Puede que la idea no tenga nada de nuevo, pero la fuerza que ha cobrado el Nuevo Pacto Verde en EEUU es notable. Los posibles candidatos presidenciales están asumiendo la propuesta, que ya ocupa un lugar destacado en la agenda del Congreso, donde 40 congresistas demócratas están reivindicando que se elabore un plan sólido al respecto. Sin embargo, puede que lo más llamativo no sea la popularidad al alza de esta idea, sino el creciente reconocimiento político de que el Gobierno puede crear los miles de millones de dólares que se necesitan no solo para enfrentar la crisis climática, sino también para luchar contra las desigualdades y transformar la economía.

Después de 2008, se impuso el relato de que no queda más dinero público para sufragar las alternativas, por lo que debemos recurrir a las finanzas privadas. El Nuevo Pacto Verde da un vuelco a esa perspectiva. Como ha comentado su defensora más célebre, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, este marco ofrece posibilidades para reproducir “la Gran Sociedad, la pisada en la luna, el movimiento por los derechos civiles de nuestra generación”. Esta iniciativa ha potenciado el apoyo a grandes inversiones públicas para luchar contra el cambio climático, con la ayuda de dinero creado públicamente y bancos públicos democráticos. Un nuevo sistema de dinero público podría canalizar subsidios para fomentar el bienestar colectivo.

El coste de las finanzas privadas

El supuesto de que las finanzas privadas representan la única forma de promover la política social y ambiental domina los debates sobre cómo poner en práctica el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A menudo, estos debates ignoran cómo las finanzas privadas facilitan la extracción de riqueza desde el sector público hacia los ricos. Por ejemplo, un estudio sugiere que, entre 1995 y 2005, la City de Londres le costó a la población del Reino Unido 4,5 billones de libras esterlinas en recursos, capacidades e inversiones que beneficiaron al sector financiero en lugar de destinarse a actividades más productivas de la sociedad, así como la enorme riqueza que se evaporó entre los más acomodados con la crisis financiera de 2008.

Las protestas de los 'chalecos amarillos' en Francia constituyen otro ejemplo en el que la gente ha tomado las calles, en parte para manifestarse en contra de una 'ecotasa', porque el Gobierno de Macron pretendía que fuera toda la ciudadanía, y no los contaminadores, la que pagara por el cambio climático. Esto sucedió después de que el Gobierno transfiriera 14 000 millones de euros a los ricos y otros 41 000 millones de euros a las empresas francesas, incluidas multinacionales.

La financiación privada suele terminar siendo más cara que la pública. La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido calculó que los proyectos públicos que se financian de forma privada (por ejemplo, la construcción de una escuela) cuestan un 40 % más que con financiación pública. Esto se explica, entre otros motivos, por las ganancias que exigen los inversores y los accionistas privados, por las normas contables que ocultan el coste real de la financiación privada hasta que aparece como deuda al final de un proyecto y por los tipos de interés, que se sitúan en un promedio del 7-8 % en el caso del sector privado y de solo el 3-4 % en el caso de las administraciones públicas.

Varias décadas de empeños intelectuales han intentado hacernos creer que lo público depende de la financiación privada y que quedan muy pocos bancos públicos, a pesar de que estos han demostrado ser esenciales para redistribuir la riqueza de manera más equitativa entre las poblaciones.

Los datos presentados por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tergiversan el valor de las finanzas públicas al indicar que los bancos públicos solo disponen de entre 2 y 5 billones de dólares en activos. Teniendo en cuenta los muchos billones de dólares que se precisan para financiar la infraestructura necesaria para luchar contra la crisis climática y lograr la transición energética, esta cantidad equivaldría a una gota en el océano. Sin embargo, según las investigaciones de Thomas Marois, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, en todo el mundo hay 693 bancos públicos, que poseen activos por un valor de 37,72 billones de dólares.

Este dinero público se necesita con urgencia para financiar directamente la lucha contra los efectos adversos del cambio climático y unos sistemas energéticos democráticos, socialmente justos y renovables. Sin embargo, la mayoría de los Gobiernos se limitan a incentivar a las empresas privadas para que inviertan en la transición hacia las energías renovables mediante el fomento de las privatizaciones y de las alianzas público-privadas.

A pesar de los innumerables recortes de impuestos, subsidios y garantías públicas, el sector privado no ha mostrado ningún interés significativo en financiar una transición de los combustibles fósiles hacia las renovables. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, las inversiones en renovables que dependían del sector privado incluso bajaron un 7 % en 2017. Es probable que esta tendencia se mantenga mientras dependamos de las finanzas privadas y los mecanismos de mercado.

En cambio, la inversión pública se puede dedicar a sistemas y servicios públicos, y con mejores resultados sociales y ambientales. Un estudio de 835 casos de servicios públicos de todo el mundo que acabaron con la privatización o que ofrecieron una nueva alternativa de servicio público (de los cuales, 311 en el sector energético) ha demostrado que las empresas privatizadas no garantizan una mejor calidad de servicio, precios más bajos ni más inversiones. Los servicios públicos recuperados y remunicipalizados suelen rendir mejor, lo cual demuestra que trabajando en equipo las autoridades locales, el personal y las comunidades están mucho mejor preparados que cualquier empresa comercial para brindar unos servicios de calidad para todos y todas.

Fundamentos para la transformación financiera

De estas observaciones iniciales, podemos extraer cuatro grandes conclusiones. En primer lugar, los recursos están ahí, pero están siendo expropiados y desperdiciados por una minoría empresarial muy privilegiada. En segundo, la financiación privada resulta mucho más cara que la pública a la hora de sufragar servicios e infraestructura públicos. En tercero, a pesar de las privatizaciones, se dispone de un volumen considerable de finanzas públicas en forma de bancos públicos. Y en cuarto y último lugar, la transición justa hacia la democracia energética no será una realidad mientras se sigan movilizando fondos públicos para generar ganancias privadas.

Así, si sabemos a qué nos enfrentamos y qué debemos hacer frente a la crisis climática, ¿qué tipo de sistemas financieros y monetarios concebimos para asegurarnos de lograr nuestro fin?

Nuestra visión de futuro para transformar el dinero y las finanzas se basa en dos fundamentos. El primero consiste en una política de las finanzas para el 99 %, por la que las finanzas públicas y democráticamente responsables se utilicen para invertir en agua, salud y educación, así como en sectores que respeten el medioambiente. El segundo es una política del dinero público que anime a los Gobiernos a emplear su poder democrático para gastar dinero directamente en la economía real. Esta es la única manera de liberar a la sociedad de las cadenas de la deuda y la financierización. Estas nuevas políticas pueden dar lugar a la esperanza, ya que proporcionan una base para elaborar propuestas y prácticas radicales pero viables para el futuro que deseamos.

Las alternativas del mundo real, desde Costa Rica y la India hasta Alemania y EEUU, demuestran que podemos transformar de base el dinero y las finanzas, de forma que fomenten el bienestar colectivo.

Para ello, se necesitará una 'política del dinero público', en lugar de una política de las finanzas privatizadas. Esto solo se puede conseguir reafirmando los poderes para crear dinero nuevo con el fin de democratizar fundamentalmente nuestros sistemas monetarios mediante el gasto y no mediante el préstamo. Y ese dinero no se debería gastar en los mercados financieros, sino destinarse a enfrentar los grandes desafíos de nuestra época.

Vincular nuestras luchas contra el derrumbe de los sistemas ecológicos y todas las formas de explotación con estas iniciativas para construir sistemas monetarios y financieros radicalmente justos es vital para transformar nuestras economías. Debemos aunar fuerzas a favor de una nueva política del dinero público y las finanzas para el 99 % y, así, generar fortaleza organizativa.

Debemos exigir y formular políticas para la banca democrática que abarquen un mandato público vinculante e integren en sus juntas directivas a una gran variedad de partes interesadas. Podemos transformar las adquisiciones públicas y el gasto, las inversiones y las prácticas de empleo de las instituciones para favorecer el patrimonio de la comunidad. De esta manera, podremos reclamar que nuestros sistemas monetarios sean públicos, estén sometidos a un control democrático y se utilicen para construir economías que sustenten la vida.