Antes del asesinato, un Chevrolet Malibú gris rondaba por la calle José María Mata, en la colonia de Granjas, de la ciudad de Chihuahua. Las cámaras de vigilancia  lo registraron seis veces entre el 21 y el 22 de marzo de 2017, mientras pasaba frente a la casa de dos pisos ahora tristemente famosa en México. Fue en la cochera de ese número 1609, con sus rejas café y un patio delantero lleno de plantas, donde un hombre asesinó de ocho tiros a la periodista Miroslava Breach Velducea, la mañana del 23 de marzo, mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela.

Pocos días antes de su muerte, una de sus cuatro hermanas estuvo de visita y recuerda que la tarde del 20 de marzo, mientras juntas descargaban plantas de la camioneta de Miroslava, sus ojos cruzaron la mirada con un hombre que caminaba por la banqueta. Un escalofrío le cruzó el cuerpo. Cuando supo del asesinato, entendió que su hermana había estado bajo estrecha vigilancia.

La veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, y autora de las afiladas columnas políticas que publicaba El Norte de Ciudad Juárez, se había acostumbrado a vivir acosada por lo que publicaba. Nadie ha podido establecer cuántos mensajes intimidatorios recibió hasta el día de su asesinato.

Meses antes de su homicidio, sus parientes y amigos cercanos comenzaron a notar que mencionaba con frecuencia la posibilidad de su muerte. La familia ya se había acostumbrado a sus osados reportajes y ella a recibir mensajes amenazantes a los que parecía no darles importancia. Pero a partir de diciembre de 2017 hizo cosas anormales como pedir presupuesto para blindar los vidrios de su camioneta. También repetía a sus hermanas cómo debía ser dividida su herencia entre sus dos hijos –una veinteañera y un adolescente de 14 años-, hablaba de sus seguros de vida y quién debía encargarse del menor si ella faltaba.

Algunos colegas mencionan que sus últimos meses la escucharon cuestionarse si debía abandonar el oficio y dedicarse a cocinar, como tanto disfrutaba, pero ella misma se interrumpía y terminaba hablando de los planes de afianzar su agencia de noticias MIR o repitiendo que no podía abandonar la profesión porque, decía, “alguien tiene que decir las cosas”.

Su hermana mayor, Rosa María, recuerda que llegó a pedirle a Miroslava que no contara de sus amenazas si no estaba dispuesta a hacer algo para cuidarse. Algo como informarle a su viejo amigo Javier Corral, el antes senador, quien a finales de 2016 acababa de convertirse en gobernador de Chihuahua por el PAN.

Temas prohibidios

El acoso contra Miroslava Breach Velducea comenzó un año antes de su muerte específicamente cuando denunció los desplazamientos por violencia en la Sierra Tarahumara. Las amenazas empezaron a partir del 4 de marzo de 2016, cuando publicó un reportaje –de manera coordinada con la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, como medida de protección- sobre la estrategia de varios grupos criminales de imponer candidatos a alcalde. Con sus denuncias tumbaron a dos candidatos del PRI, uno de ellos era el candidato de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de los fundadores de un grupo armado que controla una importante franja al sur de la Sierra Tarahumara colindante con Sonora llamado Los Salazares.

Como Miroslava nació en Chínipas y fue criada en Navojoa, Sonora, conocía muy bien al grupo de Los Salazares, pues ellos también eran originarios de esa misma tierra y habían expandido sus negocios al sur de Sonora. Los Salazares era una numerosa familia que de rancheros pasaron a ser socios del Cártel de Sinaloa y dos de sus integrantes estuvieron entre los más buscados por la agencia estadounidense antinarcóticos, la DEA.

Miroslava redactó su primera nota de denuncia sobre el terror instaurado por grupos criminales en la Sierra Tarahumara en 1999 cuando publicó una denuncia de organizaciones de derechos humanos acerca de la incursión de hombres armados que mataban, torturaban gente y quemaban viviendas en las comunidades indígenas rarámuris para obligarlas a cultivar drogas. Un año después, mencionó por primera vez en una nota a Adán Salazar Zamorano, el fundador del grupo de Los Salazares, de quien publicó el rumor de que es el “principal productor y comprador  de droga en la zona serrana”. Luego señaló cómo las autoridades lo habían dejado escapar a pesar de que habían sido detenido con armas, y otro episodio en el que sufrió un atentado en un fraccionamiento elegante de Chihuahua del que lo salvaron sus escoltas armados.

Aunque Miroslava había estudiado Ciencias Políticas, y tenía facilidad y le gustaba hacer crónicas parlamentarias, o escribir columnas con las que ponía a temblar a los políticos, un colega recuerda que ella le explicó que había pasado de cubrir corrupción política a violencia “cuando la nota política se convirtió en nota roja”. Justo desde el año 2008 Chihuahua se había convertido en uno de los estados más violentos y Ciudad Juárez por dos años fue la ciudad más violenta del mundo.

Esa década Miroslava fue describiendo en sus reportajes cómo los grupos armados –entre ellos Los Salazares- querían controlar los procesos electorales, primero movilizando, luego obligando a los votantes a elegir a quien imponían como sus candidatos, o impedían la instalación de casillas electorales. También comenzó a mencionar a alcaldes con “relaciones peligrosas” –en la lista estaba Chínipas-. En 2011 mencionó cómo el grupo criminal al mando de Alfredo Salazar Ramírez, hijo de Adán, iba apoderándose de territorios, poniendo retenes, transportando sicarios en avionetas e implantando el terror para abrir una nueva ruta para el tráfico de drogas. Ese año Salazar Ramírez cayó preso, en este momento tiene un amparo para no ser extraditado a Estados Unidos donde lo quieren enjuiciar por tráfico de cocaína. Las siguientes notas de Miroslava ubicaban a su tío Crispín, hermano de Adán –encarcelado desde 2011- como su sucesor.

Los Salazares comenzaron a hacer evidente que no les gustaba que escribiera sobre ellos a partir de 2015. Se lo hicieron saber a partir de una nota que publicó sobre el desplazamiento forzado de cientos de personas por las disputas territoriales que el grupo tenía en Chínipas. A ella le indignó mucho que unos ancianos conocidos suyos habían tenido que abandonar su casa.

Luego vino la publicación que tumbó dos candidaturas, a partir de la cual recibió una “advertencia” de un conocido serrano en contacto con los criminales, luego fueron sus asustados familiares de esa región quienes le mencionaban el peligro que corría. En mayo o en junio recibió una llamada telefónica en la que el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, le insistió que revelara sus fuentes de información sobre la identidad del candidato de Chínipas, porque estaban culpando de la filtración al presidente municipal panista. Miroslava se negó, dijo que no buscaran sus informantes, que por ser de Chínipas conoce todo lo que pasa en ese lugar. “Por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios”, dijo enojada, “porque el silencio es complicidad”.

Piñera dio la grabación a Schultz quien la entregó a integrantes de Los Salazares para quitarse la presión de encima, según quedó establecida en la investigación judicial de la Fiscalía estatal.

El 25 de noviembre de 2016, en columna Don Mirone, Miroslava escribió sobre Schultz lo siguiente: “También jugó de mensajero de Salazar para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que sucede en esa región”. En el expediente iniciado por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, continuado por la federal Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), existen dos testimonios que mencionan que ese político le hizo llegar una amenaza. Sin embargo, no se le entrevistó al respecto, se le trató como testigo con identidad reservada y no como sospechoso.

El último artículo sobre el tema, publicado en febrero de 2017, es probablemente el que le costó la vida. Titulado “Los cárteles se infiltran en los municipios de Chihuahua”, nombraba a los directores de seguridad pública vinculados con los grupos criminales y especialmente a la poderosa familia de Chínipas, y el jefe de la policía, también pariente de Los Salazares, Martín Ramírez Medina, a quien identificaba como un criminal.

Nadie más en Chihuahua publicó esa información. La mayoría de la prensa local había aprendido a guardar silencio. El saldo de periodistas asesinados hasta 2017 fue de 21, al menos cuatro periodistas estaban exiliados.

Una muerte cantada

Cuando se supo de su asesinato, hubo tantas y tan variadas hipótesis sobre quién habría ordenado su muerte como enemigos se había ganado Miroslava por sus notas. En el expediente de su asesinato –leído en parte el 27 de diciembre de 2017 en la audiencia de inicio del proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, lugarteniente de Los Salazares- quedó constancia de ello.

Por los testimonios y por entrevistas realizadas por este colectivo se sabe que Miroslava investigó por dos años el enriquecimiento del gobernador priista saliente César Duarte (hoy prófugo), y fue la primera que dio a conocer la triangulación de fondos a través de Banco Unión Progreso, un banco creado por él. Al momento de su asesinato –como reveló La Jornada- estaba investigando la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios de la entidad, todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico.

Para ella no había tema intocable.

“Tenía documentado todo el enriquecimiento ilícito del gobernador César Duarte y de la relación con el narco que tenían varios políticos, que iba a ir sacando poco a poco reportajes, me comentó que tenía información de la relación minera que tenían los narcos con los gobernantes y gente de gobierno”, declaró un testigo. La persona que dio ese testimonio recuerda que, como medida de seguridad, Miroslava compró diferentes bandas anchas en otros estados para no dejar rastro de sus búsquedas en Internet.

La veintena de familiares y colegas que declararon ante la Fiscalía del Estado mencionaron que las notas de las “narcocandidaturas” como las más llamativas.

Las amenazas que nadie atendió

A mediados de agosto ella avisó de las amenazas al recién electo gobernador Corral, dos meses antes de que asumiera el cargo. Eso ha sostenido la familia y lo refuerza una colega con una conversación de Whatsapp que tuvo con Miroslava en la que cuenta que Corral se comprometió a intervenir.

“Me llamó Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema que hablamos. Dijo que no me preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas”, escribió Miroslava la conversación. Su interlocutora le respondió: “Qué bueno. Que calmen el tema en lo político”. “No sé si lo haga”, respondió MIroslava, “pero al menos se mostró sensible, hace la diferencia”.

Dos hermanas aseguran lo mismo pero no pueden probarlo porque, dijeron, sus celulares y computadores se las llevó la Fiscalía del Estado el día del crimen.

Miroslava advirtió en diferentes espacios de los riesgos que corría, pero no hizo ninguna denuncia formal. El 12 de octubre de 2016, en una reunión del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en la ciudad de Chihuahua, a la que acudieron periodistas, defensores que formaban parte del gabinete de transición y enviados de la Secretaría de Gobernación, habló públicamente de sus amenazas y quedaron escritas en la relatoría del encuentro.

Se sabe que en noviembre de 2017 un conocido de Sonora la advirtió que el viejo Crispín, o El Jefe Salazar, había estado preguntando por ella. Cuando un familiar le preguntó qué iba a hacer Miroslava respondió : “qué voy a hacer, alguien tiene que decir las cosas”.

Estaba molesta con Corral porque durante su campaña le había entregado información sobre la corrupción que había documentado del gobierno anterior y él, una vez en el poder, no la había usado. Se habían distanciado por críticas que publicó desde su columna. Ella también se había alejado de los defensores de derechos humanos, sus antiguos aliados, que habían aceptado participar en el gobierno de Corral, a algunos les reclamó haber perdido su espíritu crítico.

“Durante su campaña electoral, le había confiado a Corral información sobre su investigación y él nunca hizo nada con respecto a eso (...) estaba muy enojada, decepcionada, porque esa información era valiosa”, declaró ante la fiscalía un pariente anónimo.

En diciembre, Miroslava comenzó a decir a sus familiares y amigos que la situación en el estado iba a empeorar, y advertía que matarían a un periodista para “armar un desmadre” en el estado, y que en la lista estaba ella. “Se van a poner cabronas las cosas”, recordó un pariente. Luego pidió el presupuesto del blindaje de la camioneta, encargó a sus hermanas a su hijo pequeño. El 23 de marzo de 2017 la mataron.

En el primer aniversario del asesinato, los cinco hermanos de Miroslava denunciaron que en una reunión Corral los había ofendido porque había insinuado que Miroslava fue responsable de su propia muerte porque “le estaba pisando los callos al diablo” al investigar temas peligrosos. Corral negó haber pronunciado esas palabras.

Un año antes, en la conferencia de prensa que dio el día del asesinato, Corral dijo que 'Miros' (usando el apodo que sus amigos le decían de cariño) le había informado de las amenazas dos años antes y no ocho meses atrás como indican los testimonios y el chat. No quiso revelar quién era la persona que la había amenazado, tampoco fue llamado a declarar sobre este tema. Adelantó que la línea de investigación del caso sería su trabajo periodístico acumulado y, dos días después, mencionó que sus denuncias sobre la narcopolitica.

Se desconoce el contenido de los mensajes, o la información que Miroslava tenía en su computadora y los discos duros que recogió la Fiscalía. En el expediente no está consignada esa información. Los archivos que las hermanas dicen que no recuperaron sirvieron para nutrir expedientes de los grupos criminales de la entidad, según declaró este año el fiscal Cesar Augusto Peniche a la prensa local. Sirvieron para otros casos, no para aclarar el suyo.

En septiembre de 2017 se descubrió que desconocidos entraron a su casa, no robaron, sólo revolvieron papeles. Como si buscaran algo. Lo mismo volvió a pasar hace dos meses.

En las actuaciones judiciales a las que este colectivo tuvo acceso no se refleja que las fiscalías estatal y federal hubieran indagado las pistas que Miroslava dejó en sus publicaciones sobre quienes la amenazaban las cuales permitirían profundizar en quiénes podrán estar detrás de su crimen.  Sigue sin ser esclarecido el asesinato de Miroslava Breach Velducea la periodista que no quiso callar porque, como repetía, el silencio es complicidad.

Consulta aquí las anteriores entregas de Proyecto M, realizada por el Colectivo 23 de Marzo con el apoyo de las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y CLIP.Forbidden StoriesBellingcatCLIP

Cada marzo, en la pista de aterrizaje ilegal de Chínipas (Chihuahua) –un pueblo serrano de difícil acceso que colinda con el estado de Sonora–, cantantes de música norteña aterrizan para celebrar el cumpleaños de Alfredo Salazar Ramírez, alias “El Muñeco”, socio del cártel de Sinaloa, preso en México y con orden de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína.

Alfredo es hijo de Adán Salazar Zamorano, “Don Adán”, encarcelado desde 2011, y patriarca de un violento clan llamado Los Salazares que –lo denunció Miroslava Breach en sus artículos– se ha infiltrado en la política local y la policía de varios municipios de la Sierra Tarahumara.

El sábado 25 de marzo de 2017, dos días después del asesinato de Miroslava en Chihuahua capital, los habitantes de Chínipas eran invitados a una carrera de caballos –en honor de Alfredo– en la pista de aterrizaje del poblado. Entre ellos estaba Nitzia Mendoza, de 18 años, y su amiga Yoselín Morquecho, de 17, quienes observaban la carrera subidas en la parte trasera de una camioneta pick-up estacionada junto a la pista. Pasaban las dos de la tarde cuando los chicas se sacaron un selfie. Según difundió la prensa, en ese instante una avioneta las golpeó en la cabeza y murieron ahí mismo. A pesar de que, las autoridades municipales guardaron silencio e intentaron negar los hechos, un accidente tan inaudito se convirtió en noticia en todo el mundo.

Un testigo de los hechos que pidió el anonimato relató a este colectivo que la tragedia ocurrió porque a la misma hora aterrizaron, no una, sino tres o hasta cuatro avionetas. Dijo que un piloto angustiado, o imprudente, bajó al extremo de la pista donde la gente estaba congregada, y por no aterrizar donde debía, Yoselin y Nitzia no vieron llegar su aeronave. “Levantaron a las plebas [muchachas], las llevaron al centro de salud y el piloto automáticamente, inmediatamente, se fue de vuelta. Así de rápido”, dijo.

Entonces, ocurrió algo que hizo enmudecer a todos los chinipenses: un grupo de personas armadas impidió que la gente saliera del pueblo hasta cerciorarse de que borraran toda foto o vídeo de sus móviles. Esto lo publicó días después El Diario de Chihuahua, y lo confirmó el testigo: “Al salir de la pista, había personas ahí y recogían todos los teléfonos (…), ahí mismo borraron todo (…) entonces salió la gente. No salió nadie antes”.

Cuando los medios locales buscaron a los funcionarios municipales para entrevistarlos sobre la tragedia, ninguno respondió. La dirección de policía de Chínipas negó que ese accidente hubiera ocurrido. Incluso, a diferencia de otras fiestas en honor de Los Salazar publicitadas en Youtube donde se ve a cantantes gruperos [estilo de música regional] exaltando en sus composiciones las “proezas” de los integrantes de ese grupo criminal (algunos de ellos perseguidos por la DEA), en esta ocasión no hubo rastros en Internet. El medio de investigación británico Bellingcat, experto en rastreos de código abierto, confirmó que “existe una ausencia de información de código abierto de imágenes y/o vídeos tomados por participantes del evento ese 25 de marzo”.

La ley del silencio

No hubo indagación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ni siquiera incluyó el accidente entre los ocurridos en 2017, a pesar de que tiene el mandato de investigarlo. La Fiscalía dijo que no tenía el número de matrícula de la aeronave. No hubo más investigación.

Cuando este colectivo preguntó sobre la muerte de Nitzia y Yoselín, no solo en Chínipas sino en otros sitios de Chihuahua o en Sonora, algunas personas colgaron el teléfono cuando se les explicó la razón de la llamada, o gritaron con pánico que si hablaban las matarían. Cinco personas aseguraron que Los Salazar tienen interceptados los móviles y hasta las redes sociales.

Meses después se supo la posible razón del hermetismo. Fue a partir del 25 de diciembre de 2017, cuando el gobernador Javier Corral publicó en Twitter que había sido capturado Juan Carlos Moreno Ochoa –alias “El Larry”–, a quien identificó como el “autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea”. A “El Larry” se le acusa de ser el jefe de los sicarios en Chínipas.

La valiente periodista, quien, al igual que Los Salazares, era originaria de Chínipas, había denunciado que era un pueblo sin ley. Ella misma había cubierto los desplazamientos y asesinatos causados por las disputas territoriales del grupo y su intento por controlar el municipio, ya no solo con las armas. Habían logrado que el PRI postulara a uno de sus miembros (Juan Salazar Gaxiola) como candidato a presidente municipal para las elecciones de junio de 2016. 

Después de tumbar esa candidatura –con un artículo que también sacó la corresponsal de Proceso en marzo de ese año–, y a pesar de que recibió amenazas, Miroslava siguió publicando en La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez sus investigaciones. Ella acusó al presidente municipal de ser protector de los narcos y al jefe de su policía (la misma que negó el accidente) de estar comandada por un sobrino de Los Salazares con antecedentes criminales. En el municipio, en sí, escribió, se habían infiltrado grupos del narcotráfico, como otros del estado.

En la audiencia que dio comienzo al proceso judicial contra Moreno Ochoa, “El Larry”, la acusación reveló que testigos indican que el 25 de marzo, este hombre tomó una avioneta desde el aeropuerto internacional de Chihuahua hacia la sierra. Iba con él su hermano de leche, el universitario Wilberth Jaciel Vega Villa, quien, según estableció la fiscalía, había trasladado en su coche al pistolero a casa de Miroslava Breach para que la matara.  

En un artículo de otra jornada en la audiencia judicial, en diciembre de 2017, El Heraldo de Chihuahua informó de que la “avioneta que mató a jovencitas en Chínipas era de 'El Larry” y que “regresaba a ese pueblo después de supervisar el asesinato de la periodista”. De hecho dos testigos coinciden que esa tarde Vega Villa llegó al pueblo y dejó constancia en un selfie que se sacó y mandó a un grupo de Whatsapp. Ese joven, ahijado de Alfredo Salazar, sigue prófugo.

Las circunstancias que rodean el accidente siguen siendo especialmente confusas. Las versiones se superponen, a veces se contradicen, y la identidad de los pasajeros es distinta según cada fuente consultada: que la avioneta recogió a un enfermo grave; que trasladaba a un cantante; que bajó a un hombre armado bajo o que no eran unas sino varias avionetas las que llegaron al mismo tiempo.

Las fotografías de los cuerpos sin vida de las jóvenes, que obtuvo este colectivo, dejan ver que las heridas mortales son pequeñas y precisas: de escasos dos a cinco centímetros de extensión. No parece el tipo de contusiones que una avioneta en movimiento provocaría. La investigación, aparentemente, catalogó el incidente como un homicidio imprudente y cerró el caso.

El piloto

No está claro quién pilotaba la aeronave que aterrizó en Chínipas aquella tarde del 25 de marzo de 2017, pero 16 días después, Jorge David Coughanour Buckenhofer, un piloto aviador dueño de la compañía de aerotaxis AeroCoconor, era asesinado a tiros cuando salía de un restaurante en la ciudad de Chihuahua. Coughanour era conocido por su destreza para volar la serranía, por usar sus vehículos como ambulancias para trasladar enfermos del aislamiento geográfico, y por transportar a personalidades políticas (César Duarte y Javier Corral eran de sus clientes) y a fotógrafos de National Geographic, empresarios mineros o empleados federales.

La noche del 10 de abril de 2017, cuando salía de un restaurante, un coche se colocó junto a su Mercedes Benz. Una persona bajó y le disparó al menos seis veces. Aunque tenían consigo sus credenciales –como consta en el expediente 19-2017-0009981– los agentes investigadores no contactaron con la familia de Coughanour, tampoco respondieron a las insistentes llamadas que recibía de familiares preocupados por su ausencia. Su cadáver pasó toda la noche en la morgue, en calidad de desconocido. La Fiscalía indagó sobre la vida personal del piloto, sus clientes serranos, sus cuentas bancarias o si era presionado para transportar droga, más que sobre el crimen en sí.

El 12 de abril la prensa publicó que la Fiscalía estatal había descubierto que la pistola utilizada para matar a Miroslava Breach era la misma con la que se había cometido este otro asesinato. Cinco días después, el director de la Policía Estatal, Óscar Aparicio, lo confirmó. Sin embargo, en un documento fechado el 11 de abril, un perito en balística forense del Gobierno del estado negaba coincidencias.

Hasta finales de año, cuando el gobernador anunció la captura de “El Larry”, se volvió a vincular al piloto con Miroslava. Fue El Heraldo de Chihuahua el que publicó, sin citar fuentes, que Jorge David era “el piloto de Los Salazar”, y quien ayudó a escapar a los asesinos de Miroslava, y, por ende, quien mató a las jóvenes del selfie.

El 5 de enero de 2018, el dolido padre del piloto publicó un desmentido en el que señalaba: “Ningún avión de la empresa (AeroCoconor) se encontraba volando por esa zona a la hora que se registra el fatal accidente, tanto mi hijo como sus pilotos estaban en Cd. de Chihuahua, esto quedó comprobado ante Fiscalía en su momento”. En efecto, el expediente de la Fiscalía estatal cuenta con una fotocopia de la bitácora de vuelos de AeroCoconor, que abarca del 18 al 27 de marzo de 2017 y no registra vuelos a Chínipas. Los registros del móvil de Jorge David, que la familia llevó a la Fiscalía, mostraban que esos días estuvo en Chihuahua.

El Heraldo sostuvo que la fuente de información sobre el supuesto piloto de “El Larry” había sido la Fiscalía. El periodista que escribió el artículo, un año después, se hizo policía.

El profesor de kárate

Una semana después, exactamente el día 18, en otro punto de la ciudad de Chihuahua, el profesor de artes marciales y psicólogo jubilado, Gabriel Ochoa Cárdenas, fue asesinado a balazos frente a unos gallineros que cuidaba en el patio de una casa vecina. La policía encontró sobre la mano del hombre una pistola Colt de colección, calibre '.38 súper', con unos grabados: un retrato de Zapata, una serpiente azteca y una frase del revolucionario, de la que la armería solo fabricó 200 piezas. Junto al cadáver, una cartulina advertía: “Este es el marrano que asesino (sic) a la periodista Miroslava por orden del 80”. 

El 80 se llama Arturo Quintana y, en marzo de 2017, era jefe en la zona noroeste del estado del grupo contrario a Los Salazar: La Línea, que trabaja para el Cartel de Juárez. El 80 supuestamente también había dejado una nota a unos metros del cuerpo de Miroslava, adjudicándose ese crimen, como explica la primera entrega de este reportaje.

El asesinato ocurrió un día después que Corral anunciara que se tenían ubicados a los asesinos de Miroslava. Los medios difundieron que Gabriel Ochoa tenía parecido con el retrato hablado del gatillero que mató a la periodista, aunque en unos detalles no coincidían, entre ellas que el asesino captado por las cámaras el 23 de marzo era un hombre de unos 25 años, el exprofesor tenía 56. La Fiscalía, de hecho, mostró varias veces el vídeo al hermano mayor de Cárdenas Ochoa, quien aclaró también varias veces que su hermano no era ese sicario.

De la vida del profesor Ochoa se sabe poco: era un hombre huraño, tenía dificultades para caminar, había dado clases de kárate y entre sus clientes hubo policías.

Un exalumno de kárate, quien fue de los primeros en ingresar al terreno tras escuchar los balazos, insinuó al ser entrevistado por este colectivo que la pistola que vio era distinta a la llamativa pistola que publicaron los medios: “Oí que (los policías) decían que la pistola era de un color y cuando salieron las fotos en el periódico era una pistola de otro color. No supe cuándo le cambiaron la pistola”. En el informe policial y un testimonio contenido en el expediente también describen un arma común y corriente, no una fina y vistosa pistola.

La teoría que compartió un fiscal a este colectivo era que los asesinos, al saberse ubicados, mataron al profesor para despistar. Sostuvo que al profesor lo asesinaron con un arma de calibre distinto a la que le “sembraron” junto al cuerpo. Y que esta arma de colección con grabado de Zapata sí fue la que asesinó a Miroslava. Quién sembró esa arma, está aún por verse. Aunque las autoridades tienen imágenes de los automóviles en los que huyeron los asesinos del profesor de kárate, nadie ha sido detenido.

El hombre señalado como sicario

Un informe policíaco escrito a mano, fechado el 20 de diciembre de 2017, indica que el cuerpo de un varón de entre 25 y 30 años de edad fue encontrado con un balazo en un camino de terracería en Álamos, Sonora. Fue identificado como Ramón Andrés Zabala Corral, quien, según la Fiscalía de Chihuahua, disparó contra Miroslava.

Zabala nació, vivió y murió en Álamos, al sur de Sonora, en una franja del territorio controlada por Los Salazares para tráfico de drogas y de migrantes.

Nunca hubo imágenes en la escena del crimen de Miroslava que captara los rasgos de su asesino. El testigo que la fiscalía de Chihuahua aseguró que vio al sicario en plena huida testificó después ante la Fiscalía General de la República y dijo que nunca había visto su rostro. A Zabala lo vinculan también porque –según el expediente- su teléfono aparece en el registro de llamadas que hizo Vega Villa desde la escena del crimen. El colectivo ubicó tres cuentas de Facebook a su nombre. Sus familiares declararon en Sonora que era un hombre callado, que se iba por tiempos largos, que cambiaba de celular y que se molestaba si la familia escuchaba lo que se decía de él en la calle.

A ciencia cierta no se sabe cómo ni cuándo huyó a la sierra ni qué hizo durante los nueve meses que estuvo prófugo. Un columnista de El Universal publicó que un informe de la Policía Federal indicaba que Zabala estuvo esos meses en Álamos, y que “El Larry”, tras bajarse del avioneta se había escondido en la mina Palmarejo, del complejo Coeur Mining, y que ambos contaron con protección de las autoridades. El representante de la minera no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.

El 9 de febrero de 2018, casi mes y medio después del asesinato de Zabala, integrantes de este colectivo preguntaron al fiscal de la zona centro, Carlos Mario Jiménez, por qué no habían capturado a Zabala si –como dijo Corral- tenían a los asesinos ubicados desde mediados de abril; éste respondió: “Nosotros decidimos no pedir (ayuda) a Sonora. No, porque esas personas (Los Salazar) tienen muchos años allá y todo y no sería más seguro (…). Fue una decisión estratégica”.

Hasta el momento solo Moreno Ochoa, “El Larry”,  ha sido detenido y presentado como el responsable del asesinato de Miroslava.

En los expedientes estatal y federal consultados no hay señales de que hubieran sido investigados empleados de la compañía minera que hubieron podido esconder al prófugo, aunque lo publicó ya un medio; de que se hubiera analizado las bitácoras de los vuelos que despegaron del aeropuerto de Chihuahua o que algún piloto o personal del aeropuerto o servidor público de Chínipas fuera llamado a declarar con relación a las avionetas. Tampoco hay reportes realizados en alguna incursión al territorio serrano controlado por esa familia. 

El fiscal estatal César Augusto Peniche nunca respondió a las solicitudes de entrevista. Quedó constancia en el proceso judicial que se sigue que la fiscalía federal especializada (FEADLE) que tomó el relevo, no ha aportado nuevas pruebas que resuelvan los interrogantes aquí planteados.

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Mañana, en eldiario.es, tercera entrega de la investigación Proyecto M, realizada por el Colectivo 23 de Marzo con el apoyo de las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y CLIP.Forbidden StoriesBellingcatCLIP

El 23 de marzo 2017 a las 7 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la famosa periodista mexicana Miroslava Breach subió a su coche para llevar a su hijo de 14 años al colegio. De pronto apareció un hombre desconocido, la cara escondida detrás de una gorra y una capucha, y abrió fuego. La periodista, acribillada por las balas bajo la mirada de su hijo, no sobrevivió al ataque.

Breach era muy reconocida por su ejemplar trabajo de investigación, realizado en medio de gran peligro. Trabajaba para los periódicos La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez, escribiendo sobre el crimen organizado y la corrupción de las autoridades locales en Chihuahua, el estado de donde era originaria y que es considerado el más violento del país. En los últimos meses de su vida había centrado su trabajo en los narco-políticos, miembros de los carteles de droga que se infiltran en el ámbito político para consolidar su control. Se dedicó particularmente a investigar la expansión del cartel de Los Salazares, una organización criminal que opera en el pueblo serrano de Chínipas en alianza con el cartel de Sinaloa, codirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán hasta que fue detenido en 2016. Las estrechas relaciones del cartel de Sinaloa con las autoridades locales les ha permitido llevar a cabo operaciones ilícitas en total impunidad.

Dos años después del asesinato, la investigación de las autoridades locales y federales ha dejado muchos cabos sueltos. Ninguna ha establecido un vínculo entre el asesinato y los carteles o políticos, a pesar de las indagaciones de Miroslava sobre el tema y a pesar de las amenazas que recibía de parte de ellos. Solo un hombre, Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado “El Larry”, fue detenido. Según las autoridades, sería el único instigador del asesinato de Miroslava, algo que exculparía del todo a los carteles.

Sin embargo, muchas piezas del rompecabezas ha sido dejadas fuera de la versión oficial de los hechos.

Por esa razón, el Colectivo 23 de Marzo, que agrupa a periodistas mexicanos, en alianza con las organizaciones periodísticas internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), se han unido para producir esta investigación que han llamado 'Proyecto Miroslava' y que eldiario.es y otros medios internacionales publican en tres entregas. Esta es la primera.

Las piezas que faltan

25 de diciembre del 2017. Nueve meses han pasado desde el asesinato de Miroslava Breach. Ocho balas fueron disparadas a través de las ventanas de su auto. Sus hijos, que estaban cerca, escucharon la ráfaga. Tras nueve meses de investigación (y de espera), Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, anunció frente a las cámaras de televisión la captura de Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado “El Larry”.

El hombre, detenido en el estado vecino de Sonora, fue presentado como el autor intelectual de la muerte de Breach. También se reveló la identidad del sicario: Ramón Andrés Zavala, un pistolero de 25 años, fue hallado muerto también en el estado de Sonora. Tenían otro cómplice, Jaciel Vega Villa, quien según las autoridades habría conducido al tirador al lugar de la escena del crimen antes de huir. En tono muy solemne, el gobernador Corral enumeró los elementos considerados en el expediente policial: 200 horas de vídeo analizadas, escuchas telefónicas, más de 20 testigos interrogados y la movilización de expertos en la escena del crimen en una investigación que pretendía ser un 'modelo nacional' en la lucha en contra de la violencia hacia los periodistas en México.

A pesar de su apariencia ejemplar, la investigación oficial, conducida en conjunto por la fiscalía del Estado de Chihuahua y la Procuraduría General de la República desde 2018, no logra ocultar sus carencias: hay indicios y pruebas que nunca fueron tenidas en cuenta durante la investigación, políticos que no fueron interrogados adecuadamente, personas que pudieron haber tenido algún grado de implicación en los hechos y a quienes, sin embargo, les fue otorgado el estatus de testigo protegido, así como irregularidades en la escena del crimen y elementos de prueba contradictorios.

El 'Proyecto Miroslava' identifica todas esas irregularidades, que juntas apuntan con contundencia hacia lo que la justicia parece no ver: que los narco-políticos están detrás del asesinato de Miroslava Breach.

Las pruebas ignoradas

El asesinato de la periodista Miroslava Breach ha gozado de una importante cobertura mediática en México. No fue la primera ni la única en ser asesinada simplemente por haber realizado su labor, pero sus investigaciones implacables –que destaparon frecuentemente los estrechos vínculos entre carteles y políticos– la transformaron en un icono de la libertad de prensa, constantemente ultrajada en este país latinoamericano.

Algunas horas después del homicidio, la policía anunció un primer hallazgo: un pedazo de cartón tirado a algunos metros del coche que presuntamente revela la identidad del autor intelectual del crimen. La nota habría sido firmada por “El 80”, el apodo del líder local del cartel de Juárez, enemigo jurado del cartel de Sinaloa y de sus aliados Los Salazares. Pero al pasar de las horas, fue cambiando la naturaleza del mensaje escrito. Decenas de periodistas observaron la evolución de las versiones oficiales: tres versiones en tan solo 48 horas.

El mensaje cambiaba y se alargaba a medida que avanzaba el reloj, despertando las sospechas de los periodistas que siguieron de cerca el caso. Adicionalmente, el colectivo de investigación descubrió que la cadena de custodia de este fragmento puntual de evidencia, a pesar de ser esencial, no había sido adecuadamente cumplida. Resulta imposible rastrear las manos por las que pasó, desde la escena del crimen hasta la prensa.

A partir de este primer indicio, las incongruencias se comienzan a acumular. Por ejemplo, la presencia del gobernador Corral tres días después del asesinato en el domicilio de uno de los cómplices, Jaciel Vega Villa, durante el registro de la policía. Algunos meses después, hablando en el micrófono de un programa de radio, casualmente reconoció haber estado presente en el lugar de la investigación. Ninguna de las personas a cargo reconoce esta intromisión de un representante del ejecutivo en una investigación judicial. Es dentro de esta misma casa donde se descubrieron numerosas pruebas durante la investigación oficial. El coche que condujo el asesino de Miroslava fue encontrado en el garaje. Este vehículo pertenece efectivamente a Jaciel Vega Villa, un estudiante universitario que presuntamente estuvo al volante en el momento del asesinato de Miroslava Breach. Tras indagar en el hecho, el Colectivo 23 de marzo descubrió un vínculo familiar significativo: Jaciel es el sobrino político de Alfredo Salazar Ramírez, líder de Los Salazares y cuya extradición ha sido solicitada por un tribunal de Estados Unidos el pasado junio.

Narco-políticos

El registro de la casa de Jaciel Vega Villa le permitió también a los investigadores encontrar un ordenador personal. Un análisis del equipo reveló a la policía dos grabaciones de audio. Ambas corresponden a conversaciones telefónicas durante las cuales un hombre intimida y amenaza a Miroslava Breach y a una compañera de trabajo. Su objetivo era obtener las identidades de las fuentes la investigación sobre los candidatos 'narco-políticos' en las elecciones municipales, particularmente el candidato auspiciado por Los Salazares en la ciudad de Chínipas. Durante la llamada, Breach se negó categóricamente a entregar esta información, yendo tan lejos como hablarle de su par de “ovarios”, desafiando al hombre del otro lado del teléfono. “El silencio es cómplice”, le espetó ella, insinuando el silencio de las autoridades.

El interlocutor de Breach fue finalmente identificado unos diez días después por la policía. Se trataba de Alfredo Piñera, portavoz estatal del Partido Acción Nacional (PAN), uno de los más grandes partidos mexicanos. El vocero reenvió esas grabaciones ilegales a otro político local, a quien Miroslava Breach denunció por sus probables vínculos con el crimen organizado: el anterior alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz. Ante la justicia, éste explicó que con la grabación podía demostrarle a Los Salazares que no era responsable de la fuga de información, así evitando represalias. Sin embargo, al entregar esa grabación a un socio de “El Larry”, en la práctica condenó a muerte a la periodista.

Se podría asumir que la cantidad de informaciones en contra de una persona basta para que se convierta en objeto de interés de la justicia. Pero nada de esto sucedió. Desde el inicio de la investigación del caso, Schultz recibió el estatus de testigo protegido e incluso tiene un pseudónimo, “Boby”, en las transcripciones judiciales para resguardar su identidad. El mismo trato recibió Piñera, cuyo nombre fue cambiado a “Casio” en la investigación judicial. Los dos hombres han logrado incluso continuar sin problemas sus carreras profesionales, a pesar de esas informaciones comprometedoras. Piñera fue contratado como asesor del coordinador del grupo del PAN en el Parlamento. Schultz, por su parte, llegó a trabajar en el gobierno estatal y ha podido conservar su plaza de docente. Está considerando ocuparse de la dirección del comité nacional del PAN en Chínipas.

El inmovilismo federal

A partir de abril del 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se encargó del caso, para disgusto del fiscal del Estado de Chihuahua. La esperanza de que se hiciera justicia renació. Apenas abrió la investigación, la fiscalía federal interrogó a dos nuevos testigos, miembros de la cúpula del PAN. Sin embargo, también solicitó –extrañamente- el análisis de las redes sociales de cinco periodistas cercanos a Miroslava Breach, como si fueran sospechosos.

Pronto los resultados demostraron ser decepcionantes. Este colectivo descubrió que no hubo una investigación real de otros casos que están ligados al asesinato de la periodista, o a las circunstancias en torno a la muerte de su sicario Ramón Andrés Zavala. Jaciel Vega Villa, el conductor del asesino de Breach, está prófugo. Un alto oficial estatal confirmó informaciones publicadas de que el joven fue interrogado por las autoridades algunos días después del asesinato, sin ser inculpado. Sin embargo, se corrigió posteriormente, aduciendo que se había equivocado, cuando el fiscal estatal rechazó tajantemente que hubieran tenido a Vega en custodia. Desde entonces, dos testigos confirmaron a este colectivo que en efecto Vega fue interrogado y otros señalan que está escondido en Chínipas. Sigue ilocalizable hoy.

Otras decisiones cuestionables de las autoridades judiciales incluyen a una policía estatal –y sobrina de El Larry- que hospedó a los asesinos y a un hombre que los condujo lejos de la escena del crimen, que recibieron estatus de testigos protegidos y nunca fueron considerados como posibles sospechosos. Los investigadores penales tampoco indagaron sobre una licencia de piloto encontrada en la casa de Vega, ni identificaron a los dueños de los números telefónicos con los que éste se comunicó justo después del crimen. Por último, este colectivo no encontró ninguna evidencia de que se hiciera una investigación judicial de ningún tipo en Chínipas, a pesar de que tantas pruebas del asesinato de Miroslava conducen hacia este pueblo montañoso.

El proceso de “El Larry” continúa estancado, bloqueado por un testigo clave que se niega a hablar. El fiscal estatal de Chihuahua decidió no responder a una solicitud de entrevista del Colectivo 23 de marzo. Y aunque el responsable de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión nos habló, rehusó dar cualquier detalle sobre el caso y expresó su respaldo a la investigación estatal a pesar de sus evidentes fallas.

Este es el estado actual de la investigación que pretendía ser un modelo nacional para todos los futuros asesinatos de periodistas en México. Tanto el Estado de Chihuahua como posteriormente las autoridades federales ignoraron pistas cruciales durante sus investigaciones. Las preguntas de este colectivo se toparon con su silencio. Un silencio que, como decía la misma Miroslava Breach, se convierte en cómplice.

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Mañana, en eldiario.es, segunda entrega de la investigación Proyecto M, realizada por el Colectivo 23 de Marzo con el apoyo de las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y CLIP.Forbidden StoriesBellingcatCLIP