Es una vieja estrategia política (no muy noble, quizás por eso tan antigua como la política) tratar de que todo vaya mal para culpar de ello al adversario político. Ocurre que por el camino se desprestigian las instituciones democráticas, aunque ello constituya un precio que algunos pagan gustosamente. Esta situación se describe a la perfección en una canción de Ojete Calor (los maestros del subnopop): “Mi amiga Maribel tiene la teoría de que mal es bien / y afirma sin rubor que ha comprobado en firme que peor es mejor / la gusta explotar todos sus problemas para dar que hablar / cuanto más bajón más protagonismo en la conversación / Ay qué bien tan mal / Ay qué bien, ay qué mal / Ay, qué bien tan mal / Ay, qué mal qué regular”. 

Lo hemos visto durante largos años con el bloqueo y consiguiente desprestigio del CGPJ. Y los fiscales nos sonreíamos ufanos viendo a los jueces (unos por vocación, otros con resignación) bailar al ritmo del subnopop, pensando que a nosotros no nos podía pasar nada semejante. Qué errados estábamos, teníamos que haber puesto nuestras barbas a remojar. Que los esfuerzos de deslegitimación del Ministerio Fiscal se orquesten y ejecuten desde fuera es algo ante lo que poco podemos hacer. Pero llegó el líder supremo e impartió la orden de que quien pueda hacer que haga y ahora tenemos a fiscales bailando al ritmo del subnopop. 

El último episodio ha consistido en que la conservadora Asociación de Fiscales ha abandonado el grupo de trabajo constituido en la Fiscalía General del Estado para la reforma del Estatuto Orgánico, especialmente en lo referido al reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal. La excusa ha sido su enojo al haberse sugerido que las actuaciones de algún sector de su dirección se debían a esa estrategia Ojete Calor. ¿Quién lo iba a sospechar tras que, poco antes de las elecciones de julio del 2023, se reunieran en secreto con el candidato al que daban por ganador, quien les prometió derogar el “sanchismo”? (Me viene a la cabeza la imagen del capitán Renault en 'Casablanca': qué escándalo, he descubierto que aquí se juega). Poco antes se había dado de baja en los trabajos otra asociación, pero dado su carácter extremadamente minoritario (aun cuando sus escasos miembros acumulan la mayoría de los expedientes disciplinarios abiertos en los últimos diez años) la carrera no le dio importancia. En definitiva, si no creen en el sistema, es lógico que no quieran reformarlo para fortalecerlo y prefieran el insulto y la descalificación desde platós de televisión (13TV) y estudios radiofónicos (EsRadio). Pero la decisión de la ejecutiva de la Asociación de Fiscales sí que produce desazón.

Son muchos los y las compañeras de la AF (algunos me brindan su amistad) que, de igual modo que discrepan abiertamente de algunas de las decisiones de la actual Fiscalía General del Estado, no comparten esta estrategia de tierra quemada. La reforma para blindar más la autonomía del Ministerio Fiscal es necesaria para la asunción de la instrucción por la Fiscalía conforme al nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando el Consejo Fiscal (en aquel momento presidido por Dolores Delgado) tuvo que redactar el preceptivo informe a dicho proyecto legislativo (tuve el honor de participar como vocal), lo hizo con el esfuerzo común y compartido de todos los vocales (los conservadores y los progresistas, los miembros natos y los electivos) en unas jornadas maratonianas encerrados en el Pazo de Mariñán. Entre el material que teníamos a nuestra disposición se encontraban las aportaciones realizadas tanto por la asociación conservadora como por la progresista (la otra, la de los expedientes disciplinarios, ni estaba ni se la esperaba), así como aportaciones de fiscales a título individual. Todos conscientes de la trascendencia del proyecto, dejamos atrás nuestras lógicas diferencias y sacamos un texto consensuado por el bien del Ministerio Fiscal. 

Por el contrario, el CGPJ ha sido incapaz de aprobar un texto, paralizado como está en el modelo Ojete Calor, y tratando de que todo vaya bien yendo a peor.

No creo que este sea el modelo a seguir, debemos volver a ser capaces de hacer lo que siempre se nos ha dado mejor a los fiscales: trabajar en equipo anteponiendo los intereses del Ministerio Fiscal a largo plazo. Si no tomamos nosotros la iniciativa a la hora de reformar nuestra institución para hacerla más autónoma, otros lo harán por nosotros y con un resultado que no nos gustará. 

No es un precio que se deba pagar con gusto.

Nota. A mi amigo Alex, gran fan de Ojete Calor. Allá donde te encuentres, léelo con una sonrisa.

El común de nuestros conciudadanos se habrá sorprendido al leer en buena parte de la prensa española que la Fiscal General del Estado ha nombrado nuevamente a Eduardo Esteban Rincón como Fiscal de Sala Coordinador de Menores, tras la previa anulación por el Tribunal Supremo de este mismo nombramiento.

Ciertamente, algunos titulares de prensa podrían inducir a pensar que algo escandaloso está ocurriendo en la Fiscalía General del Estado

“Dolores Delgado nombra de nuevo al mismo fiscal de menores que vetó el Supremo”

“Dolores Delgado desafía al Supremo”, “Dolores Delgado vuelve a nombrar al fiscal de menores cuya designación revocó el Supremo”

Pues sí, efectivamente, algo escandaloso está ocurriendo, pero no es precisamente este nombramiento. Merece la pena explicarlo.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, mediante dos sentencias de 19 de abril de 2022, anuló el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón “por falta de motivación”, estimando así los recursos interpuestos por la conservadora Asociación de Fiscales y por otro candidato que se había postulado al mismo cargo de Fiscal de Sala de la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado.

Debo reconocer que el recurso interpuesto por la asociación que aglutina al sector conservador de la carrera fiscal disgustó a muchos compañeros y compañeras. Los fiscales, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos, no estamos acostumbrados a presenciar a través de los medios de comunicación el desagradable enfrentamiento por una plaza de nombramiento discrecional, aunque para ello se utilice el derecho como arma de confrontación. Sin embargo, dado el clima de crispación permanente que estos fiscales han impuesto, a nadie sorprendió.

El recurso frente al nombramiento de Eduardo Esteban tenía un peligro evidente para los y las fiscales: el interés de algunos por deslegitimar a la proponente de esa designación podía perjudicar a la autonomía del Ministerio Fiscal, dejando la puerta abierta a que en el futuro sean los jueces quienes decidan qué se hace en la Fiscalía General del Estado.

Y, en parte, esto es lo que ha acontecido, pues la sentencia que revocó inicialmente el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón “propone” el de un candidato alternativo, es decir, el fiscal recurrente, no elegido por la Fiscal General del Estado, sino “sugerido” por los magistrados del Tribunal Supremo.

Y ahí es, precisamente, donde radica la amenaza para la autonomía del Ministerio Fiscal: que otros decidan por nosotros qué debemos ser, cómo debemos organizarnos y qué debemos hacer. Parecería que, como ocurriera en 1823 con la restauración del absolutismo de Fernando VII, algunos vuelvan a gritar aquello de “¡vivan las cadenas!”.

El control jurisdiccional sobre los actos discrecionales del Ministerio Fiscal debe quedar circunscrito a comprobar si se ha seguido el procedimiento legalmente establecido y a valorar si la decisión adoptada es o no arbitraria. Punto. Cualquier exceso es una amenaza a la autonomía de la Fiscalía que, no olvidemos, es un órgano del Estado con relevancia constitucional.

Y es, precisamente, en ese contexto en el que me permito sugerir que se lean las noticias de prensa. El hecho de que la Fiscal General del Estado vuelva a nombrar al mismo candidato no obedece a una cabezonería o a una cacicada, ni siquiera a un desafío al Tribunal Supremo. Obedece, que no es poco, a un libérrimo ejercicio de la autonomía de la Fiscalía frente a cualquier institución del Estado, ideal de autonomía al que parece que algunos fiscales solo aspiran en muy concretas circunstancias.

Si el nombramiento fue anulado por falta de motivación, se motiva de forma reforzada, como así se ha hecho, pero sin olvidar el amplio margen de discrecionalidad con el que cuenta cualquier Fiscal General del Estado, tal y como ha reconocido el propio Tribunal Supremo.

Las decisiones que una Fiscal General adopta en el ejercicio de la autonomía de nuestra institución podrán gustar más o menos, dentro o fuera de ella. Pero es lo que tiene la autonomía, que hay que respetarla, tanto si se comparte como si se disiente de esas decisiones. La discrepancia es legítima, pero los intereses profesionales, corporativistas o, incluso, ideológicos no pueden ni deben devolvernos a esos tiempos de las cadenas.

El 18 de junio de 2019, el Secretario General de la ONU afirmó que “tanto en las democracias liberales como en los regímenes autoritarios, algunos líderes políticos están incorporando al lenguaje habitual las ideas que alimentan el odio, normalizándolas, endureciendo el discurso público y debilitando el tejido social”, en un discurso en que advertía: “Vemos en todo el mundo una oleada de xenofobia, racismo, intolerancia, misoginia violenta, antisemitismo y odio anti musulmán”.

A nadie se le escapa que España no es una excepción en esta tendencia de normalización del discurso del odio. Y como quiera que, como decían Max Horkheimer y Theodor Adorno en 'La dialéctica de la ilustración' (publicada en 1944), “el furor se desahoga sobre quien aparece como indefenso”, comprobamos que este furor xenófobo se centra sobre los denominados MENAS o menores extranjeros no acompañados, que representan el eslabón más débil del fenómeno migratorio en cuanto menores, extranjeros, pobres y desamparados.

Basta un repaso a la cuenta de Twitter @Vox_es para constatar esta tendencia a la criminalización del colectivo. Así, a título de ejemplo, a lo largo de un solo día, el 9 de septiembre de 2019, en una publicación se relacionaba, sin aportar base fáctica alguna, el aumento de los robos con violencia con la llegada de menores inmigrantes y, seguidamente, en otra publicación, se afirmaba: “Los datos no mienten. El 50% de los menas que llegan a España lo hacen mintiendo en su edad para aprovecharse de las ayudas económicas que se entregan por parte del Estado”.

Afirmaciones mendaces y trapaceras, según los datos ofrecidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019. En las diligencias preprocesales de determinación de la edad han prevalecido los resultados de mayoría de solo en Málaga (69,45%) y Granada (66.84%). Por el contrario, en Girona (94,1%); Murcia (90,66 %); Barcelona (83,16%); Madrid (73,3%); Ceuta (71,23%) y en Las Palmas (62,15%) se ha impuesto el resultado de minoría de edad. Muy equilibrados han sido los resultados en Almería (50,08%) y en Cádiz (52,67%), en cuanto a los decretos dictados de minoría de edad.

Tampoco el argumento del aumento de los delitos patrimoniales cometidos por menores se sustenta. Señala la Memoria que, en bloque, el incremento de la criminalidad de menores de edad apreciado en la memoria precedente no se consolida, sino que se estanca. Las cifras de robos con fuerza y robos con violencia siguen la línea de leves descensos de los últimos años. También descienden los hurtos.

El lector tendrá su opinión sobre si con ese discurso constantemente repetido contra los menas se cumplen o no los criterios fijados por la Recomendación nº 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia para calificarlo como delictivo o no: (a) el contexto en el que se utiliza el discurso de odio en cuestión (especialmente si ya existen tensiones graves relacionadas con este discurso en la sociedad); (b) la capacidad que tiene la persona que emplea el discurso de odio para ejercer influencia sobre los demás (con motivo de ser por ejemplo un líder político, religioso o de una comunidad); (c) la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si utiliza información engañosa, difusión de estereotipos negativos y estigmatización, o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación); (d) el contexto de los comentarios específicos (si son un hecho aislado o reiterado, o si se puede considerar que se equilibra con otras expresiones pronunciadas por la misma persona o por otras, especialmente durante el debate); (e) el medio utilizado (si puede o no provocar una respuesta inmediata de la audiencia como en un acto público en directo); y (f) la naturaleza de la audiencia (si tiene o no los medios para o si es propensa o susceptible de mezclarse en actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación).

En cualquier caso, lo que debe llevarnos a reflexión es la falta de acción de las instituciones públicas ante estos mensajes. La resiliencia de las instituciones públicas frente al discurso del odio es un imperativo constitucional, pues no en vano dispone el art. 9.2 CE que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y a tal efecto existe un Convenio marco de cooperación contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia suscrito el 21 de septiembre de 2015 entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Centro de Estudios Jurídicos. Al mismo se adhirieron posteriormente la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y el Consejo Superior de Deportes.

Debe el Ministerio Fiscal participar activamente en la resiliencia frente a la intolerancia. Cierto es que no todas las expresiones del discurso del odio son constitutivas de delito. Pero cierto es también que la lucha contra el discurso del odio no sólo es penal, también y más importante es la información y la formación, correspondiendo al Ministerio Fiscal según su estatuto la obligación de informar a la opinión pública. Así, la constante atribución indiscriminada de comisión de delitos a un colectivo determinado, en este caso los menas, debiera tener su adecuada respuesta por parte de las instituciones para, con datos objetivos, mostrar la falacia de sus argumentos.

Como afirmara en enero de este año Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, “debemos contrarrestar la hostilidad y la tendencia a señalar a un chivo expiatorio que están cada vez más ancladas en el panorama político y que nunca se pueden justificar, porque impulsan la violencia, hieren y humillan a las personas, dañan a la sociedad, destruyendo nuestro sentido de una comunidad comprometida en la búsqueda de soluciones para el mayor bienestar de todos”.