La Junta de Andalucía está en proceso de elaborar una Ley del suelo, de la que dice que será más simple y que dará mayor autonomía a los ayuntamientos. Con la aprobación de la nueva norma derogarán las actuales leyes de ordenación urbanística (LOUA) y de ordenación territorial (LOTA). Mejorando, según se afirma, la relación entre la planificación territorial y urbanística. Deberá admitirse que las modificaciones sufridas por la LOUA han apuntado reiteradamente a la necesidad de la industria inmobiliaria de agilidad en el procedimiento depredador más que a la necesidad de poner orden en el desorden generado por una actividad urbanizadora que no respondía a necesidades sociales reales.

Además de la derogación de las actuales leyes y la redacción de una nueva más simple y con menor carga de articulado, un objetivo prioritario planteado es dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su “modelo de ciudad” y agilizar los procesos para la aprobación de los planes generales. Sin embargo, los ayuntamientos están expuestos a la tentación de equilibrar sus balanzas con la especulación urbanística, recalificando suelos, elaborando planes expansivos, que acaban dañando el espacio público y no consideran el interés general de los ciudadanos cuando hay intereses económicos de por medio. Lo estamos viendo especialmente en la franja litoral. Véanse los casos de los acantilados de Maro en Málaga o el caso, frenado en su día, de Valdevaqueros, o en los mas actuales de Los Lances, o de los pinares de Barbate, o el caso de cala San Pedro en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar… A pesar de la colmatación que ya sufre el litoral, no parece haber colmatado la avidez de hormigón.

En principio, la base legal para acometer todos estos proyectos la ofrecen PGOUs que datan de mucho tiempo atrás, claramente obsoletos y que obedecen a modelos especulativos de décadas pasadas, que, sin embargo, parecen mantenerse en boga. Son intentos basados en planes parciales, no sometidos a procedimientos de diagnóstico ambiental y que no están pensados para satisfacer el interés general. Con plazos de ejecución que han prescrito, aunque no haya prescrito el afán épico de promover el hormigonado por todo el territorio.

Por tanto, respecto a dar protagonismo a los Ayuntamientos, hay que considerar que se precisa un régimen fiscal de los mismos que no haga depender su financiación, en una cuantía tan importante, de los actos con trascendencia urbanística (bien sea impositiva, bien meramente unida a recalificaciones y plusvalías ligadas al aumento del volumen ya construido). Al ser las Corpo­raciones Locales dispensadoras de “incrementos” en el valor de los suelos, se les suponen serias dificultades para resistir las malas prácticas y la corrupción. Probablemente sea éste uno de los proble­mas más importantes con los que se enfrenta la planificación urbanística en el momento actual.

Es una asignatura pendiente dotar a las corporaciones municipales de herramientas que eviten esto, de manera que solo se clasifique el suelo necesario sin comprometer las necesidades y decisiones de las generaciones futuras, que incluye a las corporaciones municipales futuras que deben tener derecho a desarrollar sus propias políticas y sus modelos de ciudad. Por aquello de tener en cuenta el impacto de cualquier actuación constructiva que permanecerá largo tiempo determinando posteriores desarrollos.

Hasta ahora no se ha tomado en Andalucía ninguna medida legislativa para luchar contra la especulación urbanística. Partimos de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado, con exceso de suelo clasificado, y eso se contradice con la propia idea de la necesidad de agilización. Lo que en realidad tocaría es reconsiderar la ocupación expansiva del suelo, y primar la reuti­lización y rehabilitación del patrimonio construido y del entorno urbano y periurbano degradado.

Un hecho preocupante constatado es que porcentajes variables de los terrenos con los que se especula pertenecen a suelo municipal. Requeriría una explicación por parte de la autoridad municipal el motivo de la privatización de espacios públicos. Además del listado de incumplimientos en materia urbanística y de protección de suelos, especialmente en el litoral, hay una enorme cantidad de suelo que se ha clasificado en los últimos 30 años y que se continúa clasificando, una cantidad excesiva, injustificada, socialmente injusta, económicamente devastadora y ambientalmente insostenible. Sin embargo, parece que el cortoplacismo de rentabilidades y plusvalías inmediatas desdibujan problemas ulteriores, que quizá corresponda resolver a otros, instalados como estamos en el cortoplacismo de una legislatura.

Hay, por ejemplo, suelos de interés agrícola clasificados como urbanizables que no precisamos urbanizar y sí proteger para garantizar la soberanía alimentaria de nuestras áreas metropolitanas. Y si esos suelos “urbanizables” -que no son necesarios y tienen alto valor productivo agrícola o paisajístico- se destruyen, perderemos una riqueza difícil de recuperar. Y es que, los cambios de uso del suelo han degradado considerablemente los tradicionales paisajes agrarios en mosaico del Mediterráneo de los que Andalucía tiene gran diversidad.

Los objetivos planteados en el anteproyecto de la ley parten del cuestionamiento de la coexistencia de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que fueron modificadas en tantas ocasiones desde sus respectivas entradas en vigor que han quedado convertidas en textos carentes de coherencia que no dan respuesta a las “necesidades urbanísticas” de la comunidad autónoma. Lo que no aclara el ejecutivo del PP y Ciudadanos es cómo identificar y delimitar esas supuestas “necesidades urbanísticas”. La LOTA sufrió 12 modificaciones de diverso alcance. La LOUA, por su parte, sufrió el mismo número de cambios, aunque en casi la mitad de tiempo de vigencia. Quizá han quedado obsoletas, pero es importante que su sustitución sea debatida y reflexionada en profundidad por toda la ciudadanía que se vaya a ver afectada por las consecuencias de esta nueva ley.

La elaboración de la nueva norma se quiere aprobar en la presente legislatura. Para orientar el sentido de la misma, se debe tener claro el objetivo que se persigue, sin embargo, lo único que se aclara de partida es que nace con el firme propósito de recortar de manera sustancial los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento (tal y como ya ha hecho el gobierno autonómico con el decreto-ley 2/2020 de 9 de marzo); que quiere hacer descansar el desarrollo urbanístico y territorial en las corporaciones municipales en un alto grado; y que fomentará la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento, otra cuestión que genera dudas por el menoscabo que suele suponer para las arcas públicas.

Ojalá durante el trámite parlamentario, los legisladores se guíen mas por la prudencia que por intereses económicos de dudoso interés general.

Hace ya años que aparece la demanda de la “libertad de elección de centro” por parte de partidos y organizaciones que declaran su afinidad por un sistema liberal de organización social. Pero, ¿que se dice realmente cuando se pronuncia esa frase?, ¿qué tipo de sociedad y educación dibuja?

Demandan que no se zonifique la ciudad por distritos para que cada uno pueda elegir el centro que desee esté donde esté y no se imponga nada a las familias, porque éstas tienen derecho a elegir el centro escolar que consideren mejor. Hay que señalar que la gran mayoría de las familias elige el más cercano a su casa.

A lo largo de todos los años que el PP ha tenido el gobierno de la ciudad de Valencia y de la Generalitat, desde los centros escolares y desde el Consejo escolar municipal de Valencia, se le ha pedido insistentemente al ayuntamiento la realización de un estudio sobre la zonificación de Valencia y sus consecuencias. Nunca se realizó, y se nos negaron los datos para poder hacerlo a los representantes de la comunidad educativa. ¿Por qué?, porque se hubiese visualizado cómo los decretos de admisión de alumnos de la Conselleria de Educación, iban encaminados a favorecer la selección de alumnado por parte de los centros privados-concertados. También, el distrito único del PP del que decían favorecía la libre elección de centro por parte de las familias, ha hecho que no se visualizara la falta de centros educativos en determinados barrios, ya que el ayuntamiento realizaba un cómputo global de todas las plazas escolares existentes y de toda la población en edad escolar de toda la ciudad y si cuadraban los dos, concluía que había suficientes plazas escolares y no era necesario ningún centro más. Consecuencia, barrios con muchos centros privados-concertados y pocos públicos, y barrios con falta de plazas escolares. Los pocos centros públicos reformados, ampliados o construidos lo han sido por el esfuerzo de la comunidad educativa en su reivindicación incansable y permanente.

Los que exigen la libertad de elección de centro, o no saben cómo funciona el tema o mienten y enredan descaradamente. Todas las familias pueden pedir el centro que consideren oportuno, y si hay plazas, se le adjudicará. Pueden elegir el centro que deseen que si hay plazas la obtendrán. Entonces, ¿por qué insisten en algo que ya está?, porque lo que se busca es que los centros puedan seleccionar al alumnado, no el alumnado al centro. ¿Y cómo lo hacen?, necesitan dos caminos:

1- que no se zonifiquen los centros por distrito, si no que toda la ciudad entera sea un distrito.

2-los factores de baremación. Si puntúas el ser antiguo alumno (padre, madre, hermanos) y además le das un punto extra al centro que puede aplicar bajo el criterio que considere conveniente, estás facilitando que al centro vayan quienes el centro decide, porque los criterios de baremación hacen que les des mas puntos a las familias que más te interese tener en el centro.

Los decretos de admisión y baremación del alumnado deben garantizar en todos los centros la calidad educativa, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la importancia de oferta pública en todos los barrios, sin embargo se ha utilizado todos estos años atrás para seleccionar y elegir al alumnado por determinados centros, poniendo en peligro todo lo anterior.

Quienes abogan por esa falsa “libertad de elección de centros”, también manifiestan que deberían tener subvenciones para poder llevar a sus hijos e hijas a centros privados, ya sea por medio de un cheque escolar o deducciones importantes en la renta. Ese es su verdadero objetivo.

Pero olvidan que la educación no es un negocio, es un derecho humano que sólo desde lo público se puede garantizar, llevando la educación no sólo a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales de poca población y a los lugares más recónditos de nuestra geografía.