Fue entonces cuando un grupo de jóvenes guardias civiles, encapuchados, cometieron la “insensatez” de exigir públicamente —en una rueda de prensa a la que asistí— y a través de otras acciones, el derecho a la libre sindicación como trabajadores de la seguridad pública.

Años más tarde, tras expedientes disciplinarios, sanciones, cárcel y represión, se lograría la legalización de las asociaciones profesionales. Un avance enorme, aunque limitado, y completamente impensable en aquel momento.

La Constitución de 1978 garantiza la libre sindicación de todos los trabajadores y trabajadoras, dejando en manos de la ley la regulación de este derecho en el caso de las fuerzas o institutos armados. Sin embargo, cerca de cincuenta años después de la aprobación de nuestra norma fundamental, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil continúan excluidos del sistema ordinario de agrupación, afiliación, representación y negociación colectiva que sí rige para el conjunto de la clase trabajadora, incluidas las policías locales y autonómicas, que también son institutos armados.

Este derecho humano fundamental, tal y como lo reconoce la OIT, sigue estando limitado en estos cuerpos y, “a estas alturas de la película”, como suele decirse, ya no tiene ningún sentido. Salvo, quizá, el de mantener alejados del resto de trabajadores y trabajadoras a estos servidores públicos —garantes del libre ejercicio de derechos y libertades— no sea que se “contagien” y tomen conciencia de que forman parte de lo que conocemos como clase trabajadora.

Quiero manifestar mi afecto y solidaridad con quienes, desde dentro de la Policía Nacional, están dispuestos a cometer hoy esa nueva “insensatez”: enfrentarse a las limitaciones injustificadas de sus derechos constitucionales y proclamar su voluntad de afiliarse a sindicatos como CCOO o UGT, en los que desde hace años estamos afiliados policías locales y autonómicos.

La expresión pública de esta voluntad y la decisión de llevarla adelante puede acarrearles sanciones graves en aplicación de la Ley de Régimen de Personal vigente desde 2015. Ya no son tiempos de pasamontañas ni de comparecencias encapuchadas, pero el riesgo de sufrir consecuencias serias me recuerda inevitablemente a aquellos años.

El Gobierno de España debería tomar cartas en el asunto y promover un cambio legislativo que resuelva esta situación a favor del pleno reconocimiento del derecho a la libre sindicación. De no hacerlo, la realidad acabará imponiéndose y, pese al sufrimiento que ello pueda conllevar, como ocurrió en los años ochenta, volverán a moverse montañas.

Nuestra democracia y nuestra sociedad no pueden comprender ni aceptar que se prive de libertades y derechos a quienes son, precisamente, sus garantes constitucionales.

El artículo 8 de dicha ley establece que el personal de la Policía Nacional puede constituir organizaciones sindicales, pero dispone que estos sindicatos solo pueden estar formados exclusivamente por miembros de este cuerpo. Además, determina que estas organizaciones sindicales no podrán federarse ni confederarse con otros sindicatos que no estén constituidos exclusivamente por policías nacionales.

Esta prohibición legal, claramente limitativa del derecho constitucional a la libre sindicación, parece estar vinculada tanto a la prohibición del ejercicio del derecho de huelga como a la condición del Cuerpo Nacional de Policía como instituto armado.

Sin embargo, el personal funcionario de las policías locales siempre ha podido ejercer el derecho de afiliación a sindicatos de clase o generalistas, aunque desde 1986 no puede ejercer el derecho de huelga, que sí se practicó hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/1986 (LOFFCS). Esta norma, principalmente en su artículo 53, define a las policías locales como institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizadas y bajo la dependencia del alcalde.

En el caso de las policías autonómicas, también definidas como institutos armados de naturaleza civil y creadas por las Comunidades Autónomas con competencias previstas en sus Estatutos, se ha permitido la constitución de sindicatos propios formados exclusivamente por policías, al mismo tiempo que se ha respetado su derecho a afiliarse libremente a sindicatos como CCOO o UGT.

Ni en los Cuerpos de Policía Local ni en los Cuerpos de Policía Autonómica se han producido disfunciones, conflictos relevantes o problemas de funcionamiento que pudieran justificar una limitación al ejercicio de la libre afiliación sindical como la que, sin embargo, se mantiene en la Policía Nacional.

Por todo ello, a estas alturas del siglo XXI, mantener la prohibición de la libre sindicación del personal del Cuerpo Nacional de Policía constituye una evidente anomalía democrática que debe corregirse cuanto antes, poniendo fin al agravio comparativo con otros cuerpos policiales que ejercen plenamente este derecho constitucional, como cualquier otra persona trabajadora en nuestro país.

Las dos grandes organizaciones sindicales de ámbito estatal, CCOO y UGT, están llamadas a dar una respuesta a esta situación mediante propuestas valientes, impulsando los estudios necesarios, abriendo procesos de negociación con los grupos políticos y promoviendo las reformas legales que permitan superar esta discriminación. Se trata de incorporar plenamente a miles de funcionarios y funcionarias de la seguridad pública al ejercicio efectivo de un derecho fundamental del que hoy siguen injustamente excluidos.

En la actualidad no existe justificación sólida alguna que permita mantener esta anomalía democrática.

El objetivo es el de permitir a los ayuntamientos ahorrar costes por la celebración de unos procesos que, de otro modo, deberían realizar por separado, al tiempo que se gana en eficiencia y agilidad en el funcionamiento de los servicios públicos; y por otro lado, se facilita a los aspirantes la oportunidad de optar simultáneamente a plazas ofertadas por diferentes municipios, garantizando la aplicación de un mismo perfil de selección en los distintos cuerpos policiales. Tal y como consta en el Decreto del Consell que desarrolla lo fijado en la Ley 17/17.

Es evidente el beneficio económico que ello representaría para los ayuntamientos, y también para las personas aspirantes. Pero también esa centralización en un proceso selectivo unificado permitiría avanzar en un sistema más garantista, eficaz, eficiente y transparente.

A nadie se le escapa el sinfín de situaciones que llevamos años viviendo y que cuestionan el sistema actual parcheado de denuncias, investigaciones por parte del Sindic de Greuges, de la Agencia Antifrau, etc.

Ya es hora de ponerse las pilas. Los cambios políticos habidos no justifican tanta tardanza en llevar adelante este sistema de selección unificada que en el resto de comunidades autónomas ya está funcionando como: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla la Mancha, Euskadi, Extremadura, La Rioja. O en marcha y programadas como en: Andalucía, Murcia o Navarra.

El proceso de homogeneización iniciado en 1990 con objeto de ir avanzando en criterios uniformadores de la imagen corporativa, de la formación y la profesionalización de las policías local debe seguir y cuanto antes mejor. Conseguir un sistema que nos permita organizar y programar año a año promociones de agentes de una manera consolidada evitará el importante grado de temporalidad y de precariedad que aún se padece en las plantillas.

No es aceptable comprobar que el número de agentes interinos no se haya reducido significativamente o que las plantillas estén en precariedad por el importante número de desplazados en comisión de servicios o nombramientos en mejora de empleo que no se consolidan.

Pues porque, por un lado, la estructura jerárquica de la administración, que en algunos casos llega hasta el grupo A, es lógicamente de carácter piramidal y el número de posibilidades para dicha promoción es muy limitado en la promoción vertical, teniendo que superar procesos selectivos, en ocasiones complicados.

Por otro, porque el cambio de puesto de trabajo sin cambiar de categoría y subgrupo a otro mejor retribuido vía concurso también reduce enormemente las posibilidades de promoción dada la consideración de dichos puestos de trabajo como singularizados.

Y por último (seguro que hay más razones) por la tendencia generalizada a la adjudicación de tareas y funciones de carácter superior, y no retribuidas, que en muchos casos hacen innecesaria la creación de plazas de superior categoría.

Pues bien, en estas condiciones se configuró finalmente la Carrera Profesional Horizontal en el Estatuto Básico y con ello la posibilidad de promocionar en términos económicos y de cualificación formativa y profesional sin necesidad de cambiar de categoría ni puesto de trabajo. Permitiendo que se incremente la productividad y la eficacia del trabajo del personal (también la evaluación del desempeño), recibiendo un mayor reconocimiento a su labor a lo largo del tiempo.

Se hace así compatible todas las formas de promoción del personal de las administraciones públicas y con ello se mejoran las condiciones profesionales.

Es indudable, que mientras se sigue peleando por unas Relaciones de Puestos de Trabajo y unas Valoraciones justas de los mismos, se debe trabajar ahora por incorporar la reivindicación del derecho legal que ampara una Carrera Profesional Horizontal, que no obstante, también va a tener resistencias.

Tanto es así, que hoy por hoy la inmensa mayoría de entidades locales valencianas ni se han planteado la negociación en su ámbito. También lo es, que los tribunales de justicia ya se han pronunciado en diferentes casos sobre la obligación de cumplir con este derecho a la carrera profesional horizontal y por tanto han resuelto las dudas al respecto.

Por ejemplo,

Estoy seguro que en esto como en tantas cosas, se irá imponiendo el sentido común. Evitar la judicialización de un asunto tan importante es tarea de todas las partes. Pues la mejora de los servicios públicos, su eficacia y eficiencia deben ser un objetivo permanente.

El muestreo hecho recientemente por CCOO en las plantillas de policía que representa más del 60% de efectivos, ponen en evidencia la poca efectividad de la medida fijada por la Ley 17/17 en materia de reserva de plazas a mujeres en el acceso a policía.

La comparativa de datos obtenidos en el muestreo efectuado por CCOO con la información sobre censo de efectivos de Policía Local, demuestra que el crecimiento de mujeres en policía local se encuentra estancado en torno al 15%.

Teniendo en cuenta que la Ley 17/17 de Coordinación de Policía Local introducía una disposición transitoria por la que se garantizaba una reserva de plazas del 30% en los procesos selectivos, en 2020 las mujeres representaban un 14,17% de los efectivos de policía local en toda la Comunidad, y en este momento según el estudio de CCOO-PV un 15,77%, una diferencia de 1,6 puntos que requieren una reflexión en profundidad.

Técnicamente, cualquier cifra por debajo del 40% debe considerarse una presencia testimonial de la mujer en un determinado colectivo. Una cifra igual o superior indicaría un cambio de significación hacia el equilibrio de género en un colectivo o profesión.

Los valores aportados por la mujer a la profesión, a la actividad propia de los cuerpos de seguridad pública se hace imprescindible en el marco de una sociedad en evolución. Y los cuerpos policiales deben ser el reflejo de la sociedad a la que sirven.

Siempre se habla de la necesidad que tienen los Cuerpos de Policía de simbiosis con la sociedad a la que sirven. De lo imprescindible que supone la mimetización para poder llevar a cabo su labor de forma eficaz.

Los datos confirman sin lugar a duda que está muy lejos de alcanzarse este objetivo.

Los datos son incuestionables. La presencia de mujeres en policía local, no es ni testimonial. Está por debajo de lo que requiere un servicio moderno, integral, eficaz de seguridad pública.

Tomando como referencia las 10 poblaciones con más de 100 efectivos de plantilla, se ha reducido la presencia de mujeres en un 8,59% sobre el total de mujeres computadas en 2020.

No se trata tanto de garantizar un equilibrio de hombres y mujeres, y que se deban remover los obstáculos que existen para el acceso. Sino de una concepción del Cuerpo de Policía Local como el servicio público destinado en primera instancia a garantizar el ejercicio de las libertades y de los derechos de la ciudadanía y para ello la concurrencia por igual de hombres y mujeres es imprescindible.

Un gran número de procesos selectivos (así lo demuestran los datos de la Agencia Antifraude) están tocados del ala como se suele decir.

Es una realidad que viene dándose desde hace años y que perturba todo el sistema de acceso a la función pública local y de manera especial a la policía.

La ley 17/17 de Coordinación de Policía Local, de la Comunidad Valenciana puso las bases para dar poder dar un giro a esta realidad y poner remedio y solución a la misma. Pero su desarrollo se ha visto entorpecido desde el primer día en que se puso objeciones muy fuertes por aquellos a los que iba destinada la norma.

Invasión de competencias, imposición de criterios, falta de respeto por la autonomía local, dejemos a los alcaldes que regulen como quieran (llegó a decir algún portavoz de los municipios).

Sin embargo, esta realidad en el tiempo, cargada de denuncias de fraude, de evidencias palmarias difíciles de comprobar, judicializada una y otra vez pero enfrentada al oscurantismo, la complicidad y el silencio, sólo puede romperse con voluntad política.

Pero, ¿qué haría falta para llegar a poner remedio a todo esto? Desde mi punto de vista, cinco cuestiones resultan imprescindibles.

1.- La opinión pública, sensibilizada contra la corrupción es la mejor aliada para poder desarrollar la batalla por la transparencia, la objetividad y la imparcialidad en los procesos selectivos.

2.- La asunción por parte de los partidos políticos de la necesidad de convertir este objetivo en un elemento fundamental de sus programas políticos en referencia al acceso a las administraciones públicas.

3.- En el caso de policía local, y puesto que la Ley 17/17 ya lo propone; regular, desarrollar y profundizar en la centralización en el IVASPE de los procesos selectivos por parte de los ayuntamientos, bajo el principio de simplificación, rentabilidad económica y eficacia en la gestión.

4.- El desarrollo normativo debe permitir la capacidad ejecutiva y el ejercicio de una función fiscalizadora y efectiva por parte de Generalitat.

5.- Se debe regular vía decreto, como prevé la Ley 17/17, el funcionamiento de los órganos técnicos de selección, el nombramiento de los mismos, su funcionamiento, el sistema de deliberaciones y actas, de la elaboración de las pruebas, de los criterios de valoración, garantías al anonimato de los aspirantes, equilibrio de género en su composición, todos aquellos aspectos que permitan un funcionamiento regulado, alejando el máximo de discrecionalidad y por tanto cualquier duda sobre el mismo.

Durante estas fechas tan tristes, la necesidad de personal no es que haya aumentado, es que ha puesto en evidencia la falta de agentes que venimos arrastrando desde hace años como consecuencia de las tasas de reposición y la imposibilidad impuesta a los ayuntamientos de hacer frente a sus necesidades aun teniendo dinero para ello.

Y se ha producido un fenómeno curioso. La demanda de nombramientos de policías interinos (que solo lo pueden ser con vacante existente y dotación presupuestaria) ha puesto sobre la mesa la existencia de un importante número de plazas a cubrir que no han sido objeto todos estos últimos años de Oferta de Empleo Público.

En este contesto, los ayuntamientos han agotado las bosas de empleo temporal para nombramiento de agentes interinos. Han tenido que recurrir a las bolsas de otros ayuntamientos por acuerdos interadministrativos, en ocasiones sin ningún control y dada la situación, sin garantías de que no se cometieran arbitrariedades.

En estas circunstancias, a no nos han dejado, o no hemos podido llegar a todo y fiscalizar los procedimientos en bien del colectivo.

Desde CCOO, y también desde UGT se ha instado a la Consellera a aprovechar esta oportunidad para centralizar la oferta de una bolsa de empleo que satisfaga las necesidades temporales y evite la dispersión existente, generadora de un gasto económico innecesarios para los ayuntamientos.

Una bolsa que no requeriría de procedimientos costosos y complicados dada la situación. En la que, garantizando la transparencia y la pública concurrencia, y por vía telemática, podría confeccionarse la misma en base al baremo de méritos que está normalizado en la legislación en vigor.

Mas de un mes y seguimos sin respuestas.

En este contexto y dada las necesidades existentes, los ayuntamientos se han lanzado de nuevo a la convocatoria de bolsas de trabajo específicas en cada municipio. Un derroche de esfuerzos y de dinero. Un problema para los cientos de personas jóvenes que aspiran a trabajar de policía local y sobre todo para aquellas que tienen un bagaje importante ya acumulado y que en estos momento están en paro, en ocasiones con dificultades, y que esperan esa nueva oportunidad.

En su escrito le trasladaba la posición del sindicato en materia de interinidad en los Cuerpos de Policía Local recordándole que hemos apostado siempre y seguiremos haciéndolo por la estabilidad del empleo en la función pública.

Estabilidad que hemos defendido hasta el último momento y no quepa la menor duda de que seguiremos insistiendo hasta que consigamos que la última plaza de agente sea ocupada de manera estable.

Bajo esta premisa, el Coordinador General reconocía que “nuestra legítima aspiración de estabilizar las plantillas ha tenido dos obstáculos insalvables”. De una parte, la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre de 2019 legitimando al personal interino dentro de los cuerpos de policía local y de otra parte la reciente modificación de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana a través de una enmienda a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos, haciéndose eco de la reciente sentencia del TC.

Solo han pasado dos meses, para que nuevamente los funcionarios interinos pertenecientes a los cuerpos de policía local salten nuevamente a los estrados y a las noticias en primera página así, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª en sentencia 294/2020 de dos de marzo estima el derecho de los policías locales interinos ya nombrados a portar armas de fuego, como así establece su fallo.

Esta situación abre un nuevo escenario al que obligatoriamente deben responder los responsables políticos.

Se hace imprescindible la misma protección, tanto a nivel jurídico como operativo a los cientos de compañeros y compañeras interinos que prestan servicio día a día. Y por tanto las modificaciones legales pertinentes que garanticen la plena integración de los mismos y el reconocimiento de las funciones y tareas que realizan “de facto”.

Y todo ello en el camino de la consolidación de un sistema que haga en un futuro próximo, innecesaria, la interinidad en un cuerpo policial que ha demostrado (más aún estos días) estar a la altura de las circunstancias y la enorme eficacia que ha desplegado.

En este contexto la labor unificadora y de coordinación que debe ejercer la Conselleria y su Agencia (también demostrada durante el presente estado de alarma), debe concretarse en la búsqueda urgente de formulas flexibles que garanticen la constitución de una bolsa de trabajo centralizada. De la que puedan echar mano los distintos ayuntamientos permitiendo con ello garantías, flexibilidad, y eficacia en la cobertura provisional de las vacantes y las necesidades existentes.

Una bolsa capaz de recuperar en un primer momento y dadas las actuales circunstancias todo ese caudal de compañeros y compañeras con experiencia y currículum que no estando en activo en este momento pueda estar en condiciones de formar parte de la misma.

*Julio Conesa, sector de la Administración Local FSC-CCOO PV

Usar la muletilla de “sin perjuicio de”, está bien. Pero también deja entrever una especie de sensación de inseguridad propia de aquellos que bajo presión han tenido que desdecirse varias veces de sus pretensiones iniciales de conseguir la total profesionalización con exclusión de la temporalidad y la precariedad.

Resulta triste comprobar como aquellos que venían con ideas innovadoras, con propuestas avanzadas y abriendo caminos, acaban asumiendo que la realidad (intereses, incomprensión, reacción, conservadurismo, incluso menosprecio por la profesión) se han acabado imponiendo.

En relación al personal funcionario interino que fue nombrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/2017, nos dice que por aplicación del TREBEP, cesará cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, además de por cualquiera de las causas que den lugar a la pérdida de la condición de funcionario de carrera, de acuerdo con el artículo 10.3 del TREBEP.

En fin, nada que no supiéramos todo el mundo ya! Los interinos de antes de la Ley 17/17 deben ir consolidando las plazas y para ello se fijó la Disposición Transitoria Primera, afectada por la redacción que el Estado dio a los Planes de Estabilización y que deberá continuar adecuándose a los nuevos Planes que se vayan definiendo.

Por otra parte sobre el personal funcionario interino que fue nombrado después de entrar en vigor la Ley 17/17 debieron cesar el 31 de diciembre de 2019. Pero visto lo visto, bastantes ayuntamientos han optado por no cesarlos. Para que? Para nombrarlos acto seguido. O para tener que nombrar otros en breve y tener que gastar de nuevo dinero en uniformidad, etc.

Y ahora la última. A partir del 1 de enero de 2020 se recupera la interinidad en policía local, ya se puede nombrar personal funcionario interino de acuerdo con los requisitos establecidos en el “nuevo” artículo 41 (bis) de la Ley 17/2017, introducido por la Ley 9/2019.

Nada nuevo en realidad. Tan viejo como la interinidad que fijaba la Ley de 1999 que habíamos conseguido superar.

Mucho me temo que abierta la brecha por la que se está resquebrajando el edificio (definido en la Ley 17/17), este se vendrá abajo por más que se intente apuntalar.

La renuncia de PSOE y Compromís a defender la profesionalización de la policía local y sus compromisos en la aprobación de la Ley 17/17 (véase como han cambiado la exposición de motivos de la Ley en 2019) solo nos puede llevar hacia atrás. La evidencia es el frenazo en seco que se ha producido en la consolidación de plazas, el incremento que vamos a vivir en la interinidad.

Y lo mas gordo: El cambio legislativo no ha servido para nada! El conflicto van a seguir arrastrándolo porque les van a exigir más y más quienes quieren manejar las plantillas de Policía Local como han hecho siempre.

Porque quieren una “policías a la carta”. Los portavoces del PP, al día siguiente de votarles a favor ya les dijeron: “Dejen en paz a los ayuntamientos” “La gestión es cosa de ellos”.

Una vez negociadas y aprobadas, parece como si el tiempo pudiera transcurrir de manera indefina. Como si ya se hubiera cumplido con un trámite y ahora tocara ir gestionando la Oferta de manera laxa. Siempre jugando con los tiempos y la oportunidad de sacar solo la convocatoria de determinadas bases en orden a las prioridades políticas del momento.

El Tribunal Supremo, en Sentencia casacional num 660/2019 de 21 de mayo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta deja claro que el plazo fijado por el artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril (actual Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene carácter de plazo “esencial” y que por tanto, su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, y resulta inaplicable.

Por lo que se entiende que la exigencia del art. 70 (plazo esencial máximo) está en armonía con el carácter que corresponde a la Oferta de Empleo Público como instrumento creado con la finalidad de racionalizar y ordenar el proceso de selección de personal. Es un documento por el que la Administración hace pública la relación de plazas vacantes que pretende cubrir durante el ejercicio presupuestario a través de los procedimientos de selección de personal.

Todo esto supone que exista una estrecha vinculación entre la Oferta de Empleo Público y los presupuestos de cada año. Implica que las ofertas deban aprobarse con carácter anual y ajustándose a los límites que, para cada año, determinan las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado en relación con la tasa de reposición de efectivos (plazas que pueden ser objeto de Oferta).

Añade que esta norma resultaba igualmente aplicable a las entidades locales conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, que dispone que “ las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal .”

Razona que el artículo 70 del Estatuto Básico vino a reforzar la vinculación entre la Oferta de Empleo Público y los presupuestos de cada año. Y este mismo mandato es reiterado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público.

El Estatuto es claro y conciso, no requiere en este aspecto de aclaración y por tanto concluye que los mandatos establecidos por las Leyes, cuando las mismas tienen una vocación general y permanente, como ocurre paradigmáticamente además con el Estatuto Básico del Empleado Público, no necesitan ser reiterados o renovados por las Leyes posteriores y menos aún por las Leyes de presupuestos del Estado, cuya finalidad es la ordenación de los ingresos y gastos dentro del correspondiente período.

Tomando en consideración lo expuesto, es evidente que nuestro cometido, desde CCOO, no está tan sólo en la negociación de la Oferta de Empleo Público, exigiendo, fiscalizando que se cumplan los plazos de su aprobación, el informe pertinente de las plazas vacantes/presupuestadas objeto de la misma, cumpliendo los requisitos fijados por la LPGE correspondiente, sino que además debemos actuar de manera coordinada para exigir de inmediato la planificación de su desarrollo, la negociación de las bases correspondientes, su publicación y el seguimiento del cumplimiento de los procesos selectivos.

Sólo así conseguiremos que se cumplan los Acuerdos en torno a la reducción de la temporalidad y la precariedad firmados con el Gobierno y que se van abriendo paso muy lentamente.

Esa reducción del porcentaje actual de temporalidad, situado en el entorno del 30% hasta el 8% pactado requiere de un importante compromiso por parte de las parte. Nosotros estamos en ello. Habrá que esperar que las entidades locales se pongan también las pilas. Por ahora no se nota lo suficiente.

*Julio Conesa, coordinador general de CCOO de la Administración Local

Como si la machacona reiteración de dichos mensajes acabara garantizando su veracidad.

Resulta imprescindible adoptar una actitud critica con éstos si no queremos caer en la trampa de dar por acertados ciertos mensajes que en realidad esconden lo contrario de lo que predican.

Por ejemplo, vemos como va calando el mensaje de “la rebaja de impuestos”. No voy a entrar en el hecho constatado de que tenemos el nivel de presión fiscal por debajo de la media europea. Pero si en llamar la atención sobre algo que a todas luces es una evidencia: ¿Quien llama a subir los impuestos? Evidentemente nadie.

Llamar a la rebaja de los impuestos con carácter general, como lo sería llamar a la subida de los mismos con carácter general, sería sencillamente estúpido. Y además desconocer lo mas básico del ordenamiento jurídico español, pues el peso impositivo debe ser progresivo en función de las capacidades económicas del contribuyente.

La promesa-propuesta de rebaja fiscal general en “abierto”, sin más, como consigna electoral esconde en buena lógica un tratamiento discriminatorio a los menos pudientes a favor de los más (como de está sucediendo en Andalucía con el gobierno del PP), puesto que cualquier decisión en este sentido sin corrección alguna solo puede llevar por objetivo beneficiar a los de mayor capacidad adquisitiva.

O como en tiempos de Rajoy, lo que se reduce en los impuestos directos se acaba pagando con creces en los impuestos indirectos.

Todas estas palabras tienen el mismo valor simbólico que otras que nos hemos cansado de oír durantes esta crisis y de las que hemos aprendido su verdadero significado como “ajustes”. Pues hemos comprobado que ha dejado de tener un valor positivo como se le supone para significar en realidad “recortes”. Recortes en derechos, en capacidad adquisitiva, en puestos de trabajo, etc.

Hemos podido comprobar como en el transcurso del tiempo los más pudientes se han enriquecido todavía más. ¿Será este el significado de otras palabras que no hemos dejado de oír durante todo este tiempo? La crisis es una oportunidad.

Ante las elecciones: Más memoria, más análisis, más lectura ya que por sus hechos los conoceréis.

Apartemos las grandes declaraciones, las frases estudiadas o los mensajes subliminales. ¿Qué queda? Lo que son. Y por tanto aprendamos a diferenciar.

Quien más promete, más miente. Quien provoca tu ira es que sólo te quiere manipular, porque se manipula desde las vísceras, pero no desde la razón.

*Julio Conesa es coordinador general de la Administración Local de CCOO-PV