Este es el título del Congreso Internacional de mujeres juezas que se ha celebrado en Madrid los pasados 25 y 26 de abril. Justicia e igualdad, ambos temas muy poco presentes en la reciente campaña electoral, como si nuestra sociedad pudiese permitirse el lujo de obviarlos.

Resulta extraño explicar lo que como invitada al congreso he vivido estos días. Mis notas están llenas de datos y cifras, pero no puedo estar más de acuerdo con lo que muchas de sus ponentes manifestaron: en este congreso se sentía la emoción. Y creo que hay una clara responsable, Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), cuyo trabajo tenaz y cuyo entusiasmo contagioso han hecho que todas las personas que hemos tenido el privilegio de asistir recordemos este encuentro como algo distinto, no como un congreso más.

Su discurso de inauguración es interrumpido muchas veces por los aplausos. Ponentes internacionales de primer orden que aceptan asistir sin dudarlo, aunque viaje y hotel corran de su cuenta. Asistentes al congreso que están en Madrid gracias a la intervención de la AECID, porque es complicado salir de algunos países, porque venir a Europa es un lujo accesible solo a unos pocos. Y cuando la emoción ya embarga a todo el auditorio, una joven cellista nos regala una suite de Bach. Los aplausos son retransmitidos en lenguaje de signos por las dos intérpretes que nos van a acompañar durante todo el congreso y empiezan las mesas formativas.

Admitir nuestras incoherencias es empezar a dejarlas atrás

Serán cuatro mesas el primer día, una por cada orden jurisdiccional y la primera es la penal. Violencia contra las mujeres, violencia de género. La peor y más grande manifestación del machismo. Un magistrado de nuestro Tribunal Supremo, Vicente Magro Servet, que nos habla de la primera sentencia del alto tribunal que introduce el concepto de perspectiva de género. Tan solo hace un año, en mayo de 2018, justo después de la tremenda sentencia de la manada de la que él no habla porque no puede. El recurso está pendiente de resolución. Pienso para mí que hay esperanza. Con estos planteamientos es muy posible que el Tribunal Supremo case esa sentencia. Para este magistrado el retraso en denunciar no puede implicar un deterioro de la credibilidad de la víctima. Habla del agravante de género, admite el delito sexual en pareja y nos explica que en una reciente sentencia, el mes pasado, se han establecido once criterios para evitar la revictimización.

Continúan las ponencias y entonces un descuido me pone enfrente de mis prejuicios. Al entrar en el Museo de la Casa de la Moneda, sede del congreso, me he identificado, he pasado por el arco y he saludado a compañeros y compañeras, pero no he cogido el aparato de la traducción simultánea. A mí no me hace falta, yo soy de aquí, eso es para todas las extranjeras, para las mujeres con pañuelo que vienen del sur, para las africanas. Es el turno de Fatma Omar Elmsri, Consejera de la Corte Maestra de Derecho Penal Benghazi de Libia. ¡Yo no sé árabe! Salgo corriendo para que me den mi aparatito. No quiero perderme nada. Y ahí es cuando me doy cuenta de cómo nuestros actos a veces desmienten nuestras palabras. Podría no haber contado esto, dejarlo en un descuido, pero solo admitiendo nuestras incoherencias podemos dejarlas atrás.

Mujeres que trabajan en red, mujeres que cambian el mundo

La traducción simultánea ha sido otra de las cuestiones a destacar del congreso, en mi opinión, excelente. La jueza libia nos encoge el corazón. La situación de violencia que sufren las mujeres en Libia es tremenda. Las propias juezas, que son el 80% del número total de jueces, temen por su integridad. Me sonrojo pensando en lo valientes que son estas mujeres que se juegan la vida cada día, porque valentía no es una palabra suficientemente grande para expresar lo que creo que son. Pide ayuda a sus compañeras y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), recoge el guante en la figura de su presidenta, Vanessa Ruiz, jueza estadounidense. De este congreso saldrá esa ayuda, ya se ha iniciado el contacto y ahora solo hay que materializarlo en acciones concretas. Mujeres que trabajan en red, mujeres que están cambiando el mundo.

La segunda mesa analiza la impartición de justicia con perspectiva de género en la jurisdicción social. Empieza María Luisa Segoviano, una de las 15 magistradas de un total de los 79 magistrados que actualmente componen nuestro Tribunal Supremo. Nos habla del conflicto de las camareras de piso, de las kellys. De cómo a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por edad. De la necesidad de poner freno al deseo de las grandes corporaciones de obtener beneficios desmesurados cuyo coste social conlleva la precarización aún mayor del mercado laboral.

María Emilia Casas, primera y hasta ahora única mujer presidenta del Tribunal Constitucional español, nos habla de cuidados y de corresponsabilidad. Y apunta una idea con la que coincido absolutamente: el Derecho del Trabajo actual debe ser la herramienta de construcción de una sociedad más igualitaria. Ha de iniciarse un proyecto de género global.

La representante de Túnez, Alya Gharbi, nos habla de techo de cristal –lo que ella entiende más bien como recinto de cristal–, de la segregación del mercado de trabajo y nos hace darnos cuenta de que estamos más cerca de lo que creemos. Muriel Robinson, magistrada del Tribunal de Empleo de Escocia, nos explica las imprescindibles acciones positivas. Cómo muchas empresas hoy en día siguen malinterpretando este concepto que no es sino una medida temporal dirigida a corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales. Es decir, las acciones positivas forman parte de la estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades, son instrumentos que desarrollan este principio. Cierra la mesa Susana Medina, jueza argentina, presidenta de la asociación de juezas de su país. Inicia su ponencia al grito de: “¡Más mujeres!” y el auditorio al completo responde: “¡Más justicia!”. Y una ovación vuelve a erizarnos el vello. Ese exceso de emotividad del que tantas veces nos han acusado a las mujeres, aquí es un complejo absurdo ya superado. Esto es así de auténtico. No valen disimulos.

Separación y divorcio, custodias y apellidos

La primera mesa de la tarde está dedicada a la jurisdicción civil, para analizar cuestiones de familia, separación y divorcio, custodias y registro de apellidos. La representante francesa, Inés Cherichi, nos explica cómo el concepto de género ha entrado en la legislación francesa de forma expresa hace solo apenas dos años. También nos habla de cómo sigue siendo habitual en los procesos de custodia que el padre alegue el Síndrome de Alienación Parental, supuesto desorden psicopatológico que no es posible demostrar médicamente y que insiste en una manipulación del menor que exclusivamente ejerce la madre para colocar al hijo en su contra.

La representante alemana, Karen Bilda, defiende y explica la custodia compartida y el modo en el que se lleva a cabo en su país, aunque una intervención desde el público de una representante del Lobby Europeo de Mujeres pone de manifiesto que la custodia compartida es una institución no siempre válida y generalizable, ya que se dan casos en los que esta opción sirve para evitar la pensión de alimentos y tampoco se cumple el régimen de custodia.

La última mesa del día es la dedicada a la jurisdicción contencioso-administrativa. Celsa Picó, otra de las 15 magistradas de nuestro Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de los informes de impacto de género que debe recabar el legislador tanto en la elaboración de las leyes como en su posterior desarrollo reglamentario, y la posibilidad de la jurisdicción contencioso-administrativa de controlar estos últimos.

Hace alusión también a una importante sentencia del año pasado que, basándose en el carácter vinculante de un dictamen de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW), reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado español por daños morales, debido al funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que permitió que la expareja de la denunciante asesinase a su hija en una visita no vigilada. Julia Motoc, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos explica la definición que el Convenio de Estambul –ratificado por España en 2014– hace de la violencia contra la mujer por razones de género: toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada.

Otro de los actos que se han celebrado el primer día ha sido la reunión bienal de la IAWJ, en concreto de la Región de Europa, Norte de África y Oriente Medio. Esta asociación internacional reúne a 6.000 juezas de 100 países de los 5 continentes y en los últimos 3 años ha aumentado en un 50% su número de socias. Tener la oportunidad de escuchar –ahora ya sí con mis auriculares de traducción simultánea– a juezas de Libia, Túnez, Siria, Yemen, Jordania o Camerún vuelve a enfrentarme a mis prejuicios, a esos estereotipos que muchas veces creemos superados, pero que siguen arraigados con fuerza incluso en aquellas personas que nos consideramos de mentalidad progresista y abierta.

Termina un día intenso, al que le sigue otro igualmente emocionante. La jornada del viernes comienza con una mesa formativa que analiza cómo se aborda con perspectiva de género la labor de la abogacía, fiscalía, forensía y otros estamentos de la Justicia. Rita Mota, fiscal portuguesa especializada en violencia de género, nos cuenta que en el país vecino solo el 7% de las denuncias acaban en condena y que es muy habitual que se produzcan suspensiones en estos procedimientos.

Las recomendaciones del Convenio de Estambul incluyen la necesidad de cuidar a las víctimas para que no se retracten. Para ellas, el modo en el que son tratadas en el proceso es tan importante como la propia condena. Es fácil incurrir en contradicciones cuando se ha tenido que contar una historia tan dolorosa en varias ocasiones, cuando se cuestiona sin piedad la veracidad del testimonio y cuando se arrastra la enorme culpa de meter en la cárcel a quien se ha querido, a quien es el padre de tus hijos.

Elena Ocejo Álvarez, presidenta de la Asociación de Abogadas para la Igualdad e impulsora del Protocolo de enfoque de género en la actuación letrada del Consejo General de la Abogacía Española, afirma que si no se aplica la perspectiva de género, se está aplicando la perspectiva patriarcal, porque no hay un espacio neutro entre ellas.

Solo se ve lo que se mira, solo se mira lo que se piensa

Llegado el turno de la forensía, Miguel Lorente Acosta, explica cómo sigue el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Llevar a cabo una investigación como si se tratase de un feminicidio no presupone un resultado, simplemente se sopesan circunstancias que se pasan por alto en un examen que no tenga en cuenta la perspectiva de género. Así, es determinante valorar los hechos con sus circunstancias, los antecedentes de víctima y agresor, los hechos posteriores a la agresión llevados a cabo por víctima y agresor. Como dijo el médico y antropólogo francés A. Bertillon, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente.  

La abogada feminista Gema Fernández nos recuerda que, para cumplir el mandato constitucional de no discriminación, el Estado debe aplicar obligatoriamente la perspectiva de género. Por ello, los parámetros por los que se aplica la justicia no deben reproducir los sesgos sociales discriminatorios. El Comité de la CEDAW, en su Recomendación General nº 35 sobre la violencia de género, advierte de que la justicia no solo debe ser capaz de reparar a la víctima, sino de transformar los mecanismos que permiten la vulneración de los derechos de las mujeres. Es necesaria una igualdad transformadora de la sociedad.

La presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas, Katharina Miller, nos habla con entusiasmo de su proyecto “3CCompliance”, a través del cual asesora a las empresas en cuestiones de género. Eugenia Gay, Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, nos muestra ya solo en el modo de enunciar su cargo que hay formas muy sencillas de utilizar un lenguaje inclusivo. Si el 63% de los miembros del Colegio que representa son abogadas, ¿por qué ha de llamarse Colegio de Abogados?

Pero las cifras siguen siendo tozudas. Siendo una mayoría clara, solo el 18% son socias de despacho y ese mismo porcentaje sirve para ilustrar la brecha salarial que sufren con respecto a sus compañeros abogados. Este colegio catalán ha creado una corporación de igualdad que incluye la asignatura de perspectiva de género en todos sus programas formativos. También ha establecido un canal de denuncias para que de forma anónima las abogadas puedan denunciar cualquier situación de discriminación que sufran o de la que tengan conocimiento, tales como la brecha salarial, el techo de cristal o el acoso.

Justo antes de la última mesa formativa, le toca el turno al Programa de la AMJE “Educando en Justicia Igualitaria” dirigido a familias, profesorado y jóvenes estudiantes de entre 9 y 18 años. A través de él, más de 150 voluntarios de todos los estamentos judiciales se forman en perspectiva de género para poder acudir a las escuelas y los institutos a explicar a jóvenes y profesorado cuál es el papel de cada uno de los estamentos participantes. Después realizan una visita guiada al juzgado más próximo al centro, donde pueden asistir como público a distintos juicios donde se cuestione el derecho de igualdad. Y finalmente, se les asignan papeles para que puedan llevar a cabo la escenificación de un juicio con perspectiva de género. La educación es la mejor herramienta de prevención y el entusiasmo con el que los participantes relatan su experiencia es suficiente aval para este programa que aún tiene una tímida y desigual implementación, pero al que después de este Congreso le auguro un gran éxito, incluso más allá de nuestras fronteras.

Es injustificable que el derecho de fronteras prevalezca sobre la dignidad y la vida

Cierra el congreso la mesa dedicada a mujeres y menores sin refugio. Algunas de las intervenciones son tan duras que tengo que sujetarme para no caer en la tentación de quitarme los auriculares. Rabaa Zregat, jueza siria refugiada en Holanda, nos habla de las situaciones de violencia de género que se viven en los campos de refugiados, de los 150 campamentos de la ONU destruidos por la lluvia. Las imágenes las conocemos todos. El silencio de la sala durante su intervención es la réplica más elocuente. Es absolutamente incomprensible e injustificable que el derecho de fronteras, en un país avanzado como el nuestro, prevalezca sobre la dignidad y la vida humana. El derecho de asilo se reserva solo para los casos de especial gravedad, como nos cuenta Inmaculada Montalbán, y al fin y al cabo, ¿tan grave es una guerra? ¿Todas las mujeres que lo piden pueden acreditar que en su país de origen son perseguidas? ¿Cómo puede probar una víctima de trata que lo es? Se están aplicando los principios del proceso penal a un derecho como el de asilo que no es punitivo, sino un derecho que protege y defiende. Por eso, del mismo modo que cuando una víctima alega discriminación por razón de sexo se invierte la carga de la prueba y es la otra parte la que debe probar que su comportamiento no es discriminatorio, en los casos de trata sexual también debe operar esta inversión probatoria.

Raoudha Bent, jueza yemení, nos habla de la situación que viven los tres millones de personas desplazadas en su país. Afirma que el desplazamiento es más duro aún que el refugio porque no puede pedirse asilo y se sigue viviendo en el mismo ámbito del conflicto. No hay acceso a servicios básicos, no hay presupuesto para la reconstrucción. Los colegios funcionan como refugios y el profesorado lleva más de tres años sin cobrar. El resto de representantes árabes de la mesa y en particular, Saida Chebili, de Túnez, coinciden en cómo las crisis políticas y sociales de los países de su entorno en conflicto provocan olas de miles de refugiados, de Siria en su mayoría, donde los más vulnerables y numerosos son mujeres y niños. Los campos de refugiados propician el caldo de cultivo de la violencia sexual, incluso por parte de las fuerzas de seguridad. Las letrinas, al ser la zona más apartada, suponen un riesgo para cualquier mujer que necesite utilizarlas llegada la noche. Crecen la violencia familiar y los matrimonios forzados.

Jawwher Hassensalman nos cuenta que en Jordania solo hace dos años que se abolieron los asesinatos de honor y la norma que daba derecho al violador a casarse con su víctima. Solo dos años. Pero el arraigo social es tan grande que las mujeres sorprendidas en adulterio se refugian en la oficina del gobernador administrativo, que no es otra cosa que una cárcel, por miedo a ser asesinadas por su propia familia. Desde julio de 2018 se han creado refugios para estas mujeres, pero con recursos muy limitados.

Mina Sougrati, representante marroquí, nos habla de su reciente legislación para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, pero reconoce la falta de recursos. Y nos expone el problema de desprotección que viven las madres solteras apoyadas en su mayoría por asociaciones que intentan impedir que caigan en mafias de prostitución.

Rodeada de juezas que se abrazan y se besan, que se despiden hasta el próximo encuentro que será en Marrakech, no me siento una intrusa. Su deseo es involucrar a todas las personas que allí estamos. Ser agentes del cambio. Avanzar en el camino de la igualdad. Y me uno a ellas. Esto hay que contarlo, porque en dos días me he hecho aún más consciente de que este movimiento es imparable y de que cada cual, en su entorno, tiene la responsabilidad de colaborar en su avance. Con entusiasmo, con esperanza y con la seguridad de que no vamos a dar ni un paso atrás. Cada vez somos más y está más cerca el día en que seremos tod@s.