En su famoso libro 'La rebelión de las masas' decía Ortega (año 1927) que “Lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa”. Esa falta de autoconocimiento, esa desorientación que señalaba Ortega, la refería a la sociedad de su época, a un fenómeno colectivo.

En nuestro siglo XX, el colapso del sistema comunista tras la caída del muro de Berlín liberó a las fuerzas más conservadoras de una alternativa ya enormemente desgastada, pero que había funcionado como freno de las derechas más extremistas: se había desaprovechado la oportunidad de profundizar en la compleja sociedad liberal, en su mejor sentido socialdemócrata, europea, y las crisis presupuestarias derivaron en el terrible experimento neoliberal patrocinado por Reagan y Thatcher. 

Sus nefastas consecuencias, ensalzando el egoísmo, la riqueza como premio moral –ver 'La Ética protestante' de Max Weber–, no sólo provocaron una insoportable desigualdad y la ruina del ascensor social, sino que generaron un importante descrédito de los sistemas parlamentarios y del estado social de derecho instaurados tras la segunda guerra mundial.

El resultado es bien conocido: las posiciones progresistas, sin referente que proponer, aceptaron incorporar los postulados económicos neoliberales sin reconocerlo explícitamente, vaciando su identidad. Igualmente, quienes impulsaron este neoliberalismo han sido arrastrados por la misma corriente. Ese desapego de la política, ese todos son iguales, abrieron espacios a nuevas fuerzas, hasta ahora condicionadoras, pero no directoras, de gobiernos e instituciones.

En su desesperada estrategia de personajes en busca de autor, los partidos tradicionales llevan décadas arrastrando los pies y perdiendo terreno ante quienes, sin ningún escrúpulo, han sacado del baúl las viejas recetas y, tras pasarlas por el tinte, nos las venden como mercancía nueva.

Aprovechando la empanada y la confusión, los adalides del proteccionismo (China) son ahora defensores del libre comercio y la bandera antiglobalista, que en los últimos años habían enarbolado las posturas de izquierdas, es ahora reclamada por la extrema derecha, proteccionista y nacionalista, xenófoba y reaccionaria, en una cruel pirueta del destino, como lo es también que se presente como la reformadora del statu quo, como la que promueve el cambio (siempre ese reclamo)… pero para que volvamos al siglo XIX.

Hay dos autores especialmente interesantes que dan algunas pistas sobre “esto que nos pasa”.

Uno es Gianbattista Vico (1668-1744) que, en su teoría de 'Le corsi e le ricorsi', plantea que la historia no avanza de manera lineal, sino en ciclos repetitivos que implican avances y retrocesos. Según Vico, el desarrollo histórico sigue un patrón circular en el que las sociedades pasan por una etapa de infancia, marcada por el dominio de lo religioso y la ausencia de Estados organizados, una edad de juventud, con la formación de Estados aristocráticos, como en Grecia y Roma y una de madurez, caracterizada por la democracia, la igualdad civil y el florecimiento cultural.

Tras alcanzar su “madurez”, las sociedades entran en decadencia y regresan a un estado primitivo, reiniciando el ciclo. Esta visión rechaza la idea ilustrada de un progreso continuo e indefinido, destacando en cambio una alternancia constante entre momentos de avance y retroceso.

Un segundo autor, Friedrich Nietzsche (1844-1900) formuló en su teoría del “eterno retorno” que todos los eventos del universo se repiten infinitamente, rompiendo la idea de un tiempo lineal y defiende un tiempo cíclico, donde cada instante de nuestra vida se repetirá exactamente igual una y otra vez.

¿Podemos aplicar estas teorías a nuestra época?

Donald Trump y su corte de los milagros (local e internacional) plantean pura y simplemente volver al siglo XVIII y al lema “Laissez faire, laissez passer”. Quieren borrar dos siglos de desarrollo social, de lucha contra los privilegios. Su postura, vuelve a ser –tres siglos después– que la mejor manera de promover el crecimiento económico y el bienestar social es permitir que las personas y las empresas operen con la mínima intervención del gobierno. Abogan por un mercado libre donde las fuerzas de la oferta y la demanda determinen los precios y la producción, sin regulaciones gubernamentales excesivas.

Ya venimos de ahí. Y sabemos a dónde llevó el proteccionismo, la xenofobia y el patrioterismo: a la degradación de ese sistema, con sus quiebras gigantescas, conflictos internacionales y unilateralismos, a dos terribles guerras mundiales y a los fascismos.

Tras el fin de la Guerra Fría nos hemos insensibilizado por las dosis diarias de guerras “regionales”. A veces más cerca –los Balcanes– a veces más lejos –Irak, Gaza–, pero las hemos visto en los informativos. No han bombardeado nuestras casas, ni hemos tenido que escapar de nuestro país, ni han matado a nuestros hijos en guerras lejanas.

Da la sensación de que ese impasse está terminando y que un nuevo papel llama a la puerta de Europa, que tiene que reaccionar a las sacudidas que desde fuera alteran su apacible existencia.

El contrapunto al eterno retorno nietzscheano lo constituye, precisamente, en la filosofía del autor, la voluntad de poder, la ambición del hombre de lograr sus deseos, la demostración de fuerza que lo hace presentarse al mundo y estar en el lugar que siente que le corresponde. Representa un proceso de expansión de la energía creativa que, de acuerdo con Nietzsche, era la fuerza interna fundamental de la naturaleza. 

Europa debe manifestar su voluntad de poder, de mantener nuestro estilo de vida frente a quienes nos insultan desde EEUU y nos ningunean desde Israel, Rusia o China. Si no reaccionamos, desapareceremos y, casi peor, el mundo perderá una imprescindible referencia, un modelo que, como diría Churchill “es el peor de los modelos, a excepción de todos los demás”.

Les interesa una administración dócil, domesticada, rendida al botín que supone la colocación de cientos, miles de asesores del partido (que para eso llevan tiempo calentando en el banquillo) como los que los Cerdán o Montoro colocaban obscenamente para sus chanchullos

El 13 de enero de 1898, el prestigioso escritor Emile Zola llenó la portada del diario L’ Aurore con su celebérrimo artículo 'Yo acuso'. En él, con el formato de carta abierta dirigida al presidente de Francia, Félix Faure, Zola denunciaba la injusticia y el antisemitismo del caso Dreyfus, la hipocresía de la clase política y de gran parte de la sociedad francesa de la época que buscaron en el capitán Dreyfus un chivo expiatorio y una válvula de escape a las inmensas frustraciones nacionales sobre la incapacidad del ejército francés frente al prusiano y, una vez más, tapar corrupciones vergonzosas.

No puedo pretender emular a tan prestigioso escritor, pero sí valerme de su precedente para denunciar la hipocresía de todos los partidos políticos (pero no sólo) al proponer medidas cosméticas para una corrupción que sigue corroyendo la credibilidad del sistema.

Varios analistas independientes antes que yo (Pablo Simón o Víctor Lapuente) han expresado sus dudas de que las 15 medidas propuestas por el PSOE recientemente no sean más que otra acción gatopardiana para que nada cambie y ponían el foco en la “no medida”, que cuidadosamente se ha evitado proponer: eliminar o rebajar al mínimo la politización de la administración pública, despolitizar la administración pública y reforzar la meritocracia.

No hay que gastar mucha saliva: ni el PSOE ni el PP (pero ¡ojo!, tampoco ninguno de los demás partidos que aprobaron el reciente fiasco del Estatuto del Directivo Público) quieren hacerlo. Hacen lo mismo en sus feudos. Les interesa una administración dócil, domesticada, rendida al botín que supone la colocación de cientos, miles de asesores del partido (que para eso llevan tiempo calentando en el banquillo) como los que los Cerdán o Montoro colocaban obscenamente para sus chanchullos con nuestro dinero, como hemos visto con repugnancia (y con resignación suicida) estos días. Lo ha explicado clarísimamente el profesor Jiménez Asensio en su publicación 'Las Instituciones rotas'.

En el caso de la Administración General del Estado, la Fundación Civio lleva años intentando que el gobierno de turno les dé información sobre los asesores nombrados a dedo. No hay manera. Se resisten. El escándalo de las puertas giratorias, testaferros y golfadas de unos y otros, en parte, lo facilita ese ejército de pelotas que debe al puesto al partido.

Pero, y aquí es donde quiero centrar mi aportación, no sólo son esos Koldos que presionan a los funcionarios: para que funcione la corrupción tiene que haber el funcionario que traga. Las otras dos patas son el político corrupto y la empresa corruptora, pero el funcionario también. Lo asesores a dedo filtran pliegos, susurran a las empresas, presionan, amenazan, prometen… pero no están en las mesas de contratación.

Si algún sentido tenía crear la categoría del funcionario era para garantizar que los ciudadanos tendrían una administración neutral que velaría por el interés general. Su especial protección frente al despido (frente a los cesantes del siglo XIX) bastaría para blindarle y que pudiese decir “no” a propuestas deshonestas de políticos y empresarios tentadores.

Pues no funciona. Evidentemente, más allá de funcionarios corruptos, sirviendo a políticos corruptos o con sus propios manejos (que los hay), la capacidad de los corruptores de conseguir que los funcionarios colaboren es total.

La vía para ello es más vieja que el mundo: el palo y la zanahoria.

Si te portas bien, habrá complementos discrecionales de productividad, te nombraremos en consejos de empresas públicas donde cobrarás dietas de asistencia generosas, serás bien considerado para furos nombramientos. Si no colaboras, tras tu cese se te hará el vacío, cobrarás la mitad y no te daremos trabajo.

Como publicaba hace poco elDiario.es, tan solo en dos años, fueron sustituidos más de 300 cargos en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria: un cese cada algo más de dos días. Siguiendo aquel mafioso aforismo de Alfonso Guerra “el que se mueva no sale en la foto”. En estos casos, ni eso: sin moverte te quitan de la foto porque necesitan tu puesto para poner a los suyos, que es uno de los principales objetivos de los partidos/agencia-de-colocación-de-los-suyos.

Pues bien, en este contexto, las asociaciones de funcionarios, las pomposas asociaciones de cuerpos superiores, que se rasgan las vestiduras por los intentos del Gobierno de arreglar el cáncer del empleo temporal, por modernizar las oposiciones, ante la invasión de los enchufados que prevén, no han dicho ni mú del recientemente aprobado Estatuto del directivo público, que consolida la demolición de una administración profesional que pueda defender el interés general y era pieza clave para detener esta degradación.

El diagnóstico lo conocía muy bien la actual secretaria de Estado de Función Pública, cuando podía hablar, pensar y opinar, coordinando una publicación oficial ¡del Instituto Nacional de Administración Pública nada menos! de 2017 y decía (pág. 198): “No cabe desconocer que la situación actual ha generado amplias zonas de fricción entre la política y la Administración que se han saldado con un doble fenómeno disfuncional de politización de la alta función pública y funcionarización de la política. De una parte, la imparcialidad que la Constitución exige como garantía del régimen de función pública se ve seriamente comprometida por la existencia de cuadros profesionales a los que se supone, de forma inicial o sobrevenida, una adscripción política determinada y que cesan con cada cambio de gobierno. En el estrato superior de la función pública, que (…) debería disponer de garantías de imparcialidad y profesionalidad reforzadas, se produce un fenómeno de colonización política mediante el funcionamiento de este spoil system de circuito cerrado”.

Un par de páginas antes ya advertía: “El gobernante que afronte esta tarea debe ser consciente de que un cambio de paradigma siempre implica vencer resistencias del propio estamento político, acostumbrado a una Administración sumamente politizada y dócil, de los estratos funcionariales que han accedido a puestos de responsabilidad por esta vía y de los grupos de presión que obtienen ventajas de esta situación de debilidad institucional”.

El grupo de expertos coordinado para esa publicación explicaba las soluciones adoptadas en otros países, que son bien conocidas: menor discrecionalidad en los márgenes subjetivos de valoración de pliegos, garantizar la selección y cese de manera profesional de los directivos, claridad en las instrucciones de los políticos, etc.

En cuanto fue nombrada se olvidó de tan sabios consejos y ahora se encarga de poner en marcha un fiasco de Estatuto que no garantiza nada.

La mejor manera de conseguir una función directiva capaz de oponerse a los interminables escándalos de corrupción conocidos y por conocer es asegurar al díscolo que si le cesan injustificadamente (se denomina eufemísticamente “pérdida de confianza”), tiene garantizado el estatus directivo similar en otro puesto. Nadie quiere bloqueos en la dirección política, pero el mangoneo y el abuso de cualquier nuevo gobernante con los directivos que hereda es insufrible, y ahí tenemos las consecuencias.

Es tal la degradación a la que hemos llegado que creo que merece la pena correr el riesgo de ese “interventor” que se opone a todo y —según los políticos– boicotea la gestión. Si es el caso o se le descubre corrupto, caiga sobre él o ella lo que sea, pero estoy seguro de que, si generamos una cultura de respeto a la vez que de firmeza en la ejecución, nuestra sociedad mejorará. El político decidirá entre ese puente o ese túnel, pero una vez decidido apártese para que los profesionales lo adjudiquen.

A golpe de presión desde Bruselas se han ido creando órganos independientes de control (CNMV, CNMC, AIReF, OIReScon). A la vista está que no son suficientes. Sus directivos son nombrados por el gobierno de turno o se reparten el pastel entre partidos y no guardan el deber de “deslealtad” que defiende Pierre Rosanvallon si quien te nombró delinque. O apenas se les dota de medios y se cumple cara a la galería sin que molesten demasiado a la hora de robar, como hemos visto.

El derecho penal casi nunca arregla nada. Hay que prevenir.

Hay países que han profesionalizado los órganos de contratación, ya que es ahí donde los corruptos van a pescar. Aquí no lo hemos hecho. Hagámoslo.

Ya basta, Fedecas o la muda asociación de Administradores Civiles del Estado, de protestar con la boca chica, de mantener el ecosistema porque no hay otra o para pescar como fijos discontinuos en las diferentes hornadas de los gobiernos y partidos que van y vienen.

Todos sabemos que la medida dieciséis, pero la más importante, es esta, que ningún partido la quiere porque merma su poder y se están aboliendo todos los contrapesos. Si quieren de verdad hacer algo eficaz, rehagan ese Estatuto del Subdirector General. Saben lo que tienen que hacer, pero no quieren.

A quienes conocemos a Carlos Barrabés desde hace años nos duele, como si fuese en carne propia, la cacería de la que está siendo objeto. A quienes hemos dedicado muchos años a apoyar a emprendedores, a aprender de personas innovadoras y que asumen riesgos (algo tan poco frecuente en nuestro país) nos agrede la zafiedad de las acusaciones de las que es objeto.

Parece una burla acusar a Carlos de beneficiarse de una influencia que, gracias a su acreditada trayectoria, no necesita. 

Cuando en los años ochenta fue uno de los pioneros del comercio electrónico en el mundo de sus artículos de montaña, desde la España vacía (aunque nadie la llamase todavía así) no necesitó el amparo de ningún gobierno.

Cuando le han ido concediendo innumerables premios: en 2008 Premio de la Sociedad Geográfica, en 2010 fue seleccionado por el Foro Económico de Davos como uno de los jóvenes líderes mundiales que podía cambiar el mundo, en 2011 Premio Aragón, en 2015 Premio de Internet a la Trayectoria Personal por el Senado, no necesitó a ningún gobierno.

Cuando en 2018 la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) le concedió el Premio Leader dentro de la categoría de Internet y Nuevos Soportes, en 2019 Medalla de las Cortes Generales, no necesitó a ningún gobierno.

A nadie se nos escapa que las agresiones a Carlos Barrabés y su empresa son instrumentales de la pieza de caza mayor como es la esposa del presidente del Gobierno y éste en última instancia.

Nuestra sociedad debe respetar a quienes llevan más de treinta años trabajando con cientos de gobiernos estatales, autonómicos y locales en España de políticos de todo el espectro político y con decenas de países, llevando casi en solitario la imagen del emprendedor español por el mundo.

Asombra asomarse al CV de Carlos: Patrono de la Fundación Empieza por Educar, de la red Teach for All. Patrono de Ashoka, primera red mundial de innovación en programas de emprendimiento social. Socio fundador. Miembro Junta Directiva de Épsilon Ecología. Consejero Asesor de Creas. Consejero del Órgano de Gobierno de la Asociación Española Contra el Cáncer –AECC–. Patrono de Fundación la MásHumano. Consejero Asesor ESRI España. Consejero Asesor Banco Santander España. Consejero de Tresmares. Consejero asesor de Finresp, Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles. Fundador de Esnepi, la Escuela de Negocios del Pirineo. Creador de la plataforma Mañana Empieza Hoy, aportando soluciones a los retos más acuciantes y urgentes.

Nuestro país vale lo que valen sus instituciones, sus instituciones valen lo que vale el respeto a las reglas de juego, el juego debe respetar la honorabilidad de todos y, para mí, personalmente, sobre todo de los que han ayudado tanto a construir lo que somos. 

Así que, por respeto a la figura de Carlos Barrabés, al que deseo su pronta recuperación de la enfermedad que ha rematado un mes horribilis y por respeto a todos nosotros, rompo esta lanza por él y animo a que quienes piensen como yo, que sé que son muchos, lo hagan explícito. No hace falta que alguien desaparezca, como pasa tanto en España, para que le expresemos, nuestra consideración, nuestro respeto y nuestro cariño.

Cuando llegamos al gobierno de la ciudad de Madrid, en el año 2015, gracias al novedoso cóctel de Manuela Carmena con la juventud fresca politizada (y con ganas de entrar en las instituciones, no sólo protestar en la calle) acordamos con el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio, una reforma de los estatutos, que se aprobó por unanimidad en ambas instituciones (pleno y asamblea).

Fruto de ese acuerdo se eliminó la grasa administrativa que habían generado años de inercias de los gobiernos monocolores (en este caso del PP): unidades redundantes y con competencias pomposamente enunciadas pero vacías, puestos directivos con retribuciones astronómicas y condiciones privilegiadas.

Inspirado en el modelo exitoso de la Fira de Barcelona, se creó la figura del Presidente ejecutivo “pro bono” y se eligió por consenso a Clemente González Soler, empresario de éxito y gran reconocimiento empresarial que con gran generosidad compartió su tiempo, energía y adenda, de manera gratuita al servicio de Ifema, y acordamos que el puesto de Presidente de la Junta Rectora fuese rotatorio cada año. Estrené el modelo y fui ese presidente en 2015 y al final de nuevo, en 2019. El muy relevante puesto de secretario del consejo dejó de estar reservado al secretario del ayuntamiento y se seleccionó a una abogada del Estado.

Suprimimos los tres puestos artificiosamente creados que desempeñaban Luis Eduardo Cortés (designado por la CAM), Álvarez del Manzano (designado por el Ayuntamiento) y Manuel Cobo (designado por la Cámara de Comercio). Estos puestos eran una bicoca: sueldo de 150.000 euros -de entonces-, secretaria y chófer pagado por el Ayuntamiento, jefe de comunicación personal para cada uno de ellos, amén de grandes despachos, dietas, gastos de representación… Sólo estos tres puestos se merendaban casi todos los beneficios de toda IFEMA.

Mejoramos la retribución, esa sí, del Director General, el único puesto directivo “real” que desempeñó durante muchos años, Fermín Lucas y encargamos su selección a una empresa profesional de selección de directivos que propuso y se aceptó a Eduardo López Puertas.

Este proceso se hizo con una elegancia y colaboración de todos los afectados (salvo Cobo que se adelantó y dimitió) que no dejo de reconocer cada vez que se toca. 

Con esta dieta de adelgazamiento y manteniendo que los consejeros no debían de cobrar ni compensaciones ni dietas pues ya cobrábamos en nuestros puestos de trabajo de origen, además de evitar a Koldos y similares parásitos que van sólo por cobrar, conseguimos involucrar a personas comprometidas con IFEMA que iban a esos consejos gratis, de manera altruista.

El personal de IFEMA reaccionó con entusiasmo a los cambios, hizo suyo un ambicioso plan estratégico de duplicar la facturación (de 100 a 200 millones de euros en cinco años) y la actividad se disparó. Junto a las ferias y congresos convencionales, IFEMA se abrió (no sin resistencias) a nuevos eventos (la exposición de Harry Potter fue visitada por 400.000 personas) que han marcado la personalidad de ese nuevo IFEMA con circo, musicales, y todo tipo de actuaciones que no cabían en los pequeños locales de la Gran Vía. Los resultados económicos no se hicieron esperar y se afrontó la ampliación al IFEMA 2.0 (casi duplicar el espacio) 

Pero llegó la pandemia, Clemente tuvo que atender a sus empresas en esa crisis y el espíritu del nuevo equipo, del PP y Ciudadanos (tanto en la Comunidad como del Ayuntamiento), empezó a arrastrar los pies.

Se produjeron muy discutidos despidos del equipo directivo veterano, se dejaron de pagar los incentivos a la plantilla y se plantearon unos nuevos estatutos que son la semilla de la actual e impresentable propuesta.

El entonces concejal de economía (de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo) convocó a todos los grupos de oposición para recabar nuestro apoyo (la primera y única vez en cuatro años si exceptuamos la pandemia) y rechazar esos nuevos estatutos. 

Como ex presidente de la Junta gestora mi oposición era la que más antecedentes y fundamentos tenía y fue rotunda. Recuerdo una multitudinaria y tormentosa reunión con el sustituto de Clemente y actual Presidente, el recién dimitido o cesado presidente de Renault Sr. De los Mozos con el que confrontamos modelos y a quien exigimos quitase cargos absurdos que querían crear y que él, como su predecesor, no cobrase los 200.000 euros que quería ponerse, amén de otras modificaciones artificiosas y otras cuantas razonables que aceptábamos.

Al no conseguir sus objetivos retiraron toda la propuesta (ya quedaba poco de legislatura) y como luego fue contratado por el Gobierno en Indra, ya creía que el tema estaba olvidado.

Pero no, con una ampliación que sigue pendiente, con una opacidad absoluta sobre el contrato firmado por IFEMA y la Fórmula 1, quenovaacostarniunduroalosmadrileños,( como dicen cada vez que nos sablean), los responsables del PP de Comunidad y Ayuntamiento vuelven a la carga a lomos de sus mayorías absolutas y aprobarán esta insensatez esta semana. No pueden desperdiciar un botín tan sustancioso. 

No estaría de más conocer (además de cuántos de los 120 millones de euros de la cuenta de IFEMA se va a comer este proyecto) a los inversores privados de tan magno evento, que son celosamente ocultados bajo las pomposas inauguraciones de haberse firmado ese contrato clandestino bajo las figuras bien conocidas en el mundo financiero como Ayuso&Almeida.

Los nuevos estatutos son barra libre o happy hour, como cada uno prefiera, para crear cargos, unidades innecesarias… Vuelven los chollos a Ifema.

Como ha dicho la mentora de todos estos nuevos gestores de lo ajeno, Esperanza Aguirre, “ancha es Castilla”, que es otra forma de decir “esto es nuestro cortijo”, o como diría su discípula, “a ver si no vamos a poder disfrutar del botín una vez que hemos arrasado en las elecciones”.

Pues eso

La coincidencia en el tiempo de los escándalos Koldo García/Ábalos con la tramitación subrepticia del nuevo estatuto del directivo público en el Congreso de los diputados nos da la ocasión de reclamar, una vez más, la necesidad de frenar el insoportable deterioro institucional de nuestro país. 

Este deterioro tiene varias causas, pero la más relevante, a mi juicio, es la provocada por la voracidad de los partidos políticos (todos, allá donde gobiernan) por ocupar TODO el espacio público. Y urge cambiarlo o esto no tiene remedio.

Bajo la premisa de que la única legitimidad es la electoral (los funcionarios son corporativos, los empresarios van a lo suyo, los jueces son una casta, etc.), las cúpulas de los partidos van ocupando arrolladoramente no sólo la administración que temporalmente les toca dirigir sino organismos reguladores, órganos de nombramiento de jueces, empresas públicas… Sin ningún pudor, la presidenta de la Comunidad de Madrid vacía de contenido los organismos llamados a controlarla aprovechando su mayoría absolutísima.

La consideración de los puestos públicos como un botín y el vaciamiento de la vida interna de los partidos para convertirlos en agencias de colocación y de influencia está generando una brutal inflación de asesores no profesionales que al amparo de una supuesta necesidad de contar con personas de confianza política están hinchando las plantillas. 

Cada vez que hay un cambio de gobierno, cientos, miles de personas que mandan mucho cesan, y vienen otros que empiezan de cero, y ni hay estrategia ni visión a largo plazo.

Cada vez más ciudadanos piensan que convertir una subdirección general en dirección general es una excusa para colocar al frente a un afín descolocado, que convertir una dirección general en organismo, fundación, observatorio, agencia o ente, cuando ya no se sabe cómo narices llamarlo, es la excusa perfecta para colocar a cuatro o a diez, con sueldos astronómicos y, lo más importante, sin rendir cuentas de perfiles, curriculum ni capacidad.

Aquí no rige lo del “mérito y la capacidad” sino la “confianza”. Cuando cualquier cargo puede colocar a un machaca del partido de chófer, luego de asistente, luego de asesor y luego colocarle en un consejo de administración de Renfe, nos están estafando delante de nuestras narices.

Y lo malo es que es legal.

Y como esa gente cesa sí o sí cuando cesa quien le nombró, tiene que darse prisa o trabajar para su siguiente cargo, o se queda en el paro cobrando la quinta parte.

Da vergüenza oír a Ábalos, como si nada, contar las tareas de su asistente: “coordinar a los de seguridad”, “tomar nota de lo que la gente le pedía por la calle”, “coordinar con la secretaria”. 

Da vergüenza oír contar a una candidata del PP en las locales de 2023 los peajes de figurar en la lista o de colocar a dos o tres pipiolos de las juventudes como asesores.

Es una vergüenza leer los curricula de asesores nombrados en el ayuntamiento de Madrid para asesorar en temas de los que no saben nada y cobrar 60.000 euros por ello

Nos toman por idiotas.

Pero, es normal. Esto está pasando en cientos de organismos, ayuntamientos 

Al principio he hablado de los escándalos Koldo García/Ábalos: el primero es penal y ojalá no se tarde siglos en juzgarlo. El segundo es político y hábilmente el exministro lo está ocultando: al chófer que le recomendaron lo colocó en puestos para los que era inútil, y a su mujer, y a su hermano. Él. Y (apenas se ha resaltado) mirando para otro lado cuando altos cargos del ministerio le alertaron de lo que pasaba.

Cuando en la que se llamó operación 'Manos limpias' en Italia, hubo gente que excusaba a los corruptos porque ellos no se habían lucrado personalmente, el filósofo, periodista y editor italiano, Paolo Flores d'Arcais publicó en la revista MicroMega que dirigía una reflexión demoledora: “Un vulgar ladrón hace daño a la hacienda. Un político corrupto daña la democracia”.

Par él, el daño a la credibilidad institucional del político que roba para el partido era mucho más grave del que se lleva dinero a casa. Yo estoy de acuerdo.

Cualquiera puede pensar que, si los funcionarios que hay no valen para parar estas sinvergonzonadas, ¿para qué valen? ¿Para qué vale su especial estatuto de estabilidad laboral? Pues carguémonoslo. 

A los directivos públicos, a quienes como yo hemos dedicado TODA nuestra vida a la cosa pública, esta situación nos daña, nos perjudica y nos duele. Y no nos resignamos.

Estos días (ya va la cuarta prorroga), se debate subrepticiamente en el Congreso el pomposamente llamado “Estatuto del directivo público”. En un blog jurídico reciente lo explicaba en detalle

Lo digo llanamente: es una tomadura de pelo. Tras más de 15 años esperando este texto, tras las experiencias exitosas en Reino Unido y en Portugal de separar la acción política de la gestión profesional, se nos presenta un borrón decepcionante. Todo seguirá igual. El que se mueva no saldrá en la foto. Y habrá más Koldos como hubo Guerras y hermanos de la amante de la fruta.

Serán con subvenciones agrícolas o con ayudas a la emigración en vez de con mascarillas o autopistas, será con la contratación de conciertos o con la sanidad en vez de con la concesión de casinos o líneas a aéreas o emisoras de televisión. Allá donde haya dinero, llegarán los buitres.

Y como perro no come carne de perro ni ningún ganadero pone a la zorra a cuidar el gallinero, tenemos que diseñar mecanismos de control a los partidos que no decidan los partidos.

Cuando en Chile o en Islandia se había tocado fondo se recurrió… a los ciudadanos. Elegidos por sorteo. Representativos, capaces de decidir, al igual que votan en las urnas sin examen de títulos ni de preparación, sobre textos preparados por expertos con alternativas. De redactar y aprobar, nada menos que un proyecto de constitución. Se puede. 

Financiación, retribución, incompatibilidades, limitación de asesores, posibilidad de anulación de su nombramiento por incapacidad para la tarea para que se solicita su cobertura, puertas giratorias…

Como dijo la actual Secretaria de Estado de la Función Pública, Clara Mapelli, nombrada por el ministro Escrivá, que venía de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) antes de ser ministro: “El gobernante que afronte esta tarea debe ser consciente de que un cambio de paradigma siempre implica vencer resistencias del propio estamento político, acostumbrado a una Administración sumamente politizada y dócil, de los estratos funcionariales que han accedido a puestos de responsabilidad por esta vía y de los grupos de presión que obtienen ventajas de esta situación de debilidad institucional”.

Tenemos la oportunidad de rebajar este desastre, si el nuevo estatuto del directivo público se refuerza, no para proteger a los directivos –que también- sino para que podamos defender a la sociedad y, si no lo hacemos, se nos pidan cuentas. Pero más allá, mucho más allá, los ciudadanos debemos recuperar mecanismos de acción para frenar esta imparable deriva hacia nuestro más rancio caciquismo que ríete tú del clientelismo del siglo XIX, ahora que vamos de modernos.

Estamos en fechas que se prestan a los juegos de palabras con toda la semántica asociada a la Semana Santa: muerte, resurrección, cautiverio, penitencia, etc. Estas palabras ayudan a comprender la situación de BiciMad, el enésimo fiasco de gestión del, ya a todas luces, fallido gobierno de Almeida. 

Cuando arrancó este mandato, pronosticamos que no serían capaces de materializar ninguna de las promesas que hicieron a los madrileños para llegar a la alcaldía: Soterrar la A5, acabar con Madrid Central, volver a abrir la Gran Vía al tráfico de paso o construir un parking junto al Retiro. Afortunadamente, todo sea dicho. Ni siquiera, y no era tan complicado, completar la peatonalización de la Puerta del Sol. 

El actual gobierno municipal no ha logrado nada de lo que se había propuesto, motivo por el cual, Almeida va a pasar a ocupar el primer puesto en el podio de los peores alcaldes de Madrid, en clara pugna con Ana Botella. Ella, al menos, trajo la bici pública a Madrid, si bien es verdad que con un modelo que no era sostenible. Y precisamente de eso, de BiciMad, vamos a hablar en este artículo.

En rápido recordatorio, Botella licitó y adjudicó en 2013 un contrato a la empresa “Bonopark” para que gestionara el servicio de bicicleta compartida en Madrid. Fue una adjudicación muy discutida en su momento por la escasa experiencia de la empresa seleccionada en grandes ciudades. El coste, 25 millones a distribuir en 12 años, se vio muy pronto que no llegaba para garantizar la calidad de este servicio. Se trató, una vez más, de hacerse la foto y escoger lo más barato (que, como dice el refrán, acabó saliendo más caro).

Rescate

BiciMad se fue deteriorando y cuando en 2015 llegamos al gobierno, nos tocó rescatarlo. Lo mismo sucedió con la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), que estaba en quiebra técnica y en pleno proceso de liquidación cuando aterrizamos en Cibeles y tras una inyección de 26 millones y un saneamiento completo de la entidad, la situamos a la cabeza de las promotoras (públicas y privadas) del país.

Pero volviendo a Bicimad, nuestro gobierno, el de Carmena, tenía dos opciones: o dejarlo morir, o resolver el contrato con la adjudicataria, compensando a la empresa por la inversión inicial realizada, y no amortizada. Optamos por la segunda porque nuestra prioridad era que los madrileños pudieran seguir disfrutando del servicio y que este estuviera a la altura de sus expectativas.

Los servicios técnicos y jurídicos tasaron dicha compensación en 10,3 millones de euros, que le fueron abonados a Bonopark. A partir de ahí, la EMT asumió la gestión directa del contrato y a lo largo de todo nuestro mandato, bicimad no paró de crecer tanto en número de usuarios como en el grado de satisfacción de estos, situándose en máximos históricos en los meses de mayo y junio de 2019. El servicio estaba muerto y conseguimos resucitarlo. Los trabajadores de Bonopark accedieron a las pruebas correspondientes y casi todos pasaron a incorporarse a la plantilla de EMT y la empresa municipal asumió el viejo contrato, aunque con bastantes limitaciones para la ampliación del servicio o la incorporación de publicidad, por ejemplo. 

Sin embargo, llegar ahí no había sido un camino de rosas. El actual alcalde, y entonces líder de la oposición, Martínez-Almeida, había hecho todo lo posible por torpedear aquel proceso. 

Recurrió en los tribunales el rescate de BiciMad y presentó una querella penal contra dos miembros del equipo de Carmena por prevaricación. Ese proceso judicial, que acabo archivado, retrasó la necesaria ampliación de BiciMad a la que se comprometió nuestro gobierno cuando rescatamos la concesión porque así lo impuso el juez. Todo quedó en nada, furia y ruido otra vez del PP, hacer daño para nada más que retrasar la extensión de la bici pública.

Pese a todo ello, BiciMad alcanzó los mejores resultados en número de usuarios y grado de satisfacción de su historia. 

En estas llegaron las elecciones, y tras ellas el cambio de gobierno. Manuela ganó, hay que recordarlo, pero la suma de los votos de Vox y Ciudadanos a los del PP, entregaron la alcaldía a Almeida. Y entonces comenzó el caos. 

Fiasco

Primero, con aquel anuncio de “BiciMad Go”. Bicicletas sin anclaje que iban a facilitar la extensión de BiciMad a los distritos de la periferia y acabó, como todo lo que depende del concejal de Medioambiente de Almeida, Borja Carabante, en fiasco. Un fiasco por el que nadie asumió ninguna responsabilidad. Otra marca de la casa.

Pero no todo iban a ser malas noticias. Tras los acuerdos de Cibeles y el pacto de presupuestos con nuestro grupo, el gobierno de Almeida se comprometió a completar el proceso de remunicipalización de BiciMad que iniciamos en la etapa de Camena. En lugar de que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) gestionara el contrato, la plantilla y todos los medios pasarían a formar parte de la estructura de la propia empresa, tal y como sucede con los autobuses. 

Esta fue, queremos reivindicarlo, una de las exigencias que impusimos a Almeida para alcanzar aquel acuerdo presupuestario.

Lo tenían todo para hacerlo bien. Sin regla de gasto, con fondos europeos y el apoyo de toda la oposición. Por cierto, ninguna de estas tres cosas las tuvo nuestro gobierno.  

Pero ni con eso han sido capaces. Cuando en octubre, el gobierno de Almeida llevó a Pleno el expediente de remunicipalización, le advertimos de que había cosas que hacían dudar de la viabilidad del sistema.

Déficit

En primer lugar, se estimaba un coste de 45 millones de euros, de los cuales se preveía recibir una parte, no especificada, en aportaciones privadas. Le preguntamos qué ocurriría si estas no llegaban, pero no obtuvimos respuesta. 

Además, la operación preveía un impacto en el déficit del ayuntamiento de unos 10 millones entre los años 2024 y 2031, tal y como figura en la memoria económica del expediente. Para compensarlo, el Ayuntamiento se compromete a realizar una aportación anual de 7,4 millones. Los 2,6 restantes proceden de esas aportaciones privadas que, como apuntábamos, nadie asegura que vayan a llegar. 

En tercer lugar, toda la operación pivotaba sobre una aportación de 37 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos que tampoco estaban garantizados.

El cuarto de los elementos que nos generaban muchas dudas era el incremento de personal previsto, claramente insuficiente para gestionar la ampliación anunciada manteniendo los estándares de calidad del servicio.

El quinto y último, era que el servicio siempre resultaba deficitario en cualquiera de los escenarios contemplados, de lo que surgía el temor de una nueva concesión a futuro con la justificación de que la insostenibilidad del sistema. Nada nuevo en la manera de entender la gestión de lo público por parte del PP.

El resultado de todo esto, el previsible. Hoy BiciMad es un desastre. Algo que Almeida ya sabía cuando anunció la gratuidad del servicio hasta pasadas las elecciones. Como siempre, el alcalde pretendía esconder tras un buen titular una pésima gestión, pero esta vez no le ha salido. 

Nuestro actual alcalde, minúsculo heredero de la gran Manuela, recibió un Ayuntamiento con mil millones de superávit anual y lo va a dejar con casi 300 millones de déficit. Heredó un servicio de BiciMad que funcionaba y no dejaba de crecer en usuarios y en satisfacción de estos, y va a dejar un montón de estaciones vacías y bicis vandalizadas desperdigadas por toda la ciudad.

Al final, tenemos que reconocerle un mérito. Sin pretenderlo, ha conseguido lo que anunciaba: que BiciMad llegue a todos los barrios y sea de uso gratuito. Entiéndase la ironía. Los parches que ponen cada vez que salta el escándalo, no van a funcionar. No están funcionando y está a la vista de cualquier usuario.

Almeida pasará a la historia como el peor alcalde de Madrid. El peor por su falta de proyecto y de gestión, pero, sobre todo, el peor porque nadie tuvo antes tantas oportunidades como él y tan poca capacidad de aprovecharlas. Si el hijo del dios de los cristianos volvió de entre los muertos, Almeida ha mandado de vuelta al sepulcro un servicio que con mucho esfuerzo y tesón había sido devuelto a la vida por el gobierno de Carmena. En mayo, si los madrileños nos dan su confianza, volveremos para retornarlo al mundo de los vivos. 

Como este año se conmemora el centenario de su muerte, incluso sus no-lectores han podido saber algunas cosas de su vida. Los periódicos se han hecho eco (¡siempre el morbo comercial!) de las cartas subidas de tono que se intercambió con Benito Pérez Galdós; los críticos han podido contarnos algo sobre la calidad de su obra, las peripecias de su vida, la época y la España en la que “le tocó vivir”; e incluso la RAE ha tratado de enmendar su histórico veto mediante la concesión del simbólico sillón de académica número 47 a Emilia Pardo Bazán con unos… 130 años de retraso.

Eterna viajera, su prolífera obra responde a las tendencias literarias del momento y abraza desde el naturalismo al simbolismo. Doña Emilia no sólo fue una novelista destacada, a quien privaron de poder ir a la Universidad por ser mujer, fue una defensora acérrima de los derechos de las mujeres. En sus obras denuncia su situación, consideradas las eternas adolescentes bajo la tutela masculina, privadas de ejercer ningún derecho político y de educación.

Si algo destaca de entre esa abundante y pasajera información publicada estos días, es su carácter luchador. No lo tuvo fácil. Desde el boicot masculino a sus clases en la Universidad hasta los ataques moralistas a su libro La cuestión palpitante (1883) pasando por el desprecio de algunos escritores que se sintieron amenazados por su éxito, Emilia Pardo Bazán sufrió las consecuencias de defender el feminismo en una sociedad patriarcal como la España de la Restauración. Algunas de ellas serían las reticencias a su entrada en el Ateneo de Madrid (1906) o a su designación como catedrática de Universidad (1916), así como el rechazo a su ingreso en la Real Academia Española (RAE)

La feroz resistencia de los varones de la Academia a su ingreso en 1912 –rechazada por tercera vez su candidatura por catorce votos contra ocho a pesar de encontrarse en el cénit de su prestigio literario– simboliza con toda claridad la fuerza de los obstáculos que tuvo que enfrentar Emilia Pardo Bazán por ser una mujer y no un varón. 

La RAE ha reconocido y ha tratado de enmendar su error el pasado 13 de mayo con una jornada de homenaje a Doña Emilia. Si bien es un gesto hermoso, estamos seguros de que si la autora de Los Pazos de Ulloa viviese hoy señalaría que en la RAE se pueden contar solo siete mujeres entre los 46 miembros con sillón y que nunca ha tenido una Directora. La lucha de Pardo Bazán sigue plenamente vigente. 

Como concejal del Ayuntamiento y con nuestro grupo de vocales vecinos, propusimos a todos los grupos políticos de la Junta del distrito de Salamanca una serie de iniciativas que abrieran el centenario: un concurso literario, que el próximo espacio municipal de ámbito cultural que se inaugurase en este mandato llevase el nombre de Emilia Pardo-Bazán, y la instalación de una placa conmemorativa en la iglesia donde está enterrada.

Pocas personas saben que la insigne escritora gallega está enterrada en Madrid, en la cripta de la iglesia de la Concepción, situada en la calle Goya nº 26, en pleno barrio de Salamanca, aunque ella manifestara su deseo de descansar en su querido Pazo de Meirás, tan de actualidad por su recuperación para lo público tras décadas de apropiación por la familia del dictador.

Todos los grupos políticos apoyaron en enero nuestra propuesta y recientemente –con una diligencia que le honra y ya querríamos para otras cosas– el concejal José Fernández, tras bregar con la burocracia dado el carácter de bien de interés cultural del edificio, nos confirmaba un acuerdo con la parroquia para instalar una placa en su fachada con el siguiente texto: 

En la cripta de la iglesia de la Concepción descansan los restos de

EMILIA PARDO BAZAN

A Coruña 1851- Madrid 1921

ilustre novelista, ensayista y periodista y

pionera en la defensa de los derechos de las mujeres

Es una gran satisfacción contribuir a mantener viva la memoria de Doña Emilia, que es también la memoria de las literatas españolas y de las luchas de las mujeres por lograr una sociedad en igualdad. Una tarea de construcción de memoria histórica democrática y feminista que tiene aún un largo camino por recorrer, como acaba de mostrar causando enorme sonrojo la sentencia del TSJ de Madrid en relación con Millán Astray, por no hablar otra vez del atentado del PP contra la memoria de Francisco Largo Caballero. A pesar de todo ello, nuestra satisfacción resulta mayor por haber concitado en este pequeño homenaje la unanimidad política, tan escasa en estos (y todos) los tiempos.

Y hecho todo esto y aunque llevará tiempo, anunciamos nuestra intención de ir un poco más allá en la consideración y la honra a la memoria y el ejemplo de Emilia Pardo Bazán. Queremos impulsar, con la concurrencia evidentemente de su familia y actuales vecinos, que se cumpla la última voluntad de Doña Emilia: ser enterrada en el Pazo de Meirás. 

Su descendiente, la actual condesa de Pardo Bazán y presidenta de la asociación por su legado, ya nos ha confirmado este deseo. En cuanto el Tribunal Supremo despeje los recursos judiciales desplegados por la familia Franco, es de esperar que Patrimonio se alinee con esta aspiración.

Esperamos encontrar más compañeros en este “último viaje” de Dª Emilia.

El 4M llegó y ocurrió lo que tanto nos temíamos. El PP ganó las elecciones y obtuvo escaños más que suficientes para mantener -y reforzar- el gobierno regional. Veintiséis años, que en 2023 serán veintiocho, gobernando de forma ininterrumpida la Comunidad de Madrid.

Casi tres décadas implantando en nuestro imaginario un modelo social, económico, inmobiliario, fiscal y medioambiental abiertamente neoliberal como el único posible, sin que se haya presentado una alternativa de progreso creíble y atractiva que movilice a la ciudadanía madrileña. Y esta vez de la mano de la ultraderecha.

La izquierda, por su parte, hizo lo que hace siempre en Madrid.

Pese a la importancia histórica de estas elecciones, las distintas fuerzas progresistas no se apartaron del guion previsto y han obtenido un resultado decepcionante. Solo la llamada de Pablo Iglesias a construir una candidatura unitaria entre Unidas Podemos y Más Madrid que reunificara el espacio a la izquierda del PSOE agitó durante unas horas el tablero político, pero la negativa de Mónica García a aceptar la oferta nos devolvió al punto de partida.

En la rueda de prensa del pasado 4 de marzo, en la que anunciamos nuestra separación de Más Madrid, defendimos con claridad la unidad política, estratégica y electoral para derrotar a la derecha, que podría materializarse de muy distintas maneras. Pero no tuvimos éxito.

Con el argumento de que los tres partidos de izquierdas tenían asegurada su entrada en el parlamento regional, se justificó que la unión no aportaba nada y que de lo que se trataba era de que cada cual movilizara a su electorado. Obviando interesadamente que, de haberse producido esa unidad, el electorado de izquierdas habría recibido un mensaje movilizador: hemos aprendido del pasado y vamos juntos para evitar que el gobierno de Madrid pueda quedar en manos de la extrema derecha con la derecha más extrema.

Incluso llegamos a proponer un acto rompedor, algo que pusiera de manifiesto la trascendencia del momento: un cierre de campaña conjunto de las fuerzas progresistas. Desgraciadamente, esto tampoco sucedió y la izquierda se presentó con tres papeletas diferentes, y solo con un ‘pacto de no agresión’ que, vistos los resultados, se ha mostrado claramente insuficiente. El bloque progresista baja en representantes, aun habiéndose incrementado el número de diputados en la Asamblea, pasando de 64 a 58 escaños, 11 por debajo de la mayoría absoluta.

Con una movilización histórica, la derecha ha encontrado en la figura de Ayuso y en esa idea de «libertad», tan vacía como el folio en blanco que el PP envió junto con su papeleta electoral, un motivo para acudir masivamente a las urnas. A Ayuso le ha bastado la promesa de tomarte unas cañas después del trabajo -aunque tengas un salario de miseria, no puedas pagar el alquiler y en tu centro de salud no te atiendan- para obtener 65 diputados, 7 más que todas las fuerzas progresistas juntas, y volver a ser presidenta; liberándose de paso de sus serviles, pero algo impertinentes, socios de Ciudadanos, que desaparecen, víctimas de su debilidad y sus torpezas.

Ayuso, convertida en la Trump española, ha reagrupado a la derecha en Madrid y promete convertir nuestra Comunidad en una aldea gala inexpugnable para las políticas redistributivas que propugnan desde Biden hasta el Fondo Monetario Internacional. «Madrid is different», deben pensar la presidenta y su spin-doctor de cabecera, Miguel Ángel Rodríguez, rememorando a quien fuera ministro de Franco y fundador del partido que ahora ella aspira a dirigir.

Pero dentro de la preocupación que esto supone, hay una circunstancia novedosa: en solo dos años tendremos una nueva oportunidad de echar a Ayuso y a sus políticas de la Puerta del Sol y, de paso, hacer lo propio con Almeida del palacio de Cibeles para devolver a nuestra ciudad a la senda que iniciamos desde el gobierno de Manuela Carmena.

No es frecuente tener un ensayo real que permita contrastar cálculos, teorías e hipótesis (tantas veces interesadas) como el que han supuesto estas elecciones a medio mandato. Aun reconociendo el buen resultado de Mónica García, hemos constatado que la estrategia, los candidatos y los mensajes que ofrece la izquierda no son, ni de lejos, suficientes para alcanzar el gobierno de Madrid. No son atractivos para los madrileños.

Aunque es de esperar que cada uno camufle su fracaso con elucubraciones de crecimiento o remontada, no podemos engañarnos. De nada sirven las lecturas interesadas de quienes se conformen con haber sumado unos cuantos escaños a costa de restárselos a otro partido del mismo espacio ideológico. Se trata de ganar y de gobernar y para eso tenemos que ofrecer un proyecto y una candidatura capaz de medirse en pie de igualdad con dos adversarios formidables -en términos electorales- como son Almeida y Ayuso.

Para ello, evidentemente, no podemos repetir aquello que nos ha traído hasta aquí. Tenemos la obligación de presentar una alternativa que se concrete en soluciones tangibles al problema de la vivienda, del empleo o del acceso a servicios públicos de calidad. Y que además de en la libertad, ponga el acento en la igualdad.

Si no, la expectativa de «vivir a la madrileña» volverá a servir de coartada a la derecha para seguir haciendo de esta comunidad su cortijo.

Para que esto no suceda, reiteramos nuevamente la necesidad de ponernos a trabajar desde ya en esa alternativa. Y lo planteamos desde la legitimidad que nos otorga haber anticipado lo que iba a ocurrir si la izquierda no se unía y, en coherencia, habernos apartado de una línea que entendíamos estaba condenada al fracaso, o a la oposición vitalicia; que, a nuestro parecer, es lo mismo.

Vencer a la derecha en Madrid es un reto enorme para el que necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales que aspiran a un Madrid más justo, igualitario y sostenible.

Si en 2015 lo logramos, dentro de dos años podemos volver a hacerlo. Entonces, la izquierda madrileña levantó prácticamente de la nada un proyecto ilusionante que, bajo el liderazgo de Manuela Carmena, fue capaz de derrotar a Esperanza Aguirre y alcanzar la alcaldía de Madrid. Pero la situación de hoy no es la de 2015. La ola de ilusión y esperanza por el cambio ha dado paso a un sentimiento muy generalizado hacia la política que va desde el desinterés hasta el hartazgo, cuando no directamente al rechazo.

Habrá quien diga que necesitamos «un capitán». Nosotros decimos que lo que hace falta es una alianza progresista que apueste decididamente por recuperar Madrid. Y dedique a ello todos sus esfuerzos. No nos resignamos a que vivir a la madrileña sea asumir precariedad, desigualdad y deterioro de nuestros servicios públicos. Tenemos dos años para recuperar Madrid para la mayoría, y para llegar a quienes ayer no votaron o no nos votaron. 

De la misma manera que la actual derecha tiene un problema con España, un país que ya no entiende ni en su pluralidad ni en su complejidad, la izquierda tiene un problema con Madrid. Si hoy parece muy lejano un gobierno de derechas en el Estado, imaginar un gobierno progresista en Madrid parece también un objetivo remoto.

El repliegue de la derecha hacia Madrid ha desplazado a la izquierda madrileña a posiciones cada vez más alejadas de lo que podríamos llamar el 'Madrid way of life'. Una concepción de la vida y de la sociedad que el PP se ha ocupado de modelar a lo largo de sus casi tres décadas de gobierno en Ayuntamiento y Comunidad, interrumpidas únicamente por el mandato de Manuela Carmena.

Quienes desde posiciones progresistas no nos resignamos a aceptar esta situación debemos asumir nuestra debilidad en la batalla ideológica. La mera crítica a los pelotazos y las privatizaciones, que indudablemente hay que seguir haciendo, se ha mostrado insuficiente para atraer al porcentaje de población necesario para conformar una mayoría alternativa a la que hoy tiene la derecha.

Aún estamos a tiempo de revertir la que hoy parece inevitable victoria conservadora en la siguiente contienda electoral, pero debemos ponernos a trabajar desde ya partiendo de premisas diferentes a las que nos han traído hasta aquí. 

Gran alianza progresista

A pesar de los conflictos que precedieron a las elecciones municipales y autonómicas de 2019, las fuerzas progresistas logramos la victoria, pero la suma de las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) nos dejó fuera del gobierno. Esto ha generado una sensación de hartazgo y abatimiento en votantes, simpatizantes e, incluso, en los propios militantes.

En nuestra opinión, urge reconstruir los puentes que se han roto y trasladar el mensaje de que hemos aprendido de los errores cometidos y vamos a trabajar juntos. Que no volveremos a anteponer cuestiones personales o partidistas a los intereses del conjunto de la ciudadanía. De ahí que la primera tarea de las fuerzas progresistas madrileñas no es otra que recuperar el diálogo entre todas ellas, como paso previo imprescindible para empezar a actuar de forma coordinada. Y no se trata únicamente de sumarnos a las causas compartidas, algo que se da por hecho, sino establecer espacios de discusión y acción conjunta para definir y desplegar una estrategia común que desemboque en la construcción de una gran alianza de progreso.

No es evidente que toda la izquierda quiera sumarse, especialmente quienes suelen proclamarse como la izquierda auténtica (fenómeno recurrente desde hace décadas). Hay una izquierda que cree en el trabajo desde las instituciones, y otra que tiene su espacio en la calle, que también es muy necesario. Creemos que hay que juntar a quienes estén dispuestos a sumar para gobernar, a quienes entiendan lo mucho que ganaríamos con una opción progresista consensuada, frente a los auto-complacientes en sus exigencias minoritarias, y la pureza de no comprometerse en las transacciones con tantos agentes que actúan en nuestra ciudad a las que obliga la gestión pública.

Imaginar nuevas plataformas

El siguiente reto pasaría por buscar fórmulas que, sin que nadie tenga que renunciar a sus siglas, reduzcan la desconfianza y rechazo que los actuales partidos políticos generan en sectores cada vez más amplios de la población española y madrileña. Solo hay que observar el puesto que estos ocupan en las listas de preocupaciones ciudadanas para comprobarlo.

Para superar este escollo, debemos ensayar nuevas formas de intervención política y de relación con la sociedad. Si llegamos a 2023 con el actual reparto de papeletas, tres partidos de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, dando por sentado que estos últimos sí participarán esta vez en las elecciones municipales) y muy probablemente solo dos de derechas (asumiendo que Ciudadanos será absorbido por el PP antes de la siguiente cita electoral), las opciones de recuperar la alcaldía son prácticamente inexistentes.

La única manera de alterar ese escenario es plantear una candidatura capaz de convocar a muchos y muy diversos actores. No se trata de reproducir lo que fue Ahora Madrid en 2015, pero sí de asumir que desde plataformas amplias tendremos mayor capacidad de permear a sectores sociales que ahora se han distanciado, y conformar un proyecto ganador capaz de activar a todos los y las votantes progresistas que se quedarán en casa si no ven posibilidades reales de arrebatar el gobierno a la derecha.

Presentar una alternativa real a Almeida

El tercer gran desafío, posiblemente el más complicado de todos, será construir y explicar una alternativa al actual gobierno de Almeida que resulte, a la vez, ilusionante y creíble. Para ello, es imprescindible combatir la idea que repite sistemáticamente la derecha de que solo ellos saben gestionar (mantra que, por cierto, las recientes crisis acrecentadas por la desidia o incompetencia demostrada están erosionando día a día). Un discurso que en Madrid se ve reforzado por el hecho de que la izquierda lleve demasiado tiempo fuera del gobierno.

Si queremos revertir esta idea, debemos abandonar ese espacio de confort que consiste únicamente en criticar todo lo que hace la derecha y empezar a disputar la bandera de la gestión. Definir un proyecto de gobierno que debe concretarse en datos, medidas y, sobre todo, ejemplos. Y ahí, entre otras referencias, tenemos el gobierno de Carmena. Aquel gobierno, del que nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber formado parte, fue capaz de gestionar con solvencia y sin sectarismo los asuntos de la capital de España. También de situar en la agenda temas como la lucha contra la contaminación, el fomento de la participación ciudadana o los derechos de los migrantes y personas LGTB. Políticas que fueron objeto de los ataques más furibundos de la derecha. Evidentemente, no es la única experiencia de gestión progresista pero sí la más cercana para la ciudadanía madrileña, por lo que deberíamos aprovecharla para construir esa alternativa de futuro respaldada por la experiencia. 

En definitiva, lo que pretendemos con este llamamiento no es aumentar la ya abundante oferta electoral de opciones progresistas sino contribuir a tejer las alianzas necesarias para acercar el objetivo de que en 2023 nuestra ciudad, y ojalá también nuestra Comunidad, estén gobernadas por fuerzas progresistas. 

Creemos que, por nuestra particular situación de no pertenecer a ningún partido político, tenemos un mayor margen de maniobra para hablar con unos y otras desde la tranquilidad que da verlos no como competidores potenciales, sino como aliados imprescindibles. Podemos ayudar a concentrar fuerzas para ampliar el alcance y aportar el conocimiento y experiencia acumulada en nuestra etapa de gobierno para Recuperar Madrid.

Si nuestra ciudad ha sido un ejemplo de consenso incluso con la derecha reaccionaria en los conocidos como Pactos de Cibeles, tenemos la oportunidad de que vuelva a ser un ejemplo de generosidad y coordinación entre las personas y sectores de la izquierda y progresistas para que Madrid recupere la senda del progreso. El tiempo apremia.

No hay que esperar nada, en lo tocante a memoria histórica, de los fundadores de Vox. No tanto por las acusaciones de algunos militantes “arrepentidos” que denuncian lo que no es más que un chiringuito pseudo patriótico, sino porque su modelo de negocio es la manipulación, la mentira, la falsedad histórica y la provocación. La verdad alternativa de Trump en versión castiza.

No tendría más interés que una curiosidad antropológica, esta secta interesada, si no fuera porque condiciona, chantajea y obliga a fuerzas políticas que eran serias, a aprobar aberraciones como la que ayer aprobó el pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Que especímenes como los que afirmaron, con toda la caradura del mundo, que las Trece Rosas torturaron y violaron, suelten ayer una soflama barata acusando de asesinos y golpistas a Indalecio Prieto y Largo Caballero, no tendría más importancia que la contemplación de un espectáculo de estupidez y falsedades históricas … si no fuese porque PP y Ciudadanos votaron y se mancharon con ellos.

Sr. Almeida-el-dialogante: no vale todo.

Si durante 25 años la ciudad de Madrid se erigió en el bastión antidemocrático de no cambiar el callejero (como ya habían hecho la mayoría de las ciudades españolas, con alcaldes del PSOE, del PP, de UCD, del PC y de todos los colores), si durante el gobierno de Manuela, al que le tocó abordar un asunto que debería haber heredado resuelto, el PP se alió con lo más granado de la reacción ideológica española (algunos ya bastante apolillados), con la votación de anteayer han puesto la guinda a su ignominia.

Pero, como la verdad no importa, sino el poder, el acceso al mismo o su mantenimiento, no merece la pena argumentar en contra de la tesis ayer avalada por votos espurios.

No merece la pena recordar el odio de la derecha fascista al periodista Indalecio Prieto, que en sus crónicas de la guerra de Marruecos destapaba los escándalos financieros de generales patriotas vendiendo armas a la guerrilla de Abd el Krim con la que mataban a los soldados españoles, o la escena de Franco y Millán Astray recibiendo al general Berenguer en una doble fila de picas con cabezas cortadas de moros en la punta hasta llegar a su tienda.

No merece la pena recordar su odio por haber conseguido que, con parte del tesoro español evacuado a México (y protegido por Lázaro Cárdenas frente al coronel de la CIA enviado por EEUU atendiendo a la petición del general fascista) una generación de exiliados españoles recibiera socorro, se fundase el Colegio Madrid y se siguiese rescatando náufragos de la guerra en los campos de concentración franceses.

Tampoco merece la pena recordar cómo los abuelos de alguno de los presentes ayer en el pleno, al llegar a presidente del gobierno el delincuente Lerroux con el apoyo de la CEDA, derogaron la normativa laboral de Largo Caballero que protegía a los jornaleros de cada pueblo de la inicua subasta de carne humana con salarios de miseria, cuando desde la camioneta el capataz escogía (como ahora, por cierto, a los emigrantes sin papeles): tú, tú y tú. ¡Tú no, que eres comunista! ¿Queríais tierra? ¡Pues comed tierra! o ¡Que os dé de comer la república!

No. Lo más indignante no es todo eso.

Lo más repugnante es la complicidad vergonzante de un Partido Popular, el de “Almeida-el-dialogante”, que aprobaba la propuesta de Vox, sabiendo que no tiene el más mínimo amparo en el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica en que se basan (en vez de la resolución de Naciones Unidas que nada tiene que ver, que proponía el partido ultra); sabiendo que los jueces, a los que desde el grupo municipal de Más Madrid tenemos la obligación de recurrir en cuanto intenten hacer ejecutivo el acuerdo en la junta de gobierno, lo van a anular.

Lo más desconcertante es que se ponen en ridículo desdiciéndose, como expertos en nada, de su postura en la pasada legislatura, cuando se aprobaron por unanimidad en la comisión de expertos que presidió Paca Sauquillo y en la que PP y Ciudadanos designaron representantes, los cambios de calles y la decisión de no cambiar otras (estas entre ellas).

¡Es todo tan obsceno!

Saben, además, que no pueden mover las estatuas porque están en el espacio de Nuevos Ministerios donde ni Vox ni Almeida-el-dialogante pueden tocarlas, aunque vamos a solicitar al ministro de Fomento que ponga cámaras, como en el museo al aire libre de la Castellana, para evitar el permanente vandalismo del odio sectario.

Engañan a Vox, engañan a los madrileños, e insultan a todos cuantos tenemos la piel muy fina (y ojalá no se nos endurezca, como la cara a algunos) con los derechos humanos, la democracia y la memoria.

En el año 2015, una conjunción de factores permitió el acceso de fuerzas progresistas a las alcaldías de la mayoría de las grandes ciudades de España: la crisis profunda del PP (sumido en una sucesión de escándalos de corrupción), la crisis económica que arrastrábamos desde 2008, la división del antiguo monopolio del voto de la derecha, y el impulso todavía latente del 15M, además de la ilusión que impregnaba la esfera pública, resultaron determinantes para que el cambio fuera posible.

En Madrid, el carisma y la transversalidad de la candidata Manuela Carmena, las alianzas de los inveterados minoritarios que siempre fraccionaban el voto de la izquierda y la pésima campaña de Esperanza Aguirre, nos permitieron conquistar el que había sido feudo inexpugnable del PP durante casi veinticinco años.

En 2019, aun ganando las elecciones, Madrid no tuvo un Valls, que permitió la continuidad de fuerzas progresistas en la alcaldía de Barcelona para impedir el acceso de las candidaturas nacionalistas al Gobierno de la Ciudad Condal y, por ello, fue apartado de Ciudadanos. Aquí, por el contrario, el partido naranja optó por gobernar con los votos de la ultraderecha. Las elecciones del 10N, celebradas apenas cinco meses después, expresaron con toda claridad el rechazo que a sus propios votantes produjo aquella decisión.

Tras la marcha de Manuela, que no había llegado a la política para quedarse, conviven en el “proyecto” Más Madrid dos visiones que progresivamente han ido alejándose entre sí. Por un lado, quienes plantean que Más Madrid debe crear una nueva estructura como partido de ámbito autonómico (sin concretar la situación en que quedan los dos diputados de Más País en el Congreso), para tratar de consolidar un espacio electoral propio que “asegure” cierta representación institucional. Con toda seguridad, muy minorada respecto de la actual.

Por otro lado, quienes apostamos por mantener y potenciar lo que, desde el principio, ha sido nuestra candidatura, nítidamente municipalista. Cuando hace año y medio lanzamos esta “Plataforma Ciudadana”, su vocación era diferenciarse de los partidos políticos, tal y como recogía la carta fundacional que firmaron Manuela e Íñigo, donde se decía literalmente “este es un llamamiento a juntarse, a las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía con o sin adscripción de partido”.

A nuestro juicio, este planteamiento casa mucho más con la idea de una organización abierta, muy flexible y poco jerárquica, que va tejiendo alianzas con aquellas personas y organizaciones progresistas que comparten (total o parcialmente) los mismos objetivos. Esa fue la fórmula con la que nos presentamos y ganamos las elecciones, obteniendo el respaldo de más de medio millón de votos en la ciudad de Madrid. De hecho, en un contexto como el actual, donde hay una gran desconfianza de la ciudadanía hacia la política convencional, uno de nuestros mayores atractivos debería ser, precisamente, no ser “otro más” dentro de la variada oferta electoral.

Creemos que no debemos gastar nuestras energías y las de tanta gente que colabora con nosotros y nosotras en inútiles estructuras de nuevos partidos. Debemos, por el contrario, fortalecer a nuestras doscientas diez vocalías vecinales, a los grupos sectoriales que están trabajando con entusiasmo (Vivienda, Mayores, LGTBI, Educación, Memoria, Empleo, etc.), recuperar con fuerza los Foros Locales... Dar, en definitiva, el protagonismo a la ciudadanía de Madrid, aprovechando los recursos y estructuras ya existentes.

Otro de los elementos que nos parece imprescindible recuperar es la “mirada local”. No olvidemos que Más Madrid surgió en octubre de 2018 como el germen de una candidatura ceñida únicamente al ámbito municipal, con una candidata independiente, a la que meses después se sumaron otros compañeros de viaje.

Entendemos que es fundamentalmente en el ámbito municipal donde contamos con base social suficiente como para aspirar a recuperar el gobierno, y así lo hemos defendido desde nuestro trabajo como concejalas y concejales, apostando por recuperar la autonomía del proyecto con el que nos presentamos ante la ciudadanía. Recordemos que ya en las elecciones del 26 de mayo de 2019, la candidatura autonómica del mismo nombre obtuvo en la ciudad de Madrid 241.550 votos menos que la papeleta encabezada por Manuela Carmena. Y si analizamos los resultados de las generales de noviembre, Más País consiguió 111.023 votos en la capital; esto es, 392.967 votos menos que en los comicios celebrados en mayo del mismo año. Es decir, muchas personas votaron diferente en las municipales, las autonómicas y las estatales.

A todos estos argumentos hay que añadir la gran incertidumbre que presenta el panorama político actual, extraordinariamente cambiante y con hechos sobrevenidos que hacen muy difícil, por no decir imposible, anticipar el medio plazo. No sabemos qué escenario nos vamos a encontrar en 2023, pero intuimos que ahora no somos capaces casi ni de imaginarlo. En este contexto, quienes defendemos mantenernos en el proyecto original, creemos que lo más sensato es dejar la puerta abierta a recuperar complicidades con otros actores y fuerzas políticas para construir una amplia alianza progresista con capacidad de alcanzar unos resultados similares a los que obtuvimos en 2015 y en 2019. Seguro que la fórmula será diferente, pero debemos encontrar la manera de lograrlo y, en ese sentido, los corsés de partido no van a resultar de gran ayuda.

Por último, y verdaderamente lo más importante, debemos centrarnos en construir y ofrecer a la ciudadanía madrileña una alternativa de gobierno a la que hoy encarna Martínez-Almeida. El alcalde, que por comparación con Ayuso y Casado ha conseguido pasar por “hombre de Estado” durante la pandemia (con el único mérito de no meter, mucho, la pata) no ha renunciado al proyecto que tenía para Madrid.

Recortar, en inversión, en medidas de lucha contra la contaminación, en servicios municipales de calidad, en políticas de reequilibrio, en vivienda pública, en equipamientos, en memoria democrática… y a cambio llenarnos la ciudad de coches. Almeida sigue siendo Martínez, el heredero de Aguirre, y corremos el riesgo de que lo sea por muchos años, si no somos capaces de ofrecer una alternativa fuerte y sólida al Gobierno de la derecha y la extrema derecha madrileña. Una alternativa que ponga a Madrid de nuevo mirando hacia el futuro, que se la devuelva a sus vecinos y vecinas, y que debe aprovechar la experiencia de nuestra gestión.

Esto no supone abandonar la lealtad institucional que venimos manteniendo desde que comenzó la crisis. Pero esa lealtad no puede ser un cheque en blanco a Almeida y a sus políticas. Nuestra lealtad es, ante todo, con la ciudadanía madrileña y también con el Gobierno de España, de coalición progresista, sometido a un acoso sin precedentes por esa misma derecha que en Madrid pide colaboración a la oposición.

En esta encrucijada es clave tomar ahora la decisión de hacia dónde queremos ir. Nos quedan poco menos de tres años para volver a seducir a esa mayoría de madrileños y madrileñas que votaron una política diferente. Solo disponemos de ese tiempo para construir una alternativa de progreso, viable y deseable, al Gobierno de Almeida. Porque oposiciones hay muchas (incluso Vox se pone a veces la careta de partido de oposición) pero hasta el momento esa alternativa sigue vacante.

Como concejales y concejalas del Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir trabajando para armar esa alternativa, conscientes de que debemos trabajar codo con codo con todas aquellas personas y organizaciones progresistas que compartan este mismo objetivo, vengan de donde vengan y sin otra exigencia que el compromiso por mejorar nuestra ciudad y las condiciones de vida de sus habitantes.

Mirar al futuro es continuar el proyecto progresista desarrollado en Madrid, sin miedo a recuperar las alianzas que posibilitaron un Madrid progresista y avanzado; un espacio de regeneración democrática vinculado al concepto más avanzado de sostenibilidad como palanca para recuperar y reorganizar el liderazgo social. Partiendo de esta nueva realidad en la que nos encontramos pero sin necesidad de aferrarse al corsé de las estructuras de los partidos políticos.

En este sentido, lanzamos una invitación a quienes les resulte ilusionante aspirar a recuperar un gobierno de progreso en Madrid, a trabajar conjuntamente en este proyecto. Madrid lo primero.

Nuestra derecha, la de España (salvo en sus expresiones más folclóricas y dañinas como Vox) se auto-presenta como la única fuerza política (y también social), respetable, seria y profesional y que, a diferencia de la izquierda, es capaz de gestionar los asuntos económicos con solvencia… ocultando, a mi juicio, un descarado interés en la apropiación de cada vez más “trozo de PIB” por una parte de la población. Lo malo es que mucha gente se lo ha creído.

Como todos los tópicos y verdades asentadas, cuesta mucho variar el imaginario colectivo, esa verdad que, sin ser cuestionada, subyace inconscientemente y condiciona nuestras creencias aun cuando creemos que no lo hace con nuestros razonamientos.

Es por eso que creo interesante aportar datos y opiniones razonadas que permitan poner en cuestión lo de que “la derecha” es mejor que la izquierda para los temas económicos, para generar riqueza. Si bien es cierto que los esfuerzos de varios partidos para abarcar la etiqueta centro-izquierda o centro-derecha, matizan bastante ese cliché, creo que la corriente profunda sigue pesando en nuestras convicciones inconscientes.

Esta idea interesada busca (dicho en términos caninos) marcar territorio, un territorio que se explota en cada campaña electoral, pues la pregunta clave que se fórmula al electorado es siempre ¿Quién crees tú que va a gestionar mejor la cosa en este momento?

Se supone que los partidos de izquierda sabrán mejor cohesionar la sociedad, entienden mejor a las clases desfavorecidas, se les da mejor “todo ese rollo de la solidaridad”, que a la derecha le da un poco de reparo: Mejor que se encarguen ellos, y nosotros podemos disfrutar de la riqueza obtenida sin demasiada observación ajena. Ahora, cuando amenaza la crisis, ahí estamos nosotros, que sabemos de números, tenemos las empresas, que nos hacen más caso y sabemos arreglar el despilfarro de los gobiernos de izquierdas… Llevamos años con este mantra, y tiene pinta de que en esta campaña volverán las oscuras golondrinas.

Y el tema es que la respuesta viene muy condicionada por el ciclo económico y es por eso que tantas veces se critica la identidad (o casi) de las grandes líneas de las políticas económicas que han desarrollado PP y PSOE desde el gobiernos en estos cuarenta años.

Sin embargo existen, a mi juicio, algunos elementos profundos que sí condicionan la diferente aproximación a la realidad de la gente de izquierdas y la de derechas en nuestro país (asumo seguir simplificando de brocha gorda la sociedad con estas macro-etiquetas, pero me es útil en este momento).

Para la mentalidad de nuestras derechas (no así en otras derechas europeas), el esfuerzo, el mérito personal, la ambición por superarse, la aceptación de la desigualdad de situaciones (obviando que la igualdad de oportunidades nunca es de base cero), son el motor de la sociedad. Y dado que los ricos en nuestras sociedades pagan más impuestos (salvo los muchos que los evaden por mil mecanismos financieros, pero por simplificar), les es inevitable una sensación de despojo, de cuestionarse qué hace el Gobierno con mi dinero, y de desconfiar que se lo den a quienes no se han esforzado lo suficiente para no salir de su situación (“son unos vagos, o unos flojos”).

La sociedad escoge en cada momento histórico sus operarios y, como cada vez confía menos en la capacidad de los gobiernos nacionales en dirigir con autonomía la economía nacional (las multinacionales, Bruselas, etc), lo público queda minusvalorado y se supone que la clave es atraer inversiones (privadas o de fondos soberanos, ahí nos da igual) y la creación de empleo que, como todo el mundo sabe, sólo es sostenible y socialmente eficiente, cuando lo crea la empresa privada… salvo cuando compiten dopadas por no pagar impuestos allá donde obtienen sus beneficios u obligan a sus trabajadores a darse de alta como falsos autónomos, inventando nombres ridículos para disfrazar la explotación (véase los riders de Glovo o la crew –la tripulación- de Starbucks en vez de la plantilla).

Todas estas abstracciones empiezan a tener su trascendencia cuando examinamos el comportamiento de los políticos de ambos modelos, cuando llegan al poder. Y ello tomando como palanca el enfoque de cada “bloque” sobre los ingresos, los gastos y la forma de gestión de lo público.

Los gobiernos de derechas siempre se presentan con la bandera de bajar los impuestos “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos” y “cuando bajas los impuestos aumenta la actividad económica y acabas recaudando más”. Creo que el siguiente Nobel de economía debería darse al investigador que pueda demostrar tamaña hipótesis como regla a seguir. Cada país, cada momento, cada ciclo económico, es un mundo y tal trágala es evidentemente interesada. El reciente estudio sobre gasto público en España de FUNCAS demuestra cómo en ciclos bajos la derecha (igual que la izquierda) ha subido impuestos para mantener la recaudación o no bajar en exceso el gasto, por más que sistemáticamente proclamaba en campaña que bajaría los impuestos. El guiñol. La izquierda nunca ha jugado a esa demagogia y cuando, como la ministra Calviño, anuncia que haremos como Francia y vamos a gravar a las grandes tecnológicas que hacen ingeniería financiera y no pagan impuestos aquí, los 13.000 millones de euros que se recaudarán, son una realidad responsable: Google y las demás, no se ha ido ni se irán de Francia.

El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos… que tienen bolsillo o a los que a fin de mes les queda algo. Para los que no tienen nada, su ahorro es un óptimo servicio público. Y para ello hacen falta recursos, presupuesto. No es tan importante un buen servicio público para quienes van a colegios privados, tiene su seguro médico privado, hace años que no van en transporte público o tienen su zona verde en su propia urbanización. Pero para quien no tiene nada de eso, una buena administración pública es su “primo de zumosol”.

Es evidente que para que haya recursos tiene que haber riqueza y beneficios, pero mírese con mucha atención cómo se logran esos beneficios, porque la ecuación de los recursos sale de muchas maneras y no sólo de la que interesadamente patrocina la derecha.

El ayuntamiento de Madrid es un buen banco de pruebas de estas cuestiones. Cuando por la falta de presupuesto (se agotó el filón artificial de las licencias de obras) y los gobiernos del PP pagaban con demora de un año, cuando se exigía a los proveedores (además de-presuntamente- mordidas como vamos sabiendo) unas rebajas descomunales en sus márgenes, hacían mucho más daño a la actividad económica que los altos impuestos (por cierto, en Madrid se aplicó en cómodos plazos durante años, la brutal subida del IBI aprobada por Gallardón).

Cuando los super-gestores de la derecha nos dejaron 7500 millones de euros de deuda (años en los que Bilbao debía CERO euros) y cuando el Ayuntamiento de Ana Botella estaba intervenido por Hacienda, todos los recursos se dedicaron a pagar intereses, se desplomó la inversión y se dejaron de aportar las cuotas a las instituciones en las que estaba presente el municipio: el desierto. Son de sobra conocidos los datos de gestión de la despilfarradora izquierdista Manuela Carmena: se triplica inversión para mantener Madrid, se reduce la deuda a la mitad en cuatro años, se multiplica el gasto social, se frena el seguir endeudándose y se obtiene un superávit de 1000 millones cada año… sin subir impuestos.

A veces, los gobiernos de derechas son pésimos gestores que nos llevan a la ruina. Mejor pensárselo dos veces antes de votarles. Remember el milagro económico de Rato.

En cuanto al gasto, es muy necesario analizar a quien benefician las políticas públicas, no vaya a pasar como con las subvenciones al coche eléctrico que se anuncian por el PPC's, que pueden suponer trasvasar dinero de todos a los ricos que pueden comprarse un segundo coche o como cuando el cheque bebé se dio a familias numerosas adineradas. ¿Qué tal poner un tope de renta y riqueza para estas ayudas?

Y en cuando a la gestión de lo público, creo sinceramente que los gobiernos de izquierdas han madurado en su antigua oposición a la gestión privada de servicios públicos, allá donde funciona, allá donde el pliego que reguló la adjudicación estuvo bien hecho, allá donde la capacidad de controlar esa prestación del servicio es real y no una dejación, allá donde el privado presta el servicio con precios públicos. Y creo que la derecha no ha hecho otro tanto con la gestión pública, y puede apenas ocultar una desconfianza, si no desprecio, hacia “lo público”, hacia la capacidad de los funcionarios y empleados públicos para crear valor, económico y social.

Es muy interesante intentar analizar los argumentos del actual alcalde de Madrid para defender las privatizaciones que anuncia de servicios que ahora presta directamente el Ayuntamiento.

Cuando dice que no entiende por qué ha de prestarse públicamente el servicio de la funeraria si está liberalizado, se lo podemos explicar: la anterior gestión de mayoría privada dejó de invertir durante años en el mantenimiento de los cementerios por valor de 23,8 millones de euros, como así describe el informe CEMOSA que la propia Sra. Botella encargó y así generó artificialmente beneficios que se auto-adjudicó (con la complicidad de los gestores del equipo del PP que tenían mayoría en la empresa mixta). La actual gestión pública ha generado desde su creación caja por importe de 15,1 millones de euros, la Funeraria municipal presta un mejor servicio, lo pagan quienes lo usan, no les cuesta a los madrileños, entierra gratis a personas sin recursos y mantiene el patrimonio público.

No nos hace falta que el anterior socio (Funespaña) gane dinero (que antes de la municipalización se atribuía ¡un 20% de los beneficios antes de impuestos!, unos 37 millones de euros en aquellos años), cree empleo y pague luego impuestos (o, como diría Rajoy, “o no los pague”). Nos va mejor así.

Lo mismo con el teleférico de Madrid, que pagaba un canon de 8000 euros ¡al año! al ayuntamiento y ahora “gana” mucho más con precios públicos (el ocio privado paga el transporte público, no le hace falta aumentar la subvención a la EMT) y cuyas infraestructura de Cuéntame son una risa y nunca se integrarían (si lo priva-regala Almeida) en la red de transporte público, llevando viajeros desde Rosales a Batán con el billete de metro-bús, como era nuestro plan.

Lo mismo con los parkings municipales. Siendo públicos se puede hacer política de movilidad con ellos: reservar espacios para bicis, desincentivar vía precios el coche en favor del transporte público, reservar espacios para las conexiones de coche eléctrico o para plataformas logísticas de última milla, etc. No se puede si son privados (salvo que estén pensando en la odiosa regulación que asfixia la operativa del mercado…).

Como pasa lo mismo con Bicimad, que hubo que rescatarla de la ruina, con una empresa privada que prestaba un servicio lamentable por un pliego pésimamente hecho por el gobierno del PP (que intentó tapar su lamentable gestión vía querellas penales, como siempre hace cuando pierde el poder). Lo mismo que Ifema, que sigue aportando valor creciente desde lo público sin que haga falta que operadores privados lo gestionen, gane mucho y paguen impuestos. Si no se abusa de la posición desde lo público, ni se generan monopolios que lastren la competencia, prefiero que el dinero lo ganen los ciudadanos de Madrid.

A veces los gobiernos de izquierdas son mucho mejor gestores que los de derechas, crean más riqueza, ofrecen mejores condiciones laborales a los trabajadores, generan innovación, pagan mejor a los proveedores y no les piden dinero negro. ¡Cuando se gestiona desde lo público no-hay-dinero-negro, todo es público y hasta nos ahorramos uno de cada cinco euros que podemos aplicar a la gestión al no pagar el IVA!

En fin, concluyo: menos mantras, más transparencia en los objetivos y las intenciones, más datos para que juzguen los ciudadanos, indicadores más complejos que el puro coste económico, nos harán una sociedad más madura y más eficaz. A ello.

Durante muchos años este material fue considerado un gran avance técnico: gran aislante, barato y eficaz.

A los pocos años de su despegue comercial comenzaron a oírse voces preocupadas por sus posibles efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores, pero las grandes inversiones realizadas y la ganancia económica que generaba aconsejaban (y consiguieron) acallar estas voces y seguir durante muchos años “como si nada”. Hasta que comenzaron a llegar “en diferido” las enfermedades y las muertes.

Uso esta metáfora para advertir que en nuestro sistema político (y destacadamente por su simbolismo, en Madrid) se han empezado a construir gobiernos con un peligroso material de amianto llamado Vox.

Los empresarios que han invertido en este material, con cuantiosas inversiones nacionales y extranjeras para reforzar la arquitectura conservadora (en España el PP, vía mamandurrias en sus inicios y en el extranjero hasta con una marciana facción iraní disidente) y los comerciales de este material, que no lo fabrican pero se lucran con su aprovechamiento (en España el inefable Rivera, con una insospechado protagonismo como bombero pirómano), quieren, claro está, amortizar sus inversiones antes de que la comunidad científica (en este caso social), demuestre el daño que causan.

Ahora parece que el material funciona: se consiguen mayorías se desaloja a la izquierda (a la extrema izquierda, dicen) y renunciando a las propuestas de fuegos artificiales (nuevas fiestas nacionales, cambios de nombres de organismos) consiguen lo que de verdad les importa (supresión de impuestos, recorte de ayudas, endurecimiento de las actitudes gubernamentales hacia el feminismo, consolidación de la precariedad laboral).

A quienes constituyen mayorías de esta manera les da igual el deterioro de los servicios públicos: ya se pagan con su dinero sus servicios privados (“y con lo que me ahorro con la rebaja de impuestos, ¡pues me cambio de coche!, que también me lo merezco, con todo lo que sigo pagando”) y siguen abonados al mantra thacheriano de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el del gobierno. Claro, en el bolsillo del que tiene dinero, porque el que no llega a fin de mes ya no tiene ni bolsillo…

Este veneno que viene tiempo inoculándose en la savia social está marchitando el éxito colectivo: los que emigran una vez formados aquí para cundir allí, los jóvenes a los que no queda más remedio que sobrevivir en la precariedad (porque no ven alternativa), las pequeñas empresas a las que ahoga una burocracia formalista, las grandes empresas que han decidido emanciparse de una clase política no fiable… todos estos elementos van desgastando los dientes de los engranajes y se nos va la energía sin rendimiento.

Esto no puede ser. Esto no debe ser.

A no tardar mucho, y en un diferido más corto que el de nuestro viejo conocido barceniano, los efectos colaterales de estas alianzas nos van a pasar factura. En esta legislatura han decidido estar agazapados, acumulando poder, conocimiento, contactos, introduciéndose en terrenos y colectivos a los que no habían llegado con su antiguo y obsoleto traje franquista.

De sus intenciones, nada que objetar (o más bien TODO que objetar), pero lo más grave es la hipocresía y el descaro de sus patrocinadores y comercializadores. Sigue siendo necesario escandalizarse, no aceptar que disimulen y miren para otro lado o cambien de tema; mirarles a los ojos y recordarles su apoyo infamante. No se puede llegar con manchas en la camisa y pretender que no te miren: “oye, ¡tienes manchas! ¿No te habías dado cuenta?”.

Quien mantiene esa actitud autista, más que un listillo, empieza a ser visto como un idiota que nos avergüenza a todos.

En la ciudad de Madrid, como a otros en otras partes, tenemos que exigir al PP y a Ciudadanos (porque hay que individualizar responsabilidades y beneficiarios, casi podríamos decir testaferros, de este apoyo) que se separen de este abrazo maligno, que gobiernen sí, claro que sí, con todo el derecho y la legitimidad de desarrollar su visión de Madrid y sus proyectos y que luego juzguen los ciudadanos. Pero que no sigan construyendo su edificio con amianto, porque nos va a enfermar como sociedad, porque más pronto que tarde aparecerán los síntomas de problemas respiratorios, porque salvo que su único proyecto sea gobernar nosotros (y no había otra forma de quitar a Manuela), acabarán teniendo que rendir cuentas de esa promoción.

Cada vez que se pasa revista a grandes procesos históricos que han generado convulsiones y los historiadores bucean aguas arriba, se encuentran esos momentos en los que se miraba hacia otro lado, en los que parecía que no pasaba nada, pero sí pasaba: se estaba normalizando la anomalía, se estaba legitimando a quienes querían cargarse la legalidad. Es, en este sentido, bien conocida la llamada paradoja de tolerancia descrita en 1945 por el filósofo austríaco Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos  afirmando que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Popper concluyó que, aunque parece paradójico, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia.

Obviamente la mejor receta para recuperar la credibilidad de las formaciones democráticas es actuar y pronto con empatía y ofreciendo resultados: actitudes valientes como la de Nadia Calviño, copiando la iniciativa francesa de implantar ya sin más vetos de unanimidades europeas la “tasa google”, asumiendo la salida de las parasitarias SOCIMIS (verdaderas hipócritas societarias, secreto a voces, si se les empieza a exigir, control de los precios de los alquileres), etc.

Es ante la falta de soluciones y ante la tesitura de “más de lo mismo” que muchas personas (no sólo los votantes adinerados protegiendo su situación) se arriesgan a estas aventuras.

No podemos aceptar a estos anti-sistema repeinados y disfrazados de personajes decentes (no dudo de que lo puedan ser como personas, aunque la crónica diaria de sus chanchullos privados lo pone difícil), pero pienso hacer todos los esfuerzos para combatir sus ideas y sus propósitos… y me gustaría invitar a todas las personas decentes, voten a quienes hayan votado, a esta tarea.