Pese a todo, Diges vio cumplido su deseo de cantar dos veces, pero no de la manera que imaginaba. Lo mismo le ha ocurrido al abogado de don Salvador Alba, Nicolás González-Cuéllar, quien en sus conclusiones finales pidió en reiteradas ocasiones al tribunal que pusiera el mundo al derecho. José Félix Mota, Joaquín Requena y Julio Wood, los tres magistrados que han juzgado a su cliente, le han concedido dos meses después el deseo que anhelaba. Han puesto el mundo al Derecho. Condenan a su cliente, el magistrado suspendido Salvador Alba, a seis años y medio de cárcel por un delito de prevaricación judicial en concurso medial con otro delito de cohecho, además de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Y le imponen 18 años de inhabilitación para ejercer. En otras palabras, certifican su muerte profesional. También lo condenan al pago de una indemnización de 60.000 euros a Victoria Rosell y le deniegan la autorización para interponer una querella por calumnias o injurias contra Miguel Ángel Ramírez, quien durante la vista oral lo comparó con la mafia del Chicago de los años 30, y contra la abogada de la acción popular Sandra Rodríguez, que lo llamó “chantajista” y “cobarde”.

Tres años después de que Miguel Ángel Ramírez entregara en el juzgado los audios de su encuentro privado con Salvador Alba, que la sala considera fiables, el mundo gira con una contundente sentencia de 72 páginas. Dice el fallo que Alba utilizó las diligencias 644/2014 “como coartada y vehículo de una investigación paralela” sobre las relaciones comerciales entre Miguel Ángel Ramírez y Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell, para poner en entredicho la imparcialidad de esta última. Constata la sala “la existencia de manipulación e instrumentalización arbitraria” del proceso penal poniéndolo, dice, “al servicio de fines ajenos a su contenido propio”. Vamos, que el mundo estaba pero que muy del revés con un magistrado preconstituyendo pruebas contra una compañera, mintiendo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para cargarse la imagen pública y la carrera política y judicial de Rosell.

Desde la primera providencia que dictó el primer día que llegó al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de noviembre de 2015, Alba construyó un mundo enrevesado  en el que impuso a Miguel Ángel Ramírez una fianza de 35 millones de euros, en el que pidió el cese del juez de refuerzo, en el que mantuvo una entrevista “impropia en el fondo y en la forma”, dice la sala, a solas con el empresario. Ramírez lo grabó todo sin violar el derecho a la intimidad de Salvador Alba, según el tribunal. Ese derecho “no puede amparar una conducta delictiva”. Lo absuelven de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos, este último “pese a la consistencia de los indicios incriminatorios”.

No parece fácil que Alba pueda regresar al mundo al revés que construyó con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El deseo que pidió su letrado se ha hecho realidad y las cosas ya están al Derecho. De momento, con una condena de seis años y medio de cárcel, y un descrédito que lo acompañará toda la vida.