Sin embargo, cada nuevo ciclo presupuestario reabre una pregunta incómoda: ¿estamos utilizando bien esos recursos? La cuestión ya no puede limitarse a cuánto dinero hay disponible ni a qué porcentaje se ejecuta. Importa, sobre todo, si esos fondos llegan a los problemas adecuados, si se integran en estrategias territoriales coherentes y con continuidad en el tiempo, y si las administraciones que deben aplicarlos tienen capacidad real para hacerlo. La próxima negociación del Marco Financiero Plurianual 2028‑2034 se está fraguando en un contexto de presiones contradictorias: demandas de más gasto en seguridad y defensa, debates sobre condicionalidad y voces que cuestionan el tamaño y el sentido mismo de la Política de Cohesión. En ese escenario, no está garantizado que la cohesión conserve el mismo peso ni la misma lógica territorial que ha tenido hasta ahora.

En ese debate aparece una pieza menos conocida, pero cada vez más relevante: la evidencia territorial. Europa dispone de datos, mapas, análisis comparados y estudios que permiten entender mejor sus desigualdades, sus capacidades y sus diferentes modelos de gobernanza. La Red Europea de Observación para el Desarrollo Territorial y la Cohesión (ESPON por sus siglas en inglés) ocupa un lugar central en esa infraestructura de conocimiento, con la función de conectar investigación territorial y políticas públicas para que las decisiones sobre cohesión, desarrollo urbano o cooperación se apoyen en evidencia empírica. En ese marco se inscribe URDICO, un proyecto centrado en cómo se materializa la dimensión urbana de la cohesión en ciudades concretas.

La Política de Cohesión no es solo Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE): es una arquitectura de gobernanza compartida entre la Unión Europea, los Estados, las regiones y las ciudades. Obliga a pactar prioridades, diseñar programas, seleccionar proyectos, medir resultados y rendir cuentas. Interreg completa ese marco desde otra lógica, convirtiendo fronteras y áreas funcionales en espacios de cooperación donde administraciones de distintos países comparten diagnósticos y ensayan soluciones comunes. ESPON aporta una tercera dimensión, la de la inteligencia territorial, que traduce fenómenos complejos en información útil para responsables públicos. Mientras los FEIE aportan capacidad financiera e Interreg ofrece cooperación práctica, ESPON ayuda a formular mejores preguntas: qué territorios acumulan vulnerabilidades, qué modelos de gobernanza funcionan, qué efectos reales producen las políticas europeas sobre ciudades y regiones concretas.

URDICO analiza cómo ocho ciudades europeas, entre las que se encuentra Valencia, utilizan fondos europeos, cómo interactúan con autoridades regionales y nacionales, y hasta qué punto esos recursos se alinean con estrategias urbanas de largo plazo. Su valor no está en cuantificar cuánto dinero europeo llega a cada ciudad, sino en mirar la gobernanza: quién decide y quién ejecuta, cómo se coordinan las administraciones y qué capacidad tienen los ayuntamientos para influir en la programación y aplicación de los fondos. Esa mirada es esencial porque la dimensión urbana de la cohesión no funciona igual en todos los países: en algunos casos, las ciudades participan de manera relevante en el diseño y ejecución de los programas; en otros, actúan sobre todo como beneficiarias de convocatorias definidas en niveles superiores. La conclusión de fondo es clara: los fondos europeos a nivel local funcionan mejor cuando las ciudades no son meros receptores de recursos, sino actores con capacidad para conectar prioridades europeas con estrategias locales y mecanismos de ejecución evaluables. La transición verde, la digitalización, la movilidad, la vivienda o la innovación no se ejecutan en abstracto: se ejecutan en barrios, áreas metropolitanas, polígonos industriales y redes de transporte concretos.

Hace ahora un año, mi participación en el Urban Living Lab del caso de Valencia, celebrado en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València en el marco de URDICO, confirmó una intuición habitual en la gestión de fondos europeos: el problema no está solo en obtener recursos, sino en conectarlos con capacidades administrativas, estrategias urbanas y responsabilidades claras de ejecución. Pasar de una prioridad europea a un proyecto real exige equipos técnicos, coordinación institucional y seguridad jurídica. Por eso, hablar de cohesión no debería reducirse a hablar de absorción financiera. Ejecutar fondos es imprescindible, pero no suficiente: una política puede gastar mucho y transformar poco si los proyectos no responden a una estrategia clara, igual que puede generar resultados duraderos si, además de financiar actuaciones, mejora la capacidad de las administraciones y deja aprendizajes útiles para futuras políticas.

Este debate será especialmente importante en el ciclo 2028‑2034. Hay un consenso extendido sobre la necesidad de simplificar normas, reducir cargas administrativas y facilitar la gestión: muchas administraciones locales, especialmente las de menor tamaño, se enfrentan a procedimientos complejos, controles exigentes y plazos difíciles de compatibilizar con sus capacidades reales. Pero simplificar no debería confundirse con recentralizar. Una Política de Cohesión más sencilla desde el punto de vista administrativo, pero más alejada de ciudades y regiones, podría perder una de sus mayores virtudes: la capacidad de adaptarse a realidades territoriales distintas. La cuestión no es solo quién gestiona más rápido, sino quién conoce el territorio, quién integra las inversiones en una estrategia coherente y quién responde de sus efectos sobre la vida cotidiana. La escala importa, y no siempre la mayor es la más eficaz.

La evidencia territorial puede ayudar a evitar ese falso dilema. ESPON permite comparar modelos e identificar qué combinación de instrumentos funciona mejor en cada contexto. Interreg permite probar soluciones y transferir aprendizajes entre territorios. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) pueden convertir esas lecciones en inversiones reales. El reto es que estas tres piezas funcionen conectadas. Para ello conviene también revisar cómo medimos el éxito: demasiadas veces evaluamos la Política de Cohesión por el porcentaje de ejecución, el ritmo de certificación o el número de proyectos aprobados. Son indicadores necesarios, pero incompletos. Hay que medir también si los fondos refuerzan capacidades institucionales, si mejoran la coordinación entre administraciones y si generan cambios sostenibles en los territorios. No basta con saber cuántas actuaciones se han financiado, sino saber si han contribuido a una ciudad más cohesionada e inclusiva, a una economía más innovadora y verde o a una administración mejor preparada. Ese salto es el que distingue el gasto de la inversión, y es precisamente donde programas como ESPON pueden aportar valor añadido.

Europa no carece de diagnósticos. Lo que necesita es reforzar la conexión entre evidencia, financiación e implementación: que los mapas no se queden en presentaciones, que los informes no terminen en cajones y que los fondos no se fragmenten en proyectos desconectados. En un contexto de transiciones profundas y una negociación presupuestaria que reabrirá el reparto de prioridades europeas para 2028‑2034, esa conexión no es un lujo tecnocrático, sino una condición para que la cohesión siga siendo algo más que un palabra noble. La política territorial que viene no necesitará solo más recursos. Necesitará mejores decisiones, mejores capacidades y la convicción de que el conocimiento territorial no es un adorno del proceso político, sino su punto de partida. En definitiva, una Europa capaz de pasar de los mapas a la acción.

La Agenda 2063 es el horizonte político que el continente se ha dado a sí mismo: integración, industrialización, buena gobernanza, papel activo en el sistema internacional. No es un catálogo de buenas intenciones elaborado para el consumo externo, sino un proyecto político africano que parte de una premisa esencial: el futuro del continente será decidido, en primer lugar, por los propios africanos. Pero ese proyecto no se limita a carreteras, aduanas o mercados. También afecta a algo menos visible: quién produce conocimiento sobre África, desde qué categorías y con qué capacidad de influencia. La soberanía cognitiva, que podría definirse como la capacidad de definir los propios diagnósticos, métricas y relatos, forma parte de esa arquitectura.

Dentro de ella, la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLECAf) representa probablemente el mayor proyecto de integración económica en marcha hoy en el mundo. Un mercado potencial de más de 1.500 millones de personas (As Africa's Population Crosses 1.5 Billion, The Demographic Window is Opening, UNECA, 2024), cadenas de valor regionales, la posibilidad de avanzar desde economías todavía demasiado dependientes de la exportación de materias primas hacia estructuras productivas con mayor transformación local. En su informe Making the Most of the AfCFTA (2022), el Banco Mundial estima que su plena implementación podría aumentar los ingresos del continente en 571.000 millones de dólares y sacar a 50 millones de personas de la pobreza antes de 2035. Son cifras que justifican la ambición. La palabra que las condiciona, sin embargo, es “implementación”.

El problema es que el comercio entre países africanos sigue representando apenas entre el 15% y el 18% del total del comercio del continente (African Trade Report 2025, Afreximbank), una proporción que contrasta con lo que ocurre en Europa o Asia, donde el intercambio intrarregional supera ampliamente la mitad del total. Las razones no son misteriosas: costes logísticos que encarecen cualquier transacción, infraestructuras fragmentadas, sistemas de pago que no se hablan entre sí, burocracia fronteriza que en muchos casos pesa más que los propios aranceles. Firmar un acuerdo de libre comercio es un acto político. Convertirlo en un sistema que funcione para quienes comercian, producen o transportan es otra cosa: un proceso de construcción institucional que solo produce resultados cuando se mide en experiencias concretas, no en documentos suscritos.

La integración vale por lo que cambia en la vida de un comerciante que cruza una frontera, de una empresa que accede a un mercado vecino sin perder semanas en trámites, de una joven profesional que encuentra capacidades y oportunidades dentro del continente en lugar de verse empujada a buscarlas fuera. No se decreta: se construye cuando reduce costes reales, genera capacidades productivas propias y amplía el margen de decisión de quienes participan en ella. En ese terreno, la distancia entre lo firmado y lo vivido sigue siendo enorme.

A todo esto, se añade una dimensión demográfica de primer orden. Según Naciones Unidas, África tiene hoy una mediana de edad de diecinueve años (World Population Prospects 2024 Revision) y su población superó los 1.500 millones en 2024. Para mediados de siglo, uno de cada cuatro seres humanos será africano, y la población en edad de trabajar habrá crecido a una escala sin precedentes en ninguna otra región del mundo. Esa generación no puede ser solo un dato en los informes de organismos internacionales: necesita mercados accesibles, capacidades productivas propias y marcos institucionales que no la empujen a emigrar como única salida. La presión demográfica puede ser una palanca de transformación o una fuente de inestabilidad creciente. La diferencia la hará, en buena medida, la calidad de los procesos de integración regional.

Pero la honestidad obliga a nombrar los límites. El Sahel atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de las últimas décadas: golpes de Estado sucesivos en Mali, Burkina Faso y Níger, insurgencias que se expanden hacia el golfo de Guinea, desplazamientos masivos, erosión del Estado en amplias zonas del territorio. Es difícil construir mercados regionales sólidos sobre territorios atravesados por violencia persistente y colapso institucional. El cambio climático no es un capítulo aparte de ese diagnóstico, sino una condición material que lo atraviesa: sequías más intensas, cosechas amenazadas, inseguridad alimentaria que en 2024 afectó a 307 millones de personas en el continente según The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO), migraciones internas que presionan sobre ciudades sin infraestructuras suficientes. África contribuye de forma marginal a las emisiones que generan ese deterioro. Las consecuencias las paga de forma desproporcionada. A esa fragilidad estructural se añade una competencia geopolítica que se ha intensificado notablemente: China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, Turquía, los países del Golfo Pérsico… actores distintos, lógicas distintas, pero todos con presencia creciente en África y todos atentos a sus recursos, sus mercados y sus posiciones estratégicas. El continente no es un tablero pasivo en esa disputa. La respuesta más sólida a esa presión no es el repliegue, sino la integración: cincuenta y cinco economías fragmentadas negocian en condiciones radicalmente distintas a las de un bloque con mercado unificado y voz política común. Una Unión Africana bien implementada es también un instrumento de soberanía, tanto en lo económico como en lo político.

Europa suele mirar África desde la migración, la cooperación o la seguridad. El Día de África propone otra lectura: la de un continente que intenta construir integración, capacidad propia y poder de negociación, y que reclama también el derecho a definir sus propios diagnósticos y relatos, sin que los términos del debate le vengan dados desde fuera. El protagonismo de ese proceso pertenece a quienes lo construyen. África no merece ser narrada como problema ni como promesa abstracta: necesita ser entendida como sujeto político de su propia transformación. El siglo XXI será más africano si la integración consigue pasar de los comunicados oficiales a la experiencia diaria de sus sociedades, no a fuerza de proclamarlo.

Precisamente porque el balance es tan positivo, conviene preguntarse cómo mantener viva la coherencia entre los valores proclamados y las políticas aplicadas, sobre todo cuando los acontecimientos plantean dilemas morales de gran calado. Merece la pena reproducir íntegramente el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992): La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin embargo, algunas sombras se ciernen sobre el alabado proyecto europeo. El Mediterráneo, escenario de un drama humano que deja miles de vidas perdidas cada año, continúa tratándose en exceso como un asunto de “gestión de flujos” y permanentemente vinculado a temas de seguridad, dejando de lado lo que realmente es, una obligación moral de protección pues es evidente, que valores fundacionales de la Unión, como la solidaridad o la dignidad humana, están siendo claramente ignorados. A ello se añade un creciente discurso xenófobo y de odio, amparado por una visión sesgada y errónea del fenómeno migratorio y aireado sin ningún tipo de escrúpulo por formaciones claramente antieuropeas, que trae consigo recuerdos de la época más oscura de Europa. La Unión, con políticas migratorias que no piensan en personas sino en cifras, añade oxígeno a este discurso, en lugar de confrontarlos a sus valores fundacionales y combatirlo con políticas más humanas y realistas. Diversos análisis apuntan a la necesidad de reorientar la agencia Frontex hacia tareas de salvamento con un mandato claro, de abrir vías legales que reduzcan la exposición a las mafias o de repartir la mejor acogida sobre criterios objetivos de población y riqueza; en definitiva, de situar la dignidad humana, piedra angular de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el centro de la política migratoria; su artículo primero así lo mandata: la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. Por ello, cabe afirmar que una Unión que aspira a liderar la transición ecológica y digital no puede permitir que su frontera marítima sea, a la vez, la frontera de su credibilidad ética contra sus propios valores fundacionales.

Si la crisis humana en nuestro mar cuestiona la solidaridad interna, la devastación de Gaza interpela a la coherencia externa. Las cifras son absolutamente estremecedoras —decenas de miles de muertos (en su mayoría niños, niñas y mujeres) y casi dos millones de desplazados— y existen indicios más que evidentes de genocidio según Francesca Albanese, la Relatora Especial de la ONU. El propio reglamento sancionador de la UE (Reglamento UE 2020/1998) permitiría medidas contra quienes violan gravemente los Derechos Humanos, exactamente igual que se ha hecho en el caso de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, hasta la fecha se ha producido poco más que algunos anuncios tímidos de posibilidad de revisión del Acuerdo de Asociación Israel-UE, además de quedar patente, por sus propias declaraciones, el apoyo prácticamente incondicional de Ursula Von der Leyen y Kaja Kallas (presidenta de la Comisión Europea y alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, respectivamente), cuando la fuerza normativa y moral de la Unión depende de aplicar un único rasero y tomarse la exigencia del respeto sistemático de los Derechos Humanos como un mantra, pero no solo en las palabras, sino también en los hechos, pues un orden internacional basado en reglas exige coherencia para resultar verosímil y efectivo.

Ambas crisis evidencian límites institucionales que la próxima reforma de los Tratados debería encarar: la regla de la unanimidad que paraliza decisiones cruciales, la ausencia de un Tesoro europeo capaz de financiar bienes públicos comunes y la todavía débil capacidad totalmente vinculante del Pilar Social. Completar la unión fiscal, extender la codecisión del Parlamento Europeo a política exterior y contar con un comisariado de Derechos Fundamentales avalado por poderes ejecutivos no son ejercicios académicos, sino medios para que la Unión responda con la rapidez y la legitimidad que exige la ciudadanía cuando la realidad golpea a la puerta.

España, que hace cuarenta años ingresó como periferia y hoy se ha convertido en actor influyente, puede desempeñar un papel decisivo impulsando este giro. Su experiencia con la Política de Cohesión, la Política Agraria Común o el Next Generation EU, su estructura cuasi-federal o su posición geográfica la sitúan en primera línea para proponer un Pacto de Salvamento Mediterráneo y para abogar por un enfoque equilibrado y basado en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional respecto a Palestina. De esa coherencia a nivel de la UE dependerá que el europeísmo mantenga el impulso cívico que lo ha caracterizado desde 1985.

Celebrar el aniversario, en suma, significa renovar el compromiso con una Europa social, democrática, medioambientalmente sostenible y respetuosa, y eficaz; una Europa que salve vidas cuando la frontera se convierte en naufragio, que actúe ante vulneraciones graves de derechos sin dobles raseros y que ofrezca prosperidad compartida en la transición verde y digital. Si dentro de otras cuatro décadas queremos seguir citando cifras de progreso con la misma convicción, hoy toca tomar decisiones que estén a la altura de las palabras inscritas en los tratados y de las expectativas de quienes confían en que la Unión represente —dentro y fuera— la defensa incondicional de la dignidad humana. Ya lo dijo Kant, uno de los padres del pensamiento europeo: actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio.

Este rechazo, sostiene Cortina, no es solo una cuestión de prejuicio social, sino que se convierte en una cuestión de ética y justicia. En esta línea, Kant, en su imperativo categórico, señala: “actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio”. Este principio nos lleva a considerar la inmigración y la acogida de refugiados desde una perspectiva de universalidad y, por tanto, de reciprocidad. Si fuéramos nosotros quienes nos viéramos obligados a huir de nuestras tierras, ¿no querríamos ser recibidos con dignidad y respeto en otro país?

Curiosamente, los movimientos de extrema derecha, en auge en Europa, generalmente cercanos a cultos cristianos profundos y solemnes, suelen ser los más reacios a aceptar al diferente, lo que parece del todo incoherente. Sin embargo, son numerosos los ejemplos de las Sagradas Escrituras en los que se incita a actuar al contrario. Jesús en el Evangelio de Mateo atestigua: “porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis” (Mateo 25:35). En otras palabras, la acogida al extranjero va más allá de la bondad; es, más bien, una obligación moral que deriva de reconocer la humanidad compartida que todos poseemos, de nuevo, su universalidad. Cuando no se trata de bulos sin ningún fundamento, los muy discutibles argumentos de estos movimientos suelen ir en la línea de los riesgos de sobrecarga de los sistemas de bienestar, una mayor presión sobre la competencia laboral, o la alteración de la identidad nacional -¿acaso no somos ya una preciosa mezcla de orígenes?-, como si estos fueran superiores al deber moral humano y cristiano de socorrer y ofrecer un trato digno a personas que huyen de situaciones de violencia, persecución, pobreza extrema o crisis climática, cuando simplemente buscan un lugar donde reconstruir sus vidas y las de sus hijos.

En aras de los avances sociales y del imperativo religioso, el deber moral debería ser suficiente. Si no, en cualquier caso y siguiendo con la tesis de Adela Cortina, la historia nos enseña que las sociedades que han sabido integrar a las personas extranjeras han salido fortalecidas, en términos económicos, culturales y sociales. Las personas inmigrantes aportan diversidad, innovación y una renovada energía a las sociedades que los acogen, pero se les debe dar la oportunidad de hacerlo. Desde una perspectiva kantiana, la exclusión basada en el temor a la pobreza no puede justificarse moralmente, porque estaríamos ante la negación del deber ético de tratar a todos los seres humanos como fines en sí mismos.

La aporofobia, como otros tipos de fobias sociales (homofobia, transfobia, xenofobia…) erosiona la cohesión social y la solidaridad entre las personas. Además, la auténtica riqueza de una sociedad se mide también por su capacidad para acoger, integrar y dar oportunidades a todos sus miembros. El rechazo a las personas extranjeras es, en última instancia, un rechazo a nuestros propios valores europeos esenciales, aquellos fundamentados en nuestra moral y tradición cristiana. Es más, en el mundo actual, global e interconectado, las responsabilidades en torno a catástrofes naturales o humanas se diluyen, cuando quizá todos y todas deberíamos sentirnos responsables de nuestro mundo -que no culpables-, para actuar con conocimiento de causa. En consecuencia, la lucha contra la aporofobia, en el contexto de la Europa actual, es una batalla necesaria por la justicia social, pero también por el alma misma de nuestra sociedad. Necesitamos recordar que cada persona que busca refugio entre nosotros es, ante todo, un ser humano con derechos y dignidad. Solo cuando seamos capaces de ver más allá de nuestros temores y prejuicios, y de actuar con ética y compasión, podremos construir una Europa libre de sus propios miedos, verdaderamente justa y solidaria, y coherente con sus principios fundacionales. In varietate concordia.

Contigo he comprado yemas de Santa Teresa a las monjas de clausura de un convento en Ávila, he paseado por el iluminado cementerio de Béjar el día de Todos los Santos, he subido al trenet de Sóller, me he bañado en Benidorm, he hervido de fiebre en Murcia y me he reído con la tortilla cordobesa. He pisado la Alhambra, la Giralda, el Corral de Comedias de Almagro y la Mezquita de Córdoba, y he palpado el Acueducto de Segovia. He vomitado en Granada, he comido huesitos de santo como si se acabara el mundo, he ido de excursión por las Tablas de Daimiel y he leído El Loco de Kahlil Gibran. He pateado casi tantas plazas mayores como deben existir, me he chopado en Badajoz - ¿Cuántos años hacía que no llovía?-, he subido a la Torre Eiffel y he visto al Divino Morales en Arroyo de la Luz. He cruzado tantos puentes como ríos y hasta he hecho de traductor en París.

Claro que no recuerdo todo pero contigo he subido a trenes y autobuses que nos han llevado a lugares más o menos recónditos, y siempre he vuelto con lo aprendido, la experiencia y... ¡souvenirs, souvenirs! De niño lo disfrutaba como el que más, pero el valor real de todo aquello se lo he ido dando mucho más tarde. Podría vivir sin viajar, pero no debo, van de la mano. GRACIAS.

Recordaba imágenes y noticias en televisión sobre el cerco a Sarajevo, las víctimas de los francotiradores, los paralimilitares serbobosnios, o la matanza de Srebrenica y con ella la historia oscura de los cascos azules de la ONU. También personas talando los árboles de los impetuosos bosques que rodeaban la capital bosnia con el único fin vital de conseguir leña con que calentarse. En otro momento, flanqueado por dos excelentes amigos e inmejorables compañeros de aventura, realicé un viaje de placer y conocimiento a algunas zonas del Adriático, que pronto resultó ser un viaje de descubrimiento personal. De aquel momento, recuerdo los edificios de Mostar y de Sarajevo todavía perforados por las balas del genocidio, edificios que habían quedado a medio construir con abundante vegetación en su interior, el Holiday Inn, donde se alojaban los periodistas internacionales que cubrían la contienda y que fue atacado por los invasores, la mítica biblioteca de Sarajevo en plena reconstrucción y el espléndido puente de Mostar por fin regenerado. También recuerdo un sinfín de templos musulmanes, ortodoxos, católicos y judíos, y el semiabandonado estadio de los Juegos Olímpicos de invierno de 1984, todos ellos símbolos de lo que esta urbe había sido en una vida anterior.

Más recientemente he podido leer una breve, excelente y muy recomendable novela, “El Violonchelista de Sarajevo”, de Steven Galloway, que facilitó el reinicio de mi sistema nervioso, probablemente algo adulterado por la influencia de la sociedad de consumo donde, todavía, lo importante parece ser lo que se tiene y no tanto lo que se hace, y mucho menos lo que se siente. Hoy soy un orgulloso padre de dos pequeños ciudadanos. Pero aquel día frente al Mediterráneo me invadió el asco, aderezado con una insoportable combinación de indignación e impotencia. Los asesinatos en masa perpetrados contra sirios indefensos e inocentes de todas las edades, con armas convencionales y químicas, me recordó que la esperanza es muy limitada y que caduca con la muerte. Según los medios, el ataque químico a Jan Sheijun, parecía haberse cobrado la vida de al menos 86 personas, un tercio de las cuales eran niños y niñas.

No descubro nada al decir que los sinsentidos geopolíticos continúan sucediéndose día tras día en múltiples escenarios, algunos de sobra conocidos, otros más exóticos, todos igualmente letales. Y hoy asistimos al abandono de Afganistán por parte de las tropas de Estados Unidos, después de tantos años contribuyendo activamente a dejar esas tierras hechas unos zorros y a sus pueblos a merced de los talibanes. La ciudadanía debe tomar conciencia. Es cierto que el impacto directo de nuestras acciones individuales es muy limitado, pero alzar la voz y mantenerla en alto es un buen comienzo. Y de paso resetear nuestras particulares CPU, aunque sea pensando sentados en los escalones de un teatro frente al Mediterráneo.

A modo de síntesis de la afectación histórica del FSUE, cabe señalar que a finales de 2019, España se había beneficiado de éste en cuatro ocasiones: incendios forestales (2003 y 2017), crisis del Prestige (2003) y terremoto de Lorca (2011), con una ayuda total de 34,2 millones de euros, aunque muy por detrás de estados como Italia (2.792,9 millones), Alemania (1.002,9 millones), Francia (252,6 millones), o el Reino Unido (222,6 millones). Concretamente, España solamente recibió el 0,6% de los 5.535,6 millones de ayuda correspondiente al FSUE desde su creación en 2002, y no parece que la causa pudiera ser la ausencia de catástrofes naturales, en un territorio acostumbrado a incendios forestales, lluvias torrenciales o desbordamiento de ríos.

Es lógico pensar que el factor tamaño es significativo desde el punto de vista de la afectación de catástrofes naturales, aunque el factor umbral, que marca unos daños mínimos territorializados, es claramente determinante: Austria, Eslovenia, la República Checa o Serbia también han recibido ayudas del FSUE por encima de las percibidas por España. Quizá, una reducción de los umbrales de daños mínimos permitiría la adecuación del instrumento a las características geográficas, climatológicas y territoriales de las regiones españolas, y se alcanzaría un reparto más equitativo. Obsérvese que es muy poco probable que se alcance los umbrales mínimos para percibir el FSUE por el temporal Gloria de enero de 2020 que afectó a la Comunitat Valenciana.

En septiembre de 2019, la depresión aislada en niveles altos (DANA) descargó ingentes cantidades de agua en el este peninsular y afectó en gran medida a las comarcas de la Vega Baja y de la Vall d'Albaida, resultando en importantes daños en diversos ámbitos como la agricultura, las infraestructuras, los comercios, o las viviendas. La colaboración de las diferentes administraciones facilitó la estimación de los daños por parte de la Generalitat Valenciana, detallando buena parte de aquellas actuaciones de emergencia que podían ser elegibles bajo el paraguas del FSUE. Un inciso: este instrumento está concebido como un complemento solidario de los esfuerzos de los Estados miembros, lo que implica que la cuantía es escasa en relación con el daño sufrido y que se encuentra diseñado para cubrir solamente algunos conceptos muy concretos: a grandes rasgos, el restablecimiento de las infraestructuras de agua, saneamiento, energía, telecomunicaciones, transporte, sanidad y enseñanza, los alojamientos provisionales, los costes de los servicios de auxilio, la protección del patrimonio cultural y la limpieza de zonas siniestradas.

Dado que las Comunidades Autónomas no pueden presentar directamente solicitudes de financiación al FSUE -tarea únicamente reservada a los Estados miembros-, desde la Generalitat Valenciana se instó al Ministerio de Hacienda a solicitar el FSUE a fin de percibir la ayuda correspondiente por parte de la Comisión Europea que, una vez aceptada el pasado 30 de abril -y posteriormente aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE-, se cifró en 56,7 millones de euros para España, es decir, para los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, la Administración General del Estado y algunos ayuntamientos de municipios afectados, atendiendo al agregado de aquellas actuaciones elegibles de las distintas administraciones. De acuerdo con esta metodología, a nuestra región le corresponden algo más de 18 millones de euros, el 32% de la asignación total.

En relación con la dimensión de la catástrofe, es cierto que la percepción de estas cantidades es fundamentalmente simbólica. No obstante, responde a un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea. De hecho, de una manera muy singular que se enmarca en la respuesta de la UE ante la crisis del COVID-19, la normativa del FSUE se ha flexibilizado, pudiendo abarcar ahora crisis sanitarias además de catástrofes naturales. El FSUE es un instrumento conceptualmente muy significativo desde el punto de vista de la construcción y la integración europea aunque, desde una perspectiva normativa, todavía requiere que se aborde la disminución de sus umbrales o la posibilidad de que las regiones puedan solicitarlo directamente, con el objetivo de que resulte en un instrumento más efectivo para las regiones europeas en un contexto de cambio climático acelerado en que las crisis naturales y sanitarias tienen claros visos a ser cada vez más graves y frecuentes.

Entre otras medidas, destaca la relajación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya aplicación había provocado tantas restricciones de gasto público y social en los últimos años. También se ha propuesto una política de la competencia algo más laxa, que tiende la mano a ayudas estatales más permisivas, a fin de dotar de liquidez y apoyar de manera más eficaz a empresas y autónomos, generadores de riqueza y empleo en nuestras economías. Otra medida de calado es la propuesta consistente en incluir más posibilidades en cuanto a actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que va acompañada de alguna que otra de simplificación en el ámbito de la compleja gestión de los mismos, y de la puesta a disposición de mayores asignaciones financieras. Gracias a ello, a través del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pronto se podrá financiar infraestructuras, equipos, material sanitario y un amplio abanico de acciones en apoyo a las empresas y a los trabajadores. También se pretende ampliar el objeto del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, diseñado inicialmente y en términos generales para ayudar a los trabajadores y las trabajadoras que hubieran sufrido despidos como consecuencia de alteraciones en los mercados por causa de la globalización, y se prevé que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, destinado a cubrir el coste de acciones de urgencia para paliar los efectos de catástrofes naturales, esté ahora abierto a sufragar gastos relacionados con crisis sanitarias.

No hay poción mágica, pero todas son acciones importantes y bienvenidas. La mayoría toma su origen en la Comisión Europea, la institución que debe velar por los intereses comunes de la unión. Sin embargo es habitual, incluso en situaciones de bonanza económica, que algunos Estados miembros suelan comportarse de manera excesivamente celosa, probablemente movidos por intereses políticos cortoplacistas, y terminen bloqueando propuestas interesantes de la Comisión. Si ya en la negociación del futuro Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la UE, la pelea estaba en si el presupuesto de la UE debía estar en cifras más cercanas al 1,07% o al 1,30% (en términos de Renta Nacional Bruta media de los Estados que la componen) –lo cual parece, en cualquier caso, un presupuesto diminuto para lo que debería ser algún día un gran territorio federal, integrado y cohesionado–, hoy por hoy la discrepancia gira en torno a si un Estado en dificultades debe tirar del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que va acompañado de medidas de condicionalidad macroeconómica, al estilo de las reformas fiscales que padecimos en Grecia, Portugal o España a raíz de la anterior crisis financiera, o si en realidad Europa merece un ambicioso, potente y expansivo Plan Marshall que contribuya a apoyar a la economía europea en un momento decisivo de su historia. Si la crisis económica que llama a la puerta genera todavía más desafección y descrédito hacia la Europa supranacional, podríamos encontrarnos ante un problema político colosal.

La realidad es que la pandemia azota al mundo, tanto en términos sanitarios como económicos y sociales, y las herramientas con las que cuenta la Unión Europea para afrontarla son absolutamente insuficientes. La razón: la cerrazón y el egoísmo de algunos Estados, a menudo temerosos de perder posiciones o soberanía, al tiempo que la actualidad geopolítica evidencia que una unión de estados como esta, única por su naturaleza, complejidad y nivel de integración, debe ser capaz de responder al unísono, y de manera rápida, eficaz, cohesionada y solidaria, al mayor reto que afronta desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial. Parece que ha llegado el momento decisivo en que la ciudadanía europea debe tomar conciencia y posiblemente apostar por una Unión Europea que disponga de los medios para reaccionar y llevar a cabo las reformas y las políticas adecuadas en los ámbitos económico, fiscal, social, sanitario, medioambiental y humanitario –no olvidemos otra gran crisis, la humanitaria en el Mediterráneo–… antes de que el cielo se nos caiga encima.

En este contexto, la Comisión Europea acaba de publicar el Regional Innovation Scoreboard 2019, según el cual, la Comunitat Valenciana es una región innovadora con calificación “moderada” y obtiene una puntuación de 72,5 en el Índice de Innovación Regional, la quinta a nivel estatal –no se ha tenido en cuenta en este análisis a las ciudades autónomas–, por detrás del País Vasco (83,6), Cataluña (81,2), la Comunidad Foral de Navarra (79) y la Comunidad de Madrid (77,5). Desde el primer IIR, el de la Comunitat Valenciana ha sido el cuarto que más ha crecido (11,2%), por detrás de la Región de Murcia (16,3%), Cantabria (15,4%) y el País Vasco (11,8%). Además, únicamente Cataluña y el País Vasco obtienen la calificación de “moderada +”, siendo el resto de comunidades autónomas españolas “moderada -” o “modesta +”. A nivel europeo, la región más innovadora, según este índice, es la suiza Zurich (167,6), y la menos innovadora, en el puesto 239, la rumana Suroeste-Oltenia (15). La Comunitat Valenciana ocupa el puesto 158.

De acuerdo con el IIR 2019, la calificación de “moderada” que subyace del índice agregado parece lógica teniendo en cuenta el cuarto puesto y el porcentaje de retorno del programa respecto al total estatal. Por delante estarían Cataluña y el País Vasco, “moderadas +”, con unos sectores productivos punteros, empresas de mayor tamaño medio y gran apoyo financiero, y la Comunidad de Madrid, “moderada”, pero que probablemente goce del efecto de capitalidad, además de una potente actividad económica al igual que en las dos anteriores comunidades. Además, son muy diversas las posibles razones que explican los resultados moderados de la Comunitat Valenciana en Horizonte 2020: aunque no su análisis no es objetivo de este artículo, posiblemente podríamos destacar menores niveles de renta, menor tamaño medio de las empresas con gran concentración de micropyme, insuficiente acceso a financiación, concentración geográfica y sectorial, variable implicación en asuntos y proyectos europeos, etc.

Aunque existen razones para el optimismo, como aquellos sectores de Horizonte 2020 en que la Comunitat Valenciana sobresale (en especial, Consejo Europeo de Investigación, nanotecnologías, materiales, biotecnología y producción, innovación en pyme, tecnologías de la información y comunicación, y seguridad alimentaria, agricultura, pesca y bioeconomía), sus fortalezas desde el punto de vista del IIR 2019 (fundamentalmente gasto privado y público en innovación, innovación organizativa y de márquetin, actividades de diseño, y formación continua), o su importante mejoría tanto en el índice agregado como en los resultados de Horizonte 2020, lo cierto es que su peso en programas como este debería ser más elevado. De hecho, en términos per cápita y en porcentaje del PIB, la Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media española: 16,5% y 4,4% respectivamente.

Así, considerando el coliderazgo de las PYME y del mundo académico y de la investigación, parece adecuado, por un lado, potenciar las capacidades de estos, de modo que se amplíe el número de actividades realizadas y, sobre todo, coordinadas, al tiempo que se fomente la participación de socios de proyectos con una capacidad más limitada. En este contexto, cuestiones como la correcta ejecución de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –es el caso del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020– y su alineación con las prioridades políticas y con estrategias como la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación, la existencia permanente y suficiente de equipos especializados en ejecución y en captación de fondos europeos de programas de gestión compartida, directa e indirecta, el posicionamiento estratégico en comités y grupos de expertos de las Instituciones Europeas, la creación de alianzas regionales y/o internacionales, o la presencia constante en foros –en sentido amplio– relevantes para la toma de decisiones en la Unión Europea, son algunas de las claves para el presente y el futuro de la captación de financiación europea para la innovación.

Ara isquem temporalment d’este maremàgnum d’incògnites i baixem al terreny. La Política de Cohesió –la principal política pública d’inversió en el continent– s'erigeix en l’evolució natural de la pròpia raó de ser de la UE: construir una Europa de pau, progrés, solidaritat i desenvolupament harmònic entre els distints territoris, en els vessants mediambiental, social i econòmica. A llarg termini, els fons europeus associats a esta política hauran de garantir la integració d’Europa com a societat unida en la diversitat (en referència al lema de la UE). Però per a això, és necessari avançar diàriament en la bona direcció, el treball efectiu i eficient, i la correcta execució dels fons europeus. Sembla convenient remarcar els objectius temàtics pels quals treballem a la Comunitat Valenciana i els resultats d’estos fons de gestió compartida –a grans trets, aquells que passen per Comissió Europea, Estats membres i regions–, concretament el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que aporten finançament europeu que permet dur a terme un grapat d’accions diverses i necessàries.

D’acord amb la Comissió Europea, i en aplicació al cas valencià, el FSE tracta de “fomentar la inclusió social i la lluita contra la pobresa, així com contra qualsevol classe de discriminació, promoure l’ocupació sostenible i de qualitat, recolzar la mobilitat laboral, invertir en educació, formació i aprenentatge permanent” i millorar l’ocupabilitat de les persones joves. D’altra banda, amb el FEDER, són objectius “el suport de la transició cap a una economia de baixes emissions de carboni, la preservació i la protecció del medi ambient i el foment de l’eficiència dels recursos, la millora de la competitivitat de les xicotetes i mitjanes empreses, l’enfortiment de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació, i la millora de l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació”. La Generalitat Valenciana és responsable de dos programes operatius regionals cofinançats al 50% pel FSE i el FEDER respectivament, a més d’un tram plurirregional cofinançat al 91,89% pel FSE i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Arribats a este punt, cal aclarir dues circumstàncies. En primer lloc, que d’acord amb les normes que apliquen a tota la UE, les certificacions de fons europeus de l’actual període financer 2014-2020 es podran estendre fins al 31 de desembre de 2023. I en segon lloc, que el conjunt de comunitats autònomes –amb alguna excepció– van començar a certificar fons europeus en matèria d’ocupació juvenil en 2017 i, per a la resta de polítiques, en 2018. A la data de publicació d’este article, a la Comunitat Valenciana ja s’han certificat actuacions cofinançades amb fons europeus per damunt dels compromisos adquirits amb la Comissió Europea en els tres programes. Digna de menció és la gran execució en matèria d’ocupació juvenil –la Generalitat Valenciana ha sigut el gestor autonòmic més important en l’Estat–, que ha propiciat l’assignació extra de 54 milions d’euros, per part de la Comissió Europea i l’Estat.

Sens dubte, els bons resultats provisionals es deuen en gran manera a la dedicació, la determinació i l’experiència dels equips de fons europeus de l’administració valenciana, coneixedors del problema de l’insuficient, injust i insostenible sistema de finançament autonòmic que patim a la Comunitat Valenciana i conscients de la rellevància del valor afegit europeu. La realitat canviant de la UE i l’impacte de les eleccions podran alterar en major o menor mesura la concepció de la Política de Cohesió a escala europea, però en la Comunitat Valenciana hem de progressar per la senda que hem anat desbrossant estos últims anys, millorant la vida de la ciutadania, amb la visió de convertir-nos en referent de la gestió de fons europeus en la Unió Europea i, per què no, de contribuir a assolir un dia eixe desenvolupament harmònic de la nostra gran família europea.

En la práctica: políticas proactivas e integradoras para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir en paz en su continente, emprender y disponer de mayores oportunidades vitales, profesionales, empresariales, o, en cambio, volver a cerrar las fronteras para que cada Estado vaya gestionando lo suyo como pueda y frente al resto, como ya ha ocurrido en siglos pasados y como tan mal ha acabado en multitud de ocasiones. La tercera opción sería la actual, la del laissez faire, laissez passer, la que se encuentra en entredicho por centrarse –si no en la teoría, al menos sí en la práctica– en la defensa de unos intereses con un marco común, pero que de momento parece profundizar poco en las necesidades reales de las personas.

Quizá convenga recordar que los ciclos económicos, por lo general, son más largos que los ciclos políticos. Por tanto, los resultados de unas elecciones europeas que se celebran cada cinco años, en realidad tienen un impacto a más largo plazo más allá del término de la propia legislatura. Esto significa que las decisiones políticas que incentivemos la ciudadanía europea con o sin nuestro voto, irán más allá que el simple convencimiento ideológico, el interés individual, el descontento o el voto de castigo para nuestros gobernantes. En realidad, estamos decidiendo el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, y somos y seremos responsables de los resultados de las urnas y de las políticas que se decidan y se apliquen tanto en el futuro inmediato como dentro de unos años.

La desafección en la Unión Europea es evidente: aunque con variaciones entre periodos, los distintos Eurobarómetros vienen a reflejar una menor confianza en las instituciones europeas y una menor implicación en todo lo que tenga que ver con Europa. Sin embargo, las decisiones que se toman en Bruselas influyen, día sí, día también, en nuestra vida diaria: empleo, formación, educación, sanidad, protección social, medio ambiente, cambio climático, relaciones comerciales, investigación, innovación, nuevas tecnologías, etc. Y esta caída de la confianza en Europa coincide con años y años de modelos de gobernanza excesivamente neoliberal en las instituciones europeas. Según un buen número de fuentes, el ascenso de la extrema derecha empeoraría esta situación, que parece abogar por la destrucción de los logros sociales, económicos y medioambientales de la Unión Europea, y tira del miedo a lo desconocido y, más concretamente, a la inmigración. Sin embargo, también hay serios indicios de que otras fuerzas de carácter verde y solidario puedan ser determinantes a la hora de conformar núcleos de decisión efectivos en las instituciones, que cambien el sentido de la política europea, con orientaciones más sociales y medioambientales.

A todo esto, volviendo al tema de la inmigración, y de los refugiados, cabe recordar que aquellas personas que vienen a Europa a menudo en condiciones infrahumanas –y aquellas que lo intentaron y no lo lograron– no pretenden imponer modos de vida, ni ideologías, ni religiones. Tampoco vienen con ánimo de generar quebranto económico a la Seguridad Social, ni abusar de nuestros sistemas estatales de protección social. Se trata de humanos, que se mueven en un abanico de intenciones que van desde el deseo legítimo de mejorar su nivel de vida a la necesidad de jugarse sus vidas y las de sus hijos e hijas para tratar de escapar a la barbarie. Por cierto, en multitud de ocasiones esta barbarie se produce como consecuencia de políticas occidentales equivocadas en el Mediterráneo, Oriente Medio y el África Subsahariana. En Europa podemos llenarnos el estómago de cobardía oportunista y miedo infundado y mirar hacia otro lado, o tratar de ayudar a estas personas por motivos fundamentales de ética y moral propia de nuestros pueblos europeos: ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen los textos sagrados de los credos más practicados en Europa. Y de paso, abrir nuestras mentes y enriquecernos gracias a un aporte cultural, étnico y social, sin duda beneficioso para nuestras sociedades receptoras.

Pero volvamos al asunto que nos ocupa. El próximo 26 de mayo, las personas censadas en el Estado español tendremos la oportunidad de influenciar el sentido del futuro de la Unión Europea. Y junto con ello, tendremos la responsabilidad de cumplir con algo tan trascendental como la solidaridad intergeneracional con nuestra juventud, los niños y las niñas que conviven con nosotros, pero también con las personas que están por venir. Evitemos asomarnos al abismo de la aversión al proyecto europeo: es el momento de ser responsables con nuestro entorno, solidarios con nuestras familias, amistades y vecinos, y ser coherentes con lo que en el fondo pensamos y en la práctica desearíamos. Europa, además de ser necesaria, importa y mucho, pero sobre todo importan los europeos y las europeas, de nacimiento o de adopción.