Las necesarias medidas de distanciamiento social, el confinamiento y los lemas que nos piden que nos quedemos en casa han puesto de relieve la importancia del derecho a la vivienda. Un derecho que se vulnera cada día para las más de 33.000 personas en situación de sinhogarismo que hay en nuestro país. Cuando las calles se han quedado vacías, el problema del sinhogarismo ha sido más evidente que nunca. Porque, ¿cómo se quedan en casa los que no tienen casa?

La relatora de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Fahra, señalaba acertadamente hace unos días que, durante la crisis del coronavirus, “la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el coronavirus”. Y es que, esta situación de crisis nos deja ver de forma muy clara cómo el derecho a la vivienda interacciona con otros derechos como el derecho a la salud, a la seguridad y a la integridad física y moral. Como añadía Leilani Fahra, “tener un hogar, ahora más que nunca, es una situación de vida o muerte”.

Efectivamente, la relación entre el derecho al acceso a la vivienda y los niveles de salud se ha demostrado sobradamente en múltiples investigaciones. En el caso de las personas que viven en una situación de sinhogarismo, su esperanza de vida es entre 20 y 30 años menor que la de la población general. Un hogar es el mejor espacio para descansar, alimentarse de forma adecuada, relajarse, tener la higiene necesaria y recuperarse de cualquier enfermedad. Un hogar, en este momento, es la mejor protección frente al coronavirus. La vulneración del derecho a la vivienda está suponiendo un riesgo evidente para la salud de las personas que viven en la calle, bastante diezmada ya, pero también supone, en este momento, un desafío de salud pública.

Quienes nos dedicamos día a día a luchar por una solución al sinhogarismo estamos agradecidos por la enorme movilización de recursos que todas las administraciones han puesto en marcha para proteger la vida de las personas que carecen de un hogar ante la crisis del COVID-19. Ahora bien, tan importante como el “cuánto” es el “cómo”. El diseño es crucial para que todos esos recursos sean bien empleados y realmente supongan una protección a la salud de estas personas.

Ante esta vulnerabilidad que están sufriendo las personas sin hogar, se ha puesto de manifiesto más que nunca una cruda realidad que veníamos denunciando desde hace tiempo, pero que ahora se hace totalmente evidente ante la opinión pública: el sistema de atención al sinhogarismo en España es del todo insuficiente para garantizar los derechos más básicos de estas personas. Estamos aplicando medidas de emergencia, necesarias y valiosas en este momento, pero sobre un sistema que, invirtiendo muchos recursos, solo consigue “gestionar”, que no “solucionar” el problema del sinhogarismo en España.

Este sistema, basado en alojamientos colectivos, lamentablemente sigue siendo el principal tipo de respuesta al sinhogarismo en nuestro país. Por ello, cuando busquemos aprendizajes y conclusiones sobre esta crisis, seremos mucho más conscientes de que este sistema de atención basado en alojamientos colectivos y que, además, deja a miles de personas viviendo en la calle, no es el más adecuado para poner solución al sinhogarismo.

Cuando todo esto pase, será el mejor momento para apostar por soluciones integrales basadas en el acceso a la vivienda, como el modelo Housing First aplicado con probado éxito en varios países y por el que ya han apostado en España varios gobiernos. Aprovechemos la evidente importancia del derecho a la vivienda que ha puesto de manifiesto esta crisis, para dejar de ver el sinhogarismo como un problema a gestionar y entenderlo como un fenómeno a solucionar.

Tristemente ReSet superó de nuevo uno de sus famosos retos. Y en esta ocasión el desafío implicaba vulnerar impunemente los derechos de una persona. Este youtuber rellenó varias galletas de pasta dentífrica y engañó a una persona sin hogar para que accediera a comerlas. A cambio, le “recompensó” pagándole una pequeña cantidad de dinero. Estos hechos fueron denunciados y hoy, con la sentencia en la mano, la conclusión es clara: no fue una “pequeña broma”, como defiende el acusado, sino un grave delito contra la integridad moral (aun sin reconocerse el agravante de odio) que ha implicado una pena de quince meses de prisión, el pago de una indemnización de 20.000 euros por los daños causados a la víctima y el cierre de su canal de videos en YouTube durante cinco años.

Según lo datos del Observatorio Hatento, al menos el 47% de las 31.000 personas que viven sin hogar en España han sufrido algún delito de odio durante su experiencia en calle y, sin embargo, tan solo el 13% de estos casos ha sido denunciado y judicializado (Hatento, 2015). El fenómeno de la infradenuncia tiene un gran impacto en las personas en situación de sinhogarismo víctimas de delitos de odio. La carencia de una vivienda como espacio de seguridad y protección y el alto riesgo de victimización son factores clave en este proceso.

El caso de ReSet fue diferente y ofrece importantes lecciones. En un tipo de delito donde suele cuestionarse con facilidad la credibilidad de la denuncia y la veracidad de los hechos, se contó con una prueba de verificación importante (la grabación de los hechos difundida a través de Youtube), recogida por RAIS y puesta a disposición de la Fiscalía especializada en Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona. La adecuada actuación de esta Fiscalía, así como de la Guardia Urbana de Barcelona, fueron cruciales en la recopilación de pruebas y el apoyo a la víctima. Finalmente, la persona afectada decidió interponer una denuncia, contando con un notable respaldo institucional, e incluso el Ayuntamiento de Barcelona decidió personarse como acusación popular en el proceso. En definitiva, se ha tratado de un trabajo coordinado y eficaz entre instituciones y sociedad civil organizada, apoyado por una creciente condena social, que ha hecho de este caso una referencia en la lucha contra la aporofobia y la protección de los derechos de las personas sin hogar.

Pero se trata de una excepción. Los delitos de odio por aporofobia implican graves vulneraciones de los derechos de una parte de la ciudadanía, sin que las Administraciones Públicas consigan dar todavía una respuesta integral y eficaz. En octubre de 2018 el Senado aprobó por unanimidad una proposición de ley para reformar el Código Penal e incluir la aporofobia como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, una medida ya propuesta incluso por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de 2018. Con la convocatoria anticipada de elecciones generales esta proposición de ley decayó, justo cuando iniciaba su trámite en el Congreso.

Ahora se inicia una nueva legislatura y el Gobierno y las Cortes tendrán en sus manos la posibilidad de garantizar avances reales en este sentido. Para perseguir eficazmente los delitos de odio por aporofobia es imprescindible aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación, una ley integral de delitos de odio y una reforma del Código Penal para que, en casos como el de ReSet, la aporofobia pueda ser considerada una agravante del delito y no una “pequeña broma” que vulnera a diario los derechos de una parte de la ciudadanía.