Sin duda, es posible hacer importantes consideraciones sobre las excelencias de la Comunidad de Madrid. El asunto cobra otro alcance si nos centramos no tanto en las políticas globales o en la proclamación de peculiaridades de nuestra región, cuanto en las efectivas necesidades y en el modo en que se hacen realidad los recursos y oportunidades para resolverlos. Todo adquiere otra perspectiva si la política se plantea desde la existencia concreta de los ciudadanos. Y se requiere esa mirada. Y entonces no basta con la descalificación de los demás. Será preciso dilucidar, debatir y decidir, tras argumentar adecuadamente. Así, en lugar de limitarnos a decir que hay menos paro, nos preocuparemos de las personas que, aun teniendo empleo, no logran las condiciones para una vida digna, de calidad. Trabajo precario, o mal remunerado, o de más horas que las pagadas, con contratos breves… En definitiva, con tal tasa de temporalidad que les dejan en situación de vulnerabilidad. Que el 51% de los desempleados en la Comunidad de Madrid no tenga prestación alguna, que el 58’6% de los parados sean mujeres, que persista la brecha de género en las condiciones y remuneración es suficientemente elocuente.

Ante la persistente desigualdad, solo con adecuadas políticas públicas, servicios públicos y políticas sociales es posible lograr la cohesión y la paz social, que se sustenta en el respeto a los derechos.

Madrid dispone de magníficos centros de salud y centros de enseñanza. Pero no podemos refugiarnos en ello, ni en la subrayada, con razón, competencia de los profesionales. Mientras la atención primaria o las listas de espera quirúrgica no se mejoren, no cabe hablar de excelencia. Mientras las infraestructuras no se atiendan adecuadamente o no haya una efectiva igualdad de oportunidades en la educación, mientras no sea realmente inclusiva, mientras la falta de recursos impida una enseñanza más personalizada, con mayor apoyo al profesorado o planes eficaces de permanente formación, mientras quepa aún hablar lamentablemente de ámbitos de segregación, no bastará ampararse en los resultados de PISA para hacer declaraciones gradualmente sobre la educación en la región, cuando, a la par, es la que menos invierte para ello por habitante.

Si mantenemos esta mirada, pronto comprenderemos que hemos de ser capaces de identificar las urgencias y emergencias sociales y afrontar la desigualdad, y la pobreza, ha de ser una prioridad.

Y entonces el debate sobre la Renta Mínima de Inserción no será una polémica economicista. Ni lo será el problema del acceso a la vivienda, desde el sinhogarismo hasta el alquiler, desde la carencia de pisos de protección, falta de viviendas públicas, que dificulta la emancipación de los jóvenes y las adecuadas condiciones de vida de no pocos. Aquí también se quebranta la igualdad de oportunidades. Obstaculizando el acceso a la vivienda a jóvenes y rentas moderadas se agudiza la exclusión social. Y el drama de los desahucios sigue pendiente de solución, a pesar de que se haya incrementado la conciencia social del problema.

Planteadas las prioridades, se establece con mayor claridad el campo de juego de los necesarios acuerdos políticos o sociales. Si nos centramos en las efectivas urgencias y necesidades, podremos conjuntamente dilucidar cuáles son las prioridades y hará falta generosidad para anteponerlas a cualquier otro interés. De poco sirve hacer ostentosas declaraciones si desconsideramos la vida real de la ciudadanía de Madrid. En ocasiones, las dificultades para el transporte o la movilidad, las aglomeraciones, incidencias, retrasos o carencia de servicios, cuando no la falta de conexión territorial mediante el transporte adecuado, se ven acompañados de la insuficiente dotación presupuestaria para resolver grandes problemas, como los planteados en el Metro o en trenes de cercanías.

Esto no se resolverá ni con descoordinación institucional, ni desde una falta de asunción de responsabilidades, ni desde el aislamiento partidista. Si así sucediera, la región se desmembrará por la pérdida de cohesión social. Los ciudadanos esperan un eficiente plan de ordenación territorial y un diálogo sostenido con los municipios, un verdadero pacto local para lograr con transparencia y eficiencia la distribución de los recursos a fin de garantizar buenos servicios públicos y sanidad, educación y transporte de calidad.

De este modo, la sostenibilidad será social, económica, política y medioambiental, a fin de evitar todo tipo de contaminaciones.

Puesta así la mirada en los problemas sobre la calidad de vida de toda la población, consideramos que Madrid necesita un cambio, otro gobierno y otra política. Otro modo de hacer y de ver, con dignidad y eficiencia, donde la economía, la planificación urbana y los servicios sociales procuren un progreso justo. Madrid se merece este cambio y cabe lograrlo.