Si el Supremo Tribunal Federal brasileño no hubiese esperado hasta el jueves pasado para decidir lo que todos sabían que finalmente tendría que decidir, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva no hubiese pasado un solo día en la cárcel y la democracia del gigante sudamericano gozaría de mejor salud. Cuando, en abril de 2018, esos jueces tuvieron la oportunidad de impedir una prisión que la mayoría de ellos consideraba que debería ser ilegal, los votos eran los mismos que ahora: seis a cinco. Pero algunos generales del Ejército amenazaron públicamente con un golpe de Estado si Lula no iba preso y la entonces presidenta del tribunal, Carmen Lúcia, hizo una maniobra –impidió que se votara el recurso para el que había mayoría– y, así, permitió al juez Sérgio Moro, ahora ministro de Justicia, decretar la prisión del ciudadano que lideraba las encuestas para presidente. Con Lula libre y candidato, Moro no hubiese sido ministro y Jair Bolsonaro estaría desempleado.

El proceso contra el líder del Partido de los Trabajadores ha sido bochornoso del principio al fin. Se lo acusó por un crimen y se lo condenó por otro, para que Moro tuviera el caso. Dijeron que había recibido un tríplex –cuyo precio Lula podría pagar si le interesara– del que no hay pruebas de que haya tenido las llaves, lo haya usado al menos una noche o se lo haya dado a alguien. Tampoco hay documentos que prueben su propiedad o la de un testaferro, ni ha podido el juez determinar a cambio de qué se lo darían. Moro escribió en su sentencia que Lula fue sobornado para cometer “actos indeterminados”, o sea, inexistentes. El fiscal reconoció que no tenía pruebas, pero dijo que la falta de pruebas era una prueba de que se habían destruido las pruebas. El “delator” fue un empresario corrupto que ya había sido condenado y, después de cambiar su testimonio inicial y acusar a Lula, le redujeron la pena y pudo volver a casa. Durante el proceso, Moro divulgó conversaciones privadas del expresidente, lo detuvo sin motivo para llevarlo al juzgado a pesar de que no se negaba a ir, transformó su “conducción coercitiva” en un show televisivo e intervino ilegalmente los teléfonos de sus abogados. Son apenas algunas de tantas irregularidades que la extensión de este artículo no permite enumerar, cada una de las cuales bastaría para impugnar todo.

En abril del año pasado, cuando el Supremo pudo haber impedido su prisión, Lula estaba condenado en primera y segunda instancia en un juicio que, aun antes de conocerse los escandalosos diálogos por Telegram entre el juez y el fiscal (ahora se sabe que actuaron en complicidad, violaron la ley y tenían motivaciones políticas), ya estaba claro que estaba amañado. Quedaban recursos pendientes y aún no había sentencia firme. ¿Podían, entonces, mandarlo a la cárcel? El artículo 5, inciso LVII, de la constitución y el 283 del Código de Proceso Penal responden a coro que no: el primero dice que nadie será considerado culpable hasta que la sentencia esté firme y el segundo, que tampoco podrá cumplir pena de prisión. Carmen Lúcia sabía que seis de sus diez colegas habían leído la constitución y la ley y las interpretaban como cualquier persona razonable (si ambas dicen que no se puede, entonces no se puede), por eso se negó a poner el tema a votación, tranquilizando a los generales.

No era la primera vez. “Denegado el 'habeas corpus' a Luís Ignácio”, tituló el diario Estado de São Paulo el 3 de mayo de 1980. El Superior Tribunal Militar le había negado un habeas corpus a Lula y otros sindicalistas presos en el Dops de San Pablo, la policía política de la dictadura, dedicada a perseguir a sindicalistas y opositores y a censurar a la prensa. Lula estuvo detenido durante 31 días por liderar una huelga de obreros metalúrgicos del ABC paulista. Casi cuatro décadas después, la historia se repetía en un tribunal civil. Aquella vez acabó absuelto, esta vez debería.

En abril del año pasado, había dos acciones declaratorias de constitucionalidad (ADC) listas para votación que impedirían su prisión, las mismas que los jueces terminaron de votar este jueves. “Pero la presidenta de la Corte, Carmen Lúcia, se niega a ponerlas en el orden del día”, escribí entonces. Era corresponsal en Brasil. La jurisprudencia, hasta este jueves, era favorable a la ejecución provisoria de la pena sin sentencia firme, a pesar de lo que dicen la Constitución y la ley. Esas dos acciones pedían cambiar esa jurisprudencia y seis de los once jueces querían hacerlo, pero no hubo votación. Bajo presión de los generales, tampoco hicieron mucho para obligar a Carmen a poner el tema en pauta. A los abogados de Lula, entonces, solo les quedaba presentar un habeas corpus, como en 1980. Una de las juezas, Rosa Weber, votó en contra del recurso, pero habría votado a favor de cambiar la jurisprudencia que la obligaba a rechazarlo, si la presidenta lo hubiese permitido. Un tecnicismo. Anoche voto sí y Lula quedó libre. Un hombre inocente pasó 580 días preso por un tecnicismo.

Aunque, claro, no fue el verdadero motivo. Tampoco el tríplex, que, en dos procesos civiles diferentes, los jueces reconocieron que nunca fue suyo. Pero Lula preso era la única alternativa a Lula presidente. Cuando los generales presionaron a la Corte, Lula lideraba las encuestas. Después de ir a la cárcel, continuó al frente. En septiembre, cuando el Tribunal Superior Electoral, presidido entonces por la propia Weber, determinó en tiempo récord que no podría ser candidato a presidente y obligó al Partido de los Trabajadores (PT) a reemplazarlo, Datafolha le daba a Lula, preso, el 39% de intención de voto (9 puntos más que en junio), seguido por Bolsonaro, con 19%, contando blancos y nulos. En una segunda vuelta, Lula vencería por entre 20 y 24 puntos de diferencia. Las demás consultoras tenían números casi iguales. Sobre eso era el juicio, lo que permitió a Sérgio Moro llegar al gobierno. El Supremo dio el primer paso para reparar parte del daño. Al declarar, por 6 votos contra 5 y bastante tarde, que la Constitución es constitucional y la gramática del portugués con la que están escritos sus artículos es la misma de siempre, permitió que Lula saliera de la cárcel. Pero aún debe decidir sobre la cuestión de fondo, ya que la condena continúa pendiente de revisión. Hay evidencias más que suficientes de que el juez Moro actuó con manifiesta parcialidad y tanto él como el fiscal, Deltan Dallagnol, pueden haber cometido delitos durante el proceso. El Supremo debería anular la condena, rehabilitar los derechos políticos de Lula y abrir una investigación sobre la conducta de Moro y Dallagnol.

Debería, también, comenzar a ponerle límites al autoritarismo creciente del presidente impensado –al que ayudó, por omisión, a llegar al poder–, cuya administración amenaza la libertad de prensa, persigue a sus opositores, degrada a diario las reglas democráticas y usa el odio y la mentira generalizada como formas de gobierno. Deberían los jueces reaccionar a tiempo antes de que, como amenazó públicamente uno de los hijos de Bolsonaro, “un cabo y un soldado” sean suficientes para cerrar el palacio de justicia, un “acto institucional” cierre también el Congreso y el presidente pueda cumplir su sueño de firmar el certificado de defunción de la democracia brasileña.

El difícil dilema que enfrenta en estos días Ada Colau dice mucho sobre quién es la actual alcaldesa de Barcelona. Luego de que la militancia de su partido decidiera por amplísima mayoría que se presente como candidata a la reelección en el pleno municipal de investidura del próximo 15 de junio, deberá decidir con qué votos está dispuesta a seguir en el cargo. Ni los republicanos ni los socialistas quieren el tripartito de izquierdas que Colau propone desde la noche de las elecciones. Y, descartada esa opción, las matemáticas que dejaron las urnas solo permiten que Colau revalide el cargo negociando un gobierno de coalición con los socialistas, como Pablo Iglesias le reclama a Pedro Sánchez a nivel estatal, y aceptando los votos de los ediles alineados con el “ciudadano rebelde” Manuel Valls, que la prefiere a ella antes que al independientista Maragall.

Si Colau acepta el apoyo “sin condiciones” que le ha ofrecido Valls, tendrá la mayoría para seguir en el gobierno sin hacer concesiones programáticas y sin integrar a su gobierno nada más que al PSC, pero será atacada con furia por los independientistas y acusada por parte de la izquierda de haber pactado con la derecha. Si no, el sueño de una plataforma independiente de ciudadanos indignados y activistas sociales que derrotó a los políticos tradicionales cuando parecía imposible puede pasar a la historia como una breve excepción. Y ella habrá perdido voluntariamente su empleo por una cuestión de principios, algo inédito.

Cualquier político en su lugar ya hubiese firmado, pero no está claro si la alcaldesa está dispuesta a hacerlo y la insistencia en el tripartito con ERC y el PSC, que nadie considera viable, parece una forma de pedir por favor que no la fuercen a recibir los votos de los disidentes de Ciudadanos. En el tramo final de su campaña, Colau divulgó un video muy original en que la política de hoy tenía que vérselas cara a cara con la activista de ayer y convencerla de que el poder no la había cambiado. Es probable que la generosa oferta de Valls la haya llevado a cuestionárselo de nuevo y tema ver en el espejo –o que otros vean en ella– a una oportunista más, que hace cualquier cosa para conservar el cargo.

Pero pongamos las cosas en su lugar, porque esa imagen sería injusta con la alcaldesa y su gobierno. Su situación no se parece en nada a la de los autodeclarados “centristas” y “liberales” que, para desalojar del Ayuntamiento de Madrid a una alcaldesa progresista que ganó por amplia mayoría las elecciones e impedir que un socialista, también victorioso, saque del poder al PP en la comunidad, están dispuestos a pactar con una caricatura del fascismo y llevarse la ciudad por el túnel del tiempo hacia un pasado tenebroso. No es lo mismo.

Hablamos, en este caso, de una elección que acabó en un casi empate en las urnas, con Maragall apenas unas décimas arriba de Colau, que venció en seis distritos, y con el bloque formado por el PSOE y los comunes superando por tres ediles a la probable coalición de los independientistas de izquierda y derecha. En este escenario, con los populares fuera de juego, quien ofrece sus votos a Colau no es un fascista, sino un demócrata con ideas diferentes a las suyas, que no pide un pacto ni cargos, sino apenas la oportunidad de desempatar la sesión de investidura.

La izquierda democrática, cuando ingresa a la política institucional y ocupa cargos en el Estado, suele oscilar entre un posibilismo que la lleva a adaptarse al estatus quo y apenas administrar lo que antes quería cambiar, y una radicalidad que la condena al fracaso político por inacción, por ser incapaz de hacer acuerdos y concesiones para producir avances. Si esas fuesen las únicas opciones, no valdría la pena hacer política institucional, pero no lo son y la propia Colau lo viene probando. No hace falta elegir entre la traición y la comodidad de quien evita el poder para no arriesgarse. Debe ser de eso, al final, que habla el eslogan “sí, se puede”.

El dilema de Colau dice mucho sobre sus principios, pero la manera en que lo resuelva nos dirá aún más sobre la capacidad de su partido para ponerlos en práctica de forma significativa para las personas comunes a quienes pretenden representar.

Tal vez sea incómodo explicar que aceptan los votos del candidato de Cs y, más aún, que aceptan que ello sea necesario, como explicita Valls, para que no haya un alcalde independientista. Pero estoy seguro de que la activista hubiese preferido la incomodidad de esa decisión política si así podía frenar más desahucios, garantizar más soluciones habitacionales, hacer de Barcelona una ciudad más verde, más feminista, más amigable para la población LGBT, más justa en la distribución de las inversiones del ayuntamiento, más preocupada por los que menos tienen y menos subordinada a los intereses de los que siempre han ganado.

Nada de eso será posible si Barcelona se transforma en la capital de una República que no existe y pone a sus instituciones al servicio de una fantasía política que ya ha costado bastante cara. Decir esto desde la izquierda democrática es difícil cuando hay personas injustamente presas por un conflicto que debería resolverse políticamente (y eso también debe decirse), pero es necesario si esa izquierda quiere volver a poner en el centro de la agenda las cuestiones sociales que aborda en su programa, y que hoy parecen secundarias en Cataluña, porque la retórica hiperbólica de la derecha españolista y los independientistas catalanes ha secuestrado el debate público.

Cuando se callen los gritos de un lado y el otro del procés, que han silenciado todo lo demás para que esa polémica irreal sea el único asunto importante del mundo, que dominó inclusive los debates de los candidatos al Parlamento Europeo, vamos a darnos cuenta de que los problemas reales de la gente común siguen estando ahí y hace falta que una dirigencia responsable se ocupe de ellos con urgencia.

Colau entró a la política para representar a esa gente y hace cuatro años que lo viene intentando con buenos resultados, manteniendo al mismo tiempo una difícil equidistancia en la polarización.

Ahora, tiene una oportunidad de dar un paso más y ayudar a Cataluña a salir del círculo vicioso en el que la metieron Puigdemont y Rajoy. Debería mostrar, con un gobierno estable y de izquierdas en Barcelona, que se puede hacer algo distinto. La jugada política de Valls, al enfrentarla a este dilema, la obliga a pagar costos políticos difíciles, porque la forzará a posicionarse, más tarde o más temprano, más allá de lo que le gustaría, pero también puede permitirle ocupar un lugar que hoy parece vacante en Cataluña: el de quien vuelva a traer a la política para la vida real de la gente común.