El pasado 27 de enero se celebró en la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia la festividad de Santo Tomás de Aquino. Una ceremonia donde se premia la excelencia académica (Premios Extraordinarios de Grado y Doctorado), se reconoce a quienes cumplen un cuarto de siglo contratados por la institución, y donde la universidad tiene ocasión de encontrarse frente a frente con las familias de quienes celebra de una u otra forma. A ellos se suman un cortejo de togados y togadas con su nota de color, una lección magistral, la entrega de un premio a los valores universitarios y el imprescindible cierre con el Gaudeamus Igitur. El pasado lunes no podía ser menos. Y con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, fueron algunas de sus marchas militares las que pusieron la banda sonora al acto. (Lo sé, no somos una academia castrense ni la música militar pudiera ser la más acertada elección en estos momentos –a mí, como a George Brassens y Paco Ibáñez, la música militar nunca me supo levantar-, pero donde hay patrón no manda marinero…)

“La universidad española no tiene espera”, acertó a decir el rector ante su auditorio en la clausura del acto. Y para quienes pudieran pensar que así arrancaba a reclamar al gobierno regional, ante el Consejero de Universidades allí presente, una mejor financiación para nuestra institución, una rebaja de las tasas académicas, un “vamos allá con esa bonificación del 99% que les prometí a mis estudiantes”… todo quedó en agua de borrajas. No iban por ahí los tiros. En lugar de aprovechar la ocasión, desvió la atención. Y lo hizo proyectando toda respuesta a nuestras necesidades en el Gobierno de Pedro Sánchez. Y así, afirmó confiar en que “el nuevo Ministerio de Universidades active de inmediato diferentes iniciativas de reforma muy demandadas”, y habló de la inestabilidad del personal de administración y servicios y del personal docente e investigador, y del acceso a la universidad con independencia de los recursos que tuviera cada cual. Nuestro rector es un hombre de leyes, y no desconoce la ley. Sabe que todas esas medidas urgentes, necesarias, vitales para nuestra institución dependen exclusivamente del Gobierno de López Miras: la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece que sobre nuestro Gobierno regional recae la regulación del régimen jurídico y retributivo del profesorado contratado de nuestra universidad, la capacidad para establecer retribuciones adicionales (aquello que prometió al pdi laboral a tiempo parcial de nuestra universidad porque, afirmaba entonces causarle vergüenza como universitario que cobraran un salario indigno), la aprobación de programas de financiación plurianual… Si el profesorado a tiempo parcial de nuestra universidad sigue cobrando una miseria dos años después de que en su programa electoral anunciara todo lo contrario, no es porque en Madrid nos tengan manía: la mejora salarial, las retribuciones adicionales, pasan exclusivamente por nuestro gobierno regional. Y lo sabe. El aumento del techo de gasto -para una política de profesorado que permita la convocatoria de plazas a tiempo completo, por ejemplo- pasa por nuestro gobierno regional. El plan de financiación plurianual pasa por el gobierno regional.

Las familias presentes en el acto no escucharon sobre esto, ni tampoco de cómo llevaría a cabo la bonificación de las matrículas universitarias ni la reducción de tasas académicas –también competencia del gobierno regional. Quienes recogían su premio a la excelencia académica –premios sin bonificación económica alguna- habían abonado por la expedición de sus títulos de Grado o Doctor algo más de doscientos euros que no se les reembolsaba. Entre marcha militar y marcha militar, no hubo un solo reproche al gobierno trifachito de nuestra región: ni sobre el veto parental (en el acto de Santo Tomás nuestro rector ya sabía que tres días atrás una parte del Claustro había registrado una solicitud para adherirse al manifiesto contra el pin parental, sin que a día de hoy se haya puesto todavía fecha a la celebración de ese Claustro extraordinario para debatir el tema) ni sobre la financiación necesaria para combatir la precariedad, ni sobre la bonificación de créditos, la rebaja de las matrículas de los másteres habilitantes, la rebaja de tasas académicas… Nada de nada. En momentos así, cuánto se echa en falta el arrojo del rector Orihuela, que no habría callado ni debajo del agua…

Bueno, sí, algo hubo. Cuando el rector de nuestra universidad dejó caer el nombre de Unamuno, tan de moda ahora por Amenábar, tuvo ocasión de hacer como aquel rector de Salamanca y alzarse en su propio paraninfo contra el fascismo de su tiempo: pudo plantar cara a los abusos de la Administración regional, reclamar la creación de un mapa de títulos, recordar que lo público ha de estar siempre al servicio de lo público (las dichosas prácticas curriculares en centros y hospitales públicos)... Pudo hacer tantas cosas… Pero tampoco fue así. Quizás porque hay que ser del mismo Bilbao para hacerlo. Las palabras que tomó prestadas de Unamuno fueron otras, y lo hizo para cuestionar la decisión del gobierno central de separar Universidad e Investigación en dos Ministerios: “Cada ministro trae su receta, cambia las etiquetas de los frascos y el lugar de colocación de algunos y sólo consigue que, confundiéndose los que despachan en la droguería, hagan una barbaridad. Y si no lo hacen es porque todo lo sirven en píldoras homeopáticas disueltas en una pipa de agua del pozo”. Esas palabras. Tal cual. Confieso que sentí cierto rubor al escucharlas, máxime cuando días atrás, en nuestra universidad y con motivo de la dimisión del vicerrector de Investigación y Transferencia, ese mismo vicerrectorado se había dividido en dos, separando ambas competencias –que también muchos consideran necesario que vayan de la mano para no dificultar la gestión del triángulo del conocimiento- precisamente en dos vicerrectorados distintos…

En algo de ese discurso de Santo Tomás de nuestro rector estuvo acertado, cuando recordó “la urgencia con que los ciudadanos esperan respuestas de su universidad”. El Manifiesto contra el pin parental suma ya más de 215 apoyos de colectivos, organizaciones, sindicatos y partidos políticos. Una de las respuestas de la universidad que la sociedad espera es esa, nuestra adhesión. Urge la convocatoria por parte del Rector de ese Claustro Extraordinario que se solicitó, urge que la Universidad de Murcia se adhiera al manifiesto, urge sentir que de verdad vivimos en el siglo XXI, que tenemos una responsabilidad social que asumir –y ponerse de perfil no puede ser la solución…

En los tiempos que corren, urge defender la libertad, la igualdad y la fraternidad, que sean esos nuestros valores, nuestra seña de identidad ante la sociedad. Para que no quepa nunca ningún género de duda. Toca alzar la voz y no escudarse en otros, toca decir alto y claro #NoAlPinParental #NoAlVetoParental

Este mes de julio nuestra Universidad de Murcia, nuestra querida UMU, está que arde. Podría achacarse a las temperaturas propias de esta estación, pero su razón de ser responde a algo más inquietante: el proyecto de normativa de grupos de investigación de nuestra UMU, ahora en periodo de exposición y presentación de enmiendas, que relega al profesorado asociado a tiempo parcial de nuestra universidad al rol de colaborador.

Hasta ahora, la normativa señalaba lo siguiente: que para la constitución de un grupo era necesario 'un mínimo de 3 EDP’s (Equivalente a Dedicación Plena), entendiendo que los investigadores a tiempo completo computan 1 EDP y a tiempo parcial 0,5 EDP'. Por investigador a tiempo parcial se entendía, cómo no, al profesorado asociado con esta dedicación. Y por si quedaban dudas, se matizaba que serían integrantes de un GI 'todos aquellos profesores e investigadores (PDI) vinculados estatutaria o laboralmente a la Universidad de Murcia', para a continuación referir que los grupos podrían contar con colaboradores -que deberían ser, al menos, graduados universitarios-, y que el personal de Administración y Servicios se incluiría precisamente en esta categoría, la de 'miembro colaborador'.

El proyecto de normativa, aprobado por la Comisión de Investigación el pasado 21 de junio, limita ahora la consideración de miembros investigadores a determinadas figuras: el pdi a tiempo completo, el profesorado emérito y visitante y quienes disfruten de contratos predoctorales o posdoctorales o con cargo a proyecto. La nueva normativa señala que serán considerados miembros colaboradores 'el resto del personal docente y el de administración y servicios, siempre que posea, al menos, el título de máster o una titulación con un mínimo de 300 créditos ECTS'.

Laura (nombre ficticio) apenas sobrepasa los cuarenta años. Contó con una FPU para realizar su tesis doctoral, obtuvo una posdoctoral y más tarde un contrato Juan de la Cierva…, pero la única forma que tuvo de continuar en el sistema universitario, de continuar con su carrera docente e investigadora, fue bajo la figura de profesor asociado a tiempo parcial. Su curriculum le permitió obtener la acreditación a Profesora Titular de Universidad, celebrando así la ANECA su actividad docente e investigadora. In-ves-ti-ga-do-ra. Cuando Laura concursó a la plaza a tiempo parcial de nuestra universidad, la comisión de contratación, baremo en mano, valoró su producción investigadora (bloque IV) y su experiencia investigadora (bloque V). Ahora, la nueva normativa de grupos de investigación de nuestra UMU pretende reducirla a la figura de colaboradora, no puede continuar considerándola investigadora a pesar de su trayectoria, porque para este equipo rectoral los profesores asociados no pueden ser ya miembros investigadores de nuestros Grupos de Investigación. ¿Investi-qué? #OrgulloUMU.

Miguel (nombre ficticio) roza los sesenta años, compagina un contrato de pdi a tiempo parcial en nuestra universidad con su profesión, y nuestra Universidad se ha beneficiado de los contratos que ha podido suscribir con ciertas empresas, empresas donde nuestros estudiantes han podido al tiempo realizar sus prácticas externas. La nueva normativa de grupos de investigación de nuestra UMU entiende ahora que Miguel no puede ser considerado miembro investigador de un grupo -que se beneficiaba de su experiencia, de sus contratos y de los ingresos que permitían llevar a cabo otras investigaciones-. La nueva normativa de grupos de investigación de nuestra UMU considera que Miguel no puede seguir siendo considerado miembro investigador de un Grupo, como lo ha sido durante más de una década en nuestra Universidad. Ya no. Ahora pasará a ser considerado miembro colaborador, así, sin más, porque para este equipo rectoral, en la normativa que nos presenta, los profesores asociados no son, no pueden ser ya, miembros investigadores de nuestros Grupos de Investigación. #OrgulloUMU.

Entre el profesorado a tiempo parcial de nuestra universidad, más de un centenar están acreditados a las distintas figuras reconocidas por la Ley de Universidades –a Profesor Titular de Universidad, incluso-. Figuras a tiempo completo a las que no pueden promocionar -y que les permitirían estabilizarse- porque se precisa al menos un aumento del techo de gasto que permita convocar plazas a tal fin –y los techos de gasto no aumentan solos, hay que pedir, hay que exigir que así sea-. La ANECA ha evaluado la experiencia docente e investigadora de nuestro profesorado a tiempo parcial, y muchos de ellos y muchas de ellas han recibido un papelito que les hace creer que algún día obtendrán la promoción y estabilidad soñada. La ANECA ha celebrado sus curriculums -con las publicaciones, congresos y participaciones en proyectos que ello conlleva-. Sin embargo, la nueva normativa de grupos de investigación de nuestra UMU considera que al profesorado a tiempo parcial de nuestra universidad no puede considerársele ya miembro investigador de un grupo, a pesar de que muchos de ellos, integrados en grupos, obtienen en solitario más puntos de producción al año que muchos grupos de investigación de nuestra universidad. La Comisión de Investigación, que aprobó esta nueva normativa el mes pasado, lo sabe bien, conoce las cifras, podría ordenar al pdi de nuestra universidad (desde catedráticos a laborales) en función de sus puntos de producción, y muchos se llevarían las manos a la cabeza con Profesores Titulares de Universidad que no pasan de 10 puntos y profesores contratados a tiempo parcial que superan el centenar. Pero la nueva normativa, aprobada por la Comisión de Investigación hace apenas unas semanas, reduce el papel del pdi laboral a tiempo parcial a mero colaborador, ningunea su labor, y las puntuaciones que antes obtenían merced a la ACI (Ayuda Complementaria a la Financiación del Plan Propio de nuestra Universidad) dejarán de contabilizarse para obtener financiación en las próximas convocatorias, con la repercusión que esto tendrá en sus Grupos de Investigación. Precarización del profesorado más precario, grupos precarizados en su financiación para investigar.

En el Preámbulo de este proyecto de normativa se da la clave para considerar nula esta aberración que pretenden: la precarización del profesorado asociado a tiempo parcial (cada vez más y más precarizado), el ninguneo de su capacidad investigadora, de su condición investigadora. El Preámbulo recuerda el artículo 109 de los Estatutos de nuestra Universidad, donde se establece que ‘la investigación es un derecho y un deber del PDI de la Universidad de Murcia’ y que ‘cada miembro del PDI contará con la máxima independencia para desarrollar programas y líneas de investigación'. La investigación es un derecho y un deber del PDI de nuestra universidad. Sea cual sea el tipo de contrato que disfrute. El artículo 117 del II Convenio Colectivo del personal docente e investigador de las universidades públicas de nuestra región señala igualmente que ‘el profesorado contratado laboral tendrá plena capacidad docente y, cuando se halle en posesión del título de doctor o de doctora, plena capacidad investigadora, con la limitación establecida para el profesorado que tenga la modalidad de ayudante con arreglo al artículo 49 de la Ley Orgánica de Universidades‘. Si los Estatutos reconocen un derecho, si lo hace nuestro Convenio colectivo, no hay motivo para que, considerada la capacidad investigadora de todo PDI, no puedan integrarse en los Grupos de Investigación de nuestra universidad, como se pretende.

Limitar ese derecho reconocido por Ley, negar ese reconocimiento de la capacidad investigadora recogido en un convenio colectivo de obligado cumplimiento, ningunear de esta manera al pdi laboral a tiempo parcial de esta Universidad es una maniobra demasiado torpe como para que sea real, máxime cuando nuestro equipo rectoral está liderado por especialistas de reconocido prestigio en materia de derecho laboral –no en vano, son catedráticos en dicha materia tanto el Rector como el Secretario General.

Quizás esta película no sea más que el sueño de una noche de verano, una torpe cortina de humo para encubrir una gestión que deja mucho que desear. Hace año y medio, en la presentación de su candidatura –cuyo lema era “La Universidad que queremos”-, el hoy Rector de esta Universidad dijo que quería hacer de la UMU ‘un lugar más feliz’, ‘ir a un lugar de trabajo donde me sienta feliz y la gente a mi alrededor sea feliz’. Pocos días después, aseguraba sentir “vergüenza” de que hubiera “compañeros cobrando 590 euros por mis mismas horas de clase” y prometía poner remedio a ello si accedía al Rectorado. Nada ha cambiado desde entonces. La situación del pdi laboral a tiempo parcial es la misma, aunque ahora sumamos el intento de ningunear su participación en grupos de investigación. Si Víctor Manuel, en una de sus más bellas canciones, se preguntaba a dónde van los besos que no damos, igual podríamos decir de las promesas electorales y del deseo de hacer felices a cuantos nos rodean.

Les voy a contar un secreto que nadie ignora: la precarización no conduce a la felicidad. Sí puede conducir a ella un sueldo digno, un ambiente de trabajo digno, el cumplimiento de un código ético, el respeto de los derechos laborales, la promoción, la estabilización, la defensa de los intereses de esta institución... El camino a la felicidad pasa, por ejemplo, por tratar de cumplir con el programa con que se ganó unas elecciones, pasa por exigir a la CARM una financiación digna, pasa por reclamar una mayor financiación y un aumento del techo de gasto para estabilizar y promocionar al personal, pasa por no matar la esperanza, pasa por no resignarse a la intervención a que estamos sometidos... Pasa por decir, a quienes nos someten, un Hasta-aquí-hemos-llegado, pasa por decir –alto y claro- un Basta ya. Esa, y no otra, es la universidad que queremos. Ese, y no otro, es un verdadero #SentimientoUMU.

*María Dolores Adsuar Fernández es miembro de la Junta del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Murcia