El proceso judicial más mediático de los últimos tiempos en nuestro país, el juicio a la Manada, ha venido acompañado por masivas manifestaciones feministas en nuestra calles porque ha vuelto a demostrar que poner una denuncia puede ser la vía de entrada en un proceso en el que las víctimas pueden ser juzgadas y cuestionadas y en el que las mujeres pueden sentirse solas y desamparadas. Si han hecho falta miles de voces diciendo “yo sí te creo” es porque la justicia, una institución en la que es necesario que puedan confiar justamente los y las más vulnerables, muy a menudo está por detrás de las demandas de igualdad de nuestra sociedad. A pocos días del fallo del Tribunal Supremo, conocemos el informe del observatorio contra la violencia de género del Poder Judicial y muchos de los medios que se hacen eco de los datos llaman la atención sobre uno: de las mil mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003 la mayoría, hasta un ochenta por ciento, no había puesto una denuncia.

A pesar de que parece que gran parte de la opinión pública comprendió el malestar que un caso como el de la Manada generaba para las mujeres, a pesar de que parte de nuestra sociedad entendió que, si la justicia desconfía de las mujeres, las mujeres están abocadas a no poder confiar en la justicia, la lectura de la falta de denuncias viene seguida de un automático mensaje dirigido hacia las mujeres, un mensaje que hace descansar en ellas la solución. “El silencio de la víctima es un factor de riesgo para la vida de las mujeres”, “el Poder Judicial hace un llamamiento a las mujeres para que denuncien” porque esta es “la única llave que abre la puerta de la esperanza”. Mientras la presidenta del observatorio afirma que las mujeres “tienen que saber que hay muchísimas personas que están ahí para que puedan salir de ese círculo de la violencia”, Susana Griso manda este mismo mensaje en la campaña de Antena 3: “la denuncia te ayuda a escapar de tu maltratador”.

Quince años después de que esté en vigor la ley contra la violencia de género del 2004 sabemos cuánto hemos avanzado y lo necesario que es que exista una justicia especializada y una vía judicial para las mujeres. Ahora bien, quince años después de la existencia de una ley, también nos toca pensar cuáles han sido sus fallos y sus insuficiencias y cuántas cosas no han funcionado y toca replantear. Resulta cuanto menos sorprendente que ante el dato de que el ochenta por ciento de las mujeres no ponga una denuncia contra su agresor nos dediquemos única y exclusivamente a contarles que tienen que poner una denuncia y a informarles de que existe esa posibilidad. (¿Tras quince años no lo saben?) en vez de parar un momento, mirarnos y preguntarnos ¿por qué las mujeres no denuncian?

Entre los muchos prejuicios que tiene que combatir el feminismo está el paternalismo con el que a menudo la sociedad y las instituciones tratan a las mujeres. Creer que no nos hace falta conocer los motivos que llevan a las mujeres a preferir racionalmente no poner una denuncia en vez de ponerla es infantilizarlas. Y el caso es que hacemos eso una y otra vez, seguimos dirigiendo siempre a ellas el mensaje y la responsabilidad de salir de una situación de la que -les decimos que- salir es tan fácil como poner una denuncia. ¿Pero es la denuncia la solución útil para todas ellas? ¿Van a encontrar ayuda una vez tomen una decisión irreversible? ¿Les estamos prometiendo algo que estamos en disposición de cumplir?

Las respuestas a estas preguntas son las que permiten entender qué tareas políticas tenemos por delante para poder atender las múltiples situaciones que invisibilizamos cada vez que repetimos que la solución descansa en concienciarlas a ellas. En Madrid, por ejemplo, tras décadas de recortes llevados a cabo por los gobiernos del Partido Popular, los jueces no cuentan con informes expertos llevados a cabo por personal multidisciplinar cualificado que les ayude a medir las situaciones de riesgo en las que se encuentran las mujeres. El resultado es que una de cada dos mujeres que va a pedir una orden de protección, se vuelva a casa sin ella. Es decir, que muchas mujeres quedan más expuestas aun al riesgo sobre su vida cuando ya han dado el paso irreversible de denunciar a su maltratador. Todas esas voces que animan a la denuncia, ¿se han planteado en qué situación se quedan las mujeres tras denunciar?

Podemos hablar de otros casos. Según la Federación de Mujeres en el ámbito rural, AMFAR, si tomamos en cuenta que en las zonas rurales vive el 20% de la población española, la incidencia de la violencia machista es hasta cuatro veces superior que la que se registra en en entornos urbanos. Todas esas mujeres tienen menor acceso a los escasos recursos de asistencia y protección, teniendo que desplazarse muchos kilómetros para, simplemente, recibir un asesoramiento que debe ser de cercanía y proximidad porque debe ser confidencial para no ponerlas en riesgo. Esas mujeres, son víctimas no ya sólo de su maltratador, sino de un contexto y presión social que les dificulta salir de ciclos de violencia. ¿Por qué, en vez de repetirles que denuncien no pensamos como podemos ofrecerles un sistema adecuado de protección para ellas?

Los datos que da a conocer el poder judicial señalan que la mayoría de las asesinadas eran madres. Y quizás, solo quizás, no tener garantizada una vivienda o el miedo a que la violencia se siga produciendo con sus hijos e hijas a través de las visitas o que el estado entienda que con 426 euros de la renta activa de inserción es suficiente para mantener una familia sea un freno para las mujeres a la hora de interponer denuncia. Desde el 2015 los menores son considerados víctimas directas de la violencia, pero lo cierto es que los recursos y ayudas para los niños y las niñas no llegan, las pensiones de alimentos no se pagan, los servicios de atención psicológica a menores y puntos de encuentro familiar y equipos psicosociales de los juzgados están desbordados. ¿Por qué, en lugar de decirles que existe la vía judicial no nos preguntamos si las mujeres con hijos e hijas a cargo tienen garantizada condiciones de vida digna tras interponer una denuncia?

La violencia machista debe ser denunciada, la violencia no puede quedar impune. Ahora bien, el derecho penal no va solucionar este problema y las mujeres no queremos solamente respuestas punitivas, queremos vivir libres y de forma digna. Es un mensaje muy complaciente para nosotros como sociedad pensar que ya hicimos nuestra parte, que hemos puesto en manos de las mujeres la llave para escapar a la violencia y que depende solo de ellas abrir las puertas. Pero no es cierto. Acabar con la violencia sigue siendo un camino lleno de obstáculos y pensar cómo sortearlos es una pregunta de primera importancia política que tenemos que hacernos quince años después de nuestras primeras leyes y a la luz de los datos que estos días conocemos. Una pregunta que nos interpela a todos y todas y no solo las mujeres.