El Gobierno está a punto de abrir las nuevas instalaciones policiales del puerto de Málaga dedicadas a retener durante un máximo de tres días a los migrantes recién llegados en patera. Según los planos de la obra a los que ha tenido acceso eldiario.es, el Ejecutivo habilitará un espacio de 2,3 metros cuadrados (m²) de media a las 300 personas que pretende albergar en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de la ciudad andaluza. Es algo más de la mitad de lo que marca la normativa para quienes son encerrados en los calabozos policiales, un 42,5%.

Un informe arquitectónico encargado por este medio basado en los planos de la obra que se han desarrollado en el puerto de Málaga detalla que la instalaciones contarán con 1,7 metros cuadrados menos que los 4 m² mínimos de celda a los que obliga la instrucción sobre el diseño y construcción de áreas de detención, utilizada por el Defensor del Pueblo para analizar la situación de los migrantes en las comisarías donde, por lo general, acaban los rescatados durante sus primeras horas en España.

Fuentes del Ministerio del Interior han insistido a eldiario.es que esta instrucción no se puede aplicar a los CATE ya que, dice, son infraestructuras “creadas para una situación de urgencia ante una falta de previsión evidente en la recepción de la inmigración”. “No es una dependencia con celdas, puertas de seguridad ni nada parecido, sino un espacio de acogida y atención temporal”, reiteran las mismas fuentes.

Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que en la práctica estos centros son una extensión de los calabozos destinada a migrantes recién llegados a las costas españolas. La Ley de Extranjería obliga a trasladar a comisaría durante un máximo de 72 horas a quienes llegan a territorio español de forma irregular con el objetivo de identificarles, iniciar los trámites de expulsión y someterles a un interrogatorio. Por lo general, si no requieren atención hospitalaria, son enviados de forma directa a dependencias policiales. Algunos de ellos acaban en estas instalaciones tras vivir situaciones traumáticas en el mar, como ver morir a sus compañeros.

Preguntado sobre la figura de los CATE en el Congreso de los Diputados, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska respondió que es “una comisaría, pero donde se prestan muchos servicios que necesitan: intérpretes, medios sanitarios ambulatorios, que esté Acnur, CEAR y la Policía con la labor de reseña individual. Nunca están más de 72 horas, no es un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)”. En dicha comparecencia el ministro no aclaró qué ordenamiento legal hay sobre estas instalaciones. Fuentes de Interior se limitan a explicar a eldiario.es estos centros se rigen por la “regulación de las comisarías”.

“La movilidad será casi totalmente impracticable”

“Los migrantes serán detenidos en espacios 'calabozo' sumamente reducidos y gestionados por Policía Nacional”, recalca la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía en Málaga (APDHA). Para la organización, los planos del CATE muestran que la movilidad “si se instalan literas” en su interior, será “casi totalmente impracticable”, y que los recién llegados serán “retenidos en condiciones preocupantes de hacinamiento”. Además, muestra su preocupación ante “la falta de zonas como comedor y la ausencia de espacios para el esparcimiento y el recreo”.

El Gobierno tiene previsto inaugurar en lo que queda de julio el centro de Málaga, que contará con 300 plazas, dividido con cuatro módulos, cada uno de ellos con un sanitario, con un total de 21 urinarios y 21 duchas. En el peor de los casos, tendrán que compartir un inodoro y una ducha por cada 22 internos del CATE, según el informe arquitectónico realizado para este medio. La ONG andaluza de derechos humanos considera que este lugar “no mejora las condiciones que se les ofrecía hasta el momento en el albergue municipal de Málaga o en viviendas de la Cruz Roja”.

Interior, encargado de gestionar el centro a través de la Policía, ha confirmado a este medio que habrá dos dormitorios y zonas de atención diferenciadas: una para hombres y otra para mujeres y niños que, de acuerdo con el departamento que dirige Grande-Marlaska, no estarán detenidos pero “deberán permanecer localizables en el CATE como fija la Ley de Extranjería”.

Antonio de Haro, inspector jefe y responsable de la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) en Málaga señaló durante las últimas jornadas sobre periodismo de Fronteras que “las personas una vez son desembarcadas, están en calidad de detenidas” y destaca que “tanto la Fiscalía como los juzgados competentes lo entienden así”. Interior, sin embargo, reitera que en estos centros, los migrantes “no están detenidos”, sino que “permanecen bajo custodia policial un tiempo máximo de 72 horas, que se dedican a identificarlos, ofrecerles información sobre su situación legal, darles asistencia médica y tramitar su eventual derivación a otros recursos asistenciales”.

La figura de los CATE no cuenta con regulación propia: no cuenta con protocolos, instrucciones o normativas específicos por los que regirse, algo denunciado por el equipo jurídico de Málaga Acoge. Según confirma Arantxa Trigueros, presidenta de Málaga Acoge, la asociación ha solicitado información al Ministerio sobre el régimen jurídico aplicable a las personas que se vayan a encontrar en el mismo así como su naturaleza, pero aún siguen a la espera.

“Las noticias que han ido saliendo hasta ahora es que en el mismo no van a estar privados de libertad, pero, entonces, ¿tendrán libertad de salir de allí en cualquier momento?”, se pregunta Trigueros. Desde la entidad temen que los CATE “se puedan convertir en centros opacos donde se puedan producir las mismas vulneraciones de derechos que se han visto ya en los CIE”. La organización destaca que el periodo que Interior marca de 72 horas coincide con el máximo que una persona pueda ser privada de libertad antes de pasar a disposición judicial.

Las instalaciones de Málaga serán el cuarto centro de estas características que entra en funcionamiento en Andalucía. En la actualidad hay tres CATE: en San Roque-Algeciras (Cádiz), Almería y Motril (Granada). El objetivo declarado de este tipo de centros, habilitados en las proximidades de los puertos, es que los migrantes recién llegados estén en unas condiciones más amables ante las numerosas denuncias sobre la “arbitrariedad” y la “improvisación” en la respuesta del Gobierno español ante el incremento de llegadas irregulares. Organizaciones como CEAR han documentado cómo los recién llegados son retenidos durante sus primeras 72 horas en España en algunos lugares que eran “insalubres, con colchones en el suelo y sus correspondientes barrotes”.

“No olvidar que se trata de centros de detención. A pesar de ser cierto que, en comparación a las condiciones que ofrecían las comisarías y los polideportivos, la situación ha mejorado, los medios aportados siguen siendo insuficientes”, indicó la APDHA en su último informe anual sobre los CATE. El propio Sindicato Unificado de Policía ha reclamado más medios, intérpretes y personal sanitario para el centro de Crinavis (San Roque), abierto el 2 de agosto de 2018, criticando la falta de recursos. Las dependencias de Motril acumulan un largo historial de denuncias, también del Defensor del Pueblo. “Las instalaciones no reúnen condiciones de salubridad y un acondicionamiento básico suficiente para la acogida de decenas de personas”, afirmó la institución tras su visita en noviembre de 2017, que repitió en septiembre de 2018, que seguía manteniendo “las mismas conclusiones”.

Málaga, sede del control migratorio en Alborán

En 2018, llegaron al puerto de Málaga 10.675 personas, según los datos de la Cruz Roja. La mayoría fueron derivadas al CATE de San Roque. Las nuevas instalaciones en la ciudad andaluza están situadas en un dique de mayor profundidad cedido por la Autoridad Portuaria de Málaga que permitirá atracar a grandes buques de rescate como la embarcación de Salvamento Marítimo Clara Campoamor.

Málaga se ha convertido en la sede del control fronterizo en la zona de Alborán con la instalación del centro de coordinación de operaciones de la Autoridad para la Inmigración en el Estrecho, Mar de Alborán y aguas adyacentes (Mando Único Operativo), situado en Capitanía Marítima de Málaga. A ello se añade el despliegue de 11 agentes de la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex) que, según ha señalado a eldiario.es, se encargarán de hacer entrevistas y registro de huellas.

La labor diaria del centro de coordinación (Mando Único) creado por el Gobierno de Pedro Sánchez consiste, a grandes rasgos, en centralizar todos los recursos destinados al control de fronteras, el rescate y atención a personas migrantes en la frontera sur. En él se integran representantes de Fuerzas Armadas, Frontex, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, Salvamento Marítimo y Cruz Roja. Al mando de todos ellos se encuentra el general de División de la Guardia Civil Félix Blázquez González.

Según explica el Ministerio del Interior, sus funciones consisten en coordinar “las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones” de migrantes, así como “las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes”.

Desde Interior recalcan como una de las prioridades del centro “proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables”. Para APDHA, sin embargo, se trata de la salvaguarda “de una frontera sur militarizada que actúa como dique de contención hacia los que buscan llegar a Europa”.