Deben llegar los días en los que se acaben los chistecitos, los cuchicheos y los puñales. Los días en los que se pueda acudir al puesto de trabajo sin miedo de mostrarse, sin miedo de ser, sin miedo de vivir siendo una persona LGTBI.

La reciente legislación aprobada garantiza que las empresas deban comenzar a desplegar planes de igualdad y diversidad, a fin de garantizar que los espacios de trabajo sean espacios seguros y que ningún prejuicio social tenga cabida en nuestro tejido productivo. Se trata de uno de los mayores avances conseguidos en democracia porque supone que, a la vez, que convergemos con Europa, nos unimos a la estela de países libres que no toleran a quienes señalan, acusan y odian.

Los avances de nuestro país y la libertad conseguida bajo los derechos civiles son las mejores credenciales que tenemos para mostrarnos al mundo. Un mundo que todavía mantiene a las personas homosexuales y trans en la más absoluta oscuridad en casi setenta países y en diez de ellos además bajo la amenaza de la pena de muerte. España, por el contrario, ha sido convertido en un faro de luz gracias al trabajo conjunto de las organizaciones que luchamos por los Derechos Humanos y a la acción de los gobiernos progresistas de nuestro país.

Ahora nos encontramos en una situación complicada por la intención de la derecha y la ultraderecha de desterrar algunos de estos avances. Pero nuestra sociedad no puede permitirse ni un solo retroceso. Es el momento, también durante la celebración de este Orgullo 2023, de tomar de nuevo la palabra y participar de todos los actos reivindicativos, dejándonos ver para que nadie se atreva a decirnos como tenemos que vivir nuestras vidas y también para que sigamos siendo un ejemplo y una guía en todos esos rincones del mundo donde no pueden salir a celebrar estas fechas porque sobreviven bajo una opresión que algunos querrían para nuestro país y para toda Europa.

También en la Región de Murcia hemos de seguir peleando por las conquistas conseguidas, como por la puesta en marcha del Observatorio que hubiera servido para poner pie con pared y empezar a conocer realmente cuál es la vida que las personas LGTBI tenemos que padecer en nuestra propia tierra. Ya no nos valen más promesas incumplidas, ni las palabras vacías ni las frases hechas en un programa electoral que queda como papel mojado.

Recordemos, todas y todos, que cuidar de nuestras vidas es una tarea constante, que cada día que no defendemos la libertad de nuestros amigos, de nuestras compañeras de trabajo, de nuestra propia familia, serán días será ganados por aquellos que solo quieren que dejemos de existir. Recordemos que un país decente es aquel que protege a sus ciudadanos.

“Leyenda negra” fue el recurso utilizado para desmontar las historias que sobre España rondaban por toda Europa, cuando a los adelantados intelectuales se les ocurría hablar de este país y de todo, bueno malo o peor, teníamos incorporado a nuestra empresa, cultura y cualquier tradición metida en el tuétano.

De leyendas negras y sus consecuencias sabe Pedro López Milán, alcalde de La Unión, que nos recibe en su despacho oficial para hablarnos de una ventana de luz que ayudará a disipar algunas de las sombras y nieblas que sobre la capital de la Sierra Minera siguen circulando.

La semana pasada, viernes 23, tuvo lugar la presentación del proyecto de turismo sostenible para Portmán, el epicentro de uno de los mayores desastres ambientales de esa Europa que tanto ha criticado a España y que, ahora, podría estar a la altura de las circunstancias con la aprobación de los fondos de recuperación “Next Generation”.

Este proyecto, que funcionará como anclaje a la regeneración de la bahía, tuvo como invitados a medio centenar de representantes de la sociedad civil y vecinos de la comarca minera y es visto desde el consistorio unionense como la punta de lanza de un discurso que acelere las perspectivas económicas. Es pues un apuesta conjunta, de la administración pública con el respaldo de la práctica que tanto reclaman las instituciones europeas, la del gobierno abierto y participativo.

Recién llegado del encuentro con la Consejería de Turismo, le preguntamos:

¿Cuál ha sido el recibimiento por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma?

Ha sido bueno, de momento por parte del ITREM (Instituto de Turismo) y los técnicos de la consejería nos están ayudando a perfilar alguno de los aspectos del proyecto. Les parece más que interesante. Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo de empresarios y asociaciones, es un impulso de aire fresco para nuestro futuro y vamos a aportar al cien por cien por conseguir sacarlo adelante.

¿Cuál es el eje principal de este proyecto?

Todavía tenemos que crear una marca, un referencia fácil de identificar, pero lo que tenemos claro es lo que hay que hacer y lo que nunca se debió haber hecho. Estamos hablando de crear rutas de conexión para todo el patrimonio natural, arquitectónico, histórico, arqueológico e industrial, pero también de la rehabilitación de las fachadas históricas del pueblo, de la utilización de los espacios que han podido quedar vacíos, darle un enfoque diferente a la actividad del pueblo.

Esta es la parte que le toca a la administración pública, pero ¿y la iniciativa privada?

Evidente, estamos hablando de crear riqueza, pero una riqueza diferente a la que ha caracterizado a este municipio durante muchos años de su historia. Aportar valor ligado a un turismo de calidad y sostenible. Hemos confirmado una mesa de trabajo empresarial para que las ideas vayan llegando y se incorporen al proyecto porque hay que recalcar que se trata de un proceso completamente abierto. Es la primera vez que podemos obtener este tipo de ayudas por parte de todas las administraciones al mismo tiempo y tenemos un buen historial porque ya tenemos gestión en la recepción de fondos del 1’5% cultural, por poner un ejemplo.

Parece una operación a largo plazo…

Lo es, se están dando los pasos para crear una oferta turística de gran calado, también para Roche, nuestra otra pedanía. Será un cartel atractivo porque sabemos que nuestro municipio tiene muchas fortalezas.

¿Las Administraciones Públicas, gobiernos central y regional, tienen una deuda con La Unión?

Siempre lo he dicho, la tienen, nos deben mucha atención, a La Unión sí, pero sobre todo a Portmán. Para solventar esto nosotros no paramos de hacer propuestas viables, como lo es este proyecto de turismo sostenible que hemos cifrado en un millón de euros. Tenemos claro cual es nuestro camino.

¿En qué momento se encuentra la gestión de la regeneración de la bahía?

Ayer tuve una videoconferencia con el secretario de estado, Hugo Morán, y a primeros del mes de Mayo saldrá en el BOE el pliego para la contratación del nuevo proyecto. Se tienen en cuenta las apreciaciones de los vecinos y esta vez será sostenible y seguro y sobre todo, tenemos la garantía de que cuenta con el suficiente soporte presupuestario.

¿Se puede decir abiertamente que el anterior proyecto no salió adelante porque era una pifia?

Se puede decir y se dice. Sus padrinos son los responsables de su paralización y fracaso y yo le pido al Ministerio que se exijan responsabilidades…

¿Qué tipo de responsabilidades?

Todas. Las que sean necesarias. Porque estamos hablando de indemnizaciones millonarias y la frustración de todo un pueblo.

Y hablando de responsabilidades… ¿El Ayuntamiento de La Unión tiene alguna responsabilidad en la limpieza y regeneración de balsas, pozos y otros elementos de la sierra minera cuyos estériles terminan en las ramblas que van al Mar Menor?

El ayuntamiento no es competente, pero sí hemos señalado al Ministerio y al gobierno regional que parte de los fondos que lleguen deben ir al sellado y estabilización de todos esos elementos. Nos parece feo que se hable tanto de las ramblas y no del entorno del municipio que está rodeado de balsas mineras, hay que actuar sobre ellas y su inertización.

Acuerdo in extremis en el conflicto laboral sufrido los últimos meses en el resort La Manga Club. Finalmente serán 118 los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo -ERE- de los casi 400 que prestan sus servicios a la multinacional Hesperia en el complejo vacacional de lujo La Manga Club Resort.

A la espera de cerrar definitivamente la negociación, el número total de afectados que manejan es de 118 personas: 20 transformaciones de contrato a fijo-discontinuo (por temporada), 24 prejubilaciones, 35 bajas voluntarias y 39 despidos. Según el Comité de Empresa, compuesto por varios sindicatos, la negociación “no ha sido fácil” y estuvo en un principio “carente de transparencia” por parte de la empresa, evitando dar detalles de cual era el proceso exacto de reconversión de los puestos de trabajo. Hoy era el último día hábil para llegar a un acuerdo que, a falta de perfilar unos últimos detalles sobre las cantidades de las indemnizaciones, se espera sea ratificada por la asamblea de trabajadores.

El proceso ha sido seguido en todo momento por organizaciones e instituciones al tratarse, La Manga Club Resort, del buque insignia del turismo de calidad de la Región, siempre en un tono muy cauto, las declaraciones han ido cayendo con cuenta gotas. A última hora de ayer el PSOE regional exigió que la empresa agotara “todas las vías posibles para llegar a un acuerdo con el Comité de Empresa” al tiempo que señalaban “la lamentable pasividad del Gobierno Regional corrupto del PP y los tránsfugas mientras se destruyen puestos de trabajo y cierran empresas en la Región de Murcia. Esta es la situación de la Comunidad mientras López Miras y el PP está dedicados exclusivamente a las cuestiones internas de su gobierno y mantener el poder”.

Según la diputada socialista Carmina Fernández “el PP regional prometió en el mes de noviembre, 9 meses después del inicio de la pandemia, ayudas a algunos sectores golpeados por la crisis como el hotelero, unas ayudas que casi 5 meses después todavía no han llegado lo que está provocado la destrucción del sector en la Región”. Por su parte la Consejería de Turismo indicaba que respetan todo el proceso de negociación y esperaban una resolución satisfactoria “más que deseable en los tiempos de pandemia”, pero evitan pronunciarse sobre el contenido del mismo.

Los ayuntamientos de la zona, directamente afectados, también se han pronunciado. Pedro López, alcalde de La Unión, ha expresado “su solidaridad y total apoyo” a los trabajadores que vayan a perder el empleo como consecuencia del ERE. En la misma línea se ha posicionado ha sido el Ayuntamiento de Cartagena que indicó la semana pasada su compresión con las reclamaciones de los trabajadores.

Hesperia compró parte del complejo La Manga Club Resort (Hotel, parte deportiva y hostelera) en 2019 y anunció un proceso de inversiones para revitalizar la línea de negocio. Son varias las declaraciones públicas del directivo Gonzalo Alcaraz en diversos medios regionales y nacionales al respecto, pero a los pocos meses de formalizar la operación ya se anunció la reconversión de los puestos de trabajo que, en un principio, habría afectado a casi la mitad de la plantilla. Carlos Erburu, director general del complejo turísitico, y que ha liderado las negociaciones por parte de la empresa ha declinado hacer declaraciones al término de las mismas. Durante toda la transición del conflicto, desde el anuncio del ERE y su transformación en ERTE hasta su vuelta al estado original (otra vez ERE), los sindicatos han mantenido la unidad de acción en la mesa de negociaciones y han contado con el apoyo prácticamente unánime de la plantilla. El acuerdo “es, en términos generales, mucho menos sangrante de lo que se temía” apuntan desde el comité de los trabajadores. Los departamentos afectados son casi todos: tiendas, hotel, alimentación, jardinería… pero el impacto resulta global para el área de la diputación de San Ginés de la Jara, donde se encuentra el complejo, con las localidades de Portmán, Los Belones, Cabo de Palos, Mar de Cristal, el Algar o La Unión, como principales afectadas, ya que muchas empresas prestan servicios auxiliares y temen que, con la reestructuración laboral, también se pierdan puestos de trabajo indirectos.

Ahora falta por saber como se afrontará la nueva etapa de Hesperia en La Manga para la apertura prevista antes de verano, la recuperación de su clientela perdida por el efecto de la pandemia en toda la economía internacional y cual será la estrategia al respecto. Muchos trabajadores expresaron durante la concentración de ayer que la intención final de la empresa es rebajar los estándares de calidad que se ofrecen en la actualidad a fin de poder alcanzar un mayor número de visitantes, una opción que, según la opinión de los mismos, es un error porque precisamente ese nivel cualitativo es lo que distingue a las instalaciones.

Un total de 140 empleados, de los 385 que tiene la cadena hotelera Hesperia en el complejo La Manga Club Resort, afrontan su despido, recolocación o prejubilación para reducir costes. Las negociaciones entre los sindicatos y la empresa que lo gestiona se están produciendo a lo largo del día de hoy y proseguirán mañana para encontrar un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores. Tras la adquisición del hotel Príncipe Felipe, que forma parte del complejo, los nuevos gerentes buscan un mayor rédito económico. El proceso de regulación de empleo comenzó al poco de hacerse con las instalaciones, con un análisis de los puestos de trabajo que eran necesarios para la remodelación de la línea de negocio. Los miembros del Comité de Empresa han trasladado que la intención es “llenar camas al precio que sea dejando de lado el modelo de calidad que ha distinguido al resort durante toda su historia”.

Aunque en un primer momento se anunciaron 158 modificaciones contractuales (como las mencionadas o los cambios a fijos-discontinuos) los sindicatos han conseguido rebajar levemente esa cifra. “Pero no bajarán más” afirman, y esta actitud por parte de la empresa ha sido la gota que ha colmado el vaso. José Francisco Lucas, asesor laboral de CSIF, indica que los negociadores de la empresa se han negado a dar el listado de nombres de los posibles despidos porque ese listado es de puestos de trabajo, según la empresa, y no de personas en concreto. Además también se han negado a elevar la cantidad destinada a las indemnizaciones o a concretar el plan de recolocaciones que los representantes de los trabajadores tachan de “cuanto menos, ambiguo”.

La Manga Club Resort pasaba por ser uno de los complejos de vacaciones más lujosos de Europa, o eso era hasta este momento. Su paso en 2019 a Hesperia (el hotel y las instalaciones deportivas) y Arum Group (la parte inmobiliaria) vino acompañada de las declaraciones del ahora director de Negocio de la compañía, Gonzalo Alcaraz, anteriormente Jefe de hoteles vacacionales. En septiembre de 2019 el directivo habló en nombre de Hesperia afirmando que no sólo no iba a desaparecer ninguno de los puestos de trabajo sino que las inversiones previstas en la remodelación del complejo aumentarían la contratación. Fue pronto que esa firmeza y determinación por parte de Hesperia quedó en nada cuando se anunció la remodelación de la plantilla.

Hesperia ha remitido un comunicado señalando que han iniciado la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en la Manga Club. Una decisión que han asegurado que se inscribe “dentro del proceso de transformación del modelo de negocio del resort, que Hesperia puso en marcha en el momento de adquisición del activo (agosto 2019)”. Desde la entidad han señalado que “si bien la pandemia ha supuesto un parón en este proceso de transformación, no ha sido causa del mismo”. La empresa ha sostenido que “el grupo va a gestionar este proceso de manera responsable y buscando siempre minimizar los efectos en la plantilla. Hesperia trabaja con el firme objetivo de garantizar la rentabilidad e impulsar la competitividad a largo plazo de La Manga Club, convencida de que es un activo de alto potencial y especial valor estratégico para la región de Murcia”.

Ninguno de los partidos políticos ni el mismo gobierno regional a través de la Consejería de Turismo se han pronunciado al respecto y a la espera del final de las negociaciones los ánimos están bastante caldeados y los trabajadores pueden mañana votar en contra de la propuesta de la empresa, lo que implicaría alargar el proceso o levantarse definitivamente de la mesa. El ambiente es de tristeza en los pueblos aledaños al resort, convertidos en “dormitorios” porque buena parte de los vecinos que viven todo el año en Los Belones, Mar de Cristal o Portmán trabajan directa o indirectamente para las dos empresas que gestionan el complejo, Hesperia (el hotel) y Arum Group ( la parte inmobiliaria ). Muchos de ellos llevan más de 20 años prestando su servicio en el complejo y temen que “no se tenga en cuenta que la vida de los pueblos de los alrededores depende del hotel”.

Hasta el momento la única administración pública que se ha posicionado ha sido el Ayuntamiento de Cartagena. En una moción de urgencia el consistorio aprobó oficialmente mantenerse al lado de los trabajadores y reclamó al grupo hotelero “sensibilidad”. Cabe recordar que Hesperia presentó resultados netos consolidados por más de 15 millones de euros y ventas por más de 137 millones.

Al cierre perimetral de los límites de la comunidad autónoma y todos sus municipios, el Ejecutivo regional, con las cifras de la segunda ola descontroladas encima de la mesa, supo que debería tomar más medidas de restricción a la actividad de la ciudadanía. El obligatorio cierre de la hostelería durante 14 días fue la gota que colmó el vaso del sector que ya había visto reducido su margen de beneficio debido a las órdenes sobre aforos en terrazas e interiores y el servicio de barra. Las movilizaciones estallaron en varios municipios de la Región, convocadas por la patronal Hostemur. A las manifestaciones han estado acudiendo tanto los propios empresarios como los trabajadores de los establecimientos que ven peligrar sus empleos, la mayoría de ellos en situación de ERTE.

Ante la imposibilidad de pactar una salida negociada con el presidente de los hosteleros, Jesús Jiménez, el Gobierno optó por puentearlo y hablar con el presidente de CROEM para fijar una línea de ayudas fijada en 37 millones de euros, separadas en varias líneas (alquileres, compensación por género perdido o las cuotas de autónomo), que se escenificó en la firma de un acuerdo tras el cual el jefe del ejecutivo regional declaró que “no nos gusta, nos duele”. El presidente de CROEM, Jose María Albarracín, que figura como uno de los principales aliados del Partido Popular y cuyo nombre llegó a sonar como incorporación para la remodelación del gobierno, intentó utilizar su posición de presidente de todos los empresarios como amortiguador de las protestas que esta semana desembocaron frente a la Consejería de Sanidad.

Los ánimos de los hosteleros, sin aplacar

La estrategia del Gobierno regional para aplacar los ánimos de los hosteleros y sus trabajadores no funcionó y los rumores sobre el posible origen de los fondos que cubrirían las cuantiosas pérdidas del sector y la posibilidad de cierre final de sus negocios se extendían durante las jornadas de protestas, nadie sabía de dónde se iba a sacar el dinero prometido.

Ciertamente las cuentas regionales no permiten casi margen de maniobra: la deuda de 10mil millones de euros, la permanencia del mecanismo del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) o el destino finalista de las transferencias extraordinarias que hizo el Gobierno de España (educación y sanidad), apenas daban posibilidad de movimiento y en San Esteban firmaron para dar una patada hacia adelante.

Es aquí donde se presentó el problema para la coalición de gobierno: la Consejería de Hacienda ha admitido esta semana que el dinero provendrá “de los remanentes (dinero sobrante o no ejecutado) de otras consejerías y departamentos” con cargo al presupuesto 2020 de la CARM, como por ejemplo de “obras que no se ejecutan” y que se aprobarán en Consejo de Gobierno en cuanto se encuentren los fondos, sin que se precise cuándo se dará pistoletazo de salida a estas ayudas. Se presentan pues la siguientes preguntas: en una administración pública copada por la deuda, ¿cuáles son los remanentes, hay posibilidad de remanentes? y ¿cuáles son las inversiones que se van a dejar de hacer para atender la promesa de los 37 millones a los hosteleros? A día de hoy, nadie en el Gobierno regional sabe contestar a estas cuestiones.

Los empresarios, “cabeza de turco” del Gobierno regional

El ambiente político entre populares y empresarios es insostenible. Éstos acusan a los conservadores de que “con cada medida nos están usando como cabeza de turco para desviar la atención de otras incompetencias” (en referencia a la falta de atención primaria, rastreadores o el caso del elevado número de muertes en las residencias de ancianos) y los sindicatos recuerdan que además el convenio colectivo del sector lleva 12 años sin renovarse por lo que exigen que las ayudas, si llegaran, deben vincularse a la garantizar los puestos de trabajo. Sobre esta posibilidad el gobierno regional ni siquiera se ha pronunciado, ni lo hará.

A esto hay que unir otra variable. El presupuesto regional para 2021, que no contará con la regla de gasto que fija márgenes de déficit, no se presentará hasta que se conozcan en detalle los Presupuestos Generales del Estado (de los que dependen los regionales hasta en un 70%) y la estrategia de reparto extraordinario de fondos de la UE, fijada para el mes de diciembre, según las declaraciones a Onda Regional de Murcia del Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Si tal como afirman en Hacienda, las ayudas a la hostelería saldrán del presupuesto 2020, serán los proyectos abandonados de ese presupuestos los que vayan al presupuesto 2021 y siguientes. Cuánto y cuáles nadie lo sabe todavía.

Total falta de previsión de PP y Ciudadanos

Con este movimiento político PP y Ciudadanos se unen a la falta total de previsión que tanto han criticado del Gobierno central de PSOE/Podemos, en unos días en los que la portavoz del gobierno, Ana Martínez Vidal se descolgaba con la afirmación de no subir el sueldo de los funcionarios que tanto se había luchado en la Hacienda regional, a excepción del personal sanitario. Para no entrar en otro nuevo conflicto con su socio de Gobierno, otro más, los populares anunciaron que los altos cargos y de confianza no incrementarán sus sueldos. 

Todo el esfuerzo que el ejecutivo central puso en el empeño del acuerdo en el seno de la UE finalmente dio sus frutos y alcanzado un compromiso firme de los socios en Bruselas ya se puede decir que tendremos presupuestos.

El gobierno de las izquierdas presentaba esta semana el proyecto de cuentas para 2021 con la primera luz verde de la Comisión Europea y aunque el grueso de las partidas se quedarán tal y como las hemos conocido estos días, sí es cierto que habrá cambios de aquí a la aprobación final, probablemente la primera semana de Enero.

España deberá aún concretar en diciembre de este año cuáles son las prioridades de los proyectos “tractores” que presentará para su financiación en las líneas de transformación digital y economía verde, a lo que habrá que sumar las alteraciones habituales de la tramitación parlamentaria.

Mientras, para no faltar a la tradición autonomista de nuestro país, los diferentes territorios ya tienen pormenorizado cual es la inversión en cada una de ellas y los partidos hacen gala de ella, o la denostan, dependiendo de si el gobierno es de un color u otro. Al gobierno de la Región de Murcia, por ejemplo, no le gustan los presupuestos generales, pero a la oposición sí.

A los populares no les ha gustado nada que no haya presupuesto suficiente para las obras del Arco Norte aunque no citen que sí exista para el Arco Noroeste; reprochan que no se consignen las obras de las comisarías de policía de Yecla y Alcantarilla pero obvian que haya un plan plurianual para esos y más edificios de policía nacional y guardia civil de aquí a 2025 con más de un millón de euros por ejercicio; y sobre todo inciden en que no figuren partidas específicas para el Mar Menor pero ni mentan los más de 28 millones de euros en casi 50 actuaciones que desde el Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrológica del Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla se van a realizar en la adecuación y mejoras de las infraestructuras existentes, como reparación de ramales, restauración de las costas, o la mejora del abastecimiento de agua en la vega media.

Los socialistas por su parte sacan pecho con la inversión record para la construcción de los submarinos S-80 en la factoría de Cartagena, 300 millones, aunque evitan recalcar que constituye más de la mitad del dinero “en efectivo” que viene a la Región; también aluden a la subida de las pensiones conforme al IPC y el doble de éste para las no contributivas pero ni una línea de la subida del IVA para las bebidas azucaradas o el recargo de 30 euros en el último recibo de los autónomos; pero sobre todo destacan en la calle Princesa que por primera vez la Región lidera en España la inversión con 419 euros por habitante y año, si bien en términos globales seamos la quinta comunidad por detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid y C.Valenciana.

Ciudadanos y Podemos hacen una lectura más general acerca de estos números. Los naranjas celebran las inversiones que llegan a la Región pero por boca de su portavoz en la Asamblea Regional, Juan José Molina, subrayan que también “muy importante serán los criterios en base a los cuales se repartirán los fondos europeos que están por llegar” por lo que exige que sean “claros desde el gobierno de España porque en un momento de crisis suponen la oportunidad para cambiar de rumbo”, en alusión a la debacle económica consecuencia de la pandemia. A su vez los morados señalan que estos presupuestos van más allá de los proyectos concretos y que hay subidas importantes en becas al estudio que beneficiarán a más de cuarenta mil estudiantes en la región o los once millones de las contribuciones a la seguridad social de las cuidadoras y el plan de choque del empleo juvenil que beneficiará, según su portavoz, la diputada María Marín, a veintiséis mil jóvenes murcianos.

Entre ambas formaciones hay un pique especial esta semana a cuenta de las declaraciones del diputado nacional Edmundo Val que afirmó que los de Pablo Iglesias están “rabiosillos” porque gracias a Ciudadanos el presupuesto de 2021 estará “más centrado”. Según Juan José Molina “es normal que estén molestos, los liberales somos su antítesis”, a lo que María Marín respondía que “deben estar especialmente dolidos por el Ingreso Mínimo Vital y la futura Ley del Alquiler, son los presupuestos más sociales de la historia”.

En eldiario.es Región de Murcia nos hemos metido en harina y hemos analizado este proyecto de cuentas públicas, sabiendo que será modificado y que en Enero próximo tendremos que volver sobre el tema, pero, a día de hoy, con los datos en la mano son varias las cuestiones que hay que poner de relevancia.

La primera de ellas es que, una vez anulada la regla de gasto, estos números son una lluvia de millones para todas las comunidades autónomas, también para la Región de Murcia, por ese motivo y por dos más. Fuera del presupuesto quedan inversiones importantes que se confían a los extras que financiará Europa con cargo a los fondos implementados por el choque de la pandemia, veintisiete mil millones sólo en 2021 y queda por ver qué sucede con la intervención del Banco Central Europeo y la prometida emisión de 750mil millones para compra de deuda soberana de forma preferencial.

El líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, remarcaba que “gracias a ese impulso del Gobierno de España tendremos una tasa de reposición del 110%, se triplican los fondos para vivienda, se habilita el fondo estratégico de resilencia para proyectos tractores y los más de 600 millones para dependencia” porque “los murcianos se merecen un gobierno que piense en el 99% de las personas y no en el 1% de privilegiados que es lo que hace el PP”.

Este será el discurso de los líderes políticos hasta entrado el año que viene, cuando se dé carpetazo a las “Cuentas Montoro”, las que consolidaron los recortes en sanidad y educación y demostraron que estábamos en los huesos para afrontar el desastre sufrido este año. Hasta entonces también seguimos esperando los números de los presupuestos regionales 2021, sabiendo que los de 2020 no han servido para casi nada porque han sido abrasadas por la covid19. Ése será otro capítulo donde los papeles de oposición y gobierno se invertirán y veremos, si al fin, el lenguaje ha terminado por cambiar desde el enfrentamiento a la negociación tal y como pide la ciudadanía en todas las encuestas de opinión.

Los que seguimos los debates en de la Asamblea Regional por obligación laboral, analistas y periodistas, sabemos que nunca han sido muy edificantes. La norma viene siendo que la oposición pregunta todo y el Ejecutivo responde lo que, dentro de la cuestión, le da la gana. Se trata de un pobre ejercicio de parlamentarismo que se agrava aún más cuando el turno de intervención de los partidos que sustentan al Gobierno regional se utiliza, casi en exclusiva, para hacer oposición al gobierno central, tipo copia a lo que se hace en la Asamblea de Madrid.

Hace tiempo que los estrategas del PP decidieron que la actividad política de la Región de Murcia estuviera anestesiada en los ritmos eternos de la tramitación legislativa. Informes, comisiones de estudio, rondas de contacto con la “sociedad”, y anunciándolo todo, estilo Ballesta, con foto y rueda de prensa incluida. Podemos pensar que una Comunidad Autónoma con estatuto de autonomía de tercera división y con ingresos que proceden casi en tres cuartas partes de las transferencias del Estado no puede tener una vida política ágil con altos niveles de dinamismo. Bien, pues esto es precisamente lo que quieren que pensemos, que no hay más y que no se puede hacer más.

Pero estamos hablando de política. Y en este campo siempre se puede hacer más, mejor o peor, pero siempre más si se tiene voluntad. Ésta y no otra es la principal carencia de la derecha regional que ahora quiere capitanear Ana Martínez Vidal a la sombra de Fernando López Miras. La voluntad política de la que ya adolecía el Ejecutivo autonómico se vio derrumbada en los primeros compases de la pandemia cuando la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados que lo mantienen se abonaron al lenguaje tosco y frentista que tantas veces hemos visto quienes asistimos a las sesiones de control. “Sus socios de la ETA” y de ahí para arriba, son las expresiones que se gastan para contestar a las cuestiones planteadas por la izquierda. Desconocemos cuántas veces, probablemente ninguna, el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, se ha dirigido a los portavoces para aleccionarles acerca de que ETA ya desapareció y que no utilizan un lenguaje constructivo.

Es como si se hubieran dejado vencer por la desidia y el enfado que inundan la sociedad española, acuciada por la falta de trabajo, el aumento de los precios y las restricciones de movimiento. Si bien debiéramos tener unos líderes que infundan confianza y esperanza, lo cierto es que los gestores de la autonomía murciana están tan enfadados y desgastados como el resto de la ciudadanía. Como si ya no sirvieran para su empleo.

La pandemia ha traído para todos baños de realidad, también para el Gobierno de las tres derechas en la Región. Hace sólo unos días conocíamos otro informe que desmiente la posición de que la deuda pública se debe a la infrafinanciación y que de los diez mil millones que debemos, son unos dos mil quinientos los que proceden de ese agujero. Algo parecido a lo que denunció Isabel Franco en la sesión de investidura (pueden buscarlo, está en el archivo de la web de la Asamblea Regional) cuando denunciaba la barra libre del PP. Este informe sigue la estela, no sólo de las evidencias de gasto superfluo que hemos padecido con ejemplos tan sangrantes como la depuradora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera, sino de otros ya emitidos por el Consejo Económico Social.

A este sopapo contable hay que sumarle otro poético. En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de esta misma semana se vota, como último punto del orden del día, el destierro de los aforamientos de nuestro estatuto de autonomía. Sí, el último punto del orden del día. Después de ese momento son imputables en la justicia ordinaria presidente, consejeros y diputados. Y es probable que algunas investigaciones en marcha ya no tengan que retrasarse más por la condición protegida de sus señorías. Otro baño de realidad, éste procedente de la voluntad política, de la que existía cuando dejaron trabajar en paz al mejor cuadro de portavoces que hemos tenido en décadas: Joaquín López (PSOE), Miguel Sánchez (Ciudadanos), Óscar Urralburu (Podemos) y Víctor Martínez (PP).

Para que se alineen los planetas y tengamos de nuevo gestores con voluntad política de sacar trabajo adelante que sirva para algo tendremos que esperar al próximo ciclo electoral, en el actual está todo perdido. O no todo, esta semana Ballesta reinauguró un huerto urbano ya utilizado por los propios vecinos.

El curso político viene cargado de titulares. Quizá el más alentador de ellos sea la consecución del Pacto por la Justicia, un documento que reclama más medios y personal para el aparato judicial y que ha sido pilotado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, y el Fiscal Superior José Luis Díaz Manzanera. Alentador porque supone un punto de encuentro en la política que tan mal nos tiene acostumbrado a todo lo contrario, pero no va mucho más allá. El documento deberá tramitarse por vía rápida en la Asamblea Regional para no quedar obsoleto en menos de un año y, aún más importante, deberá tener el traslado de “todos a una” a los próximos Presupuestos Generales del Estado, y de eso, a día de hoy, no hay ninguna noticia.

Pero en el día a día, los partidos siguen velando armas mientras abundan en la estrategia de no enfrentarse verbalmente en medios ni en el parlamento autonómico. Los movimientos son soterrados a la espera de que la pandemia remita en términos sanitarios y se puede sacar la artillería, lo que antes creíamos que era lo normal.

Así lo vemos en la actitud del PSOE, cuyo líder Diego Conesa se sigue resistiendo a entrar en el fango (ya le tocará) y no ceja en el empeño de ofrecer puntos de encuentro al Presidente del Consejo de Gobierno. El último de ello, asegurar que no rechazará los presupuestos regionales de 2021 si se cumplen las condiciones de refuerzo de los servicios públicos. En este caso caerá en saco roto porque ni la plantilla docente ni la del Servicio Murciano de Salud se ampliarán hasta las cifras exigidas por los socialistas. No existen disensiones internas en torno al rumbo de la gestión del partido ni de su proyección parlamentaria.

No es el caso de los populares, que se ven en la tesitura de recomponer el ejecutivo regional. Son ya varios los avisos de descoordinación entre los diferentes departamentos y el presidente Fernando López Miras no quiere que la crisis de gobierno se alargue demasiado tiempo. Según fuentes cercanas al Palacio de San Esteban, “los consejeros caerán antes de que terminen de caer las hojas de otoño”. Se esperaría la salida de la titular de Turismo, Cristina Sánchez y del de Sanidad, Manuel Villegas. En este último caso no ayudaba mucho a su continuidad que varios alcaldes del PP hayan puesto en tela de juicio su gestión, sobre todo vía interna.

En las sillas controladas por Ciudadanos, Ana Martínez Vidal prepararía la sustitución de Beatriz Ballesteros, Consejera de Transparencia, en un movimiento que tiene que ver con la visibilidad de la líder naranja, puesto que el trabajo de la magistrada ha sido de los pocos apreciables en esa parte del gobierno de coalición. Si Madrid hubiera optado por no elegir entre Vidal y Franco, y tirar por el camino de en medio, la portavoz ya les ha ahorrado esta decisión.

Llama la atención que la operación “crisis de gobierno” estaba diseñada en agosto, pero se aplazó hasta ver la entrada del curso político. También en las filas de la derecha se ha asumido parte del nuevo lenguaje político que nos deja la pandemia y el “ahora no toca” se impuso. Pero son ya demasiadas las faltas que han obligado al presidente Miras a salir al paso de sus propios consejeros, la última de ellas la intención de Isabel Franco de utilizar el presupuesto de Política Social para comprar las PCR para las residencias de mayores, sin pasar por la coordinación de Sanidad, para lo cual tendría que tener el visto bueno de Hacienda (también en manos del PP). El motivo de este movimiento es que la Vicepresidenta regional se sabe arrinconada en la gestión no sólo del ejecutivo, sino también en las posiciones internas por su competidora en el mando de su partido y portavoz del Gobierno, Martínez Vidal.

El próximo 16 el presidente López Miras comparece en el pleno de la Asamblea y puede que sea un buen momento para anunciar la crisis de gobierno o para desmentirla. Pero el baile de nombres ha comenzado, los nominados a salir ya se conocen y los que pueden entrar comienzan a sonar. Se buscan CV intachables.

Mientras que Podemos redefine su estrategia para no quedar marginada en casi todos los grandes debates, en los otros rincones de la Asamblea Regional el partido del fascismo ya no cuenta con la capacidad de condicionar la acción de gobierno, sumidos en una carnicería interna, con los diputados rebeldes contratando a un imputado por fraude de un lado y en el otro el concejal Antelo proclamando pueblo por pueblo que el mismo Abascal está detrás de su candidatura a dirigir el partido en la Región. Es una gesta por España. Se la contarán a sus nietos.

Leídas las dos docenas, al menos, de columnas en apoyo a la ex-portavoz del PP en el Congreso, no he encontrado en ninguna de ellas el relato de la libertad al que dicen obedecer las loas a la ya destituida. Las mayores glorias que le firman los apoyos han sido su “sinceridad” y su “búsqueda de la verdad” y que hayan sido estas supuestas cualidades las que hayan guiado su labor en el Congreso.

Entendemos todos, que cuando hablan de “libertad” y “verdad”, se referirán a la de la destituida, a la suya propia, porque en ningún caso se puede encajar su visión abyecta y retrógrada de la sociedad con la “libertad”, por ejemplo, que necesitan y reclaman amplias capas de la población de este país.

Las barbaridades, unas tras otra, que durante toda su trayectoria en medios y en política ha estado clamado, no dejan tampoco lugar para la “verdad” que le han atribuido estos días los columnistas de diferentes medios, por supuesto, los más conservadores. Uno de ellos, un reciente neocón español que se proyecta en redes, tras la publicación de su entrevista en formato vídeo, le lanzaba hasta 6 columnas de apoyo en pocas horas.

Su verdad ha estado centrada siempre en negar realidades. Negar la naturaleza plural de España, negar la violencia sobre las mujeres, negar la legitimidad de la izquierda… y así hasta el infinito. No es que se haya demostrado como una completa inepta en la gestión pública porque es un hecho que nunca ha querido ejercido como tal, sino que no ha pasado de ganadora de algún concurso matutino de oratoria barata. Llamando incluso a votar contra el partido al que ha servido y solo hablando de hechos, lo cierto es que no supo llegar, no ha sabido estar y no ha sabido irse.

No la reconozco en la narración de verso suelto, que ya es una chorrada pensar eso en un partido monolítico de implantación territorial tan férrea como es el PP, ni en el cuento de que se la considere esa especie de vanguardia ideológica del espacio conservador, que ya la expresión es una contradicción en sí misma. Ha sido, sobre todo en esta última etapa, una cínica consumada que, como todos los personajes de ese pelaje, ha cargado incluso contra uno de los más inalienables de los derechos humanos, el derecho al voto, cuando se ha referido a las preferencias electorales en territorios que forman parte del Reino de España.

Como revisionista profesional y en el colmo de su atrevimiento, con sus últimas declaraciones llegaba incluso a hacer un llamamiento al “PSOE y toda la socialdemocracia” para que, en un “acto de valentía cortara las ataduras” que, considera ella, “le atan históricamente al nacionalismo” y se entregara a una suerte de gran coalición con el PP. No es que con estas citas le falle la memoria a la destituida portavoz, es que miente de forma deliberada.

En el auge del nacionalismo, que se produce en el período de entreguerras del siglo XX, España fue el único país de Europa donde las izquierdas, todas ellas, construyeron un proyecto federal de convivencia y validado en las urnas alejado de los fascismos que se imponían en todo el continente. Y lo hicieron a pesar de los que ella, ahora y siempre, ha defendido desde sus arengas en medios de comunicación y la tribuna del Congreso de los Diputados. Está en su derecho, que lo disfrute, pero no esperen sus señorías de los medios que los demás nos quedemos callados ante semejante despropósito, el de la mentira.

La participación en la vida pública, más aun cuando eres un cargo institucional, tiene como principal propósito hacer más fácil la vida de la ciudadanía, dotarla, efectivamente, de más libertad. Nada de eso ha pasado con las proclamas de esta señora, más bien al contrario, todas han ido dirigidas a dividir y enfrentar, en línea con la estrategia de la derecha de este país, conseguidora protagonista del mayor índice reciente de pobreza de España y del mayor número de independentistas que jamás hayamos tenido.

Sin duda, y como historiador del Arte, lo que más gracia me ha hecho ha sido esa llamada a la “batalla cultural” que reclamaba. Para dar una batalla cultural lo primero es tener cultura, y tener cultura es tener mundo. La derecha de este país, que tuvo la desvergüenza de presentar a tres candidatos a la presidencia del Gobierno hasta en dos ocasiones, sin que en conjunto hayan trabajado más de dos años, no tiene mundo posible. La cultura es algo muy distinto a los títulos académicos o a la producción artística, la cultura es identificar como imprescindible la trayectoria vital de un hombre que recoge limones a las seis de la mañana a menos de cinco euros la hora o la de una mujer que no puede acceder a la educación superior porque la reforma que tu apoyas la deja fuera del sistema a pesar de sus precarios niveles de renta.

Tu relato, Cayetana, queda muy bien en el salón de papeles pintados y copas altas, pero no te acompañan los hechos, nunca lo han hecho. Eso, querida exportavox, es mentir. Y mentir está feo, muy feo. Ah… y me da igual por qué te echen, porque nunca me has parecido un elemento interesante de la política de este país, esta columna iba por la tres docenas de borregos que se flipan por los papeles pintados y las copas altas y que, en la inexistencia, te escribían columnas. 

El proceso de adjudicación del nuevo concurso para la gestión indirecta de la televisión autonómica 7 TV, actualmente gestionada por el grupo Secuoya, tiene desde hace meses las tensiones que puedan ser habituales en todos los concursos públicos de esta magnitud y, también, algunos otros.

Calificado como “suculento contrato” -77,5 millones de euros para cinco años- por el sector periodístico y audiovisual de la Región, deberá resolverse en unos meses con las ofertas presentadas entre las que destacan las de la actual adjudicataria y la respaldada por TCero Estudios, conformado por el grupo Zambudio -anteriores gestores, con otro nombre, de 7 TV- junto con los grupos empresariales murcianos Fuertes, Paloma y Terrapilar. Los otros contendientes son Promecal Audiovisuales, que gestiona entre otras cosas la televisión autonómica de Castilla y León; Now Audiovisual, del grupo Henneo dueño del Heraldo de Aragón o el 20minutos; y, por una unión temporal de empresas, entre las que se encuentra la compañía audiovisual vasca Bainet del chef Karlos Arguiñano.

Será un concurso reñido y con las espadas en alto por parte de ambas empresas, porque el historial de la televisión pública no está exento de polémicas. Al casi fundido a negro que resultó la primera experiencia hay que sumar la lucha que existió por la siguiente adjudicación, hace ahora algo más de cinco años, y que terminó en los tribunales. Esta segunda ocasión lleva el mismo camino.

Nos situamos ante un pliego de condiciones que ya nació con sospechas. Así fue la reacción del socio naranja del Gobierno regional, que se negó a respaldarlo durante su aprobación en el Consejo de Gobierno que le dio luz verde. En medio, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha admitido a trámite el recurso presentado por TCero por la “obligada prórroga” del contrato a Secuoya por unos meses, mientras se terminaba de construir ese pliego y ya estábamos de lleno en los tiempos de la COVID-19, porque a juicio de la empresa murciana no es una prórroga sino un contrato nuevo. La noticia, conocida este jueves por la tarde, no implica medidas cautelares (como que se dejara de emitir) pero sí asesta un golpe a la línea de credibilidad del Ejecutivo murciano que ya negó en su día que fuera a existir problema alguno con esta adjudicación a toda prisa.

En el mismo espacio de tiempo TCero Estudios presentó varias preguntas a la Consejería de Hacienda y posteriormente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), por lo que consideraba una indefinición sobre cómo se iban a puntuar las mejoras salariales de los trabajadores. Estas preguntas fueron el detonante de la polémica que hemos vivido durante el último mes.

Fuentes cercanas a Secuoya consideran que la intención de su principal rival es la de empobrecer la masa salarial y sus condiciones de trabajo, mientras que los aludidos lo niegan en redondo. Tal fue el escándalo que los directivos de TCero Estudios se vieron obligados a reunirse a lo largo de esta semana con los trabajadores del comité de empresa de 7 TV. También se llamó la atención del Colegio de Periodistas y de la ARTV (Asociación de Profesionales de la Radio y Televisión de la Región de Murcia) que en comunicados de prensa casi idénticos defendieron la estabilidad de los puestos de trabajo actual y futura. A este respecto y este jueves también tuvo lugar la reunión entre el Colegio de Periodistas y TCero Estudios que culminó con las aguas calmadas. Todo indica que tanto los comunicados de prensa de las entidades profesionales y las alarmas que se desataron en los grupos de chat fueron prematuros.

Pero en cualquier caso se trata de una polémica estéril porque en nada afecta al proceso legal y legítimo que están cursando estas dos empresas y porque tampoco ninguna de ellas está exenta de polémicas con trabajadores en tiempos pasados. Sí es cierto que ambas han experimentado cambios y ya no son las que eran. Por parte de TCero (Zambudio) los cambios directivos y de generación han sido casi completos y por parte de Secuoya ya no son unos neófitos en tierras murcianas, cuando hace cinco años llegaron para demostrar el potencial de su marca en el ámbito autonómico.

Se trata, no obstante, de dos fuertes directivos. Peñarrubia, descrito por parte del gremio como un destacado profesional, tiene una carrera fulgurante dentro de su empresa. Tras haber asesorado al gobierno del PP madrileño, con la nueva concesión llegó como director de informativos y no mucho después con la dirección general de la cadena. Su esposa es una de las más cercanas colaboradoras del presidente regional, Fernando López Miras. Por su parte, Juan F. Zambudio es descrito como un empresario tenaz y decidido a sacar sus proyectos adelante y hacerlo sin reparar en, por ejemplo, la creación de un comité de empresa en su grupo, aunque fuentes de dicho grupo matizan que ninguna de las empresas individuales que lo conforman tienen el suficiente número de trabajadores a partir del cual obliga la ley a contar con uno. Pudiera ser esta una de las dudas que acechaba estos días sobre las pretensiones reales de su candidatura.

En el camino también queda un intento frustrado de armar una UTE (Unión Temporal de Empresas, que se utiliza para ir juntos a concurso público) entre las dos empresas protagonistas, una operación que estuvo en el aire varios meses durante 2019 y que absolutamente nadie ha sabido explicar porqué no llegó a buen puerto. En el imaginario colectivo queda el poso de la rivalidad profesional, casi personal, entre los dos directivos que comandan la puja por la televisión de la Región, Antonio Peñarrubia (Secuoya) y Juan Francisco Zambudio (TCero Estudios).

La preocupación entre los profesionales de la comunicación es evidente, algo normal en todos los tiempos de cambio, a lo que habría que sumar que la incertidumbre y la escasa inversión del sector tanto en la Región como en todo el país. Es sabido que si no fuera por este contrato público no podrían despegar el conjunto de las productoras de la Región, como también sería arduo difícil quedarse trabajando como periodista televisivo, editor, cámara o cualquier otro puesto relacionado en esta comunidad autónoma.

En un proceso que debe contar con total claridad, como exige la ley, los trabajadores viven este proceso desde la barrera, como también lo hacen la mayoría de los partidos presentes en la Asamblea Regional. Uno de los líderes políticos consultados expresaba con un “ni nos va, ni nos viene” la guerra de comunicados que se ha vivido, aunque todos coinciden en advertir que siguen expectantes ante la resolución final del contrato por su importancia estratégica en la economía y en la imagen de la Región. No parece casual que, en las mismas fechas en las que se discute sobre la transparencia del proceso, el Gobierno autonómico aparezca en escena con el Código de Conducta de la Contratación Pública que ya se puede consultar en el portal de participación de la CARM. Una consejería en manos de Ciudadanos, los que no respaldaron el pliego de contratación del que estamos hablando y los mismos que no pudieron nombrar a su candidata al frente del ente público RTRM (Radiotelevisión de la Región de Murcia). El Código recién publicado se centra en evitar los conflictos de intereses y la imparcialidad en la toma de decisiones.

También hay concurrencia en que la línea de informativos de 7 TV debe adaptarse, después del nuevo concurso, a otra forma de trabajar. Las críticas a la “edición sesgada” no son nuevas, ni por parte de profesionales de otros medios ni por parte de la oposición parlamentaria, aunque destacados periodistas afirman a eldiario.es Región de Murcia que “esas críticas son exageradas”.

A la espera de la resolución del tribunal y de la apertura de las ofertas para otorgar la licencia se reproducen los intentos para saber el contenido de cada candidatura, en qué se basan o cuáles son sus puntos más fuertes. Preguntados por este tema, el círculo más cercano a la dirección de Secuoya afirma que su propuesta es “ambiciosa”; al otro lado del pasillo, en TCeroEstudios hablan de una propuesta “preciosa”.

Parece que finalmente se tendrá que decidir entre ambición y belleza, algo parecido a lo que sucedió en la mitología griega cuando en el Juicio de Paris estaba en juego la manzana de la discordia. Paris eligió la belleza y luego como todos sabemos, se desató la guerra de Troya.

Beatriz Ballesteros, llegada desde la judicatura a la política autonómica hace menos de un año, cuenta con toda la fuerza que le da su carrera profesional y no tiene una mancha en su expediente. En esta entrevista ha querido dirigirse a lectores y socios de eldiario.es para exponer su compromiso con la igualdad y la transparencia en la Administración pública.

Se acercan las celebraciones por el Orgullo LGTBI y hay preparadas varias iniciativas a nivel estatal en referencia a este colectivo, algunas de ellas a las puertas del Congreso. La más importante de ellas es la llamada “Ley Trans”, ¿Qué opinión te merece?

Todo lo que sea conseguir igualdad entre todas las personas es ir en la buena dirección, puede ser necesario que incluso de manera transitoria se establezcan discriminaciones positivas porque lo importante es conseguir la igualdad real, indistintamente de la condición de las personas de las que estemos hablando.

¿En tu carrera judicial te ha tocado enfrentar o presenciar algún caso de lgtbifobia?

No me he encontrado con ningún caso. Ni entre mis compañeros jueces ni en otros departamentos de la Administración de Justicia, como abogados o fiscales. También es cierto que en mi ámbito, que es el derecho mercantil, no se dan o no son tan visibles estas peculiaridades de casos, como sí se dan en el derecho familiar y en lo relacionado con las áreas de penal o civil.

Son muchos años de reivindicación para la creación del Observatorio LGTBI. Si el Gobierno regional ha dicho que no hay problema para su puesta en marcha, ¿por qué no lo hacéis?

Desde luego en el Consejo de Gobierno no se ha planteado ningún problema para su creación. Hay que tener en cuenta que solo llevamos un año de legislatura y que hemos dado pasos en la dirección correcta como lo prueba la creación de otro órgano necesario igualmente, el Observatorio de la Igualdad, aunque la crisis sanitaria lo ha paralizado todo. Creo que estamos ante un problema de procedimientos y burocracia, pero no de voluntad política.

¿Que le dices a los que piensan que es porque precisáis los votos de VOX en la Asamblea Regional?

Su ideario es conocido y yo no voy a analizarlo. Repito que creo que es un problema de tramitación y yo, ahora que tengo responsabilidades de gestión en la Administración pública, me doy cuenta de lo complicado que es a veces sacar los planes adelante. Te pongo un ejemplo con la creación del Observatorio de Calidad de los Servicios públicos, con el que llevo cuatro meses, y todavía no está. Tengamos en cuenta que estamos hablando de algo completamente aséptico y políticamente neutro y sin embargo su tramitación es muy pesada.  Que haya personas que hacen esas apreciaciones puede suponer minusvalorar los esfuerzos que hace esa parte del Gobierno por sacarlo adelante.

¿Cómo sientes los ataques de la ultraderecha a los derechos civiles y a las personas que los reivindican?

En mi realidad cercana tengo relación con personas LGTBI y yo no tengo en cuenta esta particularidad ni ninguna otra. Lo que veo en estas situaciones es que hay que delimitar, por parte de algunos, la línea que existe entre un delito de odio y la libertad de expresión mal entendida. Pero por ningún motivo, ni de origen, raza o género se deben consentir esos ataques, por eso te comentaba al principio que quizá una discriminación positiva es necesaria para conseguir la igualdad y que en algunos espacios es necesario potenciar, pero yo creo que, al menos es mi percepción, no estamos ante un clima generalizado de ataques más allá de algunos comportamientos aislados.

¿Crees que las Administraciones públicas, en general, hacen su trabajo para proteger a colectivos vulnerables, como lo son las personas trans?

Dentro de las competencias que tiene cada uno, hemos avanzado mucho en algunos aspectos como por ejemplo en el uso del lenguaje en la Administración pública, sus formularios, los datos que se piden, hemos avanzado mucho a favor de la inclusión y hemos evolucionado, aunque queda mucho. Fijémonos en el caso de los menores que pueden acceder al cambio de sexo, es un avance que hace pocos años eran impensable y sobre todo lo es que las personas de generaciones más jóvenes que la mía vean con total normalidad estos cambios y los nuevos modelos de convivencia, como debe ser.

¿Es necesaria la pedagogía social desde la Administración pública?

Para conseguir la igualdad es necesaria la educación, particularmente en los domicilios, y desde las administraciones se debe trabajar por la inclusión y que efectivamente hagan pedagogía en el ámbito de su competencia, como por ejemplo con las leyes educativas y todo lo que les acompaña, como cuando se consiguió que en los formularios escolares no pusiera padre/madre sino progenitor.  Todo ese tipo de medidas sí podemos llevarlas adelante.

Estamos viendo cómo se acerca a la realidad legislativa un amplio paquete de medidas que buscan ampliar los derechos para amplias capas de la población. Hay varias iniciativas tramitándose para las personas con discapacidad, el voto a los 16 años, la lucha contra la lgtbifobia en el deporte… ¿cómo estás viviendo esta nueva era de consecución de nuevas oportunidades?

Las personas con discapacidad deben disfrutar de todos los derechos civiles como el resto de la población, dicho esto, la precipitación en según qué temas no es buena. Hay temas que ciertamente no tienen espera, como en este primer caso y nosotros estamos muy volcados en trabajar con algunas de estas entidades, como lo es el CERMI, con quien hemos creado un lenguaje accesible en el Portal de Transparencia y también estamos adaptando  la sede electrónica de la CARM. En otras materias hace falta más consenso, como lo es el voto de las personas de 16 años… o se es mayor para todo o no se es mayor para todo, porque no tendría sentido que no puedas beber alcohol, o que te cases con una dispensa de tus tutores, pero sí poder votar, es preciso mucha reflexión.

¿Tienes referentes en tu ámbito profesional? ¿Consideras referentes vitales a alguno de los personajes de la política actual?

Referentes son todos los que en primer lugar dieron el paso que nos abrió camino a las demás, como la primera mujer que estuvo al frente de un juzgado o que ocupó un cargo en la administración de justicia. Sí he tenido mucha relación con María Jover, que fue la primera jueza en Murcia y tiene todo mi reconocimiento.

Este año el Orgullo 2020 está dedicado a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, ¿A qué reflexión te lleva la doble discriminación que tienen por género, identidad u orientación?

En esto quiero ser muy contundente. Todavía queda mucho camino por recorrer, debemos seguir adelante. Las verdaderas medidas que consigan la conciliación laboral son un reto de futuro próximo al que las mujeres, todas, no debemos renunciar.

¿Has tenido obstáculos en tu carrera por ser mujer?

Obstáculos como tal creo que no, y desde luego no por ser mujer. Sí es cierto que cuando opté a mi plaza en Valencia y que me iba, pasando varios días a la semana fuera de Murcia,  algunas personas me preguntaron si lo iba a hacer, si estaba segura… ¡y me lo preguntaban las propias mujeres! Si hubiera sido un hombre probablemente no me lo hubieran preguntado. En mi experiencia, como te decía, no lo he vivido pero sí me han contado muchas veces lo complicado que fue conseguir las bajas laborales, maternales, o de lactancia. A veces somos nosotras, las mujeres,  las que nos ponemos nuestro propio techo de cristal porque a muchas las han educado así y lo han asumido así. Este techo lo vamos a romper, seguro, sobre todo a base de educación.

Como Consejera de Transparencia,  ¿eres consciente de que más transparencia es en realidad más libertad?

Evidentemente. Tiene que ser así. La transparencia entendida como obligación de publicarlo todo es lo que permite al ciudadano valorar debidamente todos los procesos y tomar decisiones, como es el voto. La administración no debe olvidarse de trabajar para el ciudadano. Hasta ahora la transparencia, pero también la participación,  no han tenido una tradición arraigada, pero cuando esto cale en la sociedad tomará mucha relevancia y se escucharán muchas más opiniones que tendremos que tener en cuenta. Los gobiernos serán más eficaces y más cercanos.

¿Ese es tu objetivo real en el gobierno de coalición?

No me fijo un objetivo a cuatro años, porque solo en uno que llevamos nos ha pasado de todo, sobre todo a nivel de emergencias. SI es cierto que en algunas materias quiero dejar unas buenas bases: en integridad pública, en evaluación de políticas públicas, en rendición de cuentas, y que todo eso después se pueda desarrollar, esto debe ser lo mínimo. También es verdad que debe hacerse una labor general de divulgación y que se ponga en valor que ya tenemos instrumentos para que la sociedad participe y más que tendremos en un futuro cercano. Más participación asegura un mejor gobierno para todos.

¿Vas a participar en la acción #MiBalcónMiOrgullo para la celebración de este día?

Si tuviera la bandera no tendría ningún problema, aunque no soy de poner enseñas en mi balcón. Los jueces somos reservados en algunos aspectos.

Se nota que eres jueza.

(Risas). Bueno, soy así para todo, tampoco hago grandes demostraciones en otras fechas como Navidad. Solo es que me gusta vivir mi intimidad y mi vida sin hacer alardes de nada.

Los partidos que sustentan al Gobierno de la Nación, PSOE y UP, cierran filas con el paquete legislativo que se encuentra en tramitación parlamentaria o pendiente de los informes preceptivos. Hablamos de bajar la edad de voto a los 16 años, de la ley contra la lgtbifobia en el deporte o de las reformas que afectan a las personas con discapacidad, incluida una reforma constitucional que cambie el término “minusválido” por “discapacitado”.

Este paquete de medidas, cuyos promotores denominan como “segunda ola de leyes de la igualdad” en referencia a la primera que condujo el Gobierno del ex-presidente Zapatero, tiene como respaldo el bloque parlamentario de la investidura de Pedro Sánchez, hace tan sólo seis meses, y forma parte de la marca que la izquierda quiere exhibir para toda la legislatura.

El buque insignia de esta ampliación de derechos civiles es la llamada “Ley Trans”, un texto que nace de la redacción y el acuerdo con el activismo LGTBI y el mundo sindical y que pretende incorporar el reconocimiento legal del género sin que para ello deba concurrir la reasignación genital ni la asistencia psicológica o clínica. Un posicionamiento que deriva de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para despatologizar el tratamiento institucional a las personas transexuales. El Ejecutivo central, preguntado a este respecto durante los últimos días, ha declarado que asume como propia la totalidad del proyecto y que busca solventar las posibles lagunas de seguridad jurídica que, sobre todo, pudieran afectar a menores y a la tutela legal que sobre ellos tienen sus padres y madres.

Mientras se solventan estos aspectos, la izquierda política sí saca músculo a la hora de concluir que el activismo LGTBI es un aliado natural del movimiento feminista, y que sus caminos siempre paralelos se seguirán cruzando en el futuro porque atienden casi los mismos retos. Diputadas de primera línea, como la socialista Gloria Alarcón o la parlamentaria de Unidas Podemos, María Marín, dejan claro que en ningún momento el feminismo dejará de ocupar el protagonismo que merece en las agendas de sus partidos y que, con la misma contundencia, no cederán a los ataques que, desde la derecha, las califican como asesinas por la asistencia a las manifestaciones del 8 de Marzo.

Las reformas que salgan de las Cortes en los próximos meses tendrán su traslación a las comunidades autónomas en la medida que afectan a competencias compartidas o exclusivas de los Gobiernos regionales, como lo son la sanidad o las políticas sociales. Y es ahí donde los partidos del Gobierno estiman que vendrán los problemas para su aplicación en comunidades que, como la Región de Murcia, están gobernadas con el apoyo del fascismo. La habilitación de organismos que velen por la dignidad y los derechos civiles, como el Observatorio LGTBI, que en la Región está paralizado por la amenaza de VOX de tumbar los presupuestos regionales del PP/Cs, es una de las preocupaciones que manifiestan PSOE y UP, porque si en materia social el Gobierno está secuestrado se estaría fallando a la mayor parte de la población.

En este contexto y en plena semana de celebraciones por el Orgullo 2020, la opinión de los políticos consultados es que la mayor parte de las cuestiones que contiene el paquete de medidas mencionado han de aprobarse sí o sí y sin mayores esperas, porque tienen un retraso histórico que ya no se puede mantener. Sería así con las ya citadas cuestiones de discapacidad, pero también con la rebaja en la edad del voto, aunque desde el resto de partidos se enfríe esta posibilidad “hay que estudiarlo más”, dicen liberales y conservadores.

La hoja de ruta seguirá avanzando en cuestiones como la reparación a la víctimas de la dictadura franquista, olvidadas a juicio de las asociaciones de memoria histórica, y cuyos familiares aspiran a contar con los medios oficiales para encontrar a los desaparecidos y enterrados en las cunetas que se reparten por casi toda España, también en la Región de Murcia. Según el Ministerio de Justicia, existen seis fosas en nuestra comunidad, en las localidades de Murcia, Cartagena, Calasparra, Mazarrón, Ceutí y Totana.

Todas las fuentes consultadas a ambos lados del hemiciclo dan por seguro que la legislatura se completará y que las elecciones vascas y gallegas del 12 de Julio, y las catalanas que se esperan a lo largo de 2020, no cambiarán la relación de poder entre el Gobierno y sus socios, por tanto, tampoco cambiarán en exceso los discursos en los parlamentos autonómicos, como la Asamblea Regional. Cuestión distinta es el posicionamiento de Ciudadanos, que desde la llegada de Arrimadas a su presidencia, ha virado hacia el encuentro y apoya, aunque no decisoriamente algunas de las medidas del Ejecutivo. En los resultados de los comicios que están por venir, la formación naranja espera una catástrofe porque, según afirman, el relevo de Rivera y la situación de la pandemia han producido que no les dé tiempo material a reaccionar y cambiar el rumbo de las encuestas de voto.

En otro ámbito se sitúa el PP, que caerá en Cataluña y Euskadi y que se enfrentará a un problema de su estructura nacional con el casi seguro triunfo de Feijoó en Galicia. Abiertamente contrario a las tesis aznaristas de Pablo Casado, el presidente gallego prepara la sucesión (es su cuarta legislatura) para su comunidad y precisa el cronograma para dar el salto a la política nacional, probablemente justo después de las generales de 2023. Aislados en el discurso social, los populares ya solo votan con la ultraderecha en el hemiciclo y esto tiene un alto coste para la imagen pública de sus dirigentes, también los regionales, cuando se afanan en presentar planes de reconstrucción y campañas de reactivación que dependen como en la Región, casi en exclusiva, de los fondos que envía el Gobierno central.

Los próximos días, inmersos en el reconocimiento de la lucha por la diversidad, veremos una exhibición de fuerza y claridad en los mensajes por parte de la izquierda, aupados en el éxito de haber aprobado el Ingreso Mínimo Vital sin ningún voto en contra, con lo que podrán continuar con la agenda social. Mientras, el PP, seguirá instalado en el discurso del enfrentamiento, como prueba la publicación de los argumentarios destinados a sus cargos públicos y desvelados por eldiario.es para que azucen las muertes del covid contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

FELGTB, la entidad estatal creada a principios de los años noventa por activistas históricos como Pedro Zerolo o Beatriz Gimeno y que cuenta en la Región de Murcia con dos colectivos asociados a ella, No Te Prives (Murcia) y GALACTYCO (Cartagena), se enfrenta este año a uno de los mayores retos de su amplia trayectoria. La crisis sanitaria, derivada en social y económica, ha supuesto también la cancelación de la mayor parte de los actos que estaban en agenda.

Aunque los máximos representantes de FELGTB reconocen la dificultad de trasladar con efectividad el mensaje sin actos masivos en las calles de todo el país, también asumen la responsabilidad de los tiempos post-COVID y la cancelación de los mismos como un ejercicio de compromiso con la salud pública.

En lugar de la larga lista de actividades que recuerdan el valor de los Derechos Humanos y su extensión en las legislaciones de cada territorio en torno al 28 de junio, Día oficial del Orgullo, las asociaciones han propuesto una serie de acciones individuales y en las redes sociales a fin de asegurarse la visibilidad. Estas acciones se centran en una temática concreta cada año, y en 2020 es la consecución de los derechos de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. Es el año de la mujer para FELGTB.

Con el objetivo de que el ánimo de los activistas y seguidores no decaiga, los colectivos en la Región de Murcia se suman a la campaña #MiBalcónMiOrgullo que recoge el espíritu de apoyo social generado durante el confinamiento de los últimos meses y pretende que los participantes llenen las redes con fotos de sus domicilios. Además, en la ciudad de Murcia se iluminará el edificio Moneo, frente a la Catedral, las noches 27 y 28 con los colores de la bandera LGTBI. Los mismos días también habrá retransmisiones en directo con artistas que hablarán de activismo en Cartagena.

Los jóvenes y transexuales del colectivo murciano han editado un video que homenajea los años de reivindicación en la Región de Murcia y que se lanzará en redes el sábado 27 de junio, al tiempo que el colectivo cartagenero acompañará a los integrantes de la nueva asociación LGTBI de la localidad de Torre Pacheco.

A pesar de que las restricciones de aforo y asistencia a actos públicos continúan, sí se ha conseguido abrir la exposición 'Piedras: Mujeres mayores sin armarios' que se inaugura el día 30 de junio en el Centro Ramón Alonso Luzzi de Cartagena como recorrido por la historia de uno de los grupos sociales más apartados por la discriminación de edad.

Queda en el aire la colocación de las banderas arcoíris por la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que especifica que no deben lucir banderas en edificios públicos si no son las oficiales, en referencia a un caso que se dio con la bandera nacionalista de Canarias (enseña con siete estrellas), y que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma autorizó.

A pesar de ello y con la amenaza de denuncias por parte de la ultraderecha, numerosos ayuntamientos de la Región y otros organismos, como las universidades públicas o la Delegación del Gobierno, sí la lucirán porque interpretan que el fallo del Supremo tan solo se refiere a los mástiles habilitados al efecto para las banderas oficiales y no al resto de componentes de cualquiera de los edificios ni tampoco a enseñas que no sean banderas como el lazo rosa del día contra el cáncer o la iluminación nocturna con los colores de una causa concreta.

Sea como fuere, pese a las dificultades, sí habrá celebración del Orgullo 2020, apoyado además por las tradicionales alianzas que han tejido los colectivos con sindicatos, partidos de la izquierda, movimientos vecinales y otras organizaciones sociales.

El final de las celebraciones se traslada al 4 de julio, momento en el cual se podrá participar en una manifestación virtual, habilitada en las webs creadas al efecto, en la que cada ciudadano podrá elegir su propio avatar.

La programación de los actos en Murcia y Cartagena puede consultarse desde hace días en los portales y en las redes sociales de las organizaciones convocantes.

Las asociaciones LGTBI en la Región de Murcia no escatiman tiempo y recursos para que el Orgullo 2020 sea un éxito, al menos en las condiciones marcadas de seguridad y distancia social. El tiempo que han dedicado a la organización de los eventos se ha multiplicado porque las tareas habituales han roto su ciclo habitual y deben adaptarse a las nuevas circunstancias.

Para analizar este desafío y todo lo que conlleva un año más de lucha por los derechos civiles hablamos con Alberto Alba Alonso, presidente y coordinador de educación de Galactyco, el colectivo LGTBI de Cartagena.

¿Cuáles son los principales cambios que afrontáis los colectivos?

Estamos en un lenguaje nuevo y en un entorno nuevo, hemos de trabajar más que nunca porque el confinamiento ha tenido unos efectos muy negativo, sobre grupos vulnerables y población LGTBI, no somos una excepción. Son muchos los casos de personas, sobre todo jóvenes, que han tenido que volver a sus antiguos domicilios y han revivido situaciones de acoso e intimidación, y parejas de mujeres o personas trans, que han visto paralizados sus trámites administrativos.

¿Cuáles son los casos más llamativos?

Todos lo son por la complejidad de cada historia, pero en este momento se puede señalar que una situación que creíamos superada ha vuelto a ponerse de manifiesto. Las personas migrantes LGTBI a las que se les vence el permiso de residencia y que la crisis ha dejado sin empleo, con el consiguiente riesgo de expulsión, no deberían verse forzadas a volver a sus países de origen. Sería una posible sentencia de muerte.

¿Estás hablando de una doble discriminación?

Exactamente, o incluso triple, cuando a la condición de orientación o identidad sexual le sumas la de mujer, migrante, racializadao con bajo nivel económico, la desprotección puede ser total y por ello las administraciones públicas deben estar muy vigilantes con estos casos. Nosotras no hemos dejado de atenderlas aun con la dificultad de tener que hacerlo de forma no presencial.

Me hablabas de un nuevo lenguaje, ¿a qué te refieres?

Las condiciones de la nueva normalidad no nos pueden hacer perder la perspectiva. Hacemos nuestro trabajo independientemente de las circunstancias, nos adaptamos. Tomamos nuestras distancias con los poderes públicos para que no piensen que una colaboración constante es un cheque en blanco para todo, siempre vamos a reivindicar que cumplan con sus mandatos legales porque el objetivo final es que ellos hagan el trabajo que ahora hacen nuestros colectivos. No deja de ser cierto que el tercer sector y las asociaciones como la nuestra existen porque en los gobiernos hay quienes no hacen su trabajo.

A pesar de las promesas, ¿también fallan los partidos políticos?

Sí, aún cuando no te lo esperas. El caso más reciente ha sido el del PSOE, que mandó una carta a sus sedes locales, que luego se hizo pública y que nosotras consideramos un error de base contra el colectivo trans. Después hemos tenido reuniones con ellos para solventarlo, pero es una muestra de que nuestro nivel de exigencia no va a descender un ápice, con nadie y en ningún momento.

¿Destacarías algún encontronazo más?

En el ámbito más cercano, el Gobierno de la Región de Murcia sigue sin desarrollar de forma plena y efectiva la ley 8/2016 que contempla, entre otras medidas, la creación del Observatorio LGTBI. A pesar del buen trabajo del equipo técnico, esta parte importante de los compromisos del ejecutivo del PP y Ciudadanos sigue paralizada y este año no se ha dedicado ni un euro de los presupuestos para su desarrollo. Están equivocados si piensan que el compromiso con la igualdad y la diversidad es quedarse en poner las letras de colores en la puerta de la Consejería.

Como a todas las entidades que trabajan a pie de calle os ha tocado replegar las velas. Es una situación complicada… ¿qué le pides a la nueva normalidad?

Que no dejemos a nadie atrás, que esta crisis no conlleve que otra vez la población más vulnerable sea quien la pague. En torno a un tercio de la población LGBTI evita ser visible en su trabajo por miedo a represalias o al despido, mención especial para las personas trans que el 80% tienen casi imposible el acceso al mercado formal de trabajo. Esta crisis no puede servir para apartarlas aún más. Creo que debemos apostar todos por el proceso de reconstrucción y conseguir salir de esta crisis con un país mejor y una sociedad mejor. En ese sentido la creación del Ingreso Mínimo Vital es una buena noticia, aunque las medidas no deben quedarse ahí.

Suspendidos la mayoría de los actos, ¿qué pasa con el año que FELGTB le dedicaba a las mujeres?

Se lo seguimos dedicando. Las mujeres lesbianas, trans y bisexuales están en el centro de las políticas que estamos desarrollado en 2020 y en este Orgullo son el principal foco y lo serán el resto del año. Pero sí es cierto que la celebración ha podido quedar algo deslucida, por eso hemos propuesto al resto de entidades que el próximo año repitamos lema y objetivo, que 2021 también sea el año de la igualdad real para las mujeres LBT.

Recientemente un concejal de la ultraderecha ha pedido que se tomen medidas para que los niños no confundan el arcoíris con la bandera que representa vuestra lucha. ¿Algún comentario?

(Sonríe) En todas las crisis surgen declaraciones exaltadas y fuera de tono relacionadas con una supuesta moralidady que sólo buscan la confrontación desde un profundo desconocimiento. La lucha a favor de los Derechos Humanos nos afecta a todas.

La segunda jornada del debate es realmente el debate, porque llega el turno de la réplica de los grupos parlamentarios y es donde la oposición democrática enseña sus argumentos públicamente, o dicho de otro modo, donde puede lucirse.

Salió fuerte Diego Conesa del PSOE, en una intervención durísima en la que relató la “ruina” que sufre la Región de Murcia tras los gobiernos del PP, ahora asociado a Ciudadanos y al fascismo. Y lo hizo desglosando la práctica totalidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional y señalando su grado de ejecución. Con los datos en la mano el panorama resulta desolador. Se puede subrayar que el comportamiento de Conesa fue distinto al del debate de 2019, ya que en esta ocasión elevó el tono hasta el punto de denunciar los momentos en los que López Miras ha pretendido renunciar a competencias propias, emplazándolo a “trabajar en algo”. Conesa sigue la línea marcada por Pedro Sánchez de señalar al PP como inútil para la reconstrucción de España.

Aunque el presidente López Miras utilizó sus turnos de intervención posteriores para apuntalar la foto fija de creación de empleo, no pudo rebatir la inconsistencia del empleo creado y que ha borrado el parón económico al tratarse de empleo poco cualificado, temporal y preciario, y habló también de otras acciones programadas en la “reconstrucción”, pero nada acerca de los informes del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, del informe PISA o del informe de Cáritas que contradicen todos y cada uno de los mantras que populares y naranjas agitaron en la tribuna.

Tras una insustancial aparición de Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos, que hizo una lectura casi literal del Boletín Oficial BORM, llegaba el momento de Joaquín Segado, jefe de filas de los populares en lo que se esperaba un ataque directo a los socialistas. Y así fue, basándolo todo en la ilegitimidad de Diego Conesa como líder de su partido, porque, según el PP, las decisiones las toma Pepe Vélez, Delegado del Gobierno y miembro de la Ejecutiva Federal socialista. Fuentes de la Delegación del Gobierno afirman que ha sido Diego Conesa quién ha conseguido todas las grandes inversiones para la Región de Murcia, desde el soterramiento del AVE hasta el Arco Norte y que la inconsistencia del portavoz popular es más que evidente.

Pero fue el portavoz popular el que abusó de posición y se coló, o directamente mintió, cuando en la defensa de su gobierno afirmó que nada ha hecho el Ejecutivo central acerca del Mar Menor, cuando a día de hoy todavía se siguen arreglando las playas de la ribera de la laguna con inversiones del Estado, como la prensa se ha encargado de mostrar, tras el desastre de la DANA. Un traspié que simboliza la desconexión, a petición propia, que el PP tiene con la realidad ambiental de la Región de Murcia, simplemente, porque les da igual mientras continúe su lucha de votos con el fascismo en el Campo de Cartagena. Tampoco ayuda a la credibilidad del gobierno que critique el reparto extraordinario de fondos, que se hace en función de cómo ha sido golpeado cada territorio, cuando ya es un hecho que la Región de Murcia ha sido una de las menos afectadas.

El esfuerzo por defender los logros del gobierno nacional en la Región vino de la mano de la portavoz de Unidas Podemos, aludiendo al “escudo social” que se ha levantado con la pandemia y tuvo el detalle de mostrar un frasco de cristal que contenía agua del Mar Menor llena de fango, que usó para comparar la acción de gobierno con la realidad que se vive en la comunidad autónoma. En términos de oratoria parlamentaria el repaso fue mítico, nada pudieron hacer los portavoces del gobierno ni el mismo presidente para tumbar las líneas de intervención de María Marín (UP).

Pero lo esencial de la segunda sesión, el debate en sí, dejó claro dos realidades. La primera y más importante es que el gobierno regional está con los palos del sombrajo manteniendo la persiana abierta gracias a las transferencias de capital que Moncloa inyecta en las arcas públicas de forma permanente, un punto admitido por Juan José Molina (Cs) cuando en su contrarréplica dijo “ahora solo podemos sobrevivir”. La inoperancia e incompetencia a la que se refería la oposición por la mañana la certificaron los grupos del gobierno por la tarde. El presidente regional cerraba el debate con llamadas a la unidad que sonaban más a un “sálvese quien pueda”.

La segunda cuestión a destacar es el poco nivel que ofrece el propio debate, en un formato que bloquea el dinamismo de un evento que debería tener la máxima atención pública y que resulta tedioso hasta el infinito. Tampoco ayuda la nula preparación profesional que los portavoces exhiben cuando les toca hablar, leyendo los puntos que previamente les pasa su partido y que se acomodan a las directrices enviadas desde Madrid.

Nada ha salido en positivo de este espacio de debate, nada podía salir. Ya avisamos hace tiempo que los posicionamientos públicos no habían incorporado el nuevo lenguaje político que los tiempos post-pandemia imponían a razón de la demanda de la mayoría de la población, que lo hizo en los admirados aplausos y balcones. Oportunidad perdida para los gobernantes de la Región de Murcia que esperan en estado de pánico la declaración judicial de Ramón Luis Valcárcel el viernes de esta misma semana. De lo que diga delante del juez y el fiscal dependerá buena parte de la vida política que le resta a esta legislatura y algunos, esperando que al expresidente se la haya olvidado hablar, ya le han puesto velas a todos los santos.

Abría el presidente regional, Fernando López Miras, el turno de intervenciones para exponer su visión acerca de lo que nos ha tocado desde su nombramiento el año pasado. Diez meses han pasado desde el café de cinco horas que sirvió para que la ultraderecha tomara los mandos de la agenda política del Gobierno autonómico y en la intervención de López Miras se plasmó la parálisis que viven nuestras instituciones resumida en un discurso de noventa minutos.

La primera en la frente. El presidente comenzó reivindicando comandar un Ejecutivo “fuerte y cohesionado” como si no hubiéramos asistido a los innumerables desplantes sufridos por los socios naranjas de Gobierno, opacados siempre por el gabinete de comunicación de San Esteban y orillados en numerosas ocasiones por las decisiones de un PP que sigue actuando como si gobernara en solitario (nombramientos importantes, contratos públicos o la televisión) porque ya se cuidaron de adjuntar la consejería de Hacienda a la Presidencia, convirtiendo a Javier Celdrán el vicepresidente de facto.

Ni una palabra tampoco de las continuas llamadas de atención de la que se supone que es la vicepresidenta, Isabel Franco, y las cartas que hace públicas. Franco, que hace solo siete días publicaba un vídeo en redes justo antes de la celebración del Día de la Región, en el Palacio de San Esteban, atorada en la puerta de un parking público, reclamando espacio propio y que fue nombrada en el discurso del presidente de forma sucinta al final del mismo. En los noventa minutos no hubo nada más para Ciudadanos, un partido sumido en la disolución y que amenaza revuelta en el ayuntamiento de la capital.

Guerra de cifras con el Gobierno central

Dos puntos conformaron la exposición de López Miras, uno de ellos la gestión de la pandemia, a cuyo respecto destacó el ejercicio de insolidaridad por parte del Gobierno central. Se refería el mandatario regional al reparto de fondos que desde Moncloa han autorizado esta misma semana y que veremos cómo se materializa en los próximos meses, con su consiguiente guerra de cifras, donde López Miras ve apenas 200 millones de euros, los socialistas estiman que llegarán más del doble. Cierto es que la actuación durante la pandemia del consejero Manuel Villegas ha salvado la cara de la coalición conservadora, pero no es menos cierto que la incidencia en la Región de Murcia ha sido mucho menor que en otros territorios, sin que esto se deba a que no tenemos AVE, aunque esa sea la opinión de la portavoz Ana Martínez Vidal. La vuelta a la normalidad será como en el resto del Estado y contará con mecanismos similares de comisiones y estudios, aunque la mayor parte de los sectores afectados clamen, como en toda España y aquí también, para no volver nunca a esa normalidad de la que hablan nuestros dirigentes.

Casado, sin bañarse en el Mar Menor

La segunda cuestión de peso fue el Mar Menor. No escuchamos por parte del presidente regional ni una palabra acerca de cumplir con sus propias competencias. No estuvo en su ánimo hablar de la necesaria barrera verde que aísle a la laguna de las explotaciones industriales, ni de terminar con los puertos deportivos en el interior, ni de las moratorias urbanísticas, ni de la reconversión agrícola. Y, por supuesto, ni una palabra de la carrera al banquillo judicial de numerosos cargos públicos del PP y empresarios cercanos a su partido. Sí tuvo Fernando López un momento para exigir al presidente Pedro Sánchez una reunión monográfica sobre el Mar Menor “dejando a un lado la ideología”, como si en democracia el cumplimiento de la ley fuese una cuestión ideológica. Habiendo pasado por el baño de Casado, que nunca se produjo, y por la caza de brujas que practicó durante más de un año el PP a través de medios, redes sociales, tertulianos y periodistas afines, señalando como maléficos hijos de satán que odian a su tierra a todos los que hablaran de los problemas del Mar Menor, Fernando López exigía una reunión para que el desastre ambiental que ha llevado a la ruina a todo el campo de Cartagena no sirva como “arma electoral”. La carcajada entre los compañeros de la prensa fue monumental.

Sobre la victoria histórica de la izquierda en la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, el presidente solo acertó a decir con una sorna displicente que estaba “bien, muy bien”. Absolutamente nada de la repercusión que tendrá en las familias de la Región de Murcia, donde un 30% de la población vive en riesgo de exclusión y pobreza, más aún cuando su proyecto de renta garantizada (el subsidio autonómico) se ha desvelado como un completo fracaso por inaccesible.

Metido en el capítulo económico, desgranó los logros del mercado de trabajo al tiempo que olvidaba mencionar precariedad del mismo por inestable y de baja cualificación. El despropósito del líder popular llegó a su clímax cuando relató los dos únicos logros del ejecutivo conservador, la compra de terrenos para la ZAL de Cartagena (con dinero de la Autoridad Portuaria de Cartagena, o sea, del Estado) y la creación de una Oficina especial para analizar la viabilidad de más hoteles en la Región (esto es, derivar un funcionario a otra ventanilla). No se vengan arriba, ninguno de estas dos acciones se ha concretado.

Más deuda, menos impuestos

El resto del discurso fue un conjunto de lloros y quejas de un presidente que, a tenor de sus palabras, se siente atado de manos para cumplir con las obligaciones que le impone el Estatuto de Autonomía, cuando acusaba al Ministerio de Haciendo por no poder endeudarse más al tiempo que anuncia más bajadas de impuestos… y vamos por los diez mil millones de deuda. Los mismos millones que su socia de Gobierno, Isabel Franco, le dijo hace diez meses en su sesión de investidura, eran fruto de la nula planificación y el “despilfarro” del PP. O también cuando lamentaba haber perdido 4.600 empleos que hubieran llegado con el AVE, que deberán ser parecidos a los 3.700 que Valle Miguelez pensaba para la barbaridad que quieren hacer en la playa de El Gorguel, y que en ninguno de los dos casos han podido explicar con exactitud dónde y cuándo hubieran sido creados esos empleos.

No esperábamos del presidente grandes anuncios, cierto, pero entre los mortales siempre queda un halo de esperanza. La esperanza de no volver a la normalidad anterior a la pandemia, la normalidad anterior a los ancianos vilmente abandonados en las residencias, la normalidad anterior a una sanidad pública vaciada de recursos, la normalidad donde se nos mentía sin disimulo y se retorcían los datos hasta que dijeran lo que el gabinete de prensa de San Esteban quería que dijeran. Pues a eso mismo es a donde vamos a volver.

Al mismo tiempo que se publicitaban las fotos y el discurso del presidente Fernando López, las redes sociales del PP se esforzaban por mostrar el vídeo institucional ad hoc para el Día de la Región de Murcia (conmemoración del Estatuto de Autonomía).

Mientras, la vicepresidenta del Gobierno se descolgaba del relato oficial con su propio vídeo en la puerta de un parking. Y luego me preguntan que por qué me quejo de la asesoría de imagen en la política regional.

Quitando lo del parking y obviando que no se atreviera a hacer el vídeo en la puerta de la Consejería que gobierna o en la de San Esteban (estaba al lado), este movimiento solo puede sugerir dos cosas: o una improvisación (mal en política) o querer marcar perfil propio en un Gobierno que no sólo tiene aisladas las políticas de centro que reivindica Ciudadanos sobre el papel (y que nadie ha visto), sino que también tiene arrinconada a su número 2, la misma vicepresidenta.

Otro desencuentro que viene a sumarse a la larga lista de desaires que el equipo de comunicación del ejecutivo autonómico le genera al partido naranja, a quienes consideran como un mal necesario desde el catastrófico resultado que obtuvieron en el último ciclo electoral a finales de 2019. En las filas populares consideran que Ciudadanos ya no remontará cabeza y que la mayoría de sus votos serán absorbidos por lo que ellos consideran la “casa común” del centro derecha.

De ahí los movimientos de Arrimadas por jugar en la centralidad del tablero político a nivel nacional, y en el autonómico los esfuerzos del portavoz Juanjo Molina por desdecir al portavoz Joaquín Segado en casi cada sesión de la Asamblea Regional.

Alargar los tiempos

La estrategia consiste en alargar los tiempos, una vez que la dirección naranja de la calle Alcalá de Madrid, advirtió que no se iban a romper los gobiernos autonómicos en las cuatro autonomías donde sostienen al PP. Al menos no por su parte. Cuestión distinta es el empuje de Ciudadanos para que les echen, como ha pasado en la Comunidad de Madrid y que le ha costado a la presidenta Díaz una llamada a consultas con su presidente nacional Pablo Casado para certificar que no convocaba elecciones.

Con casi total seguridad eliminaremos de la escena la judicialización de la pandemia, sobre todo la vía penal, y con la misma solidez daremos por muertas las comisiones de reconstrucción (en Congreso y parlamentos autonómicos) que servirán únicamente como foro de reflexión y exposición de expertos, poco más. Y es así porque el gobierno de PSOE-Unidas Podemos también juega a alargar los plazos y en esta ocasión lo hará con la materialización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que en este 2020 no gestionarán las autonomías de régimen común (sí las forales, porque ya tenían un mecanismo análogo implantado) que sumado a la extensión de los ERTES y el resto de medidas paliativas darán oxígeno hasta finales de año. Tiempo suficiente para arrancar de Bruselas un buen paquete de iniciativas que, encuadradas en el Presupuesto UE 2027, permitan al Gobierno central llegar al final de la legislatura.

En este impasse y hasta que las cuentas entren en el Congreso de los Diputados, en la Región de Murcia los socialistas están prácticamente mudos. La orden de Diego Conesa de no polemizar con el Gobierno de la derecha alcanzó al mismísimo Delegado del Gobierno, José Vélez, habituado a subir el volumen del discurso del PSOE y que, como muestra un botón, ni siquiera ha contestado a los cuchillos lanzados por la bancada popular por no asistir a la comparecencia pedida en el Parlamento en Cartagena.

La única presencia del primer partido de la Región de Murcia ha sido la escalada de 'memes' y eslóganes que repiten los acuerdos y logros de Moncloa, sobre todo los referidos a los créditos ICO para pymes y la ayuda a los autónomos, junto con una frase esculpida en piedra: “Es la primera vez en democracia”. Así seguirán hasta el día 21 de junio, final del decreto del estado de alarma y será entonces, y solo entonces, cuando materialicen varias de las iniciativas pendientes. La de mayor peso: tumbar la ley de protección del Mar Menor, el mayor atentado ambiental y legislativo que nuestra autonomía haya visto desde la económicamente inviable ley del suelo.

Pero la coalición PP-Ciudadanos también tiene su propio discurso preparado y será, de manera escalonada, cómo se realiza el reparto de los fondos públicos destinados a las autonomías, empezando por los 16mil millones que el pasado domingo formalizó Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes. Habrá más de aquí a finales de año, pero hay que esperar a Bruselas.

Uno de los responsables de comunicación de la calle Princesa avisaba: “Si esto dura mucho más nos van a barrer”, en referencia a los plazos de desescalada. No era el único. Todos los equipos de prensa de los partidos están ansiosos por volver al tradicional rollplay en el que se han educado. Parece, al menos de momento, que poco han aprendido de las necesidades informativas que los medios, y también los ciudadanos, precisamos en la también grabada en piedra “nueva normalidad”.

Acabamos de vivir un 9 de Junio, Día de la Región de Murcia, atípico por la puesta en escena, con tan solo unos cincuenta asistentes y con un discurso de Fernando López que otorgó la Medalla de Oro a toda la ciudadanía elogiando a los trabajadores esenciales que durante la pandemia nos mantuvieron sanos y salvos y que, en el acto institucional, desacertadamente fueron sentados en la última fila. ¿Lo que les dije de la asesoría de imagen?… Pues eso.

En la anterior crisis, los valores acumulados de deuda pública y déficit se dispararon y pudimos comprobar que tardamos casi siete años en situarnos en los márgenes anteriores a la misma, similares a 2009. La estabilidad presupuestaria pasaba por dos factores clave: el primero de ellos era computar a la deuda pública gran parte de las acciones del llamado “rescate” de la economía nacional. El segundo fue hacer que esa deuda se extendiera sine die en el convencimiento de que en algún momento las arcas públicas terminarán por pagarla. Mientras eso sucedía había que abrir la mano en las transacciones y regulaciones comerciales. De ahí es donde derivan cuestiones como por ejemplo con la reforma laboral del PP que rompió el diálogo social.

Si bien las crisis son cíclicas y algunas sobrevenidas, hay ocasiones en las que las recetas no son exactamente las mismas. En este momento contamos con la movilización de recursos públicos, primero del anuncio del presidente Pedro Sánchez y los diferentes tramos de los anunciados 120mil mil de euros del Tesoro Público. A esta acción hay que indicar también los más de 140mil que la UE ha pronosticado solo para España en el monto total de 750mil mil del mecanismo de emergencia habilitado para la crisis de la pandemia. Hay que señalar dos cuestiones en este punto.  Este fondo “especial” propuesto por la Comisión Europea y que todavía el Consejo deberá ratificar, no es un añadido a las políticas nacionales puestas en marcha por el ejecutivo de PSOE-UP, sino que financiará lo que los gobiernos nacionales hayan previsto para sus territorios. O dicho de otra forma, nos tocarían 20mil millones extra desde la previsión inicial, algo del todo insuficiente para llevar a cabo la reconstrucción. No es de extrañar, por tanto, que la diplomacia española comandada por Nadia Calviño y Arancha González siga luchando para que el resto de mecanismos de la Unión Europea también sean activados. En especial la aportación del Banco Central, que en una primera aproximación situaba en 750mil millones de Euros (como la cifra de la propia Comisión) la máquina de hacer dinero para acudir, de forma preferencial, a los mercados de deuda soberana.

Pero volvamos a la cuestión inicial. El período de recuperación de la contracción será mucho más corto que la vez anterior porque en este caso no se han dañado los sectores productivos: no ha habido una catástrofe natural que haya arrasado fábricas o cultivos; no se ha puesto en duda la fiabilidad de los capitales; no ha habido una falta de recursos naturales y lo más importante, no existe falta de mano de obra cualificada para atender las demandas de los sectores afectados. Este ha sido uno de los argumentos clave para que España, Italia y Francia hayan podido doblar la mano al resto de socios europeos en la consecución de las acciones comunitarias para hacer frente a la actual crisis: estamos, en términos económicos, ante una cuestión de movilidad que afecta al consumo global, así es que, recuperada la movilidad también lo hará el consumo.

De ahí que todos los actores más pegados al tejido económico, como ha sido en España el caso de las comunidades autónomas y sus polémicas por la desescalada, pujen por comenzar la actividad. Pero por primera vez en mucho tiempo también tenemos un ingrediente nuevo en la resolución de una crisis económica, la voluntad política de que no se vuelva a repetir. De ahí la importancia de que fructifique el impulso de la presidenta Von Der Leyen con respecto a las políticas de transformación digital y energética, la llamada transición verde. Coincide también con el apadrinamiento de las mismas que han hecho, entre otros, Macron y Sánchez, en una alianza estratégica que trata de coaligar de manera permanente a dos de las familias políticas más importantes del continente, liberales y socialdemócratas.

Todavía estamos a la espera de la concreción de cuantas y cuales serán las líneas presupuestarias que llevarán finalmente al presupuesto comunitario hasta 2027, como ya adelantó en eldiario.es de la Región. De eso también depende la acción del gobierno de San Esteban, que ahora mismo depende de la transferencia de fondos del gobierno de Pedro Sánchez, como por ejemplo han sido los recientes  más de 20 millones de euros en materia de alquiler de vivienda y que la coalición de la derecha regional ha tratado de patrimonializar.

En cualquier caso y hasta que veamos los números exactos, como lo será el presupuesto de 2021 (el primero tras la era Montoro), no se podrá evaluar cual será el alcance de la visión de nuestra clase política y empresarial. Seguimos pues en un momento de transición e incertidumbre.

Publicado el estudio del CEMOP se puede estimar que la única sorpresa reseñable es la valoración de la situación política. Con el desastre al que nos ha llevado la pandemia tan solo un 22% señalan que es mala frente al 39% de octubre de 2019, en pleno ciclo electoral con la repetición de las generales a la vuelta de la esquina. La única explicación posible, y que el estudio no pregunta, es por qué los encuestados hayan decidido unilateralmente desligar “situación política” de “enfrentamiento público” sin acertar a identificar que esta crisis sanitaria y económica ha dejado al descubierto las vergüenzas de unos servicios públicos esquilmados tras años de recortes.

Se puede señalar sin llamarse a equívoco que la espectacular subida en apoyos tanto de popularidad de Fernando López y por extensión del PP, se debe casi en exclusiva al rol que ha jugado el Consejero de Sanidad, Manuel Villegas, que se ha alejado en todo momento de cualquier tipo de polémica pública y que, en ningún momento, ha secundado las acusaciones y confrontaciones, que tanto el PP como Ciudadanos, han publicado desde el inicio del estado de alarma. Ese papel de formación técnica aportando información y diligencia ya lo explicamos en este medio cuando analizamos el nuevo discurso público que nos espera en la era post-COVID19.

Que el primer partido de la Región de Murcia, el PSOE, haya perdido en esta foto tan solo dos escaños de los 17 que mantiene en la cámara autonómica, no puede más que atribuirse a una política de contacto directo con amplias capas de la población y las comparecencias continuas de todos los miembros del Gobierno, así como al despliegue realizado por los responsables regionales que varias veces al día explican, con mayor o menor acierto, las medidas que se van implementando.

Como para todas las encuestas para la atribución de resultados electorales hay que tener en cuenta los factores denominados “ambientales” y que en el caso de la Región de Murcia son fundamentalmente dos: en el tiempo de realización de este barómetro de primavera del CEMOP, del 20 al 29 de abril, íbamos descendiendo de los 400 a los poco más de 300 fallecidos en toda España, pero la población ya había tenido un tiempo para retener la cifra de más de 900 decesos casi diarios que nos precedían. Coincide, por tanto, este barómetro con el resto de muestras demoscópicas publicadas en las últimas semanas, en las que hemos podido observar cierto desgaste al principal partido del Gobierno central, aunque éste no se corresponda con los feroces ataques que realiza la oposición de derechas. De hecho, en las valoraciones de sus líderes, éstos, salen peor parados que los actuales gestores de la Administración General del Estado. Mucho tiene que ver que tampoco se haya ofrecido alternativa a los planes del ejecutivo nacional.

El segundo factor ambiental para los resultados es la parálisis legislativa que sufre la Región de Murcia, sumergida en un gobierno de cohabitación, que no de coalición, que va a polémica por semana y cuyos consejeros no dudan en contradecirse unos a otros en función del partido al que pertenezcan. El concurso de La7, el decreto del Mar Menor, la censura homofóbica y otros que han protagonizado la inacción de Gobierno de Fernando López calan en la población y les hace llegar que del Gobierno desde San Esteban no se puede esperar una ingente labor que resuelva los problemas reales de la ciudadanía. Menos aún cuando las banderas que se exhiben de manera continua siguen siendo las mismas que hace 20 años: Madrid nos odia y nos maltrata en los presupuestos, los socialistas nos roban el agua y tenemos un proyecto novedoso para salvar a la Región (Contentpolis, Formula1, Aeropuerto, etc…) que si luego no funciona no será culpa nuestra.

Así pues, en esta vorágine que, por desgracia, nos ha tocado vivir a todos, que el principal partido pierda en una foto fija la cifra de dos escaños y un punto y medio (con un margen de error de 3.5) con respecto a los resultados de las anteriores autonómicas no es significativo de un creciente desgaste.

Por el contrario sí habrá que estudiar la tendencia, si se marca, a largo plazo. Pasado el verano de este 2020, cuando tengamos los resultados parciales de las primeras medidas sociosanitarias y económicas del Gobierno será el momento de establecer una evaluación más precisa, pero sobre todo tendremos que ver cual es la respuesta de la ciudadanía a los Presupuestos Generales de 2021, llamados a ser el inicio de la “reconstrucción” del tejido productivo y del afianzamiento de las nuevas políticas que nos deben llevar a converger con la Europa más avanzada, esto es, digitalización de la economía y transición ecológica.

Rebaja de las expectativas electorales de Ciudadanos

Los efectos de este estudio, que ya desde hace tiempo señalamos desde eldiario.es de la Región, rebaja aún más las expectativas electorales de Ciudadanos en unas eventuales elecciones autonómicas y lo sitúa ante la posibilidad de cambiar las alianzas de gobierno, no sólo en la Región de Murcia, para los tres años que quedan de legislatura o, de seguir en la senda actual, abocarse a la irrelevancia parlamentaria. Por el momento, tras las declaraciones de Inés Arrimadas en las que descarta ese cambio de alianzas y las declaraciones de la portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez, negando que su partido vaya a tener ningún liderazgo (ninguneando a la vicepresidenta Isabel Franco), no parece que se vayan a producir decisiones al respecto.

En esos efectos hay que apuntar también el doble trasvase de votos que se produce en el bloque de la derecha, que también se advierte en los demás estudios publicados. Ante la deriva del partido del fascismo, los votantes conservadores vuelven en parte al Partido Popular. Algo parecido pasó en la repetición electoral de 2019, cuando el clima dialéctico era mucho más fuerte (como indica el propio dato del CEMOP) y el trasvase de votos fue doble, desde Ciudadanos al PP para evitar una victoria de la izquierda y desde el PP al fascismo para sostener el discurso de Abascal.

Es una realidad que el consumo de productos culturales se ha disparado en los tiempos de confinamiento. Las reconocidas plataformas de contenidos digitales estadounidenses han sido el objetivo más socorrido pero también otros canales de distribución como podcasts o “directos” han estado llenando de cultura todos los rincones de nuestras vidas en cuarentena general. No obstante, la precaria movilidad en la que nos encontramos ha generado que otros muchos productos disminuyan peligrosamente sus ventas, hasta el punto de poner en riesgo la supervivencia de esta parte de la empresa española.

El gremio de Editores de la Región de Murcia (GREM) daba el pasado día 13 de abril la voz de alarma en un sector económico, el de la literatura, que según esta organización se ha visto arrinconado por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. A este respecto contactaron con la Consejería de Educación de la Región de Murcia para hacerles llegar unas propuestas que se centran en reforzar, desde el ámbito público, los logros conseguidos por este polo productivo en los últimos años.

Hablamos con el escritor Salva Solano (Cartagena 1979), autor de La tienda de figuras de porcelana (Ediciones Malbec), que estos días ha estado publicando desde su blog “Vota y Calla” acerca de las condiciones que escritores y editores viven en nuestra comunidad autónoma:

¿Es precaria la situación en el ámbito cultural?

En la literatura, sí. La editorial en la que estoy tiene al menos ocho libros en espera, y me cuentan que tal y como está la cosa no van a publicar nada al menos hasta junio. La cola no avanza y los irán sacando cuando se puedan abrir las librerías, porque tengamos en cuenta que las editoriales independientes concentran la venta de libros en los actos de presentación. La mayoría de estas obras se hubieran publicado ya de no ser por el confinamiento.

¿Qué tipo de iniciativas se están realizando para capear el temporal?

Los compañeros que han tenido la mala suerte de publicar sus obras los días previos al confinamiento están muy jodidos e intentan, a través de redes, conseguir publicidad. Pero el público en redes no es lo mismo que la presencia física: asisten al evento en internet, como en herramientas tipo directos, pero la adquisición del libro es un goteo, no son las mismas cifras que en una presentación física. A las editoriales pequeñas no les compensa, porque no tienen el mismo margen de maniobra que las grandes empresas del sector.

¿Cuál crees que es la actitud de los gobiernos para con la cultura?

No se acuerdan nunca de la cultura, ni siquiera en los debates, apenas en los programas electorales… ¿cómo se van a acordar ahora, en plena pandemia? Ni el gobierno central ni el regional. Podrían, por ejemplo, invertir en libros con los que dotar a las bibliotecas públicas, lo que aliviaría un poco a las pequeñas editoriales, pero de momento ni eso.

Tampoco está en la política cultural del gobierno de las derechas de la Región de Murcia incluir a los editores en la estrategia del Instituto de Industrias Culturales y Arte, ICA, organismo encargado de este sector, algo que los afectados consideran como “inaudito e incomprensible” en palabras del Presidente del GERM, Fernando Fernández.

¿Echas de menos alguna medida económica en el sector cultural?

Mira, en esto pasa como con las empresas. De las medidas, cuando las hay, se benefician los de siempre y los pequeños tenemos que hacer mil trámites para quedarnos igual o recoger alguna migaja. Nunca nos lo ponen fácil, lo anuncian a bombo y platillo pero luego miras la letra pequeña y no puedes acogerte a ninguna de esas ayudas o has de hacer tales esfuerzos que no compensa. Por lo que conozco, los que más recursos tienen, incluidos abogados y asesores, son los que más se aprovechan de esas líneas de financiación.

¿Cómo te han sonado las iniciativas del Ingreso Mínimo Vital y la Tasa COVID?

Bien, creo que las rentas más altas deben aportar más, aunque muchos de ellos van diez pasos por delante y se escapan de tributar como debieran. Por eso me extrañaría mucho que con la tasa Covid vayan a recaudar lo que esperan, en caso de que se apruebe.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, algunos partidos van a tener muy difícil no sumarse a estas medidas. Tenemos la experiencia reciente de la subida del salario mínimo, cuyo aumento iba a ser “la ruina” y luego no ha pasado nada. Con el IMV pasará parecido, y creo además que los detractores son muy miserables, porque estamos hablando de poco dinero que no sustituye a un empleo, nadie va a dejar de trabajar por disponer de 450 euros para malvivir.

En otro orden de cosas… ¿Te ha sorprendido la facilidad con la que nos han dicho “quédate en casa” durante dos meses y hemos hecho caso?

Estoy sorprendido e indignado. Aun sabiendo lo poderosa que es la emoción del miedo y lo que pueden influir los medios generalistas en la creación de opinión, me ha extrañado esta docilidad casi única en los españoles. Me lo comentaba una lectora del blog: “si vuestro confinamiento nos lo ponen a los franceses le pegamos fuego a la calle”. A nosotros nos han confinado así porque somos ciudadanos dóciles, pero cuando lo discuto con mis conocidos, no si debe haber un confinamiento, que eso no admite discusión, sino cómo debería ser este, ni siquiera se admite el debate.

También estoy asustado por las medidas de control de la población que puedan tomarse, porque ahora tenemos un gobierno de izquierdas, pero ¿qué hará la derecha con esas “armas legales” cuando vuelva al gobierno? Hay medidas razonables, pero estamos en una deriva muy peligrosa, no se admite el debate y no ayuda que la derecha esté aprovechando todo esto para calentar la convivencia.

¿Te refieres a los bulos que se difunden? ¿Cuáles te han llegado más?

No me entra en la cabeza cómo hay personas que se tragan semejantes historias. Como la de que Pablo Iglesias tenía no sé cuántas ambulancias en la puerta de su casa y que está dando pasos hacia una dictadura. O la del almacén que estaba lleno de material sanitario y resulta que eran folios. Hay mucha responsabilidad en los grandes medios de comunicación, que también difunden informaciones falsas y ahora se llevan las manos a la cabeza como si los bulos fueran algo nuevo o ajeno a ellos.

Dicho esto, no creo que haya que perseguirlos legalmente. Si una persona o un medio se inventa algo falso sobre Pablo Iglesias, él estará en su derecho de denunciarlo por injurias o calumnias o atentado contra el honor o lo que sea. Y el medio que difunda estas cosas se desacreditará, la gente dejará de leerlo. Pero estoy presuponiendo que tenemos pensamiento crítico y eso es mucho decir, y luego están todos esos a los que les da igual que la noticia sea falsa, porque lo que están esperando es carnaza.

También me parece un error el anuncio de la Policía de que va a perseguir los mensajes anónimos contra los profesionales sanitarios como “delito de odio”, porque pareciéndome una actitud abyecta de personas que no merecen ese nombre, la ley no se hizo para eso, como tampoco se hizo la ley antiterrorista para condenar a un chaval por tuitear sobre Carrero Blanco.

¿Tienes miedo de alguna secuela que nos pueda dejar el encierro? ¿Qué haremos cuando salgamos?

Secuelas nos está dejando ya, desde el momento en el que estamos dispuestos a renunciar a nuestras libertades a cambio de una supuesta seguridad. Tenemos que poder salir y creo que ha sido un error no permitir que la gente, con las precauciones adecuadas, pudiera tomar el aire al menos una hora al día, como en el resto de Europa.

Cuando se nos permita, creo que lo primero que haré será dar un largo paseo por la playa.