Por fin, el nuevo Gobierno de Canarias, formado por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, nombró este jueves a un nuevo director general de deportes, poniendo fin a la nefasta etapa que protagonizó José Francisco Pérez, un director que será recordado por haber intentado introducir en la Ley regional del Deporte a los eSports y por llevar al Parlamento un texto legal que impedía cumplir las sanciones deportivas mientras estas pudiesen ser recurridas.

No son los únicos dislates cometidos por el referido director general, un político que saltó desde la derecha extrema al nacionalismo de Coalición Canaria sólo porque un amigo, también karateca y supuestamente nacionalista pero con aspiraciones (luego fue presidente), lo invitó.

Ese amigo es, según el expresidente Paulino Rivero, también de Coalición Canaria, el culpable de que esta agrupación política haya sido barrida del paisaje canario tras 26 años continuados de poder casi absoluto, o 32 si los computamos desde su llegada al poder regional en 1987.

Un amigo, su único valedor en un puesto que siempre le vino ancho, que un día se levantó de la cama y se dijo a sí mismo: “Pero si yo soy quien manda en Canarias; voy a hacerle un regalo a mi hija, con la que jugué ayer a los videojuegos”. Y así, sin consultar absolutamente a nadie del deporte canario, fue como decidió el Gobierno de Coalición Canaria introducir los eSports en el borrador de la Ley del Deporte.

Como era de esperar, todos los colectivos deportivos, sin excepción, se opusieron a la pretensión y se hicieron oír en el Parlamento de Canarias, donde todos los grupos, salvo el que apoyaba al Gobierno entonces (18 diputados de 60) obligaron al Ejecutivo a retirar esa regulación del proyecto de ley.

Un merecido varapalo a un gobierno prepotente que ha gobernado Canarias estos decenios como si de su finca particular se tratara y que sólo es comparable con el ridículo que hizo al introducir en la misma ley un artículo, único en el mundo, según el cual las sanciones deportivas no eran ejecutivas mientras pudiesen ser recurridas. Cosas veredes Sancho.

Lógicamente, esto desató un auténtico terremoto en el deporte federado canario a partir del mes de febrero, que fue cuando se publicó la ley en el boletín oficial.

Hubo que esperar varios meses hasta que el error fue enmendado por el propio Gobierno regional gracias a que la última reforma del Estatuto de Autonomía contempló la figura del decreto-ley, posibilidad que no existía hasta entonces. Mecanismo, por otra parte, muy discutible, en casos como este. Tal es así que en el seno de la Administración regional hubo opiniones de asesores contrarias al uso de este instrumento legal diseñado para casos de urgente e imperiosa necesidad.

Ahora bien, esta posición nuestra no significa que nos opongamos a una regulación de los mal llamados deportes electrónicos. En absoluto. Somos conscientes de que hay una realidad social que las administraciones públicas deben atender como se merece, pero, eso sí, al margen del deporte tradicional.

Lo dicho, el mundo del deporte canario respira hondo al ver cómo políticos desconocedores de cómo funciona esta actividad social ya no están al mando.