Con el cambio climático pasa como con las ‘fake news’: siempre ha existido, pero en los últimos tiempos su virulencia se ha acrecentado hasta convertirse en un riesgo extremo, como por desgracia hemos comprobado con la DANA que acabamos de padecer. A lo largo de milenios ha habido períodos de paulatina glaciación o progresivo calentamiento global, pero nunca como ahora, por injerencia del ser humano, en un periodo de tiempo muy breve y con una intensidad inédita.

En apenas siglo y medio la acción humana ha provocado la misma cantidad de emisiones de dióxido de carbono que en los 20.000 años anteriores y la temperatura ha aumentado 2,45 grados Fahrenheit en una etapa tan breve que apenas supone un suspiro en la historia de nuestro planeta. Del mismo modo, siempre hubo noticias falsas. Lo fue la acusación a España por el hundimiento del Maine que desencadenó la Guerra de Cuba en 1898 y lo fue la atribución hace un siglo a nuestro país del origen de la llamada Gripe Española. Por poner solo dos ejemplos de ocurrencias que acabaron por asentarse como ciertas.

Estos días observamos cómo los bulos se extienden precisamente a propósito de los efectos del cambio climático y la DANA. En medio del temor y la incertidumbre causados por el virulento temporal del día 29, han brotado como setas alucinógenas los iluminados que aseguran que el temporal fue producto de un ataque meteorológico intencionado o que las nubes fueron desplazadas a propósito por radares. Aquellos que nos alarmaron asegurando sin pruebas que había aparcamientos inundados con “decenas” de cadáveres, culpan sin sonrojo de los terribles efectos de las riadas a causas absolutamente falsas como las voladuras de presas en la Comunidad Valenciana.

La ciencia lleva décadas señalando los verdaderos motivos y dimensiones de un cambio climático que está acentuando la vehemencia y la frecuencia de estos episodios, entre ellos la gota fría. Pero a los rigores de la investigación científica se enfrenta ahora con gran trivialidad una corriente de telepredicadores, trolls de redes sociales y dirigentes políticos que, con una narrativa más propia de la ciencia ficción, demonizan la Agenda 2030 que, en base a un diagnóstico serio y realista, aporta soluciones para enfrentar estos desafíos y armar un verdadero desarrollo sostenible.

Hemos llegado al extremo de observar una verdadera persecución en redes sociales contra prestigiosas figuras de la investigación y la divulgación como Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas y experto del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo ha denunciado públicamente.

Todo esto ha ocurrido en plena Semana Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, proclamada por la ONU con la intención de promover el estudio y la difusión de los vínculos del progreso científico y tecnológico con el mantenimiento de la paz y la seguridad. Porque lo uno va relacionado con lo otro. Parafraseando la popular cita de Moser de que “si la educación es cara, más cara es la ignorancia”, podemos añadir que si la investigación científica puede parecer costosa, la ausencia de conocimiento científico resulta letal para nuestro mundo.

Lo que la ciencia lleva años alertándonos de que podría pasar ya está pasando y tiene un alto coste, el más dramático de todos en vidas humanas. El optimismo nos invita a pensar que se impondrá la explicación de quienes llevan años de trabajo riguroso, que la verdad siempre acaba abriéndose paso, aunque sea por el peso de los acontecimientos. Pero tampoco hay que ser ingenuos. Tras los mensajes negacionistas hay intereses particulares que intentan medrar en el debate entre acelerar o frenar la adopción de medidas para hacer frente a los retos del cambio climático, que ya está aquí. Eso es lo que está en juego en foros como la 29ª Cumbre del Clima que estos días se celebra en Azerbaiyán.

Quienes tenemos la responsabilidad de velar por el interés común y buscar soluciones debemos hacerlo sobre la base del conocimiento científico. Es una línea roja, pero se está traspasando. Por eso me preocupa en exceso lo que está ocurriendo dentro de las propias instituciones, donde se están trasladando mensajes falsos en las asambleas y tomando decisiones erróneas en los órganos ejecutivos. En democracia todo está abierto a debate, pero siempre sobre la base de unos hechos reales. Sin este marco compartido no hay discusión que aporte beneficios al conjunto de la comunidad. Si las premisas son falsas, las soluciones serán también inadecuadas. Si aceptamos los bulos de quienes interesadamente niegan los hechos, ganarán unos pocos, pero perderá la mayoría.

Quienes rompen con la verdad en este debate son precisamente los que también lo hacen con los derechos humanos, en un horrible empeño por dinamitar los consensos sobre los que se asienta la práctica política en democracia. Hoy también se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, que reclama que nos despojemos de los prejuicios y el odio que contaminan la convivencia y entender a personas con otras procedencias, costumbres y creencias.

Se hace más necesario que nunca poner pie en pared con quienes hacen uso y abuso de discursos racistas y aporófobos, con todos sus odios dirigidos contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad: víctimas de la guerra, la pobreza o la persecución política, incluyendo niños, niñas y adolescentes que emigran en busca de un futuro alternativo. La inmigración se ha convertido en el principal problema según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero lamentablemente lo ha hecho en base a estas animadversiones irracionales y no en función de nuestra inquietud por prestar una mejor acogida. Y este odio y estas mentiras se están extendiendo además contra quienes de manera voluntaria o profesional prestan ayuda. Son hechos sencillamente inadmisibles.

La tolerancia no puede ser una permisividad sin límite ni vacía de valores. No podemos ser condescendientes con quienes, precisamente, basan su rechazo en prejuicios en vez de en juicios contrastados, a los que se llega a través del conocimiento que nos proporciona la práctica rigurosa de la ciencia y el periodismo. Parafraseando al sociólogo británico Edmund Burke, hay un límite a partir del cual la tolerancia deja de ser una virtud. Todas las personas merecen nuestro respeto y consideración, pero no todas las creencias ni discursos son tolerables, sobre todo cuando se basan en falsedades y dan rienda suelta a los peores instintos. No podemos convertir en respetables opiniones que niegan la contundencia de los análisis de un panel con más de cien científicos o los datos de un informe de criminalidad de una fiscalía. Practiquemos más la tolerancia, pero tolerar a todas las personas no nos puede llevar a tolerar todas sus ideas, en ningún caso aquellas que atentan contra los derechos humanos. Digamos que podríamos llegar a respetar a los ‘terraplanistas’, pero nunca al ‘terraplanismo’.

Una famosa máxima de Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pareciera que en los últimos tiempos ha cundido el empeño por hacer esto mismo dentro de los parlamentos, sustituir el diálogo encaminado al entendimiento por la escenificación de un conflicto bélico enfocado a eliminar al adversario, con las asambleas legislativas convertidas en campos de batalla. Por eso hoy 30 de junio, Día Internacional del Parlamentarismo, se hace más necesario que nunca reivindicar una forma de hacer política que se basa en la deliberación y en el diálogo como fórmulas para determinar las decisiones con las que mejorar la vida de la ciudadanía. Esto, que parece tan obvio, no ha sido así siempre y no lo es en todos los lugares del mundo. Y en nuestro país, además, tenemos motivos para la preocupación. 

El deterioro del parlamentarismo es un síntoma de la pérdida de salud democrática, pero es a su vez una causa directa. Aunque no se trata de un fenómeno exclusivo de España, sin duda está cada vez más presente en nuestro país, como observamos en los bochornosos espectáculos a los que asistimos de manera habitual en las sesiones del Congreso, del Senado y de otras asambleas regionales. Un panorama que también amenaza la buena dinámica de algunos foros hasta ahora menos exaltados como nuestras Cortes de Castilla-La Mancha.

No es una mera cuestión estética. Las formas desagradables afectan también al fondo. La degeneración de la actividad parlamentaria, donde se recurre al insulto y la descalificación, con mensajes más emocionales que racionales, con absoluta falta de empatía y sin ninguna actitud de escucha, tiene unas consecuencias nefastas: polariza a la sociedad, provoca desafección ciudadana y nos impide que las decisiones que adoptamos se enriquezcan con lo bueno y válido que siempre puede aportar la otra mirada. 

El insulto fácil y recurrente hacia el que piensa diferente, la campaña de señalamiento hacia quien actúa de otro modo, la deslegitimación de quien gobierna por el mero hecho de responder a otras siglas, la desconsideración hacia las propias instituciones y tantas otras fórmulas que se aplican sin ninguna ética, caiga quien caiga y sin atender a las consecuencias a medio plazo, se han convertido en un modelo peligroso pero recurrente. Cada día, la crispación en las calles y en las instituciones sube un grado y está alcanzando cotas asfixiantes. Excita a los fanáticos, pero espanta a la inteligencia. El diálogo es imposible en medio del ruido y sin respeto entre los interlocutores: no solo impide el entendimiento entre quien debe hablar para convencer y quien debe escuchar para encontrar puntos de encuentro, sino que, además, expulsa a la ciudadanía verdaderamente interesada en participar de una conversación de calidad.  

Todo esto resulta más grave en los parlamentos, que son los templos de la democracia. A diferencia de lo que puede ocurrir en una tertulia en medios de comunicación, en una discusión de barra de bar o en el rifirrafe cada vez más insoportable en redes sociales, el debate parlamentario exige una dosis extra de consideración hacia la ética y el cumplimiento de las normas. Por supuesto que hay excepciones, pero la regla, cada vez más, responde a los estándares de lo que precisamente no deberíamos hacer. Estamos llevando el frentismo al corazón de las instituciones. 

Y en este ‘ecosistema’ todos los agentes involucrados tienen su parte de responsabilidad. En primer lugar, quienes desempeñamos una labor en las asambleas legislativas debemos esforzarnos, y en mi caso en las Cortes regionales prometo seguir haciéndolo, para que el debate sea respetuoso y fructífero. Debemos hacerlo mejor, elevando el nivel, no solo en el arte de la oratoria, sino especialmente en ese arte menos atendido que es el de la escucha activa. 

Ahora bien, no solo depende de nosotros y nosotras. También es clave el reflejo que tiene la actividad política en los medios de comunicación, el modo en que se traslada a la opinión pública lo que hacemos y decimos. El periodismo más irresponsable -no hablemos ya del ‘pseudoperiodismo’ que se cuela en las instituciones para socavarlas desde dentro- es un aliado clave en este ruidoso desconcierto en el que el debate útil se hace imposible. Ocurre cuando se desvía el foco del diálogo sereno, aunque posiblemente menos llamativo, y se sitúa en mayor medida en personajes dispuestos a protagonizar numeritos o en voces interesadas en verter insultos, mentiras o medias verdades. De manera opuesta, el periodismo serio y riguroso, que verifica y pone en contexto, y no solo reproduce los gestos efectistas y los exabruptos de una y otra parte, contribuye a mejorar la salud de nuestra democracia.

En la misma medida, y para completar la cadena de agentes implicados, a la ciudadanía le correspondería no jalear a quienes dinamitan el diálogo y sí aplaudir a quienes ejercen la política de manera responsable, esforzándose por realizar aportaciones en positivo y por alcanzar consensos: una actitud más valiente en estos tiempos que la de confrontar sin escuchar y atizar sin medida. 

Por último, si hablamos de parlamentarismo no es menos importante reparar en las tareas para las que la ciudadanía nos ha elegido. En el caso de las Cortes de Castilla-La Mancha, para debatir los asuntos que solo en nuestra Cámara merecen atención. Aquí tenemos que decidir cuestiones claves para el bienestar de nuestra gente como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las infraestructuras que dependen directamente de la Administración Regional. Frente a quienes se predisponen a convertir nuestro Parlamento Regional en un plató para tertuliar sobre el asunto del día o para replicar los mismos debates que ya tienen lugar en otros foros como el Congreso, el Senado, las diputaciones o los ayuntamientos, insisto en que centremos el trabajo en nuestras funciones, que no son menores. Ahora mismo tenemos entre manos asuntos de tanta importancia como afrontar la reforma del Estatuto de Autonomía. Una labor que nos exige máxima atención y un clima de debate que propicie entendimientos.

Ser representante en el Parlamento Regional supone un orgullo que debemos corresponder atendiendo de manera ética y profesional los asuntos que aquí -y solo aquí- se tienen que debatir, sin pervertir el verdadero sentido del parlamentarismo. Debemos hacerlo por convencimiento democrático y por eficiencia, porque es mejor a medio y largo plazo. En un mundo con una permanente tentación por adoptar fórmulas autoritarias que prometen soluciones simples a los desafíos de una realidad compleja y que cambia a velocidad de vértigo, conviene aprovechar una fecha como hoy para pensar que no siempre el camino más corto es el mejor. En democracia hay que huir de los atajos. El parlamentarismo, aunque suponga un rodeo, constituye el camino a seguir.

Este 10 de agosto celebramos los 41 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en las Cortes Generales. En los últimos meses nos hemos esforzado por recordar, reivindicar y celebrar las cuatro décadas de nuestro transitar común, fruto del proceso de construcción autonómica que tiene en la aprobación del Estatuto en 1982 su fecha más señalada. Por eso, durante la última legislatura, hemos desarrollado junto al Gobierno regional y a las cinco diputaciones provinciales una programación que ha puesto el acento en este recorrido. Y en esta ocasión lo volvemos a hacer celebrando además los 40 años de nuestras Cortes regionales, que, como cámara de representación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, es el corazón de nuestra democracia autonómica.

Hoy Castilla-La Mancha es una comunidad plenamente identificada con los proyectos nacional de España y de Europa, que crece en el plano económico y social, fruto de la estabilidad, mejor vertebrada que cuando nació y cada día más orgullosa de sí misma, con la autoestima necesaria para defender un encaje en armonía en nuestro país: sin pretender ser más que nadie, pero sin tolerar ser menos. La región ha experimentado en estas cuatro décadas la mayor transformación de su historia, gozamos de unos niveles de bienestar y prosperidad desconocidos hasta ahora y tenemos un porvenir prometedor que no puede desligarse ya de la existencia de esta comunidad autónoma, con su voz propia en el conjunto del Estado y con unas instituciones autónomas, como nuestro propio Parlamento, donde tomamos nuestras propias decisiones y debatimos de los asuntos que resultan de nuestra competencia.

Recientemente hemos celebrado elecciones y, como consecuencia de los resultados que expresan la voluntad de la ciudadanía castellanomanchega, hemos constituido nuestros organismos autónomos, con absoluta normalidad y con la vista puesta en seguir trabajando otros cuatro años más por el bienestar de nuestras gentes. Estos 40 años han trazado el camino a seguir. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por las inercias ni caer en la autocomplacencia. Si me permiten el símil, el Estatuto de Autonomía es el vehículo para seguir recorriendo esta senda, pero necesita una puesta a punto que nos permita seguir alcanzando nuevas metas.

La reforma del Estatuto de Autonomía es oportuna y necesaria. El presidente autonómico Emiliano García-Page ha puesto sobre la mesa la conveniencia de abordarla con cierta urgencia. Aunque el Estatuto acumula ya cuatro reformas a lo largo de su historia, la experiencia del último intento de entidad, truncado hace una década, debería animar a las diferentes fuerzas políticas a lograr el máximo consenso, al menos entre los dos principales partidos, tanto en nuestras Cortes como en las Cortes Generales, para culminar una reforma que, en mi opinión, debería abordar tres cuestiones principales.

En primer lugar, aunque no lo sea por importancia, habría que atender a una reforma de la ley electoral que mejore la representatividad de nuestra Cámara. Hay que reflexionar sobre este aumento de escaños desde posturas complejas y de calado, no desde planteamientos simplistas y populistas. Está en juego mejorar la representación de la ciudadanía en la asamblea y hay que hacerlo, además, sin trampas: en el único mandato en que el PP tuvo mayoría en nuestra región, cambió dos veces la ley electoral, primero elevando el número de diputados hasta llegar a 55, y a continuación restando más de 20 para dejarlos en los 33 actuales. Dos cambios de criterio radicalmente opuestos que se basaron exclusivamente en el cálculo electoralista y en el interés partidista del PP de Cospedal.

El resultado es que ahora mismo tenemos la Cámara Autonómica con menor número de diputados y diputadas de España junto con La Rioja y la menor en proporción con el tamaño de nuestra población. Pero sobre todo tenemos un déficit de representatividad que debemos corregir para que la composición de la Cámara se ajuste más a la realidad de nuestra región. Aunque la reforma electoral no sea seguramente el mayor de los problemas, no debemos descuidar una corrección que resulta más que oportuna.

El Estatuto para los próximos años debe ser, además, un texto moderno, que incorpore instrumentos con los que otras comunidades se han ido actualizando en los últimos tiempos, en los llamados ‘estatutos de tercera generación’. Me refiero por ejemplo a los decretos-leyes, que habrían permitido aprobar normativa de manera más ágil y dinámica -que posteriormente se convalida o cesa en el parlamento- para situaciones tan extraordinarias como lo fue, sin ir más lejos, la reciente pandemia de COVID-19.

Dejo para el final el tercero de los aspectos, que considero importante: el blindaje de los servicios públicos, desde luego la educación y la sanidad, de modo que, con independencia de quien gobierne, nuestras provincias, pero especialmente nuestras comarcas rurales, tengan garantizados los servicios fundamentales provistos por parte de la Administración. Del mismo modo, habría que considerar la necesidad de blindar por ley algunos recursos imprescindibles para nuestro desarrollo, como el agua.

No está en mi mano que esta reforma llegue a buen puerto, pero sí animar a los grupos parlamentarios a ponerse a trabajar cuanto antes con el objetivo común de defender los intereses de Castilla-La Mancha y con el espíritu de colaboración que en los años de la Transición permitió que, desde sensibilidades muy diferentes, se lograsen consensos en aspectos básicos como dotarnos de un marco normativo en nuestro país y en nuestra región. El mejor modo de celebrar estos 41 años de Estatuto de Castilla-La Mancha pasa por honrar estos orígenes y trabajar con empeño por un futuro mejor

Hoy, 10 de agosto, es un día especial para Castilla-La Mancha. De hecho, llevamos meses celebrando que tal día como hoy hace 40 años se aprobó en las Cortes Generales la Ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La norma superior de nuestra región es mucho más que un marco común de reglas y de atribución de competencias: en nuestro caso ha supuesto también el kilómetro cero de un recorrido que nos ha llevado a las mayores cotas de progreso, bienestar e igualdad que jamás hayamos conocido en nuestra tierra. Más allá de problemas coyunturales, visto nuestro recorrido con perspectiva y objetividad creo indiscutible el enorme salto de progreso que ha supuesto para la inmensa mayoría de la ciudadanía estos cuarenta años de proyecto en común y de capacidad para tomar nuestras propias decisiones. 

Nuestra comunidad autónoma es producto de la mejor España, la España de la Constitución de 1978. Y lo es, por tanto, del deseo de convivencia, del reencuentro de españoles y españolas que habían estado enfrentados en el pasado, de la prevalencia democrática de la ley que nos hace más iguales y protege a quien menos tiene frente a la ley del más fuerte (impuesta a la fuerza). El triunfo del diálogo como fórmula de resolución de conflictos. Y, quizá por ello, frente a comunidades que depositan su legitimidad en viejas batallas ganadas o perdidas -todas las comunidades y naciones son construcciones políticas surgidas en algún momento de la historia- aquí en Castilla-La Mancha anclamos nuestro origen en un proyecto común de todos los españoles y españolas, la Constitución, y en la aprobación de un Estatuto de Autonomía que fue posible porque así lo permitía la Carta Magna. Es justo, ahora que los resultados les avalan, reconocer su audacia de quienes decidieron aprovechar este nuevo escenario político para afrontar los desafíos de la descentralización y de la autonomía política no con el fin de enfrentar sino para construir, no para dividir sino para multiplicar. En definitiva, con la conciencia clara y el orgullo de que somos una parte de España y que nuestro objetivo no es solo prosperar como región sino también contribuir al progreso de nuestro país. 

Castilla-La Mancha es, por eso mismo, fruto del acuerdo y del entendimiento, lo que explica que el Día de la Región, el 31 de mayo, coincida con la fecha de la constitución de las primeras Cortes autonómicas surgidas de unas elecciones democráticas en 1983, apelando directamente a que nuestra identidad es ante todo democrática, y que nos describimos como colectividad de manera esencial en el protagonismo de la palabra y del respeto, en la búsqueda de acuerdos para mejorar la vida de todos y de todas.

Eso es, precisamente, lo que arroja el balance de estos cuarenta años. Desde entonces han transcurrido cuatro décadas en las que la conciencia regional ha avanzado en torno a la eficacia de este proyecto compartido. Nuestro sentido de pertenencia a una comunidad autónoma tan reciente ha ido creciendo a la par que nuestro desarrollo autonómico ha impulsado una espectacular transformación de nuestra tierra, con una impresionante mejora en la calidad de vida de la inmensa mayoría, según todos los indicadores, y lo hemos hecho mientras avanzamos en cohesión social y en vertebración territorial. 

Valgan como ejemplo algunos datos: hemos ganado casi 400.000 habitantes, que de media viven seis años más; hemos pasado de ningún kilómetro de autovía a más de 1.800; de contar sólo con dos residencias de mayores de titularidad autonómica a 51; y de no tener universidad propia –y registrar un 12% de analfabetismo- a presumir de un 25% de población universitaria. Hemos triplicado la presencia de la mujer en el mercado laboral y la participación política ha dado un vuelco. En nuestras Cortes regionales hubo en su primera legislatura una única mujer, mientras que hoy se sientan catorce en los escaños, legislando de manera pionera en materia de igualdad de género y contra la violencia machista.

Y lo que es muy importante para la autoestima de quienes habitamos esta región: ésta ya no es una tierra de paso subordinada a las órdenes de otros, sino un territorio protagonista con voz propia, que defiende sus intereses para no ser menos que nadie, y lo hace sin estridencias ni confrontaciones, porque hemos logrado un encaje armónico en el proyecto nacional, sin necesidad de afirmar nuestra identidad en contra de nadie. La igualdad, dentro y fuera de nuestros límites geográficos, constituye el principal motor de nuestra razón de ser, en la que el sentimiento castellanomanchego reafirma el español y comparte su lugar con otros como los provinciales o locales.

Siendo importante recordar, lo realmente determinante comienza mañana y depende de nosotras y nosotros mismos. Por eso, sin dejar de compartir el proyecto común que es España, somos más dueños y dueñas de nuestro destino de lo que fue nadie de esta tierra nunca antes. Seremos fundamentalmente lo que decidamos ser, conscientes de que esa decisión entraña una responsabilidad con el resto de quienes habitan en nuestro planeta y de las futuras generaciones que lo harán también aquí donde nosotros estamos ahora. Pensando en nuestros intereses, pero también en quien nos rodea cerca y lejos de nuestra región y en quienes habrán de recibir los rendimientos de nuestros esfuerzos individuales y colectivos, hagamos que cada día del futuro de Castilla-La Mancha merezca la pena. Empezando por mañana, cuando cumplamos cuarenta años y un día, y pasado…

Las calles de Toledo fueron escenario hace hoy quinientos años, el 3 de febrero de 1522,del desenlace de un episodio histórico, el Levantamiento de las Comunidades de Castilla contra el Emperador Carlos V (el Rey Carlos I de España): un antecedente inspirador para las primeras democracias de nuestro país -e incluso del resto del mundo-, en cuanto exigía una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Reino y un papel más activo de las Cortes.

La noche anterior, una multitud armada se había congregado en torno a la casa de la líder de la resistencia, María Pacheco: parte de la población no se resignaba a aceptar la rendición que se había impuesto desde octubre, cuando la ciudad claudicó ante el ejército realista. Al día siguiente, un agitador detenido en los sucesos nocturnos iba a ser ejecutado en la horca, lo que precipitó la escaramuza. Tras una jornada de enfrentamientos, la condesa de Monteagudo, hermana de Pacheco, propició una tregua al anochecer que fue aprovechada por María para escapar hacia la Puebla de Montalbán, primero, ya Oporto, después. Ya nunca regresaría a Toledo.

La conocida como la ‘Leona de Castilla’ había liderado la resistencia comunera, tras la debacle en Villalar del 23 de abril de 1521, en la que habían sido ejecutados Padilla, Bravo y Maldonado. Durante los meses siguientes, el obispo Acuña y ella constituyeron los principales liderazgos del bando que intentó prolongarla oposición al Rey desde Toledo, la ciudad que había iniciado la revuelta dos años antes. Tras la derrota, el clérigo se recluyó en Simancas y, detenido en un intento de fuga, fue ejecutado en 1526. Pacheco permanecería el resto de sus días exiliada en Portugal, donde fallecería sin haber solicitado ni obtenidoel perdón real que sí lograron otras figuras de la resistencia.

Como se puede ver, María Pacheco no fue solo la viuda de Juan de Padilla, aunque haya quedado relegada, en el mejor de los casos, a unas líneas sueltas en los libros de historia, a menudo citada con el propio apellido de su marido. Buena muestra es la dificultad que reconocen haber tenido quienes, a propósito de estos 500 años de los sucesos comuneros, han vuelto la mirada sobre ella para encontrar documentación biográfica o iconografía: su retrato más conocido, casi el único, es un cuadro de Vicente Borrás, custodiado en el Museo del Prado, en el que aparece llorando la muerte de su esposo en Villalar.

Pacheco, pese a sus hazañas históricas, no ha merecido la suerte de heroínas similares de la Guerra de la Independencia, como la coruñesa María Pitao la zaragozana‘ Agustina de Aragón’. Pero es que la mayoría de las mujeres de su época fueron condenadas al ostracismo, como si su coraje y su protagonismo espantasen a alguien más que al enemigo al que se enfrentaron en su día.

De Luisa de Medrano a Ana de Mendoza

Como Pacheco, otras mujeres contemporáneas que abrieron brecha han sido olvidadas durante siglos. Lo fue Luisa de Medrano, la atencina que probablemente fue la primera mujer en ocupar una cátedra universitaria en toda Europa, o la filósofa albaceteña Oliva Sabuco, que disfrutó en sus días de un enorme prestigio, sospechosamente desvanecido con el tiempo. También, otras mujeres vinculadas de uno y otro modo a nuestra tierra, como la humanista taranconeraLuisa Sigea -de quien se cumple ahora el quinto centenario de su nacimiento- y su hermana Ángela, una gran instrumentista; y la erasmista María de Cazalla, forman parte de una amplia nómina de mujeres destacadas en las esferas cultural o política de nuestro país -podemos citar también a Beatriz de Galindo y Francisca de Nebrija-, cuyos logros se diluyeron en la posteridad. Y cuando no fue el olvido, fue un tratamiento injusto, incluso caricaturesco, como el que padecieron mujeres imposibles de borrar de la historia como la Reina Juana, tan vinculada también a la revuelta comunera, o Ana de Mendoza, la Princesa de Éboli.

En las Cortes de Castilla-La Mancha nos hemos tomado en serio la irónica invitación del escritor Oscar Wilde, quien dijo que “el único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Entendimos que este V Centenario del Levantamiento de las Comunidades de Castilla no podía pasar de largo y que era una ocasión de oro para volver a los hechos con la mirada que no se proyectó en otros centenarios, recuperando protagonismos, especialmente estos femeninos, que habían sido tradicionalmente obviados o minusvalorados. Lo hemos hecho no para manipular la historia con análisis presentistas, sino con el objetivo de poner luz allí donde las sombras ofrecían un retrato incompleto o deformado de los hechos.

En la historia de nuestra comunidad autónoma tenemos grandes referentes femeninos y nuestra obligación no es otra que rescatarlas para que nunca más queden relegadas a un lugar secundario. Aunque el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha viene realizando una intensa labor por recuperar a todas estas referentes históricas, ocasiones como este V Centenario nos obligaban por principios a profundizar en esta labor, más aún cuando enfocar el siglo XVI es hacerlo sobre una época rica en protagonismos femeninos que pueden alentar hoy a las niñas y jóvenes que sueñan con emprender sus pasos hacia el mundo de la política, la cultura o la investigación científica.

Creo que, en mayor o menor medida, lo hemos conseguido, gracias a la colaboración con la Fundación Impulsa para desarrollar nuestra programación. En este V Centenario estamos hablando de María Pacheco y de las comuneras en los ciclos de conferencias, en los medios de comunicación y en el espectáculo de teatro, música y danza que promovimos con una compañía que tenía un elenco íntegro de mujeres de nuestra región y que pudimos ver en diferentes escenarios de la comunidad autónoma en diciembre. Y nos gustaría que este fuese solo un impulso inicial. Por eso nos emociona que otras instituciones hayan respondido a este estímulo, como el Ayuntamiento de Guadalajara, que ha renombrado como Plaza María de Pacheco uno de sus espacios más emblemáticos, en el que se sitúa el histórico Parque de la Concordia; o el Ayuntamiento de Toledo, con quien en los próximos meses inauguraremos una estatua erigida en memoria de la ‘Leona de Castilla’, situándola en sus calles en pie de igualdad con Padilla, quien tiene una estatua en la ciudad desde 2015.

Ojalá este V Centenario, que ya encara su recta final, esté sirviendo no solo para reconocer al levantamiento comunero como un antecedente directo de nuestra democracia actual y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -un aspecto en el que nos hemos detenido a reflexionar en otras ocasiones- sino también para devolver literalmente a María Pacheco y a sus contemporáneas al lugar que les corresponde, no solo en las páginas de los libros de historia, sino también en el espacio público.

Hace 40 años que Castilla-La Mancha comenzó a escribir su historia. Gran parte de lo que ahora somos como región comenzó a tomar forma cuando el 21 de julio de 1981 se reunió en el Parador de Manzanares la Asamblea Mixta encargada de comenzar la redacción del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación del primer borrador comenzaba un proceso clave para convertirnos en la comunidad autónoma que somos y que nació con la firme determinación de no querer ser más que otros territorios, pero tampoco consentir ser menos; con la igualdad como bandera y con el compromiso de avanzar en derechos, libertades, servicios y oportunidades.

El Estatuto de Autonomía lo alumbró la Asamblea Mixta, el más directo antecedente de las Cortes regionales y que se constituirían como tales en mayo de 1983, tras las primeras elecciones autonómicas. Antes, este otro foro constituyente lo integraron 161 miembros, de los cuales 41 eran parlamentarios nacionales y 120 diputados provinciales. A la reunión de Manzanares asistieron 118, que eligieron una Mesa de cinco miembros encargada de dirigir este proceso, con una ponencia que durante varias semanas debatió las enmiendas y se encargó de trasladar el texto del proyecto de Estatuto que sería aprobado el 3 de diciembre en Alarcón y remitido a continuación al Congreso de los Diputados para su correspondiente tramitación como Ley Orgánica, un proceso que culminó en agosto, con su entrada en vigor definitiva.

Este procedimiento era consecuencia directa de la recién nacida Constitución, que en sus artículos 146 y 147 marcaba el camino. Las ‘comunidades históricas’ ya habían completado el itinerario, mientras que otros territorios como el nuestro habían ido aplazando los pasos. Como dijo entonces José Bono, quien muy pronto se convertiría en el primer presidente electo de la Junta de Comunidades, el Estatuto de Autonomía no venía a “colmar” un clamor de la ciudadanía sino a “cubrir una necesidad en el nuevo Estado” democrático español.

La localidad ciudadrealeña en la que comenzó esta andadura prestaría su nombre al proyecto que la prensa bautizó por aquellos días como el ‘Estatuto de Manzanares’. No fue un proceso fácil, pero las vicisitudes -los puntos de vista alternativos, los desacuerdos en asuntos a veces notables o las lógicas controversias en las negociaciones- fueron superados mediante los mecanismos recién estrenados de la democracia. Lo que por encima de todos estos detalles coyunturales nos queda ahora, cuatro décadas después, y lo que celebramos con agradecimiento hacia aquellas figuras que los protagonizaron, es el esfuerzo conjunto por levantar un proyecto en común que ha propiciado la etapa de mayor progreso y convivencia para la ciudadanía de los territorios que libremente decidimos conformar Castilla-La Mancha.

Desde su primer latido en el corazón de nuestro país, Castilla-La Mancha ha hecho de la diversidad virtud y de los anhelos de igualdad y progreso, su razón de ser. Por encima del lento pero efectivo sentimiento de identidad regional que vamos adquiriendo, el mejor balance de estos cuarenta años de aventura autonómica lo constituyen la enorme transformación que han experimentado en todo este tiempo nuestras ciudades y pueblos, la modernidad que ha alcanzado la sociedad, la transformación hacia una economía mucho más robusta y competitiva y los derechos y libertades de los que ahora gozan sus vecinos y sus vecinas.

Quiero poner el acento en este empeño por vivir en comunidad, en la mirada al frente. En 1981 nacía una región que no lo era como tal y que, por tanto, carecía de sentimiento regional. Hoy, gracias a este empeño compartido, se ha consolidado como una realidad indiscutible y sin vuelta atrás. Por eso desde las Cortes regionales queremos celebrar el cuarenta aniversario de esta trayectoria juntos y juntas, como un acto de agradecimiento a quienes tomaron entonces la iniciativa y como un instrumento de desarrollo al servicio de una España mejor dentro de una Europa más sólida y cohesionada.

La enorme relevancia de lo que estaba en juego en Manzanares aquel 21 de julio quedó expresada con toda la fuerza del momento histórico en las palabras de Blas Camacho, uno de los políticos que entonces defendió la necesidad de sacar adelante este proyecto, cuando dijo que no quería que nuestra tierra perdiese otra vez el tren de la historia. Hoy podemos decir que lo consiguieron y que, en consecuencia, lo conseguimos.

La redacción del Estatuto de Autonomía supuso la primera línea del relato que empezaron a escribir aquellos hombres y mujeres que, con sensibilidades muy diferentes pero con unidad y espíritu de concordia, se marcaron como objetivo común sentar las bases de lo que es Castilla-La Mancha. 40 años después, el mejor homenaje que podemos hacerles es trabajar con unidad para mejorar su obra, incorporando nuevos derechos, libertades y servicios y poniéndonos a disposición de la ciudadanía castellanomanchega.

Hoy se cumplen 500 años de la Batalla de Villalar, derrota del movimiento comunero contra el rey Carlos I. El 23 de abril de 1521 es sin duda la fecha más señalada de un levantamiento que en parte tuvo su origen y su epílogo en Toledo; que, de Cuenca y Guadalajara hasta Campo de Montiel y Atienza o de Cifuentes a Mora y Ocaña, tuvo numerosos escenarios y protagonistas principales de pueblos y ciudades de nuestra región actual. Por eso, y porque en buena parte aquel episodio es uno de nuestros antecedentes más naturales, desde las Cortes de Castilla-La Mancha estamos celebrando este V Centenario.

El lunes, en el acto institucional en el Salón de Plenos con el que iniciamos nuestra programación, el historiador Miguel Fernando Gómez Vozmediano afirmó que en Villalar se perdió una batalla, pero en realidad no se enterraron los ideales de aquellos hombres y mujeres que soñaron con ser dueños de su destino.

Aunque la pandemia ha retrasado y ha causado no pocos impedimentos en la planificación prevista, las celebraciones ya están en marcha y durante los próximos meses llevaremos por diferentes rincones de nuestra región, y por supuesto en la capital Toledo, un ciclo de conferencias, una exposición para escolares, reediciones bibliográficas y, entre otras iniciativas, un espectáculo dramático-musical, y todo a cargo del enorme talento creativo y la sabiduría de gentes de nuestra tierra.

Lo he dicho en otras ocasiones: el propósito es recordar sin juzgar los hechos ocurridos en nuestros pueblos y ciudades y rescatar la memoria de sus principales figuras. En especial, las de mujeres de enorme relevancia, como María Pacheco y Juana I, que constituyen la mejor encarnación del papel determinante que ha jugado la mujer en la historia, y que sin embargo ha sido injustamente invisibilizado.

Queremos recordar y hacerlo huyendo del presentismo histórico y de las lecturas interesadas, sin obviar que aquella última página de la política en el Medievo, y a la vez la primera de la Edad Moderna en España, supuso un antes y un después. Porque nada volvió a ser igual después de la afirmación de un levantamiento que proclamaba la autonomía de las ciudades castellanas contra el poder absoluto de un emperador que sentían extranjero, con la proyección de nuevas fórmulas como la Ley Perpetua de Ávila -casi a modo de pionera constitución- y con la articulación de la Santa Junta -las Cortes y Junta General de Reino- como asamblea representativa.

La revuelta comunera ha marcado la identidad castellana y sus hechos constituyen una herencia fundamental para entender la sociedad de la que formamos parte. Pero si algo podemos celebrar es que la ciudadanía castellanomanchega de hoy hemos logrado dar forma al sueño de aquellos comuneros y comuneras. Castilla-La Mancha tiene su origen en una victoria, la de los hombres y mujeres que en 1978 decidieron dejar atrás la dictadura y construir, partiendo de territorios diversos, un futuro democrático en común en nuestra patria común, España.

Esta fusión de lugares y gentes -esta Junta de Comunidades, que remite de manera tan directa a la aventura comunera- y este espíritu de puesta en común, que los comuneros y comuneras llevan parejo a su propio nombre, nos emparenta con el Levantamiento protagonizado por Padilla, Pacheco y compañía y nos obliga a recordarles en este quinto centenario.

Antes que pararnos a lamentar la sangre derramada hace 500 años en Villalar, hoy queremos rescatar esos valores que no fueron enterrados, el arrojo de unos hombres y mujeres que creyeron, cuando creerlo era casi una quimera, que los problemas se resolvían dialogando. Hoy, como entonces, ponemos el acento en que, mediante el ejercicio de la palabra y con el poder del pueblo depositado en sus Cortes, el parlamentarismo resulta la mejor fórmula para resolver los conflictos.

Confío por tanto en que este V Centenario ejerza como palanca para reimpulsar la idea de un parlamentarismo más abierto, de una política que se ejerce desde las comunidades al servicio del bien común y de una sociedad más igualitaria que reivindica, a través de sus figuras más destacadas, a todas las mujeres que abrieron brecha y que han sido injustamente borradas de la historia. También estas mujeres, aunque perdieron la batalla, soñaron con ser dueñas de su destino y nos inspiran en nuestro propósito de luchar por un mundo mejor.

Es indignante pero cierto: todavía hoy, en la tercera década del siglo XXI, debemos luchar para abolir la esclavitud. Los rostros de los esclavos son demasiados y variopintos: los de un niño alquilado para mendigar por las calles de Tailandia, el de una mujer del Este canjeada a cambio de un electrodoméstico para ejercer la prostitución o, entre otros, el de un temporero subsahariano llegado a Europa que cobra sólo 30 euros a la semana por trabajar diez horas diarias en una plantación.

Aunque en el imaginario popular la esclavitud nos remite a circos romanos de gladiadores y a lejanos campos de algodón, con sus injusticias impuestas a latigazos, en nuestros tiempos 40 millones de personas se ven obligadas a realizar trabajos forzosos, según las sonrojantes cifras de Walk Free Foundation, entidad colaboradora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De modo que no sólo pervive la esclavitud, sino que lo hace en unas dimensiones escandalosas.

Este 2 de diciembre es el día que la ONU ha señalado para reivindicar precisamente la abolición de la esclavitud en todo el mundo, en sus formas tradicionales y en sus expresiones más modernas. Hoy como ayer, cada persona que desempeña una ocupación sin haberla elegido, bajo formas de coacción, sufre una injusta condena que no podemos permitir.

Cuando el trabajo no supone independencia y capacidad para negarse ante los abusos no es un trabajo decente. Lo retrató muy bien Jaime de Armiñán en su película ‘Stico’, donde Leopoldo Contreras -el personaje encarnado por Fernando Fernán Gómez-, un catedrático emérito de Derecho Romano acosado por las penurias económicas se ve obligado a ofrecerse como esclavo a un antiguo alumno a cambio de casa y comida. Cuando se carece de lo más elemental para sobrevivir, la libertad queda reducida a la mínima expresión.

Una y otra vez encontramos que el eslabón más débil de estas cadenas lo constituyen las mujeres, los niños y las niñas. Más de 150 millones de menores en todo el mundo trabajan cada día en vez de crecer jugando y aprendiendo. A menudo no pueden pisar la escuela y se adentran, desde su infancia, en una espiral de servidumbre que, a falta de educación y de oportunidades, previsiblemente se prolongará durante el resto de sus días. Se trata de un doble castigo: arrebatarles el derecho a la educación es también robarles el porvenir.

Muchos de estos abusos se ensañan con las niñas que, embarcadas en sucios tratos cerrados por los mayores, se ven obligadas a prostituirse o casarse antes de cumplir los 18 años. Niñas esclavas que lo seguirán siendo de mayores. De hecho, siete de cada diez víctimas de esclavitud son mujeres. Su expresión más extrema es la explotación sexual, en la que están atrapadas hasta 16 millones de mujeres en el mundo. En su afán por buscar una vida mejor en Europa, muchas de ellas son engañadas por las redes de tráfico y son obligadas a ejercer la prostitución para pagar falsas deudas contraídas con estas mafias. Con su dignidad pisoteada y su libertad cercenada, entran en una espiral de muy complicada salida. La trata es una violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas ante la que no cabe ningún matiz.

Es así en todo el mundo. Aunque la esclavitud afecta más a quienes malviven en países lejanos como Corea del Norte, Eritrea, Burundi o la República Centroafricana -los cuatro países con más personas esclavas-, ningún rincón del mundo está exento de estos abusos y violaciones. En España existen los trabajos forzosos, sobre todo en la industria, la construcción, el servicio doméstico o la agricultura, como ha denunciado en su campaña #TrabajoForzoso la propia Guardia Civil, encargada de perseguir estos delitos.

Nuestro compromiso con la democracia y la paz y contra la pobreza nos exige un redoble de esfuerzos para avanzar hacia la eliminación de cualquier forma de esclavitud. Está demostrado que los regímenes más represivos, los conflictos armados y las situaciones de pobreza son factores que propician la esclavitud. Pero nuestro compromiso con estos mismos valores nos exige también que impidamos que el deterioro de las condiciones laborales y las relaciones sociales en nuestro país desemboquen en formas ‘posmodernas’ de esclavitud, porque incluso se puede ser pobre teniendo empleo en una forma aún más retorcida de esclavitud. Perseveremos contra las relaciones injustas de trabajo o contra las situaciones de pobreza que obligan a conseguir o completar un mínimo salario con actividades que conllevan inseguridad y falta de autonomía.

El trabajo debe ser un seguro de libertad. Tenemos la obligación, como ha dicho el Papa Francisco, de gritar alto y claro que “la esclavitud no está abolida” y de denunciar, como hizo el escritor Eduardo Galeano, que la actual globalización económica impone “salarios africanos y precios europeos” que prolongan siglos de explotación, aunque los esclavos ya no viajen en barcos de negreros a través del océano.

Nuestro consumo insaciable con su inagotable demanda de productos baratos -comprar lo último al mejor precio- nutre las redes de explotación laboral de muchos países. Si en pleno siglo XXI existen esclavos y esclavas, niños trabajando para vestir a otros niños en países lejanos, mujeres explotadas sexualmente... es porque con nuestros actos o con nuestra pasividad, tanto países como personas, no hacemos aún lo suficiente. Es hora de reaccionar para abolir definitivamente la esclavitud en nuestro mundo.

“Del mismo modo que no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esto expresa mi idea de la democracia”. Esta conocida frase de Abraham Lincoln recoge dos de los principales valores que entraña la democracia, que no son otros que los de la libertad y la igualdad. La democracia se funda en la primacía del derecho y en el libre ejercicio de los derechos individuales, por eso, en un estado democrático nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales ante ella. La ley, aprobada en cámaras de representación, escrita y publicada, como mecanismo de protección de los más débiles y como freno de los abusos de los más poderosos; la igualdad y la libertad como piedras angulares y principios inspiradores de la ley.

Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia y es un buen día para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y, por tanto, también con la igualdad y la libertad. Mi compromiso con estos valores lo explicito como presidente del Parlamento autonómico, el órgano de representación territorial de las mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. Son estas Cortes el fruto de la voluntad de la ciudadanía a la que representamos en las urnas y cada uno de los 33 diputados y diputadas que tenemos el inmenso honor de formar parte de esta Cámara debemos tener grabado a fuego en cada una de nuestras acciones que nuestro fin último (y primero) es ser útiles a esta tierra y a quienes nos eligieron para defenderla.

Y como en estas Cortes, en el resto de parlamentos del país. Somos elegidos por la sociedad y, por tanto, somos en buena medida un reflejo de la misma. Al menos, deberíamos esforzarnos para que así fuera. O mejor aún, devolver en el espejo la imagen de la sociedad que querríamos tener: respetuosa, tolerante, libre, solidaria, igualitaria, que valora el diálogo y el acuerdo y que reniega de la falta de respeto, la discriminación y el insulto. Si queremos una sociedad así, y doy por hecho que no cabe duda de ello, empecemos por garantizar que las instituciones donde recae la representación de la ciudadanía lo son.

Y es que, al fin y al cabo, las instituciones representativas son un elemento esencial de la democracia, las que garantizan que el derecho a la participación política del conjunto de la ciudadanía sea de verdad efectivo. Dichas instituciones somos el resultado de la voluntad del pueblo y tenemos además la misión de preservar y fortalecer el sistema democrático.

Por eso, fomentar permanentemente la igualdad, la transparencia, la justicia social, la educación y eliminar la intolerancia, los desequilibrios, las brechas sociales y la discriminación en todos sus ámbitos es una buena receta para contribuir a la buena salud de la democracia. En este parlamento nos estamos esforzando en ello. Así, con planes como los de igualdad de género o de accesibilidad que estamos poniendo en marcha esta legislatura, avanzamos en la inclusión y la igualdad de derechos y libertades para el conjunto de la ciudadanía de nuestra región.

Todos y todas hacemos la democracia y de todos y todas depende que avancemos y no retrocedamos en su disfrute para orquestar nuestra vida en común. En España, gracias al gran consenso de 1978, estamos disfrutando de un periodo de estabilidad democrática sin precedentes en nuestra historia. Pero precisamente en este país sabemos muy bien que la democracia no es un regalo caído del cielo y que si queremos más y mejor democracia, debemos esforzarnos en preservarla y mejorarla y no podemos permitirnos ni un paso atrás.

Hablar de democracia (sobre todo de una democracia de calidad, no de mínimos) nos exige un perenne compromiso de regar el sistema de valores que lo sostiene para fortalecer una suerte de ‘espíritu de la democracia’ que apela a la ética en la política.

A diario observo con preocupación cómo desde dentro de las propias instituciones se producen comportamientos -cuando menos indecorosos, cuando más corruptos- y discursos del odio que amenazan la verdadera razón de ser de nuestra democracia. Son seguramente excepciones, pero el tamaño de algunos escándalos y la repercusión que tienen entre la opinión pública los convierten en aldabonazos que hacen tambalear los cimientos de nuestro sistema. Debemos erradicar del desempeño democrático ciertos usos y prédicas que dañan severamente nuestro sistema desde sus propias entrañas. Precisamente porque la democracia nos da tanto, nos exige también una responsabilidad a la altura.

Seguimos teniendo retos por delante para perfeccionar nuestra democracia y para extenderla por aquellos lugares del mundo donde carecen de ella y viven bajo el yugo de la opresión. Y para afrontar ambos desafíos necesitamos la máxima unidad. Una unidad que lejos de socavar las legítimas discrepancias ideológicas las garantice, pero que preserve el principio que las permite, que es la propia democracia.

Debemos ser conscientes de que, en el siglo XXI, tras habernos dotado de suficientes garantías que amparan el ejercicio de las libertades individuales y el respeto y protección de los derechos humanos, en nuestras sociedades la principal amenaza que se cierne sobre nuestras democracias son los populismos. Estos cabalgan a lomos de la desigualdad económica, alimentada en una brecha entre enriquecidos y empobrecidos que cada vez se hace más profunda.

Conviene por ello que nos esforcemos en implementar mecanismos que permitan la mayor igualación económica de los ciudadanos y ciudadanas, para superar de este modo las desafecciones al sistema y derrotar a quienes, desde la nostalgia o la fabulación, aspiran a sustituir la democracia por autoritarismo. Expresado en palabras de Rousseau, “la verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino en que ningún ciudadano sea tan rico para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para verse forzado a venderse”. No es casual que la oferta más o menos enmascarada de quienes desean subvertir nuestro modelo sea canjear más igualdad a cambio de entregarles nuestra libertad. Aunque esa prometida igualdad, el siglo XX es buena prueba de ello, se aleje más cuanto menos libres son los individuos.

Comenzaba con lo que nos enseñaba Lincoln en su famosa frase sobre la democracia y contra la esclavitud y termino con una película española, ‘Stico’, de Jaime de Armiñán. En ella, Leopoldo Contreras en la piel de un espectacular Fernando Fernández Gómez, un catedrático emérito de Derecho Romano, para resolver sus graves problemas se ofrece como esclavo a un antiguo alumno a cambio de casa y comida. Lincoln decía que no escogería libremente ser esclavo. Pero Jaime de Armiñán nos muestra en su genial retrato, que cuando se carece de lo elemental para sobrevivir, la libertad está absolutamente cercenada, disminuida.

Y es que no hay nada menos democrático que la pobreza en un mundo que tiene lo suficiente para abastecer de lo necesario a todos sus hombres y mujeres. Es por eso que debemos preocuparnos simultáneamente de la libertad de todos y cada uno de los individuos y de la igualdad entre ellos y ellas, que ha de ser legal, formal, pero también material en el sentido rousseniano de la misma.

Hoy hace 38 años que el Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Meses después se celebraron las primeras elecciones, en las que la ciudadanía de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo tuvo ocasión de elegir una cámara de representantes de las cinco provincias que habían decidido formar esta comunidad. El día en que el parlamento celebró su puesta de largo, un 31 de mayo, fue adoptado como el Día de la Región.

Aunque estos episodios no tengan las resonancias épicas ni los protagonismos heroicos de los que presumen otros territorios, la aprobación el 10 de agosto de 1982 del Estatuto y la constitución de las Cortes regionales por vez primera, meses después, constituyen el inicio de la andadura de Castilla-La Mancha como autonomía. Un kilómetro cero de un recorrido que tiene su origen en el entendimiento y en la conciliación de intereses, para levantar un proyecto en común que se ha desarrollado no con el deseo de ser más que nadie, sino con la imperiosa necesidad de no ser menos que los demás territorios que conforman nuestro país.

Son acontecimientos de los que muy pronto se cumplirán nada menos que cuatro décadas de trayectoria y que hay que celebrar como se merecen. Porque son cuatro décadas en las que nuestra región y sus gentes hemos progresado mucho gracias a una atención específica y decidida en áreas tan fundamentales para nuestras vidas como la sanidad, la educación, las políticas sociales o el despliegue de infraestructuras.

"La comparativa en los pueblos y ciudades hace cuarenta años y ahora constituye el mejor argumento para seguir creyendo en esta región y en el Estatuto de Autonomía"

Castilla-La Mancha ha ganado en calidad de vida y hoy es una comunidad joven y moderna. La comparativa en los pueblos y ciudades hace cuarenta años y ahora constituye el mejor argumento para seguir creyendo en esta región y en el Estatuto de Autonomía, la norma fundamental que dio inicio a este proyecto en común y que sostiene la arquitectura administrativa de la Junta de Comunidades, en la que se basan estos logros.

Por delante queda, por supuesto, el reto de reformar este Estatuto. Una tarea pendiente que, como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, animo a abordar a nuestros representantes, para que una herramienta que se ha revelado fundamental durante las últimas décadas lo sea también para construir un futuro tanto o más próspero para los habitantes de nuestra región en pleno siglo XXI, afrontando las particularidades y desafíos de estos tiempos. Las crisis sanitaria y socioeconómica derivadas de la pandemia del coronavirus nos alertan de la necesidad de seguir respondiendo a los problemas de la gente de manera útil desde las instituciones.

Por eso hoy, en el 38 aniversario del Estatuto de Autonomía, quiero invitaros a defenderlo dentro de la Constitución y reivindicando a su vez su fantástico encaje en la unidad y la integridad de nuestro país, que es una España diversa, como lo es también nuestra región. Una comunidad que tiene en la conjunción de sus territorios y en la complementariedad de todas sus gentes una de sus principales fortalezas. Esta diversidad es, sin duda, un elemento enriquecedor en nuestro propósito de seguir avanzando juntos y juntas. Por eso os invito a que, a través de la celebración del Estatuto de Autonomía, reivindiquemos una Castilla-La Mancha mejor.

Hace dos años, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha dirigido entonces por Araceli Martínez lanzó la campaña 'Sin un sí, es no', una iniciativa novedosa que ponía por primera vez en España el foco en la violación en cita y alertaba sobre el hecho de que el mayor número de delitos sexuales contra las mujeres los comete un amigo o conocido.

Fue, a mi modo de ver, todo un acierto porque la tendencia generalizada es la de equiparar la violación a un hecho cometido por un desconocido en un asalto callejero, dejando en olvido y, por tanto, silenciando e incluso legitimando los abusos sexuales y violaciones que se producen en un encuentro pactado y consentido, con una pareja, un amigo o conocido y en el que, en un determinado momento, la mujer decide no seguir adelante con la relación sexual que se esperaba o incluso que se había ya iniciado.

Tiene esta campaña otros muchos méritos, el principal, a mi entender, es que se dirige a los agresores. 'Sin un sí, es no' es un golpe directo a los cimientos del machismo y la cultura patriarcal, deja claro que es la mujer quien tiene que dar su consentimiento de manera explícita y clara, que no sirve un silencio o una duda, que lo importante no es lo que el hombre entendió, quiso o creyó, sino el consentimiento o la falta de él de la mujer. Y hace más: libera a la mujer de culpa. Si no dijo 'sí' es que no quería. Lo que pasó de ahí en adelante, fue una agresión, una violación, y de eso jamás la víctima es culpable por más que los sectores más reaccionarios traten de poner esto en duda.

Como dice el presidente García-Page, no hay más orgullo que nuestra región sea una referencia a nivel nacional e internacional por su lucha contra la violencia de género y contra el machismo, la piedra angular que lo sustenta. Otros quieren ser los más adelantados en privilegios, en exclusiones, en singularidades. Mientras, Castilla-La Mancha quiere encabezar la lucha por la igualdad.

Esta región ha abierto camino en materia legislativa en la protección de las mujeres y el cerco a los maltratadores y también en promover en las aulas y en espacios de educación no formal la igualdad, el feminismo, la no discriminación, la lucha contra las violencias machistas y las relaciones afectivo-sexuales sanas e igualitarias. Es un bagaje que tenemos que seguir aumentado porque queda mucho por hacer, pero que merece la pena recordar, más aún teniendo en cuenta que pocos retos tenemos más importantes como sociedad que conseguir que ser mujer no suponga una merma de derechos y libertades y, por supuesto, que no sea la razón por la que se es insultada, golpeada, violada o asesinada.

Y, ya que enumeraba algunos logros de la campaña 'Sin un sí, es no', no quiero olvidarme uno para mí más que relevante, como es que se intensifique durante las fiestas. Cada vez se conocen más casos de agresiones y violaciones múltiples y, en muchos casos, se desarrollan en un ambiente de fiesta y diversión. La fiesta supone un paréntesis en muchas de las responsabilidades del día a día pero no puede implicar jamás una interrupción en la lucha por la igualdad y contra el machismo.

Por eso, siempre y aún más en fiestas, ¡Sin un sí, es no!

Hoy 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. La Asamblea de las Naciones Unidas ha instaurado esta fecha en el calendario mundial con el objetivo de “promover el papel de las y los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y crear espacios para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que éstos y estas se enfrentan”.

Las instituciones debemos compartir estos objetivos. En particular, las Cortes de Castilla-La Mancha, como sede de la voluntad popular y foro de debate de los asuntos que más nos interesan, tiene que ser el lugar en el que encauzar las inquietudes de nuestros y nuestras jóvenes y el espacio en el que debatir e idear las respuestas a sus problemáticas, que no son pocas.

Hay circunstancias preocupantes que nos ponen alerta en nuestra región, como en el resto del país: salarios muy bajos, cotas de desempleo que aún no se han recuperado de la grave crisis económica que ha atravesado nuestro país en la última década -y que castiga todavía más a las mujeres- y problemas de emancipación que afectan a una generación que se ve obligada a entregar la mayor parte de su sueldo mensual si quiere acceder a un alquiler en el mercado libre.

A pesar de los esfuerzos que llevan a cabo las administraciones, como en el Plan de Retorno del Talento de la Junta de Castilla-La Mancha, sigue habiendo un elevado número de muchachos y muchachas que se vieron forzados a salir de nuestras provincias para iniciar un nuevo proyecto en el extranjero, en un fenómeno migratorio que no podemos permitirnos en términos ni económicos ni humanos.

En la moderna sociedad líquida en la que vivimos, nos enfrentamos a algunas estadísticas preocupantes que miden la incertidumbre con la que viven muchos jóvenes y que en algunos momentos alcanzan expresiones públicas tan llamativas como en su día fue el 15M o actualmente está siendo ‘Fridays for Future’ / Juventud por el Clima. Nuestros y nuestras jóvenes no son agentes pasivos, se implican en el debate público y exigen respuestas.

Por eso, abrir canales de participación e introducir en nuestra agenda de prioridades sus problemas resulta el mejor modo de cooperar en la búsqueda de soluciones, así como de integrarles en nuestra cultura de la democracia, aplacando el descontento con algo más que buenas palabras. Lo contrario sería obligarles a elegir entre la desobediencia y la resignación.

El reto de mejorar la vida de nuestros y nuestras jóvenes demanda que los partidos practiquemos una política de acuerdos que incluya la mejora de las condiciones de vida de nuestra juventud como uno de los temas de interés general. Un marco de colaboración, más allá de las diferencias, y de responsabilidad que se vería fortalecido con la conformación cuanto antes de un Gobierno de España que pueda trabajar, junto al resto de administraciones, en el desarrollo de políticas específicas para los colectivos más desfavorecidos.

En Castilla-La Mancha estamos por la labor. Los diputados y las diputadas de las Cortes regionales vamos a promover la participación de los y las jóvenes de nuestra comunidad autónoma, abriendo las puertas de esta casa y aprovechando las ventajas que brindan las nuevas tecnologías y sus canales de comunicación. Esta X Legislatura queremos conectar literalmente con la juventud: empatizar con sus preocupaciones, conocer mejor su visión de la realidad e interactuar para ponernos manos a la obra y mejorar así sus condiciones de vida.

Los 33 diputados y diputadas de la Cámara queremos hacer suyos sus problemas y queremos ofrecerles respuestas. Trabajar para ellos; pero, sobre todo, con ellos.