El lunes 14 de octubre, Quito amaneció con atascos, con sus avenidas llenas de basura, con intersecciones llenas de ceniza, con paradas de buses rotas, con señales de tráfico arrancadas. Pero amaneció con paz. La noche anterior, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, habían llegado a un acuerdo. Después de once días de paro nacional, ocho fallecidos, más de 1.000 detenidos, y 127 periodistas agredidos, las manifestaciones terminaron. Moreno, en un diálogo moderado por las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, se comprometió a derogar el decreto 883 que había emitido el 1 de octubre y eliminaba el subsidio a los combustibles.

Esa noche fría de domingo, un grupo de dirigentes indígenas “de base”–como se llama a los líderes de asociaciones de cada localidad– veían el diálogo, transmitido por la Secretaría de Comunicación, proyectado en una pared de un salón, a pocos metros de donde se daba esa conversación que buscaba la paz. Cuando Moreno anunció la derogación, los indígenas –algunos con ponchos rojos, otros con sombreros, otras con sus rostros pintados– gritaron, aplaudieron, se abrazaron, y lloraron frente a la pantalla que ellos y varios periodistas observamos expectantes durante más de tres horas.

El anuncio no significaba solamente recuperar la tranquilidad y las rutinas de Quito y el resto del país, sino el regreso de miles de indígenas a sus casas. La mañana y la tarde del lunes decenas de carros, camionetas y buses salieron de la capital por las diferentes autopistas que la conectan con el resto del país. En los vehículos iban indígenas de provincias de la Sierra y de la Amazonía quienes, durante los días que duró el paro nacional, se asentaron en la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito, en la entrada del centro de la ciudad. Durante ese mismo lunes, mientras los servicios de transporte en Quito se normalizaban y sus habitantes salían a las calles ya sin militares y policías resguardándolas, Moreno emitió un nuevo decreto, el 894.

Además de derogar el 883 y de reestablecer los precios a los combustibles, el 894 instó a proceder “de manera inmediata” la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles “con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”.

El decreto, que fue anunciado por Moreno en una cadena nacional, fue el cierre de casi dos semanas de caos y violencia. Aunque el paro nacional fue convocado por los transportistas y empezó el 3 de octubre, dos días después de que Moreno anunciara la eliminación del subsidio a los combustibles, fue el movimiento indígena quien lideró marchas el resto de los días. Además de los indígenas, otros grupos que se sumaron al paro fueron los sindicatos, y varias organizaciones y colectivos de mujeres. Más allá de estos, hubo manifestantes que no pertenecían a ninguna organización pero han sido señalados como los autores de los peores desmanes que dejó el paro nacional.

El comportamiento fue similar nueve de los once días: la mañana amanecía tranquila pero con la tarde llegaba también la violencia y los enfrentamientos entre los policías y los protestantes. El sábado 12 de octubre fue quizás el día con más ataques perpetrados por ese grupo que muchos medios de comunicación, para identificarlos, llamaron vándalos. Entre la mañana y la tarde, quemaron el edificio de la Contraloría General del Estado –destruyendo equipos y documentos–, lanzaron una bomba e irrumpieron al canal de televisión Teleamazonas, e intentaron atacar a diario El Comercio.

Ese día, varios barrios de Quito fueron invadidos por estos manifestantes, quienes bloquearon intersecciones de calles, avenidas e incluso carreteras, rompieron vidrios de autos y amenazaron a las personas que circulaban por las calles, obligando a centros comerciales, supermercados y todo tipo de negocios a cerrar. Esa tarde, se decretó un toque de queda que apenas se levantó al día siguiente a las 11:30 horas.

Ese domingo, mientras ambas partes se preparaban para el diálogo, los enfrentamientos entre los policías y manifestantes continuaron durante la mañana y la tarde.

Dos días después del diálogo, es aún difícil calcular los daños que dejó el paro. El gerente del metro de Quito, Edison Yánez, dijo que se habían registrado saqueos en el campamento y bodegas. “Sustrajeron computadoras, equipos topográficos, herramientas y material de construcción”, aseguró. La Secretaría de Ambiente de Quito calculó que se perdieron 5.000 árboles durante la protesta (que fueron utilizados para las fogatas). La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador estimó 1.457 millones de dólares en pérdidas económicas. Y los números negativos son muchos más.

Mientras el Gobierno escribe un nuevo decreto para determinar una nueva política de subsidios, algunos indígenas celebran la decisión pero otros insisten en una recomendación que no fue incluida dentro del diálogo: la renuncia de los ministros de Gobierno y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín. Durante la noche de este martes, circulaba en redes sociales un mensaje con los hashtags #RenunciaRomoyJarrín #RomoCriminal #JarrínCriminal. La Conaie utilizó en un tuit los dos últimos. Cuando el domingo Jaime Vargas de la Conaie le sugirió a Moreno destituir a ambos funcionarios, el presidente le respondió que esa era su decisión.

Lenín Moreno ha resuelto su más importante crisis social y política, pero aún no queda claro qué hará para enfrentar la económica, para la que decretó medidas que tuvo que revertir para devolverle la paz a un país que ha quedado herido.

A las 11 de la mañana de este miércoles, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tenía programada una rueda de prensa para hablar de las “recientes decisiones colectivas en el marco de la movilización nacional”. La expectativa era alta porque hasta el martes ni el presidente Lenín Moreno ni el movimiento indígena habían retrocedido en sus posturas. Por un lado, Moreno insistió que las medidas económicas –que incluyen la eliminación del subsidio a los combustibles– se mantenían; y por otro, la Conaie insistió que mantendría el paro y no dialogaría si no se derogaba el decreto 883. Pocos minutos antes de la hora, la rueda de prensa se canceló. En lugar de la conversación con los medios, los líderes indígenas se sumaron a las miles de personas que llegaron a Quito, la capital del Ecuador, desde diferentes provincias de la Sierra y la Amazonía. La marcha arrancó en el parque El Arbolito –donde los indígenas se han ido asentando conforme llegan– y siguió la ruta tradicional de las manifestaciones en Quito: avanzó por la avenida 10 de agosto y entró al centro histórico por la calle Venezuela. Según un vocero de la Conaie, la idea era llegar hasta la Plaza Santo Domingo y regresar al parque El Arbolito para tener una asamblea popular allí. Pero la ruta planificada no se cumplió.

En medio de multitudes pacíficas que caminaban sosteniendo la bandera arcoiris –símbolo del movimiento indígena– había manifestantes con sus rostros cubiertos con pañuelos y palos en sus manos. Más de una vez se produjeron enfrentamientos entre ellos y los policías que custodiaban el casco histórico. Cerca de las dos de la tarde, en la entrada al centro, un grupo de al menos siete policías cruzaron en medio de la protesta en moto mientras manifestantes les tiraban piedras y les gritaban “¡Lárguense!”. A diferencia de otras marchas que siguen la ruta únicamente por una calle, la Venezuela, esta tuvo varios desvíos por vías perpendiculares y paralelas. Las intersecciones de al menos una docena de calles del centro estaban bloqueadas con fogatas de palos y llantas quemadas, y manifestantes que hacían pausas de la caminata.

Al igual que los otros días de paro, este miércoles los policías reprimieron a los manifestantes con balas de goma y gas lacrimógeno. La violencia en los siete días de paro nacional ha dejado 86 policías heridos y 766 personas detenidas, según dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una rueda de prensa la noche de este miércoles. En ese lapso también ha habido 360 atenciones médicas tanto a civiles como a policías, por problemas respiratorios o golpes. En la misma rueda de prensa Romo dijo que había manifestantes infiltrados. “Las organizaciones indígenas tomaron una ruta distinta para que su entrada y salida al centro se haga de manera pacífica, tranquila...pero no fue el comportamiento de todos los sectores involucrados”, dijo y agregó que hubo manifestantes “tremendamente violentos” como quienes lanzaron una bomba molotov a un carro blindado de la Policía.

El desplazamiento de policías y militares a nivel nacional ha aumentado. Según Romo hay 50 mil policías en todo el país y más o menos 24 mil militares. A pesar del despliegue, en algunas ciudades fuera de Quito manifestantes se tomaron edificios públicos como en el caso de la gobernación de las provincias Napo –en la Amazonía– y de Cañar –en la Sierra–. El peor incidente de este miércoles, sin embargo, fue la fuga de presos de la cárcel El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, en la costa del país. Hasta este miércoles por la noche no era preciso el número de fugados pero sí el número de recapturados: 72.

Sobre otros actos vandálicos, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a los detenidos a nivel nacional. Dijo que había ciudadanos extranjeros que habían declarado haber recibido entre 40 y 50 dólares por asistir a las manifestaciones. “Ciudadano extranjero que se preste para el caos y la delincuencia en un territorio que ha sido hospitalario, no podrá seguir en el Ecuador”, dijo. Y agregó que se iniciarán las deportaciones a quienes tengan ese tipo de comportamientos.

La fuerza del movimiento indígena

Aunque la Conaie había calculado que llegarían 20 mil indígenas de todo el país, este miércoles dijeron que estaban, por lo menos, 50 mil. A lo largo del día el movimiento indígena y el Gobierno se contradijeron. Mientras que Sonnenholzner dijo que se había iniciado un diálogo con los indígenas con la ONU de mediador, la Conaie lo desmintió en un tuit. A pesar de la falta de diálogo, al final de la tarde, el Gobierno, a través del secretario general de la Presidencia José Augusto Briones presentó una serie de propuestas –enfocadas la mayoría con la agricultura y economía solidaria– como medidas conciliatorias para acabar el paro. Entre ellas están la reestructuración de las deudas para las organizaciones que no están al día para el financiamiento de sus predios, condonación al 100% de multas impuestas por la Secretaría del Agua, kits tecnológicos, centros de acopio –para papa, cebada, quinua y chocho–, y agrovías rurales. La Conaie negó nuevamente que haya llegado a algún acuerdo o negociado con el gobierno.

Más allá de la turba en la capital, en otros puntos del país como Guayaquil, ciudadanos se convocaron para marchar bajo el lema Ecuador, país de paz. A la manifestación de la segunda ciudad más grande del país, asistieron miles de personas vestidas de blanco. En la tribuna de los Shyris –al norte de Quito y lejos del humo y las turbas del centro– también hubo una manifestación pacífica bajo el mismo lema.

La noche de este miércoles terminó con una entrevista al presidente Lenín Moreno hecha por el periodista de CNN Fernando Rincón. En la entrevista, que fue transmitida como cadena nacional por los canales oficiales del Estado, Moreno se mostró conciliador con el movimiento indígena felicitándolos por la manifestación pacífica. Dijo que identificaron grupos “terroristas de afuera y grupos criminaloides” y, como quien insiste en llegar a un acuerdo con ellos, concluyó:“así no es el comportamiento de nuestros hermanos indígenas que reclaman con energía pero con la altura que les caracteriza”.

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno se enfrenta a la peor crisis en sus dos años y medio de Gobierno. Este martes se cumplió una semana de paro nacional: decenas de carreteras cerradas, clases en escuelas y colegios suspendidas, miles de personas movilizadas desde diferentes partes del país hasta Quito, la capital, decenas de heridos, y al menos un muerto.

Las manifestaciones empezaron la mañana del 3 de octubre, día y medio después de que el presidente Moreno, en una cadena de televisión nacional, anunciara las nuevas medidas económicas y laborales para enfrentar la crisis en el país. Dentro del “paquetazo” –como coloquialmente se conoce al conjunto de ajustes económicos– estaba la polémica eliminación del subsidio a los combustibles.

Desde hace 40 años –cuando empezó el primer boom petrolero en el Ecuador– la gasolina extra, súper y el diésel están subsidiados por el Estado ecuatoriano. Después de Venezuela y Bolivia, Ecuador es el país de América Latina con el precio de combustible más bajo. Lenín Moreno, quien dijo que el país destina más de 1.300 millones de dólares al año a este subsidio, es el primer presidente que se atreve a quitarlo.

Los transportistas fueron los primeros en reaccionar. El 2 de octubre anunciaron la paralización de sus actividades. Ese día, el representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, Abel Gómez, dijo que si la reforma empezaba al día siguiente, “la transportación lamentablemente no sale a operar”. Y así sucedió.

A los transportistas se sumaron gremios de profesores y estudiantes universitarios. Con las protestas llegó también la represión policial. Ese primer día de huelga, tres periodistas denunciaron haber sido agredidos por la fuerza pública. Ese primer día de huelga, también, el presidente Moreno anunció un estado de excepción en el que, según la Constitución, se suspende o limita “el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información”. “Las medidas están completamente en firme”, recalcó Moreno.

Más allá de la eliminación al subsidio de los combustibles, algunas de las otras medidas económicas anunciadas son la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la supresión de aranceles para bienes tecnológicos y la reducción de las vacaciones de los funcionarios del sector público de 30 a 15 días, como ocurre en el sector privado. El paquete es consecuencia del acuerdo que el país alcanzó en febrero con el Fondo Monetario Internacional, en el que la entidad económica exigía esas reformas a cambio del acceso a crédito.

Cuando anunció las medidas, Moreno también recordó que durante su Gobierno se han eliminado 20 ministerios, 23.000 funcionarios públicos han sido cesados y se ha reducido el 20% del sueldo de los funcionarios con nivel jerárquico superior. Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador en mayo de 2017, después de que Rafael Correa estuviera 10 años en el poder. Correa, el día de cambio de mando, era su amigo y antecesor.

Hoy, Correa y Moreno son enemigos políticos. En esta semana de paro, la bancada en la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana –el partido de Correa– pidió la destitución de Moreno. Él, por su parte, acusó al correísmo de la violencia suscitada en las manifestaciones. Hasta el 4 de octubre, la Policía había detenido a 350 personas, la mayoría acusada de actos vandálicos. Ese mismo día, el ministerio de Defensa desplegó tanquetas.

El pulso de las comunidades indígenas

Después de dos días de protestas, el gremio de transportistas anunció que suspendía el paro. Pero fueron los únicos. Ese mismo día, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que seguiría en paro y su presidente, Jaime Vargas, dijo que “todas las estructuras de la Conaie” se estaban movilizando y esperaban cerca de 20.000 personas. En el Ecuador existen 15 nacionalidades y 18 pueblos en la Amazonía, la Sierra y la Costa. Desde el viernes 4 de octubre hasta ayer, grupos de indígenas se habían movilizado desde sus comunidades y ciudades para sumarse al paro. Aún faltaban cientos por llegar.

Los indígenas han dicho que está “roto el diálogo” con el Gobierno mientras no se derogue el decreto ejecutivo 883, con el que se declararon las medidas económicas. Pero el presidente, la noche del 7 de octubre, dijo que se mantenían. Lo hizo desde Guayaquil –la segunda ciudad más grande del país– donde Moreno trasladó la sede de su Gobierno –una atribución que le permite la Constitución de Ecuador–.

El presidente también dijo que las protestas responden a una “intención política” para desestabilizar el Gobierno y no a una manifestación social por el descontento ciudadano; afirmó que la violencia venía del correísmo. La violencia, de donde haya venido, ha dejado ya al menos un muerto: Marco Oto, un joven que cayó de un puente mientras corría huyendo de la Policía.

Ayer los manifestantes de diferentes gremios y los indígenas –quienes suman a su protesta la oposición a la política extractiva del Gobierno de Moreno que ha priorizado la minería a gran escala– se asentaron en el parque El Arbolito, en el centro de Quito. Allí voluntarios civiles, estudiantes, y de organizaciones sociales formaron brigadas de salud para atender a los heridos, y equipos para alimentar a cientos de personas que llegaron después de días de caminata.

Las protestas escalaron durante la tarde de este martes. En medio de llantas quemadas y humo, manifestantes se enfrentaron a los policías que bloqueaban el paso y se defendieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Una turba caminó hasta la Asamblea Nacional e irrumpió en el edificio tomando el Pleno al grito de “¡Fuera Moreno!”. Mientras, en las afueras, dos gigantes fogatas y espeso humo negro eran sobrevoladas por un helicóptero de la Policía. Esa misma tarde, el Gobierno declaró toque de queda que restringió la movilidad en todo el país, desde las 20:00 horas hasta las 5:00 horas de la mañana en áreas aledañas a edificios estratégicos.

Aunque en Quito se dieron los más fuertes enfrentamientos, en otras ciudades también hubo disturbios. En Guayaquil, se registraron saqueos en comercios –como tiendas de electrodomésticos– mientras que en en la ciudad amazónica del Puyo, los indígenas se tomaron el edificio de la gobernación de la provincia. Según la Cruz Roja los heridos en las protestas suman 148. La organización para la libertad de expresión, Fundamedios, contabilizó hasta ayer 59 agresiones a comunicadores como impedimentos de cobertura, amenazas y autocensura.

Hasta la noche de este martes ni los dirigentes indígenas ni los altos funcionarios del Gobierno de Moreno habían cedido. Mientras que el presidente propuso el diálogo, los indígenas se niegan a que haya uno sin antes derogar el decreto que elimina el subsidio a los combustibles.

Una mañana de agosto de 2017, escurrido en un sillón de un hotel en Guayaquil, un joven veinteañero me contó que había sido víctima de abuso sexual, y que su abusador era un sacerdote: Luis Fernando Intriago.

Dijo que había vivido con el cura hasta enero de ese año, que había sido su asistente personal y había pasado por la dinámica del pecado. “La famosa dinámica”, dijo. Fue la primera de cientas de veces que escucharíamos esa frase.

Intriago, quien a inicios de los 2000 había ayudado a traer de Lima a Guayaquil al Sodalicio de Vida Cristiana —fundado por el hoy perseguido por la justicia peruana por abuso sexual, Luis Fernando Figari—, dirigía grupos de jóvenes en la casa parroquial, donde vivía en el norte de Guayaquil.

Allí mantenía reuniones grupales y luego personales con algunos (“los ungidos”), en su cuarto, y les hacía la dinámica: les pedía que se quitasen poco a poco la ropa, les vendaba los ojos, las manos, los pies, y luego los golpeaba con objetos, los raspaba con su barba, y finalmente se acostaba junto a ellos en su cama —él, también, con el pecho descubierto. El ritual ocurría mientras Intriago les decía que era un sacrificio para dios y los retaba para ver “hasta dónde podían llegar”.

El 9 de mayo de 2018 GK público lo que halló durante 8 meses de investigación. Era la historia de la “dinámica del pecado”, una forma de tortura física y sexual enmascarada como un ritual de expiación que había sido aplicada a, por lo menos, una decena de adolescentes de entre 15 y 18 años por el sacerdote Intriago. Además de los testimonios de los jóvenes, el reportaje revelaba que había un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe —la oficina del Vaticano encargada de los delitos sexuales— en la que expulsaba a Intriago del sacerdocio, dándole la oportunidad de apelar. Intriago lo había hecho. Habían pasado casi dos años hasta entonces, sin resolución alguna.

La historia golpeó con fuerza a un país en el que ocho de cada diez habitantes se consideran católicos.

Al día siguiente de la publicación, la Arquidiócesis de Guayaquil —la más poderosa del país— dio una rueda de prensa explicando que conocía de los casos de Intriago, que él estaba suspendido y que estaba pendiente la resolución final del Vaticano. Dos meses más tarde, se hizo pública la expulsión de Intriago definitivamente del sacerdocio.

La celeridad que el proceso canónico adquirió tras la investigación, no fue replicada por el sistema judicial estatal del Ecuador.

La Fiscalía reactivó la investigación que había abierto en septiembre de 2017 en contra de Intriago, en la que otro joven, Juan José Bayas, aparecía como víctima. La denuncia se desprendía de otra presentada un año antes por Kevin Rivas, otro de los jóvenes que sufrió la dinámica, y que había sido archivada porque el delito estaba prescrito.

Parecía que el caso dejaría el letargo, pero un año y medio después, en enero de 2019, la fiscal que tenía a cargo la investigación lo archivó. En 18 meses, apenas llamó a declarar a Bayas y a Intriago, que justificó su inocencia diciendo que la iglesia no lo había declarado culpable —algo que cambiaría tan sólo dos meses más tarde de su testimonio. La Fiscalía hizo reconocimiento del lugar de los hechos, una valoración psicológica y entorno social de Bayas, y recibió a dos personas más: un joven que testificó a favor de Intriago y en contra de Bayas, acusándolo de mentiroso y extorsionista, y el exvicario de la Arquidiócesis de Guayaquil, quien habló de la causa canónica en contra de Intriago. No llamó a testificar a los otros hombres víctimas de la dinámica del pecado, tampoco pidió la documentación del caso eclesiástico, ni a todos los obispos que conocían lo que pasaba. Dejó que el tiempo pasara y, en enero de 2019, dijo no tener evidencia suficiente.

En el Ecuador, cuando un fiscal ordena el archivo de una investigación, un juez penal debe aprobar o desechar esa decisión. En una columna publicada la semana de enero en que la Fiscalía pidió el archivo, me preguntaba qué haría el Juez con la solicitud. Si ignoraría la evidencia que demostraba que la Fiscalía no investigó lo suficiente o si sepultaría para siempre el caso.

El 23 de abril de 2019, un juez negó la solicitud. Un juez que parece haber entendido lo que la Fiscalía no: que hay aún una serie de evidencias que deben ser revisadas y un número de testimonios que deben ser recogidos, que hay al menos una decena de sobrevivientes que esperan reparación y justicia. Hoy, a un año de la publicación, nos preguntamos cuánto más debe esperar y qué harán los fiscales y jueces que, en el futuro, tenga en sus manos este caso.