Hoy en día, vivimos en una sociedad cada vez más interconectada y dinámica, donde el acceso a los nuevos mundos digitales representa un elemento casi indispensable para nuestra vida diaria. El desarrollo tecnológico, en los últimos años, ha tenido un impacto considerable sobre la forma en que organizamos nuestra actividad económica y social. En particular, en los países industrializados, las nuevas tecnologías digitales han posibilitado la democratización de la información y de las comunicaciones, además de haber mejorado la eficiencia con respecto a la producción de bienes y servicios. Aún así, no todas las personas se han beneficiado de la misma manera de la revolución digital. Como bien explica el sociólogo y economista estadounidense Jeremy Rifkin, la pobreza ya no se puede entender en términos meramente económicos, sino que se deben tener en consideración las consecuencias prácticas de la llamada “brecha digital”. La desigualdad económica, social y cultural entre países y regiones ha crecido rápidamente en las últimas dos décadas, como resultado de la concentración del capital y de los nuevos instrumentos digitales. Y es esta una de las principales razones que han llevado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) a aprobar, el 27 de junio de 2016, una importante resolución, en la que finalmente se considera el acceso a internet como derecho básico de todos los seres humanos. En el documento, el CDH “reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Sin embargo, el número de “desconectados” sigue siendo demasiado elevado: según el informe de 2017 de la Broadband Commission For Sustainable Development, alrededor del 53% de la población mundial todavía no tiene acceso a la conexión Internet.

Por otra parte, la crítica contemporánea advierte sobre los peligros que el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC o ICT, por su sigla en inglés) implican para la sociedad. Hay quienes prevèn prevén un escenario dominado por la robotización, en el que cada expresión de diversidad sociocultural se ve sustituida por procesos automatizados. También se alerta sobre la sistemática violación de Derechos Humanos por parte de gobiernos y empresas que, poniendo en marcha verdaderos programas de “vigilancia masiva”, limitan y vulneran nuestras libertades individuales tanto en el mundo físico como en el mundo virtual.

Sin embargo, pese a la ausencia de un marco legislativo de alcance global, capaz de garantizar el respeto efectivo de los derechos y libertades individuales en los nuevos mundos digitales, las TIC parecen ofrecer diferentes soluciones a las crisis que afectan el mundo moderno. Estas representan la base material para el fomento de un nuevo modelo de desarrollo verdaderamente sostenible. Un modelo basado en la interculturalidad, en la libertad de expresión y de acceso a la información, en la cooperación y en el uso de fuentes de energía renovables, donde cualquier persona no se siente solo ciudadana del mundo, sino también parte integrante y activa de la biosfera. La estructura descentralizada de las redes sociales favorece, por un lado, una participación igualitaria y transfronteriza de un número creciente de personas, mientras que los nuevos softwares para el análisis de datos, la impresión 3D y la llamada “Internet de las Cosas” posibilitan una considerable reducción de los costes y el impacto medioambiental de la actividad humana.

Por estas razones es fundamental que nadie se quede al margen de las “puertas electrónicas”. Cualquier persona debe tener las mismas oportunidades para poder convertirse en dueñas de su futuro y en las responsables de su felicidad. Pero, para que esto ocurra es necesario reducir, o más bien, eliminar la brecha digital. El nivel de digitalización es uno de los factores que más influye en la capacidad de los países para lograr el cumplimiento de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la comunidad internacional. Y es por esto que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) – organismo especializado de Naciones Unidas - publica cada año un informe con los datos anuales relativos a las TIC y una clasificación de cada país según su Índice de Desarrollo. A este respecto, DataReportal destaca que a partir de enero 2018 el número de conectados en la red Internet ha crecido un 9,1%, alcanzando un total de 4338 millones de usuarios activos. Sin embargo, siguen existiendo regiones del mundo donde el acceso a Internet parece ser todavía una meta lejana: si, por una parte, la penetración de Internet alcanza el 95% de la población en Europa y Estados Unidos, por otra, no llega al 13% en muchas ciudades y asentamientos de África Central.

Bastan pocos datos para entender que el único gran obstáculo para el desarrollo y el ascenso a la prosperidad no es la insuficiencia de herramientas sino, más bien, la falta de voluntad por parte de quién monopoliza la innovación tecnológica. Pero donde no llegan los gobiernos llega la sociedad civil organizada: existen actualmente diferentes proyectos como el World Technology Access Program (Michigan State University) o Conectando Mundos (Oxfam Intermón) que tratan de acortar la brecha digital entre países y fomentar un uso solidario y colaborativo de las nuevas tecnologías. “La cuestión central” observan Alfonso Dubois y Juan José Cortés en la publicación n.37 del Cuaderno de Trabajo de Hegoa (2005) “es que nunca las tecnologías determinan por sí mismas los resultados a alcanzar. Las grandes revoluciones se han producido cuando se han interrelacionado positivamente el surgimiento de nuevas ideas, con las innovaciones tecnológicas y con nuevas propuestas de convivencia social y política”.

El 20 de mayo, cuando el buque de transporte saudí Bahri Yambu, cargado de armamentos dirigidos a Riyad, atracó en el puerto italiano de Génova encontró fuertes resistencias locales. El Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Colectivo Autónomo Trabajadores Portuarios), desafiando al gobierno, intentó impedir el abordaje a los ormeggiatori del puerto, retrasando las operaciones de carga y consiguiendo llegar a un acuerdo sobre algunas mercancías.

En la espera del carguero con bombas de humo y pancartas en contra de la guerra, además de los trabajadores portuarios, había un centenar de personas pertenecientes a organizaciones solidarias y antimilitaristas. La principal acusación de los activistas es que las armas producidas y ensambladas en Europa están destinadas a matar a miles de civiles en el conflicto yemení, donde Arabia Saudí lidera la Coalición militar anti-rebeldes. “Pedimos al gobierno Conte, como hemos hecho con los anteriores, que interrumpa los acuerdos comerciales sobre armamentos con Arabia SaudíPedimos al gobierno Conte, como hemos hecho con los anteriores, que interrumpa ” declara Francesca Bisiani en nombre de la sección italiana de Amnistía Internacional. Pero este acontecimiento no es nada más que un caso aislado dentro de un contexto dominado por la indiferencia y la escasa voluntad para acabar de una vez con el oscuro negocio de la guerra.

Cada vez más abrimos los puertos a las armas e impedimos el paso a aquellas personas que todos los días dejan sus hogares en busca de una vida segura. Cerramos cotidianamente los ojos ante las imágenes de los violentos bombardeos y nos refugiamos en nuestras vidas privadas. Y somos cómplices por indiferentes. Somos cómplices porque las guerras empiezan en nuestras tierras: todos los años varios países como Italia, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia, China y, sobre todo, Estados Unidos exportan ingentes cantidades de armamentos a todo el mundo. Así, eludiendo las luces de los medios de comunicación, nuestros gobiernos brindan en la sombra cada vez que llegan a un acuerdo millonario. Oxfam Intermón denuncia que los principales destinos son Arabia Saudí e Israel, ambos involucrados en operaciones militares al margen de la legalidad internacional. Y son millones las vidas que cada mes se ven puestas en peligro por esta razón.

Según el Uppsala Conflict Data Program, aproximadamente 92.000 personas han muerto, sólo en 2017, a causa de conflictos armados. Actualmente, son 25 los enfrentamientos activos en todo el mundo, los cuales han generado el desplazamiento de 65,6 millones de personas. Siria, Irak, Libia, Yemen y Sudán del Sur han sido los protagonistas de los últimos años. El coste humano de este teatro de guerra ha sido brutal. El ACLED calcula que, en el conflicto de Yemen, considerado por la ONU como la mayor catástrofe humanitaria actual, han muerto hasta ahora al menos 70 mil personas (de los cuales más de 6000 civiles). Y el número de víctimas sigue creciendo bajo nuestros ojos. Son 2 millones las personas desplazadas y 22,2 millones las que necesitan asistencia urgente. Y es precisamente la coalición liderada por Arabia Saudí la principal responsable de la intensificación de la crisis política que hunde el país desde marzo de 2015.

Por esta razón Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón han reactivado la campaña “Armas bajo Control”. Su finalidad es presionar a los gobiernos para que revisen las autorizaciones pendientes y suspendan de forma inmediata las transferencias de todo tipo de armamento a Arabia Saudí. Esto porque es alto el riesgo sustancial de que se utilicen para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Y a pesar de que nuestros gobiernos se hayan comprometido en «No autorizar armas para cometer atrocidades» - principio recogido en los artículos 6 y 7 del TCA – siguen suministrando material bélico a quienes pisotean los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Es así que esos atroces conflictos se alimentan y que la industria de la guerra aumenta sus beneficios en detrimento de los inocentes. Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) los países de todo el mundo invierten cada año 1800 millones de dólares en armamentos, cuando en realidad bastarían 50 para acabar con el hambre y la indigencia. Y en este contexto las modernas derechas de todos los continentes siguen su avance cabalgando la ola de un discurso tanto hipócrita como persuasivo. La política de los “puertos cerrados”, promovida por el Ministro del Interior italiano Matteo Salvini, es un claro ejemplo. Desde su llegada al gobierno las medidas anti-migratorias se han agudizado, mientras que la exportación de material de defensa y tecnologías de doble uso no parece haber parado. Después de haber eliminado la protección humanitaria para los solicitantes de asilo con el “Decreto Sicurezza”, Salvini propuso al Consejo de Ministros un ulterior endurecimiento de las medidas antimigratorias. El artículo 1 del “Decreto Sicurezza Bis” preveía, en particular, la condena a una multa de 3.500 a 5000 euros por cada migrante rescatado en el mar. Y a pesar de que esta última propuesta haya sido rechazada, los migrantes siguen siendo rechazados como si fueran bombas, mientras que las embarcaciones saudíes cargas de armamentos atracan en los puertos sin ningún tipo de interferencia estatal.

Lo que hace falta en este momento más que nunca, además de una concreta e inmediata reforma legislativa que imponga mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, es una firme movilización ciudadana. Ya no queda tiempo para nuevas concesiones a la industria armamentística. No podemos seguir cerrando los puertos a quienes huyen de guerras alimentadas con nuestras propias armas - asimismo, la seguridad no puede seguir siendo considerada sobre la base de criterios geográficos, sino sobre la base de “las posibilidades del desarrollo humano de cada persona”, afirma Greenpeace. Ha llegado el momento de pedir a nuestros gobiernos que dejen ya de justificar y ocultar acuerdos comerciales que no son nada más que “licencias para matar”. Ha llegado el momento de decir basta a la complicidad, porque un mundo con armas es un mundo sin futuro.

Alessio Maurandi es especialista de procesos socio-económicos y culturales contemporáneos y colaborador en Oxfam Intermón València.