales, por lo que es importante tratar el tema desde la óptica de la transición justa. Además, a través de la acción sindical se puede implementar una educación ambiental que trate de involucrar a las personas trabajadoras en la transición ecológica de las empresas, en lugar de enfrentar el empleo con la protección del medio ambiente.

Y esta ha sido la visión que nos ha inspirado a la hora de preparar un paquete de recursos educativos que hemos desarrollado en conjunto con nuestro Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-PV), en colaboración con Educar en Valor y el Gabinete Técnico de Medioambiente de UGT-PV. Los mismos han sido producidos en el marco de un programa de Cooperación Internacional al Desarrollo cofinanciado por la Generalitat Valenciana.

Este proyecto de gamificación, traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional y desde el mismo tratamos de centrar la atención en las soluciones que existen, y su conexión global (interconexión de fenómenos globales y locales), a través de acciones comprometidas con una transición ecológica y justa. El objetivo principal es convertir puestos de trabajo en “empleos por el clima” a través de los principios de la Economía Circular, un eje que a su vez nos permite producir más con menos y generar empleos de calidad.

Así pues, con todo ello queremos dar relevancia a la labor de la educación ambiental también fuera del ámbito escolar, ya que en este proceso todos y todas tenemos un papel que jugar que tendrá efecto en las generaciones futuras, pero cuyo éxito depende en gran medida de nuestra acción colectiva del presente.

Enlace a los recursos didácticos.

Los informes del Comité de Expertos ante el Cambio Climático de la ONU (IPCC) señalan a nuestro país, y en concreto, a la Comunidad Valenciana como una de las áreas más vulnerables donde estos impactos ya están mostrándose de manera más virulenta.

No es un futurible, ya estamos viviendo las repercusiones sociales, sanitarias y económicas que esto supone. Y el mundo del trabajo no es ajeno a esta situación, tanto por su afectación en el empleo en algunos sectores como el agroalimentario, como por la necesidad de adaptar las condiciones de trabajo al nuevo marco.

En relación a esto último, tenemos que evitar riesgos que puedan afectar a la salud y seguridad de las personas trabajadoras por exposición a fenómenos meteorológicos extremos y exposición a radiaciones solares, sobre todo, en trabajos que se desarrollan al aire libre, como jardinería, construcción, recolección de frutos y hostelería, entre otros.

Desde UGT-PV instamos continuamente a las empresas y administraciones públicas en su papel de empleador, a que, con la participación de los delegados y delegadas de prevención, elaboren los protocolos necesarios a través de la instauración de medidas preventivas formativas, informativas, de adaptación horaria y de protección, que eviten accidentes de trabajo graves y mortales por estos factores de riesgo, como son los golpes de calor.

Porque las trabajadoras y los trabajadores se merecen tener empleos dignos, de calidad, con estabilidad y bien retribuidos, con independencia del sector productivo en el que se encuentren desarrollando su trabajo y de su clasificación profesional.

Por otra parte, y trascendiendo la cuestión climática, hay que establecer que la calidad en el empleo está ligada a múltiples factores condicionados por unas óptimas condiciones de trabajo, que permitan adaptar el mismo a las características físicas, psíquicas y sociales de la persona que lo desarrolla; Y para ello, hay que tener en cuenta cuestiones como el género, la edad, la salud, la conciliación de la vida personal y laboral, la discapacidad y por supuesto el factor ambiental.

Así, desde esta óptica más amplia, podemos establecer avances que se han venido dando en otros aspectos relativos a la salud y la seguridad en el trabajo como la reducción de la carga psíquica ante la incertidumbre de conservar o no el empleo una vez finalizaba el contrato por obra y servicio, que vino dada con la conversión de empleos temporales en fijos recogidos en la última reforma laboral.

Con todo es difícil pero no imposible, y esa debe ser nuestra meta, ajustar los requerimientos del trabajo a las capacidades de las personas trabajadoras.  Y su consecución debe ser nuestra prioridad y la de las empresas y administraciones públicas.

Con este objetivo, desde hace algunos años desde UGT-PV estamos trabajando, además, con las universidades públicas valencianas, llevando a cabo proyectos y estudios innovadores cuyas conclusiones podamos trasladar a la negociación colectiva en su articulado y a la Mesa Diálogo Social. Entre ellos, por ejemplo, destaca la elaboración de herramientas que permitan realizar procedimientos de retorno efectivo y saludable de una persona trabajadora tras una incapacidad temporal; y es que dados los grandes cambios que se están produciendo en el mundo laboral en los últimos años (la introducción de la digitalización y de las de las nuevas tecnologías), estamos realizando proyectos que abordan desde la perspectiva jurídica y de prevención de riesgos laborales los problemas de salud mental derivados del trabajo.

En definitiva, se trata de evitar y minimizar viejos y nuevos riesgos, mecánicos, físicos, ergonómicos, químicos, psicosociales y ahora también ambientales, que se materialicen en enfermedades profesionales y accidentes de trabajo graves y mortales. 

Y es que a menudo esta lacra, queda invisibilizada o lo que es mucho peor normalizada. Cuando vemos la noticia en los medios de comunicación, parece que si trabajas en un sector como la industria o la construcción es “asumible” que ocurra un accidente laboral traumático, que deje a la persona trabajadora con una invalidez para siempre o que se pierda la vida a consecuencia de ello.

El pasado año murieron en la Comunitat Valenciana 77 personas trabajadoras en accidente laboral, 20% más que el año anterior, y lo más preocupante es que es una tendencia al alza.

Si los analizamos, vemos que estos accidentes son multicausales pero también vemos que son, fácilmente evitables, ya que según la caracterización que hace el Instituto Valenciano de seguridad y salud en el trabajo (INVASSAT), sobre las investigaciones de accidentes realizadas, son en su mayoría atribuibles a deficiencias en la evaluación de riesgos o la planificación preventiva; En concreto en relación a la organización del trabajo, a la gestión de la prevención o las condiciones de los espacios, máquinas y equipos de trabajo. Además, las Empresas de menos de 50 trabajadores, Pymes y micro Pymes, son las que aglutinan cerca del 90 % de los accidentes mortales y del 71, 7% de los graves.

Muchas han sido las visitas realizadas, durante el pasado año, tanto por la inspección de trabajo y seguridad social como por el INVASSAT para el desarrollo de campañas de asesoramiento sobre cubiertas frágiles, caídas a distinto nivel, carretillas elevadoras, apilado de palés entre otras, al objeto de hacer seguimiento y control de este tipo de empresas.

Pero además hay que llegar a esas empresas de menos de 50 trabajadores, empresas que no disponen de representación sindical, ni de delegado o delegada de prevención que advierta y asesore de las carencias existentes en materia preventiva. Ya que es notorio que allí en donde existe esta figura, las condiciones de trabajo son más seguras, por lo que se da menor siniestralidad.

Por ello, ante lo insostenible de la situación, los agentes económicos y sociales más representativos en la Comunidad Valenciana junto a las Administraciones públicas competentes en la materia, hemos acordado elaborar un Plan de Choque Frente a Los Accidentes Traumáticos de Trabajo Graves Y Mortales para el periodo 2023-2025, con acciones concretas dirigidas a incrementar la vigilancia y control de las condiciones en las que se desarrollan estos trabajos, sensibilización, concienciación y asesoramiento sobre las medidas a adoptar para evitar la materialización de estos riesgos.

Desde UGTPV estamos seguros que los distintos partidos políticos, en sus programas electorales, incluirán medidas dirigidas a la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras porque es un derecho fundamental y en esa línea animamos a ser exhaustivos para que el año que viene, en tal fecha como la de hoy, estemos felicitándonos porque la Comunidad Valenciana experimente un descenso en siniestralidad laboral.

28 de abril 2022, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

La COVID 19 ha situado la prevención de riesgos laborales como instrumento indiscutible para preservar la salud de las personas trabajadoras, evitando y minimizando la transmisión del virus en los centros de trabajo, con la implantación de medidas tanto colectivas como individuales, tal y como se puso de relieve en el recientemente celebrado certamen de BY LABORALIA.

Veníamos de un escenario complicado, cuando la reforma laboral de 2012, impuso un mercado laboral precario, centrado en la temporalidad y la parcialidad, propiciando que la prevención pasara a un segundo plano para las empresas, y para las personas trabajadoras, que temían perder su puesto de trabajo, ante cualquier reivindicación de la mejora de sus condiciones de trabajo.

Con estas reglas de juego fue aumentando la siniestralidad en la Comunitat. Desde 2013 a 2021, fueron declarados 393.243 accidentes de trabajo con baja y perdieron la vida 474 personas trabajadoras, por el mero hecho de acudir al puesto de trabajo.

Hoy, la utilización de plataformas digitales, el teletrabajo o el trabajo a distancia, han irrumpido con fuerza, modificando sustancialmente la organización del trabajo o la ubicación de los lugares desde donde se presta, apareciendo nuevos riesgos que deben ser evaluados por los servicios de prevención.

Por ello, una vez finalizadas las restricciones sanitarias, es necesario regular ya, en los convenios colectivos, el tiempo y los horarios de teletrabajo, el derecho a la desconexión y las medidas de seguridad y salud, entre otras.

Ahora que hablamos de reconstrucción, es el momento para colocar la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación económica, aprovechando la estabilidad en la contratación que está proporcionando la reciente reforma laboral, para conseguir un empleo digno, de calidad y por tanto seguro y saludable, como persigue el objetivo 8 de los ODS.

Y todo a través del diálogo social, desarrollando la nueva Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar laboral, fruto del consenso del Gobierno Valenciano con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el documento “Alcemnos”, que debe establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales en la Comunitat para los próximos años, además de ser una herramienta dirigida a combatir la siniestralidad laboral.

Para UGT PV son muchas las asignaturas pendientes, entre ellas incluir la transversalidad de género y edad en todos los aspectos a tratar. Además de seguir insistiendo con la prevención de riesgos psicosociales, dada las elevadas cifras de accidentes no traumáticos, cómo infartos o problemas cardiovasculares relacionados con este tipo de riesgos, o las bajas por enfermedades mentales ocasionadas por el trabajo y que actualmente son declaradas como contingencias comunes; sin olvidar el que es necesario poner el acento en la necesidad de investigar el cáncer de origen laboral para corregir su infradeclaración como enfermedad profesional.

Todo ello nos lleva a recordar cuán importante es implementar la figura del delegado o delegada de prevención territorial que dé cobertura a todas aquellas pequeñas empresas, la mayoría en nuestro tejido productivo, ya que está demostrado que en aquellas empresas con representación sindical existen unas mejores condiciones de trabajo.

La lista de reivindicaciones es larga pero posible de abordar, si ponemos el foco en conseguir unas condiciones de trabajo seguras y saludables. En el mismo sentido, se ha propuesto la inclusión de la salud laboral como derecho fundamental, en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, que saldrá a debate en la próxima conferencia internacional del trabajo, que se celebrará en el mes de junio de este año. 

Según un reciente informe del Foro Económico Mundial sobre la Nueva Economía de la Naturaleza, se espera que en los próximos 10 años la restauración de los ecosistemas va a verse impulsada por una gran oleada de inversiones, con oportunidades de negocio anuales de más de 6 billones de dólares en todo el mundo. Si aterrizamos en la Unión Europea, el Plan de recuperación y resiliencia, considerado como el plan de inversiones más grande de la historia de la UE, condiciona el 37% de las inversiones a la consecución del Pacto Verde, el cual se sustenta en la importancia crucial de abordar conjuntamente el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Así, numerosas herramientas nos señalan la hoja de ruta de las inversiones a desarrollar: La Estrategia Europea de la Biodiversidad, que pone el foco en reintegrar la naturaleza en nuestras vidas, incluidos los espacios urbanos, y la nueva Estrategia Forestal, que desarrolla tanto los elementos clave para cuidar los bosques que ya tenemos como para el diseño y planificación de los bosques futuros: reforestación, prevención de riesgos, formación adaptada a todos los agentes del sector, innovación, investigación, nuevas cadenas de aprovisionamiento… Además, la conservación de la biodiversidad es una fuente de empleo verde intensivo en mano de obra que necesita de todos los niveles de cualificación profesional y que depende fundamentalmente de la inversión pública.

En ese sentido, desde la UGT-PV queremos reivindicar en esta conmemoración la estabilidad y mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores públicos del sector de la conservación, que realizan labores esenciales de mejora de ecosistemas, conservación de la biodiversidad, restauración de espacios degradados, gestión de parques naturales protegidos, viveros forestales, prevención de incendios forestales… La gran mayoría de los trabajos se encomiendan a las empresas públicas como Vaersa, Tragsa, o las brigadas de Diputación, que llevan años peleando por conseguir una estabilidad laboral y un empleo digno. Por ello, pedimos a las administraciones públicas que se sienten y definan una hoja de ruta clara para diseñar el futuro de este sector público, instrumental clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Respecto al sector privado, ya hay algunas empresas a la vanguardia de la gestión de ecosistemas y la protección y restauración de espacios naturales, pero es necesaria una apuesta por fomentar la I+D+I del sector y apoyar a las pymes, así como impulsar las inversiones privadas en proyectos de RSC y de compensación de la huella de carbono en actuaciones de reforestación y gestión forestal. Así mismo, ya vamos con retraso en la puesta en marcha del Fondo Forestal Valenciano aprobado en la última reforma de la ley forestal, que ha quedado en el olvido junto con el novedoso mecanismo aprobado de pago por servicios ambientales, tan demandado por los territorios del interior para impulsar proyectos de restauración y gestión forestal.

Por todo ello, desde el sindicato haremos un seguimiento en el marco de la Mesa de Diálogo Social para que las inversiones incluidas en los planes de recuperación en nuestro territorio no se dejen en exclusiva para las nuevas tecnologías que lideran la transición energética y apuesten por desarrollar proyectos que mejoren la salud de nuestros ecosistemas generando empleos verdes esenciales para todos.

La salud y seguridad laboral debería ser cuestión prioritaria de la agenda política de todos los gobiernos, lo que ha llevado al movimiento sindical a exigir que la salud y la seguridad en el trabajo se reconozcan como un derecho fundamental, es la propuesta que llevará la Confederación sindical internacional a tratar en la conferencia de la OIT a celebrar el próximo año.

Y es que en nuestro país, tras 25 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los daños a la salud y las muertes en el trabajo siguen estando presentes día a día, lo que pone de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo queda relegada a un segundo plano en las empresas y administraciones públicas. En la Comunitat Valenciana, y aún con el acusado descenso de la actividad económica provocado por la pandemia por a COVID-19, el pasado año, murieron 73 personas trabajadoras por accidente de trabajo.

Por su parte, las enfermedades profesionales, siguen permaneciendo ocultas, lo que imposibilita la prevención de múltiples patologías, como son los cánceres de origen laboral, a pesar de la instauración del Sistema Valenciano de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL).

Por ello este 2021, debe ser el año que marque el reconocimiento del cáncer de origen laboral como enfermedad profesional. Y desde UGT continuaremos presionando para que se modifique la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos, garantizando la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras. Por otra parte cabe destacar, una reivindicación formulada desde hace décadas por los sindicatos y las asociaciones de víctimas, como era la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, que ha comenzado su tramitación en el Congreso de los Diputados como proposición de Ley este mismo mes de abril.

Y seguimos reivindicando y así, recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de personas trabajadoras sanitarias y socio sanitarias en lugar de su consideración como accidente laboral, medida que aplaudimos, pero que consideramos insuficiente, y exigimos que la COVID-19 se incluya en el cuadro de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura sin limitación temporal a un mayor número de profesiones expuestos al riesgo.

Así, entendemos que la falta de cultura preventiva entre el tejido empresarial, unida a la inestabilidad laboral y a las condiciones precarias del empleo, con una enorme temporalidad y parcialidad en la contratación, generadas por las reformas laborales, son las causas del repunte existente en la siniestralidad laboral desde el año 2013, por lo que su derogación es imprescindible para establecer un modelo de relaciones laborales que genere empleos de calidad, con salarios dignos para garantizar la protección de la seguridad y salud en el trabajo.

Es evidente que aún queda mucho por hacer, como frenar el alto grado de incumplimiento de la normativa existente intensificando los mecanismos de asesoramiento y control, y dotando de más efectivos tanto a la inspección de trabajo como al INVASSAT.

Por ello desde UGT-PV estaremos vigilantes al cumplimiento de los acuerdos del diálogo social, del documento “ALCEMNOS” suscrito el pasado mes de julio por los agentes sociales y económicos con el Gobierno del Botánico, y seguiremos proponiendo, negociando y llevando nuestra acción sindical a empresas y administraciones públicas a través de nuestras delegadas y delegados de prevención.

Son muchas las voces que han insistido en que tras la pandemia se configurará una realidad diferente. Desde UGT-PV trabajamos para que en esa nueva realidad, el trabajo sea digno y con derechos, una realidad donde nadie deba tener que elegir entre trabajo y salud.

Por otra parte, si tomamos como referencia el índice de incidencia, que es el valor que relaciona el número de accidentes con el número medio de personas expuestas al riesgo en un periodo de referencia, comprobamos que en la Comunitat estamos un punto por debajo de la media nacional y a un 19,6% respecto al año anterior.

Y aunque parezca que debemos felicitarnos por estos descensos en las cifras de siniestralidad, hay que señalar que este año 46 personas han perdido la vida por el mero hecho de ir a trabajar, un 7% más que en mismo periodo del año 2019 a pesar de la reducción de actividad laboral.

Además, cuando seguimos analizando los datos, resulta paradójico observar un descenso en los accidentes de trabajo graves en un 17%, una tendencia que no parece muy creíble atendiendo a la teoría de la proporcionalidad que establece la pirámide de BIRD, aun vigente y por la cual por cada accidente de trabajo con resultado de muerte o lesión invalidante se presentan 10 accidentes graves, 30 leves y 600 incidentes o accidentes blancos, que no provocan daños pero que nos ponen sobre aviso del peligro potencial que existe y si estudiamos sus causas, una información muy valiosa sobre las medidas preventivas a implantar en la empresa.

¿Qué es entonces lo que está ocurriendo? Se puede sospechar que pudiéramos estar ante una infradeclaración de los accidentes de trabajo por parte de las empresas ante la posibilidad de verse sometidas a un mayor control de su gestión preventiva por parte de las administraciones públicas competentes, como son los planes de actuación contra la siniestralidad laboral desarrollados desde el INVASSAT; Consensuados por los agentes económicos y sociales en su Consejo General y dirigido a empresas con alto índice de incidencia y/o gravedad.

Por ello desde UGT hemos iniciado una campaña de sensibilización y denuncia en redes y medios de comunicación, contra la siniestralidad laboral bajo el hashtag # NI UNA MUERTE MÁS, exigiendo el cumplimiento por parte de las empresas de la normativa en prevención de riesgos laborales, y reivindicando unas condiciones de trabajo dignas, ya que el binomio precariedad y siniestralidad es evidente.

Debemos avanzar en la puesta en marcha de los acuerdos suscritos el pasado mes de julio en la mesa de diálogo social, y que pasan por incrementar los recursos humanos del INVASSAT, implantar la figura del delegado y delegada de prevención territorial para aquellas empresas en donde por su tamaño no disponen de representación sindical, ya que podemos afirmar que las empresas que tienen delegados y delegadas de prevención presentan mejores condiciones de trabajo. Avanzar en la definición de la nueva estrategia de seguridad y bienestar laboral, entre otras, todo ello para acabar con esta pandemia que no cesa, ni una muerte más y encarar el nuevo año con mejores perspectivas en cuanto a la reducción de accidentes laborales.

Desde que se decretó el estado de alarma, se ha producido una gran profusión normativa de índole sanitaria, de movilidad, laboral… dictada tanto por el gobierno estatal como por el gobierno del botánico y administraciones locales, en algunos casos con la consulta y participación de los agentes sociales y económicos más representativos; aumentándose progresivamente las acciones dirigidas a disminuir los contagios y por tanto la morbimortalidad, intentando aplanar la curva epidémica y no colapsar el sistema sanitario.

En estas semanas de evolución de la pandemia hasta la declaración del confinamiento, la adopción de las medidas en materia de seguridad y salud por parte de las empresas ante este riesgo biológico, ha sido progresiva pero desigual, así nos lo trasladaban los delegados y delegadas de UGT-PV en las empresas, poniendo en evidencia la falta de medidas organizativas, la ausencia de EPIs y trasladándonos consultas sobre qué medidas se debían acometer ante un positivo en el lugar de trabajo, o ante un caso incluido en los grupos vulnerables, entre otras.

En este tiempo hemos redoblado los esfuerzos de información y participación, asesorando a cualquier hora, a empresas y a trabajadores y trabajadoras, coordinándonos con las administraciones públicas responsables, colaborando con ellas, negociando con las empresas y denunciando condiciones de trabajo inadmisibles ante la pasividad de algunas empresas.

Hemos exigido las protecciones necesarias a empleadas y empleados públicos de servicios esenciales, mención especial al personal sanitario que literalmente se está dejando la vida ocupándose de la salud de la población, personal de ambulancias, de residencias de la tercera edad, personal de correos… y de otros tan esenciales como los primeros, para poder cumplir con el estado de confinamiento, como camioneros, personal de supermercados, limpiadoras y otro largo etcétera. En ello seguimos estando.

Pero desde UGT creemos que, para cuando vaya cediendo la crisis sanitaria, la recuperación de la actividad de las empresas debe regirse por los principios de cautela garantizando la seguridad y la salud de las personas trabajadorasy por ende del conjunto de la población, para ello se ha instado al Gobierno a que verifique el estado de salud de la población trabajadora por sectores de actividad.

Así, instamos a que se arbitren las medidas desde el Gobierno y la Comunidad Autónoma para que facilite el acceso de las empresas a los medios de protección adecuados a precios razonables, y a su vez se obligue a que estas, con independencia de su tamaño, acrediten antes de su apertura, que han instaurado las medidas de prevención y hayan observado de las medidas de protección adecuadas al riesgo para su posible comprobación por parte de la inspección de trabajo de la seguridad social.

Para ello es imprescindible diálogo social en las empresas y administraciones públicas con los agentes sociales, creemos que es esencial acordar PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL para la incorporación al trabajo tras este periodo paralización.

Es por tanto momento de “trellat”, de confiar y seguir las indicaciones de los expertos en la materia, de cumplir las normas, de participar, exigir y colaborar con las empresas, solo de esta manera saldremos de esta pandemia.

Los trabajadores y trabajadoras, y la UGT-PV como sus representantes, somos los primeros interesados en la necesidad de la reactivación de la economía, pero también somos conscientes que sin salud no hay trabajo y sin trabajo no hay economía.

*Marisa Baena, secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT PV

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

A veces sin intención, aunque cada vez menos eso sí, se minimiza el valor de la prevención en el trabajo, relegándola a un simple cumplir o hacer ver que se cumple con lo establecido, para cubrir el expediente, como quien se conforma con un cinco raspado en un examen; cuando la cultura preventiva es más, mucho más, ya que supone la concienciación y adopción de patrones y comportamientos seguros y saludables en el entorno laboral. No es pasar un examen, es integrar lo aprendido, es ponerse el cinturón de seguridad como acto reflejo al subir al coche, y no cuando ves en la esquina a la policía…

Hoy, cada vez más, se hace necesario frenar la toxicidad laboral que se traduce en accidentes, enfermedades y en algunos casos, más de los deseados -62 en este pasado 2018 en la Comunitat- en muertes. Por ello UGT-PV ha mantenido una ronda de reuniones con los partidos políticos de cara al nuevo periodo que se inicia tras el 28 de abril, fecha coincidente con el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo. Nuestro objetivo, trasladar las propuestas recogidas en el documento “12 prioridades. Un pas Endavant” en el que demandamos, entre otras cuestiones, situar la cultura preventiva como valor estratégico de empresas y administraciones públicas.

Y es que, las cifras de siniestralidad laboral en la Comunitat siguen siendo inadmisibles. 48.161 accidentes con baja en 2018, un 4.7% más respecto al año anterior. Por eso desde UGT PV consideramos que hay que seguir avanzando en la aplicación de acuerdos como la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-2020, que nace del consenso y compromiso del Gobierno Valenciano con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. La misma establece el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales para la Comunitat y es herramienta de combate de la siniestralidad laboral y de mejora de los niveles de seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Además, es necesario interiorizar la cultura de prevención y para ello hacen falta contar con políticas públicas que contribuyan a integrarla en el sistema de gestión de las empresas y administraciones. Y así, contar con la formación en materia de prevención de riesgos laborales como uno de los pilares básicos en los que debe sustentarse la actividad preventiva, para conseguir la reducción y eliminación de riesgos laborales por convicción, tanto de las personas trabajadoras como de los propios empresarios y no para evitar multas.

En UGT PV creemos que es necesario impulsar y fortalecer las instituciones públicas valencianas dedicadas a la promoción y prevención de riesgos laborales como el INVASSAT, potenciando actuaciones en materia de análisis, investigación, promoción, formación, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales como valor estratégico de la economía valenciana.

Además, dada la naturaleza de nuestro tejido empresarial, y sabiendo que está demostrado que en los centros de trabajo con presencia sindical hay mejores condiciones trabajo; reivindicamos la implantación de la figura de delegados y delegadas de prevención territoriales y /o sectoriales, con funciones específicas en prevención de riesgos laborales, para llegar a las PYMES y microPYMES que conforman más del 90% de nuestro tejido productivo, y que actualmente no cuentan con representación sindical y que desgraciadamente sufren accidentes laborales y engrosan las cifras de los mismos año tras año.

Desde UGT-PV reivindicamos, además, acabar con la economía sumergida, nicho de precariedad laboral y con altos índices de inseguridad y riesgos. Y es que, solo desde un crecimiento económico sostenible, con empleo y trabajo decente, se garantizan los derechos laborales. En definitiva, queremos tomar el control sobre nuestras condiciones laborales y exigir trabajos seguros que garanticen la salud de las personas.

*Marisa Baena es secretaria de Salud Laboral, Medioambiente y Cooperación de UGT PV