Europa, España, y por supuesto las islas, nos hallamos en una encrucijada energética, de cuya salida van a depender numerosos sectores económicos. Está en nuestra mano diseñar y apostar por un modelo de energía limpia, abundante y a precios razonables que genere beneficios medioambientales, sociales y económico-financieros a medio y largo plazo. Los riesgos derivados del cambio climático y la contaminación global obligan a una actuación ordenada y coordinada entre todas las partes implicadas para lograr un sistema que optimice el consumo de recursos energéticos de acuerdo a los estándares y objetivos compartidos a nivel internacional, incorporando los avances científico-técnicos.

Los elementos nodales de dicho modelo han de comenzar, en primer lugar, con un sistema energético nacional suficiente basado en energía limpia y a un coste razonable, con una base sólida de interconexiones con territorios cercanos y salvaguardando el principio básico de garantía de suministro.

Para ello, en segundo lugar, se necesita un marco regulatorio que, garantizada la seguridad jurídica, establezca un terreno de juego en el que se produzca de manera gradual la sustitución de las energías más contaminantes por fuentes de energía con menor huella de carbono. A saber, una política energética estable, coherente y duradera en el tiempo, creando incentivos para una transición ordenada sin desdeñar fuentes tradicionales de energía que favorecen la des-carbonización de la economía y que están experimentando un importante desarrollo técnico. Un marco de actuaciones previsible, transparente y con continuidad en el tiempo para profundizar en las consecuencias de la transición energética, poniendo especial énfasis en los cambios inducidos en el modelo productivo.

En tercer lugar, es fundamental articular un debate en profundidad del sistema energético nacional, integrando a todos los agentes implicados: empresas, consumidores, inversores, relaciones laborales, expertos analistas, políticos, reguladores, medios de comunicación, abordando la conexión con países vecinos y los costes inherentes.

En Canarias, las peculiaridades de la insularidad y del modelo hoy en funcionamiento, hacen que nuestro sistema tenga un conjunto de características que contrasta notablemente con la situación peninsular. Las más importantes son el aislamiento de cada sistema insular (con la salvedad de Lanzarote-Fuerteventura), la dependencia de las importaciones, la irregular penetración de la eólica y la solar frenadas hasta hace poco por la regulación y siempre por las dudas en torno a la garantía futura de suministro, los costes financiados por todos los consumidores españoles (las denominadas “compensaciones por los sistemas eléctricos no peninsulares”) y el monopolio de generación y distribución de Unelco-Endesa.

Los elementos que están hoy sobre el tapete canario tienen como componentes elementos propios de toda Canarias y otros singulares en cada isla. Diferentes actores reclaman la plena soberanía energética poniendo como ejemplo la isla del Hierro y Gorona del Viento, sin mencionar la relación entre la población real, menos de 10.000 personas, con los costes del proyecto. Otros exigen que toda la energía provenga de fuentes renovables, obviando los problemas reales de garantía de suministro para los, en torno, al millón de personas que duermen cada noche en las dos islas capitalinas y las dificultades todavía hoy insalvables de acumulación.

Considerando que cerca del 50% de la energía se gasta en el transporte, habrá que apostar de forma más efectiva por el vehículo eléctrico, siempre que éste use energía renovable, para lo cual se necesita una infraestructura de red plenamente operativa, moderna y versátil. El vehículo eléctrico está en mantillas, tanto el público como el privado, mucho más importante. Sólo con un parque eléctrico considerable, basado en renovables, es posible hablar de otro modelo en el archipiélago.

El debate sobre el gas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, ha estado viciado por la política y a día de hoy, al menos en Gran Canaria, ya no sabemos a qué atenernos. ¿Suministro de buques; sustitución del gasoil en las centrales de ciclo combinado? No lo sabemos; el debate no ha estado acompañado de luz y taquígrafos. ç

La factura de la luz en los hogares canarios no ha dejado de subir en los últimos años, pero ello hubiera sido mucho más oneroso si se hubiera cortado el grifo que supone la inyección de casi 1.000 millones de euros anuales, a lo que ascienden las compensaciones por el sistema eléctrico de Canarias (Baleares, Ceuta y Melilla también tienen este régimen). En 2013 estuvieron en la picota. Si bien hoy han quedado garantizados en la reforma del REF, dado su monto no será de extrañar que un día puedan volver al centro de la agenda.

Otro elemento esencial de la coyuntura energética actual es el proyecto Chira-Soria, que, tras pasar de manos de Endesa a Red Eléctrica de España, sin mayor explicación, está también lleno de ruido. Mientras para un conjunto de actores es la solución para el sistema insular, dada su característica de regulador, para otros es una forma de obviar la falta de inversiones de Endesa en la isla, y para unos terceros la clave está en el soterramiento o no del cableado, cuyo coste puede hacer poco rentable el proyecto, según algunos. El proyecto nació tiempo ha, mas en la realidad no parece avanzar.

Por último, es muy importante señalar que, tras la compra de Unelco por Endesa, en 1988, y la posterior compra de ésta por Enel, 2007-2009, la situación energética del Archipiélago está en última instancia gobernada de facto por el Ministerio de Economía de Italia, quien controla la política corporativa de Endesa. Creemos, por tanto, que estas materias, como mínimo, deben ser objeto de análisis y reflexión. Y precisamente para participar en estos debates, hemos creado la Asociación para la Transición Energética (https://atenergetica.blog/) y nos estrenamos con unas jornadas de debate este martes y miércoles próximos en el Gabinete Literario.

En el procedimiento se piden hasta seis años de prisión para trece exdirectivos y dos años y nueve meses para otros dos, y que indemnicen de manera conjunta y solidaria a Emalsa con unos 23 millones de euros

En este junio está señalada la continuación del juicio oral en el procedimiento instruido contra quince ex directivos de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas SA (Emalsa), tras aplazarse el pasado año por causa imprevista. En el procedimiento se piden hasta seis años de prisión para trece de ellos y dos años y nueve meses para los otros dos, acusados de delitos continuados de apropiación indebida o administración desleal. Como responsabilidad civil se pide además, que indemnicen de manera conjunta y solidaria a Emalsa con unos 23 millones de euros.

Aunque parezca sólo un caso más de presunta utilización abusiva de recursos públicos en provecho propio por parte de las multinacionales privadas y sus dirigentes (la desmedida ambición de las grandes empresas, ya se sabe), esta imagen nada desencaminada tiene el efecto de ocultar otro aspecto del asunto, imprescindible para hacerse una idea coherente y cabal del mismo, a saber, el papel que en él ha desempeñado y desempeña el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hagamos pues una breve referencia histórica de la empresa mixta desde esta perspectiva.

El actual sistema de gestión del servicio municipal del agua mediante una empresa de economía mixta fue elegido con un entusiasmo casi devoto por todos los grupos políticos municipales en julio de 1992, tras ocho años de ruinosa gestión directa a través de su empresa enteramente municipal. En esencia, el nuevo sistema supuso poner la gestión del servicio del agua en manos de dos operadores privados durante los siguientes 50 años, vendiéndoles el 66% de la empresa en una operación con alguna curiosidad que merece ser destacada.

Para empezar, el valor de las acciones enajenadas se estableció tasando “la concesión de uso por cincuenta años de los bienes de dominio público municipal afectos a los servicios asignados a Emalsa” en prácticamente 3.000 millones de pesetas. A la vez, se dispuso en el mismo acto el otorgamiento a Emalsa de dicha concesión de uso una vez tasada. O sea que de la gestión del servicio público del agua, “asignada” a Emalsa, se separó la concesión demanial para el uso de los bienes afectos a dicho servicio público, como si ello fuera posible cuando no lo es. El otorgamiento de la gestión de un servicio público lleva implícito el de la facultad accesoria del derecho a usar los bienes afectos a dicho servicio, tal como se deriva del clásico principio “accesorium sequitur principale” y dispone la normativa en varios supuestos. No es posible, por lo demás, concebirlo de otra manera: el derecho de uso de la red de abastecimiento, saneamiento o las depuradoras de agua, es inútil para cualquier actividad distinta al propio servicio del agua. Sin embargo en la operación de marras esta concesión de uso se revistió de una formalidad impostada, configurándola como el derecho patrimonial fundamental que se otorgaba, disfrazando de este modo el objeto nuclear del negocio jurídico en juego, esto es, la gestión del servicio del agua durante 50 años. La consecuencia obvia fue la infravaloración de lo que el Ayuntamiento aportó a la empresa mixta para su ampliación de capital, que se limitó a dicha concesión de uso de los bienes afectos al servicio, ignorando los activos considerablemente mayores que, para los futuros gestores privados, se derivaron de la gestión/explotación del mismo. Baste recordar que Unelco-Endesa, uno de los dos adquirentes iniciales de capital de Emalsa, le compró su paquete accionarial al Ayuntamiento en 1993 por 1.551 millones de pesetas (más de 9 millones de euros) y en 2005 lo vendió a Valoriza Aguas, SLU por más 27 millones de euros, obteniendo una plusvalía de más de 18 millones de euros en doce años. Haga el lector la lectura que estime más adecuada de esta operación.

Por otro lado, la atribución a los operadores privados de todo el poder sobre la gestión de la empresa necesitaba quedar equilibrada con el afianzamiento de la facultad de control y supervisión de dicha gestión en manos del Ayuntamiento. Y para este menester, entre otras cosas, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas con el que, además de regular la venta de las acciones, se estableció el marco regulador de la nueva organización del servicio del agua durante los 50 años de vida establecidos estatutariamente para la empresa mixta.

Pues bien, además de exhibir una inaudita omisión de un Pliego de Condiciones Técnicas para las múltiples tareas del servicio integral del agua o de un mínimo régimen de infracciones y sanciones, este Pliego configura un marco contractual jurídica y sintácticamente infame, plagado de carencias, ambigüedades y contradicciones, con el que, más allá de las obligaciones generales, resulta complicado deslindar con claridad las responsabilidades de cada parte a poco que aparezcan dudas concretas en la práctica. Considerando que es la herramienta fundamental para garantizar la buena marcha del servicio del agua, el efecto es la práctica imposibilidad de ejercitar de manera eficaz su control efectivo. De ahí la tranquilidad con la que ambas gestoras de Emalsa han gestionado a su capricho las peticiones de información o documentación cuando les ha sido requerida por el Ayuntamiento, como si en lugar de una obligación legal fuese una graciosa atención que pueden o no cumplimentar libremente. Consecuente con lo anterior, no hay que olvidar que la extensa serie de hechos presuntamente ilegales que han llevado al banquillo a los mentados ex directivos de la empresa mixta, ni mucho menos salió a la luz por alguna diligente actuación de supervisión y control de nuestra Corporación, sino por efecto del enfrentamiento entre ambos socios privados, hecho público tras la denuncia interpuesta en mayo de 2012 en Versalles por Saur Internacional, por unos hechos tipificados nada menos que como “estafa en banda organizada”, “abuso de bienes sociales y encubrimiento” y “asociación de delincuentes”, en relación con un estrambótico contrato de opción de compra de una nave industrial.

Procede ahora mencionar que esta completa ausencia de control municipal sobre la gestión del servicio del agua quedó meridianamente explicada -entre otros relevantes aspectos- en los seis extensos informes elaborados al respecto entre 2013 y 2015 por el grupo de técnicos municipales que primero se constituyó como grupo de expertos y luego como grupo de trabajo en torno a la mal llamada intervención en la empresa mixta (cuya posterior anulación, dicho sea de paso, no le resta a los informes ni un ápice de su valor analítico y descriptivo), y que estos informes, además, incorporaron desde el principio un pormenorizado Plan de Acción para redefinir la relación entre el Ayuntamiento y Emalsa y restablecer los mecanismos para la efectiva supervisión y control del servicio. Y procede mencionar también, la fulgurante rapidez con que la Corporación elegida en 2015 desacreditó primero y suprimió después el mencionado grupo de trabajo, con un empeño que ni los propios gestores examinados habrían superado.

El posterior devenir de la empresa mixta es conocido. Los directivos imputados quedaron excluidos de sus funciones -favorecían poco la imagen corporativa-, a la vez que los cambios en el accionariado de ambas multinacionales privadas modificaron la propiedad del 66% de la empresa mixta. El Ayuntamiento, tras protagonizar un vodevil aparentando reivindicar un despechado derecho de retracto, colabora gentilmente desde hace años con los nuevos gestores en una campaña de rehabilitación de imagen recogiendo premios a la transparencia, buena gestión y vainas por el estilo.

En este procedimiento en fin, se sentarán en el banquillo unos acusados de ocasionar grave perjuicio patrimonial a Emalsa mientras ésta ni está ni se le espera, quizá porque la peculiaridad de esta empresa mixta está justamente en que el perjuicio patrimonial siempre lo soporta el presupuesto público mientras para los socios privados nunca ha dejado de ser una rentabilísima actividad. El Ayuntamiento por su parte concurre como perjudicado aunque se diría más preocupado en que no se note su clamorosa ausencia en la protección y defensa del interés público durante los más de treinta años de existencia de la empresa mixta. De resto, el infame marco contractual se mantiene intacto, la unidad técnica encargada de las funciones de control y supervisión tiene hoy menos medios aún que antaño, y los representantes municipales en el Consejo de Administración continúan, como siempre, validando a pies juntillas las cuentas e informes anuales tal como se las presentan los gestores privados.