Es cierto que han existido diferencias entre el peso de los partidos nacionales y los autonómicos en las distintas comunidades, pero no eran excesivas ni conocieron cambios llamativos de una elección a otra. Los sistemas de partidos de las Españas electorales se dividían así en tres tipos de comunidades. En el primero, el mapa autonómico estaba dominado por los dos principales partidos nacionales y por IU, bien que alguno de ellos disfrutara de una mayor fuerza relativa que sus correligionarios en las elecciones generales; estos subsistemas de partidos se han dado principalmente en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Madrid. En el segundo tipo, los partidos nacionales han estado acompañados por otros relevantes en mayor o menor grado en el ámbito autonómico, y de naturaleza regionalista o nacionalista; serían los casos de Andalucía, Aragón, o Galicia. Y el tercer tipo estaría constituido por los modelos excéntricos con sistemas de partidos propios, tanto en términos de sus integrantes como de sus pautas de competición, que a su vez han interaccionado con el sistema de partidos nacional; sus casos característicos serían los de Cataluña, Canarias, País Vasco o Navarra.

Las elecciones autonómicas de 2015 y 2019 han modificado este mapa de forma considerable. A falta de comprobar su eventual consolidación, parece evidente que los cambios electorales son más frecuentes y que los sistemas o subsistemas de partidos han incrementado sus niveles de fragmentación y volatilidad y, por lo tanto, de complejidad e incertidumbre. En esta entrada queremos recoger los datos comparados de ambas dimensiones.

El punto de partida

Como es sabido, las elecciones generales de 2011 produjeron resultados de los que los anticipos de la Gran Recesión sufridos entonces fueron en parte responsables. Supusieron un vuelco electoral considerable entre los dos principales partidos: el PSOE perdió muchos escaños y el PP ganó algunos más. Pero, en conjunto, ambos mantuvieron el grueso de su representación en el Congreso de los Diputados. Como muestra el Gráfico 1, la llegada de Podemos y en menor medida de Ciudadanos resultó espectacular. El índice de volatilidad electoral agregada (que expresa en porcentajes los cambios producidos en el apoyo a los partidos en dos elecciones sucesivas) fue del 35,4 por ciento entre las elecciones de 2011 y 2015, y del 22,7 por ciento entre las de 2016 y 2019. Entre 2015 y 2019, la competición bipolar entre PSOE y PP y las reglas hasta entonces habituales para la formación de gobiernos se han modificado (de gobiernos de mayoría o en minoría monocolor, pero con apoyo externo de solo un partido, a gobiernos débiles y que dependen de otras formaciones) de forma que por el momento parece definitiva por la aparición de los nuevos partidos nacionales (Podemos, Ciudadanos y, ahora, Vox). La fragmentación partidista ha aumentado notablemente. Según el índice del número efectivo de partidos parlamentarios (que pondera el número de partidos que se presentan para el Congreso por su peso en escaños), fue de 2,6 en 2011, 4,1 en 2015 y 4,9 en 2019. La traslación de ambas dimensiones al ámbito autonómico ha reforzado la creciente interacción que está produciéndose entre el nivel nacional del Congreso y el territorial de los Parlamentos autonómicos.

Mayores niveles de volatilidad

La Tabla 1 recoge los niveles de volatilidad media en las 17 comunidades autónomas entre 2007 y 2019. Entre 2007 y 2011, la volatilidad media fue de 14,5 por ciento. Solo tres comunidades superaron el 20 por ciento, mientras que las catorce restantes quedaron por debajo (seis, entre 10 y 20, y ocho, por debajo del 10 por ciento).

Pero, en 2015, la entrada de Podemos y Ciudadanos conllevó un incremento considerable. La volatilidad media entre 2011 y 2015 fue del 24 por ciento, casi diez puntos más que en el período anterior. Cinco comunidades alcanzaron niveles superiores a 30, y otras siete superiores al 20 por ciento, mientras que solo cinco quedaron por debajo de este nivel. En fin, durante el periodo 2015-2019 la volatilidad quedó en un nivel intermedio, el 19,3 por ciento, y las diferencias entre comunidades se estrecharon. Ninguna tuvo niveles menores del 10 por ciento y ninguna quedó por encima del 30 por ciento.

Por su parte, el Gráfico 2 detalla los niveles de volatilidad de las comunidades, ordenadas de mayor a menor, también para las cuatro elecciones autonómicas celebradas entre 2007-2019. En el primer período (2007-2011), 14 comunidades exhibieron en mayor medida pautas de estabilidad que de cambio; las excepciones fueron Asturias (por encima de 40 por ciento, debido a la irrupción de Foro Asturias, la escisión del PP liderada por Francisco Álvarez-Cascos), País Vasco y Navarra (que se movieron entre el 20 y el 30 por ciento).

En las elecciones autonómicas de 2015 y 2016, la volatilidad subió en todas las comunidades excepto en Galicia, Andalucía y Asturias. Solo Galicia quedó debajo del 10 por ciento (anticipó en 2012 [volatilidad del 15,6 por ciento] los cambios que se avecinaban en el resto de comunidades autónomas en 2015, debido a la fuerte irrupción de Alternativa Galega de Esquerdas, una escisión del BNG en coalición con IU y asesorada por la élite de Podemos) y, pese a descender, Asturias repitió como la más volátil, esta vez con un 37 por ciento. Entre 2015 y 2019, el máximo se quedó 11 puntos porcentuales por debajo del período anterior; lo marcó Murcia, con 25,7 por ciento, seguida de cerca por Aragón, con 25,2, y Madrid, con 24 por ciento. El mínimo correspondió a Cataluña, con 10,8 por ciento. En el otro extremo, la volatilidad bajó en todas las comunidades, con la excepción de Cantabria (+6,3 puntos) y Extremadura (+0,3). En todo caso, los actuales niveles de volatilidad (todos ellos de dos dígitos) son muy superiores a los que se observaron en las elecciones de 2007-2011; de hecho, es superior en todas las comunidades menos en Asturias y en Navarra. De esta forma, los niveles de volatilidad registrados de forma consecutiva en los dos últimos ciclos autonómicos (2011-2015 y 2015-2019) han supuesto cambios electorales considerables en los sistemas de partidos autonómicos.

Mayores niveles de fragmentación

El Gráfico 3 ordena de mayor a menor el índice de fragmentación parlamentaria de las comunidades en las elecciones de 2019. Los niveles más elevados se encuentran en Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana, seguidas de Cataluña, Andalucía, Canarias, Navarra y Asturias. En los Parlamentos de buena parte de ellas lograron entrar más partidos que en 2015, mientras que se redujeron en Aragón, Canarias y La Rioja. En todas las comunidades, la fragmentación ha aumentado con respecto a la de las elecciones de 2007, y solo se ha reducido, en relación con las de 2011, en Navarra y en Cataluña.

Las dos caras de la moneda

El crecimiento de la volatilidad electoral y de la fragmentación partidista plantean retos importantes a los Parlamentos autonómicos de las legislaturas que están a punto de comenzar. En realidad, los estudios comparados sobre ambos fenómenos los abordan en términos contradictorios. Por lo que hace a la volatilidad electoral, es positivo que muchos electores cambien su voto de una elección a otra, puesto que supone el premio de los votantes a los partidos que han protagonizado una gestión positiva desde las elecciones anteriores, o por el contrario significa el castigo a gobiernos incompetentes o corruptos; en suma, implica el ejercicio de la rendición electoral de cuentas, uno de los principios fundamentales de los sistemas democráticos. Pero tasas excesivamente elevadas de volatilidad, y si además son crónicas, pueden provocar entradas y/o salidas recurrentes de partidos de las instituciones políticas, lo que reflejaría una institucionalización débil de los sistemas de partidos y tendría consecuencias negativas en los rendimientos del sistema político.

La fragmentación partidista, por su parte, suele tener menos defensores. Aunque aumenta las posibilidades representativas de los votantes, los sistemas de partidos excesivamente fragmentados están asociados con legislaturas complejas que incrementan los riesgos para cualquiera de las dimensiones relativas a la gobernabilidad, desde la formación de gobiernos a la adopción de decisiones, pasando por la difícil supervivencia de gobiernos de coalición con múltiples partidos. Cuando además la polarización se suma a la fragmentación, las llamadas líneas rojas se añaden a los vetos recíprocos. Los escenarios más frecuentes suelen incluir inestabilidad gubernamental, dificultades para la formación de gobiernos de coalición, escasa actividad legislativa, presupuestos prorrogados y adelantos electorales.

Con todo, la legislatura autonómica precedente, la de 2015-2019, ha sufrido solo algunos episodios puntuales respecto al impacto de Parlamentos fragmentados en la acción de los gobiernos autonómicos. Entre ellos, la ruptura del gobierno de coalición entre Coalición Canaria y PSOE en diciembre de 2016, que se saldó con la salida del gobierno canario de los socialistas; la entrada en el gobierno de Castilla-La Mancha de Podemos en agosto de 2017, lo que le permitió ensayar con el PSOE su primer gobierno de coalición a nivel regional; y los cambios en la Presidencia de la Comunidad de Madrid (Ángel Garrido por Cristina Cifuentes) y en la Región de Murcia (Fernando López Miras por Pedro Antonio Sánchez), debidos a las dimisiones de sus presidentes ante la amenaza de sendas mociones de censura presentadas por la oposición por sus presuntas actividades de corrupción política.

Pero, en la legislatura 2019-2023, a los actores ya conocidos se ha sumado uno nuevo, Vox, que promete no hacer tan fácil la estabilidad de los Gobiernos a los que incluso dice apoyar. Véase si no el ejemplo de Andalucía, donde, por ahora, ya han optado por anunciar su bloqueo a los presupuestos si los socios del Gobierno, PP y Cs, se empeñan en desconocer sus demandas. En fin, parece que el mal llamado bipartidismo, ahora sí, también a nivel autonómico ha llegado a su fin.