En la Región de Murcia Vox ha decidido poner a los menores migrantes en el centro de su actividad política utilizando de nuevo la demagogia. En sus últimas declaraciones, en las que exige el cierre de los centros de menores y someterlo a referéndum, Antelo ha usado argumentos que demuestran una total ignorancia y una carencia absoluta de moral.

No se puede someter a referéndum la obligatoriedad de proteger a los menores por parte de la Comunidad Autónoma. Así lo marca la Ley y así lo ha manifestado el propio Gobierno regional.

Tampoco es cierto que haya centros exclusivos de menores extranjeros. Estos dispositivos de acogida no distinguen por nacionalidad y en ellos conviven niños y niñas con dos características: son menores de edad y no cuentan con una familia que pueda darles acogida y cuidados necesarios. Hay menores que han nacido en España cuya custodia ha sido retirada, temporal o definitivamente, y no han podido ser acogidos por su familia extensa. Hay menores nacidos fuera del territorio nacional, pero que han migrado solas y solos, y menores que han perdido a sus progenitores en la ruta migratoria. Los centros se distinguen entre los de reforma y los de protección. No por la nacionalidad de los menores residentes.

Antelo afirma que hay menores que dicen serlo, pero que no lo son verdaderamente y que hay que hacerles pruebas periciales. La realidad es que esto ya se hace: la Policía Nacional cuenta con un equipo especializado que trabaja en estrecha colaboración con los centros médicos para recabar y enviar al Ministerio Fiscal todas las pruebas que permitan determinar la edad de la manera más fiable posible, con un procedimiento completo y garante que incluye  valoración de la apariencia física del menor, documentación aportada de país de origen, una entrevista individualizada y, por supuesto, pruebas médicas pertinentes. Tras el correspondiente análisis, la resolución de Fiscalía determinará si se considera menor o mayor de edad.

Esgrimen también el argumento de la devolución a los países de origen. El Gobierno regional no puede llegar a acuerdos internacionales con terceros países, una competencia exclusiva del Estado. Es una propuesta vacía de contenido que sólo sirve para crispar el ambiente. La Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior del menor como principio rector de las políticas. Antelo demuestra su nulo conocimiento sobre la legislación regional, nacional e internacional, una característica preocupante en alguien que quiere gobernar.

No solo hablo como secretaria general de CCOO, sino también como integrante de la Asociación Amigos de Ritsona. Este verano hemos ido a Melilla a documentar y comprobar en terreno la situación de la valla fronteriza, donde hemos sido testigos directos del drama de menores no acompañados que intentan cruzar a España para conseguir una vida mejor.

En todo este proceso político no sólo es responsable Vox. Diversos actores podrían actuar para frenar esta espiral reaccionaría. La Fiscalía puede supervisar la labor de la Administración en materia de protección del menor e impugnar las actuaciones que vulneren el interés superior de niños y niñas. Además, pueden perseguir los delitos de odio. Desde CCOO RM les pedimos valentía.

El Gobierno regional ha sucumbido a todas las peticiones de Vox: un partido que no forma parte del equipo de gobierno y, sin embargo, marca la agenda política. ¿Hasta dónde va a ceder el Partido Popular? Para Vox nunca va a ser suficiente. Hay líneas rojas, como la protección de los menores, que el PP no debería cruzar.

Los problemas de los menores de edad en la región son otros. En España el 34,6% de niños y niñas está en situación de pobreza, pero en la Región de Murcia esta tasa se eleva al 45%, siendo una de las comunidades españolas que lidera esta triste estadística. El porcentaje de niños y niñas que reciben beca comedor es de un escuálido 2%, cuando en el resto del estado la media es del 15%. Por otro lado, según un informe de 2023, el 89% de los jóvenes extutelados trabaja, estudia, o hace ambas cosas al alcanzar la mayoría de edad. Mientras que la tasa de emancipación en España se retrasa cada vez más, estos jóvenes deben ser autónomos al cumplir los 18 años, y así lo hace la inmensa mayoría.

Nuestra economía (agricultura, servicios, sector de los cuidados) la sostienen miles de personas migrantes, con cuyo trabajo mantienen el sistema productivo de la Región de Murcia. Y los millones de niños que no han nacido en los últimos 35 años van a tener que ser sustituidos por los hijos e hijas de personas que vendrán de otros países. En la actualidad hay más de nueve millones de pensionistas, pero la previsión es que para el año 2050 tengamos 15 millones. Solo se sostendrá el sistema público de pensiones si vienen migrantes a trabajar en nuestro país. Resulta fundamental regularizar a estas personas, esenciales para mantener el mercado laboral y el sistema público de pensiones, y luchar contra la explotación laboral, porque un día estas personas se cansarán de la explotación y la clandestinidad, dejarán de ir a trabajar y, por supuesto, CCOO RM estará ahí, respaldándolas. Tendremos un verdadero problema. Y echamos de menos las voces del empresariado defendiendo a sus personas trabajadoras de los ataques de la extrema derecha.

Políticos de la Región de Murcia: paren esta espiral de odio, recapaciten, entiendan que en el futuro va a seguir viniendo inmigración. No la rechacen: gobiernen el proceso, intégrenla. Es humano, es imparable y es necesario hacerlo.

Paseamos por las calles de Mitilene donde estamos alojados. Las luces navideñas, comercios y villancicos que suenan en el puerto te hacen creer, por unos segundos, que todo está bien; no hay ni rastro de personas refugiadas. No deja de sorprendernos cómo ha cambiado la ciudad en este tiempo. La última vez que Amigos de Ritsona visitamos Lesbos era diciembre 2019. Rara era la semana que cuando hacía buen tiempo llegaban a sus costas familias enteras buscando un lugar donde ponerse a salvo y por fin dejar de huir del horror y la miseria.

El 9 de septiembre de 2020 ardió el campo de personas refugiadas de Moria. Este hecho, que en un principio pensamos que podría ser un halo de esperanza para las más de 16.000 personas que malvivían en el campo, supuso un retroceso más. Durante varias semanas estuvieron sobreviviendo en las calles de la isla; mientras ACNUR, dirigido por el Gobierno griego, sacaba cientos de tiendas de campañas con su logotipo (algo que no hizo en el antiguo campo de Moria cuando miles de personas dormían a la intemperie), y las instalaba en el nuevo campo de Kara Tepe, al lado del mar y alejado lo suficiente del centro de la ciudad para que no molesten a los lugareños y turistas. Un campo de detención que nos recuerda a una época no tan lejana que lejos de darnos vergüenza lentamente se empieza a reproducir en esta Europa insolidaria.

Si eres una ONG y quieres ayudar, tienes que ser cómplice y firmar con el Gobierno heleno un contrato de confidencialidad. En caso contrario, no eres bienvenida y por supuesto, que no se te ocurra documentar qué está pasando en estos campos de detención o serás arrestado si te pillan echando fotos. Mientras tanto, en su interior, las personas con enfermedades mentales provocadas por la desesperación de no saber cuándo terminará esta situación, siguen autolesionándose o intentando acabar con su vida. Entre ellos, algunos menores.

Al resto de personas refugiadas que ahora no están en la isla, el Gobierno griego les dio un permiso para irse a Atenas. Parte de esas 43.000 personas fueron posteriormente acogidas por Alemania y los demás siguen malviviendo en las calles de esta ciudad griega, expuestas a todo tipo de abusos, violaciones, pederastia, drogadicción, agresiones, etc, con la única ayuda de organizaciones independientes que les echan una mano para tramitar sus papeles, les dan un plato de comida caliente y cuando hay espacio, algo muy complicado en estos momentos, les ofrecen cobijo para pasar la noche. Mientras tanto, las mafias están sacando una buena tajada de esto, aprovechando la desesperación de estas personas para hacer negocio. Resulta desolador que sea la única vía de salida que los gobiernos de la Unión Europea le han dejado para intentar llegar a un lugar seguro.

Llama la atención al pasear por el puerto de Mitilene ver los barcos de la guardia costera. No es casual que de un tiempo a esta parte no lleguen más familias a las costas de Lesbos; pero no penséis bien y creáis que los conflictos bélicos han terminado, que ya no hay hambrunas o que la gente ya no es perseguida por su etnia, condición sexual o ideales políticos, nada más lejos de la realidad. La UE se encarga de dotar de una partida económica suficiente para que Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) haga de muro de contención en el mar e impida que las personas que intentan poner su vida y la de sus peques a salvo sean devueltas a Turquía; incluso aquellas que han tocado suelo griego o han pedido asilo, una vulneración sistemática de los derechos humanos.

Tal y como relata en su página Aegean Boat Report, estas fechas están siendo las más mortíferas en el Mar Egeo, tan solo en el día de navidad 28 personas murieron ahogadas en el mar, entre ellas, un bebé de tan solo 1 año. Podríamos escandalizarnos pero ya ni siquiera nos sorprende. Tocar esta realidad de tan cerca te hace desconfiar de los gobiernos; de todos, porque en lugar de arremangarse y ponerse de una vez por todas a intentar acabar con el profundo sufrimiento de miles de personas, les dificultan cada vez más que puedan llegar de forma segura a nuestras costas y poner así su vida a salvo.

Ojalá algún día estas vidas importen y la ciudadanía europea nos quitemos la venda que nos impide ver el mayor drama humanitario en Europa después de la II Guerra Mundial.

Este 1 de mayo de 2021 también va a ser diferente. Limitados por las restricciones que nos obliga la pandemia, vamos a ver reducido el aforo para asistir a la movilización del Día Internacional del Trabajador/a. Una lástima, ya que este Primero de Mayo deberíamos inundar las calles para reivindicar todo lo que necesitamos la clase trabajadora después de esta crisis laboral sin precedentes.

En la Región de Murcia han pasado muchas cosas en este último año convulso que nos ha hecho plantearnos qué sociedad tenemos y qué futuro nos espera. Una Región sostenida en gran parte por el sector servicios, uno de los más devastados en esta crisis, que ha dejado a miles de personas en situación de ERTE, cobrando el 70% de lo que legalmente estaban cobrando, ya que la parte en “B” que cobraban por trabajar más horas de las establecidas en su contrato no computan para percibir las prestaciones del SEPE. Además, algunas de estas personas han visto como las prestaciones han llegado tarde o estaban bastante alejadas del salario mínimo interprofesional (SMI), ya que hablamos de contratos parciales en un sector ya de por sí precarizado y en el que muchas categorías profesionales se incrementaron con la subida del SMI.

Y es que hay días que el trabajo se hace cuesta arriba: cuando ves cómo llegan trabajadores y trabajadoras a la Federación de Servicios de CCOO, algunas de ellas mayores de 50 años, pidiendo que les ayudemos ya que su sueldo es el único que entra en casa y no han cobrado su prestación. Unas veces la pareja puede estar en desempleo; otras veces puede estar trabajando, pero no le han sacado del ERTE, y le han dicho que “es lo que hay” o tienen miedo a que les despidan ya que es el único ingreso que entra en la unidad familiar. Por no hablar de los ERTE que se están convirtiendo en ERE y están dejando a miles de personas en situación de desempleo.

Estamos en una Región devastada, como muchas en esta pandemia, pero con la particularidad de que Murcia es la tercera comunidad con los salarios más bajos de todo el país, algo que influye de manera directa en la calidad de vida de la ciudadanía.

Y no es algo a destacar para ir en contra de la gestión de este Gobierno. Solo hay que asomarse a “las colas del hambre”: personas que hasta ahora nunca habían pedido ayuda, que no estaban en exclusión social y que ahora se han visto obligadas a hacer uso del comedor social por primera vez en su vida después de haber perdido su empleo. Basta con observar un poco para darnos cuenta de que el perfil de las personas que recurren a la caridad ha cambiado. Ya no solo están las personas que han tenido la mala suerte de estar en situación de exclusión social, ahora también están las personas que, hasta hace poco, pertenecían a la clase media, podían ser autosuficientes y mantener a su familia.

Tampoco podemos obviar la nefasta gestión de nuestros gobernantes. ¿Cómo es posible que se permita que existan estas colas del hambre mientras el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una herramienta que se creó para ayudar a miles de familias que malviven bajo el umbral de la pobreza, solo se haya ejecutado el 40% del presupuesto anual? En la Región solo se han beneficiado 22.439 familias, una de las comunidades autónomas con una de las tasas de pobreza más altas de España, y sin embargo, esta cobertura es del 5,7%, por debajo de la media nacional que se sitúa en el 6,4%, debido a la falta de voluntad política que no ha sido capaz de solventar la complejidad del procedimiento y los requisitos tan estrictos, no adaptándose a la realidad e incluyendo la renta del 2019 donde todavía no había impactado la pandemia, tal y como ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Y fuera de lo que piense una minoría acomodada, las personas no quieren caridad. Lo que necesitamos son empleos que nos permitan vivir dignamente. Mientras la clase política se mira el ombligo y no atiende lo urgente, miles de personas sufren la desesperación por ver qué comerán mañana ellos y su familia.

Este año será un 1 de mayo atípico, pero no debemos conformarnos y reivindicar este día en nuestros balcones, ya sea a través de carteles, sábanas o lo que cada cual quiera, que queremos un empleo digno y de calidad. Quizás, a través de las reivindicaciones, los que nos gobiernan se centrarían en lo urgente y lo importante.  

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada», reconociéndolo como una pandemia que afecta al 55 % de la población mundial, habiendo sido hasta un 70 % de las mujeres víctimas de esa violencia en algún momento de su vida. ​

Esta violencia contra las mujeres ejercida por razón de su sexo encontraría su raíz en las históricas relaciones de poder entre hombre y mujer, en el modelo social patriarcal que ha propiciado relaciones de dominio de éste sobre ella, la desigualdad entre sexos y la discriminación.

Esta violencia contra las mujeres se da desafortunadamente en muchos ámbitos, entre ellos, el laboral.

En julio de2018 CCOO denunció casos graves de acoso sexual a algunas temporeras de Albacete. Ese mismo año se destapaba el caso de las violaciones de derechos que sufrían las mujeres que recolectaban los frutos rojos en Huelva. Y en septiembre de 2020 CCOO denunciaba en el campo de Cartagena (Murcia) los abusos laborales y la situación de acoso sexual y hasta de agresión sexual que están sufriendo trabajadoras marroquíes.

Estos casos son los que han salido a la luz pública gracias a la valentía de estas mujeres, todas ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Mujeres indefensas que no conocen el idioma, que están solas, muchas de ellas en situación irregular y que vienen con mucha necesidad y con el temor a perder un puesto de trabajo que es el único sustento para ellas y sus familias. Se ven abocadas a dar el paso porque no hay un sistema establecido que las proteja. Pero estos casos son solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo.

En una sociedad como la nuestra donde se abandera la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres es intolerable que hagamos oídos sordos, neguemos la evidencia y tengamos que exponer a las víctimas a denunciar. Mujeres que son insultadas, acosadas y violadas. Que sufren por tener que acceder al chantaje de los intermediarios si quieren mantener su empleo, y con la amenaza de que si denuncian serán deportadas a sus países de origen. Mujeres jornaleras que, en algunos casos, han sido violadas en varias ocasiones.

Quizás ha llegado el momento, aunque llegamos tarde, de ir al origen de estos abusos tanto laborales como sexuales, repensar las condiciones laborales que tienen estas mujeres migrantes y ponerle solución. No podemos seguir manteniendo un sector con personas que no tienen contrato, algunas de ellas en situación irregular y que no conocen sus derechos más básicos, un caldo de cultivo propicio para todo tipo de abusos. Un empleo que demanda mano de obra barata y que se cubre con personas que huyen de la pobreza en sus países de origen. Una incontrolada cadena de subcontrataciones está detrás de toda esta situación de precariedad, abuso, acoso y agresión sexual a estas temporeras. Debería sonrojarnos que estos abusos estén ocurriendo en nuestras ciudades, y que no haya un interés real por erradicar esta lacra social. Ese doble rasero con el que no se protege los derechos de las personas migrantes al mismo tiempo que les necesitamos para recoger nuestras cosechas dice mucho del tipo de sociedad que, con nuestras acciones, estamos conformando.

La solución para un tema de género es poner medidas de igualdad, protocolos frente al acoso y dar formación en igualdad a las partes que no los tengan.

Es responsabilidad de las empresas establecer medidas para evitar la explotación laboral y el acoso y abuso sexual en los centros de trabajo. La Administración debe de asumir su responsabilidad en materia de derechos sociales y laborales, articulando medidas para garantizar los derechos laborales más básicos, fortaleciendo a la Inspección de trabajo para que actúe y sancione a estas empresas, coordinándose todas las partes implicadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que estos abusos cesen y paguen aquellos que lo han cometido.

Es una vergüenza que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI y que los respectivos gobiernos no estén haciendo nada para erradicar estas prácticas tan deplorables.

*Teresa Fuentes es la secretaria de la Federación de Servicios de CCCOO de la Región de Murcia

La crisis de la COVID-19 ha eclipsado el foco de la discriminación laboral que experimentan en muchos casos las mujeres porque lo ocurrido ha sido extraordinario, pero no podemos olvidar las miles de situaciones que siguen ocurriendo en el ámbito del trabajo y que, si no estamos atentas, puede ser que se vuelvan, si cabe, más invisibles.

Lo cierto es que da igual los años que pasen, las mujeres seguimos sufriendo numerosas formas de discriminación laboral que siguen pesando como una losa que condiciona nuestra vida, pero que apenas se ve.

Algunas cifras deberían sonrojarnos. En la Región de Murcia, la mayor parte de las contrataciones a tiempo parcial son para las mujeres -un 25%- mientras que en el caso de los hombres es un 7%. Se trata de una parcialidad que, en la mayoría de los casos, es indeseada, algo que también sucede cuando hablamos de contratos temporales, cifra es superior en las mujeres que en los hombres. También estamos infrarrepresentadas en los puestos y niveles más altos, según los datos de la EPA del cuarto trimestre del 2019, 11.100 hombres ocupan puestos de dirección y gerencia frente a 3.700 mujeres, pese a ser mayoría entre la población activa con estudios superiores.

La realidad a día de hoy es que las mujeres seguimos teniendo peores condiciones laborales que los hombres. Seguimos teniendo una vida laboral más corta y con mayor dificultad para promocionar en la empresa debido a la maternidad, al tiempo que las responsabilidades del cuidado de las personas dependientes siguen recayendo en nosotras. También tenemos ingresos inferiores a los de los hombres, tanto en el salario base como en los complementos salariales que tanto influyen en la brecha salarial, sin olvidar que este lastre nos condicionará hasta cobrar la pensión por jubilación, una de las brechas más profundas que marcan la diferencia salarial.

El sector servicios ocupa en nuestra región el 68% de la población ocupada, de éstos, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. Son las personas que trabajan en el comercio, hostelería, actividades financieras, artísticas, administrativas, sanitarias y de servicios sociales, empleadoras de personal domestico, entre otras. En definitiva, todas las personas que nos dan servicio cuando lo necesitamos. Pero cómo es posible que siendo el único sector que concentra más empleo femenino que masculino, las mujeres cobren menos que los hombres, en concreto y en la Región de Murcia 5.533 euros menos al año. Según la encuesta anual de estructura salarial publicada por el INE en junio de  2019, los hombres en el sector servicios ganaron una media de 23.599 euros, mientras que las mujeres apenas llegaron a los 18.066 euros.

Quizás ahora no sea el momento, pero llegará. De forma obligada tendremos que abordar de manera ineludible la precariedad en el empleo de las mujeres, la eliminación de los roles de género que hacen que las mujeres sigamos siendo las responsables de las tareas de cuidados, el fin de la brecha salarial y la consciencia de que lo que nos corresponde no es más que la mitad de todo.

Es nuestro cuarto viaje al campo de personas refugiadas de Moria en la isla de Lesbos, Grecia. Cuando preparamos el viaje, unos días antes, comentamos que temíamos lo que esta vez nos íbamos a encontrar. Habíamos leído que el campo estaba colapsado, más 19.000 personas atrapadas en un centro con capacidad para 3.000, entre ellas, más de 7.000 menores y 1.000 menores no acompañados. Siempre intentas prepararte para lo que vamos aquí a ver estos días, pero da igual, la realidad siempre supera lo que imaginas.

Lo primero que hicimos al llegar fue visitar uno de los proyectos con los que habitualmente colaboramos, The Hope Project. A través de él canalizamos parte de las donaciones que hemos recaudado desde el verano. Estábamos felices, sigue existiendo gente maravillosa a la que le importa lo que aquí está ocurriendo y gracias a ellas, a vosotros, hemos recaudado bastantes fondos para mejorar un poco la terrible situación del lugar. Pero después llegamos a Moria, el campo de personas refugiadas más grande de la Unión Europea, sin lugar a duda, la vergüenza de Europa. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Desde nuestro último viaje, el verano pasado, el campo ha crecido exponencialmente: hay 9.000 personas más.

Miles de personas, la mayoría de ellas de origen afgano y sirio, malviven en tiendas de campaña, sin importar si acabas de dar a luz, estás enfermo o tienes bebés. Conforme íbamos paseando entre los montes que rodean el campo de Moria no salíamos de nuestro asombro: no importaba para donde miráramos todo eran tiendas de campaña.

Paseamos entre las calles maltrechas mientras intentábamos no caernos. El terreno estaba hecho un barrizal, día sí, día no, llueve; el agua se mete en las tiendas y moja lo poco que tienen: mantas, ropa y sus pocas pertenencias. Nos paraban y nos enseñaban las tiendas por dentro -estaban mojadas-, nos enseñaban sus móviles diciéndonos que no podían ni cargarlos porque no hay electricidad. Sus caras lo decían todo, ni tan siquiera pueden comunicarse con sus familiares que quedaron en sus países de origen en conflicto.

A nuestro paso, algunas mujeres cogían a sus pequeños en brazos y nos decían que estaban enfermos, que hacía mucho frío y que esto no era vida. Comparten tiendas minúsculas con personas que no conocen, en muchas zonas no hay baños y en las que hay son portátiles con un hedor que echa para atrás.

Seguimos paseando entre montones de basura. Otro chico afgano que está solo en Moria nos enseñaba la comida que acababa de coger, una comida del catering que llega en camiones. Nos decía: “Esta comida no es buena, no sabe a nada y todos los días es igual. Hay que estar esperando tres horas en una cola infernal para recoger esto”.

Unos metros nos separaban de Amal, una mujer afgana con sus dos pequeños que nos cuenta que ha ido al hospital porque su hijo mayor de tan solo tres años está enfermo y no tiene dinero para los medicamentos. Mientras nos hablaba, el más pequeño de tan solo un año dormía en una silleta de ruedas reciclada. Así podría seguir contando cientos de historias que será complicado olvidar. Mientras hablan cuesta mantener la mirada. No sabes qué decirles. Sabes que no depende de ti su futuro. Estás tan confundida como ellos.

A todo este sinsentido hay que sumarle el frío que, en esta isla es extremo, ya que la humedad hace que la sensación de frío sea mayor. A las 17h empieza a oscurecer y veíamos cómo las familias hacían sus pequeñas hogueras en las puertas de sus tiendas. Hablábamos con ellos, nos invitaron a sentarnos. Con el poco inglés que han aprendido nos contaron sus historias, su origen, cuánto tiempo llevaban en Moria, por qué salieron de su país o el frío que hacía. Todos coinciden en algo: en su país hay un conflicto armado, temían por sus vidas y las de sus hijos y en Moria no se puede vivir.

Al coger el coche para ir a casa, no somos capaces de decir nada durante los 25 minutos que separa el campo de nuestro alojamiento.

Posiblemente todo esté dicho o quizás no. Quizás en algún momento deberíamos coger las riendas de esta crisis migratoria y exigir a los gobiernos, a nuestro Gobierno, que queremos un mundo más justo, que queremos acoger a estas personas que han huido de sus países por poner sus vidas a salvo como nos gustaría que hicieran con nosotros.

Es posible que esta realidad no salga en los medios de comunicación, pero eso no significa que no exista. Es real y duele, duele mucho.

Ayer el primer ministro italiano, Giuseppe Conde, presentó su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella. En su discurso criticó duramente al vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, considerando que había sido un “irresponsable”, entre otras cuestiones, por su política de “puertos cerrados” y algunas declaraciones realizadas, como cuando dijo que “a Italia solo entrará el que tenga permiso”.

Y es que la clase política europea deja tanto que desear que nos preguntamos por qué personas como Salvini están al mando de decisiones políticas que, en función del rumbo que tomen, salvarán o dejarán morir a la deriva a miles de personas, entre ellas mujeres y niños que arriesgan sus vidas en el trayecto para ponerse a salvo.

Aunque no queramos aceptarlo, el mundo que habitamos está llegando a límites insostenibles.

Pero, ¿qué esperábamos? Los países del mal llamado primer mundo podemos expoliar los recursos naturales de las naciones en vías de desarrollo. Podemos invadirles con el pretexto poco creíble de “garantizar la seguridad de sus habitantes a manos de regímenes dictatoriales”, cuando sólo hay que rascar un poco para darse cuenta de que, en realidad, lo que hay es un trasfondo de poder de países ricos frente a pobres.

Hace apenas unos días he vuelto a Murcia después de convivir más de una semana con las personas refugiadas que se encuentran en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos. Personas como nosotros, que tenían un estatus en sus países de origen y, sin embargo, ahora se encuentran atrapadas en la más extrema miseria. Cuánto cuesta mantener la mirada cuando te atreves a mirarlos a los ojos y te cuentan lo que han tenido que dejar atrás y, sobre todo, lo que han tenido que pasar para llegar a ese lugar maldito.

El campo de refugiados de Moria está lleno de padres, madres, niños, menores no acompañados que han huido de sus países en conflicto. Cerca de un 70% de quienes allí se encuentran son de Afganistán, un país que fue invadido por las tropas de Estados Unidos tras los atentados del 11-S y que lleva 18 años de conflicto. En 2016, según el octavo informe de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, cerca de 11.500 civiles afganos murieron o fueron heridos. El año pasado 3.804 civiles murieron, entre ellos 927 niños, la cifra más alta en la última década debido a que se multiplicaron las muertes por bombardeos aéreos. Y así podría seguir con países como El Congo, Somalia, Yemen o Irak. Y alguien se creerá que han invadido estos países para luchar contra el terrorismo o mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones cuando lo que hay detrás es un intento de aumentar el poder en Oriente Próximo.

El nivel de daño y sufrimiento causado a los civiles en estos países resulta muy preocupante y completamente inaceptable.

Y es que el mundo se ha vuelto enfermo, la empatía brilla por su ausencia y nuestros políticos dan muestras diarias de ello. ¿Cómo podemos confiar en unos políticos que se muestran inmunes a las desgracias ajenas?

Durante varios días los medios de comunicación se han hecho eco de la mala gestión de nuestro Gobierno en funciones en lo que respecta al Open Arms. Una de las decisiones adoptadas es que los más de 100 migrantes sean repartidos en cupos entre seis países de la Unión Europea. Y es que da risa imaginarse esas reuniones en las que se dirán cosas como “cuántos te quedas tú” y “cuántos me quedo yo”. Mientras tanto, nos acecha en nuestro país la `España vaciada´. Es todo tan ridículo que dan ganas de reírse si no fuera porque de lo que estamos hablando es de vidas humanas.

Parece que nosotros, la ciudadanía, no podemos hacer nada. No son nuestros muertos los que flotan en el Mediterráneo, no son nuestros hijos los que enferman en los campos de refugiados, ni nuestras mujeres las que son violadas de forma sistemática fuera y dentro de estos campos; sólo son árabes, negros y, sobre todo, pobres.

Todos tenemos responsabilidad. Una responsabilidad que debería no dejarnos dormir cuando votamos a partidos que toman decisiones inhumanas y dejan morir a miles de personas. Porque no nos llevemos a engaño: ésto sólo lo cambiaremos cuando tomemos partido, pero de verdad; no por redes sociales. Cuando tengamos la valentía de decirle a los que nos gobiernan que queremos políticas y políticos con humanidad.