Un dilema es aquella situación en la que, en no pocas ocasiones, los humanos nos encontramos en la difícil coyuntura de actuar de una u otra manera porque la posible decisión a adoptar puede resultar igualmente buena o mala.

Si , además, el dilema que hemos de resolver atañe a derechos constitucionales la situación se agrava sobremanera al afectar a normas fundamentales de obligada observancia, y es en ese contexto donde se dirime la contienda entre los artículos 20 y 24.2 de nuestra Constitución en cuanto a reconocer y proteger los derechos a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos así como a comunicar o recibir libremente información veraz y el derecho a la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia no ofrece interpretaciones restrictivas o extensivas: no se es culpable, ni puede tratarse como tal a quien no haya sido juzgado y condenado por sentencia firme.

Por contra, el derecho a la información, conocido como libertad de prensa, es un debate que se sigue manteniendo abierto por sus profesionales sin más desarrollo que la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, que obliga a que la información y la noticia no se difundan al margen de la veracidad y el pluralismo que señala nuestra Constitución y remite a la conciencia de los profesionales el desempeño de su trabajo.

En mi opinión, que no tiene porque coincidir con la del lector, lo que subyace en el dilema planteado es si se ha de publicar un determinado hecho u omitir la noticia para no herir el honor de las personas, o lo que se pretende es silenciar los abusos del poder.

A esa pregunta viene respondiendo el Tribunal Constitucional con diversas y, a veces, distintas interpretaciones. Estoy seguro de los magistrados resuelven conforme a hechos probados, argumentos de derecho aplicables y su leal saber y entender, pues solo están sometidos a la Constitución y a la Ley Orgánica que lo regula. Así sea. De ahí que nuestros políticos pongan toda la carne en el asador judicial para elegir a los mejores. Amén, otra vez.

Llegados a este punto estoy convencido de que no les he resuelto el dilema, tampoco lo pretendía, me conformo con que a través del derecho a opinar que ostentó como ciudadano español, y la oportunidad que me ha ofrecido este Diario, puedan los lectores sacar conclusiones jurídicas respecto al cruce de denuncias y querellas entre los miembros del gobierno de coalición en el Consistorio Municipal murciano, porque políticamente lo que dejan claro es que nunca existió un mínimo de confianza entre ellos y que, con independencia de las resoluciones judiciales que los órganos competentes vayan evacuando, sus pleitos, incluso antes de resolverse, los vienen soportando y los seguirán pagando los cientos de miles de personas que habitan el municipio.

En todo caso, lo que no es cuestionable es que las democracias no existen sin gobiernos y sin oposición. Este es un axioma democráticamente consagrado. Lo que nadie podía imaginar son las situaciones esperpénticas que padecen los gobiernos de España y Murcia, en los que son los propios integrantes de sus respectivos ejecutivos quienes se controlan entre sí ante la ausencia recíproca del más mínimo grado de confianza exigible entre ellos, hasta el punto de terminar en los tribunales. Valle Inclán se quedó corto.

Guste o no guste, ahí es donde quienes recogen y emiten opinión, quienes informan, juegan un papel fundamental en los sistemas democráticos emitiendo informaciones alternativas ante las que generan las partes de forma interesada y, por tanto, viciada.

Que España está asentada sólidamente en nuestra Constitución del 78, no lo duda nadie. Que la Carta Magna fija como principios superiores la unidad de España, el Estado de las Autonomías y la soberanía residente en el pueblo español, tampoco. Así se recoge en el Preámbulo Constitucional, en el artículo 2.1 del Título Preliminar y se desarrolla en el Título VIII del texto constitucional.

Ahora bien, la propia Constitución en sus artículos 168 y 87.1 y 2, recoge la iniciativa legal para la reforma constitucional en el marco de las Cortes Generales y la ratificación, en su caso, por el pueblo español. Así que, poder, se puede. No obstante, nos asaltarán dos preguntas: ¿para qué? Y ¿cuándo?

A la primera pregunta responden las opiniones encontradas de dos partidos. Vox, que pretende volver al sistema centralista, y Podemos, que aboga por una España federalista sin límite constitucional.

En el primer caso, estimo que no hay marcha atrás en la estructura del Estado, porque con todas sus imprecisiones, nos ha deparado una convivencia ejemplar entre los territorios españoles, sin olvidar que supondría un retroceso político que los ciudadanos no aceptarían, pues algunos ya vivimos demasiados años evidenciando como las escuelas, institutos, universidades y centros de salud y hospitales se construían, mayoritariamente, de Madrid hacia el norte, siendo el sur de España discriminado.

Además, como se desprende de la opinión muy mayoritaria de la doctrina constitucionalista, no existen precedentes en otras naciones que giren desde la descentralización al centralismo, ni parece que España aceptara girar en ese sentido.

Admitiendo que el Estado de las Autonomías tiene imperfecciones y puede ser mejorado, podríamos asumir marchar hacia delante para, desde las experiencias acumuladas perfeccionar el sistema, pero sin mutilar la Constitución, como pretende el actual gobierno catalán apoyado por los partidos más a la izquierda como Podemos, sin razón alguna que se sostenga.

Nuestra Constitución quiere, por decisión del pueblo soberano, que todas las ideologías participen de ella; algunas personas, sin embargo, pretenden aislar la Constitución para que impere su ideología.

En el centro de esta controversia, cualquier cambio, como ocurrió en la Transición, necesita de un Jefe de Estado, el Rey, que con la neutralidad que actualmente caracteriza a la Corona, impulse las modificaciones que se desprendan colectivamente del espíritu del pueblo español. Las leyes sin el concurso de todos no se entienden.

Por último, sin aspirar a fijar en qué tiempo debería, en su caso, abordarse la reforma dando respuesta al cuándo, supongo que podríamos compartir la idea de que no sea este el momento más adecuado.

La Transición Española fue, de inicio a fin, un sentimiento compartido ideológicamente, muy distinto al actual panorama político donde, arrumbado el bipartidismo, estamos situados en una coyuntura de coaliciones de izquierdas y de derechas que enturbian las dos señas de identidad que deberían ser comunes a todos los ciudadanos: sentirnos españoles y demócratas.

Los pueblos, que no son de izquierdas ni de derechas, sino libres, colocan con sus decisiones soberanas a cada uno en su sitio, y lejos de apoyar la actual confrontación demandará la moderación y el entendimiento, la tolerancia, el diálogo y los consensos. Restablecido el deseado ambiente político, las Cortes Generales y el pueblo español demandarán los cambios o modificaciones que estimen oportunas, para avanzar, no para regresar, para solidificar los cimientos constitucionales, no para quebrantarlos, para tapar grietas, no para abrirlas.